Sentencia CA-66-21 — Registro 14482
Resumen
Se casa la sentencia recurrida, se declara improcedente la acción por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en los acuerdos de cancelación por haber cometido los demandantes faltas graves en su trabajo, al realizar funciones para los cuales no eran competentes para ejecutar y avalar las auditorías a empresas y dictar las resoluciones emitidas a las mismas, causándole un perjuicio económico al estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Fundo el presente escrito de Interposición y formalización del recurso de Casación en los siguientes Artículos: 80, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; 89, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo numerales 1) y 2), 716, 717, 718, 719 numerales 2), 721, 722, 723, 724, 726, 727 numeral 4) y 729 del Código Procesal Civil". Que, para analizar el motivo de casación admitido, se procedió a confrontarla sentencia censurada con el anterior cargo, por la mal interpretación errónea de los artículos 91 numerales 2) y 6) del régimen Especial Laboral de la Carrera Tributaria y Administrativa; 70 y 321 de la Constitución de la Republica. Que, en el asunto sometido a estudio, en síntesis, se contrae: a) Si los demandantes cometieron falta grave en el ejercicio de sus funciones teniendo como sanción su cancelación; b) si los actos administrativos de cancelación de sus cargos se ajustan a derecho o no; y, c) si tendrían derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios. Que, si bien es cierto, los ahora demandantes fueron nombrados mediante acuerdo en los cargos siguientes OLGA MARIA JIMENEZ VASQUEZ como supervisión de Auditoria en la región Centro Sur; DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ, en el cargo de Jefe de Auditoria de Campo en la región Centro Sur, y JORGE GUSTAVO CALDERÓN AGURCIA, en el cargo de Auditor de campo. Cometieron faltas graves teniendo como consecuencia su despido. Que la parte demandada sostiene que argumentando que en el caso de la señora Olga María Jiménez Velásquez no se le violentó su derecho a la defensa, puesto que el Departamento de Recursos Humanos le notificó mediante cédula de citación en fecha 7 de julio del 2014, para ser escuchada en la audiencia de descargo el día 10 de julio del 2014, por lo que se encontraba dentro de los 7 días que establece el artículo 94 párrafo segundo del régimen especial laboral, por tal razón ese sustento carece de legalidad, aunado a lo anterior se establecieron las causas claras de la terminación de la relación; Referente a las alegaciones del señor Denis Fernando Cabrera alegó que fue cancelado aplicándose el ordenamiento jurídico vigente, ya que se le citó notificándole los hechos que se le imputaban en la audiencia que se celebraría dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación, por lo que en ningún momento se le violentó su derecho a la defensa en virtud de que fue citado el día 15 de julio 5 del 2014, a fin de comparecer a la audiencia de descargo en fecha 17 de julio del 2014, por lo que constituía el 2 día de los 7 que permite la ley, en relación al argumento de que solo cumplía órdenes consideró que es inaceptable, ya que se contrapone a las funciones como Coordinador de la Auditoria de grandes contribuyentes, en virtud de que los pequeños y medianos contribuyentes no se encuentran a la esfera de sus atribuciones violentando el artículo 70 y 321 de la Constitución de la República, por lo que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, y al ejecutar funciones de auditoria que correspondían únicamente al Departamento de pequeños y medianos contribuyentes, debido al tamaño del contribuyente siendo independiente del departamento de grandes contribuyentes, no pudo desvanecer los cargos contestando con evasivas a las preguntas formuladas, respetándosele con esto el derecho a la defensa y por no desvanecer las causas se le sancionó con la cancelación por despido basándose en el artículo 91 numeral 2y 6; En cuanto a lo expresado por el señor Jorge Gustavo Calderón Agurcia fue suspendido en tres ocasiones con goce de sueldo con el fin de intervenir la oficina de administración de grandes contribuyentes, en el cual nunca se le violentó su derecho a la defensa pues fue citado a audiencia de descargo a efecto de ser escuchado el 15 de julio del 2014 en la audiencia de descargo dentro el plazo de siete días que otorga el artículo 93 del régimen especial laboral, de igual manera rechazó el alegato sobre la audiencia de descargo y su nulidad, por haber sido celebrada con un plazo de 1 día hábil después de citado el demandante, ya que dicho término se encontraba comprendido dentro de los 7 días que establece el régimen especial laboral de la carrera administrativa de la DEI. VII.- Que a través de los medios de pruebas incorporados al juicio se acredito la falta grave cometida por los demandantes al realizar funciones para los cuales no eran competentes para ejecutar y avalar las auditorías a las empresas en mención y dictar las resoluciones emitidas a las mismas, causándole un perjuicio económico al estado de Honduras con sus acciones ya que OLGA MARIA JIMENEZ VASQUEZ como supervisora de Auditoria en la región Centro sur, su cancelación se da por haber cometido falta grave consistente en que conoció y avalado la auditorías realizadas por personal a su cargo, sin tener competencia para conocer sobre auditorias que estaban fuera de su competencia, como en el presente otorgando nota de crédito por L.22,152,305.32 a la empresa SUPERMERCADOS LA ANTORCHA, darle sellos definitivos a las empresas SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS S.A. (SEMEH) e inversiones EMCO S.A DE C.V sin realizar la revisión del expediente y el trámite de ley correspondiente sin que tuvieran competencia para realizar tales actos; DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ, en el cargo de Jefe de Auditoria de Campo en la región Centro Sur, su cancelación se da por haber cometido falta grave consistente en que conoció y avalado la auditorías realizadas por personal a su cargo, sin tener competencia para conocer sobre auditorias sin tener notificación alguna ya que estaban fuera de su competencia, a la empresa SUPERMERCADOS LA ANTORCHA, BIOCULTIVOS MARINOS S.A. permitir la presentación de declaraciones rectificativas y haber permitido y avalado que personal a su cargo realizado auditoria sin que el contribuyente no está clasificado como gran contribuyente, AQUACULTURA FONSECA S.A. permitir la presentación de declaraciones rectificativas y haber permitido y avalado que personal a su cargo realizado auditoria sin que el contribuyente no está clasificado como gran contribuyente, SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS S.A. (SEMEH) que los documentos de soporte no cumplen con los requisitos establecidos en el manual de técnicas y procedimientos de auditoría, y haber permitido y avalado que personal a su cargo realizado auditoria sin que el contribuyente no está clasificado como gran contribuyente, INVERSIONES EMCO S.A de C.V. darle sellos definitivos sin realizar la revisión del expediente y el trámite de ley correspondiente sin que tuvieran competencia para realizar tales actos ya que le correspondía a la zona no occidental no siendo competentes para realizar tales actos y JORGE GUSTAVO CALDERÓN AGURCIA, en el cargo de Auditor de Campo, realizando auditoria al contribuyente Servicios de Medición Eléctrica de Honduras con número de expediente 321-13-12000-1082, y firmó el dictamen técnico SAC-AGC19-C-2013, mediante el cual otorgó sellos definitivos no teniendo documentación soporte que sustentara el otorgamiento de dichos sellos definitivos, siendo que este contribuyente está catalogado como pequeño contribuyente según el sistema E-TAX sobre el cual la administración de grandes contribuyentes no tiene competencia. VIII.- Al revisarse el acto administrativo impugnado, se aprecia que el mismo se ha dictado de conformidad a lo prescrito en el ordenamiento jurídico, ya que se realizó el procedimiento ordenado en el ordenamiento jurídico, respetándoles el derecho a la defensa al realizar la audiencia de descargo por las faltas graves imputadas. .."
Legislación citada
- Régimen especial laboral de la carrera administrativa, tributaria y aduanera, art. 4, 74, 78, 79, 80, 81, 84,, 89, 90, 91 numeral 2) Y 6), 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Y 101 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 79 literal a), 82, 89, 108, 109, 112, 129 literal c) y 134 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central , a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, RUBEN RIVERA FLORES, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, en el Recurso de Casación interpuesto y venido en conocimiento del Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, dicta la siguiente RESOLUCIÒN: CONSTITUYEN PARTES, como recurrente el Estado de Honduras por medio de su Apoderada Legal la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR; como recurridos los señores OLGA MARINA JIMENEZ VELASQUEZ, DENIS FERNANDO CABRERA Y JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA, siendo representados por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.-
ANTECEDENTES:
PRIMERO: El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) dictó sentencia, ver folios 20 al 29 d la pieza de casación, misma que consigna en su parte resolutiva; Fallando declarar procedente la acción promovida por los ciudadanos OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ, DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ Y JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA, contra el Estado de Honduras a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos por no ajustarse los actos administrativos impugnados consistentes en: Departamento de Auditoria de Campo. DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ acuerdo 174-2014 de fecha 25 de julio del 2014 Y notificado el 29 de julio del 2014 como Coordinador de Auditoria de Campo de la dirección Ejecutiva de ingresos JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA acuerdo 175-2014 de fecha 25 de julio del 2014 Y notificado el 29 de julio del 2014 como Auditor de Campo de La dirección Ejecutiva de Ingresos.- SEGUNDO: Anular dichos acuerdos de cancelación OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ acuerdo de cancelación por despido DEI-RR/HH 173-2014 de fecha veintiuno de Julio del 2014 y que fuera notificado en fecha veinticuatro de julio de ese mismo año emitido por la dirección Ejecutiva de Ingresos del cargo como supervisora de auditoria de campo del Departamento de Auditoria de Campo; DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ acuerdo 174-2014 de fecha 25 de julio del 2014 Y notificado el 29 de Julio del 2014 como Coordinador de Auditoria de Campo de la dirección Ejecutiva de Ingresos JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA acuerdo 175-2014 de fecha 25 de Julio del 2014 Y notificado el 29 de julio del 2014 como Auditor de Campo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.- TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento se resuelve el pago de sus prestaciones laborales a cada uno de ellos, así como el pago de los salarios dejados de percibir y demos derechos adquiridos mientras estuvieron en este proceso desde el momento de la ilegal cancelación hasta que se ejecute el presente fallo y en el caso de la ciudadana OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ se le reconoce el pago de su hora de lactancia reconocido por la autoridad nominadora mediante memoranda SRH RCS 0727/2014 (F. 39) durante el tiempo establecido en el mismo. CUARTO: Se declara extinguida la relación de trabajo de los ahora demandantes con el Estado de Honduras, específicamente con la Dirección Ejecutiva de Ingresos. QUINTO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación el que debe interponerse ante este tribunal dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación y/o comunicación del presente fallo. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno contra la presente sentencia, quede firme la misma, librándose atenta comunicación con las inserciones del caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes al Ministerio de Finanzas en virtud de que dicha institución (Dirección Ejecutiva de Ingresos). era un ente desconcentrado de dicha Secretaria de Estado, para que ejecute este fallo de modo inmediato, adoptando las resoluciones que procedan y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones del mismo, con apercibimiento que de no cumplir inmediatamente se procederá aplicar las sanciones contenidas en el TITULO CUARTO CAPITULO TERCERO de la ley de la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo.- Así mismo devuélvase el expediente administrativo al lugar de su procedencia previo desglose y constancia SIN COSTAS.-
SEGUNDO: En fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, dicta sentencia, como consecuencia del recurso de apelación impetrado, la misma fue transcrita de los folios veinte (20) al veintinueve (29) de la pieza de casación y que para efectos de la presente resolución se trascribe de la siguiente forma: ¨FUNDAMENTOS DE DERECHO. CUARTO (4): El Tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. Respetando los límites expuestos podrá resolverse el recurso invocando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque no coincidan con los señalados por los recurrentes en sus escritos. Está comprobado en autos que los demandantes laboraban para la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y fueron cancelados por despido en las fechas siguientes: OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ en fecha 24 de julio del 2014, DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ, en fecha 29 de julio del 2014, y JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA, en fecha 29 de julio del 2014; en ese momento la DEI era un ente desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y que por tal motivo su relación laboral estaba regido por el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera (Acuerdo No. 1184 por el Presidente Constitucional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo del 2012 con número 32,766, vigente a partir de su publicación), y por disposición del artículo 116 de este Régimen Especial: "Los casos no previstos en el presente Reglamento y demás disposiciones complementarias o conexas que se emitan, se regirán en lo que no se opongan a este Reglamento, por las disposiciones de los Convenios Internacionales Suscritos por el Gobierno de Honduras, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo". QUINTO (5) : Los agravios expuestos por la apelante se concretan en lo siguiente: 1) Que la A-Quo no apreció ni valoró la prueba presentada consistente en el contenido de las cedulas de citación, ya que en ellas se consignaba que habían obviado procedimientos legales establecidos al encontrarse en el informe de fecha 3 de junio del 2014 emitido por la Comisión Interventora de la Administración de Grandes Contribuyentes; se detalló en el contenido de las cedulas de citación cuales eran los casos en los cuales se había detectado irregularidades, no debiendo de determinar la culpabilidad del servidor, si aún tiene derecho a exponer lo que le conviene. Una vez analizados los escritos de demanda de cada uno de los demandantes (pretensión), las cedulas de citación para audiencia de descargos de cada uno de los demandantes y la sentencia de la A-Quo, este Tribunal puede apreciar que el fundamento de derecho vigésimo sexto no del todo vincula lo alegado por la apelante en su primer agravio, pero si lo puntualiza el fundamento de derecho vigésimo séptimo cuando establece que "el desarrollo de las audiencias de descargo se desarrollaron en base a lo citado, es decir al procedimiento que se realizó para elaborar dichas auditorias" de donde se colige que la A-quo si observó y valoró el contenido de los motivos del citatorio a la audiencia de descargo, mismos que coinciden con las preguntas realizadas por la Institución en la celebración de la audiencia de descargo y por ende las causas que originaron la nota del despido. Segundo agravio (2): Acusa la apelante la mala apreciación de la A-Quo en cuanto a determinar que la audiencia de descargo no debió de realizarse por el señor Reyes Theodore ya que éste no fungió como jefe inmediato de la señora Olga Jiménez Velásquez, conforme lo aclara el artículo 94 del Régimen Especial Laboral; en cuanto a dicho agravio, concluye este Tribunal que efectivamente el señor Pablo Emilio Reyes, no era el Jefe Inmediato de la señora demandante, sólo actúo como delegado de la autoridad nominadora con las formalidades legales preestablecidas; extremo que no ocasiona alteración al Principio de Legalidad. SEXTO (6): En el mismo segundo agravio, la representante de la parte demandada-apelante, también alega la apreciación incorrecta de la A-Quo en cuanto a que ya desde la cedula de citación para audiencia de descargo se les había puntualizado a los demandantes las irregularidades en las que han incurrido; en cuanto a dicho alegato este ya fue resuelto en el numeral quinto de estos fundamentos de derecho. En cuanto al tercer agravio: se direcciona en que la causa del despido no es precisa y tampoco fue probada (fundamento de derecho vigésimo octavo 28), pues la A-Quo concluye que la causa del despido no fue probada, es decir no acreditaron cual fue la violación reiterada o prohibición violentada por lo ahora demandantes, a lo que argumenta la apelante que se demostró la causa del despido con la aceptación de los demandantes en la audiencia de descargo, así como documentos que constan en el expediente administrativo y judicial donde se comprobó la participación de los demandantes en la comisión de las faltas. A consideración del Tribunal este constituye ser el punto toral del presente recurso de apelación, ya que la discusión radica en la subsunción de los hechos con respecto a la causa del despido invocada por la autoridad nominadora. SEPTIMO (7) : Y es que cuando hablamos de la Materia de Personal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es más que necesario entender que al momento del despido con causa justa, se debe de precisar casi exactamente la causa del despido con los hechos acontecidos, ya que verlo de otra manera alteraría un componente esencial de la figura del Despido, como ser la TIPICIDAD y los elementos que se exigen en todo acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo (competencia, objeto lícito, cierto y físicamente posible, motivación, finalidad y ser sustentados en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable) . La causa de despido de los demandantes es la siguientes: Incumplimiento y Violación Grave y Reiterada de sus Obligaciones o Prohibiciones y por la Inhabilidad e Ineficiencia Manifiesta en el desempeño de su cargo legalmente comprobada. OCTAVO (8): En la primera causa de despido tendrá que acreditarse el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones como servidor público y además este incumplimiento tiene dos componentes que es necesario acreditar, como ser la gravedad y la reiteración, tal como lo dice la norma. El régimen especial laboral de la carrera administrativa, tributaria y aduanera, en su artículo 85 establece: "las sanciones serán aplicadas por la DEI dependiendo la gravedad de la falta, atendiendo a la existencia de situaciones que agraven o atenúen la falta y la enumeración de las sanciones no significa que las mismas deban ser aplicadas en forma progresiva", sin embargo, este régimen especial laboral no contiene disposiciones expresas que identifique cómo y bajo qué circunstancias o conductas se calificara la gravedad de la obligación o prohibición incumplida, tampoco contiene de qué forma y en cuanto tiempo va ser reiterativo el incumplimiento a las obligaciones o prohibiciones, por lo que, ante tal omisión, conforme a lo establecido en el artículo 116 del mencionado régimen especial, suple la Ley de Servicio Civil; ya que dicha gravedad y reiteración debe de estar regulada en ley, por el principio de legalidad que rige en la Administración Pública, no se puede presumir, como equivocadamente lo hace la representante procesal de la parte demandada, al manifestar en su escrito de expresión de agravios que la conducta del servidor es reiterativa por el hecho de que se realizaron varias auditorias; por consiguiente, la Ley de Servicio Civil establece en su artículo 160 segundo párrafo de qué forma el incumplimiento del servidor será calificado como grave, siendo estos: Si media intencionalidad manifiesta de causar perjuicio o hubiere negligencia manifiesta; si produce daños patrimoniales o si se afecta la eficiencia, regularidad o continuidad de los servicios; en cuanto a las faltas o conductas reiterativas no establece nada el régimen especial laboral, ni la Ley de Servicio Civil; desprendiéndose de lo anterior que en el caso bajo análisis no se probó la gravedad del incumplimiento y tampoco la reiteración, tal como así lo dispone la sentencia del A-Quo al concluir que las causales de despido invocadas en el acuerdo de despido no fueron probadas en juicio. NOVENO (9): En el cuarto agravio alega la apelante que la causa de despido consistente en la Inhabilidad e Ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo legalmente comprobada, se acreditó en juicio por el hecho de que la autoridad nominadora determino dicha comprobación en el procedimiento legal de despido ya que la norma no establece la forma legal en que se comprobará dicho incumplimiento. Para este cuarto agravio es importante insistir que la mencionada comprobación de la inhabilidad e ineficiencia del servidor como causa de despido, no puede estar al discernimiento de la autoridad nominadora, pues serían incontables, infinitos y arbitrarios los motivos que provocarían la inhabilidad o ineficiencia del servidor, necesariamente debe de estar regulado; por dicha situación, y con fundamento en el Principio de Supletoriedad, ya la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establece cuando se podrá alegar como causa de despido la inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, y lo establece en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, donde previamente al despido tuvo que haber reprobado la evaluación del desempeño durante dos periodos consecutivos o alternos. Coligiéndose que la comprobación legal que exige el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, no es otro procedimiento que la Evaluación del Desempeño del Servidor Público, figura instituida con el objetivo de analizar y medir la calidad del servicio para determinar el grado de eficiencia y eficacia3 con que los servidores públicos llevan a cabo sus funciones y cumplen con las responsabilidades de su puesto y asegurar la debida prestación del servicio. DECIMO (10): La potestad sancionadora administrativa del Estado, contenida en los regímenes de personal de diferentes instituciones del Estado, y en la misma Ley de Servicio Civil deben estar basadas en los principios que la instituyen, que protegen a los administrados de arbitrariedades y excesos, entre ellos: Sujeción al Principio de Legalidad, Principio de Debido Proceso, Principio de Tipicidad; este último principio de tipicidad constituye que es considerada una falta o incumplimiento, sólo cuando vulneran el ordenamiento jurídico previstas como tales en la Ley; la tipicidad remite a la necesidad de predeterminación normativa, de una descripción legal de las conductas ilícitas. UNDECIMO (11): Conforme a las facultades otorgadas por el Código Procesal Civil, norma supletoria a los recursos en Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal ha observado una infracción de ilegalidad que genera nulidad parcial de la sentencia que se conoce en apelación, en el apartado tercero de la parte dispositiva del fallo, al reconocerse a favor de los demandantes el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos desde el momento de la ilegal cancelación hasta que se ejecute el presente fallo, siendo ilegal el pago de los salarios dejados de percibir hasta que se ejecute el fallo, Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. "Artículo 715.2 del Código Procesal Civil; ALCANCE LA DE DECISION DE LA APELACION. ya que la norma que rige en su momento a los servidores establece que dicha indemnización se debe "desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia del Tribunal competente que condene al pago de las indemnizaciones correspondientes" Articulo 75 numeral 4 del Reglamento Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera. DUODECIMO (12): Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de apelación solo podrá decidir en relación con los procedimientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada-apelante; anular la infracción procesal observada de oficio en su parte específica y en lo demás confirmar la sentencia que se conoce en apelación. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la señora Magistrada CLAUDINA CECILIA CANTARERO y en aplicación de los artículos 82, 90, 1291 3031 304, 313 numeral 3, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 10 y 11 en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2, 7 inciso b), 9, 33, 34, 35 párrafo primero, 46, 47, 79 literal a), 89, 901 108, 109, 129 inciso c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 2, 33 y 34 de la Ley de Servicio Civil; 1, 75, 116 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; 221 190, 1931 1951 2001 2041 4791 7041 705, 7091 710, 713 y 715 del Código Procesal Civil; FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR en su condición de apoderada legal sustituta del Estado de Honduras a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO. SEGUNDO: SE DECRETA NULIDAD PARCIAL del apartado tercero de la parte dispositiva del fallo hoy apelado, específicamente en lo que se refiere: "al pago de los salarios dejados de percibir hasta que se ejecute el fallo, siendo lo correcto "al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia del Tribunal competente que condene al pago de las indemnizaciones correspondientes" TERCERO: CONFIRMAR todo lo demás contenido en la sentencia emitida en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que aparece del folio número seiscientos treinta y uno (631) al folio número seiscientos cuarenta (640) de la pieza principal de autos. Y MANDA: Que luego que se notifique en legal y debida forma esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva, a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto. SIN COSTAS: Por que a juicio del Tribunal existen motivos SUFICIENTES para litigar…..¨
TERCERO: En fecha seis (6) de marzo del año dos mil veinte (2020) la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR en su condición antes indicada interpone recurso de casación, mismo que obra de los folios treinta (30) al treinta y seis vuelto (36) de la pieza de casación, y que se desarrolla de la siguiente forma: ¨que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: "Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem.- INTERPRETÓ de forma incorrecta el contenido del Artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, Artículos que contienen Armonía con lo establecido en los Artículos 70 y 321 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el Artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, establece: "Los empleados y Funcionarios de la DEI, podrán ser despedidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para la Institución, por cualquiera de las siguientes casusas 2) Por incumplimiento o violación grave y reiterada de algunas de las Obligaciones o, prohibiciones ... ; 6) Por inhabilidad e Ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, legalmente comprobada". En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte sentenciadora, confirma la sentencia emitida por el A-quo, condenando al Estado de Honduras, por actuaciones de la suprimida y liquidada Dirección Ejecutiva de Ingresos, al pago de Prestaciones Laborales, aplicando la norma pertinente, pero interpretada de forma errónea, la norma aplicada pero mal interpretada es el Artículo 91 numerales 2 y 6, del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera. Se considera que dicha sentencia contiene interpretación indebida, ya que tanto el A-Quo coma el Ad Quem establecen que la causal de despido invocada en el Acuerdo de Despido no fue 'Legalmente comprobada. El Ad-quem en su fundamento de Derecho No. SEXTO (6) establece lo siguiente: "... en cuanto al tercer agravio: se direcciona en que la causa de despido no es precisa y que tampoco fue probada fundamento de derecho vigésimo octavo 28) pues la A-Quo concluye que la causa del despido no fue probada, es decir no acreditaron cual fue la violación reiterada o prohibición violentada por los ahora demandantes, a lo que argumenta la apelante que se demostró la causa de despido con la aceptación de los demandantes en la audiencia de descargo, así como documentos que constan en el expediente administrativo y judicial donde se comprobó la participación de los demandantes en la comisión de las faltas .... ". En este caso Honorable Corte, la causal de despido consistente en el incumplimiento y violación grave y reiterada de sus obligaciones o prohibiciones y por la inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de su cargo, se basaron en el hecho de que los demandantes conocieron y avalaron auditorías realizadas a contribuyentes que no eran de su competencia, y al remitirnos a la audiencia de descargo que corren agregadas a folios 84 al 89, 170 al 180, y 451 al 462 del expediente principal de autos y leer las preguntas realizadas a cada uno de los demandantes se aprecia que las causales de despido fueron probadas pues en la audiencia de descargo pues los ahora demandantes aceptaron haber conocido de pequeros y medianos contribuyentes cuando ellos pertenecían a la Dirección de Grandes Contribuyentes y haber sido repetida la situación de conocerlos, en tal sentido quedó totalmente probada enjuicio las causales enumeradas en el Artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera. En el Fundamento de Derecho número octavo (08) el Ad-Quem, establece lo siguiente: "En la primera causal de despido tendrá que acreditarse el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones del servidor público y además este incumplimiento tiene dos componentes que es necesario acreditar, como ser la gravedad y reiteración, tal como lo dice la norma ... sin embargo este régimen especial no contiene disposiciones expresas que identifique como y bajo qué circunstancias o conductas se calificara la gravedad de la obligación o prohibición incumplida, tampoco contiene de que Norma y cuánto va a ser reiterativo el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones, por lo que ante tal omisión, conforme a lo establecido en el Artículo 116 del mencionado régimen especial, suple la ley de servicio civil; ya que dicha gravedad y reiteración debe de estar regulada en ley, por el principio de legalidad que rige en la administración pública, no se puede presumir como equivocadamente lo hace la representante procesal de la parte demandada, al manifestar en su escrito de expresión de agravios que la conducta del servidor es reiterativa por el hecho de que se realizaron varias auditorias; por consiguiente la ley de servicio civil establece en su Artículo 160 segundo párrafo de que Norma el incumplimiento del servidor será calificado como grave, siendo estos: si media intencionalidad manifiesta; de causar un perjuicio o hubiere negligencia manifiesta; si produce daños patrimoniales o si se afecta la eficiencia, regularidad o continuidad en los servicios; en cuanto a las faltas o conductas reiterativas no establece nada el régimen especial laboral, ni la ley de servicio civil, desprendiéndose de lo anterior que en el caso bajo análisis no se probó la gravedad del incumplimiento y tampoco la reiteración tal como así lo dispone la sentencia del A-Quo al concluir que las causales de despido invocadas en el acuerdo de despido no fueron probadas enjuicio. En el Fundamento de Derecho número noveno (09) el Ad-Quem, establece lo siguiente: "En el cuarto agravio alega la apelante que la causa de despido consistente en la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo legalmente comprobada, se acredito enjuicio por el hecho de que la autoridad nominadora determino dicha comprobación en el procedimiento legal de despido ya que la norma no establece la forma legal en que se comprobará dicho incumplimiento. Para este cuarto agravio es importante insistir que la mencionada comprobación de la inhabilidad e ineficiencia del servidor como causa de despido, no puede estar al discernimiento de la autoridad nominadora, pues serian incontables, infinitos y arbitrarios los motivos que provocarán la inhabilidad e ineficiencia del servidor, necesariamente debe de estar regulado; por dicha situación, y con fundamento en el principio de supletoriedad ya la ley de servicio civil y su reglamento establece cuando se podrá alegar como causa de despido la inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, y lo establece en el Artículo 93 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, donde previamente al despido tuvo que haber reprobado la evaluación del desempeño durante dos periodos consecutivos o alternos. Coligiéndose que la comprobación legal que exige el régimen especial laboral de la carrera administrativa tributaria y aduanera, no es otro procedimiento que la evaluación del desempeño del servidor público, figura instituida con el objetivo de analizar y medir la calidad del servicio para determinar el grado de eficiencia y eficacia con que los servidores públicos llevan a cabo las funciones y cumplen con las responsabilidades de su puesto y asegurar la debida prestación del servicio". En cuanto a que la causal establecida en el acuerdo de cancelación denominada Inhabilidad manifiesta en el desempeño de su cargo, no se encuentra establecida en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, y que por ello lo fundamenta, con lo establecido en la Ley de Servicio Civil, apreciación nuevamente errónea ya que el Régimen Laboral de la DEI, en el capítulo XI, establece que el apartado Evaluación del Desempeño e Incentivos, pero las mismas es para definir un plan de incentivos basados méritos para calificar, reconocer y retribuir la gestión individual de los funcionarios y empleados, no para determinar una causal de despido, y siendo que el Artículo 91 numeral 6, establece como causal de despido la Inhabilidad e Ineficiencia Manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobada, es decir que si dicho precepto no establece la forma legal para comprobar tal causal, pues en ese sentido podrá la Autoridad nominadora determinar cuál es procedimiento Legal para tomar la determinación de cancelar a un empleado, como por Ejemplo esta puede ser la misma audiencia de descargo, que en el caso de autos fue lo que sucedió con mi mandante, ya que en la audiencia de descargo se le comprobó a los demandantes que eran ineficientes al momento de realizar su trabajo, y este acto (Audiencia de Descargo), es un acto Legal. En conclusión, la ineficiencia manifiesta de las demandantes se fue evidenciando en el curso del procedimiento legal del despido, concurriendo por lo tanto la configuración de esta causal de cancelación. Además de lo relacionado por el Ad-Quem en los fundamentos de derechos descritos literalmente anteriormente: Partiendo que es una premisa fundamental del Derecho Administrativo lo establecido en la Constitución de la República, en su Artículo 321 mismo que establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad" Las negritas y subrayado es nuestro, aunado a lo anterior el Artículo 70 de la misma Carta Magna establece que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legamente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe ". Las negritas y subrayado es nuestro, aunado a lo anterior el Artículo 70 de la misma Carta Magna establece que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe " Las negritas y subrayado es nuestro. Por lo antes relacionado esta representación es del parecer que las demandantes al haber conocido de contribuyentes que no estaban dentro de la Jurisdicción territorial, se encontraban inhabilitadas para conocerlo, y la ineficiencia se desprende de la obligación jurídica en el sentido de que, las demandantes debieron abstenerse de conocer y por ende no resolver de la solicitud presentada por los contribuyentes que estaban fuera de su competencia es por lo tanto, que el actuar de las demandantes violentó el procedimiento legalmente establecido, incurriendo en responsabilidad y así subsumiéndose en la causales segunda (2) y sexta (6) del artículo 91 del Régimen Especial de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, correspondiente a incumplimiento o violación grave y reiterada de alguna de las Obligaciones o, prohibiciones, y también en la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, la cual fue legalmente comprobada, con el procedimiento disciplinario establecido al efecto, precepto que conlleva total Armonía con los artículos 70 y 321 de la Constitución de la República. Sin embargo, el Ad-quem, le dio otra interpretación a la causal de Inhabilidad e ineficiencia manifiesta.
CUARTO: En fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veinte (2020) el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en su condición de Apoderado de los señores OLGA MARINA JIMENEZ VELASQUEZ, DENIS FERNANDO CABRERA Y JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA, se pronuncia sobre el recurso impetrado por su contra parte, y que obra de los folios treinta y cuatro (34) al treinta y seis (36) de la pieza de casación y del que se transcriben los siguientes apartados, interesa por sobre todo que se declare no ha lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada por no haber infracción de Ley en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, confirmando la sentencia definitiva por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán de fecha treinta de enero del año dos mil veinte y en definitiva resolver de conformidad a Derecho.
QUINTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dicta sentencia en el recurso de casación interpuesto, fallo que se encuentra de los folios treinta y ocho (38) al cuarenta y siete (47) de la referida pieza de casación, la que transcribe desde los fundamentos de derecho, de la siguiente forma: ¨ FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: "Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem INTERPRETÓ de forma incorrecta el contenido del Artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, Artículos que contienen Armonía con lo establecido en los Artículos 70 y 321 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el Artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, establece: "Los empleados y Funcionarios de la DEI, podrán ser despedidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para la Institución, por cualquiera de las siguientes casusas 2) Por incumplimiento o violación grave y reiterada de algunas de las Obligaciones o, prohibiciones ... ; 6) Por inhabilidad e Ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, legalmente comprobada". En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte sentenciadora, confirma la sentencia emitida por el A-quo, condenando al Estado de Honduras, por actuaciones de la suprimida y liquidada Dirección Ejecutiva de Ingresos, al pago de Prestaciones Laborales, aplicando la norma pertinente, pero interpretada de forma errónea, la norma aplicada pero mal interpretada es el Artículo 91 numerales 2 y 6, del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera. Se considera que dicha sentencia contiene interpretación indebida, ya que tanto el A-Quo coma el Ad Quem establecen que la causal de despido invocada en el Acuerdo de Despido no fue 'Legalmente comprobada. El Ad-quem en su fundamento de Derecho No. SEXTO (6) establece lo siguiente: "... en cuanto al tercer agravio: se direcciona en que la causa de despido no es precisa y que tampoco fue probada fundamento de derecho vigésimo octavo 28) pues la A-Quo concluye que la causa del despido no fue probada, es decir no acreditaron cual fue la violación reiterada o prohibición violentada por los ahora demandantes, a lo que argumenta la apelante que se demostró la causa de despido con la aceptación de los demandantes en la audiencia de descargo, así como documentos que constan en el expediente administrativo y judicial donde se comprobó la participación de los demandantes en la comisión de las faltas .... ". En este caso Honorable Corte, la causal de despido consistente en el incumplimiento y violación grave y reiterada de sus obligaciones o prohibiciones y por la inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de su cargo, se basaron en el hecho de que los demandantes conocieron y avalaron auditorías realizadas a contribuyentes que no eran de su competencia, y al remitirnos a la audiencia de descargo que corren agregadas a folios 84 al 89, 170 al 180, y 451 al 462 del expediente principal de autos y leer las preguntas realizadas a cada uno de los demandantes se aprecia que las causales de despido fueron probadas pues en la audiencia de descargo pues los ahora demandantes aceptaron haber conocido de pequeros y medianos contribuyentes cuando ellos pertenecían a la Dirección de Grandes Contribuyentes y haber sido repetida la situación de conocerlos, en tal sentido quedó totalmente probada enjuicio las causales enumeradas en el Artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera. En el Fundamento de Derecho número octavo (08) el Ad-Quem, establece lo siguiente: "En la primera causal de despido tendrá que acreditarse el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones del servidor público y además este incumplimiento tiene dos componentes que es necesario acreditar, como ser la gravedad y reiteración, tal como lo dice la norma ... sin embargo este régimen especial no contiene disposiciones expresas que identifique como y bajo qué circunstancias o conductas se calificara la gravedad de la obligación o prohibición incumplida, tampoco contiene de que Norma y cuánto va a ser reiterativo el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones, por lo que ante tal omisión, conforme a lo establecido en el artículo 116 del mencionado régimen especial, suple la ley de servicio civil; ya que dicha gravedad y reiteración debe de estar regulada en ley, por el principio de legalidad que rige en la administración pública, no se puede presumir como equivocadamente lo hace la representante procesal de la parte demandada, al manifestar en su escrito de expresión de agravios que la conducta del servidor es reiterativa por el hecho de que se realizaron varias auditorias; por consiguiente la ley de servicio civil establece en su artículo 160 segundo párrafo de que Norma el incumplimiento del servidor será calificado como grave, siendo estos: si media intencionalidad manifiesta; de causar un perjuicio o hubiere negligencia manifiesta; si produce daños patrimoniales o si se afecta la eficiencia, regularidad o continuidad en los servicios; en cuanto a las faltas o conductas reiterativas no establece nada el régimen especial laboral, ni la ley de servicio civil, desprendiéndose de lo anterior que en el caso bajo análisis no se probó la gravedad del incumplimiento y tampoco la reiteración tal como así lo dispone la sentencia del A-Quo al concluir que las causales de despido invocadas en el acuerdo de despido no fueron probadas enjuicio. En el Fundamento de Derecho número noveno (09) el Ad-Quem, establece lo siguiente: "En el cuarto agravio alega la apelante que la causa de despido consistente en la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo legalmente comprobada, se acredito enjuicio por el hecho de que la autoridad nominadora determino dicha comprobación en el procedimiento legal de despido ya que la norma no establece la forma legal en que se comprobará dicho incumplimiento. Para este cuarto agravio es importante insistir que la mencionada comprobación de la inhabilidad e ineficiencia del servidor como causa de despido, no puede estar al discernimiento de la autoridad nominadora, pues serian incontables, infinitos y arbitrarios los motivos que provocarán la inhabilidad e ineficiencia del servidor, necesariamente debe de estar regulado; por dicha situación, y con fundamento en el principio de supletoriedad ya la ley de servicio civil y su reglamento establece cuando se podrá alegar como causa de despido la inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, y lo establece en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, donde previamente al despido tuvo que haber reprobado la evaluación del desempeño durante dos periodos consecutivos o alternos. Coligiéndose que la comprobación legal que exige el régimen especial laboral de la carrera administrativa tributaria y aduanera, no es otro procedimiento que la evaluación del desempeño del servidor público, figura instituida con el objetivo de analizar y medir la calidad del servicio para determinar el grado de eficiencia y eficacia con que los servidores públicos llevan a cabo las funciones y cumplen con las responsabilidades de su puesto y asegurar la debida prestación del servicio". En cuanto a que la causal establecida en el acuerdo de cancelación denominada Inhabilidad manifiesta en el desempeño de su cargo, no se encuentra establecida en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, y que por ello lo fundamenta, con lo establecido en la Ley de Servicio Civil, apreciación nuevamente errónea ya que el Régimen Laboral de la DEI, en el capítulo XI, establece que el apartado Evaluación del Desempeño e Incentivos, pero las mismas es para definir un plan de incentivos basados méritos para calificar, reconocer y retribuir la gestión individual de los funcionarios y empleados, no para determinar una causal de despido, y siendo que el Artículo 91 numeral 6, establece como causal de despido la Inhabilidad e Ineficiencia Manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobada, es decir que si dicho precepto no establece la forma legal para comprobar tal causal, pues en ese sentido podrá la Autoridad nominadora determinar cuál es procedimiento Legal para tomar la determinación de cancelar a un empleado, como por ejemplo esta puede ser la misma audiencia de descargo, que en el caso de autos fue lo que sucedió con mi mandante, ya que en la audiencia de descargo se le comprobó a los demandantes que eran ineficientes al momento de realizar su trabajo, y este acto (Audiencia de Descargo), es un acto Legal. En conclusión, la ineficiencia manifiesta de las demandantes se fue evidenciando en el curso del procedimiento legal del despido, concurriendo por lo tanto la configuración de esta causal de cancelación. Además de lo relacionado por el Ad-Quem en los fundamentos de derechos descritos literalmente anteriormente: Partiendo que es una premisa fundamental del Derecho Administrativo lo establecido en la Constitución de la República, en su Artículo 321 mismo que establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad" Las negritas y subrayado es nuestro, aunado a lo anterior el Artículo 70 de la misma Carta Magna establece que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legamente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe ". Las negritas y subrayado es nuestro, aunado a lo anterior el Artículo 70 de la misma Carta Magna establece que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la lev no prohíbe "Las negritas y subrayado es nuestro. Por lo antes relacionado esta representación es del parecer que las demandantes al haber conocido de contribuyentes que no estaban dentro de la Jurisdicción territorial, se encontraban inhabilitadas para conocerlo, y la ineficiencia se desprende de la obligación jurídica en el sentido de que, las demandantes debieron abstenerse de conocer y por ende no resolver de la solicitud presentada por los contribuyentes que estaban fuera de su competencia es por lo tanto, que el actuar de las demandantes violentó el procedimiento legalmente establecido, incurriendo en responsabilidad y así subsumiéndose en la causales segunda (2) y sexta (6) del Artículo 91 del Régimen Especial de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, correspondiente a incumplimiento o violación grave y reiterada de alguna de las Obligaciones o, prohibiciones, y también en la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, la cual fue legalmente comprobada, con el procedimiento disciplinario establecido al efecto, precepto que conlleva total Armonía con los artículos 70 y 321 de la Constitución de la República. Sin embargo, el Ad-quem, le dio otra interpretación a la causal de Inhabilidad e ineficiencia manifiesta. 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se alude a los artículos 70 y 321 de la Constitución de la República los cuales no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación; y, d) se realizan en el desarrollo alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo nuestra de la Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos de la Sala Laboral—Contencioso Administrativo, por disentir el Magistrado Cáceres Castellanos, quien emitirá voto particular impartiendo justicia en nombre de! Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.21), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra e), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: 1155 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717. 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal e) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que, no habiendo unanimidad en la presente resolución, se remiten sus antecedentes al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para estudio y posterior resolución…….¨
SEXTO: En la misma fecha y año, el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, emite voto particular, el cual y que para efectos de la presente resolución se trascribe de la siguiente forma; ¨CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, emite el siguiente: VOTO PARTICULAR.- ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO: La mayoría de esta Sala resolvió DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACION interpuesto por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: Que el recurso referido es viable en su único motivo y por ello cabe su admisión, siendo que el mismo reúne los elementos de fundamentación, claridad y precisión de la incidencia de la infracción señalada en relación a la resolución impugnada, debiendo en el plazo que establece la ley dictar la sentencia correspondiente sobre la estimación o desestimación del referido recurso. TERCERO: Por lo anterior se emite voto particular, conforme la siguiente fundamentación: FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que la recurrente compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha 30 de enero del 2020, proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, denunciando un único motivo de casación, al tenor de lo que preceptúan los artículos 716 y 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, habiendo sido admitido el mismo. II.- MOTIVO DE CASACIÓN "Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem INTERPRETÓ de forma incorrecta el contenido del artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, Artículos que contienen Armonía con lo establecido en los Artículos 70 y 321 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012, establece: "Los empleados y Funcionarios de la DEI, podrán ser despedidos de sus puestos sin ninguna responsabilidad para la Institución, por cualquiera de las siguientes causas.. 2) Por incumplimiento o violación grave y reiterada de algunas de las Obligaciones o, prohibiciones….6) Por inhabilidad e Ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, legalmente comprobada ". En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte sentenciadora, confirma la sentencia emitida por el A-quo, condenando al Estado de Honduras, por actuaciones de la suprimida y liquidada Dirección Ejecutiva de Ingresos, al pago de Prestaciones Laborales, aplicando la norma pertinente, pero interpretada de forma errónea, la norma aplicada pero mal interpretada es el artículo 91 numerales 2 y 6, del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera. Se considera que dicha sentencia contiene interpretación indebida, ya que tanto el A-Quo coma el Ad Quem establecen que la causal de despido invocada en el Acuerdo de Despido no fue Legalmente comprobada. El Ad-quem en su fundamento de Derecho No. SEXTO (6) establece lo siguiente: "... en cuanto al tercer agravio: se direcciona en que la causa de despido no es precisa y que tampoco fue probada fundamento de derecho vigésimo octavo 28) pues la A-Quo concluye que la causa del despido no fue probada, es decir no acreditaron cual fue la violación reiterada o prohibición violentada por los ahora demandantes, a lo que argumenta la apelante que se demostró la causa de despido con la aceptación de los demandantes en la audiencia de descargo, así como documentos que constan en el expediente administrativo y judicial donde se comprobó la participación de los demandantes en la comisión de las faltas .... ". En este caso Honorable Corte, la causal de despido consistente en el incumplimiento y violación grave y reiterada de sus obligaciones o prohibiciones y por la inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de su cargo, se basaron en el hecho de que los demandantes conocieron y avalaron auditorías realizadas a contribuyentes que no eran de su competencia, y al remitirnos a la audiencia de descargo que corren agregadas a folios 84 al 89, 170 al 180, y 451 al 462 del expediente principal de autos y leer las preguntas realizadas a cada uno de los demandantes se aprecia que las causales de despido fueron probadas pues en la audiencia de descargo pues los ahora demandantes aceptaron haber conocido de pequeños y medianos contribuyentes cuando ellos pertenecían a la Dirección de Grandes Contribuyentes y haber sido repetida la situación de conocerlos, en tal sentido quedó totalmente probada en juicio las causales enumeradas en el artículo 91 numerales 2 y 6 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera. En el Fundamento de Derecho número octavo (08) el Ad-Quem, establece lo siguiente: "En la primera causal de despido tendrá que acreditarse el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones del servidor público y además este incumplimiento tiene dos componentes que es necesario acreditar, como ser la gravedad y reiteración, tal como lo dice la norma... sin embargo este régimen especial no contiene disposiciones expresas que identifique como y bajo qué circunstancias o conductas se calificara la gravedad de la obligación o prohibición incumplida, tampoco contiene de que Norma y cuánto va a ser reiterativo el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones, por lo que ante tal omisión, conforme a lo establecido en el artículo 116 del mencionado régimen especial, suple la ley de servicio civil; ya que dicha gravedad y reiteración debe de estar regulada en ley, por el principio de legalidad que rige en la administración pública, no se puede presumir como equivocadamente lo hace la representante procesal de la parte demandada, al manifestar en su escrito de expresión de agravios que la conducta del servidor es reiterativa por el hecho de que se realizaron varias auditorias; por consiguiente la ley de servicio civil establece en su Artículo 160 segundo párrafo de que Norma el incumplimiento del servidor será calificado como grave, siendo estos: si media intencionalidad manifiesta; de causar un perjuicio o hubiere negligencia manifiesta; si produce daños patrimoniales o si se afecta la eficiencia, regularidad o continuidad en los servicios; en cuanto a las faltas o conductas reiterativas no establece nada el régimen especial laboral, ni la ley de servicio civil, desprendiéndose de lo anterior que en el caso bajo análisis no se probó la gravedad del incumplimiento y tampoco la reiteración tal como así lo dispone la sentencia del A-Quo al concluir que las causales de despido invocadas en el acuerdo de despido no fueron probadas en juicio. En el Fundamento de Derecho número noveno (09) el Ad-Quem, establece lo siguiente: "En el cuarto agravio alega la apelante que la causa de despido consistente en la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo legalmente comprobada, se acredito enjuicio por el hecho de que la autoridad nominadora determino dicha comprobación en el procedimiento legal de despido ya que la norma no establece la forma legal en que se comprobará dicho incumplimiento. Para este cuarto agravio es importante insistir que la mencionada comprobación de la inhabilidad e ineficiencia del servidor como causa de despido, no puede estar al discernimiento de la autoridad nominadora, pues serian incontables, infinitos y arbitrarios los motivos que provocarán la inhabilidad e ineficiencia del servidor, necesariamente debe de estar regulado; por dicha situación, y con fundamento en el principio de supletoriedad ya la ley de servicio civil y su reglamento establece cuando se podrá alegar como causa de despido la inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, y lo establece en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, donde previamente al despido tuvo que haber reprobado la evaluación del desempeño durante dos periodos consecutivos o alternos. Coligiéndose que la comprobación legal que exige el régimen especial laboral de la carrera administrativa tributaria y aduanera, no es otro procedimiento que la evaluación del desempeño del servidor público, figura instituida con el objetivo de analizar y medir la calidad del servicio para determinar el grado de eficiencia y eficacia con que los servidores públicos llevan a cabo las funciones y cumplen con las responsabilidades de su puesto y asegurar la debida prestación del servicio". En cuanto a que la causal establecida en el acuerdo de cancelación denominada Inhabilidad manifiesta en el desempeño de su cargo, no se encuentra establecida en el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, y que por ello lo fundamenta, con lo establecido en la Ley de Servicio Civil, apreciación nuevamente errónea ya que el Régimen Laboral de la DEI, en el capítulo XI, establece que el apartado Evaluación del Desempeño e Incentivos, pero las mismas es para definir un plan de incentivos basados méritos para calificar, reconocer y retribuir la gestión individual de los funcionarios y empleados, no para determinar alguna causal de despido, y siendo que el artículo 91 numeral 6, establece como causal de despido la Inhabilidad e Ineficiencia Manifiesta en el desempeño del cargo, legalmente comprobada, es decir que si dicho precepto no establece la forma legal para comprobar tal causal, pues en ese sentido podrá la Autoridad nominadora determinar cuál es procedimiento Legal para tomar la determinación de cancelar a un empleado, como por Ejemplo esta puede ser la misma audiencia de descargo, que en el caso de autos fue lo que sucedió con mi mandante, ya que en la audiencia de descargo se le comprobó a los demandantes que eran ineficientes al momento de realizar su trabajo, y este acto (Audiencia de Descargo), es un acto Legal. En conclusión, la ineficiencia manifiesta de las demandantes se fue evidenciando en el curso del procedimiento legal del despido, concurriendo por lo tanto la configuración de esta causal de cancelación. Además de lo relacionado por el Ad-Quem en los fundamentos de derechos descritos literalmente anteriormente: Partiendo que es una premisa fundamental del Derecho Administrativo lo establecido en la Constitución de la República, en su artículo 3.191 mismo que establece: "Los servidores del Estado no tienen más facilidades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fiera de la Ley es nulo e implica responsabilidad" Las negritas y subrayado es nuestro, aunado a lo anterior el artículo 70 de la misma Carta Magna establece que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legamente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe ". Las negritas y subrayado es nuestro, aunado a lo anterior el artículo 70 de la misma Carta Magna establece que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que hizo estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe ". Las negritas y subrayado es nuestro. Por lo antes relacionado esta representación es del parecer que las demandantes al haber conocido de contribuyentes que no estaban dentro de la Jurisdicción territorial, se encontraban inhabilitadas para conocerlo, y la ineficiencia se desprende de la obligación jurídica en el sentido de que, las demandantes debieron abstenerse de conocer y por ende no resolver de la solicitud presentada por los contribuyentes que estaban fiera de su competencia es por lo tanto, que el actuar de las demandantes violentó el procedimiento legalmente establecido, incurriendo en responsabilidad y así subsumiéndose en la causales segunda (2) y sexta (6) del artículo 91 del Régimen Especial de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, correspondiente a incumplimiento o violación grave y reiterada de alguna de las Obligaciones o, prohibiciones, y también en la inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo, la cual fue legalmente comprobada, con el procedimiento disciplinario establecido al efecto, precepto que conlleva total Armonía con los artículos 70 321 de la Constitución de la República. Sin embargo, el Ad-quem, le dio otra interpretación a la causal de Inhabilidad e ineficiencia manifiesta. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Fundo el presente escrito de Interposición y formalización del recurso de Casación en los siguientes Artículos: 80, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República; 89, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo numerales 1) y 2), 716, 717, 718, 719 numerales 2), 721, 722, 723, 724, 726, 727 numeral 4) y 729 del Código Procesal Civil". Que, para analizar el motivo de casación admitido, se procedió a confrontarla sentencia censurada con el anterior cargo, por la mal interpretación errónea de los artículos 91 numerales 2) y 6) del régimen Especial Laboral de la Carrera Tributaria y Administrativa; 70 y 321 de la Constitución de la Republica. Que, en el asunto sometido a estudio, en síntesis, se contrae: a) Si los demandantes cometieron falta grave en el ejercicio de sus funciones teniendo como sanción su cancelación; b) si los actos administrativos de cancelación de sus cargos se ajustan a derecho o no; y, c) si tendrían derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios. Que, si bien es cierto, los ahora demandantes fueron nombrados mediante acuerdo en los cargos siguientes OLGA MARIA JIMENEZ VASQUEZ como supervisión de Auditoria en la región Centro Sur; DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ, en el cargo de Jefe de Auditoria de Campo en la región Centro Sur, y JORGE GUSTAVO CALDERÓN AGURCIA, en el cargo de Auditor de campo. Cometieron faltas graves teniendo como consecuencia su despido. Que la parte demandada sostiene que argumentando que en el caso de la señora Olga María Jiménez Velásquez no se le violentó su derecho a la defensa, puesto que el Departamento de Recursos Humanos le notificó mediante cédula de citación en fecha 7 de julio del 2014, para ser escuchada en la audiencia de descargo el día 10 de julio del 2014, por lo que se encontraba dentro de los 7 días que establece el artículo 94 párrafo segundo del régimen especial laboral, por tal razón ese sustento carece de legalidad, aunado a lo anterior se establecieron las causas claras de la terminación de la relación; Referente a las alegaciones del señor Denis Fernando Cabrera alegó que fue cancelado aplicándose el ordenamiento jurídico vigente, ya que se le citó notificándole los hechos que se le imputaban en la audiencia que se celebraría dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación, por lo que en ningún momento se le violentó su derecho a la defensa en virtud de que fue citado el día 15 de julio 5 del 2014, a fin de comparecer a la audiencia de descargo en fecha 17 de julio del 2014, por lo que constituía el 2 día de los 7 que permite la ley, en relación al argumento de que solo cumplía órdenes consideró que es inaceptable, ya que se contrapone a las funciones como Coordinador de la Auditoria de grandes contribuyentes, en virtud de que los pequeños y medianos contribuyentes no se encuentran a la esfera de sus atribuciones violentando el artículo 70 y 321 de la Constitución de la República, por lo que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad, y al ejecutar funciones de auditoria que correspondían únicamente al Departamento de pequeños y medianos contribuyentes, debido al tamaño del contribuyente siendo independiente del departamento de grandes contribuyentes, no pudo desvanecer los cargos contestando con evasivas a las preguntas formuladas, respetándosele con esto el derecho a la defensa y por no desvanecer las causas se le sancionó con la cancelación por despido basándose en el artículo 91 numeral 2y 6; En cuanto a lo expresado por el señor Jorge Gustavo Calderón Agurcia fue suspendido en tres ocasiones con goce de sueldo con el fin de intervenir la oficina de administración de grandes contribuyentes, en el cual nunca se le violentó su derecho a la defensa pues fue citado a audiencia de descargo a efecto de ser escuchado el 15 de julio del 2014 en la audiencia de descargo dentro el plazo de siete días que otorga el artículo 93 del régimen especial laboral, de igual manera rechazó el alegato sobre la audiencia de descargo y su nulidad, por haber sido celebrada con un plazo de 1 día hábil después de citado el demandante, ya que dicho término se encontraba comprendido dentro de los 7 días que establece el régimen especial laboral de la carrera administrativa de la DEI. VII.- Que a través de los medios de pruebas incorporados al juicio se acredito la falta grave cometida por los demandantes al realizar funciones para los cuales no eran competentes para ejecutar y avalar las auditorías a las empresas en mención y dictar las resoluciones emitidas a las mismas, causándole un perjuicio económico al estado de Honduras con sus acciones ya que OLGA MARIA JIMENEZ VASQUEZ como supervisora de Auditoria en la región Centro sur, su cancelación se da por haber cometido falta grave consistente en que conoció y avalado la auditorías realizadas por personal a su cargo, sin tener competencia para conocer sobre auditorias que estaban fuera de su competencia, como en el presente otorgando nota de crédito por L.22,152,305.32 a la empresa SUPERMERCADOS LA ANTORCHA, darle sellos definitivos a las empresas SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS S.A. (SEMEH) e inversiones EMCO S.A DE C.V sin realizar la revisión del expediente y el trámite de ley correspondiente sin que tuvieran competencia para realizar tales actos; DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ, en el cargo de Jefe de Auditoria de Campo en la región Centro Sur, su cancelación se da por haber cometido falta grave consistente en que conoció y avalado la auditorías realizadas por personal a su cargo, sin tener competencia para conocer sobre auditorias sin tener notificación alguna ya que estaban fuera de su competencia, a la empresa SUPERMERCADOS LA ANTORCHA, BIOCULTIVOS MARINOS S.A. permitir la presentación de declaraciones rectificativas y haber permitido y avalado que personal a su cargo realizado auditoria sin que el contribuyente no está clasificado como gran contribuyente, AQUACULTURA FONSECA S.A. permitir la presentación de declaraciones rectificativas y haber permitido y avalado que personal a su cargo realizado auditoria sin que el contribuyente no está clasificado como gran contribuyente, SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS S.A. (SEMEH) que los documentos de soporte no cumplen con los requisitos establecidos en el manual de técnicas y procedimientos de auditoría, y haber permitido y avalado que personal a su cargo realizado auditoria sin que el contribuyente no está clasificado como gran contribuyente, INVERSIONES EMCO S.A de C.V. darle sellos definitivos sin realizar la revisión del expediente y el trámite de ley correspondiente sin que tuvieran competencia para realizar tales actos ya que le correspondía a la zona no occidental no siendo competentes para realizar tales actos y JORGE GUSTAVO CALDERÓN AGURCIA, en el cargo de Auditor de Campo, realizando auditoria al contribuyente Servicios de Medición Eléctrica de Honduras con número de expediente 321-13-12000-1082, y firmó el dictamen técnico SAC-AGC19-C-2013, mediante el cual otorgó sellos definitivos no teniendo documentación soporte que sustentara el otorgamiento de dichos sellos definitivos, siendo que este contribuyente está catalogado como pequeño contribuyente según el sistema E-TAX sobre el cual la administración de grandes contribuyentes no tiene competencia. VIII.- Al revisarse el acto administrativo impugnado, se aprecia que el mismo se ha dictado de conformidad a lo prescrito en el ordenamiento jurídico, ya que se realizó el procedimiento ordenado en el ordenamiento jurídico, respetándoles el derecho a la defensa al realizar la audiencia de descargo por las faltas graves imputadas. - PARTE DISPOSITIVA De conformidad a las disposiciones contenidas en los artículos 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1, 4, 74, 78, 79, 80, 81, 84,, 89, 90, 91 numeral 2) Y 6), 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Y 101 del régimen especial Laboral de la Carrera Administrativa, tributaria y Aduanera; 79 literal a), 82, 89, 108, 109, 112, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 200, 206, 207, 208, 701 numeral 1), 716, 725, 726, 727 numeral 5) y 729 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: 1) HABER LUGAR al recurso de casación formalizado por la Abogada ALEJANDRA JANETH FIGUEROA AGUILAR, en su condición indicada, en consecuencia CASA la sentencia recurrida dictada 7 el 30 de enero del 2020 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional.- 2) DECLARA IMPROCEDENTE la acción por ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en los Acuerdos de Cancelación números DEI-RR/HH 173-2014,174-2014 y 175-2014, respectivamente, emitidos por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).- 3) ABSUELVE al Estado de Honduras, a través la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), al reintegro de los trabajadores, pago de prestaciones e indemnizaciones y las horas de lactancia de la señora OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ; 4) Declarar extinguida la relación de servicio de los demandantes para con el Estado de Honduras con la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).- FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO: El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirían en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.- SEGUNDO: Honduras es un estado de Derecho, sujeto a la Constitución de la República, como norma suprema, norma básica del ordenamiento jurídico que obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la primacía de la ley como expresión de voluntad popular, y de otro someterse al estado al ordenamiento jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos que forman parte de el. Las leyes como actos unilaterales del poder público interno y los Tratados Internacionales como un acto emanado de un acuerdo de voluntades entre los estados que una vez ratificados son normas directamente aplicables en el derecho interno…. Al aprobar los tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien común, asumen varas obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Al citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estados de Honduras, entre los deberes generales asumidos por los Estados Partes de la Convención, para cada uno de los derechos consagrados en la misma, el deber de respeta los derechos y libertades reconocidas en ella, garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, (artículo 1.1 de la Convención) y por otro extremo adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derecho y libertades (artículo 2 párrafo segundo de dicha Convención). TERCERO: En el caso concreto y siendo que el Pleno de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS, corrobora y hace suyo el criterio esbozado por el voto disidente emitido por el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, en el sentido de compartir el criterio de la recurrente, y que para los efectos de la presente sentencia se consignan los siguientes argumentos; adujo el Magistrado Cáceres Castellanos, que, en el asunto sometido a estudio, en síntesis, se contrae: a) Si los demandantes cometieron falta grave en el ejercicio de sus funciones teniendo como sanción su cancelación; b) si los actos administrativos de cancelación de sus cargos se ajustan a derecho o no; y, c) si tendrían derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios. Agregando que si bien es cierto, los ahora demandantes fueron nombrados mediante acuerdo en los cargos siguientes OLGA MARIA JIMENEZ VASQUEZ como supervisión de Auditoria en la región Centro Sur; DENIS FERNANDO CABRERA RODRIGUEZ, en el cargo de Jefe de Auditoria de Campo en la región Centro Sur, y JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA, en el cargo de Auditor de campo. Cometieron faltas graves teniendo como consecuencia su despido. Y que por dichas situaciones el recurso referido es viable en su único motivo y por ello cabe su admisión, siendo que el mismo reúne los elementos de fundamentación, claridad y precisión de la incidencia de la infracción señalada en relación a la resolución impugnada, debiendo en el plazo que establece la ley dictar la sentencia correspondiente sobre la estimación o desestimación del referido recurso.
POR TANTO: El Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, sobre la base de los fundamentos legales citados en la fundamentación jurídica, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 de la Constitución de la República, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, referentes a la igualdad ante la ley y al derecho de un recurso efectivo, artículos 8 numerales 1 y 2 literal h, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial, artículos 690, 691, 692,693, 700, 701, 716, 717, 718, 721, 722, 723 y demás aplicables del Código Procesal Civil, artículos 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, artículos 16, 18 y 23 literal c del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: PRIMERO: HABER LUGAR al recurso de casación formalizado por la Abogada ALEJANDRA JANETH FIGUEROA AGUILAR, en su condición indicada, en consecuencia CASA la sentencia recurrida dictada el 30 de enero del 2020 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional.- SEGUNDO: DECLARA IMPROCEDENTE la acción por ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en los Acuerdos de cancelación números DEI-RR/HH 173-2014,174-2014 Y 175-2014, respectivamente, emitidos por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) .- TERCERO: ABSUELVE al Estado de Honduras, a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), al reintegro de los trabajadores, pago de prestaciones e indemnizaciones y las horas de lactancia de la señora OLGA MARIA JIMENEZ VELASQUEZ; CUARTO: Declarar extinguida la relación de servicio de los demandantes para con el Estado de Honduras con la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI). QUINTO: Que con la certificación de este fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de su procedencia, para los efectos legales correspondientes.- Redacto Magistrado Integrante ARGUETA BOURDETT. NOTIFIQUESE.
Expediente S.L 66-2021