Sentencia CA-265-23 — Registro 18409
Resumen
En primer instancia se declara inadmisible la demanda promovida por la Sociedad Mercantil Proteína Animal, contra la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa; por haber sido presentada fuera de los plazos respectivos se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
”. V.- Debido a que las causales de inadmisión de ambos motivos de casación se encuentran en igualdad de condiciones, se procede a hacer un solo pronunciamiento para la inadmisión de ambos motivos de casación la cual se explica de la siguiente forma: Ambos motivos carecen de preceptos autorizantes que permitan a este Alto Tribunal entrar a conocer la explicación y desarrollo de cada uno de los motivos. Lo anterior, debido a que es el precepto autorizante el que indicará el tipo de resolución que se debe emitir por parte de esta Sala. Dicho en otras palabras, el precepto autorizante es el precepto legal que contiene el propósito por el cual el Censor ha interpuesto su recurso de casación. Por lo anterior, dicha falencia no puede ser suplida de oficio. No obstante, y con el propósito de que la presente resolución surta, al menos, un efecto didáctico, se procede a hacer la observación que los preceptos autorizantes se encuentran taxativamente señalados en los Artículos 719 y 720.2 de la normativa procesal civil, la cual, conforme al Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es de aplicación supletoria para este tipo de recurso. El Artículo 720.2 es utilizado en forma relacionada y condicionada con el Artículo 719.1 literal C. Por medio de estos preceptos autorizantes el Tribunal de Casación procede a conocer si la resolución que pretende el Recurrente será una que se circunscribe a las formalidades y garantías procesales del juicio o si, por el contrario, el fallo de casación se circunscribirá a pronunciarse respecto de los preceptos legales utilizados para resolver el fondo del asunto. Con base a lo expuesto, se reitera, que, ante la falencia del señalamiento del precepto autorizante, no es posible la admisión de dichos motivos de casación. VI.- El Artículo 701.1 del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721.2 del cuerpo legal mencionado. Derivando en la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723.2 literal A y 724 del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704, 721 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
”. V.- Debido a que las causales de inadmisión de ambos motivos de casación se encuentran en igualdad de condiciones, se procede a hacer un solo pronunciamiento para la inadmisión de ambos motivos de casación la cual se explica de la siguiente forma: Ambos motivos carecen de preceptos autorizantes que permitan a este Alto Tribunal entrar a conocer la explicación y desarrollo de cada uno de los motivos. Lo anterior, debido a que es el precepto autorizante el que indicará el tipo de resolución que se debe emitir por parte de esta Sala. Dicho en otras palabras, el precepto autorizante es el precepto legal que contiene el propósito por el cual el Censor ha interpuesto su recurso de casación. Por lo anterior, dicha falencia no puede ser suplida de oficio. No obstante, y con el propósito de que la presente resolución surta, al menos, un efecto didáctico, se procede a hacer la observación que los preceptos autorizantes se encuentran taxativamente señalados en los Artículos 719 y 720.2 de la normativa procesal civil, la cual, conforme al Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es de aplicación supletoria para este tipo de recurso. El Artículo 720.2 es utilizado en forma relacionada y condicionada con el Artículo 719.1 literal C. Por medio de estos preceptos autorizantes el Tribunal de Casación procede a conocer si la resolución que pretende el Recurrente será una que se circunscribe a las formalidades y garantías procesales del juicio o si, por el contrario, el fallo de casación se circunscribirá a pronunciarse respecto de los preceptos legales utilizados para resolver el fondo del asunto. Con base a lo expuesto, se reitera, que, ante la falencia del señalamiento del precepto autorizante, no es posible la admisión de dichos motivos de casación. VI.- El Artículo 701.1 del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721.2 del cuerpo legal mencionado. Derivando en la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723.2 literal A y 724 del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704, 721 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un día del mes de febrero de dos mil veinticuatro, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados ROY PINEDA CASTRO, como Coordinador; ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO; y ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN. SON PARTES: Recurrente: la Sociedad Mercantil denominada PROTEINA ANIMAL CENTROAMERICANA S. DE R.L., representada en juicio por la Abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda para la impugnación parcial de un acto general consistente en plan de arbitrios de la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, correspondiente al año dos mil veinte, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la Abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada PROTEINA ANIMAL CENTROAMERICANA S. DE R.L., contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que en fecha treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, del Departamento de Cortés, emitió Plan de Arbitrios, en el cual se pretende obligar a los contribuyentes del municipio, y particularmente a la sociedad demandante a pagar una improcedente Tasa de Impacto Ambiental así como una improcedente tasa por permiso de operación, y también una improcedente Tasa Social determinada unilateral y arbitrariamente por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Yojoa, inobservando la esencia de la conceptualización de una Tasa, e irrespetando el principio de legalidad que debe de prevalecer en el Sistema Tributario contenido en nuestra Carta Magna, de tal forma que la demandante está sufriendo el cobro desmesurado en concepto de: (1) Tasa de Impacto Ambiental, (2) Tasa por Permiso de Operación y (3) Tasa Social; consignadas estas según el Plan de Arbitrios ahora recurrido, en su artículo 222, 229, numeral 61, correspondientes al permiso de operación, numeral 67 correspondiente a la Tasa Social y el numeral 68 que corresponde a la Tasa Ambiental. La Tasa de impacto ambiental, según el plan de arbitrios, es el cobro que se hace por daños al medio ambiente y se establece una tasa fija para rangos por volumen de venta declarados, dicha tasa se cobrará a partir de la fecha a todo tipo de negocio que exista en el municipio, sin incluir las empresas que se dedican a la extracción y explotación de recursos naturales que es el 2%. La tasa de permiso de operación, la paga todo negocio incluyendo a la demandante, el monto de dicha Tasa es de acuerdo a los ingresos, ingresos que ya han sido tasados para el cálculo y pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicios. La Tasa Social, se refiere al 15% anual que se paga sobre el valor del impuesto de bienes inmuebles, mismo que se destinará al fortalecimiento del sistema de educación, salud y seguridad ciudadana. El Decreto Número 134-90, contentivo de la Ley de Municipalidades establece en su artículo número 74 que compete a las Municipalidades la creación de tasas por servicios y los montos por contribución por mejoras, no pudiendo en forma alguna crear o modificar impuestos. El artículo 84 de la misma Ley dispone que las Municipalidades quedan facultadas para establecer tasas por: 1) La prestación de servicios municipales directos e indirectos; 2) La utilización de bienes municipales o ejidales; y, 3) Los servicios administrativos que afecten o beneficien al habitante del término municipal. Consignando además que, cada Plan de Arbitrios establecerá las tasas y demás pormenores de su cobro con base a los costos reales en que incurra cada Municipalidad y únicamente se podrá cobrar a quien reciba el servicio. El artículo 146 del Reglamento de la Ley de Municipalidades preceptúa: “El cobro por concepto de tasas por parte de las Municipalidades se origina por la prestación efectiva de servicios públicos municipales al contribuyente o usuario". De igual manera, el artículo 151 del mismo Reglamento establece los conceptos por los cuales las Municipalidades pueden establecer tasas, siendo estos: “Las Municipalidades quedan facultadas para establecer las tasas por: a) Los Servicios Municipales prestados directa e indirectamente por la Municipalidad e indirectamente por particulares debidamente autorizados por la municipalidad. b) La utilización de bienes municipales o ejidales. c) Los Servicios administrativos que afectan o benefician al habitante del término municipal". Estos apartados contenidos en la Ley y su Reglamento son congruentes con las definiciones doctrinales de una Tasa, las cuales establecen que ésta se paga con referencia a un servicio público proporcionado, vale decir, en retribución de un beneficio concreto; desde el punto de vista de la cuantía global de la tasa, ésta no puede superar más allá de un límite razonable al costo del servicio, el establecer cuantías que no guarden esa proporcionalidad y al utilizar la figura de la tasa como medio para recaudar mayores ingresos, se torna antijurídico, volviéndose tácitamente las Municipalidades legisladores al crear un tributo revestido con las características de un impuesto, más no de una Tasa. A fin de sustentar aún más el concepto de Tasa, en el reglamento de la Ley de Municipalidades, en el Articulo 75, se define Tasa, como el pago que hace a la Municipalidad el usuario de un servicio público local y el cual ha sido aprobado en el respectivo plan de arbitrios, de conformidad con el Artículo 84 de la Ley. El párrafo ultimo del Articulo 84 de la Ley, establece que cada plan de arbitrios establecerá las tasas y demás pormenores de su cobro con base en los costos reales en que incurra la Municipalidad y únicamente se podrá cobrar a quien reciba el servicio. En consideración a lo antes expuesto, el plan de arbitrios que ahora se impugna, violenta el ordenamiento jurídico vigente y contraviene la Constitución de la República en el sentido de que la Municipalidad recurrida ha pretendido legislar, mediante la aprobación de un acto de carácter general, como lo es el Plan de Arbitrios, obligando a pagar a sus contribuyentes cantidades excesivas sin proporcionar las prestaciones efectivas de servicios públicos locales alguno, condición que vulnera de facto los derechos de la demandante. Nos proponemos demostrar, no solamente mediante la expresión mecánica de las normas constitucionales y legales que han sido vulneradas, sino, también, mediante la correcta argumentación jurídica y fundamentación doctrinal al respecto, ya que los tributos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estrados o, a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. 2. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de abril del dos mil veintiuno, dictó resolución de la manera siguiente: “RESUELVE: 1) Declarar INADMISIBLE la demanda promovida por la Abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS, de generales ya indicadas en los antecedentes de hecho de este auto, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; por haber sido presentada fuera de los plazos respectivos, en consecuencia ordena el archivo de las presentes diligencias y la devolución de los documentos acompañados a la misma previa constancia de lo actuado…”. Bajo el criterio que el Código Procesal Civil en su artículo 32 manifiesta que el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tiene también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare, salvo disposición legal en otro sentido, por lo que este Juzgado cuenta con la competencia funcional para resolver lo aquí planteado. La Constitución de la Republica en su artículo 90 garantiza a las partes involucradas en un proceso judicial, que este se desarrolle con respeto irrestricto de los derechos procesales establecidos en dicha Carta Magna y en las leyes ordinarias. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil bajo el cual se rige el procedimiento que nos ocupa, impone la observación ineludible de los Principios de Derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales (Derecho de Defensa), Debido Proceso, Contradicción e igualdad; con los cuales se garantiza que toda persona demandada, tendrá derecho de no ser vencida en juicio sin antes ser oída, en igualdad de condiciones con su oponente. El Escrito presentado par la Abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS, no llena los requisitos que exige la ley para todo acto procesal; esto debido a que el compareciente en dicho escrito manifiesta que el Plan de Arbitrios del año 2020 fue publicado en la tabla de aviso el día 31 de diciembre del año 2019, tal como indica el Secretario Municipal de Santa Cruz de Yojoa, en la certificación de fecha 06 de octubre de 2020 y el escrito de demanda fue presentado en fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, y siendo que la Ley de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, manifiesta en su "artículo 52 que el Juzgado para declarar inadmisible la demanda cuando conste cualesquiera de las siguientes causas: c) que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda" por lo que después de realizar una operación aritmética, es que se puede observar que el plazo para la presentación de la demanda venció en fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, y dicha demanda fue presentada en fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, la cual se encuentra fuera de tiempo, razón por la cual es procedente declararla inadmisible. 3. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS en su condición de apoderado procesal de la Sociedad Mercantil Proteína Animal Centroamericana S. DE R.L. SEGUNDO: CONFIRMAR EL AUTO DE INADMISION de fecha seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021), emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortes de la demanda promovida por la Sociedad Mercantil Proteína Animal Centroamericana S. DE R.L. contra el Estado de Honduras a través de la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa Departamento de Cortes que obra del folio ciento veintiocho ( 128) al ciento veintinueve vuelto ( 129 v) de la pieza primera de autos con orden de ingreso Número 0801-2020-00047 por estar ajustado a derecho...SIN COSTAS”. Bajo el criterio que ante los agravios expuestos este Tribunal ha tenido a la vista las diligencias y se observa que la demanda se dirige a impugnar parcialmente un acto administrativo de carácter general consistente en el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa departamento de Cortes, y de conformidad con la Ley de Municipalidades y su Reglamento estos planes de arbitrios deben ser publicados en el Diario Oficial la Gaceta o bien en lugares donde la población pueda tener conocimiento de su contenido y de los autos se desprende que la publicación de dicho plan de arbitrios se efectuo por medio de la tabla de avisos instalada en diversos puntos de las oficinas municipales el día 31 de diciembre de 2019, en ese sentido de conformidad con el artículo 48 letra b) de la Ley de la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo que a la letra señala que cuando no proceda la notificación personal, es la publicación el acto que realiza o sirve para comunicar o notificar el acto para comunicar o notificar el acto impugnado y en el caso de autos esa publicación que surte efectos de la notificación fue efectuada en fecha 31 de diciembre de 2019, en ese sentido siempre al tenor de lo que establece el mismo artículo 48 que establece que contra los actos de carácter general como en el presente caso la demandante cuenta únicamente con 30 días hábiles para presentar la demanda, en ese sentido y constando en autos mediante la certificación extendida por el Secretario Municipal se comprueba que dicha notificación fue efectuada en fecha 31 de diciembre de 2019 y al haber presentado la demanda en fecha trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020) se observa que evidentemente la impugnación del referido Plan de Arbitrios se encuentra fuera del plazo de 30 días que la ley otorga por consiguiente es procedente confirmar el auto de fecha seis de abril de dos mil veintiuno dictado por el Juzgado A-quo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés ya que de un simple computo se evidencia que la demanda se presentó fuera de los plazos respectivos. 4. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS, en fecha veintiuno de abril del dos mil veintitrés, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación No.038-2021, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 48-2020 con número correlativo 040-2020 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación; señalándose ala apoderado recurrente el término de cinco días hábiles para que se persone ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, para seguir el trámite respectivo, donde se remitirán las presentes diligencias dentro de los tres días siguientes de la última notificación de la presente providencia; apareciendo notificada de dicha resolución en fecha doce de mayo del dos mil veintitrés, la Abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS. 5. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha tres de agosto del dos mil veintitrés, teniendo por personada a la Abogada DENIA GERALDINA ESCALON POSADAS, como recurrente, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Teniendo en consideración que el fin y competencia funcional de esta Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo respecto del recurso extraordinario de casación, es provocar un examen de la labor de interpretación y aplicación de las normas jurídicas materiales, así como la observancia de la jurisprudencia efectuada en las sentencias dictadas por los tribunales en grado de apelación. Constituyendo con ello, la tutela de la Ley y la unificación de la jurisprudencia en la interpretación del Derecho laboral y contencioso administrativo del Estado. II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. III.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto por la Abogada Denia Geraldina Escalón Posadas en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada Proteína Animal Centroamericana S. de R.L., un recurso de casación contra una resolución definitiva, dictada en segunda instancia en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). El precitado escrito de casación se fundamenta en lo siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: Violación del debido proceso, falta de aplicación de la tutela judicial efectiva. Violación al derecho a la defensa. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. 245 numeral 2 y 705 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: La falta de una sentencia clara, precisa, exhaustiva y congruente, viola el derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho se encuentra caracterizado por ser un sistema de garantías para las partes intervinientes en el proceso, que permitan, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, a ser oído, proponer y practicar la prueba y consecuentemente a obtener una sentencia fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en lo Jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento. De tal forma que la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones que ahora se impugna, quebranta el debido proceso e inaplica la tutela judicial efectiva, ya que no es exhaustiva en cuanto al rechazo de la pretensión, no ofrece en sus fundamentos de derecho los motivos o causales por los cuales profiere el fallo en contra, y se limita a interpretar el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su apartado séptimo (7) y en su fundamento octavo (8) incluso donde en este último se deja ver entre líneas que tanto el A-quo como el Ad-quem no se valoraron la prueba aportada que es el documento que se presentó como material probatorio, aun y cuando consta en el expediente judicial y además obra en los archivos del propio Tribunal. Esa falta de valoración contraviene el articulo 245 numeral 2 del Código Procesal Civil que indica "La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución." De tal forma que se observa que la Corte sentenciadora no valoró de manera precisa y razonada la prueba documental sobrevenida en el caso. Además se ha aplicado y se ha interpretado incorrectamente la aplicación de la norma jurídica adjetiva contenida en el Artículo 705 del Código Procesal Civil, pues el Tribunal Ad Quem, en lugar de apegarse a lo preceptuado por dicha normativa en el sentido de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen las actos y garantías del proceso así como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por dicho Tribunal, y proceder a efectuar la revisión tanto de los hechos dados comprobados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba, el Ad Quem NO VALORO la prueba aportada consistente en el auto de fecha 04 de abril del año 2017, emitido por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, providencia que hace propia la interpretación de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el sentido que, para la presentación de demandas contencioso administrativas que impugnen un plan de arbitrios no existe un término perentorio, puesto que, este tipo de normativa municipal, puede ser impugnada en cualquier momento mientras se encuentre vigente, de haberlo efectuado hubiera dado lugar a la admisión de la demanda, dejando así en completa indefensión a nuestra representada.” IV.- En un segundo motivo de casación la Recurrente arguye: Errónea interpretación de la norma procesal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 28 párrafo final, 30 párrafo primero, 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal de Alzada erróneamente interpreta el artículo 48 literal b) de la Ley de la Jurisdicción Administrativa, ya que el Ad-quem en su fundamento de derecho octavo (8) indica que dicho artículo concede un plazo de treinta (30) días hábiles para impugnar un acto administrativo de carácter general, yerra el Ad-quem en su interpretación ya que el accionar contra un acto administrativo de carácter general puede ser impugnado en dos vías o momentos procesales: 1) En el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de su publicación como lo indica el artículo 28 párrafo final, 30 párrafo primero y 48 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 2) transcurrido ese plazo, por lo cual se considera que se trata de actos firmes y aquellos confirmatorios de los actos firmes, que estén surtiendo efectos, pero únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura, en cualquier tiempo, es decir, solo se ocupa que el acto de carácter general se encuentre vigente, tal como lo indica el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Inclusive esta interpretación la ha dictado la Corte Suprema de Justicia para fines jurisprudenciales en la sentencia del recurso de casación proferida por la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete, en expediente CA-16-16 en su fundamento de derecho tercero romano III”. V.- Debido a que las causales de inadmisión de ambos motivos de casación se encuentran en igualdad de condiciones, se procede a hacer un solo pronunciamiento para la inadmisión de ambos motivos de casación la cual se explica de la siguiente forma: Ambos motivos carecen de preceptos autorizantes que permitan a este Alto Tribunal entrar a conocer la explicación y desarrollo de cada uno de los motivos. Lo anterior, debido a que es el precepto autorizante el que indicará el tipo de resolución que se debe emitir por parte de esta Sala. Dicho en otras palabras, el precepto autorizante es el precepto legal que contiene el propósito por el cual el Censor ha interpuesto su recurso de casación. Por lo anterior, dicha falencia no puede ser suplida de oficio. No obstante, y con el propósito de que la presente resolución surta, al menos, un efecto didáctico, se procede a hacer la observación que los preceptos autorizantes se encuentran taxativamente señalados en los Artículos 719 y 720.2 de la normativa procesal civil, la cual, conforme al Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es de aplicación supletoria para este tipo de recurso. El Artículo 720.2 es utilizado en forma relacionada y condicionada con el Artículo 719.1 literal C. Por medio de estos preceptos autorizantes el Tribunal de Casación procede a conocer si la resolución que pretende el Recurrente será una que se circunscribe a las formalidades y garantías procesales del juicio o si, por el contrario, el fallo de casación se circunscribirá a pronunciarse respecto de los preceptos legales utilizados para resolver el fondo del asunto. Con base a lo expuesto, se reitera, que, ante la falencia del señalamiento del precepto autorizante, no es posible la admisión de dichos motivos de casación. VI.- El Artículo 701.1 del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721.2 del cuerpo legal mencionado. Derivando en la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723.2 literal A y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313.5 y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 literal H, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 literal C, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118.1, 129, 169, 170, 190, 191, 193.2 literal C, 197, 200, 701, 704, 716, 717, 719, 720, 721, 723.2 literal A y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80.1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal C del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) Inadmitir el Recurso de Casación de que se hace mérito, en sus dos motivos. 2) Declarar Firme la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). 3) Sin Costas por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA265-23. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.