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Sentencia CA-689-19 — Registro 12848

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la acción de cancelación de nombramiento se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...".- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos ya que en su formulación no indica las normas de derecho infringidas, y no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas norma.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos ya que en su formulación no indica las normas de derecho infringidas, y no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...".- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, y, Recurrido: JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO, representado en juicio por el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para que se decrete la nulidad de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito, de carácter particular en materia personal, por no ser el mismo conforme a derecho; que se reconozca la situación jurídica individualizada de despido indebido, ilegal e injustificado; que se adopten como medidas para el restablecimiento del derecho subjetivo, el reintegro a su puesto de trabajo o a uno de igual o similar características y naturaleza, además de los salarios, vacaciones, bonos, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás derechos laborales dejados de percibir desde la fecha del despido ilegal hasta la fecha del reintegro; costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el entonces Programa Asignación Familiar (PRAF), el 28 de septiembre del 2011, en el cargo de Asistente Ejecutivo, devengando un salario mensual de L.32,000.00, efectuando una labor continua, subordinada y personal desde esa fecha y en ese cargo hasta que en fecha 01 de marzo de 2012 fue nombrado con permanencia en ese mismo cargo, por lo cual manifiesta que la antigüedad comenzó a partir del primer contrato, es decir desde el 28 de septiembre del 2011; y que luego el 01 de enero del 2013 fue nombrado en el cargo de Coordinador Regional de la Sección de Coordinación de Bonos, siendo el último salario mensual la cantidad de L.33,952.00; que la institución del Estado, la cual mediante Decreto Ejecutivo emitido en fecha 28 de febrero de 2014, decretó la MODIFICACION O SUPRESION DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS, específicamente su artículo 3, fue fusionada bajo la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social; argumentó además que en fecha 17 de marzo del 2014, la demandada, me entregó, acción de personal de Cancelación de Nombramiento en el cargo que ostentaba; y que dicha acción de personal en ningún momento le fue notificado el acto administrativo como tal, por lo que el despido fue producto de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito, conforme al artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual motiva la acción de personal en referencia; siendo pues lo actuado por el patrón fue totalmente indebido, injusto e ilegal, pues no se le respeto ninguno de sus derechos y garantías laborales contemplados en la Constitución de la República y Legislación Laboral aplicable; violentándole con ello la garantía constitucional de protección al trabajo, pues como bien reza el artículo 127 de la Carta Magna; toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas en el mismo y sobre todo a la protección contra el desempleo; siendo pues el Estado mismo, quien tutela y protege la relación laboral que se dio por terminada, por lo que la infracción es un acto que implica, la disminución de los derechos que la constitución le confiere, y por tanto es nulo ipso jure; tal cual lo establece el artículo 128 de la Constitución de la República en su numeral 15, de igual manera el Código del Trabajo como ley general aplicable, a fin a lo establecido en la Constitución, recoge en su artículo 3 que, son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores; también agregó que se le violentaron las garantías constitucionales, de estabilidad, tal cual se plasma en el artículo 129 del referido cuerpo legal, pues tal como se desprende de la ya referida acción de personal que me fue entregada, no relacionan ninguna causa para dar por terminada la relación laboral; además se violenta el derecho de defensa y debido proceso, plasmados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; pues no se le siguió un procedimiento interno a efecto de verificar si había cometido alguna infracción mediante la cual pudieran despedirle con justa causa, y que no tuvo derecho a defenderse durante el proceso en donde se decidió su despido; negándome la oportunidad de audiencias de descargo en donde pudiere acreditar medios de prueba suficientes a su favor, que ni se le notificó de resolución, que en cuyo caso, debió ser la forma adoptada por el acto administrativo por medio del cual se plasmara la decisión de terminarse la relación laboral, únicamente se le entregó la acción de personal en donde se le comunica la decisión del patrono, acción que por si no reúne las características de un acto administrativo impugnable; la entrega de esta acción tampoco puede considerarse como una notificación, ya que no reine las características suficientes en concordancia a las artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo; por lo que se apreció, que el patrono no apoyo su decisión en ninguna justa causa para el despido; También expresó, que el acuerdo ejecutivo mediante el cual PRAF se fusionó bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, se publicó en el diario oficial La Gaceta, hasta el 28 de febrero de dos mil 2014; estando amparado entonces por las derechos y garantías que las leyes especiales del PRAF plasmaban para sus empleados, por lo que reclama que debe de acceder a una remuneración justa; así mismo se le debe pagar proporcionalmente una suma equivalente al sueldo devengado en el momento en que cause las vacaciones, el cual se otorgaba sin perjuicio del periodo de vacaciones a gozar, así como la tabla preferencial de vacaciones otorgada a las empleados de PRAF; plasmados en los artículos 30 del Manual Operativo. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que determinó cancelar mediante Acción de Personal al demandante en fecha 03 de marzo del 2014, no obstante, se rechaza totalmente lo alegado en el escrito de demanda en cuanto a que el despedido fue producto de un acto administrativo presunto no manifestado por escrito, y que lo actuado par el patrono es totalmente indebido, injusto e ilegal, cabe señalar, que la finalidad de emitir una acción de personal para cancelación del demandante, fue el mismo procedimiento que se siguió al resto del personal del ya desaparecido PRAF, es decir que estos fueron nombrados a través de una Acción de Personal y Cancelados de la misma manera; y si bien es cierto la normativa constitucional y laboral argumentada por la parte demandante es de aplicación general para todos los trabajadores, no obstante, dicha normativa no puede interpretarse de manera antojadiza y aplicarse a cada caso concreto que se esté dilucidando en los tribunales, pues la cancelación del demandante, se hizo en base a la fusión del PRAF y la SEDIS fundamentada en los decretos PCM-O1-2014 y PCM-032014; por lo tanto; en ningún momento se le han violentado garantías constitucionales, ni el despido ha sido ilegal e injusto, pues dicha cancelación fue por reestructuración administrativa y operativa del Programa de Asignación Familiar (PRAF) donde este se fusionó y de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, por lo tanto y tal como el mismo demandante lo acepta en algún apartado de la demanda que "hubo una fusión amparada en ley y que el demandante fue objeto de esa reorganización administrativa producida por la misma"; asimismo alegó que tampoco existió violación al principio de estabilidad laboral, en virtud de que el demandado estaba facultada para dar por terminada la relación laboral con el demandante, de conformidad la Ley para Optimizar la Administración Pública y Mejorar Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, el Decreto Ejecutivo números PCM-Ol-2014 y PCM-03-2014 con el que se crearon los Gabinetes Sectoriales y se modificaron y suprimieron órganos de la Administración Pública, incluyendo instituciones desconcentradas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Administración Pública, logrando con este marco legal la reducción del gasto público por conceptos de sueldos y salarios mediante la desaparición de plazas redundantes, supernumerarias y la duplicidad de funciones; asimismo manifestó que al demandante no se le otorgaron los ajustes salariales y demás derechos laborales con el PRAF, ya que su cancelación de nombramiento se debió a la Modificación o Supresión de las órganos de la Administración Pública, incluyendo las Instituciones Desconcentradas como lo era el Programa de Asignación Familiar (PRAF), recalcando también que el demandante no estaba protegido por el régimen de Servicio Civil o alguna otra Ley especial; ya que ni la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social ni el Programa de asignación Familiar se encontraban al momento de la cancelación, regulados por el Régimen de servicio civil, por tanto su personal no está adscrito al Régimen y no está protegido por ninguna Ley Especial. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 17 de agosto del 2016, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando causa única de falta de agotamiento de la vía administrativa; fundamentándola en el artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ya que el demandante previo a acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debió haber agotado el procedimiento administrativo, en virtud que la acción dirigida en contra del acto administrativo, tiene por objeto la cancelación de un servidor público, pero este no está protegido por una Ley Especial, como lo indica el artículo 109 de la Sección Segunda de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que ni el PRAF como entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, ni la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social estaban sujetas al Régimen del Servicio Civil al momento de la fusión; asimismo el artículo 51 literal ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: "El Juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualesquiera de las siguientes causas:: a) ... b) ... e) ... eh) que no está agotada la vía administrativa"; alegó que de lo expuesto anteriormente y de las disposiciones legales antes transcritas se desprende que existió causa de inadmisibilidad de la demanda, pues como ha quedado acreditado el demandante no agotó la vía administrativa como trámite previo a acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que es procedente declarar la inadmisibilidad de la misma; asimismo mediante resolución de fecha 11 de septiembre del 2017, fue DESESTIMADA la Defensa Previa alegadas por la parte Incidentista, por no existir la causa de inadmisibilidad alegada. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de agosto del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor JORGE HUMBERTO MONTOYA ZAMBRANO, representado en juicio por el Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la acción de cancelación de nombramiento de fecha 3 de marzo del año 2014 firmado por la sub gerencia de recursos humanos y el Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se anula por ser ilegal. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro a su cargo como Coordinador Regional de bono diez de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, decimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder. CUARTO: en caso de ser materialmente imposible el reintegro se le paguen sus prestaciones laborales a petición de la demandante. QUINTO: Se exime del pago de costas a la parte vencida por tener motives para litigar...". sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis en su conjunto de la pieza de mérito, del expediente administrativo así como de las pruebas aportadas en juicio, razones y fundamentos de derecho que ambas partes alegaron, consta y está probado a folio 66 del expediente de mérito que la parte demandante fue nombrado en forma permanente y mediante acción de personal a partir del 3 de marzo del 2014; consta y está probado a folio 06 del expediente de mérito la acción de personal mediante la cual se autoriza cancelar a la parte demandante del puesto de Coordinador Regional de bono diez mil de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, antes Programa de Asignación Familiar PRAF; bien como se sabe el Programa de Asignación Familiar fue absorbido por una Secretaría de Estado, con el objetivo de crear una nueva estructura administrativa y un ahorro para la ejecución de políticas públicas para el combate de la pobreza, tal y como lo establece el Decreto 266-2013, pero no es menos cierto que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Ejecutivo PCM-003-2014 para suprimir o modificar los órganos de la Administración Pública, dicho Decreto en su artículo 5 habla que "El Personal trasladado a las Secretarias de Estado coma consecuencia de la fusión hecha mediante la aplicación del artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración Pública en las diferentes Secretarias de Estado, debe ser evaluado par la Secretaría de Estado correspondiente con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto. El personal que resulte redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades como consecuencia de la fusión institucional, será cancelado su nombramiento respetando sus derechos adquiridos, como se aprecia en el acto mediante el cual se cancela a la parte demandante del puesto de Coordinador Regional de la Sección de Coordinación de Bonos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social conlleva el no cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de Procedimiento Administrativo, ya que la administración pública no probó haber cumplido con las evaluaciones referidas en dicho Decreto ni en la ley de Servicio Civil, ni el motivo o causa de cancelación del demandante (despido o cesantía) provocando con ello una vulneración a las garantías constitucionales como ser la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, así como el derecho al debido proceso infringiendo con esto el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley, es por ello que el suscrito juez estima que se debe decretar la procedencia de la Impugnado no está dictado conforme a derecho. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que quedó plenamente acreditado en autos que el demandante al momento de su cancelación estaba laborando para la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social y que anteriormente laboraba para el Programa de Asignación Familiar, ente desconcentrado de la Presidencia de la República y que por tal motivo su relación laboral estaba regido por el Manual Operativo del PRAF y por la Ley y Reglamento del PRAF; pero posteriormente su estatus laboral cambia y resulta que mediante la absorción del PRAF a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, y a través del Decreto Ejecutivo 003-2014, el demandante fue absorbido por dicha secretaría, pero debió ser evaluado con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto conforme lo establece el artículo 5 de dicho Decreto Ejecutivo; asimismo al demandante, estando laborando para una Secretaria de Estado, regido por la Ley de Servicio Civil, se le canceló su nombramiento sin haberse iniciado un expediente administrativo, sin haberle indicado si su cancelación era por despido o por cesantía, extremo que provoca indiscutiblemente infracción al ordenamiento jurídico.- De la misma forma, por la transición que estaba atravesando el PRAF o la fusión a la Secretaria de Estado, tampoco se aplicó la evaluación correspondiente, si el demandante era apto para ocupar el nuevo puesto, por lo tanto era imposible para la autoridad nominadora determinar si el personal absorbido por el PRAF era redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades del nuevo puesto en la Secretaría de Estado, conforme lo establece así el artículo 5 del PCM-003.2014, sin embargo el demandante fue cancelado de su puesto, en un evidente acto de exceso de poder, mucho menos se determinó ya que el cuerpo legal aplicable efectivamente es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento ya que en la fecha de despido el PRAF ya se encontraba fusionado con la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social, la cual es parte del Gobierno Central. Que el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo PCM-03-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de febrero del 2014, establece: "El personal trasladado a las Secretarias de Estado como consecuencia de la fusión hecha mediante la aplicación del Artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia el Gobierno en las diferentes Secretarías de Estado, debe ser evaluado por la Secretaría de Estado correspondiente con el propósito de determinar su idoneidad para el nuevo puesto. El personal que resulte redundante, supernumerario o no apto para la realización de las actividades como consecuencia de la fusión institucional, será cancelado su nombramiento respetando sus derechos adquiridos y sus prestaciones conforme a la legislación aplicable, para lo cual se instruye a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, realizar la previsión presupuestaria y el pago correspondiente tomándose en cuenta cualquier medio de pago que sea permitido por Ley"; por lo anteriormente establecido, procede confirmar la sentencia que se conoce en apelación, por estar emitida conforme a derecho, reformando únicamente el numeral CUARTO de dicha sentencia, ya que la pretensión del demandante es el reintegro, no pudiendo el juez valorar otra pretensión que no fue debatida en juicio. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en fecha 03 de septiembre del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 29 de julio del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.011-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.130-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 04 de septiembre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, mediante providencia de fecha 28 de octubre del 2019, se le tuvo por precluido el plazo señalado por la ley para que se pronunciara sobre el contenido del recurso de casación interpuesto; en consecuencia ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 21 y 22 de noviembre del 2019 los Abogados TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, y OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, respectivamente. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de enero del 2020, teniendo por personado únicamente al Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, como recurrente, y por precluido el plazo al Abogado OSCAR EDUARDO LAGOS RAUDALES, como recurrido, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “La Sentencia de fecha veintinueve días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), violenta los siguientes Preceptos Constitucionales: 1. Derecho de Defensa plasmado en el artículo 82 de la Constitución de la República. 2.- Articulo 90 el que versa que nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Se violenta el Derecho a la Defensa simple y sencillamente porque como lo dice el artículo 82 precitado, el juez en primera Instancia, así como la Corte de Apelaciones en segunda Instancia, juzgaron en dicho caso sin darle observancia a los derechos, garantías y leyes violentadas.”. II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos ya que en su formulación no indica las normas de derecho infringidas, y no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas. III.- El Impetrante expone otro motivo de casación, intitulado como primero, de la forma siguiente: “Lo establecido en la Ley General de Administración Pública en su artículo 116, claramente establece que los actos de los órganos de la Administración Pública, adoptan la forma de Decretos, Acuerdos. Resoluciones o Providencias. Por lo que las referidas acciones, no constituyen objeto de impugnación por lo consiguiente, no existe violación al ordenamiento jurídico establecido.”. IV.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos ya que en su formulación no indica las normas de derecho infringidas, y no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas. V.- En el tercer motivo expuesto por el Censor del fallo, se alega lo siguiente: “La aplicación forzosa que hace el Juzgador de la Ley de Servicio Civil, al caso que nos ocupa cuando el PRAF, como ente desconcentrado se regía bajo su propia Ley, Reglamento y Manual Operativo del Trabajo, que fueron emitidos de la forma correcta por el legislador según los Acuerdos Ejecutivos 12791, de fecha 22 de noviembre de 1991, que es la creación del Programa de Asignación Familiar (PRAF) así como su Reglamento de la Ley según Acuerdo Número 349-A, de fecha 27 de abril de 1992 y el Manual Operativo de Trabajo según Acuerdo Número 10-93 de fecha 1 de enero ele 1993, ignorando por completo lo relativo al estamento jurídico que el legislador genera como marco que dirimiría todos las conflictos en que participase la Institución con cualquier persona natural o jurídica. INTRODUCCIÓN FUNDAMENTAL SOBRE EL VALOR E IMPERIO DE LA LEY. El imperio que tiene la ley y sus características naturales bajo las cuales se deben generar las sentencias judiciales es un requisito insoslayable como tal que no nos ofrece en el presente litigio, el debido proceso como baluarte fundamental del imperio de ley y ante todo en la valoración justa que en nuestro caso es sólida, y expositivos de la condición anómala bajo la que se infringió el ordenamiento jurídico como lo es la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su articulado antes expuesto (80 y 88) y que no nos genera ninguna seguridad jurídica en el análisis de nuestros alegatos, todo ello obvia sin ninguna consideración el acto impugnado que debió señalarse que le permita al juez manifestarse con certeza sobre que se impugna, dejando de ser este litigio una oportunidad para que el Juzgador se manifieste con tal precisión es por ello que desvirtuó la concepción y naturaleza de todo el debido a la falta de cumplimiento de las requisitos ineludibles que ya define la ley como fundamentales para dilucidar este pleito". VI.- Que tampoco procede la admisión del anterior cago, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos ya que en su formulación no indica las normas de derecho infringidas, y no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas. VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. VIII.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos, expuestos así: un único motivo por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales y que su infracción supone la nulidad y dos por la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio (casación en el fondo). 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de estilo, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA689-2019. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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