Sentencia CA-697-22 — Registro 17409
Resumen
Se declara la nulidad de actuaciones realizadas por carecer, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de competencia objetiva para conocer del presente asunto siendo la jurisdicción laboral, Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de conformidad a la Constitución de la República, el competente para conocer del mismo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
En consonancia a lo anterior, el artículo 665 del Código de Trabajo establece que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fueros sindicales; de los permisos a menores para ejercitar acciones; de la calificación de huelgas; de la cancelación de personerías, disolución y liquidación de asociaciones profesionales; de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuye la legislación sobre seguro social y de la homologación de laudos arbitrales. IX. En cumplimiento a las obligaciones legales antes citadas, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, confirma la sentencia de primera instancia y, por ende, determina que es el órgano jurisdiccional competente para resolver la controversia objeto del proceso. Al respecto es necesario precisar que el objeto de la controversia se origina de actuaciones realizadas por entes descentralizados respecto de asuntos de índole laboral con sus empleados, los cuales, solicitan una nivelación salarial a esta entidad en relación a otros servidores de distinta categoría y grado salarial. Dicha temática, aunque relacionada con actos de la Administración Pública, no podría producir efectos de cosa juzgada material sobre el fondo del asunto mediante una resolución contencioso administrativa, pues la pretensión del juicio está regulada por el Código de Trabajo. Consecuentemente, la competencia objetiva se encuentra excluida de la esfera contenciosa administrativa. X. En aras de evitar la repetición del error de admisión de las demandas contra un ente descentralizado, se hace un enérgico llamado de atención al Tribunal Ad Quem y el Juez A-quo a efecto de respetar el debido proceso, recordando al respecto, la normativa Constitucional que establece que todo servidor público y ente Descentralizado que no es Directivo deberá dilucidarse por la normativa laboral que rige a los trabajadores en general ( Código del Trabajo) , circunstancia que es reafirmada en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Publica. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII. Por lo anteriormente expuesto y, en atención a la protección judicial que debe imperar en cuanto a un debido proceso, responsabilidad primaria y convencional que corresponde a los órganos jurisdiccionales, es procedente declarar la nulidad de actuaciones realizadas a partir del auto de subsanación de la demanda de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, que consta a folio 24 de la primera pieza de autos correspondiente a la primera instancia; por carecer el juzgador de esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de competencia objetiva para conocer del presente asunto, siendo la jurisdicción laboral, Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el competente para conocer del mismo de conformidad a lo ordenado por el Artículo 6 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación al Artículo 31 del Código Procesal Civil. En atención a ello, el Juzgado de primera instancia de lo Contencioso Administrativo deberá ordenar realizar el respectivo emplazamiento a la Demandante para que comparezca a la jurisdicción competente y si lo realiza en el plazo legamente señalado, se entenderá haber interpuesto la demanda en la fecha en que inició el plazo señalado para la presentación de la demanda
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6,134 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de julio de dos mil veintitrés, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROY PINEDA CASTRO, como Coordinador, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA y WALTER RAÚL MIRANDA SABIO, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: la señora LEONELA MERCEDES ANDINO LANZA representada en juicio por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a Derecho, que se declare la ilegalidad del acto y la nulidad del mismo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada de titular de derechos que se reclama y como media necesaria para el restablecimiento de su Derecho se efectúe el reintegre a su puesto de trabajo, pago de salarios y además derechos dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora LEONELA MERCEDES ANDINO LANZA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), ejerciendo funciones para la dirección, administración y funcionamiento del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, según Convenio Interinstitucional que consta en el Acuerdo Ejecutivo PCM-024-2012 de fecha 13 de julio de 2012, por medio de la Procuraduría General de la Republica. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que, inició la relación laboral con el Estado de Honduras, en la Secretaría de Salud específicamente en el Hospital Escuela en la periférica Hato de Enmedio, nombrada mediante Acuerdo número 815 de techa 19 de octubre de 1998, con efectividad a partir del 24 de agosto de 1998, en el cargo de Receptor de Fondos I, Título 4-09, Ramo de salud, Dependencia: Región Metropolitana, Programa 1-02 Sub-Programa 09, Sección 001, Actividad 02, Área 01, Código de Clase 037006, Clave de puesto 00150, Escala No 12-14, con un salario mensual de L.2,590.00 del cual ha recibido incrementos salariales y actualmente devengaba la cantidad de L.12,900.00 de la cual fue objeto de despido; mediante Acuerdo N°0091/2016 de fecha 26 de mayo del 2016, efectivo a partir del 27 de mayo del 2016, autorizado por la Dirección General de Servicio Civil en la acción de Personal N° 0361, Oficio N° 279 se le notificó a la demandante el despido del puesto de trabajo que ocupaba en el Hospital Escuela; que el acto administrativo del cual se pide su nulidad está totalmente viciado, ya que el 06 de mayo del 2016, se celebró la audiencia de descargo en Gerencia de Talento Humano del Hospital Escuela tal como consta en la respectiva acta de Audiencia No. 016-2006-GTH- HE, en la que se le acusa: "POR INCURRIR EN DISCUSIONES FUERA DEL ORDEN LA SEÑORA LEONELA MERCEDES LANZA, AL PRESENTARSE A CONSULTA MÉDICA GENERAL, EN LA CLÍNICA PERIFÉRICA NO.3 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, ADUCIENDO DOLOR EN EPIGÁSTRICO SECUNDARIO, YA QUE EL DOMINGO REFIRIÓ ELLA QUE INGIRIÓ VARIOS MEDICAMENTOS HACIÉNDOLE REFERENCIA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AL ÁREA DE EMERGENCIA, POR LO CUAL LA SEÑORA MERCEDES ANDINO DICE: "QUE ELLA LO QUE QUIERE ES QUE SE LE DÉ INCAPACIDAD PARA NO ASISTIR A SUS LABORES" EXPLICÁNDOLE QUE DEBE SER EVALUADA EN LA EMERGENCIA PARA SABER SI AMERITA INCAPACIDAD, PROFIRIENDO LA SEÑORA ANDINO AMENAZAS CON DENUNCIAR ANTE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ROMPIENDO DELANTE DE TODOS LOS PACIENTES SU REFERENCIA Y LANZANDO LA PAPELERÍA EN LA CARA AL DOCTOR RAÚL TREJO BUSTILLO, GERENTE DE LA CLÍNICA NO.3 DEL IHSS CAMINANDO Y PROFIRIENDO MÁS AMENAZAS CONTRA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA, HECHO OCURRIDO EL DÍA 3 DE MARZO DEL 2016"; lo que sirvió para que le efectuaran su despido de manera injusta e ilegal, ya que la causal no es justificada según Ley y Reglamento de Servicio Civil, además el Seguro Social es un ente autónomo, no dependencia del Hospital Escuela. Claramente se puede apreciar en dicha acta de descargo que el 3 de marzo del 2016, andaba en calidad de paciente no de trabajador ya que no laboraba para el Seguro Social pues era afiliada al mimo, por tal razón el despido es injusto e ilegal ya que la supuesta falta no se suscitó en el centro de trabajo que en este caso es el Hospital Escuela Universitario, pues al encontrarse cotizando al Seguro Social tenía derecho a acudir al mismo a efecto de recibir la respectiva atención como cualquier afiliado común por razones de salud; en cuanto a que acudió al Seguro Social para solicitar incapacidad es falso ya que claramente manifestó que venía saliendo de sus labores de turno (C) del Hospital Escuela, por lo tanto se encontraba fuera de las labores (libre), y en cuanto a que le tiro los papeles al Doctor Raúl Trejo Bustillo, claramente manifestó que no se los tiró, solo le dijo que no le servían para nada, pues si se hubiera proporcionado una ambulancia hubieran servido, pues no podía caminar del dolor que en ese momento sentía, siendo una falta de atención al paciente por tal razón le mencionó que lo iba a denunciar en HCH, tal como se puede constatar en el acta de la audiencia, si hubiera sido cierto hubieran citado a dicho doctor Raúl Trejo Bustillo a declarar sobre lo ocurrido pero no lo hicieron ya que es falso tal argumento. Además, en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza desde el año 2013, la demandante ha sido tratada por presentar crisis depresiva ansiosa y trastorno depresivo recurrente, donde se le obligo asistir al IHSS para continuar con el tratamiento por Consulta Externa, de lo cual es del conocimiento de los Jefes Inmediatos del Hospital Escuela; existiendo claramente infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder específicamente en los artículos 38 y 47 de la Ley de Servicio Civil; 129, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Ley General de la Administración Pública; y, 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que la parte demandada no tenía pruebas que hubieran sido sometidas al procedimiento para dar por sentado que la demandante cometió la supuesta falta, así mismo fuera de tiempo por haber transcurrido más de treinta días, desde que tuvo conocimiento la autoridad nominadora al momento que se le practicó la audiencia de descargo a la demandante, violentando el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil, con relación al artículo 199 de su Reglamento. 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que, es cierto que la señora Leonela Mercedes Andino Lanza, laboró para el Hospital Escuela Universitario desde el 18 de octubre de 1998 y que el último sueldo que devengó fue de L.12,900.00; que efectivamente la demandante fue cancelada sin responsabilidad para el Estado de Honduras el 27 de mayo del año 2016. Por otra parte, el 6 de mayo del 2016 se le realizó Audiencia de Descargos "POR INCURRIR EN DISCUSIONES FUERA DEL ORDEN LA SEÑORA LEONELA MERCEDES LANZA, AL PRESENTARSE A CONSULTA MÉDICA GENERAL, EN LA CLÍNICA PERIFÉRICA NO.3 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, ADUCIENDO DOLOR EN EPIGÁSTRICO SECUNDARIO, YA QUE EL DOMINGO REFIRIÓ ELLA QUE INGIRIÓ VARIOS MEDICAMENTOS HACIÉNDOLE REFERENCIA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AL ÁREA DE EMERGENCIA, POR LO CUAL LA SEÑORA MERCEDES ANDINO DICE: "QUE ELLA LO QUE QUIERE ES QUE SE LE DÉ INCAPACIDAD PARA NO ASISTIR A SUS LABORES" EXPLICÁNDOLE QUE DEBE SER EVALUADA EN LA EMERGENCIA PARA SABER SI AMERITA INCAPACIDAD, PROFIRIENDO LA SEÑORA ANDINO AMENAZAS CON DENUNCIAR ANTE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ROMPIENDO DELANTE DE TODOS LOS PACIENTES SU REFERENCIA Y LANZANDO LA PAPELERÍA EN LA CARA AL DOCTOR RAÚL TREJO BUSTILLO, GERENTE DE LA CLÍNICA NO.3 DEL IHSS CAMINANDO Y PROFIRIENDO MÁS AMENAZAS CONTRA EL PERSONAL DE LA CLÍNICA, HECHO OCURRIDO EL DÍA 3 DE MARZO DEL 2016". Audiencia que se hizo en apego al Reglamento de la Ley de Servicio Civil de acuerdo con lo establecido en el artículo 163 numeral 9) y 10), que literalmente dicen: 9) "Insultar a Compañeros de Trabajo o a otras personas dentro de las oficinas u otras instalaciones públicas"; 10) "Incurrir en riñas o discusiones fuera de orden con otros empleados o particulares en los mismos lugares a que se refiere en inciso anterior", ya que la ahora demandante en la Audiencia de Descargos en la pregunta número tres (3), acepta que le faltó el respeto al Dr. Raúl Trejo Bustillo y que les dijo que los sacaría en el noticiero HCH al Gerente de la Clínica No. 3 del IHSS. Si bien es cierto que el día 3 de marzo del 2016, la ahora demandante andaba en calidad de paciente no de trabajador en el IHSS, por tener derecho como afiliada, pero no es menos cierto, que tiene el derecho de asistencia médica, no a solicitar incapacidad, ya que la referían a que la evaluaran en la emergencia y allí determinaran si ameritaba o no la incapacidad, por lo tanto su reacción fue amenazarlos con ir a los medios de comunicación, derechos humanos, insultándolos, faltándole el respeto al lanzarle en la cara la papelería que le habían dado al Doctor Raúl Trejo, al no cumplirle su capricho de que se le extendiera obligatoriamente un Certificado de Incapacidad para no ir a trabajar, por tal razón el despido es legal y justo en aplicación a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; si bien es cierto que la parte actora manifiesta que la Autoridad Nominadora violento el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Servicio, como se puede demostrar la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento el 18 de abril del 2016, se le cito a Audiencia de Descargo a la ahora demandante el día 19 abril del 2016, según oficio No. 36-2016-URLGTH-HE, para el día 29 de abril del 2016 a las 9:00 tal como lo establece el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, la cual no compareció a dicha audiencia por motivos de salud, tal como consta en la incapacidad extendida por el IHSS, se procedió a realizar suspensión del termino tal como lo expresa el artículo 179 segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, nuevamente se fe cita el día 06 de mayo del 2016, para realizarle la audiencia pendiente a las 3:00 p.m. de ese mismo día, la cual le fue leído en vista que no quiso firmar tal como consta en la acta especial, como se podrá observar que la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento el día 18 de abril del 2016 y su cancelación por despido fue el 27 de abril del mismo año, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil relacionado con el artículo 199 del Reglamento de la misma Ley, por lo tanto, todo se realizó conforme al Ordenamiento Jurídico, sujetándose a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y siguiendo el procedimiento en tiempo y forma, no existiendo la prescripción alegada por la parte demandante. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de octubre del dos mil diecinueve, dictó sentencia declarando IMPROCEDENTE la acción incoada por la señora LEONELA MERCEDES ANDINO LANZA, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio que, del estudio del expediente y las pruebas aportadas en su conjunto, es importante como primer punto, dejar establecido plenamente, sí la autoridad nominadora que emitió el acto que hoy se impugna, tenía la facultad legal o no para emitirlo, para lo cual consta el acuerdo de nombramiento número 815 de fecha 19 de octubre de 1998, emitido por la Secretaría de Salud, en la cual se nombra a la señora Leonela Mercedes Andino Lanza, en la plaza de Receptor de Fondos I, de la Región Metropolitana de Salud, particularmente en el Hospital Escuela (periférica Hato de Enmedio) como bien lo señala la parte demandante en su escrito de demanda y es aceptado por el demandado en su contestación a la demanda, esto en virtud que al momento de la contratación de la hoy demandante se encontraba vigente la reforma al Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado en los despachos de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de fecha 13 de Octubre de 1977, en el cual la administración del Hospital Escuela, pasa a la Secretaría de Estado en los despachos de Salud. Sin embargo mediante decreto Ejecutivo número 024-2013, publica en el Diario Oficial La Gaceta número 32,871 de fecha 13 de julio del 2012, el Presidente de la República como Director de la política general del Estado, en Consejo de Ministros, aprueba el "Convenio Interinstitucional Entre Órganos de La Administración Pública Para La Asignación de La Dirección, Administración y Funcionamiento del Hospital Escuela, a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)" en el cual el Secretario de Estado en el despacho de Salud, en uso de las facultades legales establecidas en el artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública, suscribe dicho convenio, asignándole la Dirección, Administración y Funcionamiento del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), "lo que implica en adelante el manejo, la conducción, dirección, gerencia y las decisiones académicas, administrativas y financieras, la administración del personal y la administración del presupuesto íntegro del Hospital Escuela..." convenio que tiene una vigencia de 15 años y entra en vigencia a partir de su publicación. Por todo lo antes relacionado, queda claramente establecido que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de su representante legal, la Rectora de la misma, es la autoridad nominadora debidamente facultada para emitir el acto administrativo que ahora se impugna. Que un segundo hecho para pedir la nulidad del acto administrativo, es la infracción al procedimiento establecido en la Ley de Servicio civil y su Reglamento, además de no estar tipificada la infracción imputada en la Ley antes mencionada; en este sentido consta en autos que la falta que se le imputa a la hoy demandante y de la cual fue objeto de audiencia de descargo, se encuentra tipificada en las prohibiciones y causales de despido establecidos en los artículo 37 a) y d) de la Ley de Servicio Civil, artículos 113 numeral 1) y 6), 1163 numerales 9) y 10) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; al incurrir la demandante en "discusiones fuera de orden al presentarse a consulta médica general en la clínica periférica número 3 del IHSS, aduciendo dolor epigástrico secundario, ya que el domingo refirió ella que ingirió varios medicamentos, haciéndole referencia al Hospital de especialidades al área de emergencia, por lo cual la Señora Leonela Mercedes Andino dice: que ella lo que quiere es que le den incapacidad, profiriendo la señora Andino, amenazas con denunciarlos ante Derechos Humanos y los medios de comunicación, rompiendo delante de todos los pacientes su referencia y lanzando la papelería en la cara al doctor Raúl Trejo Bustillo, Gerente de la clínica número 3 del IHSS, caminando y profiriendo más amenazas contra el personal de la clínica" hecho este que aconteció en fecha 03 de marzo del año 2016, según denuncia del Doctor Raúl Trejo Bustillo, mediante oficio número 002-GGCP-3/IHSS-2016, dirigido al Coordinador de la Clipper-HEU en la misma fecha del percance. Falta que fue puesta en conocimiento de la Autoridad nominadora, mediante oficio número 591-2015-DG-HE de fecha 18 de abril del 2016 junto con los oficios DEHEU-084 2016 y oficio 183-2016- DAMHEU, delegándole amplias facultades mediante auto de fecha 18 de abril del 2016 (ver folio 88) a la Licenciada Ana Carolina Rodríguez para que proceda a realizar todas las investigaciones y procedimientos legales que correspondan conforme a Ley. Que puesto en conocimiento de la autoridad nominadora de la falta cometida por la hoy demandante, se inició el procedimiento para la imposición de la sanción correspondiente, constatando citación a la señora Leonela Mercedes Andino Lanza, mediante oficio número 36-2016-URL-GTH-HE de fecha 19 de abril del 2016, para que compareciera con sus medios de prueba, a la audiencia de descargo, la cual se llevaría a cabo en fecha 29 de abril del 2016, citación que cumple con los requisitos del artículo 48 de la Ley de Servicio Civil, 175 y 177 del Reglamento; constando acta especial donde la demandante acredita incapacidad del 29 de abril al 1 de mayo del 2016, por lo cual no se realizó en la fecha programada la primera audiencia de descargo, celebrándose posteriormente la misma en fecha 06 de mayo del año 2016, compareciendo la demandante no desvirtuando los hechos que se le imputaban, limitándose a decir en sus respuestas que el IHSS no era una institución del Estado, por lo que no se le podía sancionar por un altercado fuera de su trabajo, contestando además que acepta que rompió los papeles al doctor Trejo, con lo cual le falto el respeto, pero que no se los tiro y que acepta que amenazó con denunciarlos en los medios de comunicación; es así que la demandante incumplió las obligaciones de los servidores públicos del artículo 37 a) y d) de la Ley de Servicio Civil al no observar una buena conducta fuera del servicio, incurriendo en la causal de despido del artículo 47 numeral 1) de la Ley, así como las faltas graves establecidas en los artículo 163 numeral 9 y 10 y 165 numeral 1) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Que, en vista de no haber desvirtuado la falta cometida, es procedente continuar con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, constando dictamen número DL-DD-DGSC-034-16 de fecha 20 de mayo del 2016, en el cual la Dirección General de Servicio Civil dictamina procedente la cancelación por despido a la demandante, por lo que se cumple todo el procedimiento legal para proceder a su cancelación; emitiéndose en fecha 26 de mayo del 2016 el acuerdo de cancelación número 0091 efectivo a partir del 27 de mayo del mismo año, siendo emitido en tiempo, ya que consta que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la falta cometida en fecha 18 de abril del 2016, caducando los 30 días para la emisión del despido, en fecha 31 de mayo del 2016, esto en consideración que la demandante presento incapacidad médica los días 29 de abril al 1 de mayo del 2016, no siendo computables estos días, para efecto del plazo; por todo lo antes expuesto, el acto administrativo objeto de impugnación en la presente demanda, se encuentra dictado conforme a Derecho. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiséis de agosto del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la demandante fue despedida por causa justa de despido contenida en los artículos 37 literales a) y d) y 47 numeral 1) de la Ley de Servicio Civil; 113 numerales 1) y 6) y 163 numerales 9) y 10) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. De la misma manera se puede apreciar del expediente administrativo, que, en la audiencia de descargo celebrada para la defensa de la servidora por la infracción cometida, la misma acepta la discusión que se verificó en el centro periférico del IHSS de la Colonia Kennedy y que le falto el respeto a las autoridades de dicho centro asistencial. El apelante enfoca sus agravios en que al momento en que sucedieron los hechos la demandante no se encontraba en horas laborales, ya había salido de su trabajo, y que, por lo tanto, en ese momento, no estaba subordinada a su empleador; extremo que efectivamente es cierto, y que al no estar en ese momento subordinada no aplica la infracción cometida y su respectiva sanción, ya que el empleador pierde, en ese momento la potestad sancionadora. Sin embargo, bajo el principio de legalidad que rige estrictamente la actividad de la Administración Pública, la Ley de Servicio Civil y su reglamento establece expresamente que los servidores públicos, como lo era la demandante, están sujetos a obligaciones para con la Administración Pública, entre ellos, "guardar la reserva y discreción necesarias sobre los asuntos relacionados con su trabajo y enaltecer la administración pública y la institución a la que sirven mediante la observancia de buena conducta dentro y fuera del servicio". Resultando que los agravios expuestos quedan desvanecidos por los argumentos arriba mencionados, siendo el acto administrativo conforme a derecho. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en fecha veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de agosto del dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación No.001-2020, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.288-2016 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, presentó en fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintidós por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha siete y ocho de noviembre del dos mil veintidós los Abogados MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA; y, CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós, teniendo por personados a los Abogados CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, como recurrente, y, MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. El acceso a la justicia constituye el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurídica para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. II. Conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 25, toda persona tiene derecho a una protección judicial efectiva que la ampare contra cualquier violación a sus derechos fundamentales cometido por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. En el presente caso, dicha protección judicial atañe al derecho de los administrados a obtener un debido proceso. III. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia dictada el 22 de octubre del 2013, en el expediente AA 199-12 ha señalado que “cualquier acto sancionatorio requiere de la formulación previa de un debido proceso que, al tenor de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución de la República y desarrollado como garantías mínimas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se entiende, como la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos, así como también la observancia por parte del tribunal o instancia administrativa de todas las normas relativas a la tramitación de aquél. En ese sentido, en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye, el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse, así como también poder conciliar; por lo que, las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento.”. IV. Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado sentada su jurisprudencia sobre el debido proceso y en relación a la aplicación de los numerales 1) y 2) del Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En referencia las garantías del debido proceso que deben respetarse durante los juicios ha expresado en el caso Ivcher Bronstein (2001), en el párrafo 104 lo siguiente: “Atendiendo a lo anterior, la Corte estima que tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.”, y en el caso Baena Ricardo, párrafos 124 y 126 en su parte conducente señala: “La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecidos en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.” y, “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.”. V. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, dentro de las que se incluye el debido proceso. VI. En cuanto al debido proceso, específicamente en lo referente a la competencia del Tribunal, el Artículo 31.1 y 31.2 del Código Procesal Civil establecen que la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta, por el órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto. Y, que cuando el órgano jurisdiccional que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario de casación, llegue a la conclusión que el juzgado ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus pretensiones ante el juzgado que corresponda. En ese mismo orden de ideas el Artículo 214.3 del cuerpo legal precitado dispone que en ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal. VII. Considerando que el presente juicio versa sobre actuaciones realizadas por el Estado de Honduras a través de la institución descentralizada Hospital Escuela Universitario (HEU) cuyo Representante Legal es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, respecto de relaciones de índole laboral suscitadas con sus servidores públicos. Por lo que, conforme a lo establecido por la Ley General de la Administración Pública en su Artículo 47, dicha Institución se constituye como una institución autónoma. Circunstancia que hace aplicable lo ordenado por la Constitución de la República en su Artículo 265 que literalmente dice: “Son funcionarios de confianza del Ejecutivo, los que a cualquier título ejerzan las funciones de dirección de los organismos descentralizados, pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. La modalidad, contenido y alcances de dichos regímenes se normarán por las leyes, reglamentos y convenios colectivos pertinentes.” Por lo que, el ordenamiento jurídico aplicable a las relaciones laborales de los servidores de las instituciones autónomas es el Código de Trabajo, el cual, en su Artículo 1 expresamente indica que mediante dicha Ley se regularán las relaciones entre el capital y el trabajo. Asimismo, la Ley Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo en su artículo 4, literal A establece: No corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una Ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario. VIII. En consonancia a lo anterior, el artículo 665 del Código de Trabajo establece que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fueros sindicales; de los permisos a menores para ejercitar acciones; de la calificación de huelgas; de la cancelación de personerías, disolución y liquidación de asociaciones profesionales; de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuye la legislación sobre seguro social y de la homologación de laudos arbitrales. IX. En cumplimiento a las obligaciones legales antes citadas, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, confirma la sentencia de primera instancia y, por ende, determina que es el órgano jurisdiccional competente para resolver la controversia objeto del proceso. Al respecto es necesario precisar que el objeto de la controversia se origina de actuaciones realizadas por entes descentralizados respecto de asuntos de índole laboral con sus empleados, los cuales, solicitan una nivelación salarial a esta entidad en relación a otros servidores de distinta categoría y grado salarial. Dicha temática, aunque relacionada con actos de la Administración Pública, no podría producir efectos de cosa juzgada material sobre el fondo del asunto mediante una resolución contencioso administrativa, pues la pretensión del juicio está regulada por el Código de Trabajo. Consecuentemente, la competencia objetiva se encuentra excluida de la esfera contenciosa administrativa. X. En aras de evitar la repetición del error de admisión de las demandas contra un ente descentralizado, se hace un enérgico llamado de atención al Tribunal Ad Quem y el Juez A-quo a efecto de respetar el debido proceso, recordando al respecto, la normativa Constitucional que establece que todo servidor público y ente Descentralizado que no es Directivo deberá dilucidarse por la normativa laboral que rige a los trabajadores en general ( Código del Trabajo) , circunstancia que es reafirmada en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Publica. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII. Por lo anteriormente expuesto y, en atención a la protección judicial que debe imperar en cuanto a un debido proceso, responsabilidad primaria y convencional que corresponde a los órganos jurisdiccionales, es procedente declarar la nulidad de actuaciones realizadas a partir del auto de subsanación de la demanda de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, que consta a folio 24 de la primera pieza de autos correspondiente a la primera instancia; por carecer el juzgador de esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de competencia objetiva para conocer del presente asunto, siendo la jurisdicción laboral, Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el competente para conocer del mismo de conformidad a lo ordenado por el Artículo 6 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación al Artículo 31 del Código Procesal Civil. En atención a ello, el Juzgado de primera instancia de lo Contencioso Administrativo deberá ordenar realizar el respectivo emplazamiento a la Demandante para que comparezca a la jurisdicción competente y si lo realiza en el plazo legamente señalado, se entenderá haber interpuesto la demanda en la fecha en que inició el plazo señalado para la presentación de la demanda. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 1, 63, 64, 82, 90 párrafo primero, 265, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2 y 3 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 numerales 1 y 2, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4 literal A, 6, 89, 132 párrafo segundo y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 22, 31, 206, 207, 208, 211, 212 y 214 numeral 3 del Código Procesal Civil; 1, 665 del Código de Trabajo; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de actuaciones realizadas a partir del auto de subsanación de la demanda de fecha dos de septiembre del dos mil dieciséis, que consta a folio 24 de la primera pieza de autos por carecer, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de competencia objetiva para conocer del presente asunto siendo la jurisdicción laboral, Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de conformidad a la Constitución de la República, el competente para conocer del mismo, donde la Demandante podrá realizar la defensa de su derecho. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que lleve a cabo lo aquí ordenado. Redactó el Magistrado WALTER RAÚL MIRANDA SABIO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. WALTER RAÚL MIRANDA SABIO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA697-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.