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Sentencia CA-555-19 — Registro 12862

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se omite el concepto de infracción a la norma es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) entre otros se indica como infringido el artículo 207 del Código Procesal Civil, disposición que contiene numerales con distintas situaciones jurídicas que es necesario precisar, por la independencia de los cargos; c); entre otros se indica como infringido el artículo “…200 .1 y 2 letra c) del Código Procesal Civil…”, disposición que no concuerda con el precepto autorizante, ya que este invoca una causal casación por normas empleadas para la solución del fondo del litigio y la señalada regula requisitos formales de las sentencias, al igual que el artículo 207 del mismo cuerpo legal, referido en el literal b), de este numeral; c) en la explicación se alude a los artículo 245 numeral 5) de la Constitución de la Republica, 48 y 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, que no han sido señalados como infringidos o relacionados en la formulación; y, d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.."

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado RICHARD ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ; y, Recurrido: la señora SANDRA ISABEL SAGASTUME VALLADARES, representada en juicio por los Abogados JOSUE PASTOR MENDOZA OSORIO y BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, declarar la nulidad e ilegalidad del acto, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la señora SANDRA ISABEL SAGASTUME VALLADARES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue nombrada mediante acuerdo No.788 del 13 de abril del 2007, en el cargo de oficinista II, devengando un salario mensual de L.10, 089.00, que fue cancelada por cesantía mediante cuerdo 172-SRH-2014 del 23 de junio del 2014, habiendo sido notificada el 30 de junio del 2014, sin haber seguido el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil o su Reglamento, y, que conforme a lo antes citado procede que se declare procedente la acción incoada. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el acuerdo de cancelación 172-SRH-2014 de fecha 30 de junio del 2014 no constituye un acto ilegal de separación, por el contrario, la ley faculta a la autoridad nominadora para que pueda cancelar el nombramiento de uno o más servidores, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil tal como: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, y b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, y que la autoridad nominadora efectuando el procedimiento de cancelación de conformidad a lo establecido en el numeral a) de la referida norma, respetando el procedimiento que conlleva dicha acción hasta la cancelación del nombramiento por cesantía, por lo que dicho acto administrativo es conforme a derecho. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 31 de octubre del 2016, dictó sentencia declarando PROCEDENTE la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.172-SRH-2014 de fecha 23 de junio de 2014, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mediante el cual se cancela del cargo de Oficinista II, en consecuencia, se anula totalmente. Reconoció la situación Jurídica individualizada y para pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro de la demandante al cargo de Oficinista II, de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Condenó al Estado de Honduras, al pago a favor de la demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de su acuerdo de cancelación 01 de Julio de 2014, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder, como ser decimotercer, decimocuarto mes de salario, vacaciones, bonificaciones y demás derechos otorgados en su ausencia, decretó en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante, sin costas; bajo el criterio que la Ley de Servicio Civil, establece en su artículo 53, relacionado con el 187 de su Reglamento, que procederá la cesantía cuando se acredite la existencia de cualquiera de los casos siguientes: a)... ; b).- Reducción de Servicios o de Personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, que por su parte el artículo 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, relacionado con el artículo 53 de su Ley, establece que antes de ejecutarse la cesantía deberá de consultarse al Consejo de Servicio Civil acerca de su procedencia, debiendo fundamentar su opinión, en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo anterior (187), la cual deberá ser acreditada de manera fehaciente con documentos, informes y demás medias que se agreguen al expediente. Que el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil, establece que para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el artículo anterior, la autoridad nominadora deberá de tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servidores de cada una de ellas y enviará dentro del plazo improrrogable de 7 días hábiles a la Dirección General, la nómina del o los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso, por lo que queda acreditado que a la ahora demandante, no se le siguió el procedimiento legal establecido para la emisión de la cesantía, en vista que en el expediente no existe documento alguno que acredite que a la demandante se le hayan realizado evaluaciones periódicas de su desempeño; Asimismo no se constató la existencia de documento que acredite que la autoridad nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de la cesanteada, para ser inscrita con derecho preferencial en el Registro de Reingreso; Agregado a ello, se ha podido comprobar a través del medio de prueba documental mediante oficio librado a la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, propuesto por el apoderado legal de la parte demandante, que no se ha cumplido con la finalidad de la cesantía, en vista que se acredito que la plaza de Oficinista 11 que ocupaba la ahora demandante señora Sandra Sagastume Valladares no ha sido cancelada, demostrando con ello que se ha infringido lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, en relación con el artículo 187 de su Reglamento, hacienda que dicho acto sea nulo. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 24 de junio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que en el presente caso se observa en el acuerdo de cancelación que la Secretaria de Relaciones Exteriores emite y que es objeto de impugnación, la aplicación de la figura de la cesantía bajo la excepción de reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, en la cual para tomar en consideración dicha excepción, la autoridad nominadora debió tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica y enviar nómina de los cesanteados para inscribirlos en lugar y preferente en las respectivas listas de reingreso, al igual se observa que la autoridad nominadora obvio la aprobación de Consejo de Servicio Civil para aprobar la aplicación de la figura de la cesantía, por ende se ha incumplido el procedimiento para dar por cancelado bajo la figura de la cesantía. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado RICHAR ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ, en fecha 8 de agosto del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 24 de junio del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.048-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.302-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 14 de agosto del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSUE PASTOR MENDOZA OSORIO y BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR, presentó en fecha 12 de septiembre del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 17 de septiembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 26 de septiembre del 2019, los Abogados JOSUE PASTOR MENDOZA OSORIO y RICHAR ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 14 de noviembre del 2019, teniendo por personados a los Abogados RICHAR ALEXANDER RUIZ RODRIGUEZ, como recurrente, y JOSUE PASTOR MENDOZA OSORIO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS. Estimo como disposiciones legales infringidas los artículos 200 .1 y 2 letra c ), y 207 del Código Procesal Civil. Y el artículo 53 literal a) de la Ley de Servicio Civil; 187 numeral 1) y 188 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA. Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 24 de junio del 2019. PRECEPTO AUTORIZADO. Este motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. Al interponer el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, expresamos los agravios cometidos en la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en contra de mi representado el Estado de Honduras, en este caso a través de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional siendo que en la sentencia de primera Instancia se le considera responsable de la obligación, por la cual se le ha demandado y el Juez de esta Judicatura asegura de manera fehaciente que la autoridad nominadora al momento de cancelar por cesantía a la Señora SANDRA ISABEL SAGASTUME VALLADARES, no siguió el procedimiento por lo cual procedió a declarar procedente la acción incoada por el demandante y en vista que mi representada viene demostrando en todo el transcurso del juicio que al momento de proceder a la cancelación se hizo de conformidad a lo establecido en el artículo 53 literal a) el cual establece la autoridad nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos quien deberá acreditar en forma fehaciente la reducción de servicios o de personal por razones de orden presupuestario; definiéndolo y fortaleciéndolo el Reglamento de esta Ley la figura de cesantea como la separación de un empleado de su cargo, debido a reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido. En este caso de la ciudadana SANDRA ISABEL SAGASTUME VALLADARES, que mediante acuerdo número 788-SRH mediante el cual fue nombrada la demandante y que mediante acuerdo número 172-SRH-2014 de fecha 30 de junio de 2014, se le cancelo del cargo de Oficinista II, siendo estos puestos nombrados o removidos por el Presidente de la Republica atendiendo a lo establecido en el artículo número 245 numeral 5 de la Constitución de la Republica, quien delega en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación, pues literalmente el artículo 53 señala: no obstante lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General, siempre que el Consejo del Servicio Civil al evacuar la consulta correspondiente estime que procede la cesantea por encontrarse comprendido en alguna de la excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario, y; b) Reducción de servicios o de personal para obtener una eficaz y económica organización administrativa independientemente de la voluntad del empleado, sin constituir suspensión o despido, la Corte Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha interpretado de forma errónea lo que establece el artículo 53 literal a) De la Ley de Servicio Civil relacionado con el articulo 187 y 188 del Reglamento de la Ley Supra aludida.” 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) en la formulación se omite el concepto de infracción a la norma es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) entre otros se indica como infringido el artículo 207 del Código Procesal Civil, disposición que contiene numerales con distintas situaciones jurídicas que es necesario precisar, por la independencia de los cargos; c); entre otros se indica como infringido el artículo “…200 .1 y 2 letra c) del Código Procesal Civil…”, disposición que no concuerda con el precepto autorizante, ya que este invoca una causal casación por normas empleadas para la solución del fondo del litigio y la señalada regula requisitos formales de las sentencias, al igual que el artículo 207 del mismo cuerpo legal, referido en el literal b), de este numeral; c) en la explicación se alude a los artículo 245 numeral 5) de la Constitución de la Republica, 48 y 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, que no han sido señalados como infringidos o relacionados en la formulación; y, d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo expuesto. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 15 días del mes de junio del 2021; certificación de la resolución de fecha 14 de mayo del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CA555-2019. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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