Sentencia CA-461-23 — Registro 18989
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, declarando la improcedencia de la acción incoada por la demandante que se desempeñaba como miembro de la carrera policial, entregándose ala demandante mediante cheque el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, aceptando así expresamente los efectos del acuerdo de cancelación demandante ha hecho uso del derecho alternativo, no pudiendo elegir el pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos, y, a su vez, solicitar al órgano jurisdiccional el reintegro a sus puestos de trabajo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."De la valoración de los medios de prueba aportados al proceso, constituyen hechos probados los siguientes: A. En fecha 25 de noviembre de 2016 la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad procede a emitir el Acuerdo de Cancelación No. 3562-2016, mediante el cual cancela bajo la causal de reestructuración a la servidora público KAREN YOJANA PAVON VALLADARES. B. Mediante Cheque del Banco Central de Honduras de fecha 29 de enero de 2016, se hace efectivo el pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos del Demandante por la cantidad de ciento setenta y seis mil ochenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos. (176,082.59) sin que conste la respectiva consignación de dicho documento u otro similar y por la misma cantidad, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. C. En fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) se presenta una acción por parte de la señora KAREN YOJANA PAVON VALLADARES, contra el Estado De Honduras por actuaciones de la Secretaría De Estado En El Despacho De Seguridad en la que, en su parte toral, pide la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada y como medidas para su pleno restablecimiento de los derechos de nuestro representado se ordene mediante sentencia el reintegro a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de los sueldos y salarios dejados de percibir desde el despido o cancelación ilegal e injustificado, pago de décimo cuarto mes de salarios, décimo tercer mes de salarios, vacaciones, aumentos ascensos a la escala inmediata superior en su promoción desde la fecha de cancelación hasta que se ejecute la sentencia, costas del juicio. XIII.- En el sub judice, tal y como se ha indicado en el segundo hecho probado, está acreditado en autos que, en mediante el cheque anteriormente descrito, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad hizo efectivo al demandante el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, sin que conste la respectiva consignación de dicho documento u otro similar y por la misma cantidad ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Con este accionar, el demandante acepta expresamente los efectos del Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, a través del cual se da por terminada su relación de servicio con la demandada, lo que trae como inevitable consecuencia que el acto impugnado haya alcanzado la finalidad prevista consistente en la terminación de la relación de servicio con el demandante, garantizando de esta manera, el resultado práctico y eficaz del mismo. Por ello, el acto impugnado que fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad se vuelve firme, válido y eficaz, pues el demandante ha hecho uso del derecho alternativo que le otorga Artículo 129 de la Constitución de la República relacionado con el Artículo 112 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Por las consideraciones anteriores se colige que la acción promovida por el Demandante excede los límites del derecho al pretender el reconocimiento y restablecimiento de un derecho supuestamente infringido como es la estabilidad en el servicio solicitando la nulidad del acto administrativo y pidiendo el reintegro al cargo habiendo aceptado en su momento las prestaciones en evidente perjuicio para la Administración Pública, abusando del derecho de accionar que la Constitución de la República y las leyes le facultan, pues ha obedecido al acto administrativo impugnado al haber recibido los derechos que conforme a la legislación nacional le corresponden. XV.- Es pertinente mencionar que este Tribunal no ignora el debido proceso, el derecho de defensa y la normativa internacional. Sin embargo, la aceptación del pago de prestaciones por parte del Demandante como derecho alternativo, y consecuentemente, obedeciendo expresamente al acto administrativo impugnado, conforme lo establece el Artículo 31 literal A de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como el cumplimiento Administración Pública en cuanto a su obligación de pago de conformidad a lo preceptuado en los artículos 2 párrafo primero del Decreto Legislativo No. 021-2016, y 1 párrafo segundo del Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 de fecha 11 de abril de 2016, determinan que el acto impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, dictado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, cumple con la finalidad para el que fue emitido siendo eficaz, obedecido por el administrado y, por ende, conforme a Derecho. Así como la extensión del Banco Central de Honduras de fecha 29 de enero de 2016 realizado a favor de la demandante KAREN YOJANA PAVON VALLADARES por la cantidad de ciento setenta y seis mil ochenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos (176,082.59). ..Que por las razones expuestas procede aplicar lo ordenado por el Artículo 81 párrafo primero en relación con el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la que prima la aplicación de esta Ley sobre la legislación procesal civil, en relación con lo dispuesto en los Artículos 719.2, y 727.5 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Por las consideraciones anteriores se colige que la acción promovida por el Demandante excede los límites del derecho al pretender el reconocimiento y restablecimiento de un derecho supuestamente infringido como es la estabilidad en el servicio solicitando la nulidad del acto administrativo y pidiendo el reintegro al cargo habiendo aceptado en su momento las prestaciones en evidente perjuicio para la Administración Pública, abusando del derecho de accionar que la Constitución de la República y las leyes le facultan, pues ha obedecido al acto administrativo impugnado al haber recibido los derechos que conforme a la legislación nacional le corresponden. XV.- Es pertinente mencionar que este Tribunal no ignora el debido proceso, el derecho de defensa y la normativa internacional. Sin embargo, la aceptación del pago de prestaciones por parte del Demandante como derecho alternativo, y consecuentemente, obedeciendo expresamente al acto administrativo impugnado, conforme lo establece el Artículo 31 literal A de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como el cumplimiento Administración Pública en cuanto a su obligación de pago de conformidad a lo preceptuado en los artículos 2 párrafo primero del Decreto Legislativo No. 021-2016, y 1 párrafo segundo del Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 de fecha 11 de abril de 2016, determinan que el acto impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, dictado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, cumple con la finalidad para el que fue emitido siendo eficaz, obedecido por el administrado y, por ende, conforme a Derecho. Así como la extensión del Banco Central de Honduras de fecha 29 de enero de 2016 realizado a favor de la demandante KAREN YOJANA PAVON VALLADARES por la cantidad de ciento setenta y seis mil ochenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos (176,082.59). ..Que por las razones expuestas procede aplicar lo ordenado por el Artículo 81 párrafo primero en relación con el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la que prima la aplicación de esta Ley sobre la legislación procesal civil, en relación con lo dispuesto en los Artículos 719.2, y 727.5 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En el sub judice, tal y como se ha indicado en el segundo hecho probado, está acreditado en autos que, en mediante el cheque anteriormente descrito, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad hizo efectivo al demandante el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, sin que conste la respectiva consignación de dicho documento u otro similar y por la misma cantidad ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Con este accionar, el demandante acepta expresamente los efectos del Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, a través del cual se da por terminada su relación de servicio con la demandada, lo que trae como inevitable consecuencia que el acto impugnado haya alcanzado la finalidad prevista consistente en la terminación de la relación de servicio con el demandante, garantizando de esta manera, el resultado práctico y eficaz del mismo. Por ello, el acto impugnado que fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad se vuelve firme, válido y eficaz, pues el demandante ha hecho uso del derecho alternativo que le otorga Artículo 129 de la Constitución de la República relacionado con el Artículo 112 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ..." Por las consideraciones anteriores se colige que la acción promovida por el Demandante excede los límites del derecho al pretender el reconocimiento y restablecimiento de un derecho supuestamente infringido como es la estabilidad en el servicio solicitando la nulidad del acto administrativo y pidiendo el reintegro al cargo habiendo aceptado en su momento las prestaciones en evidente perjuicio para la Administración Pública, abusando del derecho de accionar que la Constitución de la República y las leyes le facultan, pues ha obedecido al acto administrativo impugnado al haber recibido los derechos que conforme a la legislación nacional le corresponden.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En el sub judice, tal y como se ha indicado en el segundo hecho probado, está acreditado en autos que, en mediante el cheque anteriormente descrito, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad hizo efectivo al demandante el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, sin que conste la respectiva consignación de dicho documento u otro similar y por la misma cantidad ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Con este accionar, el demandante acepta expresamente los efectos del Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, a través del cual se da por terminada su relación de servicio con la demandada, lo que trae como inevitable consecuencia que el acto impugnado haya alcanzado la finalidad prevista consistente en la terminación de la relación de servicio con el demandante, garantizando de esta manera, el resultado práctico y eficaz del mismo. Por ello, el acto impugnado que fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad se vuelve firme, válido y eficaz, pues el demandante ha hecho uso del derecho alternativo que le otorga Artículo 129 de la Constitución de la República relacionado con el Artículo 112 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ..." Por las consideraciones anteriores se colige que la acción promovida por el Demandante excede los límites del derecho al pretender el reconocimiento y restablecimiento de un derecho supuestamente infringido como es la estabilidad en el servicio solicitando la nulidad del acto administrativo y pidiendo el reintegro al cargo habiendo aceptado en su momento las prestaciones en evidente perjuicio para la Administración Pública, abusando del derecho de accionar que la Constitución de la República y las leyes le facultan, pues ha obedecido al acto administrativo impugnado al haber recibido los derechos que conforme a la legislación nacional le corresponden.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En el sub judice, tal y como se ha indicado en el segundo hecho probado, está acreditado en autos que, en mediante el cheque anteriormente descrito, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad hizo efectivo al demandante el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, sin que conste la respectiva consignación de dicho documento u otro similar y por la misma cantidad ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Con este accionar, el demandante acepta expresamente los efectos del Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, a través del cual se da por terminada su relación de servicio con la demandada, lo que trae como inevitable consecuencia que el acto impugnado haya alcanzado la finalidad prevista consistente en la terminación de la relación de servicio con el demandante, garantizando de esta manera, el resultado práctico y eficaz del mismo. Por ello, el acto impugnado que fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad se vuelve firme, válido y eficaz, pues el demandante ha hecho uso del derecho alternativo que le otorga Artículo 129 de la Constitución de la República relacionado con el Artículo 112 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. ..." Por las consideraciones anteriores se colige que la acción promovida por el Demandante excede los límites del derecho al pretender el reconocimiento y restablecimiento de un derecho supuestamente infringido como es la estabilidad en el servicio solicitando la nulidad del acto administrativo y pidiendo el reintegro al cargo habiendo aceptado en su momento las prestaciones en evidente perjuicio para la Administración Pública, abusando del derecho de accionar que la Constitución de la República y las leyes le facultan, pues ha obedecido al acto administrativo impugnado al haber recibido los derechos que conforme a la legislación nacional le corresponden.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 112 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por las Magistradas, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, como Coordinadora, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA y FRANCISCA VILLELA ZAVALA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, y, Recurrido: La señora KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES, representado en juicio por los Abogados GERMAN DANIEL LICONA MOYA y ROSMELL JOSÉ LANZA ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada y como medidas para su pleno restablecimiento de los derechos de nuestro representado se ordene mediante sentencia el reintegro a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de los sueldos y salarios dejados de percibir desde el despido o cancelación ilegal e injustificado, pago de décimo cuarto mes de salarios, décimo tercer mes de salarios, vacaciones, aumentos ascensos a la escala inmediata superior en su promoción desde la fecha de cancelación hasta que se ejecute la sentencia, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue miembro de la Policía Nacional de Honduras, y a través de toda su historia policial nunca tuvo alguna denuncia sobre su comportamiento personal o sobre la comisión de algún hecho constitutivo de delito, sin embargo, mencionaron que fue por restructuración; que en fecha 01 de diciembre del 2016 recibió mediante Acuerdo número 3562-2016 de fecha 25 de noviembre del 2016, la notificación de cancelación misma que la entregaron mediante oficio SEDS-SG-4550-2016 también de fecha 25 de noviembre del 2016; que dicho despido fue en forma arbitraria y violatoria a sus derechos no solo como miembro de la policía nacional sino como ciudadana, ya dicho Acuerdo de Cancelación estableció el Señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y que fue refrendado por el Secretario General señor MANUEL DE JESUS LUNA GUTIERREZ, que mediante Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 de fecha 11 de abril del 2016, se autorizó al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para que procediera a la restructuración inmediata de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, del personal auxiliar y civil y de la policía nacional, con el fin de asegurar y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes como fortalecer y eficientar todas las acciones encaminadas a combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, sin embargo, olvido el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad que si bien el decreto Ejecutivo PCM-029-2016 le da una atribución también este decreto lo obligaba a realizar una actividad que NO CUMPLIO, violentando con ello un requisito sine-quanon para poder realizar dicha acción la cual está establecida en su artículo 2 del Decreto en mención párrafo segundo que dice: "Todo personal o miembros de la Policía Nacional que sean objeto de la imputación de hechos acciones u omisiones que constituyan justa causa para la terminación de su relación de prestación de servicios o cancelación de su acuerdo de nombramiento por vía del despido directo sin responsabilidad para el Estado, deben gozar del derecho de defensa, del debido proceso y del principio de inocencia, por lo que en su garantía, la comisión Especial de Depuración presidida por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para el cumplimiento de lo Establecido en el Decreto Legislativo Numero 21-2016 que manda la depuración, debe conceder a los miembros de la Policía Nacional una audiencia de descargos para que hagan, en el marco de la Constitución, los Convenios Internacionales y leyes especiales, el ejercicio del derecho a la Defensa, previa notificación de los cargos o denuncias en que se ; les imputen hechos, acciones u omisiones constitutivos de justas causas para la aplicación de medidas disciplinarias o de sanción de despido", ello ha conllevado a la flagrante violación de los derechos, por lo que el acto de cancelación mediante el Acuerdo número 3562-2016 es nulo de pleno derecho, porque nunca se siguió el proceso que dicho Decreto estableció, de ello se desprende que el despido ha sido en forma arbitraria y los órganos jurisdiccionales son los llamados a realizar lo conducente para evitar las violaciones a las normas legales vigentes; argumentó además que existe un ordenamiento jurídico claramente establecido sobre el orden de las leyes y un decreto no está por encima de la ley, y en ese caso en particular la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece claramente que la Carrera Policial se regirá por dicha ley y en ninguna parte de la Ley orgánica de la Policía Nacional se estableció la Restructuración como causal de separación o despido, y en este caso en particular la demandante era miembro de la carrera policial, además el artículo 109 de la Ley en mención establece que el despido debe ser conforme a la Ley, y es de resaltar que el Decreto Ejecutivo por el orden de prelación no estaba sobre la Ley Orgánica de la Policía Nacional; asimismo aduce el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, en el Acuerdo de Cancelación que la Comisión Especial tiene atribuciones para crear una nueva estructura Organizacional dentro de la policía, sin embargo dicen que mediante punto número 4 del acta número 5 de fecha 26 de abril del 2016, aprobaron la nueva estructura Organizacional de la Policía Nacional violentando con ello el artículo 4 del Decreto Legislativo 21-2016 que es donde se estableció claramente que atribuciones tiene dicha comisión, además según la comisión establecen los requisitos mínimos para ser parte de la Policía Nacional y no pueden probar que no tenía el grado mínimo para estar en la institución, no solo ello sino que toman la Restructuración como caballo de batalla estando consientes que violentan no solo las normas internas y sino también las normas establecidas en los convenios internacionales. Concluyó manifestando que el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 nunca estableció la Restructuración como causa de despido sino que el decreto estableció claramente lo siguiente artículo 1 "Autorizar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para que proceda a la restructuración inmediata de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de restructuración, cancelando los acuerdos del personal y miembros de la carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo número 21-2016, como en el presente Decreto" esta situación aclara que solo lo que el decreto Legislativo estableció como justa causa es la que se puede aplicar para la cancelación del acuerdo porque el Decreto Ejecutivo estableció que la restructuración solo es de orden técnico, administrativo y legal ajena a la voluntad del personal pero no la deja como causal de despido; y cuando habla de requerimientos técnicos es una palabra amplia misma que en todo caso tendría que haber sido explicada por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, en el acuerdo de cancelación. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que no niega la relación laboral con el demandante; sin embargo, su cancelación no se debió por la comisión de un delito o falta; sino más bien a la reestructuración ordenada en el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, el cual autorizaba al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a proceder en razón de la situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, a la restructuración inmediata de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y Policía Nacional, cancelando los acuerdos de los Miembros de la Carrera Policial conforme a los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiriera la Policía Nacional, por tal razón la cancelación del demandante obedece intrínsecamente a la reestructuración; razón por la cual a la demandante le fueron otorgados todos los derechos correspondientes a su cancelación tal como lo establece el referido Decreto, derechos que aceptó, dando por consentido el acto administrativo; que a la demandante le fue notificado en fecha 01 de diciembre del 2016 el Acuerdo 3562-2016 de fecha 25 de noviembre del 2016, mediante la entrega del oficio SEDS- SG-4550-2016 de fecha 25 de noviembre del 2016; y que la cancelación de la demandante no se debió a una causa de despido, sino a una reestructuración simple y no por la comisión de faltas que ameritan un procedimiento administrativo, situación que se puede constatar con la simple lectura del Acuerdo de cancelación número 3562-2016, el cual en su considerando No. 4 textualmente expresa: "CONSIDERANDO 4: Que el articulo I párrafo segundo del Decreto Ejecutivo PCM 029-2016 señala: "Por ser la reestructuración causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del Miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, cualquiera de los miembros del personal o de la Policía Nacional sujeto de este proceso, se le cancelaran los derechos que conforme a la legislación nacional aplicable le correspondan”; señaló además que el mismo Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 en su articulo 2 remite al contenido del Decreto 21-2016 para efectos de los presupuestos contentivos en la falta de idoneidad y la pérdida de la confianza, y, en la imputación de hechos acciones u omisiones que constituyan justa causa para el situaciones que si ameritaban un procedimiento donde se tengan que respetar el derecho de defensa, no así en el caso de una simple reestructuración que es simplemente ajena a la voluntad del reestructurado y que obedece a una situación de orden técnico administrativo legal, situación en la que se enmarca la cancelación de la ahora demandante. De lo anterior se desprende que no existe arbitrariedad y violación alguna en la cancelación de la demandante, ya que como quedo enunciado anteriormente la cancelación no se trató de un despido sino de una restructuración de orden técnico administrativo legal ajena a la voluntad de la actora de la demanda con el reconocimiento de todos sus derechos que conforme a la legislación nacional le corresponda. Que en la emisión del Acuerdo 3562-2016 no se violentó el debido proceso, derecho a la defensa ni mucho menos otra garantía constitucional como pretende hacer creer la demandante, pues si bien es cierto que el Decreto Ejecutivo PCM 029-2016 en su artículo 2 párrafo segundo establece que para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley debe conceder a los miembros de la Policía Nacional audiencia de descargo para que hagan, en el marco de la Constitución y los Convenios Internacionales y Leyes especiales, el ejercicio del Derecho a la Defensa, previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que se le imputen; siendo esto claro que la audiencia de descargo era practicada al personal o miembros policiales que sean objeto de la imputación de hechos acciones u omisiones que constituyan justas causas para la terminación de su relación de prestación de servicios o cancelación de nombramiento por vía de despido sin responsabilidad indemnizatoria. Que en el caso de la demandante no se trató de un despido por la comisión de una falta que amerítese ser escuchada o requerido para aportar pruebas en su defensa o fuese juzgado por órgano competente, sino más bien que habiendo sido declarada la Situación de Emergencia por Seguridad Nacional e Interés público en la Policía Nacional, fue cancelada, obedeciendo exclusivamente a la figura de reestructuración, tal como lo señala el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016. Por lo consiguiente el acto hoy impugnado está en estricta observancia al debido proceso administrativo, establecido en el ordenamiento juridico vigente y aplicable al caso aludido. Manifestó que el Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones, emitió el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, donde autorizaba al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para que procediera a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional y siendo que la reestructuración es una causa de orden técnico, administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio, todo en estricto apego a derecho y a la Constitución de la República. Que para dejar claro todo lo referente a la validez y eficacia del acto, citó lo que la Constitución de la Republica estableció en los artículos 205 numerales 1) y 23); 245 numerales. 7) y 11); señaló que el mismo fue emitido al tenor del artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que el Decreto PCM-029-2016 fue dictado por la autoridad competente, debidamente motivado, además surtió eficacia al haber sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, tal como lo disponen los artículo 117 reformado mediante Decreto Legislativo 266-2013 y 119 de la Ley General de la Administración Pública, respetando todos los procedimientos previstos para la emisión del acto. Continuó expresando la demandante que la cancelación no se produjo por una de las causales establecidas en el artículo 109 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y que los Decretos no pueden estar por encima de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, mencionó que dicha cancelación no fue enmarcada en las causales establecidas en virtud del Estado de Emergencia decretado en el Decreto Legislativo No. 21-2016, que derivo en el Decreto Ejecutivo No. PCM 029-2016, que para su operatividad autorizaba al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a cancelar por reestructuración a los miembros de la Carrera Policial y demás personal adscrito a dicha Secretaria, por tal razón lo alegado por la demandante carece de fundamento pues dicho Decreto Ejecutivo, se emitió con las facultades establecidas en la Ley y su aplicación es vigente, pues no existe disposición legal en contrario, por ende la reestructuración es conforme a derecho y tiene rango de Ley. Que la demandante vuelve a incurrir en un error de doctrina, al confundir la figura de la terminación de la relación de servicios con la figura del despido que es una de las formas de terminar una relación de trabajo, en ese sentido, ratificó que en el presente caso, no se ejercitó una acción de despido con causa justificada que liberara al empleador de la obligación de indemnizar, siendo la figura jurídica aplicada la de terminación de la relación de prestación de servicios, por razones financieras, técnicas o administrativas que autoriza la ley reconociendo a los empleados todos sus derechos derivados de la relación de servicios y en el caso de autos, amparada constitucionalmente y legalmente en el Decreto Legislativo No. 021-2016 y Ejecutivo No. 029-2016, en virtud de lo cual el demandado consideró que lo alegado por la demandante en cuanto a que se le despido, es totalmente erróneo, por lo que el acto administrativo consistente Acuerdo Numero 3562 fue emitido en estricta observancia al debido proceso. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 22 de junio del 2017, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando una causa de inadmisibilidad: Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo; respecto de los actos firmes; basándose que en el presente caso la demandante interpuso la demanda aun cuando el acto impugnado consistente en el Acuerdo 3562-2016 del 25 de noviembre del 2016 era un acto firme y consentido; en virtud que la demandante voluntariamente retiro, aceptó y procedió a hacer efectivo el cheque en concepto de prestaciones y derechos que por Ley le correspondían, por la cantidad de L. 176,082.59, mismo que fue depositado por la demandante a su cuenta personal, generando a ese momento intereses a su favor, acción con la que evidentemente consintió dicho acto emitido por mi representada, por tal razón es procedente alegar la defensa previa, en aplicación al artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tal razón la acción contencioso administrativa contiene por objeto actos no susceptibles de impugnación al ser ejercida contra un acto consentido de manera expresa, según lo establecido en el Capítulo 1 del Título III literal a), de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que señala: "No se admitirá la Acción Contencioso Administrativo respecto de: a) Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definidos o firmes" en ese sentido, el hoy demandante acude ante esta instancia con la intención de hacer valer un derecho que ya no le asiste pues el acto impugnado adquirió el carácter de consentido, en virtud de haber hecho efectivo el cheque mencionado, dando por consentido el acto de la administración, al tenor de lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto a la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 31 literal a) con relación al 80 literal c) del mismo cuerpo legal. Que aunado a lo anterior, el Artículo 51 literal b) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece las causas por las cuales el Juzgado puede declarar la inadmisibilidad de la demanda, de la manera siguiente: "El Juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualesquiera de las siguientes causas: a)...b) Que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación conforme a las reglas del Capítulo I del Título III..." por lo que solicito sea declarada la inadmisibilidad de la presente demanda. Asimismo, mediante resolución de fecha 25 de octubre del 2017, fue desestimada la defensa previa alegada por la parte incidentista, por improcedente. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de enero del 2020, dicto sentencia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE RESOLUTIVA. PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por la señora KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación 3562-2016 de fecha veinticinco (25) de noviembre del dos mil dieciséis (2016) emitido mediante oficio SEDS-SGSG-4550-2016.- SEGUNDO: Se ordena que en caso de no habérsele cancelado los derechos que le corresponde y que son ordenandos en el decreto Legislativo 021-2016, le sean cancelados los mismos…”, sin lugar; bajo el criterio que, en el presente caso el acto administrativo impugnado es el acuerdo de cancelación número 3562-2016, en el cual se cancela por restructuración al Policía KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES; del análisis del expediente administrativo en su conjunto, así como la pruebas aportadas por las partes, previo a pronunciarnos sobre la validez o invalidez del mismo, es preciso analizar el Decreto Legislativo que dio origen a la conocida depuración policial, como lo es el decreto número 021-2016 de fecha 07 de abril del 2016, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 08 de abril del 2016, mediante el cual el Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales, declara "situación de emergencia por seguridad nacional e interés público" el proceso de depuración de la Policia Nacional por el Termino de doce meses, autorizando al poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía, en las decisiones adoptadas en el proceso de Depuración, con la salvedad de pagar los Derechos que conforme a la Ley le corresponda (artículo 2 decreto 021-2016); nombrándose para tal efecto, una comisión especial quien será la encargada de determinar la idoneidad, confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad de cada miembro de la policía, así como los mecanismos de supervisión y seguimiento; dejando dicho decreto, en suspenso, los artículos 114 capítulo V "terminación de la carrera judicial", artículo 127, 128, 129, 130, 131 y 132 capítulo VI "medidas disciplinarias y Régimen de despido" de la Ley Organiza de la Policía Nacional de Honduras, es decir las causales de despido y procedimiento a seguirse para el mismo; de igual forma deja en suspenso La Ley de Servicio Civil, Decreto 126 y todas sus reformas, con base en la facultad constitucional del Congreso Nacional, consignado en el artículo 205 numeral 23 constitucional, con el fin de permitir de manera expedita, realizar la destitución de los miembros de la Policía Nacional, sin menos cabo de las garantías constitucionales, en el caso que nos ocupa, previo al pago de sus prestaciones legales. De lo anterior se desprende que el Congreso Nacional en uso de sus facultades constitucionales, autoriza en forma expresa al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Estado en los despachos de seguridad a: 1) la cancelación de los miembros de la Policía Nacional, con reconocimiento de sus derechos, 2) se nombre una comisión especial con amplias facultades para determinar las condiciones y mecanismos, para determinar la cancelación de los miembros de la Policía Nacional, y 3) se suspenden los artículos de la Ley Orgánica de la Policía nacional de Honduras y la Ley de Servicio Civil. Que el artículo 2 del decreto 021-2016, autoriza al Poder Ejecutivo para que cancele la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional, en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración, es así como a través de la facultad constitucional del Presidente de la República, establecida en el artículo 245 numeral 11 de la Constitución de la República y teniendo a cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada (artículo 11 de la Ley General de la Administración pública) emite el decreto ejecutivo PCM-029-2016 de fecha 12 de abril del 2016, en el cual en Consejo de Ministros, conforme al artículo 22 numeral 3 de la Ley General de la Administración Pública, procede a ordenar la restructuración, es decir la modificación de la Secretaria de Estado en los despachos de Seguridad, cancelando al personal auxiliar y civil de la Policía Nacional conforme a requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiere la Institución, debiéndose cancelar los derechos que les correspondan conforme a la Ley, con excepción de los que se encuentren bajo investigación (es decir aquellos que hubieren cometido una falta, lo cual no es el caso de autos). Que el decreto LEGISLATIVO 021-2016 de fecha 07 de abril del 2016, publicado en el Diario oficial la GACETA en fecha 08 de abril del 2016, autoriza la cancelación de la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía nacional, en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración, siendo una de estas decisiones conforme al decreto ejecutivo 029-2016, precisamente la reestructuración de orden técnico administrativo, ajeno a la voluntad del personal o miembro de la policía nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio; aprobando la comisión especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, en fecha 26 de abril del 2016, en el punto de acta número 5, la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, conforme al perfil del cargo y al grado policial, dentro de la escala jerárquica, la cual se realizó tomando como base las recomendaciones hechas en el informe de la OEA SNSC-2014 y otros informes de gobiernos amigos y demás; constando a folio 45 de autos, el acuerdo de cancelación número 3562-2016 de fecha 25 de noviembre del 2016, en el cual se le cancela por restructuración (de orden técnico administrativo), en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional antes relacionada, a la Policía Karen Yojana Pavón Valladares, lo cual representa una separación de un miembro de la Policía Nacional, conforme al decreto legislativo 021-2016 y decreto ejecutivo PCM-029-2016, debiéndosele pagar los derechos que conforme a Ley le correspondan. Que si bien es cierto el artículo 129 Constitucional, garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, no es menos cierto que ningún derecho es absoluto, estableciendo el artículo 62 constitucional, que el bien común debe prevalecer sobre el bien particular, en el presente caso la seguridad de todos los ciudadanos, debe prevalecer al derecho a la estabilidad del demandante, en vista de ser la Depuración Policial una situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, al ser la relación legal de los miembros de la policía nacional de confianza, en virtud de otorgar en nombre del Estado, el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. El artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del cual Honduras es parte, establece "en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma religión u origen social"; estableciendo además el artículo 30 de la misma convención "las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en las mismas, no pueden ser aplicadas, sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés General y con el propósito para el cual han sido establecidas". en el presente caso, el derecho personal restringido es el derecho a la estabilidad laboral, el cual como ya se hizo relación en el fundamento anterior, fue limitado en virtud de seguridad nacional e interés público y cuya limitación es por tiempo limitado, en aplicación al decreto legislativo 021-2016. Finalmente se concluye que la cancelación del hoy demandante se realizó por mandato de una Ley del Congreso Nacional, que faculta al poder Ejecutivo a través de sus órganos, para realizar un mandato, en este caso la depuración Policial, determinando la cancelación de la policía por la señora KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES, en razón de la nueva estructura organizacional de la policía nacional, debiéndosele cancelar todos los derechos que conforme a la Ley le correspondan; plaza que según oficio número SEDS-SG-4550-2016 de fecha 25 de noviembre del 2016, fue solicitada su cancelación a la Secretaria de Finanzas, en razón de la nueva estructura organizacional. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 22 de junio del 2023, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados los Abogados GERMAN DANIEL LICONA MOYA Y ROSMELL JOSÉ LANZA ORELLANA, actuando en condición de representantes procesales de la ciudadana KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES. SEGUNDO: SE REVOCA la Sentencia Definitiva de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2022) dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. TERCERO: SE DECLARA PROCEDENTE LA DEMANDA. CUARTO: Se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su cancelación o a otro de igual categoría y como de medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que se ejecute efectivamente el reintegro así como los demás derechos que debió percibir durante la sustanciación del proceso, como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, aumentos, bonos. QUINTO: Declara sin lugar la pretensión de ascenso al grado superior inmediato. SEXTO: SIN COSTAS…”.; bajo el criterio que, se han leído los agravios presentados y la contestación de los mismo, concluyendo todo gira determinar la legalidad o no del ales previa notificación de los cargos, denuncias o medidas disciplinarias que le imputen. Y termina el Decreto legislativo 21-2016 suspendiendo durante un periodo de doce meses, la vigencia de una serie de preceptos legales contentivos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y sus reformas, como la totalidad de la Ley de Servicio Civil y sus reformas "a fin acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación número 3562-2016 por reestructuración, el cual tiene como fundamento el Decreto Legislativo 21-2016 y el PCM 29-2016, el primero contentivo del proceso de depuración policial que contempla el estado de emergencia por seguridad nacional e interés público indicando como justas causas de cancelación por despido la falta de idoneidad para el ejercicio en su función o la pérdida de confianza; el segundo consistente en un PCM 29-2016, consistente en "el proceso" de restructuración policial como causa de despido, convergiendo ambos en la falta de idoneidad. Asimismo, en el artículo 3 del Decreto Legislativo se le encomienda al Poder Ejecutivo el nombramiento de una Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, la cual es presidida por el Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad facultando a esté, a cancelar los acuerdos de nombramiento de los miembros de la policía nacional siguiendo el procedimiento del articulo 5 y por cualquiera de las condiciones establecidas en el presente decreto. En el artículo 4 de la misma ley se concede a la Comisión encargada del proceso de depuración una serie de atribuciones, entre ellas la de determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, la capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial. De igual forma el artículo 5 de dicho decreto legislativo dispone que la Comisión Especial de Depuración presidida por el Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad para el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto debe conceder a los miembros de la Policía Nacional la celebración de una audiencia de descargo que les permita ejerce el derecho de defensa y así encuadrar las actuaciones de la Comisión en el marco de la Constitución y Convenios Internacionales y Leyes especide permitir de manera expedita realizar la destitución de miembros de la Policía Nacional". De todo lo anterior, se entiende que el Decreto Legislativo número 21-2016, está encaminado en la declaratoria del Estado de Emergencia por seguridad nacional e interés público, cuya finalidad es facilitar una depuración de los miembros que conforman la Policía Nacional de Honduras, haciendo más expeditos los motivos o causas que ameriten la destitución de sus miembros, como el procedimiento a seguir para tal propósito, pero nunca la eliminación de tales procesos y causa de separación; no siendo desconocidas las causales de separación que contempla la Ley Orgánica de la Policía, no obstante el mismo Decreto Legislativo 21-2016 establece como una justa separación la falta de idoneidad para el ejercicio del cargo y la pérdida de confianza bajo la observancia de una comisión, según lo establece el artículo 5 párrafo primero, está sujeta a realizar un procedimiento de audiencia de descargo a los miembros de la Policía Nacional como requisito indispensable para proceder a la cancelación a fin de garantizar el Derecho de Defensa consagrado tanto Constitución de en la República, como en los Convenios Internacionales y Leyes Especiales. Es decir, si se declaró Estado de Emergencia en el ámbito de la Seguridad, esto no debe concebir que dicha depuración implica la destitución del personal de la Policía Nacional sin seguir un procedimiento y mediando causa justa de separación, lo que ocasiona un Estado de Derecho frágil y arbitrario. Los términos del Decreto Legislativo 21-2016 que sirve de base a la destitución de los miembros de la policía nacional ponen un parámetro a cumplir para cancelar a los miembros de la policía siendo la falta de idoneidad, o perdida de la confianza, mismas que deben ser desvirtuadas a través del Derecho de Defensa que debe darse a las personas sujetas a cancelación bajo esta normativa a través de la celebración de una audiencia de descargo que hace alusión el artículo 5 del Decreto Legislativo 21-2016 se encuentra enmarcado con lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 82 párrafo primero y 94 párrafo segundo situando ambos preceptos sobre el Derecho de Defensa. Ahora el Decreto Ejecutivo PCM 29-2016, tiene su origen en el Decreto Legislativo número 21-2016, constituye un acto de carácter general y revisable totalmente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Dicho acto administrativo de carácter general surge para desarrollar el Decreto Legislativo número 21-2016, así que al igual que el artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, el artículo 1 del PCM 29-2016, autoriza al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los Acuerdos de los miembros de la Carrera Policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo Numero 21-2016. De igual manera, es importante mencionar que el PCM 29-2016 en su artículo 2 recoge en parte lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 2 del Decreto legislativo 21-2016, pues ya que reconoce como causas justa de despido, sin responsabilidad para el Estado de Honduras la falta de idoneidad y la pérdida de confianza basada en el dictamen que al efecto emita la Comisión Especial, omite el requisito legal de la celebración de una audiencia de descargo tomando en cuenta que el régimen disciplinario que se establecía para dichos propósitos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional fue suspendida su vigencia por el Decreto legislativo 21-2016 en su artículo 7. De lo anterior se desprende que el articulo 2 en su párrafo primero del PCM 29-2016 violenta lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 21-2016, el cual, sin consideración al régimen de cancelación del personal de la Policía, aun ya sea por motivo de la pérdida de confianza o de falta de idoneidad garantiza a los miembros de la Policía Nacional el derecho de escuchados una en audiencia descargo, de salvaguardar el Derecho de Defensa. De lo anterior se ha establecido no solamente el deber tanto de la Comisión Especial de Depuración de determinar qué miembros de la Policía Nacional no deben ser parte de la institución por razones de falta de idoneidad para el cargo o por pérdida de confianza, lo que solamente puede darse a través de un dictamen que no fue acreditado en juicio, así como tampoco el hecho que la comisión especial informara a la Presidencia de la República periódicamente sobre los resultados de la restructuración y alcances de la depuración especial, tal y como lo establece el artículo 3 del PCM 29-2016 través de un proceso de evaluación continua que permitan consolidar los supuestos objetivos fijados por el gobierno en un ordenamiento jurídico que sustente la aplicación u objetivo de dicha figura a través de un dictamen técnico que le respalde. Tampoco se acreditó lo que establece el considerando 5 del acuerdo de cancelación para el proceso de depuración y transformación de la policía nacional, como es el hecho de que la misma se hizo en base a informes y recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y otros informes de países amigos, criterios de expertos nacionales e internacionales etc.; que, aunque no forman parte del ordenamiento jurídico, cada miembro de la policía tiene la obligación de conocerlos y ejercer su derecho a defensa; Siendo aún más importante acreditar mediante dictamen, ¿cuál fue el procedimiento realizado para llegar a la convicción en la que consideran la falta de idoneidad para el ejercicio de su función como por la pérdida de confianza? cumpliendo con el requisito imperativo establecido en el artículo 2 de dicho PCM. Así como el derecho de audiencia de descargo que debe otorgársele a cada miembro de la Policía Nacional sujeto a dicho régimen de depuración; aspectos que fueron obviados en el Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, basado en el Decreto Legislativo 21-2016, ocasionando una restricción y limitación de derechos, ya que un PCM no puede ser contrario o ir más allá de lo establecido en el Decreto legislativo. Este Tribunal haciendo uso del Principio del Iura Novit Curia mismo que reconoce la facultad que tienen los tribunales para encontrar el derecho aplicable a la solución del caso, determina que al aplicarse por parte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad un decreto ejecutivo que no recoge el derecho de ser oído en audiencia de descargo contemplado en los artículos 5 y 7 del Decreto Legislativo 21-2006 y aplicando únicamente lo que dispone el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, el cual como ya se ha establecido se encuentra en colisión con aquel Decreto Legislativo, hace que el acto administrativo de cancelación por reestructuración del señor JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA, sea contrario a derecho, ya que se ha prescindido del procedimiento legal aplicable (al no existir un dictamen que justifique el motivo de separación invocado contra el miembro de la Policía Nacional y la respectiva audiencia de descargo), y en cual debía por disposición del artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo señalarse los hechos y fundamento de derecho pertinente. Que con la emisión del Decreto Legislativo 21-2016, si bien se han facilitado las condiciones para permitir la destitución de los miembros de la policía nacional que no sean idóneos para el cargo o que hayan perdido la confianza de la institución, al haberse suspendido la vigencia de la normativa referida a un procedimiento largo y complejo de adopción de medidas disciplinarias y régimen de despido que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional y sus reformas; no debe soslayarse la realidad que muestra dicho decreto en que, aún con la simplificación, tanto de motivos como de procedimiento, que el legislador le ha otorgado al Titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, para ejecutar debidamente el proceso de depuración y transformación que dicho decreto dispone, se ha establecido no solamente el deber tanto de la Comisión Especial de Depuración de determinar qué miembros de la Policía Nacional no deben ser parte de la institución por razones de falta de idoneidad para el cargo o por pérdida de confianza, lo que solamente pueda darse a través de un estudio que muestre la ausencia de dichas condiciones; sino que también el derecho de audiencia de descargo que debe otorgársele a cada miembro de la Policía Nacional sujeto a dicho régimen de depuración; aspectos que fueron obviados en el Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, el cual por constituir un acto administrativo general de la Administración Pública sustentado en el Decreto Legislativo 21-2016, debió atender dicha tutela en favor de los policías sometidos al proceso de depuración; y al no regular de forma amplia dichos aspectos, sino que restringiéndolos, tergiversándolos y limitándolos, se ha violentado el principio de reserva de ley de sobra conocido en el ámbito del Derecho Administrativo, ya que un PCM no puede ser contrario o extralimitarse de lo establecido en el Decreto legislativo, en consecuencia los decretos expedidos al amparo de la competencia otorgada al poder ejecutivo tienen naturaleza de disposiciones administrativas, y por ende no tienen fuerza de ley; de tal manera que estas disposiciones administrativas deben respetar los principios, criterios y reglas señaladas por el legislador, estando vedada la posibilidad de derogar, modificar o sustituir normas con fuerza de ley más allá de los asuntos que estrictamente son objeto de la competencia que constitucional y legalmente se le otorga al Ejecutivo al regular un asunto por medio del sistema de ley marco, esto es, para el caso particular, lo concerniente a la estructura o andamiaje orgánico de las entidades administrativas. Entender lo contrario sería maximizar el ámbito de regulación de las disposiciones administrativas o actos de carácter general en claro detrimento de las facultades legislativas del Congreso Nacional de la República y del principio democrático en que se apoyan, así como desconocer frontalmente las implicaciones más elementales de la estructura jerárquica de nuestro sistema normativo, esto es, esencialmente, lo atinente a la fuerza activa y pasiva de la ley en cuanto norma primordial del sistema de fuentes. En vista que en el presente caso cuyo análisis es la legalidad o no del acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por restructuración, este Tribunal observa que no han sido acreditados ni al momento de la emisión del acto impugnado, ni durante la secuela del juicio, los elementos indispensables como ser dictámenes ni tampoco el proceso llevado a cabo para considerar la falta de idoneidad, pérdida de confianza, provocando con ello que el acto sea nulo al no cumplir los requisitos que contiene tanto el decreto legislativo como el PCM 29-2016. Esta Corte de Apelaciones reconoce el derecho de la Administración Pública a reestructurarse según los objetivos que se trace el titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio legítimo del poder, pero respetando los parámetros constitucionales y legales que existan previamente a fin de que su actuar respete el principio de legalidad, evitando caer en decisiones arbitrarias, que no son propias de un Estado de Derecho. Que lo relacionado con la pretensión de ascenso al grado superior inmediato, este tribunal ha dejado establecido que la Secretaria de Seguridad tiene requisitos imperativos que se deben cumplir a lo interno de la Secretaria de Estado cuya impugnación ya obedece procedimiento, por ende, se declara sin lugar. Este tribunal hecho el análisis respectivo REVOCA la sentencia recurrida de fecha 31 de enero del 2020 que obra a folio 147-152 de la pieza principal. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, en fecha 15 de agosto del 2023, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de junio del 2023, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación No.118-2021, dimanantes de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00787-2016 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 18 de agosto del 2023, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, los Abogados GERMAN DANIEL LICONA MOYA y ROSMELL JOSÉ LANZA ORELLANA, presentaron escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, por lo que mediante providencia de fecha 05 de septiembre del 2023 emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 18 de septiembre del 2023, los Abogados: BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, GERMAN DANIEL LICONA MOYA y ROSMELL JOSÉ LANZA ORELLANA. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 31 de octubre del 2023, teniendo por personados a los Abogados: BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, como recurrente, y GERMAN DANIEL LICONA MOYA y ROSMELL JOSÉ LANZA ORELLANA, como recurridos; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El recurso de casación tiene como finalidad primordial la tutela de la Ley, de forma que se revise, mediante esta instancia extraordinaria, la correcta aplicación e interpretación de las normas sustantivas y procesales, cuando ello incida en la vulneración de normas sustantivas. Conforme a esta revisión, se forma paulatinamente, la unificación de criterios judiciales que finalmente se concretan en jurisprudencia nacional. Por lo que, para que un escrito de casación pueda ser sujeto a dicha revisión extraordinaria, se debe formular conforme a los requisitos legalmente establecidos, pues de lo contrario dicha instancia perdería su objeto. II.- Que la Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, ha interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva fundamentado un primer motivo en lo siguiente: Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 22 de junio del 2023, por falta de aplicación del primer párrafo del Artículo 2, del Decreto Legislativo 021-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 8 de abril del 2016, en relación que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDADAS: Primer párrafo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 8 de abril del 2016, por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de junio del 2023, excepto en cuanto a disponer "declara sin lugar la pretensión de ascenso al grado superior inmediato" y "sin costas.". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que en la sentencia recurrida, no se consideró lo establecido en el primer párrafo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 8 de abril del 2016, que facultó a mi representada para la emisión del acuerdo de cancelación y que la Ley nos asiste para que haya sido cancelado (pago de indemnizaciones) y no por despedido de la señora KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES mismo que autorizó al Poder Ejecutivo mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, (facultad discrecional) para dar por cancelada la relación laboral con los Miembros de la Policía Nacional norma jurídica sobre la cual el Tribunal sentenciador no vertió ningún pronunciamiento, con relación al primer párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, que refleje la razón o inaplicabilidad del mismo. Puede resultar que para el Tribunal Sentenciador no existan razones fundadas para la cancelación, pero es lógico, si omite lo establecido en el primer párrafo del artículo número 2 del Decreto 021-2016, dicha omisión es una rebeldía del Tribunal Sentenciador en dejar de aplicar la norma jurídica que regula el caso concreto, lo que lo lleva a establecer conclusiones al margen de la ley, por lo que procede casar la sentencia recurrida. El Tribunal de Alzada en el Considerando quinto de los Fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, aplica en forma indebida el párrafo segundo del artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016”. III.- El motivo de casación que precede, cumple con los requerimientos técnicos de precisión, claridad y legalidad establecidos por la normativa procesal civil. Por lo anterior, es admisible. IV.- En un segundo motivo de casación, la Recurrente expresa lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 22 de junio del 2023, por aplicación indebida del párrafo segundo artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 8 de abril del 2016, en relación a que no debió ser empleado para resolver el fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Párrafo primero del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 8 de abril del 2016. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de junio de 2023, excepto en cuanto a disponer "declara sin lugar la pretensión de ascenso al grado superior inmediato" y "sin costas." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Que Tribunal de Apelación aplicó indebidamente el contenido del párrafo segundo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, (octavo Fundamento de Derecho) ya que, esta disposición contempla el escenario de las causas justas de cancelación por despido, en los casos de falta de idoneidad o perdida de la confianza en el miembro de la Policía Nacional, cabe señalar que mi representada en el presente caso, no realizó un procedimiento disciplinario que culminara con un acuerdo de cancelación por despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras al actor de la demanda, prueba de ello es que se procedió a pagar los derechos que conforme a la legislación nacional correspondían a la señora KAREN YOJANA PAVÓN VALLADARES, como lo establece el primer párrafo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, que se dejó de aplicar en la sentencia recurrida. Por estas razones y de acuerdo a este motivo debe ser casada la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones.” V.- El motivo de casación que antecede no es admisible debido a la contrariedad en los conceptos expuestos en la formulación de su cargo y la explicación de su motivo de casación. Lo anterior debido a que, en las disposiciones infringidas establece que se trata del párrafo primero del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, sin embargo, en la explicación de su motivo se detalla una situación jurídica diferente al establecer una aplicación indebida del párrafo segundo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016. Con ello, el motivo de casación pierde claridad y precisión. VI.- En un tercer motivo de casación la Recurrente expresa lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 22 de junio del 2023 por la falta de aplicación de la primera parte del párrafo segundo artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016, en relación a que debió ser empleado para resolver el fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Primera parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de junio de 2023 por la falta de aplicación de la primera parte del Párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no se aplicó el contenido de la primera parte del segundo párrafo del Artículo 1 del Decreto PCM 029- 2016, que contempla la reestructuración como una facultad directa que tenía mi representada para cancelar la relación laboral con los Miembros de la Policía Nacional, facultad ésta, que encuentra su génesis en el párrafo primero del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016, que autorizó al Poder Ejecutivo para dicha actuación, cabe señalar que el Tribunal de Alzada hace suyos parcialmente los artículos 2 del Decreto Legislativo 021-2016 y el 1 del Decreto PCM 029-2016, en referencia a las justas causas de cancelación por despido, contenido que solo debe aplicarse estrictamente en los casos en que los Miembros de la Policía Nacional hayan incurrido en la comisión de una falta, en cuyo caso, no se debe reconocer el pago de las indemnizaciones laborales y no como los es en el presente juicio que mi representada se responsabilizó al hacer efectivo el pago de los derechos laborales que le correspondían a la demandante, por lo tanto el Tribunal sentenciador dejo de aplicar la primera parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016. Es imperante resaltar que el segundo párrafo del Artículo 1 del Decreto 029-2016 contempla 2 escenarios, como premisa general la discutida reestructuración en que se contempla el pago de derechos laborales (procedimiento realizado) y como excepción a la misma, los casos en que se debe aplicar el procedimiento disciplinario por la comisión de alguna falta, en este último caso la emisión del acto es sin responsabilidad del Estado, o sea sin que se deba de indemnizar a la demandante. Es por ello que esta representación procesal considera que la sentencia recurrida debe ser casada por la Sala Laboral-Contencioso de la Honorable Corte Suprema de Justicia. VII.- El motivo de casación que precede, cumple con los requerimientos técnicos de precisión, claridad y legalidad establecidos por la normativa procesal civil. Por lo anterior, es admisible. VIII.- En un cuarto motivo de casación, la Censora expresa lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 22 de junio del 2023, por la aplicación indebida de la última parte del párrafo segundo artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016, en relación a que NO debió ser empleado para resolver el fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Primera parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016, que debió ser empleado para resolver el fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de junio de 2023 por la aplicación indebida de la última parte del Párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Que el Tribunal de Apelaciones aplicó indebidamente la última parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, ya que solo toma la excepción que contempla esa parte de dicho artículo, orientando en su fallo a que mi representada debió realizar un procedimiento disciplinario al actor de la demanda para la emisión del acto, obviando la primera parte del segundo párrafo del artículo relacionado, norma que fue la utilizada por mi representada para la emisión del acto impugnado, en estricta observancia del proceso de reestructuración, referente a: "LAS JUSTAS CAUSAS DE SEPARACIÓN"; estipuladas en el primer párrafo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 021-2016; que contiene la facultad discrecional del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en relación al párrafo primero del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016. IX.- El Representante Procesal de la parte Demandada fundamenta su cuarto motivo de casación en una aplicación indebida del de la última parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016. En atención a ello, se procedió a su análisis y a confrontarlo con la sentencia censurada, logrando establecer en forma clara la exposición de su motivo de casación, siendo el mismo admitido. X.- En un quinto motivo de casación el Censor expone lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 22 de junio del año 2023, por la aplicación errónea del artículo 5 del Decreto Legislativo No. 21-2016, que no debió emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El artículo 5 del Decreto Legislativo No. 21- 2016, por aplicación errónea, porque no debió emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 22 de junio del año dos mil veintitrés (2023) excepto en cuanto a disponer "declara sin lugar la pretensión de ascenso al grado superior inmediato" y "sin costas.". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Desde el inicio del proceso, se señaló que en la restructuración no se contempla procedimiento alguno, puesto que no se trata de la comisión de una falta por incumplimiento o violación por parte de la miembro policial que lo amerite, en tal sentido es oportuno señalar que la restructuración es una causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio, y se le cancelaran los derechos que conforme a la legislación nacional aplicable le corresponda, salvo que el mismo este o se encuentre bajo investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de actos que constituyan un delito procediéndose en este caso conforme lo que disponga la ley. Como podrá valorar Señores Magistrados, se hace la distinción de "salvo" en los casos que se encuentre en investigación; es decir, los que se presuma la comisión de una falta o delito, que pueda conllevar a un despido sin responsabilidad para el Estado; y, en el caso de la demandante, su cancelación obedeció exclusivamente a la figura de reestructuración, tal como expresamente lo establece el Acuerdo de Cancelación. En este caso en particular, se observa la aplicación errónea del artículo 5 del Decreto 21-2016; donde según los magistrados se debió realizar un procedimiento de audiencia de descargo, recalcándole que el motivo de la cancelación de la demandante fue la reestructuración y no una falta, por lo que si hubiera sido esta última, lógico se hubiera realizado la respectiva Audiencia de Descargo como lo manda la norma Jurídica, por lo que solicito dicha sentencia sea casada por las razones antes expuestas”. IX.- Considerando lo ordenado por el Artículo 129.2 del Código Procesal Civil, así como de la precisión y claridad derivada de la explicación del cargo anteriormente expuesto, la Representante Procesal de la parte Demandada fundamenta su cuarto motivo de casación en una aplicación indebida del Artículo 5 del Decreto Legislativo No. 021-2016. En atención a ello, se procedió a su análisis y a confrontarlo con la sentencia censurada, logrando establecer en forma clara la exposición de su motivo de casación, siendo el mismo admitido. X.- Que habiendo sido admitido el primer, tercer, cuarto, quinto motivo de casación expresado por la parte demandada, en atención a lo ordenado por el Artículo 726.1 del Código Procesal Civil, este Tribunal estima que, derivado de la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso, éste se circunscribe a una falta de aplicación de algunas normas de Derecho, así como a una aplicación indebida de otras normas de Derecho empleadas para la solución del fondo del asunto. Por lo que, se procedió al estudio del Objeto del Proceso, el cual, mediante la celebración de la respectiva audiencia preliminar consistió en lo siguiente: Si el Acto Administrativo consistente en el Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, fue realizado conforme a Derecho o en infracción al ordenamiento jurídico aplicable. XI.- Durante la sustanciación del juicio, la parte Demandante y Demandada presentaron los siguientes medios de prueba que corren agregados a la pieza principal correspondiente a la primera instancia: Medios de Prueba de la Parte Demandante. Prueba Documental todos agregados a la Pieza Principal: 1. Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016. 2. Notificación del Acuerdo de Cancelación. Medios de Prueba de la Parte Demandada. Prueba Documental: 1. Expediente administrativo del Demandante, haciendo referencia en los documentos siguientes: 1.1. Se adhiere al medio de prueba 1 presentado por el Demandante. 1.2. Certificación del Punto 3 del Acta No. 50 de sesión celebrada el 19 de septiembre de 2016. 1.3. Requerimientos de goce de incapacidad del Demandante. 1.4. Constancia de notificación del Acuerdo de Cancelación. 1.5. Acuerdo de Cancelación. 1.6. Oficio-SEDS-SG-4550-2016. 1.7. Cheque del Banco Central de Honduras de fecha 29 de enero de 2016 realizado a favor de la demandante KAREN YOJANA PAVON VALLADARES por la cantidad de ciento setenta y seis mil ochenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos. (176,082.59). XII.- De la valoración de los medios de prueba aportados al proceso, constituyen hechos probados los siguientes: A. En fecha 25 de noviembre de 2016 la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad procede a emitir el Acuerdo de Cancelación No. 3562-2016, mediante el cual cancela bajo la causal de reestructuración a la servidora público KAREN YOJANA PAVON VALLADARES. B. Mediante Cheque del Banco Central de Honduras de fecha 29 de enero de 2016, se hace efectivo el pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos del Demandante por la cantidad de ciento setenta y seis mil ochenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos. (176,082.59) sin que conste la respectiva consignación de dicho documento u otro similar y por la misma cantidad, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. C. En fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) se presenta una acción por parte de la señora KAREN YOJANA PAVON VALLADARES, contra el Estado De Honduras por actuaciones de la Secretaría De Estado En El Despacho De Seguridad en la que, en su parte toral, pide la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada y como medidas para su pleno restablecimiento de los derechos de nuestro representado se ordene mediante sentencia el reintegro a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de los sueldos y salarios dejados de percibir desde el despido o cancelación ilegal e injustificado, pago de décimo cuarto mes de salarios, décimo tercer mes de salarios, vacaciones, aumentos ascensos a la escala inmediata superior en su promoción desde la fecha de cancelación hasta que se ejecute la sentencia, costas del juicio. XIII.- En el sub judice, tal y como se ha indicado en el segundo hecho probado, está acreditado en autos que, en mediante el cheque anteriormente descrito, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad hizo efectivo al demandante el pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, sin que conste la respectiva consignación de dicho documento u otro similar y por la misma cantidad ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Con este accionar, el demandante acepta expresamente los efectos del Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, a través del cual se da por terminada su relación de servicio con la demandada, lo que trae como inevitable consecuencia que el acto impugnado haya alcanzado la finalidad prevista consistente en la terminación de la relación de servicio con el demandante, garantizando de esta manera, el resultado práctico y eficaz del mismo. Por ello, el acto impugnado que fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad se vuelve firme, válido y eficaz, pues el demandante ha hecho uso del derecho alternativo que le otorga Artículo 129 de la Constitución de la República relacionado con el Artículo 112 de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. XIV.- Por las consideraciones anteriores se colige que la acción promovida por el Demandante excede los límites del derecho al pretender el reconocimiento y restablecimiento de un derecho supuestamente infringido como es la estabilidad en el servicio solicitando la nulidad del acto administrativo y pidiendo el reintegro al cargo habiendo aceptado en su momento las prestaciones en evidente perjuicio para la Administración Pública, abusando del derecho de accionar que la Constitución de la República y las leyes le facultan, pues ha obedecido al acto administrativo impugnado al haber recibido los derechos que conforme a la legislación nacional le corresponden. XV.- Es pertinente mencionar que este Tribunal no ignora el debido proceso, el derecho de defensa y la normativa internacional. Sin embargo, la aceptación del pago de prestaciones por parte del Demandante como derecho alternativo, y consecuentemente, obedeciendo expresamente al acto administrativo impugnado, conforme lo establece el Artículo 31 literal A de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como el cumplimiento Administración Pública en cuanto a su obligación de pago de conformidad a lo preceptuado en los artículos 2 párrafo primero del Decreto Legislativo No. 021-2016, y 1 párrafo segundo del Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 de fecha 11 de abril de 2016, determinan que el acto impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016, dictado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, cumple con la finalidad para el que fue emitido siendo eficaz, obedecido por el administrado y, por ende, conforme a Derecho. Así como la extensión del Banco Central de Honduras de fecha 29 de enero de 2016 realizado a favor de la demandante KAREN YOJANA PAVON VALLADARES por la cantidad de ciento setenta y seis mil ochenta y dos lempiras con cincuenta y nueve centavos (176,082.59). XVI.- Que por las razones expuestas procede aplicar lo ordenado por el Artículo 81 párrafo primero en relación con el Artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la que prima la aplicación de esta Ley sobre la legislación procesal civil, en relación con lo dispuesto en los Artículos 719.2, y 727.5 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en atención a los Fundamentos de Derechos previamente desarrollados y en aplicación de los artículos 96, 303, 304, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 7, 116, 118, 120 de la Ley General de la Administración Pública; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 14, 31 literal A, 79 literal B, 81 párrafo primero, 83 párrafo primero, 89, 103, 105, 106, 107, 112, 129 literal C y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 701, 703, 704, 716, 717, 718, 719 numeral 2), 721, 723, 724 numeral 1), 725 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1. HABER LUGAR al recurso de casación formalizado por la Abogada BRISHELDA ESPERANZA GUEVARA MOLINA, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad en su primer, tercer, cuarto, quinto motivo de Casación. En consecuencia, CASA la sentencia recurrida dictada el veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 2. DECLARA LA IMPROCENDENCIA DE LA ACCIÓN incoada por la demandante KAREN YOJANA PAVON VALLADARES por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación 3562-2016 de fecha 25 de noviembre de 2016 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 3. ABSOLVER al Estado de Honduras, por los conceptos reclamados por el demandante. 4. La presente sentencia sólo producirá efectos entre las partes. 5. SIN COSTAS por tener motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA461-2023. FIRMA Y SELLO.-
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR.-RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.