Sentencia CA-88-19 — Registro 12854
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia declarando improcedente la acción por estar emitido el acto impugnado conforme a derecho, bajo el criterio: conforme al acuerdo de cancelación, cuya causal de despido fue la ausencia injustificada a su puesto de trabajo por varios días consecutivos tal y como se puede observar tanto en el acuerdo de cancelación, así como la audiencia de descargo, en la cual la demandante no pudo desvirtuar los cargos planteados por la autoridad nominadora, comprobándose mediante actas de abandono la ausencia de la demandante en su puesto de trabajo, por lo que se debió valorar si para realizar el acto objeto de impugnación se había respetado el debido proceso y no valorar otros elementos que no son propios del acto impugnado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, b) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inestimable, por las razones siguientes: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; b) se insta a la revisión de los hechos y por ende al material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, y WILFREDO MENDEZ ROMERO, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: PATRICIA JANETH PONCE ANDINO representada en juicio por HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON; y, Recurrida: EL ESTADO DE HONDURAS., representada en juicio por el Abogado CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA. OBJETO DEL PROCESO: la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su pleno restablecimiento, más el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, los salarios dejados de percibir, costas, promovido por la señora PATRICIA JANETH PONCE ANDINO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEI, ahora conocida como DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que Mediante Acuerdo N° 0332/2007, de fecha 01 de marzo del año 2007, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, la demandante fue nombrada en el cargo de Administrador de Aduanas en La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, de la Dirección Ejecutiva de ingresos, por lo que inicio labores el cinco de marzo del año dos mil siete, pero el salario que se le pagaba no era el salario correspondiente al puesto para el que fue nombrada, ya que el salario de Administrador es de L.25,0000.00, sin embargo ejercía funciones de Oficial de Aforo y Despacho, por lo que en forma verbal reclame al Departamento de Recursos Humanos, directamente a la Licenciada Patricia Zamora y al mismo Director Ejecutivo de Ingresos, Licenciado Armando Sarmiento, quienes nunca atendieron el mismo, por lo que le cancelaban un salario de L.15,000.00. La demandante fue cancelada por primera vez por la Secretaria a de Finanzas, mediante el acuerdo de cancelación N° 048/2008, razón por la cual promovió demanda especial de personal ante el presente Juzgado de Letras, obteniendo sentencia definitiva con carácter de firme en fecha 23 de febrero del 2010, mediante la cual se declaró procedente la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se ordenó el reintegro a el mismo puesto de trabajo que venía desempeñando hasta el momento de su despido, condenando al demandado al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectiva del acuerdo de cancelación hasta la fecha de ejecución de los fallos, y demás derechos que les pudieren corresponder. Derivado del fallo antes referido, fue restituida por media del Acuerdo No. DEI-RRHH-No.232/2012 a su puesto de trabajo. Resulta que mediante Acuerdo DEI-No.413/2015 de fecha 24 de agosto del año 2015, notificado a mi persona en fecha 28 de agosto del año 2015, la Dirección Ejecutiva de Ingresos la despide sin responsabilidad para la institución, argumentando entre otras cosas inasistencias injustificadas al lugar de trabajo durante el mes de junio y julio y los días 3, 4, 5, 6, 7 y 10 de agosto del año en curso, pero tiene su justificación, ya que la actora fue notificada vía correo electrónico el 14 mayo de 2015, mediante memoranda RRHH/1156/2015 fechado 14 de mayo del 2015, en el cual se le ordenaba el traslado al Departamento Técnico Aduanero del Florido, Departamento de Copan, como Administradora de Aduana, efectivo a partir del 15 de mayo del corriente año, traslado efectuado sin causa debidamente justificada y sin seguirse el procedimiento reglamentario establecido, cometiéndose distintas violaciones procesales y legales en la emisión de ese acto, como ser: A) Previo a tomar su decisión de ordenar el traslado, esa dependencia desconoció lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 81 de la Constitución de la Republica, que establece: "Nadie puede ser obligado a mudar su domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala", porque con tal orden eso es lo que ocurriría, ya que tendría que cambiar su domicilio al Florido, departamento de Copan, cuando su residencia es en esta ciudad. B) No se siguió en dicho traslado ningún procedimiento de defensa, violentándose derechos del debido proceso regulado en los artículos 90, 94 y 129 de nuestra Carta magna y lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo. E) No se hace mención en dicho documento la autorización o delegación de funciones de la Dirección General, como del acuerdo para realizar este tipo de actos la persona que ejecuta el traslado y que si ese acto administrativo de delegación es de carácter general debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta, por lo tanto, se deben contar con las facultades suficientes para efectuar este tipo de actuaciones. En el memorando RRHH/1156/2015 remitido vía correo electrónico antes referido, se menciona el artículo 53 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera que dispone lo siguiente: "Traslado es el cambio obligatorio de un empleado de un puesto a otro de la misma clase y grado salarial, dentro o fuera de la unidad administrativa donde presta sus servicios en igual o distinta localización geográfica. EI traslado obligatorio se podrá realizar con cambio de domicilio cuando este considerado en la descripción de puestos respectiva que este tipo de acciones son necesarias para el normal desenvolvimiento de la actividades de la institución y con tal indicación en el acuerdo de nombramiento que se emita", pero es de suma importancia destacar que dicha normativa proviene de un Acuerdo Ejecutivo y que este no puede estar por encima de la Constitución y de la Ley, tal y coma lo establece el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, que dice: "ARTICULO 7.- Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución de la Republica; 2) Los Tratados internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las leyes administrativas especiales; 5) Las leyes especiales y generales vigentes en la Republica; 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes; 7) Los demás Reglamentos generales o especiales; 8) La jurisprudencia administrativa; y, 9) Los principios generales del Derecho Público", situación más que evidente que se ha violentado en dicho acto administrativo el principio de reserva de ley, lo anterior en relación al artículo 8 numerales 3) y 4) del mismo cuerpo legal que dice: ARTICULO 8: Los órganos y entidades de la Administración Pública, no podrán: 1) ... 2) ... 3) Reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, si no tienen atribuidas por Ley tales potestades; y, 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la Republica", lo cual evidencia una clara violación y un abuso de autoridad por parte de quien ha notificado ese traslado. La autoridad nominadora con pleno conocimiento de los hechos del porque no podía trasladar al Florido, Departamento de Copan, razón por la cual se impugno en tiempo y forma el traslado; lo anterior en clara relación a lo actuado por la autoridad nominadora, “en el mes de marzo, abril y mayo de 2015, cuando fue a cubrir vacaciones en dicho cargo de ADMINISTRADORA DE ADUANAS, y donde el Lic. Jesús Alfredo Oliva solicito viáticos para la actora, mediante memoranda No. DTA-237-2015, de fecha 12 de marzo de 2015, aclarando que no devenga salario de administrador de aduana, postergándose dicho periodo especial de cubrir vacaciones comprendido del 28 de abril al 14 de mayo del corriente año, donde se vuelve a solicitar viáticos para dicha extensión mediante memoranda No. DEI-DARA-517-2015 de fecha 18 de mayo de 2015. La norma citada en el memoranda que le fuera remitido vía correo electrónico, claramente establece que el traslado es el cambio obligatorio de un empleado de un puesto a otro de la misma clase y grado salarial, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que me cancelan un salario como Oficial de Aforo y Despacho con un valor de L.16,474.00 y no con el salario de Administradora de Aduanas coma inicialmente fue mi nombramiento y con ese mismo salario se me pretende mudar de domicilio, haciéndole responsable de funciones delicadas y complejas, de alta responsabilidad, por lo que era necesario primero, modificar esa situación laboral/salarial. Toda lo anterior consta en el expediente No. 321-15-10901-41210, que contiene el recurso de Reposición o Reconsideración contra el traslado antes referido, el cual fue presentado en fecha 02 de junio del ario 2015, o sea en tiempo y forma, sin que a la fecha de notificación de Acuerdo de Cancelación la Dirección Ejecutiva de ingresos haya resuelto al respecto, recurso/impugnación que fue una réplica de defensa en el acta de descargo a la cual fue citada y celebrada en fecha 18 de agosto del corriente año, misma que no fue apreciada ni tomada en consideración por la autoridad nominadora. Asimismo, es oportuno señalar que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento establecido en el artículo 181 ultimo parrado del Reglamento de la Ley de Servicio Civil., que establece: "... A tal efecto la acción de personal correspondiente al despido o, en su case, a la suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por ocho días o al descenso a un cargo de clase o grado inferior, deberá de enviarse a la Dirección General de Servicio Civil para el respectivo tramite, debiendo agregarse copia del acta de la audiencia en la que tenga por acreditada la causa o motivo de acuerdo con la Ley y reglamento; no procederá ninguna sanción si no se acredita este último requisito. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que: el Acuerdo DEI No.413/2015 de fecha 24 de agosto del 2015, mediante el cual se cancela por Despido a demandante del cargo de Administradora de Aduanas, y en el cual, se encuentran especificadas las faltas cometidas y el procedimiento aplicado previo a la emisión del mismo acuerdo, por lo cual resulta ser un acto legal, tal y come se comprueba con el expediente administrativo de la ahora demandante, ya que en ningún momento logro desvirtuar los cargos a ella imputados, como ser las inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo durante los días 1, 2,3,4,5,8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio del 2015, además de los días 1,2,3, 6, 7,8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio del 2015, los días 3, 4, 5,6, 7 y 10 de agosto todos del 2015; por lo que incurrió en la causal de despido establecida en el artículo 91 numeral 1) del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera que literalmente dice: "Por inasistencia injustificada durante dos días consecutivos o tres días alternos en un mes ". Siendo notificado el mencionado Acuerdo en fecha 28 de agosto del 2015 a la ahora demandante. Además, es de hacer mención de lo establecido en el artículo 50 del Régimen Especial que literalmente dice: "La DEI, a través de la Dirección de Recurses Humanos podrá realizar acciones de personal encaminadas a las promociones o ascensos, permutas, traslados, suspensiones, aumentos de sueldos, despidos, sanciones y otros concernientes al servicio ...", por lo cual resulta, el traslado realizado de forma legal. Por otra parte, se rechazó totalmente lo manifestado par la demandante en cuanto a que "el traslado fue sin causa debidamente justificada y sin seguirse procedimiento reglamentario establecido....", ya que como se encuentra establecido en el Considerando tercero del Acuerdo de Nombramiento No. 0332/2007 de fecha 01 de marzo del 2007 como Administradora de Aduanas "Considerando: Que el empleado nombrado por la Secretaria de Finanzas en el cargo de Administrador de Aduanas por la naturaleza de su trabajo deberá tener la disposición de trasladarse a las diferentes Aduanas del país o donde se tenga jurisdicción de las mismas ...", por lo que resulta el hecho de trasladarse a diferentes Aduanas del territorio nacional, algo totalmente normal por la naturaleza de su cargo, además en el primer hecho, la demandante alega que funcionalmente se encontraba como Oficial de Aforo y Despacho, por lo cual, se le estaba mandando a ejercer la función para la cual fue nombrada, es decir, como Administradora de Aduanas, instrucción que la señora Patricia Ponce, hizo caso omiso, cuando lo correcto es ejercer el cargo que en realidad ostentaba en la Institución. Además se rechaza la argumentaci6n relacionada con los diferentes artículos citados por la parte demandante, en virtud, de que, como se ha mencionado anteriormente en el presente escrito, por la naturaleza del cargo de Administradora de Aduanas, es parte del funcionamiento normal el traslado del personal, tal y como se describe además en el Perfil de Puesto de Administrador de Aduanas "Es responsable de supervisar la aplicación de la legislación relativa al comercio exterior, las normas internas y los procedimientos administrativos que regulan y gravan la entrada al territorio nacional y salida del mismo de mercancías y medios de trasporte, el despacho aduanero y los hechos o actos que se deriven de estos, el ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio nacional y los hechos o actos que deriven de estos, debiendo realizar también la labor de administración del recurso humano bajo su cargo; asimismo, de verificar el correcto cumplimiento de los procedimientos aduaneros ". dicha descripción del perfil del cargo de Administrador de Aduanas, se encuentra publicada en la página web de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, www.dei.gob.hn. En relación a la descripción realizada en el párrafo anterior, cito lo señalado en el párrafo segundo del artículo 53 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera: "El traslado obligatorio se podrá realizar con cambio de domicilio cuando este considerado en la descripción de puestos respectiva que este tipo de acciones son necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución y con tal indicación en el acuerdo de nombramiento que se emita ", Razón por lo cual, al efectuar el traslado de la señora Patricia Janeth Ponce Andino del Departamento Técnico Aduanero, a la Aduana del Florido, Departamento de Copan, mediante Memoranda RRHH/689/2015 de fecha 09 de marzo del 2015 y Memoranda RRHH11156/2015 de fecha 14 de mayo del 2015, en la función para cual fue nombrada de Administradora de Aduanas, no se infringió en ningún momento derecho alguno de la demandante, ya que, como se ha mencionado y fundamentado, la naturaleza del cargo requiere el traslado de domicilio, y si la señora Ponce, no estaba de acuerdo, ella en su momento pudo haber solicitado administrativamente el cambio de cargo o como bien argumenta la demandante el reajuste salarial, pero ni uno ni lo otro consta en el respectivo expediente administrativo por el cual, al simplemente faltar a su deber como empleada en el cargo de Administradora de Aduanas, conlleva a una falta grave, las que fueron la causa por la cual, la demandada emitió el Acuerdo de despido, ya que luego de seguir el procedimiento legal respectivo, la ahora demandante nunca pudo desvirtuar o justificar legalmente sus inasistencias a su lugar de trabajo, porque aun habiendo interpuesto el Recurso de Reposición del que hace mención, interpuesto en fecha 02 de junio del 2015, no justificaba faltar a sus labores mientras se resolvía el mismo, hacienda la aclaración de que la demandante tuvo que haberse presentado a sus labores desde el 01 de junio del 2015, mientras que el Recurso de Reposición que interpuso un día después de faltar a sus labores. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete, dicto sentencia declarando PROCEDENTE la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación DEl-No.413/2015 de fecha 24 de agosto del año 2015 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante el cual se cancela a la demandante del cargo de Administrador de Aduanas, en consecuencia, se anula totalmente. Reconocerle a la demandante el derecho al pago de sus prestaciones laborales, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta el día en que se ejecute la presente sentencia definitiva, sin costas, por la señora PATRICIA JANETH PONCE ANDINO, contra EL ESTADO DE HONDURAS., bajo el criterio siguiente: el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera define en su artículo 53 el traslado como el cambio obligatorio de un empleado de un puesto a otro de la misma clase o grado salarial, dentro o fuera de la unidad administrativa donde presta sus servicios en igual o distinta localización geográfica. El traslado obligatorio se podrá realizar con cambio de domicilio cuando este considerado en la descripción de puestos respectiva que este tipo de acciones son necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución y con tal indicación en el acuerdo de nombramiento que se emita. El artículo 91 del referido Régimen establece que los empleados y funcionarios de la DEI podrán ser despedidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para la institución, por cualquiera de las siguientes causas: 1). - Por inasistencia injustificada durante dos días consecutivos o tres días alternos en un mes. Por lo tanto, del estudio de la presente causa y de los fundamentos antes mencionados se desprende que esta acción nace a consecuencia del traslado realizado a la demandante, se encontraba laborando en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho en la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras de la Dirección Ejecutiva de ingresos de esta ciudad capital, pero en los meses de marzo, abril y principios de mayo del año 2015, fue trasladada provisionalmente a ejercer el cargo de Administradora de Aduanas, con el objeto de cubrir vacaciones de la 0 Administradora en ese momento, y se puede apreciar en el memoranda No.DEI-DTA-237-2015, donde solicita la asignación de viáticos para la demandante, con el fin de cubrir las mencionadas vacaciones en la Aduana El Florido, aclarando que tal petición la efectúa porque la demandante no devenga salario de Administradora de Aduanas, igual se puede confrontar con el memoranda DEI-DARA- 517-2015 emitido por el Licenciado Jesús Alfredo Oliva, Director Adjunto de Rentas Aduaneras, de fecha 18 de mayo de 2015, mediante el cual remite liquidación de viáticos asignados a la demandante, por haber realizado labores de Administradora en la Aduana El Florido durante el periodo comprendido del 28 de abril al 14 de mayo de 2015, y que mediante Memorando RRHH/1156/2015 de fecha 14 de mayo de 2015 fue trasladada del Departamento Técnico Aduanero a la Aduana del Florido, como Administradora de Aduanas, decisión que fue impugnada debidamente por la demandante en fecha 02 de Junio de 2015, no obstante, la parte demandada por no haberse presentado a su nuevo puesto de trabajo le siguió procedimiento disciplinario hasta finalizar con la emisión del acuerdo de cancelación DEI-No.413/2015 de fecha 24 de agosto de 2015 al establecer la inasistencia injustificada a sus la bores durante varios días del mes de Junio, Julio y Agosto, todos del año 2015. Asimismo, al continuar analizando la causal para la cual despiden a la demandante, que no es otra que la contemplada en el artículo 91 numeral 1 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, y que conlleva el abandono del cargo por dos (2) días consecutivos o tres días alternos en un mes, esta circunstancia solo se sanciona con despido cuando no medie causa justificada. De los autos consta acreditado mediante prueba documental que la demandante si tenía causa justificada para ausentarse de sus labores, pues con el oficio CPAT-RRHH-0354-2016, recurso en el cual se ha referido que para su traslado no se siguió el procedimiento legal establecido por haber violentado garantías laborales como el derecho a la estabilidad laboral y justas causas de separación y el derecho de no ser obligado a cambiar de domicilio o residencia, establecidos en las artículos 81, 90, 94, 127, 128 y 129 de la Constitución de la república. Si bien es cierto el traslado de la demandante se encuentra plasmado en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, y a pesar que las condiciones de trabajo pueden ser alteradas unilateralmente por el patrono, el traslado de una funcionaria pública como en el presente caso debe de contener las siguientes características: Racionalidad: Que el traslado no sea arbitrario. Funcionabilidad: Que obedezca a un motivo justo y atendible para el traslado. indemnidad: Que no provoque menoscabo patrimonial o moral. - De las pruebas aportadas por las partes no constan estas 3 características en el traslado realizado a la demandante señora Patricia Yaneth Ponce Andino como administradora de la aduana del Florido, Copan, hacienda que esa decisión sea arbitraria, pues se produjo sin consultar con la funcionaria pública, aun y cuando ese traslado supone una desmejora en las condiciones de trabajo, pues con su traslado se vulneraron derechos como trabajador y los de su núcleo familiar demostrando que existía una justa causa que justificaba la inasistencia a sus nuevas labores, ya que la demandante no devengaba salario de Administradora de Aduanas, hecho reconocido tácitamente por la demandada en memoranda No. DTA- 237-2015 de fecha 12 de marzo de 2015 (Ver folio 121 de autos), emitido por el Licenciado Jesús Alfredo Oliva, Director Adjunto de Rentas Aduaneras, donde solicita la asignación de viáticos para la demandante ya que esta no devenga salario de Administradora, con el fin de cubrir las mencionadas vacaciones en la Aduana El Florido, y el memoranda DEI-DARA-517-2015 (folio 40 de autos), emitido por el Licenciado Jesús Alfredo Oliva, Director Adjunto de Rentas Aduaneras, de fecha 18 de mayo de 2015. Por lo anterior se observa que sin valoración alguno de estas garantías se trasladó de su lugar de trabajo a la ahora demandante, aun y cuando había impugnado esa orden hacienda que la misma no adquiriera el carácter de firme para ser cumplida por la demandante, por lo tanto su ausencia está debidamente justifica y dicha falta es inexistente, provocando la nulidad del acto administrativo impugnado, ya que es evidente que la demandada no tenía una causa justificada para despedir a la ahora demandante. Si bien consta en autos que a la referida demandante se le realizo en fecha 18 de agosto de 2015 audiencia de descargo imputándole como causal la inasistencia injustificada a sus labores durante varios días del mes de junio, julio y agosto, todos del ario 2015, donde se puede apreciar que la demandante explico ampliamente el porqué de su inasistencia. - De la cual resulto la sanción de despido materializada en fecha 24 de agosto de 2015 mediante la emisión del acuerdo de cancelación. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, dictó sentencia, Con Lugar el recurso de apelación; REVOCAR la sentencia proferida, por lo tanto, se declara improcedente la acción por estar emitido el acto impugnado conforme a derecho, sin costas, bajo el criterio: conforme al acuerdo de cancelación DEI N. 413-2015 de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, cuya causal de despido fue la ausencia injustificada a su puesto de trabajo por varios días consecutivos en el mes de junio y julio del año dos mil quince tal y como se puede observar tanto en el acuerdo de cancelación, así como la audiencia de descargo, en la cual la demandante no pudo desvirtuar los cargos planteados por la autoridad nominadora, comprobándose mediante actas de abandono la ausencia de la demandante en su puesto de trabajo, por lo que se debió valorar si para realizar el acto objeto de impugnación se había respetado el debido proceso y no valorar otros elementos que no son propios del acto impugnado, en la que si la demandante no estaba de acuerdo con su traslado debió impugnarlo como así lo hizo, y esperar una resolución y proceder conforme a derecho pero nunca abandonar su lugar su trabajo o sin causa justificada, por lo que para este Tribunal el acto emitido se encuentra dentro del marco legal tal y como se comprueba con el expediente administrativo, incurriendo en la causal de despido establecida en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera por lo que se revoca la sentencia emitida. 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, en fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinte de junio del dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación 107-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente 314-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diez de septiembre del dos mil dieciocho, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA, presentó en fecha quince de enero del dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciséis de enero del dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha uno de febrero del dos mil diecinueve el Abogado CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA y el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, teniendo por personados al Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS como recurrente y al Abogado CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “La falta de aplicación de los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 206 numeral 1), 208 numeral 1) y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 10, 11, 22 y 931 del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: Conforme lo dispuesto en los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 206 numeral 1) y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, se determina que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgara dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición y que las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, hacienda las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Conforme precedentes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que haya INCONGRUENCIA de una resolución o sentencia se hace necesario que exista un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado el debate procesal. En el caso de autos resulta más que evidente que existe una clara y notoria incongruencia de la sentencia definitiva proferida por el Ad-quem, ya que este Honorable Tribunal, olvida que la cuestión del debate se centra en la revisión de la legalidad del acto administrativo y ende se pide su nulidad, derivado de ello el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, sin embargo tal función se realiza parcialmente, ya que el fallo en su único fundamento de derecho establece que "se debió valorar si para realizar el acto objeto de impugnación se había respetado el debido proceso y no valorar otros elementos que no son propios del acto impugnado ... ", es decir, según tal criterio, no cabe revisar la legalidad del referido acto, que en este caso desde la demanda se serlo, que con dicho acto no se respetó la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico aplicable, lo cual se ha dejado de apreciar y ponderar, siendo la congruencia un deber procesal del Juzgador, esta Honorable Corte ha infringido los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 206 numeral 1), 208 numeral 1) y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 10, 11, 22 y 931 del mismo Código.” 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, b) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil. 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la falta de aplicación de los artículos 200 numerales 1) y 2) literales b) y c) y 207 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 22 y 931 del mismo Código y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El articulo 200 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme lo establecido en los artículos 22 y 931 del mismo Código y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, determina en su parte conducente: "ARTICLULO 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustar al siguiente contenido formal: ... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso... ". De igual forma el artículo 207 del mismo Código preceptúa: "ARTICULO 207.- MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón." o En el caso particular de la sentencia recurrida, basta su lectura para establecer que el Tribunal de segunda instancia no ha cumplido con las disposiciones relacionados, especialmente la determinación de los hechos probados, la motivación con los razonamientos facticos y jurídicos que le condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas, así como la debida fundamentación jurídica sobre la legalidad o no del acto impugnado, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 200 numerales 1) y 2) literales b) y c) y 207 numerales 1) y 2) del Codigo Procesal Civil, en relación con los artículos 22 y 931 del mismo Código y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, infracción que supone la nulidad de dicha sentencia ya que con ello se ha producido indefensión a mi representada. Algunas de esas disposiciones aparecen citadas en el fallo, pero no fueron debidamente aplicadas, por lo que ello supone su infracción.” 4.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, por las razones siguientes: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; b) se insta a la revisión de los hechos y por ende al material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. 5.-Que en un tercer motivo se esgrime: “Aplicación indebida a de los artículos 53 y 91 numeral 1) del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, en relación a lo dispuesto en los artículos 80, 81, 127, 128 y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El Ad-quem aplica para resolver el fondo del asunto, el artículo 91 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, disposición que establece que es causa de despido la inasistencia injustificada durante dos días consecutivos o tres días alternos en un mes, por ello declara improcedente la acción. - Sin embargo, esta misma Corte acepta que mi mandante impugno el "traslado obligatorio", pero que debía esperar a su resolución y nunca abandonar su lugar de trabajo, cuando ella tenía su domicilio y lugar de trabajo en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, y su traslado a la Aduana del Florido, en el Departamento de Copan, no es en esta misma ciudad, sino que en otra localidad en otro departamento del país, traslado que le fuera notificado por correo electrónico, sin seguir los procedimientos y requisitos establecidos en esa normativa reglamentaria, pero olvida aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 80, 81, 127, 128 y 129 de la Constitución de la República, que determinan los derechos que a ella le corresponden por su condición de empleada y persona humana, ya que habiendo impugnado tal medida, la DEI estaba obligada a resolver en un plazo razonable y nunca le dio respuesta, por lo que desde esa situación lo actuado por esa autoridad administrativa se encontraba viciado de nulidad, por lo que si ella no obtuvo respuesta oportuna, tampoco sabía dónde era su centre de trabajo y esa conducta era la que debió revisarse, porque justificación de no asistir al trabajo existía, más aun cuando se le pretendía obligar a mudar su domicilio. Lo cual tiene íntima relación con lo preceptuado en el artículo 53 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, el cual define al traslado como el cambio obligatorio de un empleado de un puesto a otro de la misma clase o grado salarial, dentro o fuera de la unidad administrativa donde presta sus servicios en igual o distinta localización geográfica. EI traslado obligatorio se podrá realizar con cambio de domicilio cuando este considerado en la descripción de puestos respectiva que este tipo de acciones son necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Institución y con tal indicación en el acuerdo de nombramiento que se emita, pero en el asunto que nos ocupa, se desprende que esta acción nace a consecuencia del traslado realizado a la demandante señora Patricia Yaneth Ponce Andino, quien se encontraba laborando en el cargo de Oficial de Afore y Despacho en la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de esta ciudad capital, pero en los meses de marzo, abril y principios de mayo del ario 2015, fue trasladada provisionalmente a ejercer el cargo de Administradora de Aduanas, con el objeto de cubrir vacaciones de la Administradora en ese momento, asignándosele viáticos, con el fin de cubrir las mencionadas vacaciones en la Aduana El Florido, dado que la recurrente no devengaba salario de Administradora de Aduanas. Por otro lado, inasistencia al trabajo no es lo mismo que abandono, como lo señala confusamente la sentencia recurrida en su único fundamento de derecho.” 6.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, por las razones siguientes: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; b) se insta a la revisión de los hechos y por ende al material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) no precisa ni justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, c) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. 7.- Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho constitucional de defensa de mi representada, como el debido proceso, ya que no se le brinda la tutela judicial efectiva, solicito de forma subsidiaria que se proceda a anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa sentencia, para que además este Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo el fallo que corresponda conforme los extremos del debate. Tal como se explicará en los dos primeros motivos de este recurso, este Tribunal de alzada no solo omitió resolver conforme lo dispuesto en el artículo 701 numeral 1) del C6digo Procesal Civil, sino que violento su deber de resolver todas las pretensiones y extremos del debate, como también omitió analizar y ponderar las pruebas y argumentos de las partes, especialmente los de la demandante, causándole a indefensión y con ello una notoria injusticia. También se ha infringido el deber de motivación, ya que no cumple con su cometido de explicar, menos razonar, tanto la prueba aportada por mi mandate cómo explicar en que basa su determinación, ello vuelve al fallo incongruente y falto de exhaustividad y motivación. Cito como antecedentes los fallos dictados por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de esta Sala, siguientes: a) el de fecha 6 de octubre del 2009 recaído en el expediente S.L. 324-08; b) los proferidos en los recursos de Casación que se registran bajo expedientes No. SL. 316-11, CA427-15 y CA17-16, que se encuentran en los archivos de ese supremo Tribunal.” 8.- Que se solicita nulidad subsidiaria de la sentencia impugnada, pero es el caso que el Código procesal Civil, en su artículo 719 regula las causales de casación por violación de normas procesales relacionadas con el contenido interno de las sentencias siendo la vía apropiada para recurrir los vicios procesales, siempre y cuando se formulen debidamente, situación que no acontece en el recurso de mérito. Aunado a lo anterior Código Procesal Civil, en su artículo 214 numeral 3) regula taxativamente las causas de nulidad, que igualmente no encajan en la situación de nulidad esgrimida por el solicitante. La pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y que efectivamente se ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar, situación que no acontece en el fallo impugnado, por ello se estima, que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, realizando el ad-quem los pronunciamientos correspondientes resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. 9.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 10.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrente. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. WIFREDO MENDEZ ROMERO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA88-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.