Sentencia CA-701-19 — Registro 14511
Resumen
Demanda Especial en materia personal para la nulidad de un acto administrativo particular emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por infracción al ordenamiento jurídico establecido, quebrantamiento de formalidades esenciales, desviación y exceso de poder; que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación injusta e ilegal de que fue objeto el demandado y como medida para el restablecimiento de los derechos que sea la condición de miembro activo de la Carrera Policial y a título de daños y perjuicios que se le cancelen debidamente indexados los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, decimocuarto mes, decimotercer mes, y demás beneficios colaterales que se generen desde la fecha de cancelación del acuerdo de nombramiento hasta la ejecución de la sentencia, más costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Que, en su explicación, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil."..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) Al igual que en la causal anterior, en la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado conforme lo establecido en la artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Falta a la precisión y claridad, cuando indica, por aplicación errónea del artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la aplicación errónea es modalidad de error de hecho en materia laboral y, c) Realiza alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2)literal a) y 724 del Código Procesal Civil."...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 724 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho días del mes marzo del dos mil veintiuno.
La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ PRESIDENTE, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, Y MAGISTRADOS INTEGRANTES YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, ROXANA MORALES TORO, ERIKA GERALDINA DUBON, RUBEN RIVERA FLORES, BRENDA CELINA HERNANDEZ FERRUFINO Y GARIN ENOC URQUIA CASTRO; dictan la siguiente. RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES y Recurrido: El señor VENANCIO MARTÍNEZ MARTÍINEZ, representado en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.
OBJETO DEL PROCESO: Demanda Especial en materia personal para la nulidad de un acto administrativo particular emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por infracción al ordenamiento jurídico establecido, quebrantamiento de formalidades esenciales, desviación y exceso de poder; que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación injusta e ilegal de que fue objeto el demandado y como medida para el restablecimiento de los derechos que sea la condición de miembro activo de la Carrera Policial y a título de daños y perjuicios que se le cancelen debidamente indexados los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, decimocuarto mes, decimotercer mes, y demás beneficios colaterales que se generen desde la fecha de cancelación del acuerdo de nombramiento hasta la ejecución de la sentencia, más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor VENANCIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 11 de febrero del 2016, se le notificó el Acuerdo Número 0472-2016, de fecha 01 de febrero del 2016, contenido en el Oficio SEDS-SG-0214-2016, de fecha 05 de febrero del 2016, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en donde se le cancela el acuerdo de nombramiento como miembro activo de la Policía Nacional de Honduras, bajo la causal de jubilación, utilizando como fundamento legal de dicho acuerdo, el artículo 33 de la Ley del Instituto de Previsión Militar (IPM), en relación al numeral 3) del artículo 109 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y argumentó que la causal de jubilación no se encuentra regulada, ya que, pese a que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en sus artículos 107 y 163 contempla la creación de una Ley Especial de Personal de la Carrera Policial, Ley que aún no se ha creado, ni tampoco su Reglamentación y que el artículo 33 de la Ley del Instituto de Previsión Militar (IPM), lo que regula es la pensión por retiro, que según el artículo 31 numeral 1 de la misma Ley, constituye una prestación, un beneficio en dinero y no una causal de cesación laboral, tampoco en el cargo, sino que es el efecto de esta, a favor del cotizante ante un Instituto de Previsión, que se retira de manera voluntaria en cualquier momento, después de los 18 años de servicio, por lo cual le puede otorgar la calidad de derechohabiente retirado, pagándole una pensión por haber cumplido ese tiempo de servicio desde 18 hasta 35 años de servicio, que es cuando alcanza el 100% del promedio de los últimos 36 meses de su salario como pensión laboral, lo que no significa en momento alguno, como se dejó sentado, que cumplir con 35 años de servicio sea causal para retiro forzoso de la institución policial; reiteró que en ningún momento se establece como límite 35 años, ya que esa situación solo puede ser regulada en una Ley Especial de Personal de la Carrera Policial; manifestó que la jubilación es un derecho personalísimo y no puede ser ejercido por nadie más que por él mismo, por lo que el Acuerdo en donde se le cancela por jubilación, no es una terminación de la Carrera Policial, siendo esta una cancelación desde todo punto de vista ilegal, ya que en ningún momento alguno ha solicitado la jubilación ante el Instituto de Previsión Militar, que es un paso previo para que la institución pueda emitir el Acuerdo por cancelación, por lo tanto el acuerdo que hoy se impugna es violatorio a la ley, por consiguiente el mismo es nulo, al ser nulo el acto impugnado el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece expresamente, que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, como el exceso de poder, en el que se comprende la falta de conexión lógica entre la motivación (entiéndase esta tanto fáctica como jurídica) y la parte dispositiva del acto; asimismo manifestó, que antes de ser separado, primeramente se le suspendió el salario sin ningún respaldo legal y solo fue restituido a través de diferentes acciones que se vio obligado a realizar y una vez restituido, de inmediato fue llamado a la Dirección General de la Policía Nacional, para que en presencia del señor Director General, del Jefe de Operaciones de la Policía Nacional y del Director de Personal; así como de una Abogada de la Secretaría de Seguridad; el señor Secretario General de esa Secretaría le hicieron formal entrega del acuerdo de cancelación antes descrito, con el cual no estuvo de acuerdo, en virtud de que en ningún momento ha solicitado su JUBILACION en el Instituto de Previsión Militar (IPM) y que otros miembros de la carrera policial que actualmente se encuentran en situación de activos y tienen mayor edad que el demandante, lo cual vuelve la acción en su contra una represalia por haber recurrido a la justicia a reclamar derechos y vejaciones a las que el 9 de junio de 2009, fue sometido a juicio, que a la fecha está en apelación, situación que el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el tercer párrafo del artículo 60 de la Constitución de la República y el numeral 4) del artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública, lo prohíben; por ser discriminatorios.
2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en fecha 11 de febrero del 2016, se le notificó al demandante el Acuerdo N° 0472-2016, de fecha 01 de febrero del 2016, donde se canceló por jubilación, entregándole copia íntegra la transcripción de dicho acuerdo, reuniendo los requisitos para obtener su Pensión por Jubilación, mismo que fue dictado conforme a derecho en aplicación estricta a lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras; que la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras en los artículos 98 numeral 10) que establece el derecho de previsión de los miembros de la Policía Nacional y numeral 3) que establece cuando se deja de ser miembro de la carrera policial, siendo la jubilación una causal de terminación, en consonancia con la Ley del Instituto de Previsión Militar, contenida en el Decreto Legislativo No. 167-2006, de fecha 27 de noviembre del 2006, la cual en el artículo 1 y 33 numeral 2); que en ese orden de ideas, la jubilación es una causal que faculta a la Secretaría de Seguridad para separar a los miembros de la Carrera Policial que han alcanzado los 50 años de edad y 35 años de servicio, aportando al Instituto de Previsión Militar, cumpliéndose así los requisitos establecidos en la ley. Manifestó además que la Ley Orgánica de la Policía Nacional en sus artículos 109 numeral 3 y 113 contempla que los miembros de la Carrera Policial dejarán de pertenecer a la misma por jubilación, en ese sentido, el demandante como miembro de la Carrera Policial se encontraba afiliado al Régimen de Riesgos Especiales (REE) que contempla la Ley del Instituto de Previsión Militar en el artículo 3 numeral 2); asimismo, lo dispuesto en el artículo 33 numeral 2 de esa misma ley y que en el presente caso, el demandante ya cumplió con dichos requisitos, en virtud de lo cual la autoridad nominadora, enmarcada dentro de sus competencias en virtud del Acuerdo Ejecutivo N°. 016-2015, de fecha 24 de febrero de 2015, donde el Presidente de la República delega en el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad la potestad de firmar todos los actos relacionados con nombramientos, cancelaciones y/o cualquier otro movimiento de personal; así mismo argumentó, que el Acuerdo de Cancelación N° 0472- 2016, de fecha 1 de febrero del 2016 y notificado en fecha 11 de febrero del 2016 al demandante, fue emitido conforme a derecho en estricto apego a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley del Instituto de Previsión Militar, o sea que fue emitido conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley, y no una represalia por haber recurrido a la justicia a realizar sus reclamos que consideraba violatorios a sus derechos, y la situación de otros miembros de la carrera policial no son objeto del presente juicio, por ende los argumentos realizados por la parte actora carecen de sustento legal; igualmente, el Acuerdo de Cancelación por Jubilación del demandante No. 0472-2016, se emitió en estricto apego a lo que establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras en su artículo 109 numeral 3), que dispone: "El personal de la Carrera Policial dejará de pertenecer a la misma por: Jubilación"; en ese sentido, la Ley del Instituto de Previsión Militar, en su artículo número 33 párrafo segundo establece: "La Pensión por Retiro es la renta vitalicia, pagadera mensualmente, incluyendo el décimo tercer y décimo cuarto mes, a que tienen derecho los afiliados al RRE (Régimen de Riesgos Especiales)", como el caso del demandante, que ya alcanzó cincuenta (50) años de edad, y más de treinta y cinco (35) años de aportación al IPM. Además, alegó que, la demandada estaba facultada para emitir tales actos y en ningún momento se le violentó derecho alguno, ya que con el acuerdo emitido hará valer sus derechos que como jubilado le corresponde ante el Instituto de Previsión Militar.
- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de marzo del 2017, dictó sentencia misma que en su parte conducente: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción incoada por el ciudadano VENANCIO MARTINEZ MARTÍNEZ, Comisionado de Policía, dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD; por no ajustarse a derecho el Acto administrativo impugnado consistente en el ACUERDO DE CANCELACION NUMERO N° 0472-2016, de fecha 01 de febrero del año 2016, emitido por el Señor JULIAN PACHECO TINOCO, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, y se anula totalmente el mismo por no estar conforme a derecho. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y coma medidas necesarias para el pleno y efectivo restablecimiento y reconocimiento de tal situación jurídica, se condena a la parte demandada el Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, al REINTEGRO del ciudadano VENANCIO MARTINEZ MARTÍNEZ al grado que tenía al momento de su cancelación como COMISIONADO DE POLICIA, dependencia de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha que se ejecuten el presente fallo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, Décimo Tercer mes; Décimo cuarto mes y vacaciones así como otros derechos que le pudieran corresponder. De igual manera, que sea devuelto a los cuadros activos de la Policía Nacional, indicando su asignación respectiva…”; sin costas; bajo el criterio que las jubilaciones de los miembros de la carrera policial deben ser solicitadas por las partes interesadas o de oficio por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad ante el Instituto de Previsión Militar (IPM), posteriormente, la Gerencia elaborará un dictamen y la Junta Directiva resolverá dicha solicitud, a fin que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad pueda proceder a cancelar por jubilación a sus miembros. Y, siendo que, no consta en autos dicho proceso, el ACUERDO DE CANCELACION N° 0472-2016, de fecha 01 de febrero de 2016, es nulo. Asimismo, el acto administrativo impugnado es nulo al tenor de lo establecido en el Articulo 34 numeral f) de la Ley de Procedimiento Administrativo en virtud, que ha sido emitido contrariando lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública, ya que el mismo ha restringido un derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras, como ser el Derecho al debido proceso, ya que como anteriormente se mencionó no se siguió el procedimiento legalmente establecido para poder cancelar por jubilación al demandante, acarreando la nulidad a dicho Acto Administrativo. De igual manera, el Acto Administrativo impugnado consistente en el ACUERDO DE CANCELACION N° 0472-2016, de fecha 01 de febrero de 2016, incurre en las causas de anulabilidad al tenor del Artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que el mismo ha sido emitido con infracción al ordenamiento jurídico establecer en uno de los Considerandos del mismo que el ciudadano VENANCIO MARTINEZ MARTINEZ "reúne los requisitos para su pensión por jubilación al haber cumplido 35 años de servicio policial", sin establecer en dicha Ley los años de servicio a fin de solicitar la pensión por jubilación. Cabe destacar, que consta en el folio cuarenta y uno (41) de autos el oficio DGPN-No.0444-2016, de fecha 15 de enero de 2016, emitido por el Director General de la Policía Nacional de Honduras, Félix Villanueva Mejía, en el cual SOLICITA a la Secretaría General realice los trámites respectivos para gestionar la “Cancelación de Acuerdo de Nombramiento por Jubilación", en virtud, que el Comisionado de Policía se encuentra sin "una asignación específica, y cumple con el tiempo de servicio dentro de la Institución Policial"; solicitud que debió hacerse ante la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar, y que al estar un policía sin una asignación especifica se debía seguir con lo estipulado en el Artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, en el sentido de haberlo declarado, primeramente, en disponibilidad, situación que nunca ocurrió en el proceso de cancelación por jubilación al demandante. Y, en cuanto a los fundamentos legales anteriormente expuestos se debe declarar procedente la acción de la parte demandante; que la Convención Americana sobre Derechos Humanos; establece en su artículo 8: De garantías judiciales que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con anterioridad por la ley. En la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter. Y a fin con los artículos 1, 24 y 25 de la misma Convención.- Que las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares, como tampoco puede atribuirse a la ley, otro sentido que el que resulte explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre las mismos debe existir y la intención del legislador, en tal sentido, este Juzgado considera que en el presente juicio se ha seguido el procedimiento fijado para el mismo en la normativa vigente, por consiguiente estima que se debe declarar procedente la acción porque el acto impugnado al emitirse el mismo se incurrió en infracción del ordenamiento jurídico, incluso con exceso y desviación de poder y por no ser conforme a derecho se debe de anular el mismo, reconociéndose la situación jurídica individualizada, adoptándose cuantas medidas sean necesarias para su pleno restablecimiento y reconocimiento y por la naturaleza de las cuestiones debatidas en la presente demanda a juicio del Tribunal por no haber motivos bastantes para litigar por la parte demandada debe ser condenado en costas.
4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de agosto del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que, en el caso que nos ocupa el señor Venancio Martínez Martínez, siendo Comisionado de Policía de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, estando bajo el Régimen de la Carrera Policial conforme al expediente Administrativo de Personal, se le emite el Acuerdo de Cancelación por Jubilación de fecha 01 de febrero 2016, que es Acto Administrativo objeto del presente; el cual fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 34 inciso c; ya que la emisión de la cancelación por Jubilación se fundamentó en los artículos 109 numeral 3, 113 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 33 de La Ley del Instituto de Previsión Militar. La Ley del Instituto de Previsión Militar vigente creada mediante Decreto 167-2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 21 de febrero 2007, regula el Régimen de Riesgo Especial (RRE) que brindará previsión social a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, cuya actividad está orientada a la protección de la población hondureña y que por la naturaleza de las funciones altamente riesgosas que desempeña en el servicio activo, están expuestos a la agravación del riesgo, en dicha ley en el capítulo IV desarrolla los beneficios del Régimen de Riesgo Especial (RRE) que son prestaciones y servicios, el artículo 33 segundo párrafo "la pensión por retiro se concederá cuando los afiliados cumplan los requisitos mínimos 1.. 2.. todo afiliado RRE que tenga por lo menos 25 años de cotización podrá retirarse,... la pensión por retiro será otorgada mediante una renta vitalicia Taxativamente describe un beneficio que pide la persona que quiere la pensión por retiro, en ningún apartado de la ley da la potestad para obligar a jubilarse (o cancelación por Jubilación) por haber cumplido una determinada edad de servicio o años de vida; lo expresa el señor Venancio Martínez Martínez como demandante que su persona no ha solicitado la Jubilación. Se debe reconocer los elementos de hecho y derecho necesario, para la aplicación concreta de la ley; en la resolución apelada no se observa un argumento dentro del marco legal, del motivo por el cual se considera que la resolución impugnada no fue emitida conforme a derecho y al principio de legalidad; tampoco se relaciona una explicación valoración de la prueba aportada revisado por este tribunal, refiriere de un oficio DGPN-No.0444-2016, que remite el Director General de la Policía Nacional señor Félix Villanueva Mejía, al señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad General de División, Julián Pacheco Tinoco, a fin de solicitar se gestione los trámites para cancelar por jubilación al señor Venancio Martínez Martínez, quien se encuentra sin una asignación específica (ver folio 41), luego un memorándum SEDS-NO-0124-2016, donde se ordena cancelar por jubilación, forman parte del expediente Administrativo y acuerdo de cancelación por jubilación del cargo por haber cumplido años de servicio policial, no siendo el procedimiento debido, ni requisito para emitir un acuerdo de cancelación por jubilación sin previo ser solicitado por el interesado en este caso el señor Venancio Martínez Martínez, no establecidas en la ley Orgánica de la Policía Nacional, ni en la Ley del Instituto de Previsión Militar, que sea obligatorio; de la misma manera ya en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía especifica el trámite a seguir cuando una persona no tiene una asignación específica dentro de la organización de la policía, procedimiento que no existe. El acuerdo de cancelación por jubilación número 0472-2016, del Acto Administrativo impugnado, es nulo, conforme a lo que establece en la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 34 inciso C, F, 35; fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad sin cumplir lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de la Administración Pública, restringiendo derecho al debido proceso, consagrado en la Constitución de la República, artículo 82, derechos y garantías inherentes al ser humano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha enfatizado que las garantías generales del artículo 8 deben estar presentes en la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, administrativo, de cualquier otro carácter, "y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso", En ese sentido, cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, colegiada o unipersonal, legislativa o judicial, "que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones personas", decisiones que las autoridades determinen públicas derechos, debe que de las adopten cumplir con garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraría. Consecuentemente, la actuación de dichos órganos y autoridades con funciones determinadas, "tiene límites infranqueables, entre los que ocupa un primerísimo lugar el respeto de los derechos humanos, por lo que se torna necesario que su actuación regulada", precisamente para evitar cualquier arbitrariedad. Por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, procede CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación por estar emitida conforme a ley.
5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, en fecha 16 de octubre del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.144-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.85-2016 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 17 de octubre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.
6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL¸ presentó en fecha 14 de noviembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 18 de noviembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 04 de diciembre del 2019, los Abogados ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES y JOSE ARMANDO ESPINAL.
7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de enero del 2020, teniendo por personados a los Abogados ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CACERES, como recurrente, y JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.
8.- Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veinte (2020) en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicta sentencia la que puede ser vista de los folios 35 al 42 de la pieza de casación, y que por mayoría de votos de sus miembros declaro NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION, en sus tres motivos. DECLARAR FIRME LA SENTENCIA, recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. SIN COSTAS, contra la Sentencia Definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 30 de agosto del 2019, siendo disidente el Magistrado Cáceres Castellanos, quien en su voto particular resolvió: DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia Definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 30 de agosto de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-
II.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 30 de agosto del 2019, por aplicación errónea de los artículos 34 inciso c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con que no se debió emplear para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículos 109 numeral 3) y 113 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto N° 67-2008 publicado el 31 de octubre de 2008 en La Gaceta N°. 31,749 por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 3 0 de agosto del 2019, excepto en cuanto a disponer "sin costas." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se consideró en el fundamento de Derecho Noveno (9), que el acto administrativo, fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 34 inciso c), llamándonos seriamente la atención ya que dicha normativa legal no contempla procedimiento alguno en el caso que nos ocupa si no que se refiere a los casos que habrá de declarase nulo el acto administrativo, siendo importante hacer mención que la Jubilación puede darse de oficio, cuando la Autoridad nominadora considere haber cumplido con los requisitos mínimos para la misma y siendo que el Articulo 109 numeral 3) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras que plasma cuando el personal de la Carrera Policial deja de pertenecer a la misma por: 1 .... 2 ... 3 ... Jubilación, causal debidamente plasmada en Ley, relacionada con el artículo 33 de La Ley del Instituto de Previsión Militar (1PM) ya que el demandante cumplió con lo establecido en el numeral 2) de dicho Artículo, Alcanzar cincuenta y ocho (58) años de edad y veinticinco (25) años de aportación, por haber ingreso a laborar el 21 de Diciembre del 1980 , teniendo (35) años de servicio y nació el 01 de abril de 1956, tendiendo cincuenta y nueve (59) años cumplidos a la fecha de la cancelación, cumpliendo los requisitos mínimos, sumado a ello en la misma normativa no hace alusión de procedimiento alguno, cuando el empleado va a ver afectado por la figura de Jubilación, si lo hará a instancia de parte o lo hará el Patrono, por tal razón no se le puede dar una interpretación diferente a la Ley tal y como lo dispone al artículo 17 del Código Civil de Honduras.”
III.-Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Que, en su explicación, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo establecido en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.
IV.- Que en un segundo motivo se aduce: “impugna la sentencia recurrida, de fecha 30 de agosto del 2019, por interpretación errónea del artículo 33 de la Ley del Instituto de Previsión Militar, empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: artículo 33 de la Ley del Instituto de Previsión Militar (IPM), por interpretación errónea, empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de agosto del 2019, excepto en cuanto a disponer "sin costas." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se interpreta el artículo 33 de la Ley del Instituto de Previsión Militar erróneamente, ya que en dicha normativa (La Ley) no se contempla procedimiento alguno, solo el cumplimiento de los requisitos mínimos para proceder a la Jubilación del demandante, y los Honorables Magistrados aducen que mi representada prescindió al momento de emitir el acto del procedimiento establecido y este a su vez no existe.”
V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) Al igual que en la causal anterior, en la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado conforme lo establecido en la artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) Falta a la precisión, cuando señala como infringidos el “artículo 33 de la ley del Instituto de Previsión Militar”, cuando dicha disposición contienen varios numerales y literales, con distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario particularizar a cuál de ellas dirigía su ataque al fallo impugnado.
VI.- Que en un tercer motivo la Impetrante expresa: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 30 de agosto del 2019, por aplicación errónea del artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en relación a que no se debió emplear para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRING1DAS: artículos 109 numeral 3) y 113 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto N° 67-2008 Publicado el 31 de octubre de 2008 en La Gaceta N°. 31,749, por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 3 0 de agosto del 2019, excepto en cuanto a disponer "sin costas." PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que, en la sentencia recurrida, se consideró en el fundamento de Derecho Noveno (9) en la parte final, ya que el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía especifica el trámite a seguir cuando una persona no tiene una asignación específica, utilizando esta norma legal sin haberla utilizado mi representada en la emisión del Acuerdo de Cancelación, convirtiéndola en improcedente e inaplicable para el caso de Autos, ya que la cancelación del demandante obedeció única y exclusiva a la Jubilación habiendo cumpliendo los requisitos mínimos para ello. Por estas razones es que estos motivos deben ser casado”.
VII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) Al igual que en la causal anterior, en la explicación del motivo, insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual se encuentra vedado conforme lo establecido en la artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Falta a la precisión y claridad, cuando indica, por aplicación errónea del artículo 112 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la aplicación errónea es modalidad de error de hecho en materia laboral y, c) Realiza alegatos propios de instancia.
VIII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.
IX.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2)literal a) y 724 del Código Procesal Civil.
POR TANTO: El Pleno de La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por mayoría de votos, al disentir los Magistrados REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Y RAFAEL BUSTILLO ROMERO, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c),197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 30 de agosto del 2019. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución a las partes personadas, se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de estilo, para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE.
Expediente C.L701-2019