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Sentencia CA-79-21 — Registro 12853

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, se declara procedente la acción por no estar conforme a derecho el acto impugnado y se ordena como situación jurídica individualizada el reintegro al mismo cargo o a uno de igual categoría en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena el pago de los salarios dejados de percibir, aumentos y demás derechos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se indica como precepto autorizante el “Artículo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se indica como precepto autorizante el “Artículo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado ALEX GEOVANNY NAVAS FUNES, y, Recurrido: La señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ, representada en juicio por el Abogado JOSÉ LUIS GUERRA GÓMEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia personal para que se declare la ilegalidad y la nulidad o en su defecto la anulación de un acto administrativo de carácter particular contenido en el Acuerdo número CLD-S-0713-2016, de fecha 16 de marzo del 2016, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, estableciendo el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones o en su defecto a la nueva institución que sea creada o dependencia del Estado correspondiente; a títulos de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, desde la fecha del acuerdo de cancelación CLSD-0713-2016, hasta que se reconozca el reintegro al puesto de trabajo, los incrementos de salarios, pago de decimocuarto mes, vacaciones, nulidad de los acuerdos de nombramientos de los empleados que se sustituyan en el cargo, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que mediante el Acuerdo DEI-RR/HH- No. 367/2011, de fecha 01 de abril del 2011, fue nombrada en el cargo de Auditor de la Dirección Ejecutiva de Ingreso, con un sueldo de L.11,448.00, que se le hicieron varios incrementos salariales llegando a devengar a la fecha la cantidad de L.12,348.00; manifestó que el 16 de marzo del 2016, se le notificó mediante el Acuerdo No. CLD-S-0713-2016, de esa misma fecha, emitido por la comisión nombrada mediante Acuerdo No. 025-2016, del Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo PCM 083-2015, de fecha 26 de noviembre del 2015, emitido en Consejo de Ministros, en donde se decretó suprimir y liquidar la Dirección Ejecutiva de Ingreso y que es por ello que se produjo la ilegalidad y nulidad del mismo, ya que fue cancelada y terminada su relación laboral de manera autoritaria y arbitraria, violando con esto preceptos jurídicos, el debido proceso y el derecho a la defensa; además alegó, que la comisión nombrada para ejecutar el acuerdo de cancelación N° CLD-S-0713-2016, por el cual dan por terminada su relación laboral, dicha comisión no estaba facultada para la emisión de dicho acuerdo de cancelación, ya que fue nombrada como empleada de la Dirección Ejecutiva de Ingresos en base a la aplicación de los artículos 72 y 79 numeral 8 del Decreto Legislativo No. 17-2010 y que solo es potestad del Congreso Nacional derogar la Ley de creación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por lo tanto el Acuerdo 083-2015, de fecha 26 de noviembre del 2015, emitido en Consejo de Ministros era ilegal y nulo de pleno derecho; que el acuerdo de cancelación No. CLD-S-0713-2013, va en contra de la Constitución de la República que reconoce garantías como la estabilidad laboral, continuidad y antigüedad que va de la mano con lo que garantiza la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; manifestó, que como empleada de la Dirección Ejecutiva de Ingreso estaba sometida a lo que se establece el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, que únicamente podían ser cancelados de cargos por las causales de despidos tipificadas en el Artículo 47 de la Ley de Servicio Civil y en ningún momento el Acuerdo por el que se le canceló la relación laboral, menciona algunas de las causales tipificadas en esa Ley; y, los Artículos 91 y 92 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, establecen las causales de despidos y los procedimientos a seguir contra los funcionarios o empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, es así como se provocó la violación al debido proceso con el Acuerdo de Cancelación No. CLD-S-0713-2013. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que es cierto que la demandante mantuvo una relación de trabajo como Auditor con la ahora suprimida, liquidada e inexistente Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y que se le hizo entrega del acuerdo de cancelación, por razón de la supresión y liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos conforme a lo estipulado en el Decreto No. 266-213, de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; señaló que la Comisión Liquidadora pagó todos los derechos laborales a la demandante, por la cantidad de L.138,408.27, por concepto de pago de prestaciones laborales a la demandante, durante el periodo del 01 de abril del 2011 al 16 de marzo del 2016, según cálculo efectuado por la Comisión Liquidadora SEFIN-DEI; argumentó además, que las actuaciones ejecutadas por la Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en el proceso de cancelación de la demandante estaba facultada, ya que se hicieron siguiendo todos los procedimientos legales vigentes y de conformidad con la actual legislación administrativa en razón de la modernización del Estado, motivo por el cual se suprimen o liquidan determinadas instituciones públicas sin responsabilidad alguna para el Estado y que la demandante en la redacción del hecho tercero del plan de demanda demuestra una desactualización de las nuevas normas jurídicas que regulan el Estado de Derecho, desconociendo la Constitución de la República y de las nuevas reformas introducidas a la Ley General de la Administración Pública que confiere facultades que le otorga al poder ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la República para que en Consejo de Secretarios de Estado puedan ejecutar actos legales como la supresión y liquidación de la DEI, por lo que las actuaciones efectuadas por la administración fueron enmarcadas dentro del marco de ley establecido; y, que la demandante pareciera jurídicamente no comprender que al existir una liquidación o supresión de una entidad la misma desaparece como tal, similar a lo que ocurre cuando una empresa de tipo privado sufre una quiebra y se disuelve, la Administración Pública en aras de optimizar su funcionamiento se ha visto en la necesidad de crear los mecanismos legales que permitan el mejoramiento del mismo, por lo que en estricta observancia a estas normativas legales ha hecho uso efectivo de los mismos, observando siempre el respeto de los derechos laborales de todos los trabajadores cancelando todos los valores que jurídicamente le corresponden. Y que ya habiendo sido suprimida y liquidada la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, en uso de las facultades contenidas en los artículos 245 numerales 1), 2), 11), 19 y 26), 252 y 255 de la Constitución de la República; artículos 1, 3, 11, 13, 17, 18, 20, 22 numerales 3) y 9), 45, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas mediante Decreto Legislativo 266- 2013, por medio del DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-084-2015, DECRETA: crear SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) como una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, responsable de la administración ­tributaria, con autoridad y competencia a nivel nacional y con domicilio en la capital de la República; señaló también, que el decreto en mención exige que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) escoja a su personal en base a un estricto proceso de selección y pruebas de confianza, rigurosidad; por lo que las actuaciones del Estado de Honduras, no son ilegales ni irregulares; lo que realmente ocurrió con el personal de la DEI es que al haberse suprimido la misma se ha hecho aplicación analógica de lo establecido en el artículo 111 numeral 9 del Código de Trabajo, o sea que a causa de liquidación de dicha entidad, desaparecieron todos los puestos de trabajo y lo que procedía es el reconocimiento del correspondiente pago e indemnización laboral, como realmente ha ocurrido en el caso de la demandante, a quien se le hizo mediante transferencia bancaria el pago a sus acreedores, en fecha 06 de mayo del 2016, suma de dinero que cubría la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, por parte del Estado, causando la terminación de la relación laboral con la DEI; por lo que el Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y en uso de sus facultades de que estaba envestido y con fundamento a lo establecido en los artículos 33 y 36 numeral 2), 8, 18 y 24, 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública; 23 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 4, 6 y 8 del Decreto Ejecutivo número PCM-083-2015, de fecha 26 de noviembre del 2015, acordó nombrar una terna como integrantes de la comisión liquidadora para que proceda a llevar a cabo el proceso de suprimir y liquidar la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), facultando a dicha comisión ejecutar todas las acciones necesaria y emitir los actos administrativos requeridos para darle cumplimiento al mandato consignado en el Decreto Ejecutivo PCM-083-2015; también alegó que todos los argumentos de la demandante son oscuros, ilógicos, antijurídicos, carecen de razón legal por lo que la acción de la demanda ejercida debe ser declarada sin lugar. 3. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 28 de septiembre del 2017, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando como única causa de la inadmisibilidad de la demanda los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma, o que hubieren sido consentidos expresamente; argumentando que de las disposiciones legales relacionadas, este juzgador deberá pronunciarse sobre un acto que adquirió firmeza al haberse pagado las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas ante esta jurisdicción, lo cual a estas alturas es un acto firme; y que consta que en fecha 06 de mayo del 2016, fue cancelado la cantidad de L.138,408.27 por concepto de pago de prestaciones laborales, a la ex empleada de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) la señora Nancy Carolina Mejía Vásquez, durante el periodo del 01 de abril del 2011 al 16 de marzo del 2016; según cálculo efectuado por la Comisión Liquidadora SEFIN-DEI. Que en fecha 05 de marzo del 2018, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución DESESTIMANDO las defensas previas interpuesta por la parte incidentista, por no existir la causa de inadmisibilidad alegada. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de febrero del 2019, dictó sentencia misma que en su parte conducente: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA. PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por la Señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número CLD-0713-2016 fecha 16 de marzo del 2016…”; sin costas; bajo el criterio que del estudio de la prueba aportada, así como el expediente en su conjunto, se aprecia lo siguiente: el acto administrativo impugnado, es el Acuerdo número CLD-­0713-2016, de fecha 16 de marzo del 2016, en el cual se da por terminada la relación laboral con la demandante, en razón de la supresión y liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, siendo preciso señalar que dicha supresión y liquidación de la DEI, es derivada de las intervenciones ordenadas por el Poder Ejecutivo, conforme a los artículos 98 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, en las cuales como se establece en el considerando cuarto del Decreto Ejecutivo PCM-083-2015, de fecha 10 de febrero del 2016, evidencian que la DEI, presenta deficiencias que le impiden cumplir con su función primordial de administrar el sistema Tributario a fin de maximizar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes, en este orden de ideas y en base a la facultad constitucional establecida en el artículo 245 numeral 11) del Presidente de la República de administrador general del Estado, es que en Consejo de Secretarios de Estado, emite el Decreto Ejecutivo PCM-083-2015, en el cual se DECRETA LA SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA DEI, creada mediante decreto 17-2010, de fecha 28 de marzo del 2010, decretándose dar por terminado los contratos y acuerdos del personal, reconociendo a los funcionarios y empleados los derechos laborales, conforme a la Ley (ver artículo 1 y 5). Y consta a folio 467 y 468 de autos el cálculo de indemnizaciones y otros derechos adquiridos por la señora Nancy Carolina Mejía Vásquez, como Auditor de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos, por la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L.138,408.27), con lo cual se indemniza al demandante por su cancelación a consecuencia de la supresión de la DEI; otra pretensión de la parte actora, es el reintegro a su puesto de trabajo; en este sentido si bien es cierto, mediante Decreto Ejecutivo PCM-084-2015, de fecha 27 de febrero del 2016, se crea el Servicio de Administración de Rentas, cuyas facultades enmarcadas en el artículo 3 de dicho Decreto, son similares a las de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos; no es menos cierto que el reintegro solicitado por la demandante no es un acto posible, ya que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) es un Ente administrativo, totalmente distinto a la Dirección Ejecutiva Ingresos, con personalidad jurídica propia y la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) fue suprimida. Y en cuanto al hecho manifestado por la demandante que el acuerdo de cancelación fue emitido por autoridad no facultada para el mismo, consta en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-083-2015, que se autoriza a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, a nombrar una comisión que será la encargada de realizar los trámites pertinentes para proceder a la supresión y liquidación establecida en dicho Decreto, por lo cual la Comisión Liquidadora de la DEI, si estaba facultada para la emisión del acuerdo de cancelación que hoy se impugna; en conclusión la cancelación de la hoy demandante se realizó por mandato de una Ley, conforme a la facultad Constitucional del Poder Ejecutivo de Administrador General del Estado, determinando la supresión y liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, adscrita a la Presidencia de la República, en razón de lo cual se ordena la terminación de los contratos y acuerdos de su personal, debiéndosele cancelar todos los derechos que conforme a la Ley le correspondan. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 08 de septiembre del 2020, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ LUIS GUERRA GÓMEZ, en su condición de Apoderado legal de la SEÑORA NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folio numero quinientos cincuenta y cuatro (F-554) al folio numero quinientos cincuenta y siete (F-557) de la primera pieza de autos.- TERCERO: SE DECLARA PROCEDENTE LA ACCIÓN por no estar conforme a derecho el acto impugnado y se ordena como situación jurídica individualizada el reintegro al mismo cargo o a uno de igual categoría en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena el pago de los salarios dejados de percibir, aumentos y demás derechos CUARTO: SE ANULA EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO ASÍ COMO EL ACTO DE NOMBRAMIENTO DEL SUSTITUTO QUINTO: SE DIFIERE EL CALCULO DE SALARIOS AUMENTOS Y DEMÁS DERECHOS A LA ETAPA DE EJECUCIÓN.- SIN COSTAS por existir motivos bastantes para litigar”; bajo el criterio que en consonancia con lo anterior y formando parte del derecho administrativo, la Ley General de la Administración Pública también establece en el artículo 124 C, que las situaciones laborales de los empleados de las dependencias del Poder Ejecutivo que en aplicación de esta Ley se fusionen o supriman se sujetará a lo establecido en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil, situación que no aconteció dejando que su actuar sea arbitrario e ilegal. Ante esta situación jurídica también es preciso acotar que aunque el acto objeto de impugnación haya sido por la supresión de un ente estatal (DEI) que ahora existe con las mismas funciones bajo el nombre de Servicio de Administrador de Rentas (SAR), siendo su pretensión ante esta jurisdicción es factible otorgarla en concordancia al artículo 22 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la que "si en curso una reclamación o acción en vía administrativa o jurisdiccional, se transfiere por Ley la competencia o atribución respectiva a otro organismo con personalidad jurídica propia, la pretensión se continuará con el órgano sustituto, al que se remitirá el expediente administrativo de oficio o a instancia de parte y si se estuviere sustanciando en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la demanda se entenderá planteada contra la entidad a la que se hubiere transferido la competencia o atribución" cuya contravención, afectaría el derecho a la estabilidad laboral al que constitucionalmente la ampara. Que este Tribunal ha revisado el acto administrativo objeto de impugnación, valorando que la sentencia emitida por el A-quo debe ser revocada por contravenir derechos que le asisten a la ahora demandante. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado ALEX GEOVANNY NAVAS FUNES, en fecha 14 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 08 de septiembre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 041-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 161-2016 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 19 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSÉ LUIS GUERRA GÓMEZ, presentó en fecha 27 de enero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 02 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 05 y 12 de febrero del 2021, los Abogados JOSÉ LUIS GUERRA GÓMEZ y ALEX GEOVANNY NAVAS FUNES, respectivamente. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 11 de marzo del 2021, teniendo por personados a los Abogados ALEX GEOVANNY NAVAS FUNES, como recurrente y JOSÉ LUIS GUERRA GÓMEZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta en su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “III.- CAUSAL DE FONDO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO POR INFRACCIÓN EN LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO: MOTIVOS: INFRACCIÓN POR FALTA DE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO en el artículo 245 y 255 Constitucional, Artículos 7, 22 numeral 3,45, de la Ley general de la Administración Pública (decreto 266-2013), PCM-083-2015, que debió aplicarse coma norma de derecho para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Estos motivos de casación se encuentran comprendidos en el artículo 719 numeral 1 inciso (c) y numeral 2 del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL _MOTIVO UNO: Después de una revisión minuciosa de la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020) y Notificada en fecha veintiséis (26) de Noviembre del mismo año dos mil veinte (2020), se puede apreciar una contradicción que se enmarca en las causales del Recurso de Casación contenida en el artículo 719 numeral uno, inciso c) del Código Procesal Civil, de la forma y contenido de la sentencia, pues al leer los fundamentos de derecho, numerales quinto, sexto y séptimo, la Corte de Apelaciones referida, hace una interpretación personal de ley creando una contradicción en lo que expresa el numeral seis y numeral siete lo cual vuelve incongruente la sentencia emitida así mismo numeral ocho y nueve realizan una interpretación errónea en el estricto sentido que obvian la creación legislativa RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y ADUANERA de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y equivocadamente aplica la ley de Servicio Civil, Régimen que no regula las relaciones de trabajo entre la suprimida institución Pública (DEI) y sus servidores, por lo cual los numerales decimo, undécimo, décimo segundo, los cuales se vuelven inaplicables porque están basados en los numerales ocho y nueve de la Ley de Servicio Civil lo cual es un error de forma y fondo.”. II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se indica como precepto autorizante el “Artículo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “DESARROLLO DEL MOTIVO DOS: De acuerdo al artículo 719 numeral dos del Código Procesal Civil, igualmente se puede impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de derecho en litigio. Del análisis detallado de la sentencia recurrida proferida por la instancia de segundo grado, el ad-quem -al haberla hecho suya-- ­inobservó abiertamente la disposición jurídica antes citada, cuando en el fallo de segunda instancia en los numerales "SÉPTIMO y OCTAVO" del acápite de la sentencia denominado "FUNDAMENTOS DE DERECHO" en su parte se vuelve contradictorio en vista que al reconocer al Servicio de Administración de Rentas (SAR) como una institución creada con PCM-084-2016, CONTRADICTORIAMENTE no reconoce la supresión de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a través del mismo procedimiento jurídico de creación de la SAR, es decir por medio del Consejo de Secretarios de Estado, conocido legalmente como PCM, y en esa forma la susodicha Corte de Apelaciones ejecuta una interpretación selectiva en detrimento del Estado de Honduras, demostrando además, en esa manera, un disimulo dañino en la constante y permanente evolución del Derecho Administrativo. Se puede notar en forma evidente la inobservancia de las REFORMAS introducidas a la LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA que a la letra en su Artículo 22, numeral 3) consigna: "El consejo de Secretarios de Estado, tienen las atribuciones siguientes: 1)... 2)... 3) Crear, modificar, fusionar, escindir o SUPRIMIR dependencias de la administración Pública Tampoco cabe duda la indiferencia al ARTICULO 45 de la misma LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA que literalmente dispone que: “Los órganos o entidades desconcentradas se crearan, modificaran, fusionaran o SUPRIMIRÁN mediante DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO y sus titulares responderán de sus gestión ante la dependencia de la Administración Centralizada de la que dependan". También se vuelve claro que la Corte de Apelaciones referida, en el caso de autos, se encuentra en una evidente confusión al no identificar las figuras jurídicas de liquidación, suspensión, despido injustificado, despido justificado. La realidad Jurídico-­Administrativa en los hechos consumados, corresponde a una SUPRESIÓN y su respectiva liquidación de una Institución Pública, lo cual se realizó en el marco de la Ley, fundamentada en la Ley General de la Administración Pública que constituye en instrumento jurídico vigente de aplicación actual y obligatoria, derecho positivo, cuyas normas no pueden derogadas ni dárseles otra interpretación, sino solo aquella que resulta de sus propios términos. O sea que en el presente caso no hubo infracción al ordenamiento jurídico, ya que previo a suprimir los puestos de trabajo de la institución, incluida la demandante, la Autoridad Nominadora siguió el procedimiento legal establecido...." y por su parte la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su Sentencia de fecha ocho (08) de Septiembre de 2020, sostiene en su parte dispositiva numeral cuatro "que el acto administrativo se anule", pues considera la Corte que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento legal establecido, creyendo (de forma errónea) que el procedimiento que debió aplicarse en el señalado el establecido en el Régimen de Servicio y su Reglamento, desconociendo, como se dijo, que las relaciones entre aquella institución pública y sus servidores se reguló por un RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y ADUANERA, que en todo caso tampoco constituye un instrumento jurídico de aplicación y fundamentación legal de parte del Ad Quem, pues es suficientemente claro que el mismo tuvo su vigencia en la suprimida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y que dejó de tener aplicación con la supresión misma; debiendo considerarse únicamente como apoyo legal en el caso de autos la Ley General de la Administración Pública. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Partiendo de lo antes señalado, el presente recurso se fundamenta en lo siguiente: El recurso de casación, como medio tutelar del derecho objetivo, tiene como primordial finalidad, propender a la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo o recta aplicación de la ley y la unificación de la jurisprudencia nacional, autorizando el Código Procesal Civil como una de las causales, la de impugnación de la aplicación e interpretación de las normas de de violación, la inaplicación de una norma de derecho material que aparece cuando, al dictar la sentencia, los Magistrados no la aplica, debiendo haberla aplicado, pues esta falta de aplicación no solo se evidencia en la circunstancia de que no se consignó entre las normas de derecho que sirven de fundamento jurídico en la sentencia redargüida, sino que además su inaplicabilidad se materializa cuando la tutela que otorga esta norma de derecho sustantivo nacional, no se hizo efectiva, no tuvo los efectos jurídicos perseguidos y en consecuencia, se revoca el fallo de primera instancia, y no ser despedido, sino solo bajo la aplicación de procedimientos legales establecidos, esto es, los vigentes y aplicables, no se dio. En teoría, la falta de aplicación de la norma legal se traduce en un error sobre la existencia del precepto. A la inaplicación de la regla jurídica llega el Ad Quem, ora porque desconoce su existencia, o porque, partiendo de la existencia de ella, le desconoce validez en el tiempo o en el espacio. Es evidente que la inaplicación significa, en todo caso, el desconocimiento de la verdadera voluntad del legislador, expresada en el precepto legal no aplicado. La falta de aplicación requiere, como presupuesto indispensable, que si debía haberse aplicado esa disposición. La sentencia contra la cual se recurre, dictada en fecha ocho (08) de Septiembre del año dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta Ciudad, revocando la sentencia definitiva dictada en primera instancia en fecha 20 de febrero del 2019, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que hizo suya y prohijó, declarándola improcedente la acción incoada por la señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ por estar ajustado a derecho administrativo consistente en el acuerdo de cancelación número CLD-0713-2016 de fecha 16 de marzo del 2016. Con todo y haberse argumentado y acreditado debidamente ante el juez de primer grado que el acto administrativo mediante el cual se canceló por Supresión a la señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ fue dictado conforme al ordenamiento jurídico, puesto que se dictó bajo procedimientos y fundamentados en disposiciones de la Ley General de la Administración Pública, en su aplicación para el PCM-083-2015 el cual ordenó la supresión de la Institución (DEI) y la liquidación de la misma, que implica la cancelación de los nombramientos de personal; es claro que no pudo aplicarse el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, vigente en aquel momento en la DEI, pues al suprimirse la misma ipso jure deja de tener vigencia y aplicación el referido Régimen Especial, no está de más señalar nuevamente que la ley de servicio civil nunca vigencia y aplicación en la DEI por existir el aludido Régimen Especial. La Corte recurrida al dar por establecido en su fallo, como resultado del supuesto estudio analítico de los antecedentes, que el Acto Administrativo Impugnado no fue dictado conforme a derecho, por considerar, la Corte, que se trató de un DESPIDO, asimismo también de forma errónea, la misma Corte de Segunda Instancia, estima que tampoco en el procedimiento tuvo aplicación el RÉGIMEN DISIPLINARIO (del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera), desconociendo el Ad Quem que no se trata de una medida disciplinaria, tampoco de un despido, sino de una SUPRESIÓN y LIQUIDACIÓN de la Institución que implicó, entre otros, la liquidación general de los puestos de trabajo. En el presente caso resulta necesario reiterar otra vez, que la demandante no fue despedida, tampoco se le aplico ningún Régimen disciplinario, vale decir Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, ni la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que en el caso de autos se trata de una supresión y liquidación de un ente estatal respaldado por el derecho positivo, por la ley vigente, diferente a los Regímenes aludidos, situación que NO ocurrió en el caso sub judice, ya que no corresponde a una sanción de despido aplicado a la demandante, como erradamente lo apreció la Corte recurrida en su desatinado ánimo y convencimiento sentenciador. De lo anterior no podemos concluir sino, que necesaria y obligatoriamente la sentencia censurada no debió aplicar la norma sustantiva de la Ley de Servicio Civil de carácter especial, por lo que al existir como norma de derecho material los artículos 53, 54 y 55, de dicha Ley de Servicio Civil, el Juzgador en forma indebida e ilegal aplica instrumentos jurídicos que tuvieron aplicación y vigencia, ni en el espacio ni en el tiempo, en la institución suprimida y liquidada, consecuentemente los hechos correspondientes a la demandante no pueden subsumirse dentro de las disposiciones legales en que respalda el fallo la Corte de Apelaciones (artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil), por consiguiente se desconoce su validez; por lo que, en obligada protección del ordenamiento jurídico y para la recta aplicación de la ley, peticiono se case la sentencia recurrida y se aplique la norma que protege a mi representado EL ESTADO DE HONDURAS, dado que se ha incurrido en la infracción que se expone en este motivo de casación. Conforme a la sentencia recurrida en sus numerales nueve (9), diez (10), once (11) y doce (12) sobre la aplicación de la supremacía de la ley, la Constitución se ubica en primera escala, y los Magistrados haciendo uso de este cuerpo legal, artículo 129 constitucional, REVOCAN la sentencia, basados en la Ley de Servicio Civil, que como ha quedado ampliamente explicado no tiene aplicación en caso de autos, y con esa conducta la Corte destruye un acto emitido en legal y debida forma fundamentado en los Artículos 245, 55 de la Constitución de la República, y artículos 7, 22 N° 3, 45 de la Ley General de la Administración Pública. Es acuerdo unánime que el artículo 129 constitucional tutela la estabilidad de los Trabajadores en sus empleos. Cabe destacar que este articulo además de la estabilidad protege al trabajador cuando surte efecto el despido injustificado; ninguno de los hechos protectores constituciones han sido violentados en el caso de autos, pues no se trata de violentar la perpetuidad laboral, sino de un legal procedimiento administrativo que trae como consecuencia la supresión y liquidación que ha reconocido a la demandante el cien por ciento (100%) del pago de sus derechos e indemnizaciones. A).- FUNDAMENTACIÓN DE LO PEDIDO: Este motivo está contenido en el artículo 719, numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil, por la falta de aplicación, de la norma de derecho para la solución del fondo del litigio, en lo que concierne a la pretensión de declaratoria de la procedencia de la acción y la nulidad del acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho por haberse dictado con infracción del ordenamiento jurídico. B).- DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO POR EL ESTADO DE HONDURAS EN CUANTO A ESTE YA SE CANCELO LA CANTIDAD L138,408.27 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARTOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 27 CENTAVOS) en concepto de indemnización. El perjuicio causado, consiste en que, pese a haber argumentado y demostrado en juicio, que el Estado por medio de la Comisión Liquidadora procedió a liquidar a la señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ aplicándole una normativa vigente, que es la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, la que reformó la Ley General de la Administración Pública. C).- IDENTIFICACIÓN DEL VICIO QUE LO CAUSA. El vicio que causa la infracción es la falta de aplicación del artículo 245 constitucional, articulo 43 del Código Civil, Artículos 7, 22 numeral 3, 45, de la Ley General de la Administración Pública (decretó 266-2013), PCM-083-2015, vicio que es relevante para el fallo, atendida la infundada ratio decidendi de la sentencia recurrida en lo atinente a la conclusión que expresa en el considerando cuatro, cinco, seis y siete "que el acto administrativo impugnado fue dictado no conforme a derecho, ya que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento establecido para casos como el presente, señalado en el Régimen Interno de la Administración Pública (Ley de Servicio Civil). D).- PRONUNCIAMIENTOS QUE SE IMPUGNAN: Se impugna únicamente El pronunciamiento SEGUNDO del fallo o parte dispositiva contenido en la sentencia de fecha 08 de septiembre del aro 2020 dictada por la Corte de Apelaciones de Letras de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en el Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta Ciudad, departamento de Francisco Morazán, que revoca, por la cual se declaró procedente la acción de la Señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ donde en su parte dispositiva Falla: PRIMERO: Declarar Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ LUIS GUERRA GÓMEZ, en su condición de Apoderado Legal de la Señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia Definitiva de fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio el Distrito Central, y que corre a folio número quinientos cincuenta y cuatro (F-554) al folio número quinientos cincuenta y siete (f-557) de la primera pieza de autos.- TERCERO: se declara procedente la acción por no estar conforme a derecho el acto impugnado y se ordena como situación jurídica individualizada el reintegro al mismo cargo o a uno de igual categoría en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena el pago de los salarios dejados de percibir, aumentos y demás derechos. CUARTO: el acto administrativo impugnado así como el acto de nombramiento del sustituto. QUINTO: se difiere el cálculo de salarios aumentos y demás derechos a la etapa de ejecución. - SIN COSTAS POR EXISTIR MOTIVOS BASTANTES PARA LITIGAR. PRONUNCIAMIENTO QUE SE PRETENDE: Atendido lo expuesto, casada que sea la sentencia recurrida, para reparar la infracción sustantiva cometida se solicita que esta Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia yen observancia de lo dispuesto por el artículo 727.5 del Código Procesal Civil, dicte nueva sentencia con arreglo a derecho, con pronunciamiento que se pretende y especifica así: "PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada contra el ESTADO DE HONDURAS, por ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, identificado como el Acuerdo de cancelación No.CLD-0713-2016, de fecha 16 de marzo del 2016, emitido por la Comisión Liquidadora, mediante el cual se cancela el cargo DEI-RRHH-N de la Dirección Ejecutiva de Ingresos; en la línea presupuestaria. SEGUNDO: Restablecer LA SENTECIA DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2019, que su PARTE DISPOSITIVA DICE: Primero DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por la Señora NANCY CAROLINA MEJÍA VÁSQUEZ por estar ajustada a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número CLD-­0713-2016 de fecha 16 de marzo del 2016”. IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) En la formulación se indica la falta de aplicación entre otros del artículo 719 numeral 1 y numeral 2 del Código Procesal Civil… “pero es el caso, que lo que contiene esta disposición en sus distintos literales y numerales son distintas causales de casación, resultando inapropiado su señalamiento. Asimismo, agrava la falta de claridad cuando en acápite aparte cita la misma disposición como infringida. Debe recordarse, en términos generales, que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de normas, ya sea de naturaleza material o procesal, en su caso; b) En el desarrollo se menciona los artículos 22 numeral 3 y 45 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 53, 54, y 55 de la Ley de Servicio Civil, normas que no han sido señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; igualmente se hace referencia al PCM 084-2016, omitiendo si ha sido infringida o relacionada alguna de sus normas al momento de formularse una proposición jurídica; y, c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VI.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VII.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA79-2021. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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