Sentencia CA-89-21 — Registro 12825
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, identificado como el acto presunto en sentido negativo, por el silencio administrativo del INJUPEMP, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que, Constitucionalmente toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...".- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE; y, Recurrido: el señor LINO RAUL AGUIRIANO, representado en juicio por el Abogado RAUL DAVID AGUIRIANO GALAN. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria en materia personal para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de un acto negativo presunto, referente al reconocimiento de los años de servicios acreditados del sistema abandonado IHSS, conforme a la Ley de Transferencia de Valores Actuariales y Participantes sujetos a doble cotización, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su restablecimiento, indemnización por daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor LINO RAUL AGUIRIANO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 04 de mayo de 2015, se interpuso el reclamo administrativo a fin de que se hiciera efectivo el reconocimiento de los años de servicio acreditados del sistema abandonado IHSS, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos artículo 84 Literal "B"; en fecha 29 de julio de 2015, se solicitó Pronta Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos y finalmente en fecha 11 de agosto de 2015, se interpuso Recurso de Reposición en contra de un acto negativo presunto referente al reclamo administrativo antes planteado, conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Procedimientos Administrativos; que el derecho que se está reclamando corresponde a lo siguiente: A. Resulta que, a partir del 01 de febrero del año 1977, el demandante cotizó según lo establecido por la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social “IHSS", hasta diciembre de 2002. B. Conforme a lo establecido en el Decreto # 190-2000, de la Ley de Transferencia de Valores Actuariales y de Participantes Sujetos a Doble Cotización, interpuso el demandante una solicitud ante el IHSS, a fin de que realizara la respectiva transferencia de valores actuariales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios de Poder Ejecutivo (INJUPEMP); tal solicitud fue resuelta con lugar y se procedió conforme a derecho correspondía. C. Resulta que conforme al artículo 1 del Decreto 190-2000, establece: "El participante de los sistemas de previsión social, que pase a ser cubierto por otro distinto al que ha pertenecido, el sistema al cual ingresa reconocerá los años de servicios acreditados en el sistema que abandona”. Es por tal motivo que el demandante solicitó al INJUPEMP, el reconocimiento de los años que ha cotizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero la institución hoy demandada únicamente mantuvo su silencio administrativo ante el derecho reclamado. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda, rechazando la misma en su totalidad por estar los extremos vertidos acomodados a los intereses personales del demandante y será el demandante quien deberá probar la veracidad y procedencia legal de las acciones aludidas a los hechos y el INJUPEMP, además acreditara en juicio que actuó en base a Ley. En cuanto a la solicitud de transferencia de valores solicitada del IHSS al INJUPEMP, de conformidad al Decreto No.190-2000, si bien es cierto que al demandante a la presentación de su solicitud de jubilación voluntaria, le fue aprobada la misma conforme a ley como consta en el expediente administrativo, se rechaza lo aseverado y pretendido por éste de que en el cálculo del monto de la jubilación ordinaria no se le consideraron inicialmente los años correspondientes a la transferencia de valores del IHSS al INJUPEMP, con motivo de los años que el demandante laboró en el IHSS, esto en virtud de que dicho cálculo lejos de ser erróneo se encuentra totalmente apegado a derecho; que el Congreso Nacional de la República, aprobó el Decreto Legislativo No. 190-2000 (Ley de Transferencia de Valores Actuariales) (hoy derogada), en cuanto al hecho de que ampara la solicitud del beneficio de jubilación para efectos del cálculo de jubilación, puesto que el artículo 1 de la Ley en mención, establece: "cuando un participante de un sistema de previsión pase a ser cubierto por otro, el sistema al cual ingresa reconocerá los años de servicio acreditados en el sistema que abandona y el sistema que se abandona tiene la obligación de efectuar la transferencia de valores actuariales". Pero cabe destacar que el mismo cuerpo normativo establece en su artículo número 2, que obliga para que los valores actuariales se determinen conforme a los beneficios futuros que otorgan las instituciones de Previsión Social y los artículos 3 y 4, establecen que es responsabilidad del sistema que abandona, efectuar los cálculos correspondientes de la transferencia de valores actuariales, en razón de sus beneficios y al régimen financiero con el cual se establece el equilibrio entre los recursos económicos que percibe y los beneficios a que está obligado a conceder, y en su artículo número 5 de este mismo cuerpo normativo establece que el cálculo de los valores actuariales se harán en base a la fecha en que el participante abandone uno de los sistemas y el artículo 8 de la Ley de Transferencia de Valores Actuariales, dice que cuando el valor transferido por el sistema abandonado es inferior a lo que necesita el sistema al que ingresa el participante de acuerdo a su ley, este último absorberá la diferencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3, 4 y 5 de la misma ley. Se rechaza lo aseverado por el demandante en cuanto a que el cálculo de su ajuste le cause perjuicio, puesto que tal como consta en la Resolución de la otra Junta Directiva del INJUPEMP, No. 01-1185, de fecha 27 de octubre del año 2010, el Instituto de oficio efectúa el ajuste correspondiente reconociéndole la transferencia del tiempo que el demandante prestó servicios cotizados y transferidos del IHSS al INJUPEMP, en atención a la solicitud del ajuste del beneficio de jubilación que obra en el expediente administrativo que se acompaña a la contestación de la demanda. Consta en el expediente administrativo del demandante el ajuste (valor adicional) de la jubilación, el cual le fue efectuado con el procedimiento legal establecido para todos los jubilados provenientes del sistema del IHSS, según directrices emitidas por el ente supervisor de la institución y de dictámenes técnicos actuariales, tal como el mismo Decreto 190-2000 establecido, por lo cual dicho cálculo de ajuste esta otorgado conforme a derecho. Los argumentos técnicos bajo los cuales el INJUPEMP, sustenta su accionar en la aplicación del Decreto de Trasferencia de los Valores Actuariales, de conformidad al mismo Decreto, se basa en cálculos actuariales (variables biométricas, financieras y económicas), por lo cual en el cálculo del reajuste del demandante se le respetó su derecho, puesto que al momento de actualizar dicho cálculo se utilizaron los índices de precios al consumidor (IPC) que oficialmente publicó el Banco Central de Honduras, desde la fecha del cálculo hasta la fecha de valuación; destacando también la derogación de dicho Decreto en el año 2004, siendo únicamente objeto del beneficio de dicho Decreto, 106 personas, lo cual representó al Instituto y a sus participantes activos una pérdida de más de cien millones de lempiras. Corresponden a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dentro del marco de sus atribuciones, supervisar y recomendar las acciones orientadas a asegurar la continuidad de los derechos de seguridad social (pago de beneficios) y que sus políticas económicas se enmarquen en función del bien común y no del bien particular, es decir, corresponde en este caso al Estado a la hora de tomar la decisión normativa aplicable el cuidado en su vulnerabilidad, sin embargo en situaciones excepcionales o de marcada emergencia como lo es la afectación de más de reservas a más de quinientos millones de lempiras, pone en riesgo el funcionamiento y continuidad del sistema de previsión como tal, por lo que el (IPC) fue clave para generar una nota técnica de consuno con la capacidad financiera del Instituto (INJUPEMP), nota técnica que fue a alada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, según Resolución SS No. 1601/14-10-2010, quien de manera objetiva evaluó el impacto en forma global y no personal, es decir, como un todo, de manera que el desarrollo de la seguridad social en este caso corresponde a la realidad económica, el demandante obtuvo la transferencia de sus aportaciones en el IHSS, como consta en el expediente administrativo; sin embargo, la información de la transferencia derivada de los años cotizados en el IHSS no fue proporcionada al INJUPEMP a partir de la fecha de cada una de las resoluciones, sino que el demandante la presentó al solicitar el ajuste al valor de la jubilación concedida con anterioridad debido a que al determinar la jubilación no se conocían los antecedentes que obran en otro sistema que se abandonó (IHSS), por lo cual los mismos no podían ser tomados en cuenta al momento de determinar el monto de cada uno de los beneficios, lo cual le releva de responsabilidad, sin embargo, observando el procedimiento legal que corresponde, se efectuó el ajuste correspondiente a la jubilación del demandante, reconociéndole la transferencia de sus años de servicio de manera total sobre la base de cotización legal en dicha institución, acto administrativo emitido en aplicación a los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 190-2000, ordenando el complemento del pago a partir de la fecha en que se iniciaron el goce del beneficio de sus jubilaciones y recibido por el demandante, dicha jubilación y ajuste mensual se convirtió en un hecho consentido por el ahora demandante, que el INJUPEMP, en su actuar, ha observado el marco legal al cual está sujeto en sus relaciones con los participantes en general y ha observado lo dispuesto entre otras disposiciones legales aplicables el artículo 72-C de la Ley derogada del INJUPEMP por ser el tiempo en que ocurrieron los eventos y el artículo 13 de la Ley del Adulto Mayor, disposiciones estas que no es dable interpretar de manera subjetiva para beneficiar a una persona en particular porque además de ilegal sería discriminatoria, por no ser el demandante el inicio jubilado y pensionado del Instituto, dado que ningún procedimiento que la ley ordene para beneficio de jubilados y pensionados puede ser llevado a cabo en forma particular sino que debe ser efectuado en forma general. El Instituto no puede ni debe actuar con criterios discriminatorios en los procedimientos establecidos, por lo que debe aplicarlos en forma general y no particular, como pretende el demandante que se le aplique un procedimiento distinto al resto de los jubilados para la determinación del monto al cual ascenderá su ajuste con motivo del Decreto 190-2000, ya derogado, procedimiento que se efectuó en base a Ley uniformemente a todos los afectados por dicho Decreto por los años cotizados en servicio al otro sistema en este caso el IHSS. El monto al cual ascenderá dicho ajuste se efectúo en forma global y general a los afectados por el Decreto 190-2000 ya derogado y no especifica caso por caso, aplicado para este fin criterios técnicos actuariales, conforme el mismo Decreto expresamente disponía. Enmarcado en los resultados de los estudios actuariales y de acuerdo a su capacidad financiera tal como la ley lo dispone, el INJUPEMP, con la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) efectuó el ajuste que le correspondía al demandante por lo que no ha incurrido en ninguna violación de sus derechos ni discriminado de manera alguna, por lo cual se rechaza lo pretendido por el demandante del cálculo del ajuste con motivo del Decreto 190-2000, debe ser a conforme a propios y antojadizos cálculos. Cabe destacar en cuanto al papel que desempeña la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el accionar de El INJUMPEP, que este está sujeto y debe observar lo que aquel le prescribe y ordena tal coma lo hace con las disposiciones contenidas en la Resolución 1294/21-12-2004, de fecha 21 de diciembre del 2004, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que en el uso de las atribuciones legales de que se encuentra investida, en la cual expresamente y para la aplicación de lo que disponía el artículo 72-C de la Ley derogada del INJUPEMP, ya derogado "Que se debe obtener autorización de la Comisión para efectuar cualquier modificación de la estructura de beneficios a los pensionados y jubilados par incremento en el monto de las jubilaciones y pensiones y que para obtener la autorización se requiere presentar el estudio técnico que respalde la disponibilidad financiera del Instituto y garantice el equilibrio actuarial del mismo". El INJUPEMP, por su carácter de Instituto de Previsión, está sujeto a las disposiciones de Regulación, Supervisión y Control que determine la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es decir, como un todo de manera que el desarrollo de la seguridad social responda a la realidad económica, puesto que un sistema de seguridad social que se aparte de su realidad económica está condenado al fracaso y por ello es necesario la planificación y la coordinación, de no efectuarse conforme la realidad económica, sería la población misma la responsable de la seguridad social, por ello convergiendo con el concepto de la responsabilidad, es en última instancia el Estado el que le hace frente a los programas de seguridad social, supervisándolos e interviniéndolos en casos extremos para un eficaz funcionamiento, que es improcedente incoar esta demanda argumentando dicho silencio en virtud de que lo dispuesto por el INJUPEMP en cuanto al ajuste de su jubilación y pensión con motivo del Decreto 190-2000, ya que lo resuelto par el INJUPEMP, emanó de la propia ley del mismo Decreto y se deriva de un acto administrativo que pueda ser impugnado; es decir, que es de la propia ley que emanan las disposiciones que se han aplicado en el procedimiento del ajuste de transferencia de valores con motivo del Decreto 190-2000. Por lo tanto son disposiciones con aplicación obligatoria de carácter general, observándose por parte del Instituto en forma estricta las disposiciones legales vigentes así como también las disposiciones de la autoridad supervisora, por lo tanto aplicando las normas del procedimiento administrativo en la forma en que corresponde a casos de esta naturaleza, amparado en la Ley, en las Resoluciones de la otra Junta Directiva del INJUPEMP, motivando lo resuelto en base a las consideraciones técnicas y financieras contenidas en documentos públicos de valor y cumplimiento obligatorio, conforme al ordenamiento jurídico vigente. Por lo cual era improcedente presentar reclamo administrativo contra la aplicación de leyes que son de carácter general y así mismo al ser improcedente la presentación de un reclamo administrativo que aduce haber presentado el demandante al no haber acto administrativo que impugnar, ya que las actuaciones del INJUPEMP reclamadas no emanan de un Acto Administrativo sino que la propia ley que es de carácter general y ya dispone el procedimiento a seguir, también resulta improcedente incoar una demanda alegando silencio administrativo de un reclamo de un acto inexistente como ha quedado dicho; por tanto al demandante no le asiste el derecho, ya que lo que debió impugnar en todo caso es la ley misma mediante los Recursos Correspondientes. De lo contrario, cualquier ciudadano que así lo desee podrá impugnar procedimientos de aplicación de leyes que no les favorezcan, creando una crisis institucional en el que cada persona exija una aplicación especial de la ley a su conveniencia. De total relevancia y como un instrumento jurídico nuevo que precisa su consideración es la emisión de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de Previsión Social, contendida en el Decreto N. 92-2014, de fecha 17 de febrero del año 2015, que incluye los ajustes basados en los principios de la Seguridad Social, contenidos en las normas internacionales del trabajo y en específico, dando cumplimiento a lo establecido en la Norma Mínima de Seguridad Social de conformidad al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OT), ratificado por la República de Honduras en el año 2012, así como lo establecido en el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); siendo su emisión consecuencia de los inconvenientes importantes que presentaba la Ley de Transferencia de Valores Actuariales y Financieros para el cálculo y traslado de los mismos, al considerar que los Sistemas de Previsión tienen diferentes esquemas de aportaciones y beneficios así como que no existe ningún convenio institucional vigente entre ellos: Sin duda alguna sabemos que todo precepto legal tiene un ámbito temporal y un ámbito especial de vigencia, no obstante cuando se han emitido normas legales como consecuencia de inconvenientes en la aplicación correcta de preceptos ya vigentes como es el caso, causa necesidad ampliar criterios a efecto de emitir consideraciones legales dentro del marco de una justicia provisional y la correcta aplicación de los principios de la seguridad social; en ese sentido bastará considerar lo que al efecto dispone el artículo 23 de la citada Ley, en la cual manda que para que los entes contralores del Estado y el órgano jurisdiccional, puedan emitir resoluciones o sentencia, según correspondan, sobre cualquier discrepancia o conflicto que se genere con respecto a la implementación de esa Ley, la Comisión, a través de su división actuarial, debe estar obligada a emitir los dictámenes técnicos que correspondan y le sean requeridos; de tal forma que los conflictos legales se dirimen en la aplicación de condiciones técnicas para no causar un desequilibrio actuarial que impacta a la mayoría de los participantes del sistema de nuestro Instituto de Previsión. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de agosto del 2018, dictó sentencia declarando: PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor LINO RAUL AGUIRIANO, por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, identificado como el acto presunto en sentido negativo, por el silencio administrativo del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en consecuencia se anula totalmente. SEGUNDO (2): Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se ORDENA: a) El reconocimiento de los años de servicio acreditados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante el periodo comprendido del primero (01) de febrero de 1977, al treinta y uno (31) de diciembre de 1993, ante el Instituto de Jubilaciones y Pensiones los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); b) Nivelar la jubilación conforme al derecho reclamado; CONDENA a INJUPEMP; a) al pago del monto no percibido, contado al momento de la jubilación voluntaria, hasta la regularización normal de la misma y de acuerdo a las ajustes que al tiempo reconocido corresponda, b) Absorber cualquier diferencia que resulte de la cantidad que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), le transfirió a dicha institución por los años de servicio. En cuanto a la indemnización de Daños y Perjuicios, se declara sin lugar por no constar en autos la procedencia de los mismos; sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de la pieza de mérito del expediente administrativo, así como de las pruebas aportadas en juicio, esta claro y consta tal como lo declara el Instituto Hondureño de Jubilaciones y Pensiones de las Empleados Públicos (INJUPEMP) en su oficio No. 146-2018-DE, que el hoy demandante no se le han tomado en cuenta los años de servicio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.- De conformidad a lo establecido en la Ley de Transferencia de Valores Actuariales y de Participantes Sujetos a Doble Cotización, el Sistema de Previsión al cual el participante ingresa, reconocerá los años de servicios acreditados en el sistema el cual abandona, asimismo absorberá la diferencia de los valores que resulten del cálculo de valores actuariales al efecto realizado y tal como consta en el presente caso, el señor LINO RAUL AGUIRIANO, se afilió al Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS desde el año 1977, cotizando en el mismo a partir del uno (01) de febrero de 1977, hasta diciembre del 2002, luego comenzó a cotizar en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de las Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), a partir del 1 de enero de 1994 al 24 de abril de 2014, solicitando el Beneficio de Jubilación Voluntaria, mismo que le fue concedido mediante Resolución No. 033-2014, cotizando a ambos Institutos, por lo cual corresponde al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el reconocimiento de los años de servicios acreditados por el demandante, al Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como la transferencia de valores actuariales. Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 81 párrafo segundo, establece que "la sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico"; quedando demostrado que, en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de octubre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que, Constitucionalmente toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido; es así que el demandante señor LINO RAUL AGUIRIANO, goza actualmente de jubilación por años cotizados íntegramente al INJUPEMP, efectiva dicha jubilación a partir del 22 de abril del 2014; de la misma manera está acreditado en autos que el demandante cotizó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por cierto periodo, aportes que no fueron acumulados ni tomados en cuenta para la jubilación que actualmente percibe el demandante; estando acreditado que éste solicitó administrativo que INJUPEMP debió de haber solicitado del interesado la documentación necesaria para emitir una resolución por escrito y con las formalidades legales; sin embargo, al llamarse al silencio y no resolver y notificar en tiempo el reclamo, tomando en cuenta que se realizó el reclamo ante la autoridad competente, que el Juzgado de Primera Instancia emita pronunciamiento de procedencia, aun siendo confirmado por este Tribunal de Segunda Instancia, por haber sido emitido el acto presunto negativo con infracción al ordenamiento jurídico, prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en fecha 14 de diciembre del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.75-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.312-2015, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 19 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado RAUL DAVID AGUIRIANO GALÁN, presentó en fecha 2 de febrero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 8 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 18 y 22 de febrero del 2021, los Abogados RAUL DAVID AGUIRIANO GALÁN y JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 18 de marzo del 2021, teniendo por personados a los Abogados JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, como recurrente y RAUL DAVID AGUIRIANO GALÁN, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. MOTIVOS DE CASACION PRIMERO: Como antecedente, La parte demandante señor LINO RAUL AGUIRIANO, presentó contra mi representado demanda contraída a pedir la Nulidad de un Acto Administrativo presunto, referente al reconocimiento de los arios de servicio acreditados del sistema abandonado IHSS, conforme a la Ley de Transferencia de Valores Actuariales y participantes sujetos a doble cotización, reconocimiento de una Situación Jurídica Individualizada y las medidas para su pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios, contestada dicha demanda en tiempo y forma, con los argumentos necesarios que amerita la defensa, en tal sentido el demandante tendría que probar la veracidad y procedencia legal de las acciones aludidas, en los hechos de su demanda y además se acredito en juicio que mi representado actuó en base a Ley, siendo que el demandante asevera que tal y como efectivamente así sucedió y consta en los registros de mi representado, le fue otorgado el beneficio de jubilación de conformidad con la Ley y no producto de un reclamo administrativo, ya que la Ley es quien establece el procedimiento para otorgar el beneficio con independencia de la voluntad de las partes, ya que es obligatorio y de general cumplimiento. SEGUNDO: Honorables Magistrados; en tal sentido y amparados en los resultados de los estudios actuariales y de acuerdo a su capacidad financiera tal como la Ley lo dispone, el INJUPEMP, con la autorización del ente regulador, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) efectuó el ajuste que le correspondía al demandante por lo que no ha incurrido en ninguna violación de sus derechos; cabe destacar el papel que desempeña la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el accionar del Instituto, que este sujeto y debe observar lo que se le prescribe y ordena tal como lo hace con las disposiciones contenidas en la Resolución 1294/21-12-2004, de fecha 21 de diciembre del año 2004, emitida por dicha Comisión, que en el uso de sus facultades legales de las cuales se encuentra envestida, en la cual expresamente y para y para la aplicación de lo que disponía el artículo 72-C de la ley derogada de INJUPEMP, que se debe obtener la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y seguros, para efectuar cualquier modificación de la estructura de beneficios a los jubilados y pensionados por incremento en el monto de las jubilaciones y pensiones y para obtener la autorización se requiere presentar el estudio técnico que respalde la disponibilidad financiera del instituto de tal manera que garantice el equilibrio actuarial del mismo. TERCERO: Señores Magistrados es un hecho sin discusión, sin duda que el Congreso Nacional de la Republica de Honduras aprobó el decreto legislativo 190- 2000 (Ley de Transferencia de Valores actuariales), en cuanto al hecho de que ampara la solicitud del beneficio de jubilación para efectos del cálculo de jubilación, puesto que el articulo uno (1) de la Ley en mención establece “Cuando un participante de un sistema de previsión pase a ser cubierto por otro, el sistema al cual ingresa reconocerá los arios de servicio acreditados en el sistema que abandona y el sistema que se abandona tiene la obligación de efectuar la trasferencia de valores actuariales", pero cabe señalar que el mismo cuerpo normativo establece en su artículo dos (2) que obliga para que los valores actuariales se determinen conforme a los beneficios que otorgan las instituciones de previsión social y los artículos tres (3) y (4), que es responsabilidad del sistema que abandona, efectuar los cálculos correspondientes de la transferencia de valores actuariales, en razón de sus beneficios y al régimen financiero con el cual se establece el equilibrio entre los recursos económicos que percibe y los beneficios a que está obligado a conceder, en su artículo cinco (5), de este mismo cuerpo normativo establece que el cálculo de los valores actuariales se harán en base a la fecha en que el participante abandone uno de los sistemas y en el artículo ocho (8) dicta que cuando el valor transferido por el sistema abandonado es inferior a lo que necesita el sistema al que ingresa el participante de acuerdo a su ley, este último absorberá la diferencia, de acuerdo a lo establecido en los artículos tres (3), cuatro (4) y cinco (5) en consecuencia se rechazó lo aseverado por el demandante en cuanto a que el cálculo de su ajuste le cause prejuicio, al contrario le causa AGRAVIOS a mi representada, ya que como consta en la Resolución número 01-1185 de fecha 27 de Octubre del año 2010, el instituto de oficio efectúa el ajuste correspondiente reconociéndole la transferencia del tiempo que el demandante presto servicios INJUPEMP, en atención a la solicitud de ajuste del beneficio de jubilación que se adjuntó a la contestación de la demanda que nos ocupa. CUARTO: Señores Magistrados, es nuestro criterio que la sentencia de fecha treinta (30) de octubre del año 2020, debe ser REVOCADA, en virtud de que la misma no está ajustada a derecho, por no haberse interpretado las normas legales que rigen los actos y garantías que regulan el proceso y por consiguiente cabe señalar y aclarar que la transferencia de fondos del Instituto Hondureño de seguridad Social (IHSS), para mi representado no se han tornado en consideración, en virtud de que no existe en los archivos físicos, ni en el sistema que para tales efectos lleva el instituto ningún documento o ingreso al sistema que acredite la trasferencia de dichos valores a esta Institución, por lo tanto el participante percibe el beneficio de jubilación por los años cotizados íntegramente a el INJUPEMP, en virtud que la trasferencia de fondos no ha sido comprobada por el participante ni por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la información derivada de los años cotizados en el IHSS, NO FUE PROPORCIONADA AL INJUPEMP, por tanto sus aportaciones no fueron transferidas a mi representado, el demandante lo acredito al momento de solicitar el ajuste a su jubilación concedida con anterioridad debido que al determinar y hacer el cálculo de la jubilación del participante no se conocían los antecedentes que supuestamente obran en otro sistema que se abandonó (IHSS), por lo tanto los mismo no podían ser tomados en cuenta al momento de determinar el beneficio que nos ocupa, lo cual exime de responsabilidad a mi representado, reconociéndole la transferencia de los años de servicio de manera total, sobre la base de la cotización legal en dicha Institución, acto administrativo emitido en aplicación a los artículos 1, 2, 3, y 4 del Decreto 190-2000, pagándosele a partir en que se inició el goce del beneficio de su jubilación y recibido por el señor Lino Raúl Aguiriano, circunstancias no apreciadas correctamente por AD-QUEM. QUINTO: Es Hecho y Fundamento del total agravio, para mi representado Honorables magistrados que para efectos de análisis y resoluciones judiciales es de general relevancia considerar que al estar ante la emisión de nuevos estamentos jurídicos, se desarrolla la aplicabilidad de estas normativas, es así que se encuentra la emisión de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de Previsión Social, contenida en el Decreto 92-2014 de fecha 17 de febrero del año 2015, que incluye los ajustes basados en los principios de Seguridad Social, de tal forma que los conflictos legales se dirimen en la aplicación de condiciones técnica para no causar un desequilibrio actuarial que impacta a la mayoría de los participantes del sistema de nuestro instituto de Previsión, importante aclarar Honorables magistrados que el 17 de septiembre del año 2015, fecha en que se interpuso la demanda de mérito el Reglamento de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de previsión no estaba en vigencia, lo anterior se expone en concordancia con el fundamento estipulado en el artículo 16 de las Disposiciones Transitorias del decreto ley de Reconocimiento de cotizaciones individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos Públicos de Previsión no estaba en vigencia, lo anterior se expone en concordancia con el fundamento estipulado en el artículo 16 de las Disposiciones Transitorias del Decreto Ley 92-2014 (Ley de Transferencia vigente) que literalmente establece: Casos pendiente de Resolución del Decreto número 1902000, "Los casos de solicitudes de afiliados que se encuentren pendiente de resolución en los respectivos institutos y cuyas solicitudes fueron presentadas durante la vigencia del Decreto 190-2000, de fecha 30 de octubre del 2000, estos deben de ser resueltos a lo que establezca el reglamento de la presente Ley', en consecuencia el derecho previsional que por efecto de Ley contiene el alcance de los derechos adquiridos a favor del señor LINO RAUL AGUIRIANO, y que el mismo ha sido otorgado bajo la base reguladora pertinente para su otorgamiento, es decir que su actual beneficio es lo que en Derecho le corresponde respecto a la aplicación de la Ley de INJUPEMP y que al caso específico no le corresponde la aplicabilidad del Decreto 190-2000, en virtud de no probar antecedentes y regulaciones aplicables a favor del demandante, que además hace concluir que la pretensión entablada es improcedente, en tal sentido solicito CASAR LA SENTENCIA IMPUGNADA antes descrita, ANULANDOLA TOTALMENTE. CONCLUSION: Manifiesto que la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS establece en su artículo 8 de garantías judiciales que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independientemente o imparcial, establecido con anterioridad por la Ley”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS Y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 26 días del mes de mayo del 2021; certificación de la sentencia de fecha 22 de abril del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CA89-2021. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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