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Sentencia CA-687-19 — Registro 12847

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado y se declara improcedente la acción por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se indica la falta de aplicación entre otros del artículo…719 numeral 1 Letra c) y numeral 2) del Código Procesal Civil…”, pero es el caso, que lo que contiene esta disposición en sus distintos literales y numerales son distintas causales de casación, resultando inapropiado su señalamiento. Asimismo, agrava la falta de claridad cuando en acápite aparte cita la misma disposición como infringida. Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de normas ya sea de naturaleza material o procesal, en su caso; b) se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; c) se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; d) en el desarrollo se menciona los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 64 y 90 de la Constitución de la República, normas que no han sido señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación igualmente se hace referencia al Decreto Legislativo 89-2012, omitiendo si han sido infringido o relacionada alguna de sus normas al momento de formularse una proposición jurídica; y, e) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se indica la falta de aplicación entre otros del artículo…719 numeral 1 Letra c) y numeral 2) del Código Procesal Civil…”, pero es el caso, que lo que contiene esta disposición en sus distintos literales y numerales son distintas causales de casación, resultando inapropiado su señalamiento. Asimismo, agrava la falta de claridad cuando en acápite aparte cita la misma disposición como infringida. Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de normas ya sea de naturaleza material o procesal, en su caso; b) se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; c) se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; d) en el desarrollo se menciona los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 64 y 90 de la Constitución de la República, normas que no han sido señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación igualmente se hace referencia al Decreto Legislativo 89-2012, omitiendo si han sido infringido o relacionada alguna de sus normas al momento de formularse una proposición jurídica; y, e) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El señor ÁLVARO ERNESTO GARCÍA CALDERÓN, representado en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MANUEL DE JESÚS PAZ VAQUERO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto el demandante y como medida para el restablecimiento de sus derechos que se ordene mediante sentencia definitiva se paguen las prestaciones laborales a que tienen derecho sin perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, decimo cuarto mes, decimo tercer mes y ascensos en la escala inmediata superior desde la fecha de la cancelación, hasta la ejecución de la sentencia y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, en su condición de representante procesal del señor ÁLVARO ERNESTO GARCÍA CALDERÓN, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que se desempeñó en el cargo de Sub-Comisario de Policía de la Dirección Nacional de investigación Criminal, dependencia de la Secretaria de Seguridad y que en fecha 25 de septiembre del 2012 se le hizo entrega del acuerdo de cancelación número 1382-2012 de fecha 21 de septiembre del 2012 contenido en el Oficio Numero SEDS-SG-1630-2012, de fecha 25 de Septiembre del 2012 y notificado en esa misma fecha, en donde el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, acordó la cancelación del nombramiento, sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto 67-2008 y las Reformas establecidas en el Decreto 5-2012 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 21 de febrero del 2012, lo que le violentó la Garantía al Derecho a la Defensa establecido en la Constitución de la República de Honduras y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión y a la vez violentando el Principio de Estabilidad Laboral establecido como Garantía Constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República; en la cancelación del Acuerdo de Nombramiento no se siguió el Procedimiento Administrativo establecido en la ley Orgánica de la Policía Nacional Decreto 67-2008 y las Reformas establecidas en el Decreto 5-2012 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 21 de Febrero del 2012; además manifestó que no se le practicó Audiencia de Descargo y por ende nunca se le notificó la Resolución emitida por dicha Dirección, por lo tanto nunca pudo utilizar el Recurso de Reposición que la ley le otorga; y la cancelación de mi acuerdo de nombramiento es totalmente ilegal en virtud de haberme vulnerado la Garantía Constitucional del Derecho a la Defensa establecido en la Constitución de la República de Honduras en su Artículo 82; además se le violentó lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respecto a lo que establecen las Garantías Judiciales; y que al haberle violentado el Derecho a la Defensa, el Acto emitido por la Secretaria de Seguridad consiente en el Acuerdo 1382-2012, es totalmente ilegal en virtud de haber infringido normas vigentes, por lo tanto dicho acto es totalmente nulo; igualmente manifestó que en el despido aplicaron el Decreto Ley 89-2012 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 25 de mayo del 2012, Decreto mismo que en el Artículo numero 4 suspende los Artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132, artículos mismos que vulneran el Principio Fundamental del Derecho a la Defensa, por lo que dicha suspensión y aplicación es inconstitucional, ya que dicho articulado es el procedimiento por lo cual los miembros de la carrera Policial, desarrollan el derecho constitucional a la Defensa. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que al demandante no se le violentaron las garantías al derecho a la defensa y a la estabilidad laboral establecidas en la Constitución de la República, en virtud de que consta que en fecha 24 de mayo del 2012, el Congreso Nacional de la República emitió el Decreto Legislativo número 89-2012, en el cual crea la Ley Especial para la Depuración Policial, con el objetivo de implementar de manera acelerada un proceso expedito y confiable de depuración de la Policía Nacional y en la que se le otorga facultades y atribuciones excepcionales y temporales al Director General de la Policía Nacional de Honduras, en coordinación con el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, entre las cuales se encuentra la práctica de pruebas de evaluación de confianza descritas en el Artículo 18-A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenida en el Decreto número 67-2008 de fecha 12 de junio del 2008 reformada mediante Decreto Legislativo Número 5-2012; En virtud de lo anterior, mi representado efectuó la cancelación por despido en base a derecho y en aplicación a las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras contenidas en el Decreto No. 5-2012, y de conformidad a lo preceptuado en el Decreto 89-2012 de fecha 24 de mayo de 2012, que contiene Ley Especial Para la Depuración Policial, Decreto que faculta a mi representado a despedir a un miembro de la Policía Nacional por reprobar cualquiera de las pruebas de confianza establecidas por la Ley y no como pretende hacer ver el demandante; siendo que el actor reprobó una de las pruebas practicadas en fecha 27 de Agosto del 2012 por parte del Departamento de Evaluación de Confianza de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial según Informe de Resultados 105-12 de la misma fecha, reprobando Prueba de Confianza del Polígrafo, tal como consta en el Expediente Administrativo; asimismo señaló, que el artículo 4 del referido Decreto 89-2012, es transparente al expresar: "SUSPENSION DE NORMAS. Durante la vigencia de la presente Ley, quedan suspendidos los Artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras". Artículos que contienen el procedimiento de despido de los miembros de la Carrera Policial; aseveró que la base jurídica para efectuar el procedimiento del despido del demandante, fue el Decreto 89-2012, y que éste se remite únicamente al artículo 18-A para la realización de las pruebas de confianza, las cuales concretamente se establecen en el primer párrafo del referido artículo; en razón de lo anterior la autoridad administrativa no estaba en la obligación de seguir el procedimiento de despido establecido en los Artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras por haber sido suspendido mediante el decreto ya relacionado que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial, por lo que el acto administrativo se ejecutó de conformidad a derecho; además el demandante tenía conocimiento que para su cancelación por despido, la autoridad administrativa aplicó el Decreto que creaba la Ley Especial de Depuración de la Policía, por lo que existió una evidente contradicción en los argumentos a que hizo alusión el demandante con respecto a que el Decreto 89-2012 se remite al artículo 18-A para la realización de un procedimiento como la audiencia de descargo, lo cual es completamente falso, ya que únicamente se remite a dicho artículo para practicar la pruebas de confianza a las que deban someterse los miembros de la Carrera Policial y no como erróneamente pretende hacer ver el demandante al exigir que se le aplicara el procedimiento que establece el artículo 18-A. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 07 de febrero del 2013, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando dos causas: 1) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa por ser un acto que se dictó en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contenciosa administrativa; en virtud de que el Decreto 89-2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial y no en los decretos que erróneamente utiliza el demandante como fundamento, esto en virtud de que el Decreto Legislativo número 89-2012 de fecha 24 de mayo del 2012 en el artículo 4 suspendió los artículos 114 párrafo primero, 127,128,129,130,131 y 132 de la ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras que constituyen las normas que regulan el procedimiento de despido de un miembro de la policía, por lo que es evidente que la pretensión de nulidad del acto administrativo no es susceptible de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por ser un acto que se dictó en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contenciosa administrativa en virtud que al quedar suspendidos los artículos antes mencionados de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el ciudadano no estaba protegido por una ley especial, por lo tanto el acto no es susceptible de impugnación ante esta jurisdicción, en base al artículo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; ya que el demandante fue reprobado en la evaluación ordenada mediante oficio· DGPN (D.RR.HH.-D-1) número 1764-2012 del 26 de junio del 2012 por la Dirección General de la Policía Nacional en la que se le practicó las pruebas de evaluación de confianza al Sub Comisionado Álvaro Ernesto García Calderón (demandante), por lo que mediante resolución DIECP 057-2012 de fecha 27 de agosto del 2012 tener por reprobada la prueba de confianza denominada polígrafo, por lo que en aplicación a lo que establece el artículo 2 numeral 1, artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo 89-2012 del 24 de mayo del 2012 determinó mediante acuerdo 1382-2012 de fecha 21 de septiembre del 2012 despedir del cargo de Sub Comisionado de Policía al ahora demandante y por no estar protegido por una ley especial, tal y como lo exige el artículo 109 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo "Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo las actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando estuviere protegido por una ley especial", por lo tanto, no está legitimado para comparecer ante esta vía, ya que al no estar protegido por una ley especial no está legitimado para comparecer en atención al artículo 80 literal b) y el artículo 14 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; asimismo mediante sentencia incidental de fecha veinticinco de febrero del 2013, fueron desestimadas. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de febrero del 2017 dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por el ciudadano ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON; por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número 1382-2012 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, emitido por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio del cual se canceló al demandante; en consecuencia, SE ANULA TOTALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON y para su pleno restablecimiento se adoptan las medidas siguientes: Ordenar el pago de las prestaciones laborales del Demandante, mismas que se computaran conforme lo establece la Ley de Servicio Civil en su Artículo 38 literal G en relación con el Articulo 140, 141 y 142 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil por las razones expresadas en el Fundamento de Derecho Séptimo; Calculo que se difiere para la fase de Ejecución de la Sentencia Definitiva. TERCERO: Declárese terminada la relación laboral entre el senior ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON y el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar..."; bajo el criterio que la parte demandada toma la decisión de cancelar al demandante, basado en que reprobó las pruebas del polígrafo; no obstante, ni en el expediente administrativo ni en las pruebas aportadas al proceso logra establecer la existencia de un procedimiento en el cual se le haya dado la oportunidad al demandante de poder desvirtuar tal aseveración. Por lo anterior, la Suscrita considera que el Estado al tomar una decisión sin respetar el debido proceso, actuó con exceso de poder, pues no se pueden reducir las garantías y derechos de los administrados basados en el orden público. Por el contrario, en atención al orden público debe velarse porque todas las actuaciones del Estado se encuentran enmarcadas dentro de las garantías y derechos constitucionales; de manera que, aún y cuando se encuentre en una ley secundaria el procedimiento seguido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sus normas son contrarias a las derechos y garantías establecidos en nuestra norma primarias. Por ende, es elemental que la Administración Pública rija su actuar con base a las normas constitucionales que, como antes se mencionó, están por encima de las leyes secundarias y especiales como ser la Ley Especial para la Depuración Policial (Decreto 89-2012 de fecha 25 de mayo de 2012). Bajo ese mismo orden de ideas es importante hacer hincapié en que no la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 67-2008 aplicable al presente caso) ni la Ley Especial para la Depuración Policial (Decreto 89-2012) establecen como se hará efectivo el pago de los derechos sociales a que cada trabajador tiene derecho. Por lo anterior y en respeto a los principios constitucionales de estabilidad laboral así como el acceso a una indemnización en caso de despido injustificado, es procedente otorgar la indemnización laboral establecida en la Ley de Servicio Civil en su Artículo 38 literal G en relación con el Articulo 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Quedando demostrado que en el presente caso, hubo infracción al ordenamiento jurídico aplicable, por EXCESO DE PODER, específicamente a la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud de no haberse seguido un debido proceso conforme a lo establecido en dichas leyes primarias. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 21 de agosto del 2019, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ BAQUERO en su condición de representante procesal del Estado de Honduras. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha nueve de febrero del dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; en consecuencia, SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado"; sin costas, bajo el criterio que revisadas las diligencias se logra determinar que el demandante fue convocado a las pruebas de evaluación de confianza, reprobando la prueba del polígrafo, e inmediatamente despedido, de donde se colige que la autoridad administrativa dio estricto cumplimiento a la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y a la Ley Especial de Depuración Policial. Es entendible la acción de la parte actora, por pretender restablecer sus derechos laborales, al incoar la demanda de mérito y denunciar la supuesta Inconstitucionalidad del Decreto 89-2012, pero conforme al esquema impugnatorio preestablecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la pretensión especifica de la parte demandante, más el fundamento legal utilizado para atacar el acto administrativo impugnado (inconstitucionalidad), es imposible para esta Jurisdicción intervenir desde esa óptica, por su carácter eminentemente revisor del acto administrativo. Por las consideraciones de hechos y de derecho que antecede es procedente REVOCAR la sentencia que se conoce en apelación, de fecha nueve de febrero del dos mil diecisiete, dictada por Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el con sede en la ciudad de la ciudad Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por no estar emitida conforme a derecho. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en fecha 08 de octubre del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.133-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.385-2012 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 09 de octubre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, presentó en fecha 12 de noviembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 13 de noviembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 26 de noviembre del 2019, los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL, y MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de enero del 2020, teniendo por personados a los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrente, y MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, como recurrido, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la Sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha veintiuno (21) de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), por la falta de aplicación del artículo 719 numeral 1 Letra c) y numeral 2) del Código Procesal Civil, 7 de la Ley General de la Administración Pública y 320 de la Constitución de la República. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: El artículo 719.1 del Código Procesal Civil, que contempla como causal del Recurso de Casación que se podrá impugnar: La aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)... ; c). - El contenido de la sentencia, numeral 2 del precitado Artículo, 7 de la Ley General de la Administración Pública y 320 de la Constitución de la República. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, está comprendido en el Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION. El A-Quem en la Sentencia Definitiva que emitió en fecha 21 de Agosto de 2019, en el fundamento de derecho del QUINTO al OCTAVO establece que la Juez de primera instancia por el principio de legalidad únicamente estaba obligada aplicar lo referido en el Decreto Legislativo 89-2012 que contiene la Ley Especial de Depuración Policial, contemplando en su artículo 4 la suspensión por el plazo de 6 meses los artículos 114 párrafo primero, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, dentro de los cuales se encuentra incluido aquel que se refiere al debido proceso, que se debe seguir para cancelar a un servidor de la carrera policial (Lo que esta subrayado es nuestro ), por ser este vigente, ya que no existe un fallo que exprese que el referido decreto es Inconstitucional, señalando a su vez que siendo la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa revisora del actuar de la administración pública, lo que le corresponde verificar es si el acto que se impugna ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico aplicable, sin exceso y desviación de poder, por ser estos elementos entre otros los que provocan la nulidad del acto administrativo ... , dando a entender que al haberse cumplido el procedimiento establecido en el referido decreto 89-2012, hace que el despido del ahora actor se haya realizado de manera correcta produciendo que sea revocado el fallo de primera instancia, y que por no haberse realizado de esa manera, el A-Quo ha declarado implícitamente la Inconstitucionalidad de ese decreto saliéndose de la esfera de sus atribuciones. No desconocemos que los Jueces y Magistrados en sus fallos deben de aplicar el principio de legalidad, sin embargo la norma referida y su correspondiente suspensión no puede ni debe de ser interpretada de manera aislada, sino que la interpretación y aplicación de dicho precepto debe de realizarse de manera conjunta y sistemáticamente en armonía con las demás normas que forman parte del derecho positivo, como en el presente caso lo realizó la Juez de primera instancia y que la Honorable Corte de Apelaciones ha interpretado de manera errónea ese aspecto, al referir que el A-Quo al no aplicar el decreto 89-2012 ha declarado implícitamente la Inconstitucionalidad del Referido Decreto.- Nos sorprende esa interpretación, puesto que la Juez de primera Instancia en su sentencia del 09 de febrero de 2017, en estricto apego al principio de legalidad, lo que da a entender es que la Ley de Policía no es el único cuerpo legal que salvaguarda los derechos fundamentales, por encima de esta Ley y de acuerdo a la jerarquía que rige nuestro país, se encuentra la Constitución de la República y los Tratados y Convenios suscritos por Honduras, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, estos dos instrumentos tienen disposiciones que garantizan los derechos mínimos de los que todo ciudadano goza y que deben de ser observados antes de poner cualquier pena o sanción, así como por ejemplo, tenemos que el artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley en la sustanciación de cualquier pena formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.- De igual manera el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Con lo mencionado por la Juez de Primera Instancia, lo que se establece es que aun y cuando existiendo la referida relación jurídica y más aún cuando el propio legislador haya suspendido el debido proceso que se le debe de seguir a todo miembro de la Carrera Policial, como mecanismo previo a interponerle una sanción, lo cierto es que por encima de esa norma adjetiva, existen normas de rango superior que garantizan lo que una norma de rango inferior a dejado en suspenso, ante tal situación es absolutamente ilegal que se aplique una sanción disciplinaria a un servidor policial, sin garantizarle los derechos mínimos que consagran nuestra Constitución y los Convenios Internacionales, puesto que incluso hasta el inculpado infraganti tiene derecho a ser oído previo a la interposición de una pena, el mismo trato se debe de observar para toda aquella persona a quien se le trata de imponer una sanción administrativa.- Por lo dicho consideramos que la interpretación realizada por el AQuem a los artículos 320 de la Constitución de la Republica en relación con el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública empleadas para revocar la Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de fecha 09 de febrero de 2017 es incorrecta, debiendo estimarse el presente Recurso de Casación, ya que la Juez de Primera Instancia en ningún momento se ha alejado de la aplicación del principio de legalidad y tampoco ha declarado implícitamente la inconstitucionalidad del decreto 89-2012 y mucho menos aplicado el control de inconstitucionalidad difuso como lo hace ver el A-Quem. Aunado a lo anterior, la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia en los Recursos de Inconstitucionalidad acumulados a los expedientes 499 y 502-2012, emitió sentencia el 28 de febrero de 2013 (se adjunta copia) en la cual deja claro que el contenido del decreto 89-2012 es inconstitucional (ver numeral primero de su fallo), señalando en su considerando treinta (30), de la referida Sentencia que ese Decreto violenta los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República, refiriendo a su vez de manera puntual que el polígrafo y las demás pruebas comprendidas en ese decreto no deben de aplicarse de la manera que está establecida, sino que debe de realizarse en estricto respeto a la dignidad humana, sugiriendo que sean practicadas y analizadas de manera pertinente y proporcional, dentro de un conjunto de pruebas que permitan a la autoridad determinar de manera coherente, la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes. Jurisprudencia que no fue aplicada por el A-Quem en la Sentencia Definitiva que se está recurriendo, demostrando que existen suficientes motivos para que la misma SEA CASADA por ustedes Honorables Magistrados”. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se indica la falta de aplicación entre otros del artículo…719 numeral 1 Letra c) y numeral 2) del Código Procesal Civil…”, pero es el caso, que lo que contiene esta disposición en sus distintos literales y numerales son distintas causales de casación, resultando inapropiado su señalamiento. Asimismo, agrava la falta de claridad cuando en acápite aparte cita la misma disposición como infringida. Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de normas ya sea de naturaleza material o procesal, en su caso; b) se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra c) y 2 del Código Procesal Civil” sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; c) se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; d) en el desarrollo se menciona los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 64 y 90 de la Constitución de la República, normas que no han sido señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación igualmente se hace referencia al Decreto Legislativo 89-2012, omitiendo si han sido infringido o relacionada alguna de sus normas al momento de formularse una proposición jurídica; y, e) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA687-2019. FIRMA Y SELLO.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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