Sentencia CA-144-23 — Registro 17963
Resumen
En primer instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no encontrarse ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." En el caso de autos existe una motivación deficiente por la falta de criterio lógico de la prueba bajo la lupa de la lógica y la razón conforme los hechos controvertidos, y las pruebas aportadas en el proceso contencioso administrativo que corresponde denunciar en este recurso a fin de la protección de las normas procesales referentes a los requisitos internos de la sentencia, y al derecho de mi representado de obtener una sentencia justa, motivada y apegada a derecho, dentro de las normas procesales que regulan el debido proceso. Resulta una evidente transgresión de la tutela judicial efectiva la motivación equivocada por parte del Ad Quem al señalar que, "... se pudo probar las funciones específicas para el puesto de asesor legal, mismas que consta a folios 183 vuelto de la pieza principal de autos, Tomo I; de lo anterior se colige claramente la mezcla que existe en las actividades obligadas a realizar de la parte demandante, al no respetarse las funciones para cada puesto de trabajo, por ende violentando los derechos laborales en cuanto a la igualdad de trato que la Constitución garantiza a las trabajadores hondureños". Sin que se logre apreciar del fallo proferido por el Ad Quem, que existiera pronunciamiento alguno con respecto a las diferencias constitucionales que esta representación manifestó en agravios sobre la condición y particularidades a que atiende un servidor público constitucionalmente diferenciado de un trabajador; siendo, el tratamiento genérico valorado por el Ad Quem evidentemente equivoco y vacío al no postular los criterios que le llevaron en todo caso a desvalorar lo aportado por mi representada. En este sentido; nuestra Carta Magna, en su Artículo 256 establece el sistema de administración de personal del sector público denominado Servicio Civil, como el régimen que regula las relaciones jurídicas de empleo y la función pública de los servidores estatales, sujetándolos a un régimen que ocupa de forma distinta lo referente a las reglas salariales; fundados en los principios de idoneidad, eficiencia y honestidad con base a competencias, habilidades, destreza, méritos académicos, probidad y otros requisitos, determinando además que la administración del personal de servicio público está sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos, haciendo la distinción clara de la normativa que regula al trabajador y el servidor público. En conclusión, la Ley de Servicio Civil pretende garantizar en servicio de calidad en beneficio de la ciudadanía usuaria del sistema, y el Juez Contencioso en estas relaciones de servicio no podría ponderar "garantías" en beneficio de un servidor del estado por encima o en detrimento del bienestar de la colectividad (administrados o ciudadanía), razón por la que se justifica la no confusión de ambas disciplinas, que si bien regulan relaciones de empleo, tienen características y finalidades distintas, tal como las marca la Constitución de la República. Desarrollando esos principios, JIMÉNEZ GLUCK, al respecto ha manifestado: “… en Europa, la determinación de la constitucionalidad de la diferenciación se deduce de la existencia de una justificación objetiva y razonable de la misma; objetividad y razonabilidad que se determinan básicamente en función de los parámetros "finalidad constitucionalmente aceptada de la distinción” y "proporcionalidad". Como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "la igualdad de trato queda violada cuando la distinción carece de justificación objetiva y razonable. La existencia de una justificación semejante debe apreciarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada, en atención a los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho consagrado por el Convenio solo debe perseguir una finalidad legitima. El artículo 128 constitucional (que consagra el principio de igualdad), se ve también violado cuando resulta claramente que no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Es decir, para que las diferenciaciones normativas puedan considerarse no discriminatorias resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptado, cuya exigencia debe aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente para ello una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, y de situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente. Ciertamente, ante una diferenciación el Tribunal realiza un juicio de igualdad para determinar si estamos ante una discriminación o ante una diferenciación objetiva y razonable, juicio de igualdad que constituye pilar básico de la aplicación del artículo 128 con interpretación equivocada al caso. La igualdad, como lo refirió la sala, solo es violado cuando la desigualdad esta desprovista de una justificación objetivo y razonabilidad en la decisión adoptada; la sentencia objeto de recurso cuyo objeto de debate fue nivelación salarial en contra del Estado de Honduras, habiéndose declarado procedente la acción y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reconocimiento que fue fundamentado en el derecho constitucional garantizado según Articulo 128 numeral 3) de nuestra Carta Magna, que a todas luces no opera al caso que nos ocupa, ya que dicho articulado emerge del “Capítulo V Del Trabajo" y señalando de forma taxativa que: "las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: ... 3) A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales. De lo anterior, resulta evidente que el fundamento jurídico ha sido interpretado de forma equivocada pues dicho apartado constitucional, ampara de forma clara y puntual las relaciones laborales derivadas de la interrelación contractual entre patronos o empleadores con sus trabajadores, claramente distinta a la relación jurídica de empleo que existe en los hoy demandantes; pues, la Constitución de la República de Honduras establece una inequívoca reserva de Ley, respecto del régimen que regula las relaciones jurídicas de empleo para los servidores públicos, reservando al Estado la competencia relativa a las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatuario de sus funcionarios, conforme la norma constitucional del 256. Si bien es cierto en este alto Tribunal no es procedente la revisión de los hechos, ni de las pruebas aportadas en el proceso, también es cierto que es procedente el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuese determinante en un sentido diferente del fallo. La Corte de Apelaciones basa en definitiva su decisión en el manual de puestos y salarios donde la Dirección de Servicio Civil aprobó conforme el bloque de legalidad cada cargo y salario correspondiente; sin embargo, sin infringir dicho bloque de legalidad, y presupuesto asignado a las entidades de Estado, es importante destacar que en toda la Administracion Pública existe disparidad en lo relativo a los cargos y salarios, basado no en arbitrariedad o en desigualdad, como ligeramente refiere la Corte de Apelaciones. Incidencia de la Infracción en la Resolución Impugnada: se concluye este primer motivo de casación, que resulta procedente casar el fallo recurrido, por vulnerar el debido proceso y legítima defensa, al haber declarado con lugar la pretensión impugnatoria del acto administrativo, VULNERANDO la honorable Corte de Apelaciones los requisitos internos de la sentencia por la motivación equivocada en la cual se sustenta el fallo de condena, de la forma que se ha dejado planteada en desarrollo de este motivo, por lo cual se solicita conforme el artículo 727 numeral 4 del Código Procesal Civil, en la parte que establece: Contenido de la decisión. Estimación. Si se estimara el recurso de casación, es una sola sentencia, la Corte Suprema de Justicia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho: 1 ... 2 ... 3 ... 4) Si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso reenviará el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plaza de quince (15) días. Por lo que los alcances de la nulidad absoluta del acto judicial se invoca en virtud de la existencia de una infracción procesal sustancial; en consecuencia, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la prohibición del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental de defensa”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes; i) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; ii) no se demuestra la incidencia de la infracción en un sentido diferente al fallo impugnado; iii) en la explicación se alude a los artículos 128 numeral 3), 256 de la Constitución de la República y 727 numeral 4 del Código Procesal Civil, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación careciendo de claridad y precisión el cargo; iv) en el desarrollo se insta a la revisión del material probatorio lo cual, tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, v) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 y 721 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Honorable Sala, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha omitido pronunciarse sobre el agravio expuesto en el recurso de apelación que motivó la emisión de su fallo, este agravio hace referencia a que la competencia para fijar y determinar el plan de remuneraciones que se prevé en el artículo 16 de la Ley de Servicio Civil sin relacionar (artículo 7 numeral 10) que todo conflicto que se genere en la aplicación del contenido de esta norma, compete al Director General del Servicio Civil conocer de los problemas que resulten de la aplicación de esta ley y de sus reglamentos y resolver los que sean de su competencia. En el recurso de apelación se hizo referencia a que, el Hospital Escuela Universitario, pese a ejercer como autoridad nominadora, carece de competencias para definir la política de remuneraciones en virtud que la competencia para ello es ejercida por la Dirección General de Servicio Civil en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y no por el HEU. De igual manera en el recurso de apelación se estableció, exhaustivamente, que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo carece de atribución para sustituir a los órganos de la Administración Pública encargados de la determinación y fijación del plan de remuneraciones; inclusive lo que eventualmente pudiese resolver la Dirección General de Servicio Civil tendría que ser conocido y resuelto por el Consejo del Servicio Civil antes que por cualquier órgano judicial competente. NORMA QUE DEBIÓ SER APLICADA: Articulo 7 numeral 10 de la Ley de Servicio Civil que se cita a continuación: “Artículo 7 ... 10) Conocer de los problemas que resulten de la aplicación de esta ley y de sus reglamentos y resolver los que sean de su competencia...”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: i) se omite el concepto de la infracción es hasta en la explicación que se alude en forma imprecisa a una norma que debió ser aplicada o relacionada, en su caso, con el concepto de aplicación indebida; ii) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; iii) en la explicación se mencionan los artículos 7 numeral 10) y 16 de la Ley de Servicio Civil, que no fueron señalado como infringidos o relacionados en la formulación careciendo de claridad y precisión el cargo; y, iv) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil veinticuatro, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, como Coordinadora, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA y ROY PINEDA CASTRO, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado RONALD OBED CHACÓN MEDINA, y, recurrida: la señora MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, representada en juicio por el Abogado ROMAN PINEDA MENDOZA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Contenciosa Administrativa, para que se declare la ilegalidad y la nulidad de los actos administrativos identificado como la Resolución número 5 de fecha 17 de mayo del 2018 y la resolución número 7 del 16 de agosto del 2018 ambas emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su condición (en ese momento) de administradora del Hospital Escuela Universitario; el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo que fue violado a través de las resoluciones que se impugnan; se alega notificación defectuosa, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la COMISIÓN INTERVENTORA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que el 01 de marzo del 2006, fue nombrada en el Hospital Escuela Universitario en el cargo de Oficial Jurídico II del Departamento Legal de dicho Hospital; que en el año 2008 después de luchas incesantes por obtener un salario digno de acuerdo a sus labores y profesión, mediante resolución ministerial, del Secretario de Estado de la Secretaria de Salud, en ese entonces, resolvió conceder una nivelación salarial a los Oficiales Jurídicos y Asesores Legales de las diferentes dependencias de dicha Secretaría, nivelándoles, a un sueldo de L. 21,000.00 los cuales se hicieron efectivos ese mismo año; sin embargo, desde el año 2009, no se le concedió aumento salarial alguno, ni el selectivo, ni general otorgado por el Gobierno Central, pues al momento de otorgarse dichos aumentos a los empleados públicos del Gobierno Central, se excluía a aquellos servidores que ganaban más de L. 20,000.00, pero que el año 2016, se les concedió un pequeño aumento decretado por el Gobierno Central; manifestó que el no haber tenido aumento alguno en los últimos años, ha venido a mermar los ingresos, lo que le ha afectado la economía familiar, ya que, no solo la canasta básica ha sufrido un incremento sustancial, sino también el transporte urbano, vivienda, combustible, educación y demás necesidades básicas para la subsistencia de una persona que labora en pro de los beneficios del Estado de Honduras junto con su núcleo familiar; y que entre las funciones que como Asesor Legal tenía a bien cumplir, se encontraba la de asesorar en materia de derecho a los directores, administradores, jefes de unidades, salas, departamento, gerencia de talento humano y cuanta persona así lo requería, inclusive a aquellas dependencias adscritas a ese Centro Asistencial como las Clínicas Periféricas (Clíper), también era función la de participar en todos los procesos de contratación que al efecto realiza el Hospital Escuela Universitario; asimismo, realizaba la función de Procuración a nivel administrativo; remarcando que la función de Asesoría Legal y Procuración son dos actividades distintas que debe ser pagadas de manera independiente tal y como lo dispone el artículo 7 del nuevo Arancel del profesional del derecho, cuando se les ha delegado el poder por parte del Titular del Ramo, para comparecer ante el Consejo del Servicio Civil, en defensa del Hospital Escuela Universitario en aquellas impugnaciones promovidas por los servidores públicos a nivel nacional, cuando se han sentido vulnerados en sus derechos debido a la aplicación de una medida disciplinaria o un traslado. De igual forma dentro de su funciones se encuentra la de representar al Estado de Honduras, a través del poder que el Procurador General de la República y asimismo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confiere en cada escrito de contestación de demanda, función que cumplía con la lealtad y honradez que nuestro país requiere en estos momentos de crisis, pues dicha función va más allá de una simple defensa a favor del Estado de Honduras, pues aun y cuando, no se tenía el apoyo logístico para llevar a cabalidad esta función, como asesora legal, cubría con su salario las gastos pertinentes que toda actividad de procuración requiere, tales como: copias fotostáticas, citaciones que llevan a cabo los receptores de los juzgados, transporte urbano cuando se tienen que trasladar a la Corte Supremo de justicia, pues en varias ocasiones se encontró con la dificultad de no contar con un vehículo institucional que la trasladara a los tribunales, como en otras ocasiones, costeando el costo del combustible cuando no cuentan con un vehículo institucional, pues debido a la falta de pago a los proveedores del combustible, no se cuenta con el carburante para poner en marcha dicho vehículo. Que el 19 de enero de 2018 compareció ante la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, presentando formal reclamo administrativo con el objeto de que se le declarara el derecho de otorgar una nivelación salarial por la cantidad de L. 42,000.00 a partir de la presentación del reclamo administrativo, que se le incluya y haga extensivo el derecho contenido en el Acuerdo No. 8 de fecho 01 de agosto de 2005, y le otorgue el beneficio del descanso especial profiláctico bajo las mismas condiciones en que se encuentran los demas empleados que ya gozan de este beneficio y se conceda descanso por 5 días hábiles de descanso remunerado después de que concluya el periodo de sus vacaciones ordinarias. Asimismo, manifestó qué una vez admitido el reclamo administrativo, mediante la resolución No. 5 del 17 de mayo del 2018 la UNAH, resolvió declarar sin lugar el mismo; por lo que el 03 de julio del 2018 presentó recurso de reposición en contra de dicha resolución; y que mediante resolución numero 7 del 16 de agosto del 2018 declaró sin lugar dicho recurso, agotando con ello la vía administrativa. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de la parte demandante; señalando que la demandante en fecha 01 de marzo 2006 fue nombrada en el cargo de Oficial Jurídico II del Departamento Legal del Hospital Escuela Universitario; devengaba un sueldo de L. 21,000.00, teniendo únicamente un pequeño aumento que fue decretado por el Gobierno Central en el año 2016; tal como lo manifiesta la parte actora; y que según los incrementos dados, fue incrementado su salario así: L. 800.00 durante el año 2016; L. 1,000.00 durante el año 2017; y un último incremento salarial de un L. 1,100.00 en el año 2019; alegó también que la demandante falta a la verdad; ya que la parte actora al señalar que debido a luchas incesantes se logró una nivelación salarial de L.21,000.00, el cual se logró a partir del año 2008, señalando que no logró incremento alguno, lo cual es totalmente falso, como se acreditó con las planillas, debiendo en jurisdicción librar atento oficio al Departamento de Recursos Humanos del Hospital demandado a efecto que se verifique ese extremo; además manifestó que de conformidad con las normas legales señaladas la demandante como servidora pública estaba obligada a cumplir con dichas disposiciones; no obstante, en el caso que nos ocupa la parte actora ha faltado a la verdad al señalar que no han recibido aumento salarial alguno desde el año 2008, olvidando por completo la crisis económica por la que nuestro país atravesó en el año 2009 y 2010; por lo que, se percibió un conflicto de intereses por parte de la abogada demandante, quien recibía una remuneración estatal por cumplir con las funciones asignadas; las cuales son de orden exclusivo con la Administración Pública tal como se consigna en el acuerdo de exclusividad suscrito por la demandante; y que en este mismo orden de ideas el ejercicio de la profesión del Derecho es de manera delegada por el Procurador (a) General de la República, siendo este director en juicio y la demandante en su condición de procuradora auxiliar tal como se desprende del Art. 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Art. 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además aclaró y que trajo a ese proceso copia simple del documento denominado Declaración de Exclusividad de Prestación de Servicios y Determinación de Derechos suscrito por la ahora demandante en fecha 13 de mayo del 2011, en el cual se señala lo siguiente: "PRIMERO: Declaro y reconozco que la relación que mantengo con la Secretaría de Estado (Salud), es eminentemente laboral, y por tal razón es que se me delega el poder para representar en juicio como profesional del derecho para salvaguardar los intereses del Estado de Honduras, para lo cual me comprometo a ejercer dichas funciones de manera profesional, técnica y jurídica, ajustándome a la ética profesional que he demostrado y por los cuales he sido nombrado". Conforme a lo anterior con la base legal que se encuentra tipificada en el Art. 1547 del Código Civil, que dispone que los contratantes pueden establecer pactos y condiciones que tengan por conveniente siempre y cuando no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. Y que conforme la declaración de exclusividad que se relaciona y se adjuntó como medio de prueba documental, cuyo original se encuentran en los archivos de la PGR, que la demandante tenía una pretensión que se aleja del consentimiento expreso declarado en el medio de prueba relacionado y que se complementa perfectamente con las funciones de Oficial Jurídico II establecidas por la Dirección General de Servicio Civil documento que se adjuntó a la contestación; igualmente argumentó que las funciones que realizaba la demandante como Oficial Jurídico II, de conformidad a su acuerdo de nombramiento, teniendo dentro de funciones establecidas en el Manual de Descripción de Puestos establecido por la Dirección General de Servicio Civil, las siguientes "Ejercer actos de procuración de toda índole legal en que resulte involucrada la institución, así como realizar las tareas a fines que se les asigne y que como características diferenciales al puesto es tener el conocimiento extensivo de la legislación vigente y los procedimientos de asuntos de la Administración Pública para desempeñarse eficientemente en los tribunales de justicia"; por lo que, resultó claro que la función asignada al Oficial Jurídico II es la de ejercer actos de procuración entre otros, de igual forma esas funciones se encontraban descritas en el acuerdo de exclusividad del ejercicio profesional con el Estado; señaló además que el Centro Hospitalario cuenta con la logística y todo el equipo, transporte y material que requieran para el desempeño de su gestión; faltando a la verdad también al manifestar que el costo de las citaciones es por cuenta de la demandante, dicho argumento es falso pues los receptores de los juzgados conforme al principio de gratuidad, no realizan cobro alguno; y que según el Manual de Descripción de Puestos del Hospital Escuela Universitario el Oficial Jurídico II, se encuentra en el nivel VIII, Grupo 2, con un sueldo base de L. 15,400.00, y que ningún servidor público devengará un sueldo inferior al mínimo fijado para el cargo que ocupe, siendo infructuoso el alegato de la parte demandante al tratar de establecer de forma antojadiza las funciones del cargo que desempeñaba, pues en el Manual de Puestos se encontraban descritas las funciones y salario asignado con la aprobación de la Dirección General del Consejo de Servicio Civil, normativa establecida al amparo de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, por lo que resulta equivocado tratar de vincular el Arancel del Profesional del Derecho, que dicho sea de paso no es ley por no haber sido aprobado por el Congreso Nacional. Que la demandante interpuso reclamo administrativo con la pretensión de que se le nivelara el salario a L. 42,000.00 a partir de esa fecha de presentación del mismo; pero tal argumento resultó desenfocado ya que todos los servidores con el cargo de oficial jurídico II devengan el mismo salario; asimismo pretendía que con el reclamo administrativo se le diera descanso especial profiláctico y eso solo aplicaba para el personal médico, personal técnico de enfermería, a que por naturaleza de su trabajo están expuestos los agentes químicos y físicos, así como gases anestésicos y radiaciones, tal como lo establece el Acuerdo N° 8 de fecha 01 de agosto del 2005 y Decreto N° 14/2009. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 04 de septiembre del 2019, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando tres causas de inadmisibilidad de la demanda: 1) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, respecto de los actos firmes; basando la misma en los artículos 31, 63 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; manifestando que la parte demandante identifica como actos impugnados la Resolución No. 5 de fecha 17 de mayo 2018 así como la Resolución No. 7 de fecha 16 de agosto 2018, éste último mediante el cual se declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el mismo representante procesal de la parte demandante mismo que dio por agotada la vía administrativa, sin embargo al desestimar dicho recurso, el demandante no acude en tiempo a la vía jurisdiccional y deja caer en firmeza los actos ahora Impugnados por no ejercitar la acción contencioso administrativo en tiempo, ya que a partir de la notificación de la resolución que resolvió el Recurso de Reposición, la parte actora tenía treinta (30) días para incoar su acción judicial, no obstante, la presentación de la demanda es de fecha 09 de abril 2019, cinco (5) meses y cinco (05) días posterior al plazo previsto, siendo esta acción considerada extemporánea de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y por ende firme; y que la parte demandante acude ante esa instancia con la intención de hacer valer un derecho que ya no le asiste pues los actos administrativos hoy impugnados adquirieron el carácter de firme y consentido, en virtud de haber presentado la demanda fuera de los plazos respectivos según lo que dispone el artículo 48 de la Ley que rige esta jurisdicción, dando por consentidos los actos de la administración al tenor de lo establecido en el artículo 31 la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto a la causal de inadmisibilidad contemplada en su literal a) con relación al artículo 80 literales c) y d) del mismo cuerpo legal, razón por la cual se solicita sea declarada la inadmisibilidad de la presente acción. 2) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos; basa la misma en los artículos 63, 80, 48, 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; exponiendo que con la Resolución No. 7 de fecha 16 de agosto 2018 la parte actora denomina como uno de los actos impugnados y, del cual, ya se ha dejado claro en la primera causa de inadmisibilidad anunciada, que ha adquirido el carácter de firme por no recurrir en tiempo y forma la misma; aun así y en un intento de contemplar dicho supuesto de impugnación, es de recalcar que la parte actora contaba únicamente con 30 días hábiles para presentar la demanda a partir del día siguiente de la notificación del acto impugnado; en este sentido se puede constatar que la demanda fue presentada cinco (5) meses y cinco (05) días posterior a la notificación de la No. 7 de fecha 16 de agosto 2018, que agotó la vía administrativa. Por ende, el plazo de treinta (30) días expiró el 07 de enero 2019 y no el 09 de abril 2019 fecha en que fue presentada de manera extemporánea la demanda, de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y por ende firme, en aplicación al artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3) que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto; basó la misma en los artículos 34, 39, 41, 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; argumentando que la parte demandante para poder incoar la acción en esa Judicatura debió determinar el supuesto reconocimiento de la situación jurídica individualiza que alega tener, y que esta parte procesal rechaza en lo absoluto, en base a la cuantificación del pretendido daño real efectivamente causado que asume le corresponde como afectación de lo que lícitamente debió percibir desde la fecha de presentación de su reclamo administrativo hasta la fecha de presentación de la demanda de mérito, tal como lo exige el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que dicha fijación es la que servirá para cuantificar de forma precisa la caución que debe ser otorgada por la parte actora como requisito para la admisibilidad de su acción; que en el caso de autos, desde la suma de la demanda de merito la parte demandante pretende ante esa jurisdicción el reconocimiento de una situación judicial individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento siendo esa la nivelación salarial con un valor mensual de cuarenta y dos mil Lempiras exactos (L. 42,000.00), no obstante, en el acápite denominado "Cuantía" señala la misma como "indeterminada" estableciendo una contradicción en su propio libelo, ya que es claro que la parte actora pudo determinar de manera precisa la afectación que según el lícitamente debió percibir, misma que se traduce en el supuesto daño real efectivamente causado para lo cual debió atender las reglas de nuestra normativa vigente tal cual lo prescribe el artículo 41. inciso b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; razón por la cual la fijación de una cuantía determinada necesariamente se debe dar considerando que el administrado pretende establecer que desde la presentación de su reclamo administrativo en fecha 19 de enero 2018 se le debía reconocer como salario la cantidad de cuarenta y dos mil Lempiras exactos (L. 42,000.00), y no los veintiún mil lempiras exactos (L. 21,000.00) que estructural y legalmente le correspondían; es decir que desde la fecha que ella contempla hasta el momento de presentar la demanda de mérito, se ha dejado de percibir la cantidad de L. 21,000.00 por 15 meses resultando un total de L. 315,000.00 debiendo obligatoriamente la cantidad de L. 63,000.00 como caución obligatoria para la admisibilidad de su acción, pues la supuesta omisión de la Administración Pública al no cumplir con las expectativas en la remuneración de la señora Martha Elena Barahona Montoya, conllevaría un supuesto detrimento causado a lo que eventualmente sería su patrimonio; en estos términos ella aduce que se le debe un reconocimiento de un derecho, lo que legalmente no es procedente pero que procesalmente y ante el planteamiento de la demanda se debe exigir que cumpla por principio de legalidad con la rendición de caución; señaló además que al no determinar la cuantía de la demanda, tal como lo exige el citado artículo 39 y de la forma reglada por los artículos 34 y 41, todos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este derecho se ve trasgredido, en virtud que la demandada no conoce a ciencia cierta a cuánto asciende los montos que la parte demandante pretende como concepto de la supuesta nivelación salarial para el pago de gastos realizados durante la ejecución. Que mediante sentencia interlocutoria de fecha 21 de octubre del 2019, fueron desestimadas las defensas previas. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de noviembre del 2021, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE RESOLUTIVA. PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción incoada por la ciudadana Martha Elena Barahona Montoya, por no encontrarse ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, identificados como: Resolución N° 5 de fecha 17 de mayo de 2018 y la resolución N° 7 del 16 de agosto de 2018 ambas emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su condición (en ese momento) de administradora del Hospital Escuela Universitario, en consecuencia, se anulan totalmente. SEGUNDO: Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento, se ordena: 1) Que se nivele el salario de la demandante a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS (L.42,000.00) cantidad que se encuentra dentro del rango de los asesores legales de la institución, el cual será efectivo a partir del diecinueve (19) de enero del dos mil dieciocho (2018) fecha en que se presentó formal reclamo administrativo de nivelación salarial. TERCERO: Que, en cuanto al descanso profiláctico solicitado, el mismo se declara sin lugar por las razones expresadas en los fundamentos de derecho de la presente sentencia…”; sin costas; bajo el criterio que, del estudio y análisis en su conjunto del expediente de mérito, de la revisión del expediente administrativo, de las pruebas aportadas por las partes, así como de las razones y fundamentos de derecho en que ambas partes apoyaron sus pretensiones, se observa que en el caso de autos que nos ocupa, las resoluciones impugnadas: 1) Resolución No. 5 de fecha 17 de mayo de 2018 (F-14 al 15), y resolución No. 7 del 16 de agosto de 2018 (F-16 al 17) ambas emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se puede establecer que la hoy demandante, solicita nivelación salarial en relación al salario que devengan profesionales del derecho tanto en las unidades de asesorías legales de las Hospitales dependientes de la secretaria de salud y de los profesionales del derecho de la unidad de asesoría legal del Hospital Escuela Universitario, que devengan un salarios de L.29,350.00 a L.41,000.00, si bien es cierto, la hoy demandante ocupa el cargo de Oficial Jurídicos II, no es menos cierto que según consta en el expediente administrativo, el desglose de las funciones inherentes a cada cargo, siendo dichas funciones, similares entre sí, inclusive tener otras responsabilidades adicionales, como el de representar al Estado de Honduras en la procuración contra las demandas incoadas contra este (f-132), esto en relación con el Articulo 14 literal d) de la Ley de Servicio Civil, que refiere a la clasificación de cargos y que dice "La clase comprenderá un grupo de empleos suficientemente similares con respecto a género, obligaciones responsabilidades, derechos, autoridad y remuneración, de tal manera que: ...d) Pueda asignársele el mismo nivel de remuneración bajo condiciones de trabajo similares" en concordancia con el artículo 28 de la misma Ley que establece "En el plan de remuneraciones deberá prevalecer el principio de que a trabajo igual corresponderá un sueldo igual", con el medio de prueba documental expediente administrativo, queda plenamente probado que la hoy demandante ejerce funciones que se encuentran dentro de las establecidas para los asesores legales tal como lo indica el oficio No. 0822-DDTH-HEU-2018 de fecha 15 de mayo de 2018 (F-249 al 250) en la cual se hace referencia cuales son las funciones de cada uno de ellos, y tomando en consideración que a la hoy demandante se le solicitaba que rindiera informe sobre sus actuaciones legales oficio N3057-2017-UALHE de fecha 28 de diciembre de 2017 (F-132 al 133), que si bien es cierto la hoy demandante ha recibido aumentos otorgados, esta también tiene el derecho a su nivelación salarial quedando probado el salario y antigüedad de la servidora pública, que hoy es parte demandante, que fungen como Oficiales Jurídicos II de la Hospital Escuela Universitario, y siendo que es un hecho aceptado que la hoy demandante ha firmado declaración de exclusividad y que representa al Estado de Honduras en las demandas promovidas en su contra, por lo que no resulta posible la nivelación indiscriminada de remuneración entre los miembros de dicha Institución, pues al existir un tratamiento de desigualdad, se quebrantaría en general, el principio de igualdad, y expeditamente en materia de salarios y condiciones de trabajo, en efecto, dicho principio de igualdad ante la ley, no es de carácter absoluto, pues no concede un derecho a ser equiparado a cualquier individuo, sino más bien a exigir que la Ley no haga diferencias entre dos o más personas que se encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, o sea que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales; Es así como al amparo del Artículo 128 Constitucional "a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna siempre que el puesto de trabajo, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales" no se refiere en ningún momento a la antigüedad laboral, que es la que determina el tiempo de servicio de un trabajador indistintamente de los cargos que este haya desempeñado, lo que refiere dicha disposición constitucional, es al tiempo de labor en el mismo cargo (no cargos distintos), que junta a la jornada y eficiencia es lo que condiciona la igualdad salarial que deberán tener los trabajadores.- Es por ello que la nivelación salarial solicitada, es por el desempeño en el cargo de Oficial Jurídico II del Hospital Escuela Universitario, puesto que la hoy demandante, es Abogado que labora en la Unidad de Servicios Legales del Hospital Escuela Universitario y las funciones que desempeña, son inherentes a las de un profesional del Derecho; en base a lo anterior, se deben equiparar las condiciones salariales que devenga la hoy demandante, en vista de que el salario que devenga en la actualidad es inferior al que devenga otras unidades de Asesoría Legal del Hospital Escuela Universitario y de los Hospitales dependientes de la Secretaria de Salud, criterio este que va de la mano con disposiciones Constitucionales que no solo prevén la igualdad de las personas ante la Ley, sino que de acuerdo al artículo 128.3 Constitucional, le señala que a trabajo igual, corresponde salario igual sin discriminación alguna, y no de manera inferior como ocurre en el presente caso. Que al haberse negado a la hoy demandante el reclamo administrativo de nivelación salarial mediante las resoluciones impugnadas, y a sabiendas que cumple funciones iguales o similares a otros dentro de la misma unidad legal, y devengando salario inferior a estos, por lo cual, al tenor del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el acto que hoy se impugna en anulable por haber sido dictado con exceso de poder. En cuanto al descanso profiláctico solicitado por las partes, este se declara sin lugar en razón de que ya el acuerdo No. 8 del 01 de agosto del 2005, establece de forma clara a quienes específicamente se le concede dicho descanso, y la hoy demandante no se encuentra comprendido en dicha categoría, y mucho menos haber sido probado en autos. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 13 de diciembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia; sin costas; bajo el criterio que, los agravios expuestos por la parte apelante han sido revisados minuciosamente y se les ha dado contestación con los fundamentos de los hechos y de derechos aquí consignados. Encontrando que la sentencia está suficientemente motivada, de igual forma el contrato de exclusividad que alega el Estado, abona aún más a la parte reclamante, el acta de compromiso suscrita por la parte demandante de no interponer demanda de nivelación salarial y descanso profiláctico, no tiene ningún efecto jurídico, ya que en cuanto a derechos laborales se refiere ( salario, descanso) aunque concurra la voluntad del trabajador, los actos que impliquen renuncia, disminución, restricción o tergiversación son nulos Ipso Iure (artículo 128 de la Constitución de la República). La parte apelante expone agravios que debió de haber alegado en primera instancia, como ser lo de la cuestión presupuestaria, ya que los agravios deben de atacar la sentencia recurrida no introducir elementos nuevos que no se alegaron en primera instancia. Se ha evidenciado que los actos administrativos impugnados contienen vicios que lo invalidan, por tanto, a este momento no podría alegarse situaciones que debieron de responder al administrado en dichas resoluciones administrativas. Por lo cual los actos administrativos impugnados están emitidos en abierta infracción del ordenamiento jurídico, por disminuir, restringir y tergiversar los Derechos y Garantías reconocidas por la Constitución de la República. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley; todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella. Por las consideraciones legales que antecede esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio de CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación por estar emitida conforme a derecho. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado RONALD OBED CHACÓN MEDINA, en fecha 02 de febrero del 2023, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 13 de diciembre del 2022, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el expediente de apelación No.005-2022, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 159-2019 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 06 de febrero del 2023, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado ROMÁN PINEDA MENDOZA, presentó en fecha 20 de febrero del 2023, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 21 de febrero del 2023, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 22 de febrero del 2023, los Abogados ROMÁN PINEDA MENDOZA, MARIA JOSE DURON DIAZ y RONALD OBED CHACÓN MEDINA, respectivamente. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 21 de abril del 2023, teniendo por personados a los Abogados RONALD OBED CHACÓN MEDINA, como recurrente, y ROMÁN PINEDA MENDOZA, como recurrido; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “En el presente caso impugnó la sentencia por la interpretación errónea en la cual se motiva el fallo recurrido en relación directa con las normas procesales empleadas en la sentencia, en este caso, se ha vulnerado el artículo 207 Código Procesal Civil, al emitirse un fallo con una motivación fáctica insuficiente en cuanto a la racionalidad y carácter lógico, que conlleva un carente ejercicio motivacional por parte de la Ad-Quem. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil, en la parte que establece: "Causales del recurso: 1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ... b ...; c) La forma y contenido de la sentencia. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho para la solución del fondo del litigio". En relación con la norma infringida que literalmente dice: ARTICULO 207.- MOTIVACIÓN. I. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así coma a la aplicación e interpretación del Derecho. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso de autos existe una motivación deficiente por la falta de criterio lógico de la prueba bajo la lupa de la lógica y la razón conforme los hechos controvertidos, y las pruebas aportadas en el proceso contencioso administrativo que corresponde denunciar en este recurso a fin de la protección de las normas procesales referentes a los requisitos internos de la sentencia, y al derecho de mi representado de obtener una sentencia justa, motivada y apegada a derecho, dentro de las normas procesales que regulan el debido proceso. Resulta una evidente transgresión de la tutela judicial efectiva la motivación equivocada por parte del Ad Quem al señalar que, "... se pudo probar las funciones específicas para el puesto de asesor legal, mismas que consta a folios 183 vuelto de la pieza principal de autos, Tomo I; de lo anterior se colige claramente la mezcla que existe en las actividades obligadas a realizar de la parte demandante, al no respetarse las funciones para cada puesto de trabajo, por ende violentando los derechos laborales en cuanto a la igualdad de trato que la Constitución garantiza a las trabajadores hondureños". Sin que se logre apreciar del fallo proferido por el Ad Quem, que existiera pronunciamiento alguno con respecto a las diferencias constitucionales que esta representación manifestó en agravios sobre la condición y particularidades a que atiende un servidor público constitucionalmente diferenciado de un trabajador; siendo, el tratamiento genérico valorado por el Ad Quem evidentemente equivoco y vacío al no postular los criterios que le llevaron en todo caso a desvalorar lo aportado por mi representada. En este sentido; nuestra Carta Magna, en su Artículo 256 establece el sistema de administración de personal del sector público denominado Servicio Civil, como el régimen que regula las relaciones jurídicas de empleo y la función pública de los servidores estatales, sujetándolos a un régimen que ocupa de forma distinta lo referente a las reglas salariales; fundados en los principios de idoneidad, eficiencia y honestidad con base a competencias, habilidades, destreza, méritos académicos, probidad y otros requisitos, determinando además que la administración del personal de servicio público está sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos, haciendo la distinción clara de la normativa que regula al trabajador y el servidor público. En conclusión, la Ley de Servicio Civil pretende garantizar en servicio de calidad en beneficio de la ciudadanía usuaria del sistema, y el Juez Contencioso en estas relaciones de servicio no podría ponderar "garantías" en beneficio de un servidor del estado por encima o en detrimento del bienestar de la colectividad (administrados o ciudadanía), razón por la que se justifica la no confusión de ambas disciplinas, que si bien regulan relaciones de empleo, tienen características y finalidades distintas, tal como las marca la Constitución de la República. Desarrollando esos principios, JIMÉNEZ GLUCK, al respecto ha manifestado: “… en Europa, la determinación de la constitucionalidad de la diferenciación se deduce de la existencia de una justificación objetiva y razonable de la misma; objetividad y razonabilidad que se determinan básicamente en función de los parámetros "finalidad constitucionalmente aceptada de la distinción” y "proporcionalidad". Como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "la igualdad de trato queda violada cuando la distinción carece de justificación objetiva y razonable. La existencia de una justificación semejante debe apreciarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada, en atención a los principios que generalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho consagrado por el Convenio solo debe perseguir una finalidad legitima. El artículo 128 constitucional (que consagra el principio de igualdad), se ve también violado cuando resulta claramente que no existe una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Es decir, para que las diferenciaciones normativas puedan considerarse no discriminatorias resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptado, cuya exigencia debe aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente para ello una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, y de situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente. Ciertamente, ante una diferenciación el Tribunal realiza un juicio de igualdad para determinar si estamos ante una discriminación o ante una diferenciación objetiva y razonable, juicio de igualdad que constituye pilar básico de la aplicación del artículo 128 con interpretación equivocada al caso. La igualdad, como lo refirió la sala, solo es violado cuando la desigualdad esta desprovista de una justificación objetivo y razonabilidad en la decisión adoptada; la sentencia objeto de recurso cuyo objeto de debate fue nivelación salarial en contra del Estado de Honduras, habiéndose declarado procedente la acción y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, reconocimiento que fue fundamentado en el derecho constitucional garantizado según Articulo 128 numeral 3) de nuestra Carta Magna, que a todas luces no opera al caso que nos ocupa, ya que dicho articulado emerge del “Capítulo V Del Trabajo" y señalando de forma taxativa que: "las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: ... 3) A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales. De lo anterior, resulta evidente que el fundamento jurídico ha sido interpretado de forma equivocada pues dicho apartado constitucional, ampara de forma clara y puntual las relaciones laborales derivadas de la interrelación contractual entre patronos o empleadores con sus trabajadores, claramente distinta a la relación jurídica de empleo que existe en los hoy demandantes; pues, la Constitución de la República de Honduras establece una inequívoca reserva de Ley, respecto del régimen que regula las relaciones jurídicas de empleo para los servidores públicos, reservando al Estado la competencia relativa a las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatuario de sus funcionarios, conforme la norma constitucional del 256. Si bien es cierto en este alto Tribunal no es procedente la revisión de los hechos, ni de las pruebas aportadas en el proceso, también es cierto que es procedente el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuese determinante en un sentido diferente del fallo. La Corte de Apelaciones basa en definitiva su decisión en el manual de puestos y salarios donde la Dirección de Servicio Civil aprobó conforme el bloque de legalidad cada cargo y salario correspondiente; sin embargo, sin infringir dicho bloque de legalidad, y presupuesto asignado a las entidades de Estado, es importante destacar que en toda la Administracion Pública existe disparidad en lo relativo a los cargos y salarios, basado no en arbitrariedad o en desigualdad, como ligeramente refiere la Corte de Apelaciones. Incidencia de la Infracción en la Resolución Impugnada: se concluye este primer motivo de casación, que resulta procedente casar el fallo recurrido, por vulnerar el debido proceso y legítima defensa, al haber declarado con lugar la pretensión impugnatoria del acto administrativo, VULNERANDO la honorable Corte de Apelaciones los requisitos internos de la sentencia por la motivación equivocada en la cual se sustenta el fallo de condena, de la forma que se ha dejado planteada en desarrollo de este motivo, por lo cual se solicita conforme el artículo 727 numeral 4 del Código Procesal Civil, en la parte que establece: Contenido de la decisión. Estimación. Si se estimara el recurso de casación, es una sola sentencia, la Corte Suprema de Justicia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho: 1 ... 2 ... 3 ... 4) Si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso reenviará el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plaza de quince (15) días. Por lo que los alcances de la nulidad absoluta del acto judicial se invoca en virtud de la existencia de una infracción procesal sustancial; en consecuencia, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la prohibición del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental de defensa”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes; i) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; ii) no se demuestra la incidencia de la infracción en un sentido diferente al fallo impugnado; iii) en la explicación se alude a los artículos 128 numeral 3), 256 de la Constitución de la República y 727 numeral 4 del Código Procesal Civil, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación careciendo de claridad y precisión el cargo; iv) en el desarrollo se insta a la revisión del material probatorio lo cual, tiene vedado este Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; y, v) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. III.- Que en un segundo motivo se aduce: “Se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, con respecto a los hechos de los medios de prueba para revisar su existencia, infringiendo con ello el artículo 207.1 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 704.1, 720.2 en relación con el literal c) del numeral 1 del artículo 719, del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Honorable Sala, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha omitido pronunciarse sobre el agravio expuesto en el recurso de apelación que motivó la emisión de su fallo, este agravio hace referencia a que la competencia para fijar y determinar el plan de remuneraciones que se prevé en el artículo 16 de la Ley de Servicio Civil sin relacionar (artículo 7 numeral 10) que todo conflicto que se genere en la aplicación del contenido de esta norma, compete al Director General del Servicio Civil conocer de los problemas que resulten de la aplicación de esta ley y de sus reglamentos y resolver los que sean de su competencia. En el recurso de apelación se hizo referencia a que, el Hospital Escuela Universitario, pese a ejercer como autoridad nominadora, carece de competencias para definir la política de remuneraciones en virtud que la competencia para ello es ejercida por la Dirección General de Servicio Civil en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y no por el HEU. De igual manera en el recurso de apelación se estableció, exhaustivamente, que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo carece de atribución para sustituir a los órganos de la Administración Pública encargados de la determinación y fijación del plan de remuneraciones; inclusive lo que eventualmente pudiese resolver la Dirección General de Servicio Civil tendría que ser conocido y resuelto por el Consejo del Servicio Civil antes que por cualquier órgano judicial competente. NORMA QUE DEBIÓ SER APLICADA: Articulo 7 numeral 10 de la Ley de Servicio Civil que se cita a continuación: “Artículo 7 ... 10) Conocer de los problemas que resulten de la aplicación de esta ley y de sus reglamentos y resolver los que sean de su competencia...”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: i) se omite el concepto de la infracción es hasta en la explicación que se alude en forma imprecisa a una norma que debió ser aplicada o relacionada, en su caso, con el concepto de aplicación indebida; ii) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; iii) en la explicación se mencionan los artículos 7 numeral 10) y 16 de la Ley de Servicio Civil, que no fueron señalado como infringidos o relacionados en la formulación careciendo de claridad y precisión el cargo; y, iv) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. VI.- Que en un tercer motivo se esgrime: “En este caso impugno la sentencia por la interpretación indebida del articulo 128 numeral 3 de la Constitución de la República, adoptado como garantía de igualdad del ser humano sin discriminación, conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); en relación directa con las normas materiales empleadas en la sentencia, asimismo se hizo una interpretaci6n indebida del articulo 14 letra d) de la Ley del Servicio Civil, otorgándole una indebida interpretación ilimitada en lo relativo a las "condiciones de trabajo similares". Esta causal invocada se refiere a la infracción cometida por el Tribunal en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, en la parte que establece: Causales del Recurso. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. En relación directa con el Articulo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil que dispone: Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida... “. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el presente caso honorable Corte, el Ad Quem señaló en el apartado fundamentos de derecho en el primero de dos considerando señalados como: “SÉPTIMO (7): ... se ha provocado una arbitrariedad en cuanto a la igualdad de trato y salario que deben de devengar los servidores del Estado dentro de la carrera administrativa, al no cumplir con las principios del Régimen de Servicio Civil, entre ellos la igualdad de oportunidades, dignificar a los servidores del Estado y la asignación especifica en el presupuesto de un salario de cada empleo o cargo de trabajo, salvaguardando el régimen uniforme de remuneración de los empleados públicos basado en el principio que a trabajo igual corresponde un sueldo igual”. La Interpretación indebida de la Ley se configura, cuando el juzgador ha ido más allá de la intención de la ley, a pretexto de consultar su espíritu; también porque al consultar la intención o espíritu de una norma, no se dio el verdadero, o bien, se limitó el Ad Quem a reducir su motivación en la forzada integración de principios propios del derecho del trabajo sobre una relación jurídica de empleo que sigue principios meritocráticos propios de la relación de empleo atinente al caso de mérito pues al analizar el concepto expuesto por el Ad-Quem se advierte, que induce bajo principios distintos a los aplicables de forma integral en la disposición legal que refiere; siendo la Constitución un texto jurídico, su interpretación participa por ello de las características propias de la interpretación del derecho. Todo principio Constitucional se basa en el sentido propio de las palabras. Esto es, en la expresión literal del texto. Es un imprescindible punto de partida en toda interpretación jurídica, por tanto, también en la interpretación constitucional. Así, por ejemplo, una interpretación que conduzca a un resultado distinto de la literalidad del texto (solo puede pensarse) cuando existe ambigüedad o cuando la ambigüedad puede derivar de conexión o coherencia sistemática entre preceptos constitucionales. Siguiendo lo expuesto por Zagrebelsky, podemos entender interpretación como "el proceso intelectivo a través del cual, partiendo de las fórmulas lingüísticas que forman un enunciado, se llega a un contenido, es decir, se pasa de los significantes a los significados". Interpretar erróneamente un precepto legal es, pues, aplicarlo al caso que se juzga por ser el pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde. Es evidente que la inaplicación significa, en todo caso, el desconocimiento de la verdadera voluntad del legislador, expresada en el precepto legal no aplicado. Es así como conforme el primer numeral SÉPTIMO antes descrito de la sentencia, sobre la interpretación de los principios del régimen de servicio civil que deben atenderse para la correcta retribución de los servidores públicos. Es menester exponer de forma reiterada tal como se hizo en el recurso de apelación al señalar los agravios de la sentencia de instancia que, en este caso, el Ad-Quem hace una interpretación errónea o indebida de la aplicación del artículo 128 constitucional al desentrañar dicha figura de forma errónea por las siguientes razones: a) En el caso que nos ocupa, el Ad-Quem parte de un criterio desacertado para motivar su fallo, basado en los principios propios de la materia laboral como el principio de igualdad que establece la “identidad de condiciones laborales, y antigüedad, que merece mismo salario”; por su parte el derecho administrativo a pesar de que se basa en el principio de legalidad, es decir que solo lo que la ley dispone puede hacerse y queda vedado lo que no; sin embargo el Ad-Quem en su análisis ha dejado por un lado otros presupuestos facticos, jurídicos y principios que si se deben considerar dentro del derecho administrativo, como por ejemplo el principio de discrecionalidad, el cual operó específicamente en el sector salud mental como lo ampliaremos más adelante; así podemos traer al presente análisis la primacía de la realidad que establece "en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documento o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (Rodríguez, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones de Palma, p. 243). Según la anterior doctrina, una relación de trabajo está definida por las circunstancias reales que se den en la práctica, y no por lo pactado, aunque sea expresamente, por las partes. Para el caso de autos, por tratarse de una relación estatutaria la que existe entre la parte actora y el Estado de Honduras, rigen los principios propios de una relación de empleo público, es decir del derecho público, distinto al derecho laboral - (privado o de orden social); en relación de lo anterior los principios propios de una relación laboral como el de primacía de la realidad, o protector e irrenunciabilidad, pueden verse desplazados en el sector público, ante las necesidades del servicio público o ante principios como el de la legalidad; al cual están sujetas, en su actuar las diferentes administraciones públicas. El principio de legalidad en nuestro estamento jurídico se encuentra establecido en el Art. 321 Constitucional; y por él, todos los actos y comportamientos de la Administración deben estar previstos y regulados por norma escrita, con pleno sometimiento a la Constitución, a la Ley y a todas las otras normas del ordenamiento jurídico sectorial, público. b) Los Acuerdos Ministeriales a los que constantemente llega los empleados del sector salud y el Secretario de Estado de turno, resultan de una potestad discrecional otorgada en una normativa que no supone una vulneración de los derechos de igualdad, o supongan una discriminación para un sector público, y menos podrían ser considerados como un abuso de poder y por ende la vulneración directa del artículo 35 de la LPA, pues resulta innegable como lo dijimos antes la disparidad salarial en el sector público debido a las características propias del servicio prestado, en este caso los empleados del sector de salud mental están constantemente expuestos a sobrecargas emocionales, gases anestésicos, sustancias o compuestos citostáticos, radiaciones ionizantes e isótopos radioactivos; por lo cual mi representada otorga un plus económico que incluye en el artículo 2 literal a) del Acuerdo Ejecutivo No. 08 de fecha 01 de agosto del año 2005. Honorable Corte, es por lo anterior expuesto, que no se vulneró tal principio, y darle un trato desigual a situaciones que por su naturaleza no lo son, y por ende, no representan trato discriminatorio alguno, ni quebranto del principio de igualdad constitucional, por lo cual resulta ilógico e irracional que el Ad-Quem determinó confirmar sentencia de primera instancia y señalar el principio "a trabajo igual, salario igual" como un derecho absoluto, situación que solo opera en relaciones obrero-patronales siempre y cuando se acredite dicha circunstancia a cada caso concreto. La igualdad tiene dos aspectos que se expresan así: no se puede tratar desigualmente dos situaciones iguales, pero tampoco se puede tratar de manera idéntica, dos situaciones desiguales y, hacerlo, sería ilegítimo. Nuestra Carta Magna establece en su Artículo 256 al Servicio Civil como el régimen que regula las relaciones jurídicas de empleo y la función pública de los servidores estatales, sujetándolos a un régimen que ocupa de forma distinta lo referente a las reglas salariales; fundados en los principios de idoneidad, eficiencia y honestidad con base a competencias, habilidades, destreza, méritos académicos, probidad y otros requisitos. Así mismo, resulta totalmente erróneo la interpretación otorgada por el Ad- Quem en relación con el articulo 14 letra d) que dispone: "La clase comprenderá un grupo de empleaos suficientemente similares...de manera que: a...d) Pueda asignársele el mismo nivel de remuneración bajo condiciones de trabajo similares. "El Ad Quem supone cuando aplica este artículo a pesar de los medios de prueba aportados y admitidos en el proceso, que si existen condiciones similares o idénticas entre los demandantes y el supuesto homólogo; y, en atención a dicho desafortunado criterio condena al Estado de Honduras, en pocas palabras, determina que ha existido abuso de poder por el otorgamiento de condiciones especiales de escala salarial en el sector salud mental creando con ello un antecedente funesto en la economía nacional, y sobre todo un menoscabo en la interpretación de las normas sustantivas aplicadas para la solución del asunto, ignorando la prueba aportada, y aplicando normas y principios propios del materia laboral a través del otorgamiento de una nivelación salarial para funcionarios de la Administración pública basado sobre interpretaciones antojadizas. Los principios que rigen para una materia distinta como lo es el derecho laboral, resulta ilógico pues ambas ramas del derecho el laboral y el administrativo atienden escenarios presupuestarios y relaciones jurídicas distintas pues los funcionarios estatales laboran bajo un régimen diferente a los trabajadores del sector privado; así también, otras son sus condiciones salariales, las cuales se encuentran en el Manual de Puestos y Salarios, sin olvidar el sistema de méritos que opera únicamente para los servidores públicos y no para los trabajadores, resulta improcedente forzar el artículo constitucional invocado por la Corte de Apelaciones a los servidores públicos. La Constitución de la República en sabiduría recoge esas diferencias y distingue nítidamente entre trabajador y servidor (empleado funcionario público), la norma principal distingue y separa las relaciones jurídicas de índole laboral de las de empleo y servicio público, ¿Por qué si la Constitución si las distingue, los encargados de resolver conflictos jurídicos no las distinguen? En conclusión, la Ley de Servicio Civil pretende garantizar en servicio de calidad en beneficio de la ciudadanía usuaria del sistema, y el Juez Contencioso en estas relaciones de servicio no puede ponderar "garantías" en beneficio de un servidor del estado por encima o en detrimento del bienestar de la colectividad (administrados o ciudadanía), razón por la que se justifica la no confusión de ambas disciplinas, que si bien regulan relaciones de empleo, tienen características y finalidades distintas, tal como las marca la Constitución de la República. d) Asimismo, el Ad-Quem no tomó en consideración que no es posible equiparar un salario por otro a través de un pretendido intento de nivelación (propia del ámbito laboral) para la esfera jurídica de los servidores públicos, quienes como ya hemos dejado claro, no regulan su ejercicio bajo los principios del derecho laboral, sino atendiendo la buena administración del presupuesto asignado; por otra parte la aprobación del presupuesto recae finalmente en el Poder Legislativo, es decir que constitucionalmente existe otra barrera a superar, y es que las autoridades administrativas o judiciales no pueden sustituir o asumir atribuciones dadas por el constituyente a otro poder del Estado. La interpretación indebida del Ad Quem opera, al olvidar que a pesar de existir la protección del servidores públicos a través de la carrera administrativa, el salario que a la fecha devengan los demandantes en virtud de los aumentos salariales que concede el gobierno central, es el salario que les corresponde de acuerdo con el cargo que ostentan; sin embargo, ni los servidores públicos del sector salud devengan salarios exactamente iguales por razón de antigüedad y condiciones en el servicio; las potestades discrecionales de la Administración de conformidad con los méritos es una clara exposición de que el principio constitucional de IGUALDAD no opera como lo hace ver la Ad Quem en la carrera administrativa. En el caso de autos existe una motivación defectuosa por la falta de apreciación de la prueba bajo la lupa de la lógica y la razón conforme las pruebas aportadas en el proceso que corresponde denunciar en este recurso de la forma como queda establecido en este motivo. e) Con la interpretación antojadiza y casi de acomodo del Ad Quem, del artículo Constitucional, en relación directa con el fallo confirmado de primera instancia se ha provocado vulneración del derecho de defensa del Estado de Honduras, en el sentido de interpretar indebidamente un precepto legal pues, aplicarlo al caso que se juzga por ser el pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde. Es evidente que la inaplicación significa, en todo caso, el desconocimiento de la verdadera voluntad del legislador (en este caso inclusive la del Constituyente), expresada en el precepto legal no aplicado, Según la revista del Instituto de Investigación Jurídica, por el abogado Jacobo Gutiérrez Sánchez, manifestó que el nuevo Código Procesal Civil de Honduras introdujo significativos avances, sin embargo, por un lado, desapareció como causal de casación la infracción a la doctrina legal; así, indica, no toda jurisprudencia constituye doctrina legal, es decir, no toda jurisprudencia es obligatoria. Cita lo relacionado, que el artículo 719 del CPC enumera las causales de casación, sin embargo, de la lectura del artículo citado, surge la pregunta de cómo se puede unificar la jurisprudencia sin existir como causal de casación la infracción a la doctrina legal en la parte dispositiva de la sentencia. Así, resulta difícil unificar la jurisprudencia en materia civil y, consecuentemente, en la materia contencioso administrativo. Asimismo, es necesario aclarar, que no basta con el desempeño de unas mismas funciones, ser de una misma profesión y/o cumplir con una misma jornada para considerarse en iguales condiciones como aparentemente apreció tanto el A Quo como el Ad Quem, pues, como se detalla a continuación, conforme la normativa de la Ley y Reglamento del Servicio Civil: Art. 16 de la Ley del Servicio Civil dispone: La Dirección General del Servicio Civil de acuerdo con la Secretaria de Planificación, coordinación y presupuesto tomando en consideración lo establecido en el Manual de Clasificación de Cargos elaborarán el Plan de Remuneraciones... en el plan se establecerán las sumas mínimas, intermedias y máximas que corresponderán a cada cargo". Con lo anterior se deduce que no existe una sola cuantía para el pago de los servidores en cada cargo, sino que existen diferentes escalones en materia de remuneración para cada cargo; debido a que existe distinción y no igualdad debido a los factores que pueden incidir a pesar de ostentar el mismo cargo, como aparentemente lo ha señalado la juez en su sentencia, es así como a la luz del artículo 21 de la Ley del Servicio Civil que dispone: "Dentro de las sumas mínimas y máximas establecidas en el Plan de remuneraciones, los jefes respectivos podrán proponer aumentos de sueldo atendiendo a los factores como la eficiencia, la antigüedad, la conducta, las aptitudes y demás cualidades que resulten de la evaluación periódica del trabajo de los servidores" Asimismo, el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en sus Artículos 49 y 50 oportunamente señalan por su orden, que: Art. 49 "Las políticas de remuneración de los servidores públicos serán determinadas en coordinación con la Secretaria de Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 220-2003 de fecha 19 de diciembre de 2003 y demás legislación sobre la materia," Art 50 "En el plan de salarios o remuneraciones debe prevalecer el principio de que, a igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, corresponderá igual salario." Existe una indebida apreciación jurídica que vulnera la tutela judicial efectiva por parte del A Quo y confirmado por el Ad Quem, al señalar que, el salario que a la fecha devenga la demandante en virtud de los aumentos salariales que concede el gobierno central, no es el salario que le corresponde de acuerdo con el cargo que ostenta, las potestades discrecionales de la Administración de conformidad con los méritos y su carrera administrativa; así como, su antigüedad en el cargo. De lo anterior, es evidente apreciar que para poder considerarse aplicable a un salario igual al de su homólogo, debió la otra parte mediante el procedimiento correspondiente enmarcada en instancias de derecho administrativo, acreditar no solo ostentar la misma profesión y cargo nominal de otro colega debidamente determinado, ya que las condiciones de igualdad que exige su régimen estatutario y normativa de Servicio Civil a que supletoriamente se encuentran sujetos los demandantes, requieren que sean acreditados aspectos condicionantes de igualdad en méritos, idoneidad, antigüedad en el mismo cargo e igualdad en contexto y escenario presupuestario, pues tratándose de empleados públicos, el Estado dicta las políticas salariales que considere convenientes, por supuesto dentro de un marco de legalidad que se traduce en las disposiciones presupuestarias que cada año fiscal emite el Gobierno Central; a través de las cuales las estructuras salariales adquieren carácter normativo, pues forman parte de un presupuesto público con renglones específicos para cada destino, por ello, las modificaciones a las situaciones particulares -las condiciones o estatus de un determinado servidor - se hacen siempre sujetas a una real disponibilidad presupuestaria y hacia el futuro, a partir de un determinado momento, que ya este normado por el reglamento estatutario, disposiciones de Servicio Civil, y las directrices de la autoridad presupuestaria. Incidencia de la Infracción en la Resolución Impugnada: Podemos concluir este motivo de casación, que resulta procedente casar el fallo recurrido, por vulnerar el debido proceso y legítima defensa, al haber declarado con lugar la pretensión impugnatoria del acto administrativo, VULNERANDO la honorable Corte de Apelaciones la interpretación antojadiza sin razonamiento del artículo 128 de la Constitución de la República, de la forma con se ha dejado planteado en desarrollo de este motivo, por lo cual se solicita conforme el artículo 727 numeral 5 del Código Procesal Civil, en la parte que establece: “Contenido de la decisión. Estimación. Si se estimara el recurso de casación, es una sola sentencia, la Corte Suprema de Justicia casará la resolución recurrida y resolverá conforme a derecho: 1...2...3...4... 5. Si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Corte Suprema de Justicia procederá a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio". Por tanto, se pide a esta sala se procede a declarar la nulidad y se proceda a dictar nueva sentencia resolviendo el fondo del litigio”. V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: i) se alega en la formulación una interpretación indebida, cuando es de lato conocimiento, que los conceptos de violación a la ley son la falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea, careciendo de claridad y precisión el cargo; ii) se cita el artículo 719 numeral 2), como precepto autorizante, pero, acto seguido se relaciona el “Articulo 720 numeral 2 del Código Procesal Civil que dispone: Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia recurrida...” que refiere a otra causal de casación, lo que vuelve el cargo carente de claridad y precisión; iii) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal Civil; iv) en la explicación se alude a los artículos 321 de la Constitución de la República, 727 numeral 5) del Código Procesal Civil, 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 256 de la Ley de Servicio Civil, 49 y 50 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación volviendo el cargo confuso carente de claridad y precisión; y, v) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. VI.- Por otro lado, resulta importante recordar que se debe precisar en los fallos judiciales los nombres de las partes y de sus representantes legales y procesales y, es el caso, que en las presentes actuaciones la parte demandada es EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la COMISIÓN INTERVENTORA DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. Sin embargo, es necesario establecer que a partir del Decreto 71-2018, la administración del referido Hospital, paso a la Administración de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), en consecuencia, para efectos de los fallos impugnados se debe entender que la parte demandada es el EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL), POR ACTUACIONES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU). VII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VIII.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) INADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. En la demanda promovida en su oportunidad contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL), POR ACTUACIONES DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU). 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia,. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA144-2023. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.