Sentencia CA-71-21 — Registro 12824
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que la ahora demandante fue cancelada por restructuración, la administración pública debe de sujetarse al procedimiento disciplinario que contemple su propio reglamento y en este caso, dicho reglamento no contempla tal causal ni mucho menos fundamenta su decisión en alguna normativa jurídica
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su impugnación hace referencia que existió falta de aplicación e interpretación, mismo que debió fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado; b) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) hace alegatos inoportunos en su explicación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su impugnación hace referencia que existió falta de aplicación e interpretación, mismo que debió fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado; b) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) hace alegatos inoportunos en su explicación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR; y, Recurrido: la señora SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO, representado en juicio por la Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Contencioso Administrativa en materia personal para que se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo por violación al procedimiento de despido y con violación a las garantías constitucionales, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se adopten las medidas para su pleno restablecimiento como ser el reintegro al trabajo en mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir con sus aumentos en ausencia, pago de decimotercer mes y decimocuarto cuarto mes de salario, vacaciones comunes y corrientes, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la señora SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que ingresó a laborar en el Instituto de la Propiedad, mediante acuerdo de nombramiento DGA-024-A-2015, emitido en fecha 4 de mayo del 2015, en el cargo de Asistente Administrativo devengando un salario mensual de L. 25,000.00; que desempeñó sus funciones a cabalidad, manteniendo su trabajo al día, observando buena conducta, puntualidad, y sobre todo realizando sus labores con esmero y prontitud, a tal grado que sus jefes superiores no tienen queja alguna de su persona. Sorprendentemente, en fecha 18 de junio del 2015, le fue notificado el acuerdo de cancelación numero SE-IP No. 021-2015, de fecha 18 de junio del 2015 emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, violentando sus derechos laborales al hacer la cancelación directa, señalando que se le cancela por REESTRUCTURACION, Siendo esta una causal que no aplica en su caso, y de conformidad con los artículos 8 NUMERAL 3 y 4 de la Ley General de la Administración Pública, 34 inciso c, 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo es procedente su declarar la NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, y proceder a DICTAR LA SENTENCIA DECLARANDO LA PROCEDENCLA DE LA DEMANDA DE MERITO. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que consta en el expediente personal de la demandante, que mediante Acuerdo N° DGA-024-A- 2015 de fecha 04 de mayo de 2005, se nombró a la ciudadana SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO en el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la Dirección General Administrativa del Instituto de la Propiedad, con un salario mensual de L.25,000.00, que la cancelación efectuada por el Instituto de la Propiedad, obedece a la reestructuración llevada a cabo en dicha Institución, tal como fue consignado en la estipulación Primera del Acuerdo SE-IP No. 021-2015 de fecha 18 de junio del 2015 emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, se encuentra emitido conforme a derecho, dando cumplimiento a los deberes señalados en los Artículos 321 de la Constitución de la República; 118 de la Ley General d la Administración Publica; 1l, numerales 1,7 Y 8 de la Ley de Propiedad, así como en cumplimiento de Decreto Ejecutivo Numero PCM-046-2014 mediante el cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros autorizó al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que procediera a realizar la restructuración del Instituto de la Propiedad pudiendo suprimir, reunir, crear, organizar sus dependencias así como quedando facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta; por lo que el Consejo Directivo en sesión ordinaria de trabajo N° 010-2015, por unanimidad aprobó la restructuración del Instituto de la Propiedad en todas sus Direcciones, pudiendo la Dirección Administrativa en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos darle prioridad a las Direcciones que así lo ameritan; por lo que la cancelación de la demandante está de acuerdo a los fundamentos legales antes citados, así como a lo resuelto en el Acuerdo del Consejo Directivo CD-IP-No.013-2015 y la Resolución del Consejo Directivo en el punto de Acta No. 4.3 de la Sesión Ordinaria de Trabajo número 010-2015. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 31 de mayo del 2018, dictó sentencia declarando: “PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la señora SULAY OSIRIS VILLALOBOS FERRUFINO, por NO estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No. SEIP-021-2015 de fecha dieciocho (18) de junio del 2015, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, en consecuencia, se anula totalmente. SEGUNDO (2): Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1) Se ordena el reintegro de la demandante al cargo que ocupaban al momento de su cancelaci6n.- 2) Se condena al Instituto de la Propiedad al pago a favor de la demandante de los salarios dejados d#' percibir desde la fecha efectiva de su cancelaci6n hasta que esta sea restituida en su puesto de trabajo y demás derechos que le pudieran corresponder, como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario, vacaciones y demás beneficios otorgados en su ausencia. TERCERO (3): Asimismo se decreta la nulidad del acto administrativo por medio le cual se hayan nombrado sustituto de la demandante, si este fuere el caso. CUARTO (4): Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio”; bajo el criterio que consta el Acuerdo de nombramiento de la Señora Sulay Osiris Villalobos Ferrufino, en el cargo de Asistente Administrativo Consta el Acuerdo de Cancelación por reestructuración de la demandante la juez estimó que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico ya que quedó probado en autos que la autoridad nominadora no siguió ningún procedimiento de los que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya fuere por cesantía o despido para cancelar a la hoy demandante, ni ninguno de los supuestos que ordena el cuerpo legal, lo que hace que los actos administrativos impugnados se encuentren entre las causales de invalidez que vuelven nulos los actos administrativos establecidos específicamente en el artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el acto administrativo se dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso del procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, esto por un lado y por otro, no basta plasmar la leyenda que se cancela a la parte demandante (por reestructuración), sino que debe observarse el procedimiento ya señalado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, de igual manera se observa que la Autoridad Nominadora violento lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, en virtud que no se encuentran acreditados al presente proceso los dictámenes que debieron de emitir los Directores de las Direcciones del Instituto de la Propiedad involucradas en conjunto con la Dirección legal y la Subgerencia de Recursos Humanos, en vista que lo único existente y que tiene relación con lo señalado, es el Decreto Ejecutivo PCM-046- 2014, no existe el dictamen que se requiere para que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad autorice la cancelación por cesantía, por lo que en la presente causa, no existe documento alguno que acredite la existencia de los mismos, lo que demuestra que no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios de la afectada por la cesantía, hacienda que dicho acto sea nulo al infringir el ordenamiento Jurídico, ya que no se realizó el procedimiento tal como lo establecen los artículos 84 y 85 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de enero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la ahora demandante fue cancelada por restructuración, la administración pública debe de sujetarse al procedimiento disciplinario que contemple su propio reglamento y en este caso, dicho reglamento no contempla tal causal ni mucho menos fundamenta su decisión en alguna normativa jurídica, por ende tendrá que estar sujeto a la Ley de Servicio Civil y su reglamento, cuerpo legal que desarrolla bajo la figura de la cesantía dos excepciones que la autoridad nominadora debe tomar en cuenta a) reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario y b) por reducción de servicios de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa y no constando en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a los requisitos para que surta efectos la figura de la cesantía que contiene la ley de Servicio Civil y su reglamento, convierte dicho acto ahora impugnado en ilegal y por ende arbitrario, por prescindir de lo establecido en el ordenamiento jurídico y más aún cuando están obligados por su mismo reglamento a incorporase al régimen de Servicio Civil. Aunado a lo anterior y leída la audiencia preliminar, el Estado acredita en dicha comparecencia el Decreto Ejecutivo PCM 046-2014- como fundamento para la cancelación de la ahora demandante que autoriza la reestructuración de la institución del Instituto de la Propiedad pero este, no explica ni define de qué forma se realizaría la causal de restructuración, figura que como ya explico es una excepción que contempla la cesantía, por lo que debieron sujetarse a lo que establece la Ley de Servicio Civil y su reglamento al respecto. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ROSA ANA GIRON AMADOR, en fecha 09 de marzo del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de enero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.60-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.242-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 13 de marzo del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, presentó en fecha 07 de enero del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 18 de enero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 08 de febrero del 2021, las Abogadas ROSA ANA GIRON AMADOR y GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 11 de marzo del 2021, teniendo por personadas a las Abogadas ROSA ANA GIRON AMADOR, como recurrente, y GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “ PRIMER MOTIVO: POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA: Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación e interpretación de los artículos 200, numeral 2), incisos b) y c); 206, numeral 1 ), 207, numeral 1) y 208 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil. Citando textualmente dichos artículos de la manera siguiente: Articulo 200, numeral 2), inciso b) "CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 2. En particular, las redacciones de las sentencias se ajustan al contenido formal siguiente: b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso ... " Artículo 206, numeral l)"CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUTIVIDAD.1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas." Artículo 207, numeral l)"MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho." Artículo 208, numerales 1) y 2) "CONGRUENCIA.1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y diciendo todos los puntos litigiosos ... " DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, numeral 2), incisos b) y c); 206, numeral 1), 207, numeral 1) y 208 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 30 de enero de 2020, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1), inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que la sentencia recurrida en lo que corresponde al FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO (6): “.. dispone el artículo 4 de la Ley de Creación, Decreto 82-2004, en base a lo anterior con potestades entre otras para emitir reglamentos y actuaciones que regulen las condiciones de trabajo a que deben sujetarse los servidores y funcionarios del Instituto de la Propiedad, no obstante, dicho reglamento de personal establece que lo no dispuesto en él se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil." Si bien es cierto que el Articulo 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, establece "En lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley del Servicio Civil." No es menos cierto que el referido artículo es de carácter supletorio. Asimismo en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEPTIMO (7): "por lo...la administración pública debe de sujetarse al procedimiento disciplinario que contemple su propio reglamento y en este caso, dicho reglamento no contempla tal causal ni mucho menos fundamenta su decisión en alguna normativa jurídica, por ende, tendría que estar sujeto a la ley de Servicio Civil y su reglamento, ... por prescindir de lo establecido en el ordenamiento jurídico y más aún cuando están obligados por su mismo reglamento a incorporarse al régimen de Servicio Civil. En ningún articulado del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, se obliga adscribirse al régimen de Servicio Civil, ya que lo que contempla el Articulo 84 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad "En vista de que el IP no se ha incorporado a la Dirección General de Servicio Civil, no sería necesario el dictamen del Consejo de Servicio Civil, ... " Lo subrayado y en negrita es nuestro. Encontrándose acreditado en autos de la pieza principal del expediente 242-15- J (1), que el Instituto de la Propiedad no está adscrito al Régimen de Servicio Civil, por consiguiente, el Instituto de la Propiedad, cuenta con su propio Reglamento de Personal, regulándose en el mismo las condiciones de trabajo, a los cuales están sujetos los servidores y funcionarios que prestan sus servicios para el Instituto de la Propiedad, el que se relaciona con la respuesta efectuada por la Dirección General de Servicio Civil, en fecha 04 de mayo de 2016, manifestando en la misma que se realizaron las investigaciones pertinentes, por lo que procedieron a informar al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo "Que el Instituto de la Propiedad hasta la fecha no ha hecho la gestión para incorporarse al Régimen de Servicio Civil. Por lo tanto, el no estar incorporados al Régimen de Servicio Civil, los servidores públicos que laboran en dicho Instituto no están protegidos por la Ley de Servicio Civil.". El informe en referencia se encuentra agregado a folios 166 y 167 del expediente número 069-15- 7, el cual fue del conocimiento del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Por lo que en el presente caso no es aplicable el procedimiento disciplinario, como lo manifiesta el Ad quem. De igual manera el FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO (8): “.. el Estado acredita en dicha comparecencia el Decreto Ejecutivo PCM 046-2014 como fundamento para la cancelación de la ahora demandante que autoriza la reestructuración ... " Se encuentra acreditado en la pieza principal de auto del expediente 242-15-1, a folio (84) Oficio D-RH No. 686-2017, de fecha 25 de mayo del 2017, mediante el cual se da respuesta al Oficio No. 545-JLCA-17, concretamente a las preguntas siguientes: 1) No hay ninguna persona nombrada en el puesto que tenía la ciudadana Sulay Osiris Villalobos Ferrufino y 2) como no existe persona alguna nombrada en ese puesto, la plaza fue cancelada por reestructuración a partir del 18 de junio de 2015, por lo que no existen aumento de sueldo ni movimiento alguno. En virtud que la cancelación del Acuerdo de Nombramiento de la demandante, se emitió de conformidad al Artículo I del Decreto Ejecutivo PCM 046-2014, que corresponde a la nueva estructura organizativa del Instituto de la Propiedad, mismo que literalmente señala: "Autorizar al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la reestructuración de dicha Institución, pudiendo suprimir, reunir, crear o reorganizar sus dependencias; quedando también facultado para descentralizar, desconcentrar o tercerizar los servicios que presta." En el presente caso existe la figura de reestructuración o reorganización, que consiste en la supresión de puestos de trabajo, el cual procedió a efectuar el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, con el fin de garantizar la eficiencia en los servicios que presta y con la autorización del Presidente de la Republica en Consejo de Ministros y de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 321 de la Constitución de la República y 4, 8, 11 numerales 1), 7) y 8) de la Ley de Propiedad, que me permito transcribir literalmente : Constitución de la República "ARTICULO 321: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley ... " Ley de Propiedad "Articulo 4. Crease el Instituto de la Propiedad (IP) como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera." "Articulo 8. El Consejo Directivo es el órgano de decisión y dirección superior del Instituto de la Propiedad (IP) ... " "Articulo 11. El Secretario Ejecutivo tendrá las funciones siguientes: 1). Orientar, dirigir, coordinar supervisar, controlar, facilitar la gestión administrativa del • Instituto de la Propiedad (IP); 7). Firmar actos, contratos y convenios en las áreas de su competencia; y, 8). Las demás que le señale la Ley o el Consejo Directivo." En vista, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la República, los Tratados Intencionales, la ley general, la ley especial (SIENDO LA LEY DE LA PROPIEDAD UNA LEY ESPECIAL CREADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO No. 822004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, Establece Que Sin Perjuicio De Lo Que Las Leyes Dispongan (lo subrayado y en negrita es nuestro), el personal del Instituto de la Propiedad está sujeto al Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad , así como la Ley de Propiedad, la cual crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, está sujeto al Reglamento de Personal. Por consiguiente los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, inobservaron lo prescrito en los artículos 200, numeral 2), incisos b) y c ); 206, numeral 1 ), 207, numeral 1) y 208 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil, es decir, que la sentencia emitida en fecha 30 de enero de 2020, por el Ad quem, no es clara, precisa y exhaustiva, por ende no está suficientemente motivada y la misma no es congruente con lo aportado durante el proceso de la demanda, tanto en primera instancia, como en segunda instancia. Asimismo, la sentencia recurrida de fecha 30 de enero de 2020, no fue emitida respetando y manteniendo los principios del razonamiento y la lógica jurídica, apreciación y valoración de las pruebas aportadas en el desarrollo del presente juicio. Reiteramos que el Instituto de la Propiedad no se encuentra incorporado al Régimen de Servicio Civil, ... Por lo tanto, el no estar incorporados al Régimen de Servicio Civil, los servidores públicos que laboran en dicho Instituto no están protegidos por la Ley de Servicio Civil". II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su impugnación hace referencia que existió falta de aplicación e interpretación, mismo que debió fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado; b) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) hace alegatos inoportunos en su explicación. III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por falta de aplicación de los artículos 82 de la Constitución de la Republica, 205 numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. Citando textualmente los referidos artículos de la manera siguiente: Constitución de la Republica Artículo 82: "El derecho de defensa en inviolable …” Código Procesal Civil Articulo 205 numeral 1 "RESOLUCIONES DEFECTUOSAS Y SUBSANACION. 1. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias ... " Articulo 721 numeral 1 "INTERPOSICION Y FORMALIZACION. 1. El recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación ..” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 82 de la Constitución de la Republica, 205, numeral 1 y 721 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada en fecha 30 de enero de 2020, por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, excepto en cuanto a disponer "SIN COSTAS". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 1, inciso c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 30 de enero de 2020, emitió Sentencia, omitiendo en el acápite PARTE DISPOSITIVA, establecer que recurso y plazo procede contra la Sentencia en referencia, es evidente que no se da lo ordenado en las disposiciones legales antes transcritas, por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y de esa manera queda en estado de indefensión el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad. CONCLUSION: Con los medios de prueba aportados y evacuados y con los fundamentos de derecho en que se basó la defensa, se acredito fehacientemente, que el acto impugnado se encuentra apegado a derecho y que se utilizó causa legal valida y que se siguió el procedimiento legal establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y el Decreto Ejecutivo PCM-046-2014 para la cancelación del Acuerdo del demandante, ya que los empleados y servidores del IP; se rigen por el Reglamento de Personal AcuerdoCD-IP-2011. Asimismo, es evidente que la presente sentencia carece de fundamentos y argumentaciones válidos para que se lleve a cumplimentar la misma.”. IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) La Recurrente en su motivo impugna por falta de aplicación de las normas y en la explicación del motivo alega aplicación indebida mismas que son dos tipos de impugnación debiendo fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.; y, b) insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus dos motivos 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS Y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 26 días del mes de mayo del 2021; certificación de la resolución de fecha 22 de abril del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CA71-2021. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ,
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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