Sentencia CA-56-21 — Registro 13182
Resumen
La Corte de Apelaciones revoca la sentencia, bajo el criterio que la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) cumplió con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo relativo a que los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, ya que la demandante incumplió las medidas del Contrato de Medidas de Normalización, pues se encontraba obligada al fiel cumplimiento de todas las medidas establecidas en dicho contrato
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: la sociedad mercantil CONFECCIONES MONZINI S. A., representada en juicio por la Abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo particular, que se declare la ilegalidad del acto y su nulidad por estar viciado en derecho y ser contrario a disposiciones legales de carácter público, que se dejen sin valor y efecto una serie de sanciones ilegales y arbitrarias impuestas en dicha resolución, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS, en su condición de apoderada de la sociedad CONFECCIONES MONZINI S. A. contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.-1.-La parte demandante expresó en el escrito de su acción que sus instalaciones físicas se encuentran ubicadas en el anillo periférico Zona La Cañada de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, planta en la que se realizan operaciones de confección de camisas con insumos, telas, hilos, botonaduras importados para su exportación, dicha actividad fue incorporada dentro de los beneficios del Régimen de Zona Libre que otorga la Secretaría de Industria y Comercio, tal regulación se encuentra establecida en la Ley de Zonas Libres y su Reglamento, esa característica le obliga al fiel cumplimiento de las diversas disposiciones jurídicas a las cuales se encuentra sujeta en función de su naturaleza, entre ellas la Legislación Ambiental, misma que ordena el licenciamiento ambiental de aquellos proyectos que según categoría y en atención a los criterios establecidos en la Tabla de Categorización Ambiental emitida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); en función de lo anterior, en fecha 12 de Febrero del 2003, procedió a suscribir con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), un Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización para la Continuación del Proyecto “Confecciones Monzini”, el mencionado órgano administrativo emitió a su favor el Certificado de Auditoría Ambiental No. 013-2003, que según las disposiciones ambientales de aquel tiempo significaba un Certificado con vigencia indefinida, pero como regularmente lo ha hecho durante todos los años desde el otorgamiento del Certificado de Auditoria Ambiental, en fecha 27 de Julio del 2009 procedió a presentar un Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), documento que en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), se conoce como la Forma DECA 019 y bajo la cual los titulares de los proyectos informan a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), dependencia técnica de la SERNA, el estado y avances de cumplimiento de las medidas suscritas en el Contrato pre citado, como producto de inspecciones practicadas en sus instalaciones, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) emitió el informe número 952/2009, donde plasmaban infundadamente que había cometido una serie de incumplimientos al contrato, por lo que presentó un escrito de alegaciones contra dicho informe, producto del cual la DECA procedió a emitir un nuevo Informe y Dictamen técnico número 346/2009, en el cual dicha dependencia técnica, alegó supuestos incumplimientos en referencia a las medidas 2 y 13 acápite 3 y 1 del Contrato suscrito, el último informe fue la base que sustentó la Resolución Número 1388-2010 de fecha 14 de Julio del 2010, en la que además de resolver declarando la existencia de supuestos incumplimientos en referencia a las medidas antes citadas, se resolvió arbitrariamente y sin seguir los procedimientos sancionatorios respectivos imponerle una multa de (L.101,000.00), bajo el errado criterio de ser una falta grave de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley General del Ambiente y 112 inciso b) del Reglamento de la Ley General del Ambiente, los cuales no determinan numerus clausus situaciones ambientales, sino que determinan la actuación general de un proponente de actuar al margen de una ley, reglamento o resolución ambiental, lo cual consecuentemente es una tipificación subjetiva y un criterio personal, más que la conclusión técnica y verificada de los supuestos incumplimientos, ante la infundada y desproporcional acción de dicha Secretaría General, presentó en tiempo y forma recurso de Reposición contra la Resolución No. 1388-2010, a fin de manifestar y hacer notar a dicha Secretaría la escasez de aplicación de los procedimientos administrativos establecidos en la Ley General del Ambiente, su reglamento y demás Leyes sectoriales, recurso que fue declarado Sin Lugar, mediante la Resolución 2086-2010 de fecha 21 de Octubre del año 2010, con la que se dio por Agotada la vía Administrativa conforme la Constitución de la República, Tratados Internacionales, Leyes generales, especiales y demás cuerpos legales aplicables, requerido por el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Conforme a la Resolución No. 1388-2010, se supone que infringió la medida 1 del Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización para la Continuación del Proyecto “Confecciones Monzini”, la cual literalmente establece que: "La empresa deberá contar dentro de su estructura organizativa una Unidad Ambiental o un profesional que sea enlace entre la compañía, las autoridades municipales y la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA). Dicha Unidad será la encargada de velar por el cumplimiento del presente Contrato y presentar los informes trimestrales al Departamento de Control y Seguimiento de la DECA", expresando que a través del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), en el Anexo, informó a las autoridades que el señor Marvin Martínez, laboraba como responsable del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa, sin embargo, en la Resolución No. 1388-2010, la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) no dio por aceptado el cumplimiento de esta medida, por el hecho que no existía una Unidad Ambiental responsable de las actividades, sin embargo la demandante explicó que a través de las alegaciones y el recurso correspondiente estableció que el señor Marvin Martínez, era el Jefe del Departamento de Higiene y Seguridad y era a través de él y las personas que conforman el Comité de Higiene y Seguridad, que realizaban el seguimiento al Contrato de Medidas de Normalización, y era el señor recién mencionado en particular el enlace autorizado frente a las Autoridades Ambientales Municipales y la DECA, y además eran los encargados de realizar el seguimiento de las medidas ambientales que exigían sus clientes, las cuales son empresas norteamericanas con altos estándares de calidad a seguir y sobre todo enmarcados dentro de las disposiciones jurídicas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), en ese sentido arguyó que se derivaban dos situaciones, primero que siempre ha cumplido con lo que establece la medida referida, puesto que la misma requiere una unidad ambiental o un profesional, y acreditó estar cumpliéndolo tal como lo explicó en el Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), así como también lo acreditó con el Informe Técnico IT-DAEA-32-09, que fue elaborado por Analistas Ambientales, dependientes de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el cual se establece en el capítulo IV de Análisis Técnico del cumplimiento de medidas, que no contaban con una Unidad Ambiental como tal, del cual se dedujo que la empresa no tenía una unidad ambiental, pero si establecía la existencia de una persona natural encargada de la ejecución directa de acciones para el cumplimiento del referido contrato, el cual era reconocido oficialmente por los técnicos municipales como la persona con quien debían estar en contacto para el seguimiento del cumplimiento de las medidas, por lo que al analizar el argumento establecido por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) sobre la ordenanza de existir propiamente una Unidad Ambiental dentro de la estructura organizativa, el mismo resulta infundado puesto que se encuentra fuera de las facultades legales atribuidas a tal Secretaría, pues no tiene facultades para obligar a los titulares del proyecto como ser una empresa privada, a crear una Unidad Ambiental dentro de la organización, ya que esto es una atribución propia de la organización dentro de la autonomía administrativa de cada empresa, y basta con establecer quien o quienes tienen la función legal de servir como enlaces con la administración pública en lo referente a la parte ambiental, para que el propósito de la medida de normalización se entienda cumplido, pero bajo ningún contexto es facultad legal de una entidad gubernamental imponer la contratación de personas o empleo de unidades organizativas, ya que esto podría mermar las proyecciones económicas, desarrollo gerencial y otros muchos aspectos que son propios de cada institución y que únicamente éstas pueden solventar, pues del personal o de la estructura se designan personas para que cumplan algunas obligaciones fuera de los fines de la sociedad, pero de obligatoriedad ineludible, como son las obligaciones ambientales, así como pueden ser las obligaciones tributarias, las obligaciones municipales y de cualquier índole, la medida en cuestión exige la existencia de una Unidad Ambiental o un profesional, derivándose que la empresa tendrá la discrecionalidad de crear la unidad ambiental o nombrar un profesional para el propósito de tal medida, señalando a su parecer que la DECA no ha comprendido la gramática de dicha medida, en la que aparece la conjunción disyuntiva "o", que indica que se puede hacer una cosa o la otra, si no se podía crear una unidad ambiental, podía nombrar un profesional, siendo lo segundo lo que eligió hacer, destacando además el hecho de que las condiciones o cláusulas pactadas en un contrato, de acuerdo a las reglas de interpretación manifiestas en las opiniones doctrinarias, deben interpretarse de acuerdo al Espíritu del Contrato y del contexto de todas sus cláusulas, en ese sentido, el espíritu de la medida número 1 del Contrato referido, era la existencia de una unidad cuyo nombre no debería importar a la Administración Pública, siempre y cuando cumpla con la obligación de velar por el cumplimiento de lo acordado en el contrato, por lo que si la unidad o el profesional cumplía con esas obligaciones, no era imprescindible que tuviera el nombre o la nomenclatura señalada por la Administración Pública. En relación al incumplimiento de la medida 2 que literalmente dice: “Los efluentes de aguas residuales deberán cumplir con los parámetros y sus límites permitidos por la Norma Técnica de Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario, publicado en diario Oficial de La Gaceta el 13 diciembre de 1997 para lo cual debe establecer un programa de monitoreo continuo a fin de garantizar que la descarga cumpla con dichas normas” indicó que el proceso realizado dentro de las instalaciones era un proceso seco, por lo que no existía agua residual industrial que pudiera ser descargada al alcantarillado de la ciudad, la única descarga realizada es la de agua residual doméstica, en esta medida realizó el monitoreo correspondiente e incorporó los análisis de agua doméstica en el anexo 3 del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), por lo que no comprende la procedencia del supuesto incumplimiento, puesto que acreditó que las descargas de aguas residuales domesticas cumplían la normativa ambiental correspondiente, y además no tenían aguas residuales industriales, asimismo expresó ser objeto de visita por parte de la Secretaría de Salud para la verificación de medidas cuya evaluación son facultades y responsabilidades propias de ella, facultades que se pueden visualizar claramente en las leyes sectoriales correspondientes como ser Código de Salud y su Reglamento, Norma Técnica de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario, Norma Técnica para la Calidad del Agua Potable, entre otros cuerpos jurídicos, haciendo notar que en el Informe de Inspección que acompañó para su revisión no se hizo referencia sobre sanciones, por lo que si la autoridad competente para verificar el cumplimiento de esta medida de normalización ambiental no determinó incumplimiento en su informe, se pregunta cuál fue el sustento técnico jurídico que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) utilizó para determinar el incumplimiento e imponer una sanción,en el supuesto que la Secretaría de Salud Pública, hubiese determinado un incumplimiento el Código de Salud regulado en el artículo 226 que en una de sus partes literalmente dice: “Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante acto administrativo motivado, la violación de las disposiciones de este Código será reprimida por la autoridad de salud que corresponda, con alguna o algunas de las siguientes sanciones, a) amonestación por escrito”, por lo que la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hubiese tenido que atender el procedimiento administrativo establecido en el Código de Salud, y solicitarle iniciar el proceso sancionatorio que legalmente le fue conferido a la Secretaría de Salud, en ese mismo sentido el supuesto incumplimiento de la medida 13 (acápite 3 de Seguridad Social) que literalmente dice, “EI Proyecto garantizará al cumplimiento de la Normativa del Código de Salud y del Código de Trabajo y reglamentos en lo que compete, mediante un certificado que se solicitará al representante de la Región Sanitaria y del Ministerio del Trabajo”, en lo que respecta a la sección del Código de Trabajo como hechos nuevos en el recurso de reposición, hizo acompañar la constancia emitida en fecha 19 de Julio del 2010, por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en la cual se acreditó el cumplimiento de todas las medidas correspondientes y de posible verificación por parte de esta Secretaría, sin embargo en la Resolución que resuelve el recurso de reposición no fue considerada en ninguna de sus partes tal documento, a las dos medidas concluyó lo siguiente, que conforme al artículo 27 de la Ley General del Ambiente, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), no es la única responsable de vigilar por el cumplimiento de la legislación y regulaciones ambientales, sino que la Ley General del Ambiente distribuye la competencia y atribuciones entre las distintas entidades de control como parte de dependencias centrales y descentralizadas, por lo que si una medida ambiental debe ser vigilada y controlada por una entidad distinta a dicha Secretaría de Estado, la cual por su composición administrativa tenga una legislación sectorial que regule su marco de actuaciones, y de comprobarse técnica y materialmente un incumplimiento que efectivamente haya causado daño al ambiente o a la salud, tal como lo determina el artículo 9 de la Ley General del Ambiente, debe ser sancionado a través o en uso de la legislación sectorial correspondiente, ya que de ser sancionada por la legislación ambiental general, el uso de esta última se entendería abusivo y falto de fundamento, puesto que estaría regulando actos administrativos que no son propios de su competencia, al igual que el funcionario público que la incorpore a sus resoluciones estaría actuando fuera de su competencia, por otra parte las medidas en mención son reguladas propiamente por leyes sectoriales a través de organismos del Poder Ejecutivo, éstas en el ámbito de sus atribuciones no establecieron ninguna sanción, pero la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en contravención a las leyes sectoriales conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley General del Ambiente y 8 del Reglamento de la Ley General del Ambiente en lo que refiere al establecimiento de un plazo prudencial para la corrección de los hallazgos, nunca otorgó el plazo establecido por ley, además el mencionado plazo no formaba parte de los procedimientos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), esta aduce que el plazo es brindado a través del derecho alegaciones contra los Informe Técnicos emitidos por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), sin embargo en ese proceso de alegaciones ocurrió que al momento de evaluar la información presentada y observarse que las empresas presentan documentación con fecha posterior, manifiestan que la información es extemporánea y por ende procedieron a tomar como incumplimiento definitivo y por ende a sancionarlo, dejando en completa indefensión a los titulares de los Proyectos, pues al exponer un compromiso de cumplimiento futuro no es aceptado por esta Secretaría y procede de inmediato a sancionarlo, considerando que radica la nulidad del acto en la violación de las disposiciones jurídicas antes citadas, ya que no están violentando únicamente el derecho a defensa, sino también el debido proceso, pues en lugar de darle cumplimiento a las disposiciones legales propias que regulan las medidas de normalización y respetar la esfera de atribuciones legales de otras entidades de control ambiental, desconocen el derecho de los proponentes a presentar dentro del plazo prudencial establecido en el artículo 108 de la Ley General del Ambiente. Sumado a lo anterior, expresó que la empresa opera bajo el Régimen de Zona Libres y su Reglamento respectivo, en este sentido y por las características propias de la operación puede hacer suyas las disposiciones establecidas dentro del Capítulo Ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), más aún citarla como norma jurídica que ha sido adecuada al ordenamiento jurídico interno del país, en este sentido se puede notar en el artículo 17.3 del citado Tratado sobre las reglas del procedimiento, que cada parte garantizará que los procedimientos judiciales, cuasi judiciales o administrativos, de acuerdo con su legislación, se encuentran disponibles para sancionar o reparar las infracciones a su legislación ambiental mediante procesos justos, equitativos y transparentes que cumplan con el debido proceso y estar abierto al público, en dichos procedimientos las partes tienen el derecho de apoyar o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la presentación de información o pruebas, debiendo cada parte establecer sanciones, reparaciones apropiadas y efectivas por las infracciones de su legislación ambiental, tomando en consideración cuando sea apropiado, la naturaleza y la gravedad de la infracción, pudiendo incluir sanciones y acciones civiles y penales tales como acuerdos de cumplimiento, penas, multas, medidas precautorias, suspensión de actividades y requerimientos para tomar medidas correctivas o pagar por el daño ocasionado al ambiente, haciendo notar que el mismo Tratado establece la necesidad de que los procedimientos utilizados deban cumplir con el debido proceso, aspecto también regulado en el artículo 321 de la Constitución de la República de Honduras, además en el expediente administrativo anexado a la demanda consta que ninguno de los dictámenes técnicos número 952/2009 y 346/2010, ni los Dictámenes emitidos por la Unidad de Servicios Legales conceden los plazos y oportunidades que establece el artículo 108 de la Ley General del Ambiente y 8 del Reglamento de la Ley General del Ambiente, tampoco hacen uso de las leyes sectoriales en las cuales propiamente se regula cada una de las medidas establecidas dentro del Contrato suscrito, siendo a su parecer sorpresivo el criterio de la Secretaría en mención al establecer que estaba actuando al margen o en contra de las resoluciones administrativas por los supuestos incumplimientos detectados, pudiendo apreciarse que desde el momento en el cual procedió a la presentación de Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA),y al informar los avances de cada medida eran actuaciones enmarcadas dentro de las obligaciones contraídas, expresando quedar aún más sorprendida con los criterios establecidos por los técnicos de la DECA, ya que en ningún momento establecieron la gravedad de los supuestos incumplimientos y el daño causado al ambiente, lo cual es el fin primordial de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), pues en el expediente administrativo no se determinó la peligrosidad, o se evaluó el daño causado, es por ello que recurrió la Resolución 1388-2010 por estar nula en todas sus partes, ya que no se observaron los procedimientos establecidos en la Ley General del Ambiente y el Reglamento de la misma ley. Asimismo argumentó que la Secretaría de Estado en cuestión antes de llegar a tales conclusiones sobre considerar como grave los supuestos incumplimientos, pues debió seguir el procedimiento sancionatorio establecido en la sección cuarta, del capítulo cuarto del reglamento de auditorías ambientales, contenido en el acuerdo ejecutivo número 887-2009, de fecha 20 de Junio del 2009, específicamente en los artículos 38 al 40 de dicho cuerpo de leyes, pues antes de emitir la resolución objeto de este juicio, no se le concedió como presunta infractora, el derecho o la mínima posibilidad de apersonarse en el expediente ni alegar cuanto estimare procedente en su descargo, mucho menos presentar alguna prueba pertinente antes de la emisión de la resolución objeto de ese juicio, dejándola en indefensión oportuna, violentando el Derecho de Defensa, y consecuentemente el Debido Proceso contenidos como Derechos Fundamentales en la Constitución de la Republica. Por todo lo anteriormente relacionado y en virtud que la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través de sus diferentes dependencias no otorgó los plazos prudenciales correspondientes para realizar las correcciones a los supuestos hallazgos encontrados, no valorar la documentación presentada a través del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), y no aplicar ninguna de las disposiciones sectoriales correspondientes tal como lo establecen los artículos 6 y 27 de la Ley General del Ambiente, procediendo arbitrariamente a imponer una sanción, en flagrante violación a lo estipulado en el artículo 89 del mismo cuerpo de leyes ambientales, el cual en forma genérica establece que la supuesta infracción debe ser notificada al inculpado, para que pueda hacer las alegaciones en su defensa, siempre bajo la ejida del procedimiento administrativo, y en flagrante violación a lo estatuido en los artículos 38, 39 y 40 del Reglamento de Auditorías Ambientales, por lo que la demandante considera que hace meritorio que de pleno derecho se declare procedente su acción interpuesta, anulando totalmente el acto administrativo reclamado, reconociendo la situación jurídica individualizada y como medida para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado se declare Absolutamente Nula la Resolución número 1388-2010, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en fecha 14 de Julio del 2010, procediendo a Anular la declaratoria de incumplimiento de medidas de normalización del contrato celebrado, anular la imposición de la multa con la que se le sancionó por supuestos incumplimientos, por ser contrario a las normas adjetivas de procedimiento administrativo y sancionatorio, y contrario a la realidad fáctica que ocurre en sus instalaciones, en ejecución y vigilancia del contrato referido.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando lo referente a la ubicación de las instalaciones y actividades de la demandante, la sujeción a los beneficios del Régimen de Zona Libre, la suscripción del Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización y otorgamiento, emisión del Certificado de Auditoría Ambiental, los cuales constan en el expediente administrativo, rechazó que la sociedad mercantil cumplió a cabalidad con la legislación ambiental, en cuanto al hecho segundo de la demanda dijo ser cierto que la entidad mercantil procedió a presentar en fecha 27 de Julio del año2009 el Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), aceptó lo manifestado en el hecho tercero en lo que se refiere que como producto de las inspecciones realizadas en las instalaciones físicas de la empresa, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) emitió el informe número 952/2009, estableciéndose de manera certera incumplimientos a las medidas establecidas en el Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización el cual había sido suscrito por las partes desde el 12 de febrero del 2003, asimismo aceptó lo expuesto respecto a la presentación del escrito de alegación contra el informe número 952/2009, con lo que se dice quedar demostrado que se garantizó el derecho de defensa y debido proceso, ya que la demandante mediante su apoderada legal realizó los descargos correspondientes, de los cuales al menos tres le fueron admitidos, debido a que algunas de las medidas no se desvirtuaron en cuanto a su incumplimiento, lo cual dio como resultado la imposición de la correspondiente sanción, lo cual está basado en el Informe y Dictamen Técnico número 346/2009 emitido por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), de igual modo aceptó que dicho Informe sirvió de base a la Resolución número 1388-2010 de fecha 14 de julio del 2010, cumpliendo la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, rechazó lo referente a que la multa se interpuso bajo el errado criterio de subsumir el incumplimiento de las medidas establecidas en el Contrato de Cumplimiento de Medidas Ambientales como una falta grave de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley General del Ambiente y 112 inciso b) del Reglamento de dicha Ley, ya que la sociedad demandante al incumplir medidas del Contrato de Medidas de Normalización incurrió en la falta grave tipificada en el Artículo 112 literal b), ya que mediante la Resolución número 140-2003 de fecha 12 de Febrero del año 2003, se encontraba obligada al fiel cumplimiento de todas las medidas establecidas en dicho contrato, tal como se establece en el numeral segundo de dicha resolución, en ese sentido relacionó los artículos 1346, 1573, párrafo primero del 1576 del Código Civil, al incumplir medidas del Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización, mismas establecidas en el Dictamen Técnico número 712-2002 de la DECA, estaba actuando en contra de resoluciones administrativas emitidas por las autoridades competentes, que en este caso era la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), concluyendo que si las medidas de mitigación fueron dictadas desde el año 2002, y de las cuales se firmó contrato de cumplimiento el 12 de febrero del 2003, y no fue hasta el año 2008 que la sociedad mercantil presentó un primer informe de cumplimiento de medidas ambientales ICMA, estando obligada a presentar en forma trimestral a partir del 2003 al 2007, por otro lado aceptó ser cierto que se presentó en tiempo y forma el recurso de reposición contra la resolución número 1388-2010, el cual fue resuelto mediante resolución número 2086-2010 de fecha 21 de Octubre del año 2010, dándose con ello por agotada la vía administrativa, aceptó lo manifestado en el hecho quinto de la demanda respecto a que la parte actora infringió la medida número 1 del Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización, tal como consta en el Informe Técnico No. 952/2009 emitido por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), en el que respecto a la medida numero 1 establece como observación “se adjunta al ICMA una constancia de Recursos Humanos acreditando al encargado de higiene y seguridad de empresa, misma que no es suficiente medio de verificación de la UNIDAD AMBIENTAL con la que la empresa debe de contar como establece la medida” rechazándose lo manifestado respecto a que el incumplimiento únicamente se refería a la inexistencia de la Unidad Ambiental o profesional que exigía la medida número 1 del Contrato de Medidas de Normalización, sino que también se refería a la falta de presentación de los informes trimestrales de cumplimientos de medidas ambientales, los cuales era obligatoria su presentación a partir de la suscripción del respectivo Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización para la Continuación del Proyecto Confecciones Monzini, suscrito en fecha 12 de Febrero del 2003 entre la Ingeniera Patricia Panting Galo, en representación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Ingeniero Julio Alfonso Mejía Ortega, en su condición Gerente Administrativo de la demandante, por lo tanto el primer Informe Trimestral debió haber sido presentado en fecha 12 de Mayo del 2003, lo cual no ocurrió tal como puede constatarse en el expediente administrativo, procediendo la sociedad actora a presentar el primer Informe Trimestral de Cumplimiento De Medidas Ambiental (ICMA) en fecha 27 de Julio del 2009, probándose inequívocamente el incumplimiento a la medida número 1 del Contrato mencionado que exigía que el informe de cumplimiento de medidas debía ser presentado por la Unidad ambiental o profesional de la empresa que sirve de enlace con las autoridades competentes, incumpliéndolo en virtud que el informe fue presentado por el Ingeniero Reynaldo David Pineda Midence y no por el Señor Marvin Martínez, mismo que fue señalado como el enlace entre la empresa y las autoridades competentes en materia ambiental, de igual forma rechazó el hecho quinto de la demanda en lo referente a que la ordenanza de existir propiamente una Unidad Ambiental dentro de la estructura organizativa, resulta completamente infundada, puesto que se encuentra fuera de las facultades legales atribuidas a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en virtud que la recién mencionada no impone tal ordenanza, sino que la obligación de constituir una unidad o profesional que sirva de enlace, y la obligación de presentar informes de cumplimientos de medidas ambientales de manera trimestral, es consecuencia de un Acuerdo de voluntades que resulta en una obligación contractual al suscribir el Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización para la Continuación del Proyecto Confecciones Monzini. En cuanto a lo manifestado en el hecho sexto referente al incumplimiento de la medida 2 del Contrato de Medidas de Normalización que literalmente dice: “Los afluentes de aguas residuales deberán cumplir con los parámetros y sus límites permitidos por la Norma Técnica de Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de diciembre de 1997 para lo cual debe establecer un programa de monitoreo continuo a fin de garantizar que la descarga cumpla con dichas normas”, la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) considero incumplida dicha medida debido a que la sociedad mercantil en su informe no incluyó todos los parámetros físico-químicos del agua, además los reportes no eran originales tal como consta en el Informe Técnico número 952/2009 de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA),asimismo al hacer uso del derecho de defensa y presentar alegaciones en relación a los incumplimientos señalados por la DECA en el informe y dictamen técnico presentado en fecha 19 de Octubre del 2009 dio por aceptado dicho incumplimiento al establecer: “SEGUNDO: En lo referente a la medida 2 del Contrato de Medidas de Mitigación SE ACEPTA, sin embargo por su parte la Unidad Ambiental organizada por la empresa está realizando e investigando técnicas que permitan disminuir la carga contaminante en las resultados presentados ante esta Honorable Institución”, por lo tanto la sociedad actora aceptó tal incumplimiento al no presentar alegaciones sobre el mismo, no haciendo uso de su derecho de defensa en tiempo y forma, el artículo número 2 del Acuerdo número 058 emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, contentivo de las Normas Técnicas de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario, en relación a la competencia establece: “Su aplicación será competencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Ambiente y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia”, por lo que se deduce que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), antes Secretaría de Estado en el Despacho de Ambiente, modificado su nombre mediante Decreto número 218-96 tiene competencia para aplicar lo establecido en dichas Normas Técnicas y para verificar el incumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en las mismas, contrario a lo que establece la parte actora en el hecho sexto de la demanda, sobre el hecho séptimo de la demanda respecto al incumplimiento de la medida 13 del Contrato de Medidas de Normalización que literalmente dice: “El Proyecto garantizará el cumplimiento de la Normativa del Código de Salud y del Código de Trabajo y reglamento en lo que compete, mediante certificado que se solicitará al representante de la Región Sanitaria y del Ministerio del Trabajo”, la demandante al presentar sus respectivas alegaciones dio por aceptado dicho incumplimiento al establecer “CUARTO: En lo referente a la medida 13 Contrato de Medidas de Mitigación SE ACEPTA, sin embargo debido a los Informes obtenidos tanto en la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social como en la Secretaría de Salud, la empresa ha implementado un programa de seguimiento a fin de subsanar las inconformidades encontradas por esta Instituciones”. Sobre lo referente a los hechos octavo y noveno rechazó lo expuesto en virtud que puede constatarse en el expediente administrativo que contiene el acto impugnado que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), mediante providencia de fecha 18 de Septiembre del 2009,ordenó que se pusieran a la vista de la Abogada Delcy Yarleni Betancourth Arias, como apoderada de la demandante las diligencias de mérito a fin que se enterara del Informe y Dictamen Técnico números 952/2009, emitido por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental(DECA), para que procediera a alegar en su defensa cuanto estimare pertinente sobre el incumplimiento de las medidas de mitigación números 1, 2, 8, 13, 14 inciso a) y cláusula IV, notificándose personalmente de la providencia antes aludida en fecha 9 de Octubre del 2009 y procediendo a hacer uso del derecho de defensa mediante el escrito de alegaciones presentado en fecha 19 de Octubre del 2009, por lo tanto quedó acreditado que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) no vulneró el derecho de defensa pues se hizo uso del mismo, aceptando dos incumplimientos de medidas; en cuanto al artículo 108 de la Ley General del Ambiente que citó la parte actora que se refiere al plazo que se les concede a los proyectos que iniciaron actividades antes de la vigencia de la Ley General del Ambiente, para que procedan a corregir su situación o para trasladarse a otra zona en caso que contaminen el ambiente, pero dicho plazo se concedió antes de resolverse la correspondiente solicitud de auditoría ambiental, ya que en caso que se compruebe que dichos proyectos contaminan el ambiente no sería procedente extenderse el Certificado Ambiental, en este caso la sociedad demandante no realizaba contaminantes, por lo que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) procedió a extender el Certificado de Auditoría Ambiental, debiendo cumplir con las medidas de normalización y con el deber de presentar los informes de cumplimiento de medidas ambientales, el procedimiento que debe seguirse en el caso de infracciones por incumplimiento de medidas de normalización es el establecido en el artículo 39 del Reglamento de Auditoría Ambientales que establece que: “cuando se reunieren suficientes elementos y hubiere méritos para imponer sanciones en concepto de multa y/o suspensión y cancelación, se citará al presunto infractor para que se apersone al procedimiento y alegue cuanto estime pertinente y, si lo pidiere, se abrirá el procedimiento a prueba” en el expediente administrativo que contiene el acto impugnado consta que se puso a la vista de la apoderada de la sociedad actora el Informe y Dictamen Técnico números 952/2009, para que en el plazo de diez (10) días hábiles procediera a alegar cuanto estimare pertinente sobre los incumplimientos señalados, procediendo la misma a presentar en tiempo y forma sus respectivos alegatos, por lo que en todo momento se garantizó el derecho a la defensa de la parte demandante.- 3.- Que en fecha 9 de agosto del 2011, la parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, interpuso escrito de defensas previas alegando que basándose la primer causa de inadmisibilidad que la presentación de la demanda se interpuso fuera de los plazos establecidos en la Ley, la Abogada Delcy Yarleni Betancourt Arias, en su condición de Apoderada de la demandante, fue notificada por medio de cedula de notificación que se fijó en la Tabla de Avisos de la Secretaría General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en fecha 7 de Marzo del año 2011 del acto impugnado, por tanto según la norma contencioso administrativa la demandante estaba en el derecho de acudir al Tribunal a impugnar lo resuelto por la autoridad administrativa hasta el 28 de Marzo del 2011 y no hasta la fecha que efectivamente compareció a presentar la demanda, es decir el 15 de abril del 2011, por lo que es evidente que la demanda puesta a consideración del Juzgado se ha presentado fuera de los plazos establecidos por la Ley, por lo tanto es procedente la causa de inadmisibilidad consignada en los artículos 48 y 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al artículo 80 de la citada Ley, que podrán determinar la inadmisibilidad de la acción, al tenor del articulo 31 incisos d) y e), 103, 105, de lo expuesto anteriormente y de las disposiciones legales antes transcritas es congruente que existe una evidente causa de inadmisibilidad de la demanda ya que fue presentada fuera de los plazos respectivos por lo que es procedente que se declare con lugar la defensa previa y consecuentemente la inadmisibilidad de la demanda. Como segunda causa de inadmisibilidad expuso que no se admitirá la acción Contencioso Administrativa respecto de actos firmes, en el presente caso el acto dictado por la Administración, es decir la Resolución No. 1388-2010 en la cual se impone la sanción pecuniaria consistente en una multa en contra de la parte actora de la presente demanda al no haber ejercido su derecho en tiempo y forma ante esta Jurisdicción dejo firme y consentido el acto que ahora pretende anular, habiendo prescrito su derecho para hacerlo de conformidad con el articulo 31 literal a) que establece que no se admitirá la acción contencioso administrativa respecto de los actos que no hubiesen sido recurridos en tiempo y forma, por lo que es procedente que también se declare con lugar la inadmisibilidad de la acción. En atención a lo manifestado relacionó el artículo 17 del Código Civil, por ser evidente que la empresa demandante al no interponer la acción contenciosa administrativa en tiempo, dejó firme el acto impugnado, consistente en la resolución número 1388-2011, formulada por la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), adquiriendo eficacia la misma, en los términos en que fue dictada, el escrito de la demanda adolecía de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por haberse presentado la misma sin acompañar el recibo de pago de la multa impuesta violando con este acto lo establecido en el artículo 104 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a este respecto señaló que existe una tercera causa de inadmisibilidad, la cual debió ser apreciada de oficio por el Juzgado ya que la Resolución que se pretende anular le impone una multa que debió haber sido cancelada oportunamente antes de entablar la presente demanda, y este hecho constituye un defecto formal que impide verter su pronunciamiento, por cuanto no se reúnen los requisitos esenciales para que la demanda sea admitida lo que vulnera flagrantemente el debido proceso. Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán en fecha 08 de septiembre de 2011, resolvió DESESTIMANDO la defensa previa establecida en el artículo 80 letra e) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, CON LUGAR la defensa previa consistente en que la demanda se interpuso fuera de los plazos respectivos, además que se trata de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, por tratarse de un acto firme, establecido en el artículo 30 letra d) y c), en relación con el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en consecuencia declaró la INADMISIBILIDAD de la demanda promovida por la Abogada Delcy Yarleni Betancourt Arias, contra el Estado de Honduras, por existir causales de inadmisibilidad.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 19 de agosto del 2016, dictó resolución definitiva que literalmente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción promovida por la Abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS actuando en representación de la SOCIEDAD CONFECCIONES MONZINI SOCIEDAD ANONIMA contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en las resoluciones administrativas número 2078-2010 de fecha 21 de octubre del 2010 mediante la cual declaro SIN LUGAR el recurso de reposición dejando firme la resolución 1388-2010 de fecha catorce de julio del 2010 resoluciones emitidas por la Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente. SEGUNDO: Como reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se ordena la nulidad de ambas resoluciones por haber sido emitidas con infracción al ordenamiento jurídico…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandante presentó alegaciones sobre el informe 952-2009, mismo que contenía el incumplimiento de medidas y que dio origen al acto impugnado, en el cual aceptó el incumplimiento de la medida número 2 y 13, no obstante la administración pública, es decir la demandada no acreditó la gravedad del hecho, limitándose a dar sugerencias pero no maximizando el daño por dicho incumplimiento, a pesar de que en el proceso administrativo existieron informes, constancias, emitidas por las diferentes entidades, en las que si constó la contradicción entre ambas partes, de tal forma que hay prueba que probaron que para el incumplimiento de la medida numero 2 la Secretaría de Salud no impuso ninguna sanción, lo que de acuerdo al Código de Salud debe de existir una proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción a imponer, solo se limitándose a realizar observaciones, de igual manera la medida 13 está relacionada con la Secretaría del Trabajo la cual tampoco sancionó solo recomendó y tampoco acreditaron en sus informes el daño ambiental que supuestamente ocasionaría el no cumplimiento de las medidas 2 y 13, siendo que uno de los principios de la Ley General del Ambiente es la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales siendo estos de interés social, ya que si hubieren considerado una contaminación ambiental el artículo 108 de la Ley General del Ambiente concede un plazo para corregir su situación o trasladarse a otra zona, de igual manera el reglamento de dicha Ley en el artículo 8 también establece la concesión de un plazo para luego imponer las sanciones que de acuerdo a la gravedad corresponda, por lo que la multa impuesta es una violación al principio de legalidad, dicha resolución establecía que la demandante había incurrido en una falta grave y aparejado a ella una multa basándose en el artículo 97 de la Ley General del Ambiente el cual no establece ningún tipo de proporcionalidad, ni la resolución impugnada establece el daño o impacto ambiental que ha ocasionado y merezca con ello una multa, todo ello en virtud de que si de tal incumplimiento no derivaba un daño ambiental comprobado ante este tribunal, la misma Ley en el artículo 87 da otro tipo de sanciones además de la multa, por lo que consideró que el acto impugnado no fue emitido conforme a derecho y declaró procedente la demanda, ordenando la nulidad de las resoluciones administrativas 2078-2010 y 1388-2010 por infringir el ordenamiento jurídico.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de octubre del 2019, dictó sentencia que literalmente dice: “FALLA: PRIMERO Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ en su condición de apoderada legal sustituta del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA), ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha diecinueve (19) de agosto del dos mil dieciséis (2016) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en la pieza con orden de ingreso Número 0801-2011-00210, en la Demanda en materia Ordinaria Promovida por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS en su condición de apoderada legal de la sociedad CONFECCIONES MONZINI SOCIEDAD ANONIMA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), AHORA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS.- TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la acción interpuesta por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS en su condición de apoderada legal de la sociedad CONFECCIONES MONZINI SOCIEDAD ANONIMA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), AHORA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS por estar ajustado a derecho el acto Administrativo, consistente en las resoluciones administrativas número 2078-2010 de fecha 21 de octubre del 2010 mediante la cual declaro SIN LUGAR el recurso de reposición dejando firme la resolución 1388-2010 de fecha catorce de julio del 2010 resoluciones emitidas por la Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente… SIN COSTAS”.Bajo el criterio que la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) cumplió con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo relativo a que los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, ya que la demandante incumplió las medidas del Contrato de Medidas de Normalización, pues se encontraba obligada al fiel cumplimiento de todas las medidas establecidas en dicho contrato. El Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente, en los artículos 103, 108 y 112 literal b), en relación al 97 de la misma Ley, prueban que se infringió el incumplimiento de las medidas de mitigación que la empresa debía contar dentro de su estructura organizativa como una unidad ambiental o un profesional que fuera el enlace con las entidades administrativas, encargado de velar por el incumplimiento del contrato y de presentar los informes de forma trimestral al Departamento de Control de y Seguimiento de (DECA), pero lo presentó 6 años después, también se presentó una constancia de una persona encargada emitida por la Alcaldía Municipal el señor Marvin Martínez, y se da por aceptada en la Dirección de Evaluación y control ambiental (DECA), se observó que el informe fue presentado por el señor Reynaldo David Pineda Midence, deduciéndose que el informe fue presentado por una persona diferente a la encargada incumpliendo con la medida 1 del contrato, el segundo incumplimiento derivó que en el hecho segundo aceptó en lo referente a la medida 2 del contrato de Medidas de Mitigación “SE ACEPTA, sin embargo por su parte la unidad ambiental organizada por la empresa está organizando e investigando las técnicas que permitan disminuir la carga contaminante”, incumpliendo y aceptando tal hecho la norma de descarga de aguas residuales, el incumplimiento de la medida normalizadora concerniente que el proyecto garantizara el cumplimiento de la normativa del Código de Salud, Trabajo, además se presentó hasta el 02 de marzo del año 2009 constancia de la Secretaría de Salud donde decía que se cumplía con lo establecido en el Código de Salud, establecidas por la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), excepto lo que contempla el monitoreo de la calidad de aguas residuales, y hace recomendaciones, en cuanto a lo relacionado con la Secretaría del Trabajo no se sancionó, por lo que analizados en su conjunto los elementos de prueba llevados a juicio se observó que la sanción impuesta por incumplimiento del contrato de mitigación firmado y aceptado por las partes fue realizada de acuerdo a Ley.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS, en fecha 20 de enero del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 131-2017 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.210-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativocon sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 29 de enero del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, presentó en fecha 16 de marzo del 2020, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 6 de octubre del 2020 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 1 de febrero del 2021 los Abogados DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS y GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de marzo del dos mil veintiuno, teniendo por personados a los Abogados DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS, como recurrente, y GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “III.- CAUSAL DE FONDO: FUNDAMENTACION DEL RECURSO POR INFRACCION DE NORMAS APLICABLES A LA RESOLUCION DE FONDO MOTIVO ÚNICO VIOLACION, POR FALTA DE APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 87 PREÁMBULO E INCISO B) DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE, NORMA LEGAL QUE DEBIÓ EMPLEARSE PARA RESOLVER UNA DE LAS CUESTIONES OBJETO DE DEBATE, CONCERNIENTE ASI SE DIO UNA ACCION U OMISION DE LA NORMATIVA AMBIENTAL QUE CONSTITUYA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, QUE DE LUGAR A LA APLICACIÓN DE UNA MULTA COMO SANCIÓN POR SER ÉSTA DONDE SE CONCEDE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL LA FACULTAD SANCIONADORA. DESARROLLO DEL MOTIVO: A).- INALTERABILIDAD DE LOS HECHOS PROBADOS: La circunstancia de que la sentencia proferida por la Iudex A 'Quo, no estructuró formalmente hechos probados, lo que la hace adolecer de motivación fáctica, limitándose a dar las razones y fundamentos del derecho, al expresar las normas jurídicas aplicables al caso, algunas equivocadas, como en el caso de las de derecho material, que en este caso deberían corresponder a la Ley General del Ambiente, mismas que enuncio erróneamente en la parte dispositiva del fallo como contenidas en el Reglamento de la Ley General del Ambiente, pero que a efecto de mantener la intangibilidad de los hechos probados que requiere la técnica de la casación, manifiesto aceptar cualquier segmento que se considere motivación fáctica de la sentencia y partiendo de su realidad estructuro y planteo el argumento impugnatorio que adelante se desarrollará. B).- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Por falta de aplicación de la Ley se entiende, cuando se deja de aplicar lo que la Ley dispone ante un supuesto de hecho que prevé. La sentencia contra la cual se recurre, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional, el 30 de octubre del 2019, confirmatoria de la dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, infringe por falta de aplicación el articulo 87 preámbulo e inciso b) de la Ley General del Ambiente, por los siguientes conceptos: Ante el supuesto de hecho, que dio lugar a la imposición de una multa a mi mandante CONFECCIONES MONZINI SOCIEDAD ANÓNIMA, por la cantidad de CIENTO UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 101,000.00) en la RESOLUCIÓN 1388-2010 del 14 de julio del 2010, emitida por la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente, según lo dispuesto en el ordinal segundo de su parte resolutiva, que cito en lo conducente: "en virtud de haber incumplido las medidas 1, 2 y 13 del Contrato de Medidas de Normalización suscrito por el Titular del proyecto y la SERNA en fecha doce de febrero del año dos mil tres, incurriendo en falta grave de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley General del Ambiente; 112 inciso b) del Reglamento de la Ley General del Ambiente" el Tribunal A-Quo, preceptivamente debió haber verificado que el ente administrativo y la sustento, además de los antecedentes de hecho, en la norma de derecho material que le concede la facultad sancionadora a la autoridad ambiental y si se dieron los presupuestos que se requieren para su aplicabilidad y más aún, sustentar su propia resolución en dicha norma, porque de lo contrario estaría confirmando una sanción y fundando su fallo, en otras normas reguladoras de la sanción en sí, sin la obligada invocación y fundamento en la que legitima la imposición de la misma, que requiere ser analizada, para determinar si se cumplen los requisitos de procedibilidad, es decir, si procede la imposición en este caso, de la sanción de multa. El artículo 87 preámbulo e inciso b) de la Ley General del Ambiente, preceptúa: “Articulo 87. Cualquier acción u omisión de la normativa ambiental que constituyó delito o infracción administrativa, dará lugar a la aplicación de las sanciones siguientes: a) ...; b) Multa, cuya cuantía será la establecida en esta Ley y sus reglamentos; c) ... "y sigue. Pero si se analiza el supuesto de hecho, la sanción impuesta se dio, en abierta inobservancia de lo prescrito por esta norma administrativa, pues sin haberse cumplido los presupuestos legitimadores para aplicación de la sanción de multa, simplemente se impuso, cuando lo que se requiere para que la autoridad ambiental ejerza su facultad sancionadora es que el administrado haya incurrido en una acción u omisión de la normativa ambiental que constituya infracción administrativa, refiriéndose con ello a cualquiera de las consignadas en el artículo 96 del mismo cuerpo de leyes, entre las que se encuentran las determinadas en el inciso b) que tipifica como infracciones administrativas las acciones u omisiones violatorias de las disposiciones o resoluciones dictadas por las autoridades competentes, y sólo en el supuesto de que se de esta violación es que puede sancionarse al infractor; pero si se confrontan los eventos que se calificaron como supuestos incumplimientos de las medidas 1, 2 y 13 del Contrato de Medidas de Normalización suscrito entre CONFECCIONES MONZINI SOCIEDAD ANÓNIMA y la SERNA en fecha 12 de febrero del año 2003, se hace evidente que nunca se dio ningún acción u omisión violatoria al referido contrato. La medida 1) Del Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización para la Continuación del Proyecto "Confecciones Monzini", establece que: "La empresa deberá contar dentro de su estructura organizativa una Unidad Ambiental o un profesional que sea enlace entre la compañía, las autoridades municipales y la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA). Dicha Unidad será la encargada de velar por el cumplimiento del presente Contrato y presentar los informes trimestrales al Departamento de Control y Seguimiento de la DECA", por lo que mi representada a través del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), informó en la redacción y Anexo 2 de dicho Informe, que el senior Marvin Martínez, con número de identidad 0801-1977-13247 y quien labora para mi representada como responsable del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial de la misma, era el profesional que serviría de enlace entre la compañía, las autoridades municipales y la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), con lo que se dio cumplimiento a la medida, en cuanto a que, alternativamente o se contaba en la estructura organizativa con una Unidad Ambiental o un profesional que sea enlace, optando mi mandante por esta última de las posibilidades que dictaba la medida, por lo que obviamente no se da ninguna acción u omisión violatoria a la resolución que deba ser sancionada. La medida 2) Del Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización para la Continuación del Proyecto "Confecciones Monzini", dispone: "Los efluentes de aguas residuales deberán cumplir con los parámetros y sus límites permitidos por la Norma Técnica de Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario, publicado en diario Oficial de La Gaceta el 13 diciembre de 1997 para lo cual debe establecer un programa de monitoreo continuo a fin de garantizar que la descarga cumpla con dichas normas. " Y aconteciendo que el proceso realizado dentro de las instalaciones de mi representada, es un proceso seco tal y como tal no existe agua residual industrial que pudiera ser descargada al alcantarillado de la ciudad, la única descarga realizada es la de agua residual doméstica, es decir agua que proviene de servicios sanitarios, cocina, lavados etc., es el mismo tipo de agua que proviene de una urbanización o un área residencial, en esta medida mi representada realizo el monitoreo correspondiente e incorporo los análisis de agua doméstica en el anexo tres (3) del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) con lo que se acreditó que las descargas de aguas residuales domesticas de mi representada cumplen la normativa ambiental correspondiente, y que no tiene aguas residuales industriales que analizar puesto que sus procesos son procesos secos que no implican uso de agua ni se vierte químicos de ningún tipo al sistema de alcantarillado, sin que tampoco conste que se haya sancionado a mi mandante por Descarga de Aguas Residuales, por lo que dio cumplimiento a la indicada medida, por lo que no se puede establecer ninguna acción u omisión violatoria a la resolución que deba ser sancionada. La medida 13) (acápite 3 de Seguridad Social) Del Contrato de Cumplimiento de Medidas de Normalización para la Continuación del Proyecto "Confecciones Monzini", establece que: "El Proyecto garantizará al cumplimiento de la Normativa del Código de Salud y del Código de Trabajo y reglamentos en lo que compete, mediante un certificado que se solicitará al representante de la Región Sanitaria y del Ministerio del Trabajo", Aquí lo fundamental es garantizar el cumplimiento de la Normativa del Código de Salud y del Código de Trabajo y reglamentos en lo que compete, lo del certificado es una cuestión accesoria, es mera acreditación, por lo que aquí la violación a la disposición de la autoridad ambiental lo constituiría cualquier acción y omisión que configure incumplimiento de la Normativa del Código de Salud y del Código de Trabajo y reglamentos en lo que compete, que no resulta acreditado o siquiera argumentado por la autoridad ambiental para fundar su decisión, por lo que no se puede establecer ninguna acción u omisión violatoria a la resolución que deba ser sancionada. En general se puede afirmar que no existiendo ninguna acción u omisión violatoria a la resolución que deba ser sancionada, de haberse aplicado el artículo 87 de la Ley General del Ambiente, como era lo procedente, si es que la autoridad ambiental estaba en la disposición de imponer una sanción administrativa, no se habría generado la sanción de multa, porque para ejercer esa facultad es conditio sine qua non, que se de cualquier acción u omisión de la normativa ambiental que constituya infracción administrativa, y como aquí hemos especificado, no se dio ninguna, por lo que resulta una clara falta de aplicación de la norma invocada como infringida, pues de haberse sustentado la resolución que se pidió anular, y la sentencia impugnada en el referido precepto normativo, no pudo haberse ejercido la facultad sancionadora, ni legitimado y tenido por bien hecho, por parte de la A'Quo, sin la invocación del articulo 87 preámbulo e inciso b) de la Ley General del Ambiente. C). - FUNDAMENTACIÓN DE LO PEDIDO: Este motivo está contenido en el artículo 719.2 en relación con el 717, ambos del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la falta de aplicación, de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. D). - DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO. El perjuicio causado, consiste en que, por la falta de aplicación de la norma de derecho material que se denuncia violada, la A-Quo ha validado la imposición de sanciones por parte de una autoridad ambiental a un administrado, sin que se den los presupuestos para ejercer dicha facultad sancionadora, ni se sustente en dicha norma tal pretensión, ni en ninguna otra de derecho material, como es lo procedente, y que de haberse fundado la autoridad ambiental y el Tribunal A-Quo en la referida norma, no podrían haberse dictado, ni validado las sanciones impuestas, por no darse ningún evento típico para tal proceder. E). - IDENTIFICACIÓN DEL VICIO QUE LO CAUSA. El vicio que causa la infracción es la falta de aplicación del artículo 87 preámbulo e inciso b) de la Ley General del Ambiente, que, de haberse aplicado, no hubiese reconocido en el fallo censurado validez jurídica alguna a una sanción adoptada sin sustento en la norma material que le da la facultad sancionadora a la autoridad que la impone, ni darse los presupuestos legitimadores para ejercerla. F).- PRONUNCIAMIENTOS QUE SE IMPUGNAN: Los pronunciamientos que se impugnan son los ordinales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenidos en la sentencia de fecha 30 de octubre del 2019, proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante la cual declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ en su condición o de apoderada sustituta del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), ahora Secretaría de Estado de los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE); revoca la sentencia de fecha 19 de agosto del 2016, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, en la Demanda Ordinaria promovida por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS en su condición de apoderada legal de la sociedad de la sociedad CONFECCIONES MONZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), AHORA SECRETARÍA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (Ml AMBIENTE); declara IMPROCEDENTE la acción interpuesta por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS en su condición de apoderada legal de la sociedad CONFECCIONES MONZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), AHORA SECRETARÍA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) en la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD E ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCION NUMERO 1388-2010 de fecha catorce de julio del año dos mil diez (2010), emitida por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA),mediante la cual se impone una sanción a mi mandante por supuesto incumplimiento de un contrato de medidas de normalización, suscrito entre dicha Secretaría de Estado y mi mandante en fecha doce de febrero del año dos mil tres, TODO ELLO CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS Y GASTOS JUDICIALES, que interpuse en mi condición de apoderada legal de la sociedad CONFECCIONES MONZINI SOCIEDAD ANÓNIMA, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE), que son, de su parte resolutiva y transcribo en lo conducente: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ en su condición de apoderada legal sustituta del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA), ahora Secretaría de Estado de los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE).- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de fecha diecinueve (19) de agosto del dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza con orden de ingreso Número 0801-2011-00210, en la Demanda en materia Ordinaria Promovida por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS en su condición de apoderada legal de la sociedad CONFECCIONES MONZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), AHORA SECRETARÍA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE (MI AMBIENTE)TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la acción interpuesta por la abogada DELCY YARLENI BETANCOURT ARIAS en su condición de apoderada legal de la sociedad CONFECCIONES MONZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA contra El ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA),AHORA SECRETARÍA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE), por estar ajustado a derecho el acto administrativo, consistente en las resoluciones administrativas número 2078-2010 de fecha 21 de octubre del 2010, mediante la cual declara SIN LUGAR el recurso de reposición dejando firme la resolución 1388-2010 de fecha 14 de julio del 2010, resoluciones emitidas por la Secretaría de Estado en Los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente"G).- PRONUNCIAMIENTO QUE SE PRETENDE: Atendido lo expuesto, casada que sea la sentencia recurrida, para reparar la infracción adjetiva cometida se solicita al Tribunal Ad Quem, que en sede de instancia y en observancia de lo dispuesto por el artículo 727 preámbulo 4 del Código Procesal Civil, dicte nueva sentencia con arreglo a derecho, con pronunciamientos que se pretenden y especifican así: “Declarando procedente la acción, declarando ilegal el acto y por tanto la nulidad del acto administrativo particular emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, consistente en la Resolución Número 1388-2010 de fecha catorce de Julio del aro dos mil diez (2010), mediante la cual se establece arbitrariamente que mi mandante no ha cumplido tres medidas del contrato celebrado con la demandada, y consecuentemente resuelve Imponer a mi mandante, también arbitrariamente, una sanción por la cantidad de CIENTO UN MIL LEMPIRAS (L.101,000.00) y como medida para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la resolución objeto de este juicio, que se declare la Nulidad Absoluta de la declaración de incumplimiento de medidas contractuales, y consecuentemente, que se anule la imposición de la sanción pecuniaria impuesta arbitrariamente contra mi mandante, por infracciones que no fueron sometidas a un verdadero contradictorio ni haberse sometido a algún proceso de infracción donde se le notificara a mi mandante la comisión de alguna infracción y se le concediera el derecho de manifestarse, defenderse e interponer recursos, en aplicación del Debido Proceso administrativo, más la respectiva condena a las costas del juicio a la parte demandada.”.- II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA 56-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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