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Sentencia CL-06-20 — Registro 14478

Resumen

Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada; reintegro; pago de salarios dejados de percibir hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia recurrida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo anteriormente expuesto, resulta inadmisible, ya que se aleja de la técnica del recurso extraordinario de casación, al incurrirse en los siguientes defectos técnicos: a) alega varias formas de infringir la ley, ya que por un lado sostiene la “aplicación errónea”, luego que dicha normativa aduciendo que “no se debió emplear para resolver la cuestión de fondo del litigio” y en otro apartado denominado como DISPOSICIONES INFRINGIDAS, también se menciona que su infracción es “por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio”, lo cual produce falta de claridad y precisión en el concepto de la infracción; b) el precepto autorizante invocado en el “artículo número 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil”, lo cual tiene que ver con los requisitos de la sentencia y no con las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio comprendida en el numeral 2) de esa misma disposición, por lo que el mismo no corresponde a la causal o motivo expuesto; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. "...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.

VIII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se debe ordenar se remitan las actuaciones al Tribunal correspondiente.-"...

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidos dias del mes julio del dos mil veintiuno.

La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, RUBEN RIVERA FLORES, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT; dicta la siguiente. RESOLUCIÓN:

SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, y, Recurrido: El señor JOSE EDGARDO SIERRA, representada en juicio por el Abogado VICTOR MANUEL MEJIA MEZA.

OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada; reintegro; pago de salarios dejados de percibir hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia recurrida; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado VICTOR MANUEL MEJIA MEZA, en su condición de representante procesal del señor JOSE EDGARDO SIERRA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició su relación de trabajo con el demandado, a partir del 01 de marzo de 1995 mediante Acuerdo número DGPP-2226 1995 en el cargo de Policía en la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras, según Acuerdo de Nombramiento; que la Secretaría de Seguridad mediante Oficio número SEDSSG2439-2014 y firmado por el Secretario General, de fecha 02 de diciembre de 2014 y con fecha 08 de enero 2015 fue notificado del acuerdo de cancelación número 2257-2014 de fecha 02 de diciembre de 2014, y que a partir de esa fecha estaba despedido, resolvió cancelar el Contrato de Trabajo y la relación laboral que le unía con dicha Institución sin responsabilidad económica alguna, por haber cometido falta grave, que en el Acuerdo de cancelación la Institución demandada fundamenta como causa el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Policía numerales 2) "observar en todo momento el debido profesionalismo, debiendo actuar con prudencia, dignidad y honorabilidad en su vida pública y privada", 3) "Observar conducta decorosa y apegada a derecho en el cumplimiento de sus funciones, 5) Proceder con eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones policiales y 16) Cuidar y proteger la salud física, psíquica y moral de las personas detenidas articulo 33 numeral 16, realizar cualquier otro acto prohibido por la Constitución; argumentó además que el despido fue ilegal y que la demandada le violentó sus derechos al haber sido despedido por los hechos acaecidos el 05 de septiembre 2014 por una supuesta denuncia de oficio por el delito de robo de L.52,000, expediente número 2199-2014 que se encuentra en el Juzgado Penal de Tegucigalpa y el cual está en la etapa de audiencia inicial y el auto de formal procesamiento todavía no está firme, sin haber sido oído y vencido en juicio (artículo 94 Constitucional), se violentó el debido proceso artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica de la Policía, por suponerlo responsable de haber cometido el delito de robo sin estar debidamente acreditada la sentencia condenatoria y sin tener facultades la Secretaría de Seguridad en los casos de delitos como lo establece el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Policía y el artículo 90 de la Constitución de la República; por violentar el principio de inocencia que ya la Secretaría de Seguridad lo condenó sin tener en cuenta el artículo 89 de la Constitución de que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; por la inaplicabilidad de los artículos 56 de la Ley del Servicio Civil, 288, 289 y 290 del Reglamento de la ley del Servicio Civil, donde se establece categóricamente cual era el procedimiento a seguir.

2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante hace alusión a las causas que dieron origen a su cancelación estipuladas en el artículo 24 numerales 3), 4) 5) y 16) que contemplan las obligaciones que tiene todo miembro de la Carrera Policial de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que originó la causal de despido contemplada en el artículo 126 numeral 1) del mismo cuerpo legal "Los miembros de la Carrera Policial podrán ser despedidos de sus cargos, sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualesquiera de las causales siguientes: 1) Por incumplimiento o violación de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente Ley de acuerdo a los hechos ocurridos el día 05 de septiembre del 2014 por una denuncia de oficio por el supuesto despojo de la cantidad de L.52,000.00 a un ciudadano en las cercanías del Barrio La Granja; sin embargo, mencionó un fundamento el cual rechazó ya que no fue utilizado en dicha cancelación (artículo 33 numeral 16, realizar cualquier otro acto prohibido por la Constitución) queriendo confundir a este Juzgador con argumentos sin fundamento; que el demandante tuvo mala percepción en cuanto al porqué de su cancelación, la cual se produjo por el incumplimiento de obligaciones que tenía como miembro Policial, no por un delito, tal y como se puede observar que se le citó para comparecer a la audiencia de descargos por hechos ocurridos el día 05 de septiembre del 2014 por una denuncia de oficio por el supuesto despojo de la cantidad de L.52,000.00 a un ciudadano en las cercanías del Barrio la Granja, y al realizarse la audiencia el demandante no presentó descargos que pudieran desvirtuar los hechos en virtud de lo cual quedó debidamente comprobado que el demandante incurrió en incumplimiento de obligaciones que originó la causal de Despido directa contemplada en el Artículo 126 numeral 1) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; que aunque el mismo tenía un proceso penal que no había concluido, la demandada estaba facultada a iniciar y desarrollar una investigación administrativa, tal y como dispone el Artículo 124 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional "El ejercicio de una acción penal pública o civil contra un miembro de la Carrera Policial no impedirá que simultáneamente se inicie y desarrolle la investigación administrativa necesaria para aplicarle el régimen disciplinario "siendo ese el caso del demandante que de acuerdo a los hechos ocurridos el 05 de Septiembre del 2014, se inició la investigación correspondiente, la cual concluyó con el incumplimiento de las obligaciones por su parte, ello originó la causal de despido directo sin responsabilidad del Estado; por lo cual la demandada estaba facultada a realizar un procedimiento disciplinario, aunque hubiera un procedimiento penal en contra del demandante tal y como lo dispone el Artículo 124 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y que en el presente caso fue cancelado por incumplimiento de obligaciones no por delito alguno, aduciendo que la demandada dejó de aplicar los Artículos 56 de la Ley de Servicio Civil y 288, 289 y 290 de su Reglamento, obviando el demandante que al ser miembro Policial la Ley que lo rige es la Ley Orgánica de la Policía, no la Ley de Servicio Civil la cual lo excluye según el Artículo 3 letra i) " Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: ...i) A los Militares en servicio activo así como al personal de la Oficina de Seguridad Pública", por lo que todos los argumentos carecen de fundamento jurídico ya que no fue despedido por un delito.

  1. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de marzo del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: " PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el Abogado VICTOR MANUEL MEJIA MEZA, en su condición de apoderado legal del Señor JOSE EDGARDO SIERRA, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo 2257-2014 de cancelación de fecha 2 de diciembre de 2014 emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, mediante el cual se cancela por despido al Señor José Edgardo Sierra. SEGUNDO (2): Se anula en su totalidad el Acuerdo de Cancelación número 2257-2014 de fecha 2 de diciembre de 2014 emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad por no estar ajustado a derecho. TERCERO (3): Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: El reintegro del Señor JOSE EDGARDO SIERRA al cargo que ocupaba al momento de su despido u otro de igual o mejor categoría en iguales condiciones y en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de su cancelación hasta que se reintegre a su puesto de trabajo. CUARTO (4): En cuanto a la solicitud de dejar en suspenso hasta que se resuelva la situación penal, la misma se declara sin lugar por improcedente en virtud de sentencia absolutoria de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil diecisiete (2017) emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa..."; sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto del expediente de mérito, expediente administrativo, de las pruebas presentadas y evacuadas por las partes y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyaron sus alegatos valorados según las reglas de la sana critica, que si bien es cierto al demandante se le practicó audiencia de descargo, con la práctica de la misma en ningún momento se observa que haya incurrido en la causal de despido invocada en el acuerdo de cancelación emitido por la Secretaría de Seguridad, por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en relación al artículo 24 numerales 3), 4), 5), y 16) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que se subsumen en el artículo 126 numeral 1), invocadas en el acuerdo de cancelación número 2257 2014 de fecha 02 de diciembre de 2014 mediante el cual se cancela por despido al señor José Edgardo Sierra sin responsabilidad para el Estado de Honduras, en franca violación a lo establecido en los artículo 89 de la Constitución de la República, que señala que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, en relación con el artículo 94, asimismo lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional reformado mediante Decreto N° 52012 de fecha 21de febrero de 2012 el cual establece: "Cuando a un miembro de la Carrera Policial se le haya dictado auto de prisión por delito doloso se le suspenderá de inmediato de su cargo sin goce de sueldo, si finalizada la causa penal resulta absuelto se le restituirán sus derechos", consta a folios 185-197 Certificación de Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa M.D.C. de fecha 27 de febrero de 2017 que en su parte resolutiva absuelve de la causa penal imputada, tomando en cuenta a su vez que la representación legal de la parte demandada con los alegatos y consideraciones legales expuestas ante este Juzgado no logró acreditar la comisión por el demandante la causa que generó su despido de la institución policial, en virtud de todo lo antes expuesto el suscrito juez estima que debe decretarse la procedencia de la acción en vista que el Acuerdo de cancelación por despido emitido por la Secretaría de Seguridad y objeto de impugnación en la presente demanda no está dictado conforme a derecho.

4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de agosto del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, en virtud que el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación 2257-2014 de fecha 02 de diciembre del 2014, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, mediante el cual se cancela del cargo de Policía de la Dirección Nacional de Policía Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad, no se encuentra ajustado a Derecho, sin costas, bajo el criterio que este Tribunal ha podido observar con la certificación de la resolución que emite la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán en fecha 07 de noviembre del 2014, la confirmación por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán del auto de formal procesamiento por el delito de robo agravado contra el ahora demandante quien se desempeñaba como policía clase I y aún más cuando se puede verificar que el auto de formal procesamiento confirmado por la Corte de Apelaciones Penal fue antes de la emisión del acuerdo de cancelación, es decir la Secretaría de Seguridad ya tenía conocimiento de dicho auto de formal procesamiento y aun así procede a realizar el acuerdo de cancelación en fecha 02 de diciembre del 2014 con fundamento en el artículo 126 numeral 17, es decir por incumplimiento de obligaciones, no obstante el procedimiento disciplinario contentivo de la citación y audiencia de descargo se desarrollaron sobre los hechos denunciados que constituyeron un delito doloso, en el que la Secretaría de Seguridad tiene la obligación de aplicar la figura de la suspensión al cumplirse los presupuestos que establece el artículo 116 de la ley Orgánica de la Policía Nacional y no como en el caso bajo análisis que luego del auto de formal procesamiento por robo agravado le emiten el acuerdo de cancelación, cuando lo procedente sería suspenderlo y al obtener sentencia absolutoria como este caso, restituirlo a su cargo con los salarios dejados de percibir tal cual lo establece el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y en el que la Secretaría de Seguridad no puede argumentar que el despido se debió al incumplimiento de las obligaciones, cuando el desarrollo de todo el procedimiento disciplinario fue encaminado a los hechos denunciados por la supuesta sustracción de dinero a un ciudadano; haciendo la observación al juez de primera instancia que en el caso de autos el Juez tiene que considerar la prueba que le fue presentada a la luz de las reglas de valoración de la prueba y luego tiene que especificar cuál es el derecho aplicado al caso concreto, encuadrando los hechos bajo la norma de derecho vigente que produce el fallo. Por lo tanto, debe de ser una resolución totalmente racional entre la conexión de los hechos con el derecho, esto por la mención del Decreto 520-12, el cual sufrió una reforma bajo el Decreto 202-2012 vigente al momento de la emisión del acuerdo de cancelación.

5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en fecha 16 de octubre del 2019 presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.039-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 053-2015 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 17 de octubre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.

6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado VICTOR MANUEL MEJIA MEZA, presentó en fecha 08 de noviembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 13 de noviembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 04 de diciembre del 2019, los Abogados ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, y VICTOR MANUEL MEJIA MEZA.

7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de enero del 2020, teniendo por personados a los Abogados ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, como recurrente, y VICTOR MANUEL MEJIA MEZA, como recurrido, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.

8.- Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020) en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicta sentencia la que puede ser vista de los folios 34 al 39 de la pieza de casación, y que por mayoría de votos de sus miembros declaro NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION, en sus dos motivos. DECLARAR FIRME LA SENTENCIA, recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. SIN COSTAS, contra la Sentencia Definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 30 de agosto del 2019, siendo disidente el Magistrado Pineda Valle, quien en su voto particular resolvió: DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia Definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 30 de agosto de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-

II.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 30 de Agosto del 2019, por falta de aplicación de los artículos 206 numeral 1), 208 del Código Procesal Civil, que han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 206 numeral 1), 208, del Código Procesal Civil, por falta de aplicación, que han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de Agosto del 2019, excepto en cuanto a disponer "sin costas." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1) letra c) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se consignó en el fundamento de Derecho Quinto (5) que ese Tribunal es del Criterio conforme a la facultad potestativa de dicha Secretaria de Seguridad que se debe REVOCAR la sentencia emitida por el Juez A-Quo de fecha diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho, y en la Parte Dispositiva de la misma en el numeral segundo: CONFIRMAR la sentencia de fecha diecinueve de marzo del dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, convirtiéndola en una sentencia incongruente a todas luces, sumado a ello la misma no es clara y carece de carácter lógico, por tal razón dicho motivo debe ser casado.”

III.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por las razones siguientes: a) No obstante que se impugna la forma y contenido de la sentencia, se alude a que las normas procesales infringidas han debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio, lo cual resulta contradictorio y confuso; y, b) las normas procesales que invoca, hacen referencia a que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas, que además deben ser congruentes, pero al explicar no hace referencia a esos requisitos internos de ese tipo de resoluciones, sino que se limita a señalar un supuesto error en uno de los fundamentos del fallo impugnado, el cual se advierte se trata de un simple error lapsus calami de la Corte recurrida, que en nada afecta, dado que la parte resolutiva es clara y precisa en el sentido de confirmar el fallo impugnado.

IV.- Que la Impetrante expone en su segundo motivo lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 30 de Agosto del 2019, por aplicación errónea de los artículos 116 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 202-2012), publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 22 de Diciembre del 2012, con numero de Gaceta 33,007 en relación a que no se debió emplear para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 24 numerales 3), 4), 5) y 16), 124, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto Nº 67-2008 Publicado el 31 de octubre de 2008 en La Gaceta N°. 31,749 y 126 numeral 1) reformado en el Decreto 2012-2012, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 22 de Diciembre del 2012, con número de Gaceta 33,007 por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de Agosto del 2019, excepto en cuanto a disponer "sin costas.". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se considero en el fundamento de Derecho Cuarto ( 4 ), ... No obstante a pesar del supuesto incumplimiento a dichas obligaciones, como facultad potestativa de dicha secretaria, estas obligaciones se desencadenan por la participación del ahora demandante en un proceso penal por el delito de Robo Agravado, obviando dicha Secretaria que previo al despido de un miembro policial bajo esa Circunstancia, la misma Ley Orgánica establece que cuando a un miembro de la carrera policial establece que cuando un miembro de la carrera policial se la haya dictado auto de prisión por delito doloso y este adquiera el carácter de firme, sin más trámite quedará suspendido (Articulo 116 reformado de la Ley Orgánica de la Policía Nacional), siendo oportuno recalcar que dicho fundamento es contradictorio ya que se plasmó que la Secretaria en uso de sus facultades de acuerdo a los hechos denunciados optó por emitir el Acuerdo de cancelación bajo la causal establecida en el artículo 126 numeral 1) arriba mencionado, sumado a lo anterior es imperante mencionar que el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras establece "El ejercicio de una acción penal pública o civil contra un miembro de la Carrera Policial no impedirá que simultáneamente se inicie y desarrolle la investigación administrativa necesaria para aplicarle el régimen disciplinario" por tal razón esta Secretaria de Estado inició el procedimiento administrativo enmarcando los hechos en las obligaciones inherentes que tenía el Miembro Policial establecidas en el artículo 24 numerales 3), 4), 5) y 16) relacionado 126 numeral 1) del mismo cuerpo legal, Por esta razón es que este motivo debe ser casados.”

V.- Que el cargo anteriormente expuesto, resulta inadmisible, ya que se aleja de la técnica del recurso extraordinario de casación, al incurrirse en los siguientes defectos técnicos: a) alega varias formas de infringir la ley, ya que por un lado sostiene la “aplicación errónea”, luego que dicha normativa aduciendo que “no se debió emplear para resolver la cuestión de fondo del litigio” y en otro apartado denominado como DISPOSICIONES INFRINGIDAS, también se menciona que su infracción es “por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio”, lo cual produce falta de claridad y precisión en el concepto de la infracción; b) el precepto autorizante invocado en el “artículo número 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil”, lo cual tiene que ver con los requisitos de la sentencia y no con las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio comprendida en el numeral 2) de esa misma disposición, por lo que el mismo no corresponde a la causal o motivo expuesto; y, c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio lo cual es vedado a este Tribunal, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.

VI.-De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.

VII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.

VIII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se debe ordenar se remitan las actuaciones al Tribunal correspondiente.-

POR TANTO: El Pleno de La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por mayoría de votos, al disentir los Magistrados ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, Y CONAN RAFAL ARGUETA BOURDETT, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución a las partes personadas, se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de estilo, para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE.

Expediente S.L 06-2020