Sentencia CA-84-20 — Registro 12833
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de apelaciones, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento carece de motivación suficiente, mediante la cual demuestre sin lugar a dudas el criterio a que ha arribado y que vaya en consonancia a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley). La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. No hay que confundir motivar con fundamentar. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. X.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 23 de septiembre de 2019, confirma la resolución definitiva de fecha 22 de agosto de 2017, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, consecuentemente inadmite la demanda para la nulidad de un acto administrativo promovida por los señores: DIANA PATRICIA DÍAZ DURON, MELISA CASTILLO MORALES, LAVINIA REBECA SILVA CONTRERAS, MAYRA ALEJANDRINA OLIVA DÍAZ, OMAR ENRIQUE HERNANDEZ VALERIANO, VILMA ESTELA CRUZ RÍOS, BERTHA ALICIA REYES PINEDA y YOLANDA PALMA FLORES, en contra del Estado de Honduras a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento, ni toma en cuenta sus principios, si no que resuelve el asunto al confirmar el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo a la demandada, sin costas; sin embargo, carece de motivación suficiente, mediante la cual demuestre sin lugar a dudas el criterio a que ha arribado y que vaya en consonancia a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes para no faltar al deber de congruencia; por otra parte, el principio de legalidad no es más que la aplicación de la Ley vigente y la creación, modificación, reforma o interpretación de ésta corresponde exclusivamente al soberano Congreso Nacional de la República, por tanto, si bien el procedimiento que dispone la norma emitida por el Colegio de Químicos Farmacéuticos está comprendida en un Reglamento emitido por la Junta Directiva de dicho órgano y no por vía legislativa, también lo es, que es un Órgano legítimamente constituido y con facultades delegadas para regular a sus agremiados y por lo tanto de cumplimiento para éste sector; por lo anterior, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida para que analizado el recurso desde el punto de vista de la legalidad y vigencia de la norma, conforme a la argumentación y motivación requerida en toda resolución judicial decida lo procedente. .."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. .."Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente...Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a derecho..."
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados: MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: Los señores: DIANA PATRICIA DÍAZ DURON, MELISA CASTILLO MORALES, LAVINIA REBECA SILVA CONTRERAS, MAYRA ALEJANDRINA OLIVA DÍAZ, OMAR ENRIQUE HERNANDEZ VALERIANO, VILMA ESTELA CRUZ RÍOS, BERTHA ALICIA REYES PINEDA y YOLANDA PALMA FLORES, representados en juicio por el Abogado JUAN PABLO RAMÍREZ FUNEZ y Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCÍA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda por vía del procedimiento ordinario para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, emitido por la Secretaría de Salud, por no ser conforme a derecho por infringir el ordenamiento jurídico; que se declare la ilegalidad y su nulidad; que se reconozca una situación jurídica individualizada y adoptar como medida necesaria para su pleno restablecimiento, condenar al Estado de Honduras a pagar reajuste salarial de conformidad con la Ley del Estatuto Laboral del Químico Farmacéutico y su Reglamento de aplicación, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JUAN PABLO RAMÍREZ FÚNEZ, en su condición de representante procesal de los señores: 1) DIANA PATRICIA DÍAZ DURON, 2) LEONELA ELIZABETH NÚÑEZ OCAMPO, 3) MELISA CASTILLO MORALES, 4) LAVINIA REBECA SILVA CONTRERAS, 5) MAYRA ALEJANDRINA OLIVA DÍAZ, 6) OMAR ENRIQUE HERNANDEZ VALERIANO, 7) VILMA ESTELA CRUZ RÍOS, 8) BERTHA ALICIA REYES PINEDA y 9) YOLANDA PALMA FLORES, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que a través de su representante procesal, en fecha 02 de agosto del año 2013, interpusieron Reclamo Administrativo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y que fue registrado bajo el expediente número 441-2013, cuya suma decía: "RECLAMO ADMINISTRATIVO LABORAL.- SE SOLICITA APLICAR A NUEVE (9) QUÍMICOS FARMACÉUTICO GENERAL EL REAJUSTE SALARIAL EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) SOBRE EL SALARIO DEL AÑO 2013 PARA CUMPLIR CON LA LEY DEL ESTATUTO LABORAL DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO Y SU REGLAMENTO.- QUE SE ORDENE PRONTO PAGO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SE ACOMPAÑA DOCUMENTOS.- SE ACREDITA CARTA PODER”; y que posteriormente el demandado emitió la RESOLUCIÓN NUMERO 002-2014-SS, de fecha 02 de enero del 2014, declarando sin lugar el Reclamo Administrativo antes relacionado, infringiendo el ordenamiento jurídico y es por ello que acudió ante ese órgano Jurisdiccional para revisar dicho Acto Administrativo, a lo cual presentaron Demanda Judicial basándose en los mismos HECHOS del Reclamo Administrativo antes mencionado, hechos que resumió así: “1°. Resulta que la Secretaría de Salud a través del Departamento de Planillas dependiente de la Subgerencia de Recursos humanos, tiene la obligación legal de aplicar a los Químicos Farmacéuticos Empleados de la Secretaria de Salud el reajuste salarial del 20% sobre el salario devengado del año 2013, de conformidad con Ley del Estatuto Laboral del Químico Farmacéutico y específicamente conforme al artículo 6 numeral 8) del Reglamento de aplicación de la misma Ley, en cuyo sentido cabe señalar que NO SE TRATA DE ALGO NUEVO sino un gasto que aparece presupuestado regularmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República. 2°. En virtud que hasta la fecha no se ha hecho la aplicación de dicho reajuste salarial y se adeuda el mismo desde el mes de enero de 2013, se solicita cumplir con la Ley. 3. Mis nueve (9) representados a quienes debe aplicarse dicho reajuste de salario tienen todos el CARGO NOMINAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO GENERAL, ejerciendo funcionalmente cargo técnico en el Departamento de la Unidad de Regulación de Productos de Interés Sanitario, dependiente de la Dirección de Regulación Sanitaria”. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta el hecho primero por ser cierto y que emitió Resolución No.002-2014-SS, de fecha 02 de enero del 2014 y que fue declarado sin lugar el reclamo presentado por las demandantes, pero que fue emitida conforme a derecho, en virtud de la prohibición de otorgar incrementos salariales a los empleados públicos, establecida en el Artículo No. 120 reformado, de las Disposiciones Generales de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal para el año 2013; por lo que rechazó totalmente lo manifestado por la parte demandante a que la Secretaría de Salud al haber emitido la Resolución de mérito, infringió el ordenamiento jurídico establecido, ya que dicha Resolución fue emitida totalmente apegada a Derecho, fundamentando el mismo, en una prohibición de cumplimiento obligatorio establecida en el artículo reformado de las Disposiciones Generales de Presupuesto Generales de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal año 2013, según Decreto No, 223-2012, en relación al artículo No. 120, el cual establece lo siguiente: “Con base a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 18-2010 del 28 de marzo del 2010, contentivo de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera para el Ejercicio Fiscal 2013, quedan congelados los aumentos salariales en la Administración Pública", y que, de acuerdo a lo establecido en las Modificaciones Presupuestarias, específicamente en el artículo 36 de las mismas Disposiciones que establece que con el propósito de evitar sobregiros en las asignaciones presupuestarias aprobadas todas las instituciones del Sector Público, cuando así se requiere, deberán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias previo a la ejecución de los gastos, ninguna institución realizará compromisos de pago sin contar con la asignación presupuestaria respectiva; prohibición que también se encuentra establecida en la Constitución de la República, artículo 364, el cual establece que no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las Normas Presupuestaria, los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente. De igual manera, el artículo 321 de la Constitución de la República establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad; por lo tanto el presupuesto de la Secretaría de Salud, estaba supeditado estrictamente a la Constitución de la República y las Disposiciones Generales de Presupuesto y que dicha Secretaría no podía realizar ningún pago no autorizado y que se encontraba fuera de las asignaciones Presupuestarias, en virtud que todo compromiso de pago que se realizara fuera de las asignaciones presupuestarias implicaría responsabilidad, civil, administrativa y penal, para el funcionario que lo autorice, ya que la Secretaría de Salud no puede aplicar el aumento solicitado por los químicos farmacéuticos, como lo pretenden las partes demandantes; asimismo alegó, que lo solicitado por los Químicos Farmacéuticos no se les puede otorgar, en virtud de encontrarse congelados los aumentos de acuerdo a la prohibición establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto del año 2013 y por no encontrarse presupuestado en las asignaciones presupuestarias de la Secretaría de Salud. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de agosto del 2017, dictó sentencia, misma que en su parte conducente: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA. PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por los (as) señores (as) DIANA PATRICIA DÍAZ DURON, LEONELA ELIZABETH NÚÑEZ OCAMPO, MELISA CASTILLO MORALES, LAVINIA REBECA SILVA CONTRERAS, MAYRA ALEJANDRINA OLIVA DÍAZ, OMAR ENRIQUE HERNANDEZ VALERIANO, VILMA ESTELA CRUZ RÍOS, BERTHA ALICIA REYES PINEDA, y YOLANDA PALMA FLORES, representados (as) en juicio por el Abogado JUAN PABLO RAMÍREZ FUNEZ, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado..”; sin costas; bajo el criterio que, observa y estima que el acto administrativo impugnado mediante el cual se declara sin lugar el reajuste salarial equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el salario del año 2013, se dicta conforme a derecho, por lo cual no hubo infracción al ordenamiento jurídico, ya que mediante Decreto Legislativo No. 223-2012, publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha seis (06) de febrero del 2013, mismo que en su artículo 120 establece que: "Con base a las establecido en el Decreto Legislativo No. 18-2010 del 28 de marzo del 2010, contentivo de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, para el Ejercicio Fiscal 2013, quedan congelados los aumentos salariales en la administración pública, en relación con el Decreto Legislativo No. 18-2010, contentivo de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera para el Ejercicio Fiscal 2013; razón está por la cual la administración pública emitió la resolución impugnada en total apego a la Ley, fundamentando la misma en una prohibición de estricto cumplimiento como es el congelamiento de las aumentos salariales establecidos en el artículo precedente.- Es por ello que la presente acción debe ser declarada improcedente. Que al estar debidamente acreditado en autos que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico al emitir el acto administrativo impugnado, ya que este fue dictado al tenor de lo ordenado en la Ley, se declara la improcedencia de la acción, porque el acto se encuentra dictado conforme a derecho. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 23 de septiembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que, se generó la obligación financiera en el presupuesto con la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley del Estatuto del Químico Farmacéutico Empleado, gozando de este beneficio dichos profesionales anualmente; fue para el año 2013, que con fundamento en el Decreto No. 223-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 6 de febrero del 2013 y vigente a partir de esa misma fecha, se dispuso en las disposiciones generales del presupuesto de ese mismo año 2013, normas con carácter eminentemente temporal, congelar los aumentos salariales para el ejercicio fiscal del año 2013; entendiendo que, para dicho año fiscal, no podría haber aumentos salariales a los empleados de la Administración Pública. Lo que se debe de destacar en este caso concreto, es que, conforme a la pretensión de la parte actora en la demanda ordinaria que nos ocupa, se está solicitando dicho reajuste para el año 2013, 2014 y en adelante, si bien el aumento salarial no procedía para el año 2013, por los argumentos legales antes descritos, es improcedente que esta jurisdicción ejerza su función revisora más allá del acto administrativo impugnado (ver Resolución Numero 002-2014-SS de fecha 2 de enero del año 2014, folios 1215 de la pieza principal de autos), pues este obedece al reclamo administrativo donde se solicita el reajuste salarial equivalente al 20% sobre el salario solo del año 2013. Por las consideraciones anteriores es procedente confirmar la sentencia que se conoce en apelación, por estar emitida conforme a derecho. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JUAN PABLO RAMÍREZ FUNEZ, en fecha 31 de octubre del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.138-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.384-2014, del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 04 de noviembre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCÍA, presentó en fecha 15 de enero del 2020, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 07 de febrero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 18 y 19 de febrero del 2020, los Abogados JUAN PABLO RAMÍREZ FUNEZ y FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCÍA, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 10 de marzo del 2020, teniendo por personados a los Abogados JUAN PABLO RAMÍREZ FUNEZ, como recurrente y FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCÍA, como recurrido; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional, mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. VII.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa al trabajador, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos, continuidad, estabilidad, pro homine y orden público e irrenunciabilidad, entre otros. VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos laborales y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho del Trabajo. IX.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley). La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. No hay que confundir motivar con fundamentar. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. X.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 23 de septiembre de 2019, confirma la resolución definitiva de fecha 22 de agosto de 2017, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, consecuentemente inadmite la demanda para la nulidad de un acto administrativo promovida por los señores: DIANA PATRICIA DÍAZ DURON, MELISA CASTILLO MORALES, LAVINIA REBECA SILVA CONTRERAS, MAYRA ALEJANDRINA OLIVA DÍAZ, OMAR ENRIQUE HERNANDEZ VALERIANO, VILMA ESTELA CRUZ RÍOS, BERTHA ALICIA REYES PINEDA y YOLANDA PALMA FLORES, en contra del Estado de Honduras a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento, ni toma en cuenta sus principios, si no que resuelve el asunto al confirmar el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo a la demandada, sin costas; sin embargo, carece de motivación suficiente, mediante la cual demuestre sin lugar a dudas el criterio a que ha arribado y que vaya en consonancia a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes para no faltar al deber de congruencia; por otra parte, el principio de legalidad no es más que la aplicación de la Ley vigente y la creación, modificación, reforma o interpretación de ésta corresponde exclusivamente al soberano Congreso Nacional de la República, por tanto, si bien el procedimiento que dispone la norma emitida por el Colegio de Químicos Farmacéuticos está comprendida en un Reglamento emitido por la Junta Directiva de dicho órgano y no por vía legislativa, también lo es, que es un Órgano legítimamente constituido y con facultades delegadas para regular a sus agremiados y por lo tanto de cumplimiento para éste sector; por lo anterior, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida para que analizado el recurso desde el punto de vista de la legalidad y vigencia de la norma, conforme a la argumentación y motivación requerida en toda resolución judicial decida lo procedente. XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 1, 60, 64, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numerales 1) y 2), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 22, 211 y 214 numeral 2) Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la resolución definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción nacional de fecha 23 de septiembre de 2019, visible a folios veintiocho (28) al treinta y siete (37) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA84-2020. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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