Sentencia CA-391-23 — Registro 18018
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones ,en el fallo recurrido declarar la procedencia de la acción se realizara el pronunciamiento de no ser conforme a derecho el acto impugnado y se anulara, en su caso, total o parcialmente el mismo de lo cual es omiso el fallo recurrido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que en fecha 16 de mayo del 2023, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA actuando en su condición de Representante Procesal del Señor JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA SEGUNDO: SE REVOCA la Sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022) dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. TERCERO: SE DECLARA PROCEDENTE LA DEMANDA CUARTO: Se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su cancelación o a otro de igual categoría y como de medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que se ejecute efectivamente el reintegro así como los demás derechos que debió percibir durante la sustanciación del proceso, como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, aumentos, bonos. QUINTO: Declara sin lugar la pretensión de ascenso al grado superior inmediato. SEXTO: SIN COSTAS…”. VII. Que revisado el fallo recurrido expuesto en el romano que antecede, el mismo incumple con el deber de congruencia, exhaustividad y claridad, a saber: 1) El artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, claramente establece que la resoluciones judiciales deben declarar la procedencia o improcedencia de la acción y, es el caso, que el fallo relacionado omite realizar un pronunciamiento al respecto se limita en su ordinal tercero a “DECLARA PROCEDENTE LA DEMANDA” careciendo de claridad y precisión al omitir establecer la procedencia o improcedencia de la acción. 2) El artículo 82 literal a) de la Ley de la Jurisdicción delo Contencioso Administrativo, consigna que, si la sentencia declarare la procedencia de la acción se realizara el pronunciamiento de no ser conforme a derecho el acto impugnado y se anulara, en su caso, total o parcialmente el mismo de lo cual es omiso el fallo recurrido. Siendo este pronunciamiento un requisito indispensable en los fallos judiciales, ya que significa la pretensión básica de la demanda promovida en su oportunidad se colige en consecuencia, la incongruencia del fallo impugnado. Es importante recordar, que las resoluciones judiciales contendrán, numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de las pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos. Las falencias antes relacionadas en cuanto a los requisitos formales internos del fallo impugnado determinan su nulidad. VIII. Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. IX. Que de conformidad al Artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, el …órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente”. XI. Con fundamento en el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad-Quem, resolver de forma prioritaria la nulidad de mérito, por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales en el plazo de 15 días a razón del principio antes referido, relacionado con lo dispuesto en el artículo 727 numeral 4) del mismo ordenamiento jurídico. XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil veinticuatro, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, ROY PINEDA CASTRO, como Coordinador, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, y ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, y, Recurrido: El señor JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA, representado en juicio por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal solicita la declaración de ilegalidad y de nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, entre ellas el reintegro al grado del cual fue ilegalmente cancelado, dada su antigüedad y duración del proceso judicial, al grado superior inmediato que tenga al momento de la ejecución de la sentencia y el pago de salarios dejados de percibir; costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que la relación con la Policía Nacional de Honduras y por consiguiente su ingreso al respectivo Régimen de Carrera de Servicio Policial dio inicio mediante Acuerdo E.M.H. No 143 mediante el cual se le asciende al grado de Sub-Teniente de La Policía Nacional de Honduras, a partir del 09 de diciembre de 1994; que mediante Decreto Legislativo No 21-2016 publicado en el diario Oficial La Gaceta del 08 de abril de 2016, se declaró situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el término de doce (12) meses; y que posteriormente, en una clara desviación de poder, el Presidente Constitucional de la República de Honduras emitió el Decreto Ejecutivo No PCM-029-2016, de fecha 11 de abril del 2016 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 12 de abril del 2016, mediante el cual regula de manera ilegal dos improcedentes escenarios, los cuales se puede dar por terminada una relación de servicio del personal o los miembros de la Policía Nacional en franca contravención a lo que dispone la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras; está en contra del artículo 188 de la Constitución de la República, Decreto Legislativo No. 21- 2016, así como el ilegal Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016, de fecha 11 de abril de 2016, se emitieron, sin seguir procedimiento alguno que garantizara los más mínimos derechos constitucionales e invocando una reestructuración, que es una finalidad y no un medio o causal de cancelación; manifestó que el acuerdo de cancelación que hoy impugna y que identifica como el Acuerdo de Cancelación No 0559-2017 del 19 de enero del 2017, el cual le notificaron en fecha 30 de marzo del 2017; que el referido acto administrativo fue ilegal y procedía sea declarado nulo por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, como órgano revisor de la actividad de la Administración Pública; expresó que le asistían los fundamentos de derecho de sus pretensiones como motivos de ilegalidad y nulidad los siguientes: Primer motivo: Que el Acuerdo de cancelación impugnado es un Acto administrativo que para ser emitido de manera valida, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, tuvo que haberse sujetado a la jerarquía normativa que ofrece el artículo 7 de la Ley General de La Administración Pública, en cuyo numeral 1 se encuentra la Constitución de la República, es decir, que el demandado debió pasar el filtro constitucional a su manera de actuar para entonces determinar que el acto de cancelación estaba siendo emitido de manera legal; y que dentro del aseguramiento o garantía del goce de la justicia, la misma constitución ofrece toda una gama de derechos en procura de dicho goce de justicia; que con la lectura del artículo 129 de la Constitución de la República, como primera norma que el demandado tuvo que aplicar a la hora de emitir el Acuerdo de cancelación que impugnado y no hizo, resaltan tres situaciones: 1) Que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contempla y garantiza la estabilidad de los servidores públicos en sus cargos; 2) Que es la Ley, y no un Decreto Ejecutivo o PCM como lo es el No. 029-2016, la que tiene que definir cuáles son las justas causas de separación o cancelación de todo trabajador o servidor público; y 3) Que es el Trabajador o Servidor Público, y no un Secretario de Estado como Autoridad Nominadora, quien tiene el derecho de elegir entre el pago de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir o su reintegro y pago de salarios dejados de percibir; pero para que éste derecho a la estabilidad laboral, tan celosamente garantizado no solo por la Constitución de la República sino también por sendos tratados internacionales en la materia suscritos por Honduras sea interrumpido o violentado, como por ejemplo el Convenio No. 158 de la OIT, es la Ley la que debe de ofrecer las causas por las cuales dicho derecho puede ser violentado o finalizado, pues es la Ley la que contempla el marco regulador o principio de legalidad mediante la cual los órganos de la Administración Pública despliegan su actividad. Que la Ley de la cual habla el artículo 129 de la Constitución es la Ley Orgánica de la Policía contenida en el Decreto 67-2008 del 12 de junio del 2008; y que lo que se atacaba mediante la demanda fue la ilegalidad de un acto administrativo materializado en el Acuerdo de Cancelación No. 0559- 2017 del 19 de enero del 2017, mediante el cual fue cancelado de su grado de la escala policial; acuerdo el cual de manera necesaria debía de expresar por cual de todos los seis motivos o causas contemplados en la Ley Orgánica de la Policía se le canceló de su puesto de servicio policial y el acuerdo no cita ninguno de esos motivos; que la causa que contempla el Acuerdo impugnado es la Reestructuración, causal que resulta curiosa ya que ni el Decreto 67-2008 que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional, ni el discutible Decreto Legislativo 021-2016 que contiene la declaración de emergencia por seguridad nacional o interés público el proceso de depuración policial, contempla "la reestructuración" como causal de separación de un servidor de la carrera policial y que la “reestructuración" como causal de cancelación no está contemplada en ninguna ley pues la reestructuración es un fin en sí mismo con el objeto de volver más eficaz y eficiente una labor atinente al Estado de Honduras y para llegar a ella se debieron de observar los motivos de cancelación y procedimientos contemplados en la Ley respectiva para luego reestructurar un órgano de la Administración Pública; por lo que el uso como causa de cancelación en el decreto ejecutivo PCM No 029-2016 violento el principio de Reserva de Ley contenido en el artículo 129 constitucional y que la causa por la cual se ha cancelado su nombramiento únicamente está contemplada en el decreto Ejecutivo PCM 029-2016, por lo que resulta innegable que éste decreto, al constituir un acto administrativo y no una ley, debió observar a la Constitución como norma de superior jerarquía antes de ser emitido; que resulta evidente que, por así disponerlo los artículos 34 e), 40 a) y b) ambos de la Ley de Procedimiento Administrativo y el 30 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Acuerdo de Cancelación por reestructuración que le ha dado fin a su relación de servicio, es nulo pues ha sido emitido con fundamento en el Decreto PCM-029-2016 el cual, como ya se ha mencionado, es contrario a derecho pues altera el espíritu de la Ley Orgánica de la Policía variando su alcance y sentido esencial, y por regular una materia, como lo es la terminación de la relación de servicio de la carrera policial, que por así disponerlo el artículo 129 de La Constitución de la República es una materia de exclusiva regulación del Congreso Nacional de la República a través de la emisión de una Ley; Segundo motivo: Que la Secretaria de Seguridad, antes de emitir el Acuerdo mediante el cual se le canceló necesaria e ineludiblemente debió de seguir el procedimiento legal establecido para garantizar que el elemento de forma no resultara perjudicado con la causa de nulidad establecida en el artículo 34 c) de la ley de procedimiento administrativo y 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al quebrantar formalidades esenciales; pero preguntó ¿Cuál es el procedimiento que la Secretaria de Seguridad o el Estado de Honduras debió de seguir para la emisión del Acuerdo de cancelación?, que el motivo o causa por la cual fue ilegalmente cancelado no tiene un asidero legal ni en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras ni en el Decreto Legislativo 021-2016, que ninguno de esos cuerpos legales contempla procedimiento alguno para adoptar una cancelación por reestructuración; destacó que en ambos cuerpos legales el único procedimiento que contemplan es el que se sigue para cancelar por despido a un miembro de la Carrera Policial a través del proceso de descargo, en caso de que la causa de la cancelación fuere el despido y en su caso no lo fue; que ese caso, el procedimiento de descargo no le era aplicable puesto que en ningún momento previo a la emisión del Acuerdo de cancelación No. 0559-2017 del 19 de enero del 2017, se le imputó falta administrativa alguna; y que, ante el silencio de ambas leyes referente a cuál es el procedimiento a seguir previo a una restructuración, lo legalmente correcto era la aplicación del artículo 7.5 de la Ley General de La Administración Pública, que regula la relación de servicio público entre la Administración y el Administrado, es decir, la ley de Servicio Civil, este último cuerpo legal contempla en sus artículos 53, 54 y 55; 187 al 193 de su Reglamento el procedimiento que se debe de seguir a la hora de cancelar por cesantía (mecanismo para lograr la reestructuración) a un servidor público y para tal efecto se debe de tomar en consideración el resultado de evaluaciones periódicas y los años de servicio, situaciones que no fueron consideradas por el Estado de Honduras antes de emitir el acto impugnado. Tercer motivo: Que el Acto Administrativo mediante el cual fue cancelado del puesto que había venido desempeñando es nulo puesto que es contrario a lo que al efecto señala el artículo 8.4 de la Ley General de La Administración Pública pues se emitió y ejecutó un Acuerdo de Cancelación restringiendo sus derechos constitucionales del debido proceso y de defensa consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; que en el presente caso de autos, el debido proceso al igual que el derecho de su defensa, se vio menoscabado pues no siguió ningún tipo de procedimiento establecido en la ley, y con la manera de actuar vició de nulidad el acto de cancelación. Cuarto motivo: Que no se discute la facultad de la Autoridad Nominadora de cancelar a un servidor de la carrera Policial, la causa que la Autoridad Nominadora utilice en cada caso, debe forzosamente apegarse al principio de legalidad, es decir, tener un fundamento legal valido para su invocación y que en su caso, la reestructuración no tiene un fundamento en una Ley, sino en un Decreto Ejecutivo que no tiene rango de Ley, y por lo tanto al utilizar una causal para cancelar su nombramiento que no está establecida en ninguna Ley, la Autoridad Nominadora ha actuado con exceso de poder pues resulta evidente que ha utilizado las facultades otorgadas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, para cancelarme con un motivo distinto a los ya fijados en dicha ley; y que en este último sentido el artículo 205.1 de la Constitución de la República señala que corresponde al Congreso Nacional de la República: 1) crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes..., en la misma línea de lo señalado, el artículo 206 de la Constitución de la República señala que las facultades del poder legislativo son indelegables...es decir es indelegable todas las facultades del Poder Legislativo contenidas en el artículo 205 constitucional, entre ellas claro esta es indelegable la facultad de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes...; por lo dicho, el Ejecutivo no tiene facultad alguna para regular mediante un decreto Ejecutivo una causa de separación en el servicio de la carrera policial, causas que de conformidad con los artículos 129 y 257 de La Constitución son una materia exclusiva del Congreso Nacional de La República a través de la emisión de una Ley, situación última que en el presente caso no ocurrió así. Finalmente destacó que lo que al efecto señala el artículo 7 del Decreto Legislativo 021-2016, que contempla la inconstitucional suspensión de los artículos 114, 127 al 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional lo cual también es a todas luces contrario a derechos constitucionales como Defensa y Debido Proceso; esa suspensión determinada por el legislativo debe de ser manejada bajo la óptica y en aplicación del artículo 320 constitucional que contiene el conocido principio de control difuso de la Constitución; por consiguiente, ante el evidente choque que se suscita entre el artículo 7 del Decreto 021-2016 que contiene lo que contempla la inconstitucional suspensión de dichos artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución, prevalece su derecho a un debido proceso y al de la defensa consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por lo cual se debe de inaplicar la inconstitucional suspensión de dichos artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional consagrada en el decreto 021-2016. Hizo mención que esta maniobra para proceder a depurar un órgano de la Administración Pública en contravención a derechos constitucionales y legales ya tuvo lugar en el año 2012 y al efecto se emitió otro Decreto Legislativo con similares características al 029-2016, es decir el 089-2012 y que existe vasta jurisprudencia en el sentido de inaplicar el contenido del decreto N° 089-2012 por las razones esgrimidas y citó como ejemplo la sentencia recaída en el expediente 405-12 J-2 emitida por ese mismo Juzgado de Letras; de igual manera citó como precedente la sentencia que ordenó el reintegro de miembros de la Policía Nacional cuando fungía como Secretario de Estado el señor Gautama Fonseca. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que el demandante consta en el expediente personal del demandante que ingresó a la Policía Nacional, el 09 de diciembre de 1994 y que mediante el Acuerdo E.M.H. No. 143 se le asciende al Grado de Sub Teniente de la Policía Nacional de Honduras y que mediante Decreto Legislativo No. 21-2016, se declaró situación de emergencia nacional e interés púbico al amparo de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional de conformidad a lo estipulado en el artículo 205 numeral 23 de la Constitución de la República que dispone en las atribuciones decretar la restricción o suspensión de derechos de conformidad con lo prescrito en la Constitución y ratificar, modificar o improbar la restricción o suspensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de acuerdo con la ley; en ese sentido dicho decreto es legal al tenor del artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública que establece: "Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1. Constitución de la República, 2. Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3. La presente Ley; 4. Leyes administrativas especiales; 5. Leyes especiales y generales vigentes en la República; 6. Reglamentos que emitan para la aplicación de las leyes; 7. Los demás reglamentos generales o especiales; 8. La jurisprudencia administrativa y 9. Los principios generales del derecho público”; expresó que el Congreso Nacional emitió el mencionado Decreto Legislativo No. 21-2016, que en su artículo 1 dispone: "Declarar situación de emergencia por seguridad nacional e interés público el proceso de depuración de la Policía Nacional por el termino de doce meses..."; que el referido Decreto goza de la legalidad establecida por la normativa jurídica y se encuentra relacionado con el Decreto Ejecutivo PCM- 029-2016, el cual faculta al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para que proceda a la restructuración, cancelando los acuerdos de los Miembros de la Carrera Policial conforme a los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Policía Nacional, así como de aquel miembro que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo No. 21-2016; reiteró que el Decreto PCM-029-2016, fue emitido al tenor del artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública y su reforma contenida en el Decreto 266-2013 de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadana Fortalecimiento de la Transparencia del Gobierno que establece: "El Presidente República, por Decreto en Consejo de Ministros, podrá emitir dentro de la Administración Pública Centralizada las normas requeridas para: 1)....2)..., 3)...,.4) Reorganizar aquellas dependencias que la eficiencia de la Administración demande;..."; por lo tanto, dicho Decreto fue emitido por autoridad competente, debidamente motivado, además surtió efecto al haber sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, al tenor de lo establecido en los artículos 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública, respetando todos los procedimientos previstos para la emisión del acto; por lo tanto no existe ninguna ilegalidad en el Acuerdo de Cancelación No. 0559-2017. Y que, en cuanto a los fundamentos de derecho alegados por el demandante, como motivos de nulidad los rechazó, ya que el demandante señaló que tanto el Decreto Legislativo No. 21-2016, como el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016 fueron emitidos sin seguir los procedimientos establecidos; y el acuerdo de cancelación que impugnó a su juicio ilegal y que pretende su nulidad basado en los artículos 30 párrafo segundo, 34 inciso e) con relación al 40 a) y b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, los cuales preceptúan situaciones de actos nulos emitidos por la Administración; sin embargo, el demandante únicamente citó dichos artículos, pero no expresó las razones por las cuales consideraba que el acto era nulo de conformidad con las normas citadas, por lo que rechazó dicho argumento en virtud que la Ley no necesita ser probada y siendo que el demandante solo hace una transcripción de ciertos artículos y que no se enfocan en dilucidar la cuestión controvertida. Asimismo expresó que la normativa constitucional y laboral argumentada por la parte demandante es de aplicación general para todos los trabajadores, no obstante, dicha normativa no puede interpretarse de manera antojadiza y aplicarse a cada caso concreto que se esté dilucidando en los tribunales, pues la cancelación del hoy demandante, se hizo en base al interés de la colectividad, la cual prevalece sobre el interés particular así como lo establece el artículo 62 de la Constitución de la República; y siendo que la Policía Nacional por disposición constitucional es la garante de la seguridad interior del país, el Presidente de la República en Consejo de Ministros y en uso de sus atribuciones emitió el mencionado Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, donde se autoriza al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para que proceda, a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, personal auxiliar y civil de la Policía Nacional, y dicha reestructuración es de orden técnico, administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional, quedando todos sujetos a una cancelación de la prestación de servicio, todo con estricto apego a la Constitución de la República y a las leyes vigentes en el país; pues dicho Decreto Ejecutivo, se emitió con las facultades establecidas en la Ley y su aplicación es vigente, pues no existe disposición legal en contrario, por ende la reestructuración es conforme a derecho y tiene rango de ley. En cuanto al segundo motivo de nulidad; señaló que la reestructuración únicamente se contempla en el Decreto Ejecutivo Número PCM-029-2016, en el artículo 1 párrafo segundo, que contempla: " Por ser la reestructuración causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad del personal o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio, cualquiera de los miembros del personal o de la Policía Nacional sujeto a este proceso, se le cancelaran los derechos que conforme a la legislación nacional aplicable le corresponda, salvo que el mismo este o se encuentre bajo investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de actos que constituyan un delito procediéndose en este caso conforme a lo que disponga la ley.", a lo que, el artículo solo hace la distinción de los casos que se encuentran en investigación; es decir, los que se presuma la comisión de una falta o delito, que pueda conllevar a un despido sin responsabilidad para el Estado, en el caso del demandante, su cancelación obedeció exclusivamente a la figura de la reestructuración, tal como lo establece expresamente el Acuerdo que impugnó; y que el demandante erróneamente, citó la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual no es aplicable a los miembros de la Carrera Policial, en virtud que claramente la Constitución de la República en el artículo 293 párrafo segundo dispone: "...La Policía Nacional se regirá por legislación especial", en ese sentido, dicha legislación especial es la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y sus reformas, por lo que cualquier argumento expresado por el demandante basado en otra Ley especial es infructuoso en ese sentido, no obstante en el presente caso, fue debidamente aplicado el Decreto Ejecutivo Número PCM-029-2016 que autorizaba la reestructuración, por lo que el acto fue emitido conforme a derecho. En cuanto al tercer motivo argumentó que en su caso no se trató de un despido por la comisión de una falta que amerite ser escuchado o requerido para proponer pruebas en su defensa o que sea juzgado por algún órgano competente, sino más bien una situación de emergencia por seguridad nacional e interés público declarada en legal y debida forma por el Presidente de la República en Consejo de Ministros mediante Decreto Ejecutivo PCM-029-2016, donde se autorizaba al Secretario de Ex Despacho de Seguridad para poner en práctica una reestructuración de los miembros de la Policía Nacional, en ese sentido alegó que la demandada no restringió derechos constitucionales como pretende hacer valer el demandante, en virtud que el Decreto le otorga una indemnización tal como lo establece el artículo 129 de la Constitución de la Republica; mencionó además que el principio de estabilidad laboral que establece la Constitución de la República es relativo, no absoluto y la terminación de la relación laboral no vulnera dicho principio por la vía del despido justificado, sin responsabilidad indemnizatoria para el empleador y como en este caso por la aplicación de la medida administrativa, financiera o técnica que es legal que permite la terminación de la relación de servicio por una causa ajena al empleado, por lo que la Ley ordena el pago de la respectiva indemnización como compensación y respeto a dicho principio. En cuanto a lo referente al motivo cuatro de nulidad el Acuerdo No. 0559-2017 del 19 de enero del 2017 es el que al efecto contempla el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; que el contenido del artículo 248 de la Constitución de la República, que establece: "Los decretos del Presidente de la República, deberán ser autorizados por los Secretarios de Estado en sus respectivos ramos, sin estos requisitos no tendrán fuerza legal"; que el Decreto Ejecutivo No. PCM-029-2016, desde todo punto de vista tiene rango de Ley, en virtud que ese fue emitido cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma citada, emitido por el Presidente de la República y autorizado por el Secretario de Estado en la respectiva rama. Finalmente mencionó que la inconstitucionalidad debe ser declarada por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, lo que no ha sucedido en el caso, pues no se acompaña ningún fallo emitido por dicho ente judicial, y que si bien existe un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional mediante sentencia de fecha 28 de febrero del 2013, el mismo fue por el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra el Decreto No. 89-2012 que contenía la Ley Especial para la Depuración Policial, siendo el fallo de la siguiente manera: "Declarando NO HA LUGAR los recursos de inconstitucionalidad Números 499-2012 y 503-2012 incoados contra la Ley Especial de Depuración Policial contenida en el Decreto Legislativo No. 89-2012...", por lo que, dicho fallo no sólo declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad, sino que el mismo iba dirigido al Decreto Legislativo No. 89-2012, que tuvo su momento de vigencia y que no tenía relación alguna con el caso concreto del demandante. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de junio del 2022, dicto sentencia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE RESOLUTIVA. PRIMERO (1): DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por el Señor, JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número 0559- 2017 de fecha diecinueve (19) de enero del 2017, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. - SEGUNDO (2): Contra el presente fallo procede el Recurso de Apelación, el que deberá interponerse ante este Tribunal, con su expresión de agravios, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. TERCERO (3): Se ordena que en caso de no habérsele cancelado los derechos que le corresponde y que son ordenandos en el decreto Legislativo 021-2016, le sean cancelados los mismos…”, sin costas; bajo el criterio que, del estudio y análisis en su conjunto, de la pieza de mérito, del expediente administrativo, así como de las pruebas aportadas a juicio, esta claro y consta el Acuerdo de cancelación No. 0559-2017, de fecha diecinueve (19) de enero del dos mil diecisiete, mediante el cual se acuerda cancelar por restructuración de la Policía Nacional, el Acuerdo de Nombramiento del Sub Comisionado de Policía JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA; así como la notificación de dicho acuerdo de cancelación, realizada en fecha treinta (30) de marzo del dos mil diecisiete; y el oficio SEDS-SG-0654-2017 de fecha veintitrés (23) de enero del 2017, que contiene la trascripción del Acuerdo de Cancelación N°0559-2017; bien, dentro de los alegatos que hace la parte demandante destaca el hecho de que en una clara desviación de poder, el Presidente Constitucional emitió el Decreto Ejecutivo PCM-029-206, mediante el cual regula de manera ilegal dos improcedentes escenarios mediante los cuales se puede dar por terminada una relación de servicio del personal o miembro de la Policía Nacional, en franca contravención a lo que dispone la Constitución de la Republica y la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto este, que resulta ser el asidero legal que da lugar a la cancelación y mismo que dio origen a la Depuración Policial, mediante el cual el Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales, declaro "Situación de Emergencia Por Seguridad Nacional e Interés Público", el proceso de depuración de la Policial Nacional por el Termino de doce meses (la cual fue ampliada al 20 de enero del 2018, mediante Decreto Legislativo 2-2017, de fecha 22 febrero del 2017 y posteriormente ampliado del 21 de enero del 2018 al 21 de enero del 2019, según Decreto Legislativo 136-2017) autorizando al Poder Ejecutivo para que, mediante el Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, procediera a cancelar la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía, con la salvedad de pagar los derechos que conforme a la ley le corresponde (artículo 2 decreto 021-16), para lo cual se nombró una comisión especial, siendo esta, la encargada de determinar para cada caso, la idoneidad, confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad de cada miembro de la Policía, así como de los mecanismos de suspensión y seguimiento, dejando dicho decreto en suspenso el artículo 114 del capítulo V y artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del capítulo VI, contentivos de las Causales de Despido y Procedimiento a seguirse para el mismo, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, de igual forma deja en suspenso lo establecido en la Ley de Servicio Civil, decreto 126 y sus reformas, lo anterior en apego a la facultad Constitucional del Congreso Nacional, consignada en el artículo 205 numeral 23 de la Constitución de la Republica, razón por la cual el Congreso Nacional, en uso de sus facultades constitucionales, autoriza en forma expresa al Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad a: 1) La cancelación de los miembros de la Policía Nacional, con reconocimiento de sus derechos, 2) se nombre una comisión especial con amplias facultades para determinar las condiciones y mecanismos, para determinar la cancelación de los miembros de la Policía Nacional, y 3) se suspenden los artículos de la Ley Orgánica de la Policía nacional de Honduras y la Ley de Servicio Civil. Que el artículo 2 del decreto 021-2016, autoriza al Poder Ejecutivo para que cancele la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía Nacional, en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración, es así como a través de la facultad constitucional del Presidente de la República, establecida en el artículo 245 numeral 11 de la Constitución de la República y teniendo a cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada (artículo 11 de la Ley General de la Administración pública) emite el decreto ejecutivo PCM-029-2016 de fecha 12 de abril del 2016, en el cual en Consejo de Ministros, conforme al artículo 22 numeral 3 de la Ley General de la Administración Pública, procede a ordenar la restructuración, es decir la modificación de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, cancelando al personal auxiliar y civil de la Policía Nacional conforme a requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiere la Institución, debiéndose cancelar los derechos que les correspondan conforme a la Ley, como así se establece en el acuerdo de cancelación hoy Impugnado, con excepción de los que se encuentren bajo investigación (es decir aquellos que hubieren cometido una falta, lo cual no es el caso de autos). Que el decreto LEGISLATIVO 021-2016 de fecha 07 de abril del 2016, publicado en el Diario oficial la Gaceta en fecha 08 de abril del 2016, autoriza la cancelación de la relación laboral con cualquiera de los miembros de la Policía nacional, en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración, siendo una de estas decisiones conforme al decreto ejecutivo 029-2016, precisamente la reestructuración de orden técnico administrativo, ajeno a la voluntad del personal o miembro de la policía nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación de servicio; aprobando la comisión especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, en fecha dieciocho (18) de enero del dos mil diecisiete, en el punto 4 del acta número 76, en el cual en seguimiento al proceso de análisis de oficiales de diversos grados que estaban pendientes de evaluación, se resolvió instar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad a cancelar por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional aprobada por la Comisión Especial, al Sub Comisionado de la Policía Javier Francisco Leiva Gamoneda, lo cual representa una separación de un miembro de la Policía Nacional, conforme al decreto legislativo 021-2016 y decreto ejecutivo PCM-029-2016, debiéndosele pagar los derechos que conforme a Ley le correspondan. Que si bien es cierto el artículo 129 Constitucional, garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, no es menos cierto que ningún Derecho es absoluto, estableciendo el artículo 62 constitucional, que el bien común debe prevalecer sobre el bien particular, en el presente caso la seguridad de todos los ciudadanos, debe prevalecer al derecho a la estabilidad del demandante, en vista de ser la Depuración Policial una situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, al ser la relación legal de los miembros de la policía nacional de confianza, en virtud de otorgar en nombre del Estado, el uso de la fuerza para el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. Que la norma establecida en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del cual Honduras es parte, establece "en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañe discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social; estableciendo además el artículo 30 de la misma convención "las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en las mismas, no pueden ser aplicadas, sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés General y con el propósito para el cual han sido establecidas"; en el presente caso, el derecho personal restringido es el derecho a la estabilidad laboral, el cual como ya se hizo relación en el fundamento anterior, fue limitado en virtud de seguridad nacional e interés público y cuya limitación es por tiempo limitado, en aplicación al decreto legislativo 021-2016. Que la cancelación del hoy demandante se realizó por mandato de una Ley del Congreso Nacional, que faculta al poder Ejecutivo a través de sus órganos, para realizar un mandato, en este caso la depuración Policial, tomando en cuenta las evaluaciones e informe recibidos por diversas instituciones del Estado, debidamente valorados, conforme a la certificación del punto 1 y 2 de acta número 13 de la sesión celebrada en fecha 18 de mayo del 2016, que determino la cancelación del hoy demandante en razón de la nueva estructura organizacional de la policía nacional y no por la comisión de una falta, debiéndosele cancelar todos los derechos que conforme a la Ley le correspondan, los cuales se cancelaran conforme a Ley. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 16 de mayo del 2023, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA actuando en su condición de Representante Procesal del Señor JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA SEGUNDO: SE REVOCA la Sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022) dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. TERCERO: SE DECLARA PROCEDENTE LA DEMANDA CUARTO: Se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su cancelación o a otro de igual categoría y como de medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que se ejecute efectivamente el reintegro así como los demás derechos que debió percibir durante la sustanciación del proceso, como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, aumentos, bonos. QUINTO: Declara sin lugar la pretensión de ascenso al grado superior inmediato. SEXTO: SIN COSTAS…”; bajo el criterio que, de lo anterior se desprende que el artículo 2 en su párrafo primero del PCM 29-2016 violenta lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 21-2016, el cual, sin consideración al régimen de cancelación del personal de la Policía, aun ya sea por motivo de la pérdida de confianza o de falta de idoneidad garantiza a los miembros de la Policía Nacional el derecho de ser escuchados en una audiencia de descargo, en aras de salvaguardar el Derecho de Defensa; que se ha establecido no solamente el deber tanto de la Comisión Especial de Depuración de determinar qué miembros de la Policía Nacional no deben ser parte de la institución por razones de falta de idoneidad para el cargo o por pérdida de confianza, lo que solamente puede darse a través de un dictamen que no fue acreditado en juicio, así como tampoco el hecho que la comisión especial informara a la Presidencia de la República periódicamente sobre los resultados de la restructuración y alcances de la depuración especial, tal y como lo establece el artículo 3 del PCM 29-2016 través de un proceso de evaluación continua que permitan consolidar los supuestos objetivos fijados por el gobierno en un ordenamiento jurídico que sustente la aplicación u objetivo de dicha figura a través de un dictamen técnico que le respalde. Tampoco se acreditó lo que establece el considerando 5 del acuerdo de cancelación para el proceso de depuración y transformación de la policía nacional, como es el hecho de que la misma se hizo en base a informes y recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y otros informes de países amigos, criterios de expertos nacionales e internacionales etc.; que aunque no forman parte del ordenamiento jurídico, cada miembro de la policía tiene la obligación de conocerlos y ejercer su derecho a defensa; siendo aún más importante acreditar mediante dictamen, ¿cuál fue el procedimiento realizado para llegar a la convicción en la que consideran la falta de idoneidad para el ejercicio de su función como por la pérdida de confianza? cumpliendo con el requisito imperativo establecido en el artículo 2 de dicho PCM. Así como el derecho de audiencia de descargo que debe otorgársele a cada miembro de la Policía Nacional sujeto a dicho régimen de depuración; aspectos que fueron obviados en el Decreto Ejecutivo PCM 029-2016, basado en el Decreto Legislativo 21-2016, ocasionando una restricción y limitación de derechos, ya que un PCM no puede ser contrario o ir más allá de lo establecido en el Decreto legislativo. Este Tribunal haciendo uso del Principio del Iura Novit Curia mismo que reconoce la facultad que tienen los tribunales para encontrar el derecho aplicable a la solución del caso, determina que al aplicarse por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad un decreto ejecutivo que no recoge el derecho de ser oído en audiencia de descargo contemplado en los artículos 5 y 7 del Decreto Legislativo 21-2006 y aplicando únicamente lo que dispone el Decreto Ejecutivo PCM- 029-2016, el cual como ya se ha establecido se encuentra en colisión con aquel Decreto Legislativo, hace que el acto administrativo de cancelación por reestructuración del señor JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA, sea contrario a Derecho, ya que se ha prescindido del procedimiento legal aplicable (al no existir un dictamen que justifique el motivo de separación invocado contra el miembro de la Policía Nacional y la respectiva audiencia de descargo), y en cual debía por disposición del artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo señalarse los hechos y fundamento de derecho pertinente. En vista que en el presente caso cuyo análisis es la legalidad o no del acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación por restructuración, este Tribunal observa que no han sido acreditados ni al momento de la emisión del acto impugnado, ni durante la secuela del juicio, los elementos indispensables como ser dictámenes ni tampoco el proceso llevado a cabo para considerar la falta de idoneidad, pérdida de confianza, provocando con ello que el acto sea nulo al no cumplir los requisitos que contiene tanto el decreto legislativo como el PCM 29-2016. Esta Corte de Apelaciones reconoce el derecho de la Administración Pública a reestructurarse según los objetivos que se trace el titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio legítimo del poder, pero respetando los parámetros constitucionales y legales que existan previamente a fin de que su actuar respete el principio de legalidad, evitando caer en decisiones arbitrarias, que no son propias de un Estado de Derecho. Que lo relacionado con la pretensión de ascenso al grado superior inmediato, este tribunal ha dejado establecido que la Secretaria de Seguridad tiene requisitos imperativos que se deben cumplir a lo interno de la Secretaria de Estado cuya impugnación ya obedece a otro tipo de procedimiento, por ende, se declara sin lugar. Este tribunal hecho el análisis respectivo REVOCA la sentencia recurrida de fecha 24 de junio del 2022. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, en fecha 21 de junio del 2023, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 16 de mayo del 2023, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación No.208-2022, dimanantes de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.00217-2017 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 22 de junio del 2023, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA, presentó en fecha 07 de agosto del 2023, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 10 de agosto del 2023, los Abogados: ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES; y ROMÁN PINEDA MENDOZA. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 30 de octubre del 2023, teniendo por personados a los Abogados: ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, como recurrente, y ROMÁN PINEDA MENDOZA, como recurrido; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que en fecha 16 de mayo del 2023, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA actuando en su condición de Representante Procesal del Señor JAVIER FRANCISCO LEIVA GAMONEDA SEGUNDO: SE REVOCA la Sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022) dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. TERCERO: SE DECLARA PROCEDENTE LA DEMANDA CUARTO: Se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro al cargo que ocupaba al momento de su cancelación o a otro de igual categoría y como de medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que se ejecute efectivamente el reintegro así como los demás derechos que debió percibir durante la sustanciación del proceso, como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, aumentos, bonos. QUINTO: Declara sin lugar la pretensión de ascenso al grado superior inmediato. SEXTO: SIN COSTAS…”. VII. Que revisado el fallo recurrido expuesto en el romano que antecede, el mismo incumple con el deber de congruencia, exhaustividad y claridad, a saber: 1) El artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, claramente establece que la resoluciones judiciales deben declarar la procedencia o improcedencia de la acción y, es el caso, que el fallo relacionado omite realizar un pronunciamiento al respecto se limita en su ordinal tercero a “DECLARA PROCEDENTE LA DEMANDA” careciendo de claridad y precisión al omitir establecer la procedencia o improcedencia de la acción. 2) El artículo 82 literal a) de la Ley de la Jurisdicción delo Contencioso Administrativo, consigna que, si la sentencia declarare la procedencia de la acción se realizara el pronunciamiento de no ser conforme a derecho el acto impugnado y se anulara, en su caso, total o parcialmente el mismo de lo cual es omiso el fallo recurrido. Siendo este pronunciamiento un requisito indispensable en los fallos judiciales, ya que significa la pretensión básica de la demanda promovida en su oportunidad se colige en consecuencia, la incongruencia del fallo impugnado. Es importante recordar, que las resoluciones judiciales contendrán, numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o alguna de las pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos. Las falencias antes relacionadas en cuanto a los requisitos formales internos del fallo impugnado determinan su nulidad. VIII. Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. IX. Que de conformidad al Artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, el …órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente”. XI. Con fundamento en el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad-Quem, resolver de forma prioritaria la nulidad de mérito, por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales en el plazo de 15 días a razón del principio antes referido, relacionado con lo dispuesto en el artículo 727 numeral 4) del mismo ordenamiento jurídico. XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 1 numeral 1) y 4) 22, 193, 197, 199, 200 numeral 2) letra d), 206 numeral 1), 208 numeral 1), 214 numeral 2) y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, 81, 82 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 ml 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 16 de mayo del 2023, visible a folios 9 al 27 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de enero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA391-23. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.