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Sentencia CA-413-23 — Registro 18789

Resumen

En primer instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En virtud que en la sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones en fecha 08 de junio del 2023, no se realizó un correcto estudio y análisis del artículo 2 en su conjunto, lo cual conlleva a una errónea interpretación debido a que el Tribunal de alzada se limitó solamente a emitir su pronunciamiento únicamente al amparo de lo establecido en el segundo párrafo del artículo en mención; sin embargo, dicho artículo consta de tres párrafos los cuales deben ser interpretados en su conjunto a manera que haya una armonía a fin de que no se le atribuya otro sentido al mismo ya que se debe contemplar la relación del artículo en su totalidad así como la intención del legislador. Ya que en el primer párrafo del artículo 2 se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para que proceda a cancelar la relación laboral de los miembros de la carrera policial por motivo de la reestructuración (depuración), con lo cual mi representada tenía la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional le correspondían siendo esta la primera causa de cancelación que estima el artículo en mención. Así mismo la segunda y tercer causa se encuentran en el párrafo segundo la cual consiste en la falta de idoneidad para el ejercicio de su función y la pérdida de confianza lo que se considera como despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras, ameritando de esta manera la realización de la respectiva audiencia de descargo; por último el artículo 2 párrafo tercero también contempla el retiro voluntario como una causa de terminación de la relación laboral de los miembros de la carrera policial; motivo por el cual se puede observar una errada interpretación del Tribunal al establecer solo la falta de idoneidad o la pérdida de confianza como únicas causales de separación contempladas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, por lo que procede casar la sentencia recurrida”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión en la formulación: a) en el desarrollo se insta a la revisión e interpretación del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo el artículo 720 numera 1 del Código Procesal Civil; y, b) no se demuestra infracción alguna que incida en un resultado distinto al contenido en el fallo impugnado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de abril del dos mil veinticuatro, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, como Coordinadora, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA y ROY PINEDA CASTRO, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada VIVIAN MARIELY DÍAZ ELVIR, y, Recurrido: El señor DANIS RONETH FLORES CASTRO, representado en juicio por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda contencioso administrativa materia de personal- Se reconozca de una situación jurídica individualizada; que se adopten las medidas para su pleno restablecimiento ordenando el reintegro al grado del cual le cancelaron; pago de los salarios dejados de percibir, más los reajustes a que tenga derecho en su ausencia y sean otorgados a los demás servidores públicos; que mediante sentencia condenatoria se ordene los ascensos a los que por ley tiene derecho y los beneficios en el Instituto de Previsión Militar, bonos, decimotercero y decimocuarto mes de salario. vacaciones comunes y corrientes; que se decrete nulidad de un acto administrativo emitido con exceso y desviación de poder con abuso de autoridad violentando garantías constitucionales; por violentar el debido proceso; por violentar el derecho a defensa que es inviolable; que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo, y como consecuencia que se decrete la nulidad del mismo acuerdo número 1297-2016 de fecha 07 de junio del 2016, contenido en el oficio SEDS-1585-2016 de fecha 14 de junio del 2016 y notificado el 21 de junio del 2016 en la tabla de avisos fijada en el despacho de la Secretaria de Seguridad; costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, en su condición de representante procesal del señor DANIS RONETH FLORES CASTRO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que ingreso a la Academia Nacional de Policía en el año de 1996 obteniendo el grado de Sub-Inspector de Policía en el año de 1999, en el año 2001 fue cancelado mediante Decreto Legislativo No. 58-2001 y declarado inconstitucional en marzo del 2003 y mediante Sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue Reintegrado a la Policía Nacional donde le reconocieron todos sus derechos y de esa fecha a la fecha de cancelación estuvo laborando en la Policía Nacional y su última asignación fue nombramiento en fecha 03 de mayo del 2016 mediante ACUERDO INTERNO DGPN-EMP (DRH.PN-1)-NO.0900-2016 de fecha 03 de mayo del 2016 en la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN), como Jefe de Destacamento aldea Rio Blanco, con sede en La Esperanza, Intibucá y cesó del cargo Oficial de Planta, destacamento aldea Rio Blanco que había estado, en los cargos como Oficial de Policía de la Dirección Nacional de la Policía Nacional dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, y tuvo un desempeño correcto y una trayectoria intachable como lo demostró con las múltiples cartas de encomio y diplomas como despachos de ascensos que adjuntó; que mediante Acuerdo número 1297-2016 de fecha 07 de junio del 2016, contenido en el oficio SEDS-1585-2016 de fecha 14 de junio del 2016, y notificado el 21 de junio del 2016 mediante notificación en la tabla de avisos del despacho de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, donde se acordó cancelar al demandante por reestructuración de la Policía Nacional del acuerdo de nombramiento del Comisario de Policía, sin que le hayan dado la oportunidad de defenderse, ya que nuevamente cometieron el delito de no realizar lo establecido en la ley, y tal como lo reza el Decreto 21-2016 en el artículo 5 una audiencia de descargos, violentando así todos sus derechos y Garantías Constitucionales, así como el Procedimiento Administrativo por el cual a todo miembro de la Policía Nacional se le debía realizar, por lo que se violó el debido proceso y la violación al derecho de defensa que es inviolable, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República; es por tal razón que se debía anular totalmente ese acuerdo de cancelación, pues no cumple los requisitos de ley para que el demandante sea cancelado de esa forma, el acuerdo de cancelación violenta todas garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho a defensa, y que el ministro de seguridad no está sobre la ley, pues cuando lo juramentaron bajo juramento declaró que haría cumplir las leyes y respetaría y cumpliría lo establecido en la Constitución de la República, pero en este acuerdo no cumplió su promesa por el contrario rompió su promesa de ley cuando tomó posesión como ministro, esa cancelación es totalmente nula y se debe aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en aplicación a la Constitución de la Republica ninguna persona puede ser condenada sino ha sido oído y por un juez competente, que sea la Secretaria de Seguridad que demuestre que el demandante ya no puede ser un oficial de policía, pues sus antecedes penales están limpios, no tiene denuncias por violación a derechos humanos ni mucho menos por haber cometido delito ni falta alguna; y si el ministro cancelo sin antes cumplir con un debido proceso tal como lo establece el artículo 5 del Decreto Legislativo No.21-2016, violentó así el Derecho de Defensa que es inviolable y el debido proceso. Arguyó además que en la ley está establecido el procedimiento y el ministro de seguridad abusó de su poder y actuar sobre la ley lo canceló sin misericordia después de servir a su patria por muchos años, las 24 horas del día, pues no le pagaban horas extras, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y esto más bajo lluvia, sol y a veces hasta sin comer; es necesario que se haga una revisión en cuanto al debido proceso y el derecho a defensa violado, y a la no aplicación de las Leyes Administrativas, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Ley General de la Administración Pública, Tratados Internacionales de los cuales Honduras es Signataria, Convención de Derechos Humanos por segunda vez; que jamás le pagaron daños y perjuicios cuando fue cancelado en el 2001 y reintegrado en el 2006, por lo que él está en el caso internacional No.12.961 y que estaban resolviéndolo con el Estado a través de solución amistosa donde se comprometían a hacer esa clase de prácticas; y entonces frente a que estamos en el caso que nos ocupa? dos veces cancelado por el estado de Honduras sin haber motivos ni causal, que lástima que la constitución no vale para algunos funcionarios públicos, o abusando de poder emiten sendos acuerdos que violentan todo derecho al cual creen tener, por lo que se puede observar que no existen garantías ni tenemos un estado de derecho. Que mediante Decreto Legislativo No.21-2016 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 8 de abril del 2016, se declaró situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses; y en vez de nombrar más policías cancelaron Policías, como se puede interpretar que hay emergencia nacional y se quedan con menos Policías, el Acuerdo de Cancelación del demandante fue emitido por prácticas erróneas y falsas porque no hay ninguna depuración, lo que están realizando son cancelaciones por chismes, ya que el ministro de seguridad no conoce sus subalternos y no ha realizado una investigación contra los hoy cancelados, es un gran engaño más a la sociedad de Honduras, pues nunca en las tres veces que han intentado depurar lo hacen apegados a las leyes lo que hacen es mucho daño a policías que tienen sus hojas de servicio limpias, pues no habido tal depuración ni semejante imaginación que hay una emergencia, cuando hay una emergencia se necesitan más policías, no se quitan policías y se cancelan dañando el honor tanto del oficial como el de su familia. Manifestó que como consecuencia de ese Decreto Legislativo No.21-2016 en su artículo 7 suspenden varios artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, pero nunca aplican el procedimiento del Decreto No.21-2016 es decir el articulo 5 donde tiene un medio procedimiento a seguir, dejando en total indefensión al demandante, volviendo a burlarse de la justicia y el derecho, esta práctica ha sido ya por tercera vez la primera fue en el 2001 el Decreto 58-2001 famoso del Licenciado en Derecho Gautama Fonseca que aplicó y depuró a más de 2000 policías violentando todas las garantías constitucionales, ese decreto fue decretado inconstitucional y lo anulado y cancelado en virtud de la Inconstitucionalidad emitida en el año 2003 por la Honorable Corte Suprema de Justicia, siempre violentados los derechos de los Policías a quienes les aplicaron ese Decreto, pero en el año 2014 la Comisión de Derechos Humanos CIDH, por no haber aplicado el derecho a todos aquellos que les habían violentado sus Garantías Constitucionales, y al presentar la denuncia internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) misma que admitió la denuncia por violación a derechos humanos y esta denuncia se convirtió en caso No.12.961 hoy por hoy se está solucionando mediante solución amistosa, es decir nunca el Estado de Honduras debió haber hecho una depuración como lo hizo y esto se está repitiendo nuevamente con este Decreto 21-2016 otra mentira más de una depuración por reestructuración, donde verdaderamente los seres humanos no son objeto de tal burla, la reestructuración se da en edificios y otros objetos no en personas, por Dios cual es el desprecio que tienen para los policías, el mismo estado se está prometiendo a no realizar las mismas prácticas del 2001, sin embargo el 2012 hizo lo mismo daño muchas personas que aun en la actualidad están suspendidas pero con sus salarios al día; y las demandas en este mismo tribunal, tales como el expediente número 405-2012 ganada en tercera instancia y presentada por el demandante ante ese tribunal; del cual la Procuraduría General de la República tiene pleno conocimiento donde está comprometida a no realizar nuevamente una depuración violentando las Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos de los Policías. Aparte de que el Decreto Legislativo es totalmente Inconstitucional y de este mismo desprenden el Decreto Ejecutivo No.PCM-029-2016, de fecha 11 de abril del 2016 mediante el cual regula de forma ilegal y da por terminada una relación de trabajo de los policías y los cancelan abruptamente en aplicación de dichos decretos sin importarle que violenta tanto un debido proceso como el derecho a defensa por no aplicar correctamente la ley orgánica de la policía nacional la que ya tiene establecido un procedimiento para cancelar a un miembro de la policía nacional cuando este haya cometido faltas graves o delitos, sin embargo si dejan en suspenso la ley orgánica de la policía nacional no derogaron la ley de la administración publica, la ley de procedimiento administrativo, la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ni mucho menos la constitución de la república para no seguir los procedimientos administrativos, pues los policías es cierto que tienen nueva una ley especial y que mediante estos decretos tanto el 21 2016 como el 29-2016 por los cuales dejan suspendidos algunos artículos, pero jamás suspendieron todas las demás leyes que cubren a los hondureños, entonces señor juez de que hablamos de una violación total a las garantías constitucionales, pero también quieren sorprender aplicando estos decreto legislativo como ejecutivo, quiere decir entonces que tanto los diputados como el presidente en consejo de ministros se creen estar sobre la ley y no aplican lo establecido por ellos mismos; ya que en el artículo 5 del decreto 21-2016 narra que habrá una audiencia de descargo lo que no realizaron, por tanto es nulo todo lo actuado fuera de la ley, entonces nos encontramos que el ministro de seguridad esta sobre las leyes y a él no le importa dañar a los policías, pues los policías pertenecen al poder ejecutivo, no se olviden que son servidores públicos por tanto tienen la cobertura de la constitución y las demás leyes que corresponden al poder ejecutivo. por lo que el ministro de seguridad ha cometido el delito de abuso de autoridad y no cumple con los deberes de los funcionarios, por lo que violenta el articulo 321 y 324 de la constitución de la república. Igualmente manifestó que sin que el demandante haya cometido falta o delito alguno le están dañando equivocadamente, y si hubiese cometido un delito como está tipificado en el código penal debieron haberme remitido al tribunal competente, pues el que infringe la ley se debe remitir a los tribunales correspondientes, pero como no existió tal situación, estaba libre de culpas; por lo tanto no existió la comisión de delito ni falta alguna y luego hacen una cancelación por reestructuración cuando hay una emergencia, que cosas ocurren parece que estamos como el cangrejo para atrás, en vez de contratar más policías por la peligrosidad que hay en el país, cancelan sin tener un fundamento legal y verdadero, es una injusticia lo que el ministro de seguridad está planificando hacer en la secretaria de seguridad, el no tiene conocimiento de ninguna persona de los que está cancelando que es merecedora de una cancelación después de muchos años de servicio y además no conoce el trabajo de los policías, solo lo hace por medio de chismes de algunos oficiales de policías mal intencionados, es aquí donde se le violenta el debido proceso, al cancelarlo por chimes no fundamentados en ley. Que el Ministro al cancelar al demandante y de acuerdo al decreto legislativo No.21-2016 hablan de falta de idoneidad y perdida de confiabilidad, preguntó, quien mide estos dos calificativos? siendo mismos subjetivos, por tanto, el ministro debe demostrar con pruebas cual es el método científico que se está utilizando para comprobar que al demandante le perdieron confianza y que tiene falta de idoneidad y de confiabilidad; afirmó que el señor ministro no tiene confiabilidad en la depuración que está haciendo, pues hasta ahora a los que está cancelando, todos están acudiendo a ese tribunal porque se sienten lesionado en un interés legitimo del cual es totalmente señalado por algunos oficiales mal intencionados y que porque me cae mal, o porque no me hizo lo que le dije, o porque sabe cuál es la cola de sus superiores, o porque tiene miedo que le quite el puesto, tanto que todo es más que una patraña que han montado contra algunos policías de buen nombre, para que una comisión si la misma repite como loros lo que el ministro les manda en un listado eso aprueban esto es depuración, a este tribunal le comento que la señora Vilma Morales en conferencia de prensa dijo que los abogados que presentaremos la inconstitucionalidad de los decretos aplicados en estas cancelaciones éramos igualmente coludidos con el crimen organizado, esto es grave que realmente funcionarios pagados con nuestros impuestos tenga a bien retarnos de esta manera ofendiendo nuestra moral y dignidad como abogados, pues la Constitución de la Republica da el derecho de defensa a todo hondureño culpable o inocente; este es un comentario público. Expresó que con la documentación que adjuntó, existe abuso o exceso por parte de la autoridad nominadora, al emitir esos actos administrativos que contienen la cancelación del Acuerdo de nombramiento, sin antes realizar una audiencia de Descargos, para que se pueda defender y donde le declare culpable de haber contenido alguna falta o delito tal como se narra en el Articulo 126 en relación con 24 de la ley Orgánica de la Policía Nacional y de esa manera encontrar el motivo o causal de despido, ya que jamás el demandante cometió delito o falta alguna, dejándolo indefenso, ya que según lo que narra el artículo 126 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional es que si hay un delito lo tiene que conocer un tribunal competente al existir el mismo, con esa audiencia se hacen los descargos, pero al no realizarla también se queda corta, por lo que el Decreto Legislativo carece de fundamentos legales y un Procedimiento correcto que no violente el Debido Proceso y que no se violente el Derecho a Defensa, ni mucho menos las garantías constitucionales, por lo estos Decretos son violatorios a toda luz de las Garantías Constitucionales y de las leyes primarias a lo que mi Representado tiene derecho a invocar por ser hondureño; ya que según estos decretos el demandante no era digno de confianza, no es idóneo, pero quien la mide estos calificativos que son subjetivos?, quien puede tirar la primera piedra? Estamos frente a Decretos que violentan las Garantías constitucionales y los Derechos Humanos, Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte, por tanto, estos decretos son totalmente inconstitucionales, ya que jamás ha cometido ni delitos ni faltas, para merecerse una cancelación. Asimismo argumentó que la cancelación del acuerdo de nombramiento carece de fundamento jurídico, pues la aplicación del decreto legislativo No.21-2016 publicado en el diario oficial la gaceta el 8 de abril del 2016 y el decreto ejecutivo número PCM-029-2016 de fecha 11 de abril del 2016, emitidos sin procedimiento y por el abuso de suspender el procedimiento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional deja en indefensión al demandante y le violentan el debido proceso, por lo que el acuerdo de cancelación que hoy impugnó y que se identifica con el numero 1297-2016 de fecha 7 de junio del 2016 notificado a través del oficio SEDS-1585 -2016 de fecha 14 de junio del 2016 notificado por tabla de avisos de despacho de la secretaria de seguridad el día 21 de junio del 2016, ese acto es totalmente ilegal y es preciso que sea declarado nulo absoluto y totalmente por ese juzgado de letras de lo contencioso administrativo, como órgano revisor de la actividad de la administración publica, pues le asiste el fundamento de derecho que invocó; finalmente como un último comentario la Embajada Americana en Tegucigalpa, llamo al demandante vía telefónica para que se presentara con su pasaporte y era para cancelarle la visa, a lo que adjuntó fotocopia debidamente autenticada donde demuestró la cancelación de la visa, eso es un daño más sin límites. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que el demandante alude a la fecha que ingreso a la institución policial, así como las asignaciones que ostento como miembro policial, de igual manera su desempeño y trayectoria dentro de la institución policial, no son objeto de debate en la presente demanda al igual el Acuerdo de cancelación No. 1297-2016 de fecha 07 de junio del 2016 el cual le fue notificado al demandante por medio de notificación fijada en la Tabla de Avisos de la Secretaría de Seguridad el 21 de junio del 2016, posteriormente se le entrego el 08 de julio del 2016 la transcripción del Acuerdo No. 1297-2016, mediante oficio No. SEDS 1585-2017 del 14 de junio del 2016; arguyó que la cancelación del demandante no se trató de un despido por la comisión de una falta que ameritara ser escuchado para aportar pruebas en su defensa, ya que de haber procedido según lo señala el ahora demandante su cancelación hubiese sido sin responsabilidad para el Estado de Honduras por la comisión de una falta; por tal razón, únicamente al personal que se ha demostrado que ha incurrido en falta o delito que conlleve el despido sin responsabilidad para el Estado y del cual amerite seguir un procedimiento que soporte la presentación de descargos. Señaló que en cuanto a lo manifestado por el demandante que su cancelación se hizo con abuso de poder, violentando el debido proceso, derecho a la defensa, y leyes administrativas, etc., sobre este particular expresó que no existió violación de normativa alguna o al debido proceso habida cuenta que la cancelación del demandante se realizó por restructuración de conformidad al Decreto Legislativo 021-2016 y Decreto Ejecutivo número PCM-029-2016, mismos que se emitieron en legal y debida forma al no existir fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que diga lo contrario, es así que la Constitución de la República manda en sus Artículos 205 numerales 1) y 23), 245 respectivamente lo siguiente: "ARTICULO 205.- Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1) Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes..." y 23) Decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ley". "ARTICULO 245.- El Presidente de la Republica tiene la administración general del Estado: son sus atribuciones: …7. Restringir o suspender el ejercicio de derechos, de acuerdo con el Consejo de Ministros... 11. Emitir acuerdos y decretos...". Aunado a ello, la Ley General de la Administración Pública expresa en sus artículos 7, 14, 116, 117 y 119 respectivamente lo siguiente: "Articulo 7.- Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1. Constitución de la República; 2. [...]; 3. La presente Ley: 4. Leyes administrativas especiales; 5. Leyes especiales y generales vigentes en la República Reglamentos que emitan para la aplicación de las leyes...", "Articulo 14.- El Presidente de República, por Decreto en Consejo de Ministros, podrá emitir dentro de la Administra Pública Centralizada las normas requeridas para: 1)....4) Reorganizar aquellas dependen que la eficiencia de la Administración demande;...", "Articulo 116.- Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptaran la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias." y. "Articulo 117.- Se emitirán por Decreto los actos que de conformidad con la Constitución de la República, las leyes secundarias o los reglamentos sean privativos del Presidente de la Republica o deba ser dictados en Consejos de Ministros…” y, Artículo 119.- […] Los Decretos. [..] serán publicados en el Diario Oficial "La Gaceta. Que tanto los Decretos Legislativo 021-2016 como el Decreto PCM-029-2016 gozan de la legalidad y su aplicación es eficaz y licita, por tal razón el acuerdo de cancelación del demandante fue emitido de conformidad a ley, bajo las atribuciones conferidas en los referidos Decretos y dictado por la autoridad competente, en estricto apego a ley y debidamente motivado. Manifestó que se emitió el Decreto Legislativo 021-2016 mediante el cual se declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la policía nacional; y que en relación a que su Acuerdo de Cancelación se emitió con prácticas erróneas y falsas porque no hay ninguna depuración lo que se están realizando son cancelaciones por chismes, sobre ese alegato expresó que es subjetivo del demandante ya que no aporta sustento legal alguno que soporte lo manifestado por lo que carece de sustento legal. En cuanto a los procesos de restructuración llevados a cabo los mismos no son objeto de debate en la presente demanda por lo que la cancelación del demandante se realizó de conformidad a ley amparada en los Decretos antes referidos los cuales gozan de la legalidad que para tan fin. Rechazó lo expresado por el demandante que no se siguió el procedimiento establecido en el Artículo 7 del Decreto 21-2016; reiteró que la cancelación del demandante no se trató de un despido por la comisión de una falta que ameritara ser escuchado para aportar pruebas en su defensa, caso contrario la demandada no habría procedido a realizar trámites correspondientes para el pago de los derechos que de conformidad a ley le correspondían, ya que de haber procedido según lo señala el demandante su cancelación hubiese sido sin responsabilidad para el Estado Honduras por la comisión de una falta; por tal razón, únicamente al personal que se demostrado que ha incurrido en falta o delito que conlleve el despido sin responsabilidad para Estado y del cual amerite seguir un procedimiento que conlleve la presentación de descargos, en tal sentido, si el demandante no le fue imputada falta alguna, porque tendría que haber seguido un procedimiento aplicable a tal caso, por lo argumento presentado por la parte demandante en este acápite, es completamente alejado del motivo utilizado para hacer efectiva la cancelación del demandante, el cual obedeció a la reestructuración dentro de la Policía Nacional. Aunado a lo anterior señaló que el Acuerdo de cancelación del ahora demandante se fundamentó también en el Decreto Ejecutivo número PCM-029-2016, el cual en su Artículo 1 párrafo segundo preceptúa: “... Por ser la reestructuración causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio, cualquiera de los miembros del personal o de la Policía Nacional sujeto de este proceso, se le cancelaran los derechos que conforme a la legislación nacional aplicable le corresponda..." de lo expresado en la norma es claro que la reestructuración es una situación de orden técnico administrativo legal, completamente ajeno a la voluntad del empleado, por tal razón sería ilógico e improcedente realizar un procedimiento en ese sentido; no obstante, el citado artículo lleva consigo un "salvo" el cual es la excepción a la regla que si amerita seguir un procedimiento "...salvo que el mismo este o se encuentre bajo investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de actos que constituyan un delito procediéndose en este caso conforme lo que disponga la ley"; como podrá observarse el artículo sólo hace la distinción "salvo" en los casos que se encuentre en investigación; es decir, los que se presuma la comisión de una falta o delito, que pueda conllevar a un despido sin responsabilidad para el Estado; y, en el caso del demandante, su cancelación obedeció exclusivamente a la figura de reestructuración, tal como expresamente lo establece el Acuerdo que se impugna "ACUERDA: PRIMERO: En el marco de la situación de emergencia [...] se cancela por Restructuración de la Policía Nacional, el Acuerdo de Nombramiento del Comisario de Policía DANIS RONETH FLORE CASTRO...". En cuanto a lo que refiere el demandante que el Decreto Legislativo No. 21-2016 es inconstitucional y que de este se desprende el Decreto Ejecutivo PCM 029-2016; debatió tal argumento al referir nuevamente que no existe un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de tales Decretos por cual los mismos gozan de la legalidad requerida para su fin; y que tanto el Decreto Legislativo 021-2016 como el Decreto PCM-029-2016 gozan de la legalidad y su aplicación es eficaz y lícita, por tal razón el acuerdo de cancelación del ahora demandante fue emitido de conformidad a ley, bajo las atribuciones conferidas en los referidos Decretos y dictado por la autoridad competente, en estricto apego a ley y debidamente motivado. Por lo que el Acuerdo de Cancelación 1297-2016 esta emitido en legal y debida forma y no existe abuso de autoridad, ni se ha violentado principio constitucional alguno tal como lo pretende hacer creer el demandante. Rechazó categóricamente lo referido por el demandante que el Ministro al cancelarlo al tenor del Decreto Legislativo 021-2016 habla de la idoneidad y pérdida de confianza, sobre tal argumento indicó que la cancelación del demandante no se originó por la falta de idoneidad ni mucho menos por la pérdida de la confianza, como lo pretender hacer creer el demandante, sino que por reestructuración plasmada en el Artículo 2 primer párrafo del Decreto Legislativo 021-2016 que establece: "Autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda", como podrá apreciar la cancelación del demandante es por reestructuración ajena a la voluntad del demandante, tal como lo estipula el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 en su Artículo 1 párrafo segundo "Por ser la reestructuración causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio, cualquiera de los miembros del personal o de la Policía Nacional sujeto a este proceso, se le cancelaran los derechos que conforme a la legislación nacional aplicable le correspondan", y como reiteró eso aconteció en el caso que nos ocupa, siendo improcedente el alegato del porqué la cancelación del demandante. Asimismo, en cuanto a lo referido por el demandante "...que existe abuso o exceso por parte de la autoridad nominadora al emitir el cuerdo de su cancelación", sobre ese alegato el mismo carece de sustento y fundamento legal al o expresar el demandante en que consiste el abuso y exceso de poder cometido por el demandado, ya que no basta solo con enunciarlo sino que debió indicarse con precisión en qué consistía el abuso y exceso cometido a fin de que no quede duda alguna, por lo que la pretensión del demandante carece a todas luces de fundamento legal alguno y por ende deberá de ser desestimado. En cuanto a que no se le realizó audiencia de descargo para que se pudiera defender y sea declarado culpable de haber cometido una falta o delito tal como lo preceptúa el Artículo 126 en relación con el Artículo 24 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, insistió que la cancelación del demandante no se trató de un despido por la comisión de una falta que ameritara ser escuchado para aportar pruebas en su defensa, ya que de haber procedido según lo señala el hoy demandante su cancelación hubiese sido sin responsabilidad para el Estado de Honduras por la comisión de una falta; por tal razón, únicamente al personal que se ha demostrado que ha incurrido en falta o delito que conlleve el despido sin responsabilidad para el Estado y del cual amerite seguir un procedimiento que soporte la presentación de descargos. En tal sentido, si el demandante no le fue imputada falta alguna, porqué el demandado tendría que haber seguido un procedimiento aplicable a tal caso, por lo que el argumento presentado por la parte demandante en este acápite, es completamente alejado del motivo utilizado para hacer efectiva la cancelación del ciudadano DANIS RONETH FLORES CASTRO, el cual obedeció a la reestructuración dentro de la Policía Nacional, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2 primer párrafo del Decreto Legislativo 021-2016 que establece: "Autorizar al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad proceda a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional corresponda", como podrá apreciarle la cancelación del ahora demandante es por restructuración ajena a la voluntad del demandante, tal como lo estipula el Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 en su Artículo 1 párrafo segundo "Por ser la reestructuración causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio, cualquiera de los miembros del personal o de la Policía Nacional sujeto a ese proceso, se le cancelaran los derechos que conforme a la legislación nacional aplicable le correspondan" como reitero eso aconteció en el caso que nos ocupa, siendo improcedente el alegato del porqué la cancelación del demandante. Además El Decreto Legislativo No. 21-2016, mediante el cual se declaró situación de emergencia por seguridad nacional e interés púbico el proceso de depuración de la Policía Nacional término de doce meses; el mismo se emitió al amparo de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional de conformidad a lo estipulado en el Articulo 205 numeral 23 de la Constitución República que dice: "Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: "1...23) Decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ley...". En tal sentido el referido Decreto goza de la legalidad establecida por la normativa jurídica, en relación con el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública que expresa: "Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1. Constitución de la República; 2. Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3. La presente Ley; 4. Leyes administrativas especiales; 5. Leyes especiales y generales vigentes en la República; 6. Reglamentos que emitan para la aplicación de las leyes; 7. Los demás reglamentos generales o especiales; 8. La jurisprudencia administrativa y 9. Los principios generales del derecho público. En ese sentido, el Congreso Nacional emitió el mencionado Decreto Legislativo No. 21-2016, que en su Artículo 1 dispone: "Declarar situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce meses..."; reiteró nuevamente que el referido Decreto goza de la legalidad establecida por la normativa jurídica, en cuanto al Decreto Ejecutivo PCM- 029-2016, se emitió al tenor del Artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública que establece: "El Presidente de la República, por Decreto en Consejo de Ministros, podrá emitir dentro de la Administración Pública Centralizada las normas requeridas para: 1)....4) Reorganizar aquellas dependencias que la eficiencia de la Administración demande;...". En virtud de lo expuesto dichos Decretos se emitieron por autoridad competente, debidamente motivados, además surtieron efecto al haber sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta, al tenor de lo establecido en los Artículos 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública, respetando todos los procedimientos previstos para la emisión del acto. En cuanto a que el Acuerdo 1297-2016, por medio del cual se canceló al demandante y que le fuera notificado por la tabla de avisos del Despacho de la Secretaría de Seguridad y que el mismo fue totalmente ilegal y es preciso que sea declarado nulo absoluto y totalmente; en referencia a tal argumento el Acuerdo 1297-2016 por medio del cual se canceló al demandante fue emitido al amparo de la normativa legal que se encuentra vigente para el presente caso, al no existir un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que diga lo contrario, que los Decretos Legislativo No. 21-2016 y Decreto Ejecutivo PCM-029-2016 fueron inconstitucionales. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de noviembre del 2020, dicto sentencia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA. PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción incoada por el señor DANIS RONΕΤΗ FLORES CASTRO, por medio de su Apoderada Legal, la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, contra el Estado de Honduras a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación N. 1297- 2016 de fecha 07 de junio del 2016, en virtud de no ser conforme a derecho al haber sido emitido violentando garantías constitucionales del derecho a defensa y debido proceso con evidente exceso y desviación de Poder y emitidos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional pues ha sido emitido con fundamento en el Decreto legislativo 021- 2016 y Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, los cuales son contrarios a derecho y alteran el espíritu de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, variando su alcance y sentido ya que la misma no contemplan la Reestructuración como causal de Cancelación para miembros del cuerpo policial de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, y demás motivos expuestos en los fundamentos de derecho quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero. En consecuencia, SE ANULA TOTALMENTE el Acuerdo de Cancelación N. 1297-2016 de fecha 07 de junio del 2016, por no estar ajustado a derecho. SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada al señor DANIS RONETH FLORES CASTRO y como medidas para su pleno restablecimiento se ordena a LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD su reintegro al cargo y grado que ocupaba. TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, al pago de salarios dejados de percibir desde la vigencia del acto impugnado hasta que sea reintegrado a su puesto y grado de servicio y demás derechos laborales conexos como ser, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario proporcional, vacaciones y cualquier otro derecho que se pudiese otorgar durante la vigencia del acto impugnado. En cuanto a que se ordene los ascensos a los que por ley tiene derecho y los beneficios en el instituto de previsión militar, es facultativo de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar…”; bajo el criterio que, de lo anteriormente descrito se desprende el hecho que la autoridad nominadora (Secretaria de Seguridad) al haber cancelado al señor Danis Roneth Flores Castro por reestructuración sigue omitiendo procedimientos ya establecidos en la Ley, ya que en el expediente judicial no se desprende un tan solo medio de prueba que acredite que el demandado siguió algún tipo de proceso previo a la emisión del acto impugnado, si bien el aludido decreto Legislativo N. 021-2016 en su artículo 7 suspende los artículos 114, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional por situación de emergencia nacional por aplicación del artículo 5 del precitado Decreto Legislativo N. 21-2016, dicho artículo se supone preserva el derecho a defensa en virtud que de acuerdo al mismo debe conceder a los miembros de la Policía Nacional audiencia de descargo en el ejercicio de su derecho, sin embargo al no habérseles realizado audiencia de descargo, resulta evidente que no se le realizó ningún procedimiento de conformidad a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, violentándoseles así el derecho a defensa y debido proceso, sobre el particular el artículo 90 de la Constitución de la Republica sostiene respecto al derecho a defensa que "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece" congruente con el artículo 8 de la Convención Americana de derechos Humanos, el cual refiere que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, existiendo colisión entre el derecho a defensa y debido proceso consagrados en la Constitución de la Republica con las disposiciones contenidas en el Decreto N. 21-2016, siendo procedente lo argumentado por la Apoderada demandante en el sentido que "el Decreto Legislativo 021-2016 es totalmente inconstitucional y de este mismo se desprende el decreto Ejecutivo 029-2016 mediante los cuales dan por terminada la relación de trabajo del policía y lo cancelan abruptamente en aplicación de dichos decretos, violentando el derecho de defensa y debido proceso, por no aplicar correctamente la ley Orgánica de la Policía Nacional, la que ya tiene un procedimiento establecido..."si bien la demandada en su escrito de Conclusiones manifiesta que hubo un análisis y evaluación de informes los mismos no constan en el expediente de mérito por tanto se tienen por no acreditados, fortaleciendo lo anterior la demandada en su escrito de contestación es clara al manifestar que "es claro que la cancelación de los demandantes como la de otros miembros de la Carrera Policial obedece a la reestructuración ordenada en ley", por tanto, siendo emitido el Acuerdo de Cancelación N. 1297-2016 de fecha 07 de junio del 2016, con exceso de poder e infracción al ordenamiento jurídico al haber sido emitidos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional; al haber sido sometido a discusión respecto al Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la suscrita se pronuncia de la forma siguiente: Contra el Decreto Legislativo N. 21-2016, mediante el cual se origina el Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, instrumento que permitió cancelar por reestructuración a miembros de la carrera policial, se interpuso recurso de inconstitucionalidad por vía de acción por parte de la Abogada Gladys Ondina Matamoros Arias; la Sala de lo Constitucional, como último ratio desidendi sobre la materia recurrida se pronunció declarando no ha lugar el recurso de inconstitucionalidad en virtud que "el Decreto Legislativo N. 21-2016 de fecha siete de abril del 2016 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta del ocho de abril del 2016 no entra en conflicto ni con la Constitución de la Republica ni con Convenios ni tratados internacionales de los que Honduras forma parte, además, el Decreto Legislativo N. 21- 2016 que se señala de inconstitucional ha desaparecido del texto legal, por haber llegado a su fin el ámbito temporal de la Ley dado por el legislador, profiriendo y fallando sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto", sobre el particular, el recurso de inconstitucionalidad en su texto íntegro al ser declarado por el máximo juzgador no contrario al derecho constitucional, por consiguiente en cuanto a su alcance, al haberse sometido la cuestión a éste Tribunal por actos administrativos en materia de personal mediante los cuales la Secretaria de Seguridad canceló sus Acuerdos de nombramiento por restructuración, por aplicación del Decreto Legislativo 021-2016, fueron presentados de conformidad a la competencia atribuida a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo quedando bajo la potestad otorgada a dicha Jurisdicción y tal y como se pronunció anteriormente la suscrita Juez al no habérseles realizado a los demandantes audiencia de descargo, resulta evidente que no se les realizó ningún procedimiento de conformidad a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, violentándoseles así el derecho a defensa y debido proceso consagrados en la Constitución de la Republica de Honduras. Igualmente llama la atención que mediante el mismo Decreto N. 021-2016 en su artículo 1 declara situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el termino de doce (12) meses, sobre éste particular el artículo 188 de nuestra Carta Magna estipula que "El territorio en que fuesen suspendidas las garantías expresadas en el Artículo anterior, se regirá durante la suspensión, por la Ley de Estado de Sitio, pero ni en dicha Ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de otras garantías que las ya mencionadas", lo anterior en concordancia con los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 99 y 103, observándose que aun en situaciones de emergencia ya establecidas de conformidad al artículo 187 de la Constitución de la Republica, no existe la suspensión de los derechos constitucionales del debido proceso y defensa antes citados, por tanto encontrando un choque entre el artículo 7 del Decreto 021-2016 y artículos 82 y 90 Constitucionales, teniendo presente lo anterior el artículo 64 de la Constitución de la Republica establece que "No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan", por lo que la aducida suspensión de los artículos contenidos en el artículo 7 del decreto Legislativo 021-2016 evidentemente contrarían los derechos constitucionales de defensa y debido proceso consagrados en la Constitución de la República, viciando de incompatibilidad dicha norma de conformidad al artículo 320 Constitucional. Por consiguiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 literal e) y 40 literal a) de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Acuerdo de Cancelación N. 1297-2016 de fecha 07 de junio del 2016, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad no se encuentra ajustado a derecho al haber sido emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido pues ha sido emitido con fundamento en el Decreto legislativo 021-2016 y Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, los cuales son contrarios a derecho y alteran el espíritu de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, variando su alcance y sentido ya que la misma no contemplan la Reestructuración como causal de Cancelación para miembros del cuerpo policial de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por tanto al no habérsele cancelado bajo las causales y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional se le violenta su derecho a defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución de la Republica, decretándose la procedencia de la acción y consecuentemente la nulidad del Acuerdo de Cancelación N. 1297-2016 de fecha 07 de junio del 2016, a favor del señor Danis Roneth Flores Castro. Que el artículo 129 de la Constitución de la Republica garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, por tanto existiendo una interpretación errónea por parte de la demandada al pretender justificar una cancelación cuyo fundamento fue un Decreto y no la Ley Orgánica de la Policía Nacional; constatándose en la petición del escrito de demanda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento, se le reintegre al cargo del cual fue cancelado, el cual identificó como Oficial de Policía, tal como se manifestó anteriormente al haber sido emitido dicho Acuerdo de Cancelación aplicando la reestructuración de conformidad al Decreto 021-2016 y Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por tanto es procedente su restitución al cargo que ocupaba. La actuación de los órganos del Estado y específicamente de la Administración Pública, sólo pueden hacer lo que la Ley expresamente les permite y en ese sentido, deben apegarse en forma estricta a la Ley. En el presente caso la actuación de cancelar a miembros del cuerpo policial de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, está limitada por lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional y su Reglamento. Que al estar debidamente acreditado en autos que la autoridad nominadora prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, al emitir el acto administrativo impugnado, se declara la procedencia de la acción, porque el acto no se encuentra dictado conforme a derecho. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 08 de junio del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que, en uso de las facultades revisoras, este tribunal, ha visto y leído con detenimiento la fundamentación para la emisión del acuerdo de cancelación como acto objeto de impugnación, en el que, en uso de esas facultades revisoras, solo se analizara si dicho acto administrativo se encuentra emitido conforme a derecho. Que se han leído los agravios presentados, concluyendo en la ilegalidad del acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación 1297-2016 por reestructuración, el cual tiene como fundamento el Decreto Legislativo 21-2016 y el PCM 29-2016, el primero contentivo del proceso de depuración policial, indicando como justas causas de cancelación por despido la falta de idoneidad para el ejercicio en su función o la pérdida de confianza; el segundo consistente en un PCM 29-2016, consistente en "el proceso" de restructuración policial como causa de despido, convergiendo ambos en la falta de idoneidad. Al respecto cabe mencionar que el presente caso es una cancelación por restructuración contenida en el PCM 29-2016, no obstante, el artículo 1 de dicho decreto, remite al decreto legislativo 21-2016 que contiene el proceso de depuración a lo interno de la Policía Nacional con vigencia de doce meses, ampliado bajo decreto 2-2017 hasta enero del 2018, aplicado a aquellos miembros de la policía nacional que no cumplan con la idoneidad y pérdida de confianza como causa de cancelación por despido. Que tomando en cuenta la finalidad del recurso de apelación y leídos los agravios, es preciso lo siguiente: en dicho decreto de depuración, establece que estará a cargo de una comisión en el que, el mismo decreto en el artículo 4, le otorga las siguientes atribuciones: 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de la policía nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio público y al Tribunal Superior de Cuentas, los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y 4) Rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración; es decir, que la comisión integrada para el proceso de depuración policial, tiene como atribuciones cuatro puntos específicos, para proceder al proceso de depuración, siendo el primero de ellos el determinar la idoneidad en el servicio como causa de despido, remitiéndonos el decreto legislativo 21-2019 en el artículo 1 párrafo tercero a las definiciones establecidas en la Ley General de la Superintendencia para la aplicación de pruebas de evaluación de confianza y su reglamento, es decir la idoneidad, pérdida de confianza y demás términos establecidos en el presente decreto se aplicaran las definiciones establecidas en dicha ley, en el cual leída la misma, solo tiene tres conceptos: Credibilidad institucional: es la percepción interna y externa de los entes públicos en cuanto a su labor y funcionamiento en el cumplimiento y observancia de la Constitución de la Republica y sus leyes; pruebas de confianza, que son los instrumentos que se aplican para cuantificar la confiabilidad del servidor público en el cargo que desempeña. Se aplica a investigaciones de campo, evaluaciones, estadísticas y demás herramientas que faciliten la medición; y competencia para el cargo: se define como la experiencia, conocimientos, destrezas para el desempeño de sus funciones. Conceptos que llevan intrínseco evaluaciones, y otros medios que ayuden a verificar la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; es decir para determinar dicha idoneidad en uso de las atribuciones que por ley tenía dicha comisión establecidos en el artículo 4 del Decreto 21-2016 debieron observar las definiciones antes descritas. Cabe destacar que tanto dicho Decreto 21-2016 como el PCM 29-2016, nacen ante la emergencia nacional en materia de seguridad, en los que prevalece hacer más expeditos estos procesos de depuración y restructuración, no obstante, debieron acreditar al menos, los mecanismos utilizados para llegar a esa percepción de falta de idoneidad o buscar que ese proceso no soslayara derechos fundamentales en un Estado de Derecho. Ahora bien, la figura administrativa de restructuración contenida en el PCM 29-2016, como parte de la fundamentación para emitir el acuerdo de cancelación por restructuración, ahora impugnado, no es cuestionable si se mantiene sobre una estructura que tenga como finalidad el obtener resultados diferentes a los actuales, pero el artículo primero de dicho PCM establece, que la restructuración es de orden técnico, administrativo legal, en el cual cancela al personal o los miembros de la carrera policial conforme a requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la institución, que proponga establecer medidas a efectos de introducir un mecanismo temporal que permita al Estado, en ejercicio de su facultad discrecional, asegurar que el personal policial sea idóneo para los fines y funciones establecidos en la Constitución, prescindiendo de aquel que no lo es; este PCM 29-2016 establece en su artículo 2, la cancelación de los miembros policiales por la falta de idoneidad para el ejercicio de su función por la pérdida de confianza, basado en un dictamen que al efecto emita la comisión especial, dictamen, que no fue acreditado en juicio, así como tampoco el hecho que la comisión especial informara a la Presidencia de la Republica periódicamente sobre los resultados de la restructuración y alcances de la depuración especial, tal y como lo establece el artículo 3 del PCM 29- 2016 a través de un proceso de evaluación continua que permitan consolidar los supuestos objetivos fijados por el gobierno en un ordenamiento jurídico que sustente la aplicación u objetivo de dicha figura a través de un dictamen técnico que le respalde. Tampoco se acredito lo que establece el considerando 5 del acuerdo de cancelación para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, como es el hecho de que la misma se hizo en base a informes y recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y otros informes de países amigos, criterios de expertos nacionales e internacionales etc.; que, aunque no forman parte del ordenamiento jurídico, cada miembro de la policía tiene la obligación de conocerlos y ejercer su derecho a defensa; siendo aún más importante acreditar mediante dictamen cuál fue el procedimiento realizado para llegar a la convicción en la que consideran la falta de idoneidad para el ejercicio de su función como por la pérdida de confianza, cumpliendo con el requisito imperativo establecido en el articulo 2 de dicho PCM. Ahora bien, no es desconocido para este tribunal que la Policía Nacional tiene su propia Ley Orgánica no obstante en base a la emergencia por Seguridad Nacional, se emitieron el Decreto 21-2016 у РСМ 29-2016; decreto que dispone en el artículo 5 realizar audiencia de descargo para ejercer su derecho a la defensa, no obstante el articulo 7 también del decreto en mención, suspende por doce meses el capítulo de la Ley Orgánica de la Policía relacionado con la terminación de la Carrera Policial y las medidas disciplinarias y del régimen de despido a fin de hacer más expedito la destitución de los miembros de la Carrera Policial, sin embargo está imperativo realizar la audiencia de descargo en la cual deba probarse la falta de idoneidad de los miembros de la Policía Nacional, caso contrario, el PCM 29-2016 que veda ese derecho a la defensa en audiencia de descargo, pese a que en el artículo 1 establece la restructuración cancelando los acuerdos del personal o de los miembros de la judicial conforme carrera a los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos en los que se reitera no probados en juicio, que requiera la Institución que no cumpla con cualquiera de las condiciones del decreto legislativo 21-2016, contraviniendo lo que establece dicho Decreto en cuanto a la audiencia de descargo, para probar la falta de idoneidad. Este Tribunal entiende lo que significa en el ámbito administrativo la restructuración, no obstante, es el mismo Decreto 21-2016 quien da la pauta para realizar audiencia de descargo para probar la falta de idoneidad, así como el PCM 29-2016, al tomar como suyo en la ejecución de procesos de restructuración cuando no se cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto en mención que toma la audiencia de descargo para probar la falta de idoneidad; en consonancia con lo establecido en el artículo 18-A reformado mediante decreto 5-2012 en el que establece: "En caso de que el resultado de la investigación y/o evaluación practicada establezca que el servidor policial no cumple con los requisitos de idoneidad o no reúne la conducta apropiada para el correcto desempeño de su cargo, la Dirección de investigación y Evaluación de la carrera policial, luego de haberlo oído en audiencia de descargo, emitirá un dictamen técnico, librándole copia certificada del expediente al Secretario de Estado en el despacho de Seguridad el cual tiene el carácter de vinculante para que proceda a realizar lo que en derecho corresponda". En vista que en el presente caso cuyo análisis es la legalidad o no, del acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por restructuración, este Tribunal observa que no han sido acreditados ni al momento de la emisión del acto impugnado, ni durante la secuela del juicio, los elementos indispensables como ser dictámenes ni tampoco el proceso llevado a cabo para considerar la falta de idoneidad, pérdida de confianza, provocando con ello que el acto sea nulo al no cumplir los requisitos que contiene tanto el decreto como el PCM. Que en base al principio IURIA NOVIT CURIA, este Tribunal CONFIRMA la sentencia venida en apelación de fecha veinte de noviembre del dos mil veinte y que obra a folios 249 al 257 de la pieza principal. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada VIVIAN MARIELY DÍAZ ELVIR, en fecha 04 de agosto del 2023, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 08 de junio del 2023, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación No.013-2021, dimanantes de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00364-2016 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 09 de agosto del 2023, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, presentó en fecha 01 de septiembre del 2023, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 04 de septiembre del 2023, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 05 de septiembre del 2023, las Abogadas: GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS; y VIVIAN MARIELY DÍAZ ELVIR. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 31 de octubre del 2023, teniendo por personadas a las Abogadas: VIVIAN MARIELY DÍAZ ELVIR, como recurrente, y GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, como recurrido; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente; “El vicio o error que causa agravios a mi representada la Secretaria de Seguridad están contenidos en la sentencia recurrida, que dan lugar tanto a la infracción de ley procesal como a la infracción de ley material, o derecho positivo, infracciones que se desarrollan en los motivos siguientes: PRIMER MOTIVO: Se impugna la Sentencia de fecha 08 de junio del 2023, por existir una falta de interpretación del artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 8 de abril del 2016, en relación que el mismo debió ser estudiado e interpretado en su conjunto para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDADAS: Artículos 17, 19 del Código Civil; y primer párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 8 de abril del 2016, por falta de una interpretación, ya que debió ser estudiado e interpretado en su conjunto para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 08 de junio del 2023. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En virtud que en la sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones en fecha 08 de junio del 2023, no se realizó un correcto estudio y análisis del artículo 2 en su conjunto, lo cual conlleva a una errónea interpretación debido a que el Tribunal de alzada se limitó solamente a emitir su pronunciamiento únicamente al amparo de lo establecido en el segundo párrafo del artículo en mención; sin embargo, dicho artículo consta de tres párrafos los cuales deben ser interpretados en su conjunto a manera que haya una armonía a fin de que no se le atribuya otro sentido al mismo ya que se debe contemplar la relación del artículo en su totalidad así como la intención del legislador. Ya que en el primer párrafo del artículo 2 se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para que proceda a cancelar la relación laboral de los miembros de la carrera policial por motivo de la reestructuración (depuración), con lo cual mi representada tenía la responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación nacional le correspondían siendo esta la primera causa de cancelación que estima el artículo en mención. Así mismo la segunda y tercer causa se encuentran en el párrafo segundo la cual consiste en la falta de idoneidad para el ejercicio de su función y la pérdida de confianza lo que se considera como despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras, ameritando de esta manera la realización de la respectiva audiencia de descargo; por último el artículo 2 párrafo tercero también contempla el retiro voluntario como una causa de terminación de la relación laboral de los miembros de la carrera policial; motivo por el cual se puede observar una errada interpretación del Tribunal al establecer solo la falta de idoneidad o la pérdida de confianza como únicas causales de separación contempladas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, por lo que procede casar la sentencia recurrida”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión en la formulación: a) en el desarrollo se insta a la revisión e interpretación del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo el artículo 720 numera 1 del Código Procesal Civil; y, b) no se demuestra infracción alguna que incida en un resultado distinto al contenido en el fallo impugnado. III.- Que la Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la Sentencia de fecha 08 de junio del 2023, por la aplicación indebida del segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 8 de abril del 2016, en relación a que no debió ser empleado para resolver el fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Párrafo primero del Artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 8 de abril del 2016. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 08 de junio del 2023. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En virtud que Tribunal de Alzada aplicó indebidamente el contenido del segundo párrafo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, ya que, esta disposición solamente contempla el escenario de las causas justas de cancelación por despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras en los casos de falta de idoneidad y perdida de la confianza de los miembros de la Carrera Policial, cabe señalar que mi representada en el caso que nos ocupa, no realizó un procedimiento disciplinario que culminara con un acuerdo de cancelación por despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras, prueba de esto es que se procedió a emitir el cheque en concepto de los derechos que conforme a la legislación nacional le correspondían al señor DANIS RONETH FLORES CASTRO, tal y como lo establece el primer párrafo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016 en el caso de cancelación por reestructuración, el cual no fue aplicado al momento de emitir la sentencia recurrida. Por estas razones y de acuerdo a este motivo debe ser casada la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones”. IV.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión en la formulación: a) en el desarrollo se insta a la revisión e interpretación del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo el artículo 720 numera 1 del Código Procesal Civil; y, b) no se demuestra infracción alguna que incida en un resultado distinto al contenido en el fallo impugnado. V.- Que un tercer motivo se aduce: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 08 de junio del 2023, por la aplicación errónea del artículo 5 del Decreto Legislativo No. 21-2016, el cual no debió emplearse para resolver la cuestión del fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El artículo 5 del Decreto Legislativo No. 21-2016, por aplicación errónea, que no debió emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 08 de junio del 2023. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que el proceso de reestructuración no contempla un procedimiento para proceder a la cancelación de los miembros de la carrera policial, en virtud que no se trata por la comisión de una falta o delito que amerite el desarrollo de una audiencia de descargo, ya que tal y como lo establece el artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 029-2016 la reestructuración es una causa de orden técnico administrativo, legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio, proceso en el cual se hace efectivo el pago de los derechos que conforme a la legislación nacional le corresponde al personal reestructurado tal y como sucedió en el caso que hoy nos ocupa. Sin embargo, se exceptúan los casos en los cuales los miembros de la Policía Nacional se encuentren bajo una investigación, que tengan denuncias por la supuesta comisión de actos que constituyan un delito procediéndose a cancelar por despido sin responsabilidad para el Estado, casos en los cuales si procede la realización de la respectiva audiencia de descargo conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo No. 21-2016 y siendo que la cancelación del señor DANIS RONETH FLORES CASTRO obedeció exclusivamente a la figura de reestructuración, tal como expresamente lo establece el Acuerdo de Cancelación, a lo cual se puede observar claramente que existe una errónea aplicación del artículo 5 del Decreto 21-2016, al pretender que se le debía realizar un audiencia de descargo al demandante cuando él no fue cancelado por la comisión de una falta o delito que ameritara presentar descargos, sino que su cancelación fue por reestructuración, de acuerdo a éste motivo debe ser casada la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones”. VI.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión en la formulación: a) en el desarrollo se insta a la revisión e interpretación del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo el artículo 720 numera 1 del Código Procesal Civil; y, b) no se demuestra infracción alguna que incida en un resultado distinto al contenido en el fallo impugnado. VII.- Que un cuarto motivo, se arguye: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 08 de junio del 2023 por la aplicación indebida de la última parte del párrafo segundo artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016, en relación a que NO debió ser empleado para resolver el fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Primera parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 08 de junio de 2023 por la aplicación indebida de la última parte del Párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Que el Tribunal de Apelaciones aplicó indebidamente la última parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, ya que solo toma la excepción que contempla esa parte de dicho artículo, orientando en el fallo a que mi representada debió realizar un procedimiento disciplinario al actor de la demanda para la emisión del acto, obviando la primera parte del artículo relacionado que fue el utilizado por mi representada para la emisión del acto impugnado, en estricta observancia del proceso de reestructuración, por lo que no debió seguirse un procedimiento disciplinario”. VIII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por la razón siguiente: insta en la explicación a la revisión de los e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. IX.- Que un quinto motivo se alega: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 08 de junio del 2023, por la falta de aplicación de la primera parte del segundo párrafo del artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016, en relación a que debió ser aplicado al momento de resolver el fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Primera parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 08 de junio del 2023 por la falta de aplicación de la primera parte del Párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 12 de abril del 2016. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Debido a que en la sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no se aplicó el contenido de la primera parte del segundo párrafo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016, que contempla la reestructuración como una facultad directa que tenía la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad para cancelar la relación laboral de los Miembros de la Policía Nacional; misma que se encuentra intrínsecamente relacionado con en el primer párrafo del Artículo 2 del Decreto Legislativo 21-2016, que autorizó al Poder Ejecutivo para que procediera a realizar dicha actuación, cabe señalar que el Tribunal de Alzada hace suyos parcialmente los artículos 2 del Decreto Legislativo 21-2016 y 1 del Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, en referencia a las justas causas de cancelación por despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras, contenido que solo debe aplicarse estrictamente en los casos en que los Miembros de la Policía Nacional hayan incurrido en la comisión de una falta o delito, en cuyo caso, no se debe reconocer el pago de las indemnizaciones laborales; lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa ya que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad se responsabilizó a hacer efectivo el pago de los derechos laborales que le correspondían al señor DANIS RONETH FLORES CASTRO, por lo cual resulta evidente que el Tribunal para emitir el fallo al efecto impugnado no aplico la primera parte del párrafo segundo del Artículo 1 del Decreto PCM 029-2016. En este mismo orden de ideas y aunado a lo anterior cabe mencionar que el segundo párrafo del Artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM 029-2016 contempla 2 escenarios, siendo el primero la reestructuración en la cual se contempla el pago de derechos laborales que conforme a la legislación nacional le corresponde al personal cancelado por esta causa (procedimiento realizado al señor DANIS RONETH FLORES CASTRO y el segundo escenario los casos en que se debe aplicar el procedimiento disciplinario por la comisión de alguna falta o delito, siendo este la emisión del acuerdo de cancelación sin responsabilidad del Estado de Honduras (no se efectúa el pago de las prestaciones laborales). Razón por la cual se considera que la sentencia recurrida debe ser casada por la Sala Laboral-Contencioso de la Honorable Corte Suprema de Justicia”. X.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión en la formulación: a) en el desarrollo se insta a la revisión e interpretación del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo el artículo 720 numera 1 del Código Procesal Civil; y, b) no se demuestra infracción alguna que incida en un resultado distinto al contenido en el fallo impugnado. XI.- Que en un sexto motivo se aduce:” Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 08 de junio del 2023, en base a lo estipulado en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Decreto Ejecutivo PCM 029-2016 por la aplicación errónea, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso la sentencia de fecha 08 de junio del 2023. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida se consignó en el fundamento de derecho noveno (IX) " EI PCM 29-2016 establece en su artículo 2, la cancelación de los miembros policiales por la falta de idoneidad para el ejercicio de su función por la pérdida de confianza basado en el dictamen que al efecto emita la Comisión Especial, dictamen que no fue acreditado en juicio..."; siendo oportuno indicar Honorables magistrados que dicha norma es atiente aquel miembro de la Carrera Policial que fuera objeto de despido (Falta de idoneidad y pérdida de confianza); Sin embargo quedo debidamente acreditado en todo el proceso que al hoy demandante no se le imputo dichas causas, en virtud que se le cancelo por la causal de restructuración y se le cancelaron los derechos conforme a Ley, tal y como quedó demostrado en autos, por ende existe una aplicación errónea del artículo 2 del PCM en el caso que nos ocupa, en base a los antecedentes de la cancelación del hoy demandante, ya que al mismo NO se le despido sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por lo que solicito dicha sentencia sea casada por las razones antes expuestas”. XII.-Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión a razón de lo siguiente: a) en la formulación se indica como infringido… “Decreto Ejecutivo PCM 029-2016 por la aplicación errónea, sin embargo, en el desarrollo se alude al… aplicación errónea del artículo 2 del PCM…” sin indicar a cual PCM se riere el cual no ha sido señalado como infringido o relacionado en la formulación; b) no se demuestra a incidencia de la infracción en un resultado diferente al impugnando: y, c) insta en la explicación a la revisión de los e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. XIII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. XIV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) INADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Abogada VIVIAN MARIELY DÍAZ ELVIR, como Representante Procesal de el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, de que se hace mérito, en sus seis motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 08 de junio del 2023, 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha tres de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA413-23. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.