Sentencia CA-541-19 — Registro 13406
Resumen
En primera instancia se declara sin Lugar la Oposición a la Liquidación en su motivo referente a la Falta A Las Formalidades Establecidas En El Artículo 884 Del Código Procesal Civil En El Escrito De Solicitud De Liquidación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que alude a la forma y contenido de las sentencias, pero omite precisar estos conceptos y las disposiciones de naturaleza procesal que se consideren infringidas reguladas en el Capítulo IV del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y WILFREDO MENDEZ ROMERO y dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), representado en juicio por el Abogado WALTER DARIO PAREDES CORRALES; y, Recurrida: el señor ISABEL LOPEZ, representado en juicio por el abogado HUBERT GUTIERREZ SIERRA.- OBJETO DEL PROCESO: demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad de actos administrativos, por no ser conforme a derecho y haberse infringido el ordenamiento jurídico, sin respetar las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y derecho de ser oído, con evidente abuso de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, para su pleno restablecimiento se adopten las medidas necesarias siguientes: que se restituya el beneficio de mi jubilación como docente a la cual tengo derecho, que se condene al INPREMA a pagar de inmediato las obligaciones de los débitos hipotecarios ya la indemnización de danos y perjuicios; se pide declarar ilegal y nula la resolución N° del 180-09-07-2013 emitida por el instituto nacional de previsión del magisterio (INPREMA), costas procesales; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán., promovido por el señor ISABEL LOPEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones del INSTITUTO DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que, en el año 2009, el demandante cumplió con los requisitos establecidos para jubilarse, realizando el trámite correspondiente, su jubilación voluntaria fue aprobada el uno de agosto del 2009, posteriormente la Secretaria de Educación le solicito que prestara sus servicios profesionales coma Asesor Legal de la Unidad de Bienes Nacionales, dependencia de la Secretaria de Educación. Como consecuencia de lo anterior, resulto la primera suspensión al pago de su jubilación voluntaria, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2010, pero en noviembre de 2010, el demandante presentó solicitud a las Autoridades del Directorio del INPREMA, exponiéndoles que cometían un error suspendiéndole el beneficio de jubilación voluntaria con todos los argumentos legales. Fue así que se le resolvió favorablemente y le devolvieron todos los beneficios de su Jubilación voluntaria. A partir del uno de enero del dos mil once, se normalizó el pago de todos sus beneficios, y para dichas fechas no prestaba sus servicios de Asesoría coma Profesional del Derecho para la Secretaria de Educación. En el mes de julio del 2012, fue al Banco de Occidente, a cobrar el beneficio de su jubilación, pero para su sorpresa no se le había acreditado lo correspondiente, de lo anterior INPREMA le informó que su beneficio de jubilación había sido suspendido, sin dale una explicación. La Resolución de fecha 09/07/2013, N°180 (la cual suspende su jubilación) es invalida, por lo que el actor en fecha 28 de febrero 2013, interpuso el Reclamo Administrativo para que se le hiciera efectiva la indemnización de daños y Perjuicios y Lucro Cesante; y se proceda de inmediato a pagar las obligaciones hipotecarias, que tiene, con INPREMA y por supuesto que se restituya el beneficio de jubilación, y fue hasta el 09 de julio de 2013, que emitieron una Resolución DE/180-09-07-2013 declarando improcedente todo lo solicitado, aplicándole la nueva Ley de INPREMA que entro en enero del 2012 en vigencia, fechas y años que el demandante ya no estaba asesorando a la Secretaría de Educación, pues dicha Ley no tiene carácter retroactivo solo en Derecho Penal y cuando favorece al reo. En dicha resolución N° DE/180-09-07-2013, emitida por los Directores Especialistas del INPREMA, hacen referencia en los Considerandos (5) y (6) a retenciones realizadas y a devoluciones que el demandante está obligado a realizar, ambas cantidades según refieren calculadas con sus respectivos intereses, manifestando, el demandante que en ninguno de los Estados de Cuenta que ha solicitado y que acompañan a la demanda hay congruencia con los montos referidos, en ambos considerandos.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandada en fecha veintiuno de Julio del año dos mil nueve, se le otorgo al demandante el Beneficio de Jubilación Voluntaria, con efectividad a partir del primero de agosto del dos mil nueve, en virtud que el demandante suscribió contratos en forma sucesiva con la Secretaria de Educación para prestar sus servicios profesionales como Asesor Legal de la Unidad de Bienes Nacionales, ejecutando condiciones propias de un empleado de planta o personal operativo, esto por lo establecido en la Ley de Servicio Civil en su Artículo 13 con lo que se entiende que dichos Contratos no tienen las características de un Contrato de Servicios Profesionales, sino más bien de un Contrato de Trabajo Permanente. El demandante desde el uno de septiembre del año dos mil nueve suscribió contrato de Servicios Profesionales en forma consecutiva hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diez, razón por la cual según Oficio No. UAI-703/10 de fecha 12 de octubre del año 2010, se recomendó la suspensión del pago por planilla a los docentes jubilados que desempañaban cargos en el sector público, circunstancia que mediante Oficio No. SE 2815-10 de fecha 6 de diciembre del año 2010, fue dejada sin valor y efecto por el entonces Secretario Ejecutivo del INPREMA, Licenciado Luis Gustavo Lara Godoy. Si bien al demandante se le habilito el Beneficio de Jubilación Voluntaria, este debió de restituir el pago de su jubilación por los valores cobrados indebidamente por ese concepto, durante el periodo laborado comprendido del primero de septiembre del año 2009 al treinta y uno de diciembre del año 2010 en el cargo de Asesor Legal de Bienes Nacionales en el Secretaria de Educación, razón por cual mediante Oficio No. DE 305-12 de fecha 7 de junio del año 2012, el Director, Presidente, Licenciado Ernesto Emilio Carias Corrales ordeno la suspensión del Beneficio de Jubilación, en virtud que el demandante se rehusó a reintegrar al estado la cantidad percibida durante el periodo laborado o en su defecto al INPREMA los valores cobrados indebidamente, suspensión que fue efectiva a partir del mes de Julio del año 2012. Esto en virtud de la resolución en fecha 9 de julio del año 2013 en donde resolvió: “1) Declarar improcedente el Reclamo Administrativo presentado por el docente Isabel López en fecha 28 de febrero del año 2013; 2) Que de las rentas retenidas par el INPREMA se proceda a financiar las cantidades adeudadas por el demandante en concepto de Préstamos Hipotecarios; 3) Que el docente Isabel López deberá devolver los pagos recibidos indebidamente en concepto de jubilación; respaldando dicha Resolución en dictamen emitido por el Departamento de Asesora Legal el 19 de junio del año 2013, fundamentado en el artículo 77 de la Ley del INPREMA, Decreto 1026 de fecha 15 de julio de 1980, artículo 77 del presupuesto e Ingresos y Egresos de la República para el ario fiscal 2009 y artículo 70 del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2010”. Si bien el Directorio de Especialistas del INPREMA, mediante Resolución No. DE 180-09-07-2013 de fecha 9 de julio del año 2013, declaró improcedente el Reclamo Administrativo presentado por el docente Isabel López; y aunque la Ley no tiene efecto retroactivo solo en materia penal, al demandante se le suspendió el beneficio de jubilación fundamentado las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para los años 2012 y 2013, artículos 95 y 119 respectivamente. Finalmente manifestó que la Resolución DE-180-09-07-2013 emitida por el Directorio de Especialistas del INPREMA, se hace mención en los considerandos 5 y 6, del valor retenido al demandante por los cobros indebidos durante el periodo de catorce meses, como la cantidad que el docente deberá reintegrar al INPREMA, así como los intereses generados por los créditos hipotecarios que el docente mantiene con el INPREMA, cantidades que no coinciden con las generadas en los estados de cuenta ya que varían por el cálculo de intereses que generan mensualmente.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictó auto que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar Sin Lugar la Oposición a la Liquidación en su motivo referente a la FALTA A LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN EL ESCRITO DE SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN por las razones expuestas en el Fundamento de Derecho Cuarto. SEGUNDO: Declarar Parcialmente Con Lugar la Oposición a la Liquidación en su motivo referente a la PLUSPETICIÓN por las razones expuestas en el Fundamento de Derecho Quinto. TERCERO: Liquidar el Numeral Segundo, Inciso Tercero la Sentencia firme de fecha treinta de enero de dos mil quince, dictada por este Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en la cantidad de Quinientos Tres Mil Ochocientos Diecisiete Lempiras con 16/100 (L.503,817.16). CUARTO: Condenar al INPREMA a pagar a favor del Demandante ISABEL LÓPEZ la cantidad anteriormente establecida en concepto de liquidación del Numeral Segundo, Inciso Tercero de la Sentencia firme de fecha treinta de enero de dos mil quince. QUINTO: Contra el presente Auto procede el Recurso de Apelación el que debe interponerse ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo… SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, se colige que la parte demandante ha fundamentado sus cálculos en el Estado de Cuenta Deudor firmado y sellado por el Departamento de Cartera de INPREMA en fecha seis de julio de dos mil quince. En esta información se reflejan los saldos que a la fecha precitada corresponden a los préstamos hipotecarios, describiendo en el acápite de "INTERÉS MORA" las cantidades siguientes: 1. Por el préstamo 020270380 adeudaba la cantidad de Ciento Once Mil Doscientos Veintisiete Lempiras con 67/100 y; 2. Por el préstamo 020293060 adeudaba la cantidad de Quinientos Setenta y Tres Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 77/100. Asimismo, dicho estado de cuenta también contiene un acápite descrito como "VALOR EN MORA" que establece como deuda las cantidades siguientes: 1. Por el préstamo 020270380 Veintisiete Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 45/100 y; 2. Por el préstamo 020293060 Ochenta y Seis Mil Trescientos Veinticinco
Lempiras con 19/100. Valores que sumados, ascienden a la cantidad reclamada por la parte Demandante. Es por ello que, el alegato del Demandado consistente en la falta de formalidades en cuanto a lo establecido en el artículo 884 del Código Procesal Civil, debe ser declarado sin lugar. Por otro lado, la parte demandada aporta como medio probatorio los Cuadros que corren agregado a los autos, sin dar explicación alguna a este tribunal sobre el porqué el nuevo documento que acompaña a su oposición es el correcto y no el "Estado de Cuenta Deudor", el cual también fue emitido por su Representado, y sobre los cuales radica una diferencia sustancial en los cálculos de los intereses moratorios atribuidos por INPREMA a la parte demandante. En razón de ello, tras valorar el desglose de cada uno de los medios de prueba aportados, se considera que el cálculo correcto es el establecido en el "Estado de Cuenta Deudor" firmado y sellado por el Departamento de Cartera de INPREMA en fecha seis de julio de dos mil quince y no los Cuadros presentados por la parte demandada, mismos que carecen de la debida firma y sello por parte del Departamento de Cartera del INPREMA, el cual se encarga de dichos cálculos. No obstante, si bien los cálculos correctos se encuentran en el estado de cuenta anteriormente aludido, se estima que en el presente caso existe una pluspetición, debido a que la cuantificación establecida por la parte demandante contiene sumado el "Valor en Mora" descrito en el "Estado de Cuenta Deudor" debiendo únicamente otorgarse las cantidades en concepto de intereses moratorios tal y como se ordena en la sentencia firme de fecha treinta de enero de dos mil quince. En razón de lo expuesto, es procedente tener por bien hecho el cálculo de los valores establecidos en "Estado de Cuenta Deudor" firmado y sellado por el Departamento de Cartera de INPREMA en fecha seis de julio de dos mil quince. Por lo que, los intereses moratorios derivados de los préstamos hipotecarios a los cuales se condena al INPREMA a pagar al demandante en concepto de daños y perjuicios son los siguientes: 1.- Por el préstamo 020270380 la cantidad de ciento once mil doscientos veintisiete lempiras con 67/100 y; 2.- Por el préstamo 020293060 la cantidad de quinientos setenta y tres mil trescientos sesenta lempiras con 77/100. 3.- Lo que sumado resulta en un total de: seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho lempiras con 44/100, cantidad a la que debe restársele la suma de ciento ochenta mil setecientos setenta y un lempiras con 28/100, que deriva del pago realizado a la parte demandante bajo el concepto que hoy se ventila en juicio. lo que da como resultado un gran total de: quinientos tres mil ochocientos diecisiete lempiras con 16/100.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALTER DARIO PAREDES CORRALES, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DEL MAGISTERIO (INPREMA). SEGUNDO: CONFIRMAR el auto Resolutivo en el incidente de Oposición a la Liquidación de la Sentencia Definitiva, dictado por el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), a folios del ciento uno (101) al número ciento tres (103) de la pieza separada de liquidación de la sentencia…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que en el caso de autos el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó el auto resolutivo en el incidente de oposición a la liquidación de la Sentencia, que del análisis del expediente de mérito se establece la Sentencia Definitiva de fecha treinta y uno de enero del año dos mil quince, la solicitud de la liquidación de la Sentencia únicamente inciso tres del párrafo segundo de la parte dispositiva que dice “condenar al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), en concepto de daños y perjuicios a pagar al demandante la cantidad correspondiente a los intereses moratorios que se han generado por la falta de pago del préstamo hipotecario antes aludido”; el auto resolutivo en el incidente de oposición a la liquidación de la Sentencia objeto de este Recurso de Apelación resolvió Liquidar en la cantidad de L. 503,817.16, por condena al INPREMA al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios; se estableció la existencia del Estado de cuenta deudor, firmado y sellado por el departamento de Cartera INPREMA en fecha seis de julio del año dos mil quince, documento que refleja los saldos, interesés moratorios, valor en mora correspondientes a los dos préstamos hipotecarios; la existencia de cuadros que denominados Prestamos Hipotecario No.29-306-06 y No.27-038-01 situación de cuotas en mora antes de aplicar la activación de la Jubilación que reflejan saldos, interés corriente o financiero, interés moratorio, firmado y sellado por el Departamento de Contabilidad del INPREMA; ambos documentos emitidos por el INPREMA, refleja diferencias sustanciales en los cálculos de los intereses moratorios, sin ser explicado la razón de la diferencia; el documento emitido y valorado por la juez A-quo por considerar que es el correcto denominado "Estado de cuenta Deudor" que emitió el departamento de cartera de INPREMA firmado y sellado, de fecha seis de julio del año dos mil quince, que refleja los intereses moratorios derivados de los préstamos hipotecarios a los cuales se condenó INPREMA. Conforme al artículo 95 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la ejecución de la sentencia la dictará el Tribunal que la hubiere emitido en primera instancia y se llevará a cabo por medio del órgano que hubiere producido el acto objeto de la acción. Por lo que el Juzgado de primera instancia procedió a calcular el valor de los intereses moratorios derivados de los préstamos hipotecarios con base al Estado de Cuenta del Deudor, emitido por INPREMA y como condena a pagar al demandante como concepto de daños y perjuicios, órgano que debía ejecutar la sentencia.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, WALTER DARIO PAREDES CORRALES, en fecha nueve de agosto del dos mil diecinueve, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.024-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.00413-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha catorce de agosto del dos mil diecinueve, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado HUBERT GUTIERREZ SIERRA, presentó en fecha veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha trece de septiembre del dos mil diecinueve a los Abogados HUBERT GUTIERREZ SIERRA y WALTER DARIO PAREDES CORRALES.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha ocho de enero del dos mil veinte, declaro prelucido el plazo concedido y dejado de utilizar por parte del recurrente Abogado WALTER DARIO PAREDES CORRALES como recurrente y por personado al Abogado HUBERT GUTIERREZ SIERRA como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta en su único motivo, manifestando lo siguiente: “Precepto Autorizante: Articulo 719.2 del Código Procesal Civil en cuento a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Disposición Legal Infringida: Artículo 1422 del Código Civil (Del Pago) Se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista. Mediante el análisis de la Sentencia recurrida en Casación se comprobara que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, aunque reconozca que la Liquidación en concepto de danos y perjuicios condenados a mi representada correspondiente a 36 cuotas en mora de dos (2) préstamos otorgados al Demandante, tomó en cuenta indebidamente el media de prueba documental consistente en "Estado de Cuenta Deudor", criterio que lo sustenta en la cláusula quinta de las Fundamentos de Derecho enunciados en el Auto Resolutivo emitido en el mes de agosto del año 2016 por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo; no así los Cuadros bajo la rúbrica "Préstamo Hipotecario No. 29-306-06" y "Préstamo Hipotecario No. 27-038-01", que corren a folios 60 y 61 de la pieza principal, que se acompañaron al escrito de Oposición de la Liquidación cuyo objetivo principal era desglosar el documento denominado "Estado de Cuenta Deudor". El medio de prueba presentado par la parte demandante que consiste en el "Estado de Cuenta Deudor", hace referencia que el Interés en Mora correspondiente al Préstamo Hipotecario Baja el No. 020293060 refleja la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENT A Y SIETE CENTAVOS (L.573,360.77) y el Interés en Mora del Préstamo Hipotecario Baja el No. 020270380 la cantidad de CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L.111,227,67), no obstante al incluir el desglose del préstamo en el Sistema Informática del INPREMA en ese periodo, por error se conceptualizaba como interés Moratorio, el interés Corriente o Financiero. El Interés Moratorio generado por las 36 cuotas en mora fue confundido par el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo al momento de emitir el Auto Resolutivo, tomando como Interés Moratorio el Interés Corriente o Financiero, que forma parte de las cuotas de los Préstamos Hipotecarios otorgados a favor del demandante. El interés corriente o financiero es el que va implícito en la cuota a pagar por el préstamo otorgado, en cambio el interés moratorio es el que se genera por la mora, que está conformada par el capital, interés corriente y gastos. Una vez comprobado los extremos antes relacionados, la Honorable Sala de lo Laboral llegara al pleno convencimiento que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no tomó en cuenta apropiadamente el cálculo empleado por el INPREMA, consistente en la fórmula de interés simple aplicado al plan de amortización que efectiva mi representada, misma que fue detallado oportunamente en el escrito de Oposición a la Liquidación de Sentencia presentada por el demandado, y que opera de la siguiente manera: La cuota del Préstamo se multiplica el número de días en mora y por el catorce par ciento (14%); el resultado se divide por trescientos sesenta que es la base.”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que alude a la forma y contenido de las sentencias, pero omite precisar estos conceptos y las disposiciones de naturaleza procesal que se consideren infringidas reguladas en el Capítulo IV del Código Procesal Civil; b) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República.- IV.- A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casación para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- .- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. WILFREDO MENDEZ ROMERO, FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 541-19.Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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