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Sentencia CA-54-20 — Registro 14461

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el Juzgado, declarando parcialmente el recurso interpuesto por el demandante, bajo el criterio que se concluye que el demandante asume que el hecho de desestimar a acción penal presentada en su contra por el Ministerio Público ante el Juzgado Primero de Letras de Choluteca, es la que da lugar a su derecho a ser indemnizado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que no es admisible el anterior cargo, dado que el Censor del fallo insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no puede efectuarse en este extraordinario recurso, por lo dispuesto en el artículo 720 numeral l) del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el articulo 704 del Código Procesal Civil, Adicional se recuerda, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el articulo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación; El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a este pleno orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se debe ordenar se remitan las actuaciones al Tribunal correspondiente...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...".- Que el cargo expuesto por el recurrente para este pleno resulta inadmisible por las razones siguientes: a) Que si bien se invoca como infringida una norma procesal (artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo), la cual tiene referencia al procedimiento seguido en sede administrativa, el cual es objeto de revisión en esta jurisdicción y por ello no tiene vinculación con los actos y garantías del proceso judicial, que es lo que hace referencia el artículo 719 numeral l) literal b) del Código Procesal Civil, como causal de este extraordinario recurso, por lo cual no es la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; b) no es preciso en determinar si la infracción deriva de la aplicación o interpretación de la norma señalada como violada; y, c) en su explicación insta la revisión de los hechos, lo cual no procede conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del citado ordenamiento jurídico.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo expuesto anteriormente, resulta inadmisible, al incurrirse en los siguientes defectos técnicos: a) alude a la infracción de normas procesales, sin precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las mismas; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a disposiciones no señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es el caso del artículo 724 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que al igual que el anterior, el cargo que antecede, no resulta admisible, al incurrirse en similares defectos técnicos, ya que se indica la infracción de normas procesales, sin precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las mismas y que en su explicación se realizan alegatos propios de instancia y alude a disposiciones no señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es el caso del artículo 724 del Código Procesal Civil...."

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de mayo de dos mil veintiuno el pleno de la Corte Suprema de Justicia integrado por los Magistrados ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ, PRESIDENTE, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, GARIN ENOC URQUIA CASTRO; YIMI DANIEL CHIRINOS ORELLANA, RUBEN RIVERA FLORES Y ROXANA LICETH MORALES TORO Para dictar sentencia en la causa procedente de la Sala Laboral Contencioso Administrativo en el Recurso de Casación Laboral presentado por el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, en su condición de representante procesal de EFRAIN FLORES HERNANDEZ. Dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El señor EFRAIN FLORES HERNANDEZ, representada en juicio por el Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MAURICIO A CASTRO AGUILAR.

OBJETO DEL PROCESO:

Demanda para que se declare la nulidad de dos actos administrativos particulares, emitidos con infracción al ordenamiento jurídico y con exceso de poder al haberse quebrantado las formalidades esenciales para la emisión de los mismos, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y adopción de cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma como ser el derecho una indemnización de daños y perjuicios por acciones ilegales ocasionaron daño irreparable, tanto psíquico, profesional, político, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morarán, por el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ, actuando en su condición propia, en el libre ejercicio de su profesión, en contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que 06 de octubre del 2000, el Fiscal Auxiliar del Ministerio Público Rubén Antonio Molina Molina, presentó acusación criminal en su contra por diez delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública en el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, según el Fiscal, cuando fungió como Apoderado legal para tramitar adiciones, rectificaciones y reposiciones de Partidas de Nacimiento en el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, en el año de 1997; argumento que dicho Fiscal Auxiliar manifestó que dichas diligencias las realizó como producto del periodo eleccionario que se avecinaba en el año 1997, narración esta que se encuentra en el hecho primero de los antecedentes que obra en el expediente número: 262-00; que el Juzgado conocedor admitió la acusación presentada por el Ministerio Público, ordenando que se librara atenta comunicación al Tribunal Nacional de Elecciones en aquel entonces, a fin de que informara si había sido postulado como candidato a Diputado por el Partido Nacional del Departamento de Choluteca, siendo librada el 02 de noviembre del 2000 y el 11 de diciembre del 2000, la Fiscal María Blacina Pineda, presentó la comunicación librada por el Juzgado, exponiendo que si figuró en el listado de candidatos a Diputado, por lo que el tener la comunicación cumplimentada el Juzgado admitió la acusación, ordenando en dicho auto que se reponga un auto de fecha 09 de octubre del 2000 y se citen a los testigos y cuantas personas puedan dar fe de los hechos, ordenó la citación de los testigos, pero el día 21 de febrero el testigo Domingo Alfredo Ordoñez, declaró el procedimiento para reponer e inscribir una Partida de Nacimiento pero nunca manifestó que sea autor de una falsificación, así como el testigo Roger Omar Ordoñez, declaró que en el año 1997, levantó dos actas notariales en el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, a requerimiento del Ministerio Público donde manifestó que no vio quienes habían tramitado Partidas de Nacimiento; asimismo manifestó, de lo que declararon otros testigos, que en ningún momento vieron irregularidades en los documentos y que ese año no se hizo ninguna reposición, si no en el año de 1995, en el Departamental de Choluteca, cuando el Fiscal era Guillermo Arias Rodríguez, asimismo alegó que el 19 de febrero del 2001, la Fiscal solicitó práctica de inspecciones judiciales al Registro Civil Municipal de Choluteca, para constatar y verificar la existencia de las documentos originales referidos lo mismo, al Registro Civil Municipal de las Personas del Municipio de Marcovia y al Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, todo con el Juez asociado y su secretaria de actuaciones, y que el 10 de diciembre del 2002, la defensa solicita que se libre comunicación al Juzgado Segundo de Letras de lo Departamental de Choluteca e informe al Juzgado conocedor si existe en el libro de entrada y archivo reposiciones de partidas de nacimiento de varios ciudadanos en las que el demandante haya actuado como apoderado y que responden a los nombres de José Nelson Sánchez Ordoñez, Samuel Euceda Posadas, María Elena Contreras Herrera, Trasema Dilian Martínez Escobar, Leyda Zulema Martínez Escobar, Edwin Alexis Martínez Escobar, Felipa Del Carmen García Rodríguez, Melvin Omar Fúnez Baca, Anita López Y Santiago Rodiver Velázquez Centeno, comunicación esta que fue librada el 10 de enero del 2002, igualmente el 23 de noviembre 2001, se libró comunicación al Juez de Paz de lo Criminal de Marcovia para que se persone al Registro Civil Municipal de las Personas de Marcovia y examine las rectificaciones de Partidas de Nacimiento de los señores Eulalio Euceda Martínez, Santiago Rodiver Velásquez Centeno (librada también al Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca; y que según la comunicación cumplimentada se constató que no aparece ninguna falsificación hecha por el demandante, ni tampoco reposiciones, rectificaciones ni adiciones, en el informe rendido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Letras Departamental de Choluteca, de fecha 13 de marzo del 2002, en su contenido especifica que no se encontraron Partidas de Nacimiento que hayan tenido como apoderado legal al Abogado don Efraín Flores Hernández y que corresponden a los ciudadanos nombrados en el numeral catorceavo, y en las declaraciones testificales como Inspectores de Tribunales los testigos declararon que no podía afirmar haber encontrado el nombre del demandante como apoderado, así como que se hicieron comparaciones de análisis caligráficos por peritos documentólogos en los laboratorios criminalísticas de medicina forense, con instrucción de la Fiscal Especial contra la corrupción, estableciendo que se dio una falsificación de la firma del declarante pero que no pudo establecer que persona la hizo; por lo que ante los hechos investigados la Juez A-quo del Juzgado de Letras Departamental de Choluteca, dicta sobreseimiento definitivo por no haberse incorporado al proceso elementos suficientes por parte del Ministerio Público para suponerlo participe de un ilícito investigado y que al momento de haberse dictado no se encuentra con elementos suficientes que llevan a la Juzgadora a la convicción de que existió un indicio racional de ser el autor o participe del delito investigativo ocurrido en el año 1997, no pudiéndose establecer quien fue el actor.

2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, señalando que en virtud que el demandante, no fue claro con las pretensiones que persigue y del cual considera fue dañado profesionalmente. limitándose únicamente a relatar una serie de hechos y fechas, iniciando con la convalidación de un allanamiento de morada hasta la emisión de la resolución proferida por el Juzgado Primero de Letras Departamental, que declaro mediante Resolución de fecha 05 de noviembre del 2004, el Sobreseimiento Definitivo de la causa a favor del demandante por no encontrar la Juzgadora elementos suficientes que llevaran a la convicción de existir indicios racionales para determinarlo como autor o cómplice del hecho investigado. actuaciones que se llevaron a cabo en un proceso penal incoado por la Fiscalía del Ministerio Público en contra del demandante, por considerar que la infracción legal era un perjuicio para la Fe Pública; aclaró que la Ley Penal delega como función para el Ministerio Público investigar todos los hechos que sean punibles y con el resultado obtenido se interpusieran las acciones penales públicas que considerara necesarias en representación de la sociedad, tal como lo establece el Artículo 92 del Código Procesal Penal relacionado con el Artículo 6 de la Ley del Ministerio Público y que de lo anterior se dedujo que el demandado al realizar las investigaciones del caso practicando todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible como fue la Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública, establecieron que el demandante fue uno de los supuestos responsables de la infracción legal cometida, procediendo a presentar el respectivo requerimiento fiscal ante el Órgano Jurisdiccional competente, en cumplimiento a la obligación que establece la Ley del Ministerio Público: por tanto se consideró que al existir indicios racionales en la comisión del ilícito penado por la Ley, era obligación del Ministerio Público perseguirlo de oficio y ejercer la acción penal publica procedente, no obstante si el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca determino que el demandante no era responsable de la infracción legal cometida, decretando el Sobreseimiento Definitivo, fue una decisión inconstitucional de su parte basado en las pruebas aportadas al proceso, ante tal situación no existe ninguna responsabilidad por parte del Ministerio Publico por sus actuaciones realizadas que fueron llevadas a cabo bajo estricto cumplimiento a las normas legales vigentes, por lo que el juzgado debe declarar inadmisible la acción por considerar que no ha habido ninguna violación a las normas legales vigentes en materia penal y otras Leyes del País; que el objetivo del demandante al incoar la demanda es ser indemnizado por haber sido lesionado en sus derechos Constitucionales, indemnización que en todo caso según presunciones del demandante asciende a la cantidad de L. 54,848,592.52, que a todas luces es improcedente ya que el Ministerio Publico al realizar las investigaciones de la comisión del ilícito como es la Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Publica, lo llevaron la determinación que el demandante era uno de los supuestos responsables de la infracción legal indicada y si la Juzgadora determinó mediante sentencia de fecha 05 de noviembre del 2004, no contar con los elementos suficientes que la llevaran a la convicción de existir indicios racionales para determinar quién fue el actor o cómplice del delito investigado fue una decisión muy institucional de su parte basado en las pruebas aportadas al proceso, considerándose no existir ninguna responsabilidad que perseguir en contra del Ministerio Publico por haber actuado conforme a las normas legales vigentes del país y sin violación a ninguna de ellas, que la acción intentada por el demandante, reclamando la indemnización por daños y perjuicios causados por actuaciones del Ministerio Público, son pretensiones que no están subsumidas dentro de las disposiciones legales vigentes en materia administrativa, pues se trata de una acción civil derivada de una acción penal y la misma debió ejercitarse ante el Órgano Jurisdiccional competente en la forma que señalan las Leyes y dentro de los plazos establecidos para cada caso si efectivamente existieron los daños y perjuicios que pregona el demandante le ocasionaron y que en este acto los reclama, según establece el Artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, asimismo para que la parte actora pueda exigir la indemnización de daños y perjuicios que se hayan ocasionado, debe hacerlo amparado en una declaración contenida en Resolución emitida por Juez competente o documento indubitado que contenga la declaración de la obligación, en el caso que nos ocupa el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca decretó el sobreseimiento definitivo mediante sentencia de fecha 05 de noviembre del 2004, sin hacer pronunciamiento sobre la responsabilidad civil derivada de la acción penal a favor del demandante; además aclaró que durante se realizaron las investigaciones del caso y con el resultado obtenido llegó a la conclusión que el demandante, fue participe de la comisión del ilícito como es la Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública, durante su detención y traslado al Órgano Jurisdiccional competente, se le trato con el debido respeto en su integridad tanto física, psíquica come moralmente, tal como lo ordena el Articulo 68 de la Constitución de la Republica.

3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de noviembre del 2016, dicto sentencia misma que en su parte conducente dice "FALLA PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la acción incoada por el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ quien actúa en su condición personal contra el MINISTERIO PUBLICO en virtual que el conocimiento del presente caso no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser un asunto de orden Civil SEGUNDO: que una vez firme la presente Sentencia a parte demandante tiene el plaza de diez días para que comparezca al Juzgado de Letras de lo Civil competente, y si lo realiza en este plaza se entenderá haber interpuesto la demanda en la fecha en que inició el plazo señalado para la presentación de la demanda… SIN COSTAS…" bajo el criterio que en el caso de autos se aprecia lo establecido en el literal a) cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud que el Código Procesal Civil y el Código Civil regulan las pretensiones derivadas de la indemnización de los daños y perjuicios, extremos alegados por la parte demandada en el numeral tercero de su contestación de demanda y tal como refieren los hechos, se aprecia que la parte demandante en su escrito de demanda solicita la indemnización de daños y perjuicios por acciones ilegales ocasionaron daño irreparable, tanto psíquico, profesional, político, extremos que la parte demandante deberá probar con sus alegatos en el Juzgado de lo Civil, bajo estos hechos y relacionado con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción en su artículo 1, estos hechos no son sujetos del derecho administrativo, por ser actos que no provienen de una actividad propia del Órgano Administrativo en el ejercicio de sus funciones, por lo que al existir una causa de inadmisibilidad de la acción, precede se decrete la misma en la presente sentencia definitiva sin pronunciamiento en cuanto al fondo de lo reclamado.

4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de octubre del 2019, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: Declarar parcialmente CON LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ actuando en su condición personal, litigando en causa propia y por el Abogado MAURICIO A. CASTRO AGUILAR actuando en su condición de Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras a través del Ministerio Público, en relación a la solicitud de que se revoque e inadmisibilidad de la acción, declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO A. CASTRO AGUILAR actuando en su condición de representante procesal sustituto del Estado de Honduras a través del Ministerio Publico en relación a que se declare la improcedencia de la acción. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central. TERCERO Declarar la IMPROCEDENCIA DE LA ACCION por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado. CUARTO: Sin Costas. …; bajo el criterio que se concluye que el demandante asume que el hecho de desestimar la acción penal presentada en su contra por el Ministerio Público ante el Juzgado Primero de Letras de Choluteca, es la que da lugar a su derecho a ser indemnizado. No obstante, además de hacer una ilustración sobre el proceso penal, la demanda no hace una explicación precisa del fundamento de su reclamación, pues no establece las zonas del ordenamiento jurídico que supuestamente fueron infringidas por el o los agentes del Ministerio Público que pudieran haber dado lugar a la violación de un derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento, ello para poder solicitar el pago de daños y perjuicios como medida para el pleno restablecimiento del mismo. Si bien establece que las actuaciones del Ministerio Público en la Acusación por diez (10) delitos de falsificación de documentos fueron ilegales, no señala en que consistieron los actos ilegales realizados por los agentes del Ministerio Público que provocaron la infracción de alguna norma del ordenamiento jurídico, pues no basta que la acusación criminal presentada en su contra haya sido desestimada por el Juzgado que conoció la misma para que, automáticamente, se genere el derecho a una indemnización por daños y perjuicios, puesto que, conforme a su Ley, el Ministerio Público tiene a su cargo el ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal pública, en representación de los intereses generales de la sociedad, por lo que establecer que por el solo hecho de que una acusación sea desestimada declarando un sobreseimiento definitivo de lugar a una indemnización, obstaculizaría y limitaría de manera clara y evidente las funciones de esta institución. De modo que cuando una persona demanda el reconocimiento de daños y perjuicios está obligado a acreditar que determinado agente o agentes del Ministerio Público realizaron un acto ilegitimo y este acto ilegal debe ser un incumplimiento culposo o doloso de una obligación del agente del Ministerio Público establecida en el ordenamiento jurídico, debiendo, además, existir una relación causal entre el incumplimiento y la producción de los daños y perjuicios alegados. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda de su reconvención. En el presente caso, la demanda no establece concretamente cual es el acto regulado en una norma del ordenamiento jurídico que habría infringido determinado agente del Ministerio Público en la Acusación de que el demandante fue objeto; tampoco establece si dicha infracción fue por dolo o culpa; ni se hace una relación de causalidad entre alguna infracción y los daños y perjuicios alegados. El demandante debió establecer e identificar una actuación u omisión concreta del agente del Ministerio Público, que regulada por el ordenamiento jurídico fue incumplida por dolo o culpa, explicar en qué consistió ese dolo o culpa, denunciada la actuación, el demandante debió, en el momento oportuno, probar dicha actuación. Al no cumplir con la carga que le impone la ley no se puede establecer como probado el derecho a la indemnización de daños y perjuicios reclamados; razón suficiente para declarar la improcedencia de su acción. Las actuaciones ilegales, que pueden dar lugar a indemnización de daños y perjuicios, puede ser en el caso de los agentes del Ministerio Público cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes, incluyendo por ejemplo, la falta al deber de investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación atenuación sino también las que sean causa de exención o de responsabilidad al imputado pero en necesario demostrar ese incumplimiento, no basta con alegarlo; en el proceso el Actor se limita a acreditar la prueba documental consistente en la Certificación de la resolución de fecha 5 de noviembre de 2004, mediante la cual el Juzgado de Letras Primero de Choluteca dicto a su favor un sobreseimiento definitivo por la acusación de diez (10) delitos de falsificación de documentos y un estudio actuarial que establece una serie de daños y perjuicios que en forma clara son daños imprevistos, sujetos a las consecuencia señaladas en el artículo 1366 del Código Civil y suponen la carga para el actor de probar la existencia de los elementos necesarios establecidos en dicha norma legal para que estos daños imprevistos puedan ser objeto de indemnización. Prueba que no consta en los autos. En relación con el argumento de la parte Demandada Apelante, sobre la necesidad de una sentencia condenatoria emitida por un juzgado competente (de materia penal) que declare la existencia de actuaciones ilegales del Ministerio Público para poder determinar el derecho de una indemnización de daños y perjuicios, es necesario aclarar que solamente las actuaciones ilegales que están tipificadas como delitos o faltas son las que exigen la sentencia condenatoria de un Juez en Materia Penal; pero para establecer responsabilidad civil de daños y perjuicios los artículos 324 de la Constitución de la República, 1360, 1361 y 2236 del Código Civil, no exigen la existencia de un delito, basta que en el cumplimiento de sus obligaciones se infrinja el ordenamiento jurídico por dolo o culpa y que ese incumplimiento tenga una relación de causalidad con el daño reclamado para que un Tribunal Contencioso Administrativo o Civil pueda determinar la existencia de una responsabilidad por daños y perjuicios y establecer una condena. Que por los motivos expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que debe revocar el fallo definitivo venido en Apelación y resolver el fondo del asunto declarando la improcedencia de la demanda por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.

5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado MARCO TULIO BARAHONA VALLE, en fecha 27 de noviembre del 2019, presento escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre del 2016, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No 018-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No 221-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem mediante providencia de fecha 02 de diciembre del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo; La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MAURICIO A CASTRO AGUILAR, presentó en fecha 14 de enero del 2020, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 15 de enero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 23 y 24 de enero del 2020, los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y MAURICIO A. CASTRO AGUILAR, respectivamente.

6.- Que la Sala Laboral Contencioso Administrativo en fecha veintidós de Marzo del año dos Mil Veintiuno en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicto sentencia que puede ser vista de los folios 52 - 58 frente y vuelto de la pieza de casación, por mayoría, donde resuelve anular la sentencia, siendo disidente el Magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, quien falló: no admitir el recurso de casación en sus cinco motivos; declarar firme la sentencia recurrida y dictada por la Corte de apelaciones de lo contencioso administrativo con jurisdicción nacional, sin costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-La cognición del presente recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia es consecuencia de no alcanzar unanimidad en la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el artículo 316 de la Constitución de la República: “Cuando las sentencias de la sala se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el Carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los Magistrados que hayan participado en la sala, no deben integrar el pleno; de lo cual se desprende que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos deberán imperativamente someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia:”

II- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: "IMPUGNACION DE LA APLICACION E INTERPRETACION DE NORMAS PROCESALES. PRIMER MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de norma procedimental por infracción del Art. 69 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación con el Art. 8 Garantías Judiciales numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al negar la oportunidad de abrir a prueba el expediente en sede administrativa del Ministerio Público y cuya infracción produjo indefensión. El Art. 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice en su primer párrafo "Cuando el órgano competente para resolver no tenga por ciertos los hechos alegados por la parte interesada o esta lo solicitare, podrá acordar la apertura a prueba por un término no inferior a diez (10) días ni superior a veinte (20), e incumbirá al interesado la de los hechos de que derive su derecho y no resulten del expediente…”. Y el Art. 8 Garantías Judiciales numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dice en lo pertinente dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formula contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter... ". En sede administrativa del Ministerio Público cuando se planteó el reclamo administrativo consta que se pidió la apertura a prueba y fue denegado de plano, pero en el libelo de la demanda presentada al Juzgado de Letras de la Jurisdicción Contencioso Administrativo en el acápite subtitulado "MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBEN SER DECLARADOS NULOS Y CON ELLOS EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVUALIZADA, CONSECUENTEMENTE LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS SOLICITAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE AQUELLAS", se reiteró la necesidad de abrir a prueba dicho expediente precisamente para acreditar los hechos del reclamo administrativo. El primero de los Artículos citados de la Ley de Procedimiento Administrativo posibilita la apertura a prueba para acreditar los hechos del reclamo administrativo y el Ministerio Público teniendo en cuenta la trascendencia del reclamo y el contenido del primer numeral del Art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, debió acceder a tal petición a fin de evitar la indefensión, pues cuando se deniega apertura a prueba siempre se afecta el derecho de defensa. En el presente caso al final de este motivo se llega a la conclusión que la denegatoria de apertura a prueba en sede administrativa o desconocido por los órganos jurisdiccionales que intervinieron en las fases de instancia de este proceso no declararon la nulidad siendo que se contraria lo dispuesto en el numeral I del Art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En cuanto a las FACULTADES PROCESALES del CPC, se trata de un principio atinente a las facultades del juez o tribunal, o sea, al órgano jurisdiccional, de tal manera que el Juez o tribunal tiene la facultad de controlar de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, en el entendido de que en este término "ley" no solo queda comprendido el CPC, sino también, cualquier otra norma, como es el caso de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que pasó a formar parte del Derecho Interno Hondureño. En cuanto al Art. 214. “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACION DE UN ACTO PROCESAL”, como en el caso de autos la falta de apertura a pruebas en sede administrativa del Ministerio Público implica que uno de los presupuestos procesales está afectado y puede determinar la nulidad de lo actuado. La regla general en el 214,1 del CPC, es que los medios para lograr la nulidad o anulación de un acto procesal es que la nulidad y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, deben hacerse por medio o, a través de los recursos legalmente previstos contra la resolución impugnada, pues el CPC se programó precisamente para evitar que la nulidad sea utilizada como un subterfugio legal, una trampa, para dilatar el proceso, pero siempre conservan los órganos jurisdiccionales superiores que jerárquica y funcionalmente conozcan en ocasión de un recurso si esta viene dada por norma imperativas o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal el deber de decretar la nulidad. Y es precisamente lo que se pretende en esta ocasión. El CPC regula el EFECTO DEVOLUTIVO. AMBITO DEL RECURSO en su Art. 701, pero en el inciso "3" obliga al órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir un recurso devolutivo como el de apelación o el de casación, a que no obstante lo establecido en los incisos "1 y 2" del mismo precepto, debe entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. Se trata de una facultad excepcional, pero sin duda la finalidad de la ley es evitar la indefensión por no abrirse a prueba el expediente administrativo. SE DETERMINA COMO AGRAVIO SUFRIDO el de que la negativa a la apertura a prueba del expediente administrativo del reclamo en sede del Ministerio Público produjo indefensión a mi mandante Efraín Flores Hernández y la omisión de los órganos jurisdiccionales de instancia de pronunciarse sobre ese aspecto permiten la referida indefensión y afectan al demandante. La Corte recurrida ha infringido esa interrelación de los preceptos citados en el enunciado de este motivo, agraviando a mi representado pues el interjuego de los primeros párrafos del Art. 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo y del Art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, imponen la apertura a prueba solicitada en sede administrativa del Ministerio Público. Así queda precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representada. Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.b) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006 (Decreto No 211-2006), en la parte que dice: "1. Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: ...b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjeren indefensión…”.

III.- Que el cargo expuesto por el recurrente para este pleno resulta inadmisible por las razones siguientes: a) Que si bien se invoca como infringida una norma procesal (artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo), la cual tiene referencia al procedimiento seguido en sede administrativa, el cual es objeto de revisión en esta jurisdicción y por ello no tiene vinculación con los actos y garantías del proceso judicial, que es lo que hace referencia el artículo 719 numeral l) literal b) del Código Procesal Civil, como causal de este extraordinario recurso, por lo cual no es la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; b) no es preciso en determinar si la infracción deriva de la aplicación o interpretación de la norma señalada como violada; y, c) en su explicación insta la revisión de los hechos, lo cual no procede conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del citado ordenamiento jurídico.

IV.- Que el Recurrente expone en su segundo motivo lo siguiente: "POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA. Infracción de normas procesales de los Arts 200 y 705 del Código Procesal Civil, en la parte que dicen: Art. 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1... 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al siguiente contenido formal: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados,... los hechos probados en su caso (el subrayado es mío), en relación con la parte que dice del citado Art. 705. FINALIDAD DEL RECURSO. 1... 2. Igualmente, tiene come objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida. También de ese Código (CPC). "La redacción de la sentencia impugnada incumple la exigencia de que se ajustara al Art. 200.2 literal b) del CPC, por error en su estructura al apartarse del contenido formal de consignarse en los antecedentes de hecho con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, .los hechos probados en su caso, lo que impide o frustra la finalidad u objeto de revisarlos". Las infracciones procesales señaladas se producen en la sentencia y siendo que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no tiene regulación específica sobre la estructuración de la sentencia, salvo los contenidos sobre la inadmisibilidad de la acción, procedencia o improcedencia de la acción y la referencia al pronunciamiento que anulare el acto, el cual produce efectos entre las partes y respecto de las personas afectadas por el mismo, en consecuencia, sobre el contenido y requisitos formales de la sentencia, invariabilidad de las resoluciones, aclaración y corrección, resoluciones defectuosas y subsanación, así como requisitos internos de la sentencia, se deben aplicar las disposiciones del Código Procesal Civil, en especial el Art. 200 relativo al contenido formal de las sentencias; en este case concrete las infracciones a las normas procesales denunciadas son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, o sea, al elaborarla. Al leer los antecedentes de hecho de la sentencia que impugno no se encuentra que en ellos se consignaran, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados,... los hechos probados en su caso, esta omisión es contraria al contenido del Art. 200 del Código Procesal Civil, que en el numeral 2, preceptúa "en particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente " y al final de la letra b), exige come parte de los antecedentes de hecho, la declaración de "los hechos probados"; en esas frases subrayadas también en el enunciado del motivo, señalo donde se efectuó la infracción procesal. Al leer detenidamente la sentencia impugnada no se encuentra una declaración expresa de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto, que en la práctica forense se escriben en bloque. Ya es una práctica viciosa en muchas Cortes de Apelaciones que declaran con lugar lo recursos de apelación y, desde luego, revocan el fallo de primera instancia y aun en casos en que declaran sin lugar el recurso y confirman la sentencia del órgano jurisdiccional inferior, supuestos de hecho en que omiten hacer la declaración de hechos probados creyendo innecesario cumplir con ese mandato de una ley imperativa como el CPC, a pesar de que no existe ninguna norma de este Código que permita inobservaron tal exigencia y la califiquen de innecesaria; esta brecha de arbitrariedad afecta el debido proceso y dado que en nuestra regulación de la casación ya no existen las impugnaciones por infracciones de error de derecho y de hecho, muchos órganos judiciales de primera y segunda instancia siguen incurriendo en esos errores, y precisamente de alguna manera al desarrollar la actividad de elaborar la declaración de hechos probados, procura el Juez o el Magistrado evitar esa práctica irregular, revelándose así la trascendencia en el juicio de la declaración de hechos probados, siendo evidente su obligatoriedad en los casos donde se practica prueba y especialmente para un tribunal de alzada que revoque o confirme el fallo de primera instancia donde no se hizo declaración de hechos probados, sin importar la situación de que hubiese llegado a una conclusión distinta con el mismo material probatorio, incluso en el supuesto de que el tribunal de alzada confirme la decisión del inferior pero con motivación o argumentación distinta. El Art. 705. FINALIDAD DEL RECURSO. 1... 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida... El CPC en este artículo establece uno de los objetos del recurso ordinario devolutivo de apelación, lo cual es de suma trascendencia para la parte que pretende hacer uso del Derecho al Recurso, pues si existen infracciones procesales productoras de un gravamen o perjuicio a la parte legitimada activa, está en ejercicio del principio derecho de defensa está interesada en impugnar vía apelación para lograr la enmienda de la aplicación o interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, porque no es suficiente ser juzgado por juez o tribunal competente, sino serlo de acuerdo con las formalidades, derechos y garantías que establece la ley; en ese orden de ideas, siendo objeto del recurso de apelación impugnar la mala o errónea interpretación y/o mala o indebida aplicación o falta de aplicación de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente; de ahí que, adicionalmente, dispone el CPC en el 705.2 que el recurso de apelación tiene otro objeto”... la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba", y como esto también forma parte de los principios derechos de debido proceso y defensa, así como del derecho al recurso, es incuestionable que estos se ben limitados cuando los órganos jurisdiccionales en materia civil no hacen la declaración de hechos probados que están obligados a hacerla, especialmente en casos como el de autos en donde se decide un controversia,

compleja sobre la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras. En consecuencia, para el momento histórico de inquietud social imperante en Honduras, no es pertinente la doctrina internacional o nacional que se está esgrimiendo para denegar motivos por la omisión de la declaración de hechos probados, justificando tal omisión en un criterio subjetivo contrario al concepto Constitucional de que "Honduras es un Estado de Derecho imperativo categórico de obligado cumplimiento con la Constitución y la ley, no abonando en nada a la cimentación de nuestro Estado de Derecho la senda del incumplimiento de las normas constitucionales y legales, que todos los Tribunales y Juzgados deben efectivizar y potenciar, dado que el incumplimiento de la norma que preceptúa hacer la declaración de hechos probados, soslaya la finalidad como objeto del recurso de apelación y disminuye, limita y distorsiona la normativa que obliga a los tribunales civiles hacer tal declaración. Es necesario que los tribunales de alzada y la honorable Sala de lo Civil de la ilustre Corte Suprema de Justicia, exijan el cabal cumplimiento en la estructura de las sentencias del literal b) del Art. 200.2 CPC, cuando el asunto requiera la redacción de los hechos probados, como en el asunto de mérito, y en los casos en que es necesario tal determinación, que los hechos probados se redacten en forma limpia, sin argumentaciones, porque estas forman parte de la motivación de la sentencia en los "Fundamentos de Derecho"; y como las sentencias de las Salas o del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, aspiran a ser "didácticas, formativas o pedagógicas", solo permiten que se identifiquen brevemente la o las pruebas que acrediten cada hecho probado. Reitero, la infracción procesal señalada se produjo en la sentencia por infracción de normas procesales que regulan su forma y contenido. La declaración de hechos probados es un requisito formal de la estructura de la sentencia, establecido por una ley imperativa como las señaladas infraccionadas, cuya exigencia se colige también claramente del Art. 705.2 del Código Procesal Civil y su omisión conculca la finalidad del recurso de apelación que tiene por objeto la revisión de los hechos probados, pues al no existir tal declaración ostensiblemente se imposibilita la revisión de esa finalidad, como ocurrió con la sentencia de segunda instancia y, por ende, da lugar a la impugnación en este motivo por infracción de normas procesales; al leer los antecedentes de hecho de la sentencia que impugno no se encuentra que en ellos”… se consignarán, con la claridad y concisión posibles yen párrafos separados y numerados... los hechos probados en su caso…”; tal omisión se ha dado en el presente caso porque la Corte recurrida al hacer los pronunciamientos del fallo, restó total y absoluta importancia a su obligación de hacer la declaración de hechos probados que, por haber revocado el fallo apelado, estaba obligada a hacerla. Se constata esta infracción al contrastar lo que se afirma en este motivo y los antecedentes de hecho de la sentencia ahora impugnada. Además, la sentencia debe contener a declaración de hechos probados, porque esta fijación es parte esencial de la expresión de los razonamientos facticos, los que junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho; considera esta representación procesal que no es conforme a Derecho la omisión de la declaración de hechos probados, porque se basa en un incumplimiento a una ley imperativa máxime ahora que los órganos jurisdiccionales civiles y, por ende, los de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al igual que los penales, están obligados a hacer la declaración de hechos probados, en su caso, especialmente por haberse revocado la sentencia de primera instancia, pero sin duda se trata de una actuación de incumplimiento reiterado como en muchos Tribunales de Alzada que al igual que el recurrido, frustran o impiden uno de los objetos que persigue la finalidad del recurso como lo es la revisión de los hechos dados como probados. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto como la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en esta ciudad, revocó la de primera instancia sin hacer declaración de hechos probados, desfiguró la estructura normal de la sentencia incurriendo en una infracción procesal al complicar, conculcar y frustrar enormemente el derecho de defensa que se materializa por medio de la impugnación vía apelación, perjudicando el planteamiento de los recursos devolutivos, tal como lo sostiene el insigne jurista español Juan Luis Gómez Colomer, que fue uno de los redactores de nuestro Código Procesal Civil y cuyo criterio para Honduras es un deber moral seguirlo. Es necesario decirlo: No es lo mismo impugnar una sentencia que en los "Antecedentes de Hecho", tiene la declaración de hechos probados plasmada en Derecho Jurisdiccional II, Proceso Civil, Tirant lo Blanch, 14 edic., Valencia, 2005, p. 353 y 354 (siendo coautores Juan Montero Aroca, Alberto Montón Redondo y Silvia Barona Vilar) un solo bloque, que impugnarla cuando los hechos probados no existen o hay que buscarlos con lupa porque algunos están dispersos en los Antecedentes de Hecho o están confundidos o aparecen dispersos en el acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO. Y siendo esta controversia uno de los supuestos en que la estructura de la sentencia, conforme al Art. 200.2 letra b) del CPC, encuadra en la hipótesis jurídica "en su caso", por ende, si es necesaria la fijación o declaración de "hechos probados"; al no entenderlo así la Corte recurrida infringió la relación de las normas procesales citadas en el enunciado de este motivo, por incumplir una importante formalidad en los antecedentes de hecho establecidos en la ley procesal, aplicable a las sentencias dictadas por los órganos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incurriendo en arbitrariedad e irracionalidad porque también porque frustra la finalidad del recurso previsto en el Art. 705.2 del CPCP, pues al omitir la declaración de hechos probados el tribunal de segunda instancia, incurre en omisión o defectuosa motivación fáctica, cercenando el derecho de defensa y el debido proceso en el recurso de apelación al imposibilitar revisar los hechos que debieron se dados como probados. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado y oportunamente en la decisión de este recurso según el CPC Art. 727.4 "Si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso, reenviará el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince días". Este motivo se halla comprendido en el Art. 719 Numeral 1 inciso c) "La forma y contenido de la sentencia", del Código Procesal Civil, o sea, dentro de las CAUSALES DEL RECURSO.

V.- Que el cargo expuesto anteriormente, resulta inadmisible, al incurrirse en los siguientes defectos técnicos: a) alude a la infracción de normas procesales, sin precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las mismas; y, b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a disposiciones no señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es el caso del artículo 724 del Código Procesal Civil.

VI.- Que en un tercer motivo se esgrime: "POR ERRORES PRODUCIDOS EN LA SENTENCIA. Infracción de normas procesales de los Arts. 200 y 207 del Código Procesal Civil en la parte que dicen: "Art. 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS 1..2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al siguiente contenido formal: a) b) En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados... y los hechos probados, en su caso", en relación con el Art. 207. MOTIVACION 1...2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón". Este tipo de infracción se dio por errores producidos en la sentencia misma ... que afecta su forma y contenido, especialmente se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia con el objeto que se revise su falta de suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo; por ello, impugno la aplicación omisa de esas normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, que si bien es cierto cumple en su estructura con varias normas procesales que regulan su contenido formal, adolece de las omisiones señaladas. Se trata de infracciones de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia, o sea, son vicios internos que se producen o manifiestan al estructurar la sentencia, es decir, en su elaboración; en general se incurrieron en infracciones que invalidan la sentencia, teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulen como la falta de declaración de hechos probados que afecta la motivación en los elementos facticos y jurídicos. Además de tal omisión que patentiza sin lugar a dudas que la sentencia impugnada adolece de insuficiencia en la motivación, lo cual de alguna manera se deriva del incumplimiento con la exigencia de las Arts. 200.2 b) del Código Procesal Civil, en virtud de que no tiene declaración de hechos probados, y como la expresión final de los razonamientos facticos, precisamente se encuentran en esa declaración de hechos probados, difícilmente se puede afirmar de una sentencia con semejante omisión, que en ella encontramos la conducción hacia la apreciación y valoración apropiada de las pruebas. El Art. 200 del Código Procesal Civil sobre el contenido formal de las sentencias, en el numeral 1, además de otros requisitos exige que las sentencias serán siempre motivadas y, conforme al enunciado de su numeral 2, "en particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente" y así al final de la letra b) exige como parte de las antecedentes de hecho, "los hechos probados", pero al leer y analizar la sentencia impugnada no se encuentra una declaración de los hechos probados en cumplimiento de ese precepto mencionado, pues la Corte recurrida la omitió. Además, la motivación cuyo concepto y alcance se encuentra en el Art. 207.2 del Código Procesal Civil, en el fallo impugnado es insuficiente, porque al no haberse hecho la declaración de hechos probados, falta la base fundamental para hacer los razonamientos sobre los elementos facticos y jurídicos de los presupuestos jurídicos de los Arts. Relativos a los principios de objetividad y legalidad que deben observar los Agentes Fiscales para plantear un requerimiento fiscal conforme al Código de Procesal Penal. En conclusión, existe insuficiencia en la motivación de la sentencia porque no incide en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, como lo exige el Art. 207.2 del Código Procesal Civil, y ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; son vicios de razonamiento y hasta de justificación, pues la argumentación que tiene la sentencia impugnada no se sustenta en una declaración de hechos declarados probados y los Arts. que cita en la parte dispositiva del fallo, no están bien relacionados con los razonamientos vertidos en la referida sentencia. Pero además, reglas de la lógica y de la razón han sido desconocidas por el tribunal de alzada recurrido, especialmente en cuanto a que en el número CUARTO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia impugnada, la Corte de Apelaciones argumenta sobre el contenido de los Arts. 324 de la Constitución de la República relativo a "De la Responsabilidad del Estado y de sus Servidores sosteniendo que la responsabilidad la desarrollan los Arts. 1360, 1361 y 2236 del Código Civil, destacando en el contenido de esos artículos los conceptos de culpa y negligencia, en donde afirma que (refiriéndose a la demanda)”…el demandante asume que el hecho de desestimar la acción penal presentada en su contra por el Ministerio Público ante el Juzgado Primero de Letras de Choluteca es la que da lugar a su derecho a ser indemnizado.,..”, sin embargo al final del número QUINTO de esos FUNDAMENTOS DE DERECHOS, cita el Art. 701.2 del Código Procesal Civil que dice: “.. Respetando los límites anteriores podrá resolver el recurso invocando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque no coincidan con los señalados por los recurrentes en sus escritos", dando a entender que aplicaría el principio "iura novit curia", aforismo jurídico que significa "el Juez conoce el Derecho" y que los órganos judiciales deben resolver la cuestión litigiosa con arreglo a Derecho, aunque no haya sido invocado par las partes o lo haya sido erróneamente; pero, solo se trata de una cita innecesaria pues no aparece relacionado el o las preceptos no invocados par las partes o haberlo hecho erróneamente que de oficio aplicó el tribunal recurrido para resolver en el fondo el pleito, ya que contradictoriamente en el SEXTO de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, argumenta que la demanda no hace una explicación precisa del fundamento de su reclamación, pues no establece las normas del ordenamiento jurídico que supuestamente fueron infringidas par el o los agentes del Ministerio Público que pudieran haber dado lugar a la violación de un derecho subjetivo reconocido par el ordenamiento; exigencia esta que solo demuestra que la Corte recurrida desconoce la trascendencia del principio iura novit curia contenido en el Art. 701.2 del Código Procesal Civil y no obstante estar facultado para tal principio para aplicar las normas que en realidad en el fondo resuelven conforme a Derecho la cuestión litigiosa, se abstiene de hacerlo y no hace justicia, en su lugar decide en contra de mi representado Efraín Flores Hernández, fundamentado en esa motivación insuficiente, contradictoria e irracionalidad sobre los aspectos antes apuntados, favorece la posición del Ministerio Público que actuó fuera de los principios de objetividad y legalidad En otras palabras, la declaración de hechos probados pasan a ser parte de la expresión de los razonamientos fácticos que, junto con los razonamientos jurídicos, deben conducir a la aplicación e interpretación del Derecho aun en el supuesto de que las partes no lo hayan invocado o lo hayan hecho erróneamente; al no entenderlo así la Corte recurrida ha infringido esa relación de los preceptos procesales citados en el enunciado de este motivo, afectando el derecho al recurso, el derecho de defensa y el del debido proceso como ya se dejó dicho. De esa manera, queda así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto siendo esta controversia uno de los supuestos en que la estructura de la sentencia, conforme al Art. 200.2 letra b) del CPC, encuadra en la hipótesis jurídica "en su caso", la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en esta ciudad, revocó la de primera instancia sin hacer declaración de hechos probados, siendo necesaria tal declaración, al no entenderlo así la Corte recurrida, infringió la relación de las normas procesales citadas en el enunciado de este motivo, por incumplir una importante formalidad en los antecedentes de hecho establecidos en al ley procesal, aplicable a las sentencias dictadas por los órganos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incurriendo también en arbitrariedad e irracionalidad en lo que respecta a la falta de aplicación del principio iura novit curia previsto en el Art. 701.2 del CPC, pues no basta citarlo y ampararse en que la parte actora no establece las normas del ordenamiento jurídico que supuestamente fueron infringidas por el o los agentes del Ministerio Público al plantear un requerimiento fiscal contrario a los principios de objetividad y de legalidad. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a nuestro representado y según el CPC Art. 727.4 "Si se apreciara infracción de las normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictara la nueva sentencia salvo que el defecto consista en la omisión o defectuosa motivación fáctica, o en la omisión de pronunciamiento, en cuyo caso, reenviara el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince días". Este motivo se halla comprendido en el Art. 719.1.c) Causales del Recurso, del Código Procesal Civil de 2006, en la parte que dice: c) La forma y contenido de la sentencia", en relación con el 720.2 del mismo Código, porque dentro de ese literal "c) ", se puede solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar, en este caso concreto, su suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque como se dejó dicho, es determinante de un sentido diferente del fallo. V.A) DENUNCIA PREVIA EN LA INSTANCIA Como se puede apreciar los errores antes denunciados fueron cometidos al estructurarse la sentencia de segunda instancia, era imposible una denuncia previa. V. B) SE TRATO DE SUBSANAR En cuanto al requisito de intento de subsanación no es posible porque las infracciones se han dado en los momentos de estructuración de la sentencia de segunda instancia."

VII.- Que al igual que el anterior, el cargo que antecede, no resulta admisible, al incurrirse en similares defectos técnicos, ya que se indica la infracción de normas procesales, sin precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las mismas y que en su explicación se realizan alegatos propios de instancia y alude a disposiciones no señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación, tal es el caso del artículo 724 del Código Procesal Civil.

VIII.- Que en un cuarto motivo expone el impetrante: "IMPUGNANDO LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción por falta de aplicación o violación de los artículos 1346 en la parte que dice: "Las obligaciones nacen de… o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia" y 1350 "Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, no penadas por la ley, quedaran sometidas a las disposiciones del Capitulo II del Titulo XIV de este Libro”, ambos del Código Civil, en relación con los Arts. 1 Nº 3, 16 Nº 1 y 73 en la parte que dice: “Para que las funciones del Ministerio Público se realicen con las garantías de…, objetividad…”, estos tres de la Ley del Ministerio Público, y también en relación con el 93 del Código Procesal Penal. En el presente motivo se han citado dos normas generales del Código Civil en relación con normas concretas de la Ley del Ministerio Público y del Código Procesal Penal, relativas a principios que en el desempeño deben observar los agentes fiscales del Ministerio Público, especialmente en el momento procesal de incoar requerimiento fiscal en contra de cualquier persona que haya incurrido en actos u omisiones ilícitos, sin embargo, en el caso concreto de formularle requerimiento fiscal a mi representado Efraín Flores Hernández, no se observaron o cumplieron a cabalidad los principios de actuación como son los de legalidad y objetividad, ya que actuaron en forma omisa o negligente contraria a dichos principios, actitud ilegal o indebida que perjudicó a mi poderdante. El Art. 1346 del Código Civil dice: "Las obligaciones nacen de o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia". El Art. 1350 del Código Civil dice: "Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, no penadas por la ley, quedaran sometidas a las disposiciones del Capítulo II del Titulo XIV de este Libro". El Art. 1346 determina el origen o fuente de las obligaciones y al final, sobre el nacimiento de estas, claramente dispone "o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia", es la ultima fuente de ellas que se refiere a los cuasi delitos ocasionados por cualquier género de culpa, como lo expresa el ilustre jurista de antaño Luis Mejía Moreno"; y que, como modelos o ejemplos, los indica el Código en sus artículos del (2.236 al 2.243). No nacen de un acto de voluntad como el contrato o el delito, sino de un acto involuntario, pero no por eso eximible de responsabilidad, que se llama delictual, pero no penable, sino sancionada por la obligación de reparar el daño causado Nacen de la obligación de no atentar contra el derecho ajeno, la obligación de no perjudicar a los demás, la obligación de conducirnos en la vida social, ya sea en nuestros actos personales como en los que ejecuten las personas que se hallan bajo nuestra dependencia con diligencia, con prudencia, con previsión, para no causar daño a los demás, son obligaciones estrictas, y son obligaciones que tienen como carácter fundamental, el de poder exigirse en toda su amplitud, el de poder imponerse en toda su latitud a todas las personas que viven en la sociedad; nadie tiene el derecho de ser descuidado al extrema de causar un perjuicio al derecho ajeno...”. Y respecto al contenido del Art. 1350 del Código Civil es la disposición que, en cuanto a la regulación de las referidas obligaciones derivadas de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, no penadas por la ley, remite a lo dispuesto en el Cap. II del Titulo XIV del Libro IV del mismo Código y así se entiende porque la Corte recurrida si aplico el Art. 2236 del Código Civil. En el desarrollo de su actuación los Agentes fiscales del Ministerio Público deben actuar con cuidado, con diligencia, evitando en incurrir en omisiones o negligencia y como al final el Ministerio Público es parte de la organización del Estado, entonces resulta evidente que deben actuar observando los principios de legalidad y objetividad, el primero de estos previsto en los Arts. 1 y 16 de la Ley del Ministerio Publico, en las partes que dicen: "Articulo 1.- El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: l... 2 "3 Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes "Articulo 16.- Son atribuciones del Ministerio Público. 1. Velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución y de las leyes Practica del Derecho Civil Hondureñito, Obligaciones y Contratos, Tegucigalpa, 1934, p. 28. Los principios de actuación están previstos en la Ley del Ministerio Público en varios artículos, pero a los efectos de este motive especialmente el principio de legalidad no se observo a cabalidad pues si conforme al Art. "1 " de su Ley orgánica, el Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de varios fines y objetivos, entre los cuales conforme al numeral "3" debe "Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes", lo cual quiere decir que el Ministerio Público a través de sus máximas autoridades y agentes deben actuar con sujeción a la legalidad, implicando esto que debe colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz impartición de justicia, lo cual evidentemente en el case contra Efraín Flores Hernández se revela incumplido cuando se le formulo un requerimiento fiscal respecto al cual en el sobreseimiento dictado a su favor, se concluye no haberse incorporado al proceso elementos suficientes por parte del Ministerio Público para suponer participe a Efraín Flores Hernández del ilícito investigado, porque no se encontraban en el proceso elementos suficientes que llevaran al juzgador a la convicción de que existió un indicio racional de ser el autor o participe del delito investigado supuestamente ocurrido en el ario mil novecientos noventa y siete y, por ende, no pudiéndose establecer quien fue su autor; luego también se pone de manifiesto inobservancia del contenido del Art. "16" porque formular un requerimiento fiscal en tales condiciones vulnera los derechos del imputado, pues el Ministerio Publico conforme al numeral "1", que es otra expresión del principio de legalidad debe "Velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución y de las leyes. De igual manera el artículo 73 de la Ley del Ministerio Publico dice en lo pertinente: "Para que las funciones del Ministerio Publico se realicen con las garantías de... objetividad.. y esta tan claro que debe realizar esa garantía que con solo su contenido es suficiente, pues en el caso de Efraín Flores Hernández omitieron la existencia de esta norma y el deber de cumplir con esa garantía o principio de actuación. El Articulo 93 del Código Procesal Penal en lo conducente dice: “Articulo 93. Objetividad. En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público actuará con absoluta objetividad y velara por la correcta aplicación de las leyes. Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de responsabilidad del imputado; asimismo, deberán formular sus requerimientos conforme a ese criterio, aun a favor del imputado, el Ministerio Público debe actuar con absoluta objetividad tal como expresamente lo disponen esos dos Arts. 73 y 93 indicados como infringidos en relación con los demás citados en el enunciado de este motivo, en ese Art. 73 explícitamente se exige que las funciones de Ministerio Público se realicen con las garantías que el mismo menciona, y entre ellas determina la garantía de objetividad, o sea, cumpliendo con ese principio en especial en el ejercicio de las funciones en defensa de los intereses generales de la sociedad, pero sin duda también preservando los derechos del imputado y, por ello, sus agentes siempre no estarán obligados a acusar pues cuando encuentren en favor de la persona imputada concurrencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad o no logren recabar pruebas suficientes para sustentar el requerimiento fiscal, incluso en forma objetiva tienen la obligación de investigar las circunstancias que comprueben el requerimiento fiscal o acusación, sino también todo hecho, indicio o circunstancia que pueda eximir al investigado, pero todo lo contrario ocurrió en la actuación del Fiscal Rubén Antonio Molina Molina cuando presentó el Requerimiento Fiscal contra Efraín Flores Hernández, el cual actuó negligentemente al no tener elementos suficientes para determinar la participación de mi mandante en el ilícito que investigaba y el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca dicto sobreseimiento a favor de mi poderdante. Por su parte el Artículo 93 del Código Procesal Penal en lo conducente cuyo epígrafe es la "Objetividad", es una norma muy clara pues desde el primer párrafo manda: "En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público actuara con absoluta objetividad y velará por la correcta aplicación de las leyes luego le impone el deber de investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de responsabilidad del imputado y tomando en cuenta este párrafo que he entrecomillado resalta sin duda alguna que hubo negligencia en la investigación de las circunstancias atinentes a los hechos investigados y que con base en ellos se formula el Requerimiento Fiscal contra mi mandante Efraín Flores Hernández; y al leer la parte dispositiva de la sentencia que dictó el sobreseimiento, se concluye que el Requerimiento Fiscal presentado contra el ciudadano Efraín Flores Hernández, no contaba con elementos suficientes llevaran al Juez competente, el del Juzgado Primera de Letras de Choluteca a la Convicción de que existiera indicio racional de ser el autor o participe del delito investigado supuestamente ocurrido en el año de mil novecientos noventa y siete, no pudiéndose establecer quien fue su autor; entonces se colige que conforme a la ultima parte del segundo párrafo del Art. 93 del Código Procesal Penal que dice: deberán formular sus requerimientos conforme a ese criterio, aun a favor del imputado el Fiscal debió formular el requerimiento contra Efraín Flores Hernández, aun a favor de él como sujeto investigado. DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concrete, el tribunal de alzada al no entender la relación de las normas señaladas como infringidas en la sentencia impugnada, agravia a mi representado, por no reconocer que le causo perjuicio a Efraín Flores Hernández, al desconocer la existencia de tales normas y dejar de aplicarlas, violando las normas que regulan el origen de las obligaciones por cualquier genera de culpa o negligencia previstas en las normas del Código Civil señaladas como infringidas en este motivo, en su relación con la omisión o negligencia en la actuación del Fiscal que incoó el Requerimiento Fiscal y cualquier otro que actuó sustituyéndolo en representación del Ministerio Público, causando daños y perjuicios a mi mandante. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a nuestro representado y según el CPC Art. 727.5, en su caso si lo tenéis a bien concluir "Si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Corte Suprema de Justicia dictara la nueva sentencia, resolviendo el litigio". Este motive se haya comprendido en el "Art. 719. Causales del Recurso. 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio", del Código Procesal Civil."

IX.- Que no es admisible el anterior cargo, dado que el Censor del fallo insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no puede efectuarse en este extraordinario recurso, por lo dispuesto en el artículo 720 numeral l) del Código Procesal Civil.

X.- Que, en el quinto y último motivo de casación, el Recurrente sostiene: "IMPUGNANDO LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Infracción de ley material por aplicación indebida del Art. 1361 del Código Civil, al haber sido empleado en la solución del fondo del litigia Artículo 1361 del Código Civil, dice: "La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. "El contenido del Art. anterior es sumamente claro en cuanto a disponer que la responsabilidad procedente del dolo, es decir, que se deriva o proviene del dolo, es exigible en todas las obligaciones y, estas lógicamente son todas las que pudieran haberse derivado de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia; finalizando dicho precepto con sancionando con nulidad la renuncia de la acción para hacer efectiva la responsabilidad que procede o proviene del dolo. En el acápite de la demanda 'MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBEN SER DECLARADOS NULOS Y CON ELLOS EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA CONSECUENTEMENTE LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE AQUELLAS", claramente se afirma que el Ministerio Público al emitir las resoluciones impugnadas violentó el ordenamiento jurídico contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo al inobservar dicho instrumento jurídico específicamente en su artículo 68 y 69, al establecer que los hechos invocados y que fueren relevantes para la decisión, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba, situación que el Ministerio Público, a pesar de haber dejado de manifiesto en el escrito del reclamo la intención de acreditar los hechos motivantes del reclamo administrativo, no abrió a prueba el trámite administrativo, por el contrario procedió a resolver de corte "SIN LUGAR" el Reclamo Administrativo y se cita que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo establece que se considera como motivo de no ser Conforme a derecho a aquellas decisiones de la administración pública que se emitan infringiendo el ordenamiento jurídico, incluso el QUEBRANTAMIENTO DE FORMALIDADES ESENCIALES, para la emisión de las mismas, señalándose como una de estas el presente caso cuando el Ministerio Público a mancillado el espíritu del Procedimiento Administrativo al no acordar la apertura del periodo de prueba para darle la oportunidad al reclamante de demostrarle la certeza de su reclamo; afirmándose que esa omisión caprichosa conlleva la NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y POR ELLO EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA DEL PETICIONARIO, COMO SER EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES QUE CORRESPONDE, las cuales se detallaron en la suma y preámbulo de la demanda. Entonces, la causa inmediata de la pretensión consignada en la demanda se deriva de esa negativa de la apertura a prueba del reclamo administrativo que el actor le planteo al Ministerio Público, aunque la causa mediata es el requerimiento fiscal que inició el proceso penal en su contra que se concluyó por sobreseimiento dictado el cinco (5) de noviembre de dos mil cuatro (2004), por el Juzgado Primera de Letras Departamental de Choluteca que conoció de dicha causa. En la contestación a la demanda la Procuraduría General de la República se concretó a impugnar la causa mediata del reclamo y a justificar la actuación del Ministerio Público quien por media de un agente fiscal incoó el requerimiento fiscal sin sustento probatorio, el cual fue sobreseído por no haberse incorporado al proceso elementos suficientes para suponer participe de un ilícito investigado al Abogado Efraín Flores Hernández, pues al momento de haberse dictado no se encuentra con elementos suficientes que llevaran a la Juzgadora a la convicción de que existió sin indicio racional de ser el autor o participe del delito investigativo ocurrido en el año mil novecientos noventa y siete no pudiéndose establece quien fue el autor. El treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo fallo declarando inadmisible la acción incoada por el abogado Efraín Flores Hernández, actuando en su condición personal contra el Ministerio Público, en de que el conocimiento del caso no corresponde a la jurisdicción de la Contencioso Administrativo, por ser un asunto de orden civil. El veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a Nivel Nacional dictó sentencia y en el primer pronunciamiento declaró parcialmente CON LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por el Abogado EFRAIN FLORES HERNANDEZ actuando en su condición personal, litigando en causa propia y por el Abogado MAURICIO A CASTRO AGUILAR actuando en su condición de Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras a través del Ministerio Público en relación a la solicitud de que se revoque la sentencia que declara la inadmisibilidad de la acción a continuación declaro con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO A CASTRO AGUILAR actuando en su condición de Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras a través del Ministerio Público, en relación a que se declare la improcedencia de la acción. Luego en el segundo pronunciamiento dicho Tribunal de Alzada revocó la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de noviembre del dos mil dieciséis (2016) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y como consecuencia, del revocatorio del fallo de primera instancia, en el tercer pronunciamiento declaró la IMPROCEDENCIA DE LA ACCION por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado. Por último, el cuarto pronunciamiento no hizo imposición de costas, con la formula "Sin Costas". En la motivación vertida en la sentencia dictada por el Tribunal recurrido, no existe argumentación apropiada dando las razones fácticas y jurídicas de como los hechos de la demanda se subsumen en el supuesto "La responsabilidad procedente del dolo" del Art. 1361 del Código Civil porque al plantearse el reclamo administrativo ante el Ministerio Público no se exponen ilícitos dolosos respecto a los cuales se haya deducido acción de responsabilidad procedente del dolo, luego entonces, ese Art. 1361 fue aplicado indebidamente, porque en este caso concreto no aplica, no opera no funciona, no sirve para solucionar en el fondo el conflicto entre el Ministerio Publico y mi representado, ni acudiendo al principio iura novit curia porque siempre se incurriría en una equivocada subsunción de los hechos a un supuesto jurídico inaplicable al caso concreto que nos ocupa DETERMINACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: En este caso concreto, el Tribunal de Alzada al no entenderlo según la norma señalada como infringida, en la sentencia impugnada agravia a mis representados, por no reconocer que les causó perjuicio al utilizar y aplicar porque les atribuye la calidad de herederos a la parte contraria, sin haber obtenido tal calidad en legitimo reconocimiento post mortem conforme lo prescrito por nuestro ordenamiento jurídico. En este caso particular, lo expuesto evidencia la indebida aplicación del Art. 1361 del Código Civil citado como infringido en el enunciado de este motivo, constituyendo infracción a esa norma que no debió emplearse en la solución del fondo de este litigio, pero resulta evidente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional en este caso particular indebidamente aplicó el Art. 1361 del Código Civil, dicha aplicación indebida es arbitraria e ilegal al no servir para solucionar en el fondo la cuestión litigiosa es más, tampoco en este caso concreto la pretensión consiste ni se trata de una renuncia a la acción de exigencia de responsabilidad procedente del dolo. Queda así precisada y justificada la incidencia de tal infracción en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a nuestra representado y según el CPC Art. 727.5, en su caso si lo tenéis a bien concluir "Si se apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de fondo, la Corte Suprema de Justicia dictará la nueva sentencia, resolviendo el litigio". Este motivo se haya comprendido en el "Art. 719, Causales del Recurso… 2. Igualmente se podrá impugnar la aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio" del Código Procesal Civil".

XI.- Que tampoco resulta ser admisible el cargo que antecede, ya que de nuevo se insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual no puede efectuarse en este extraordinario recurso, por lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.

XII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el articulo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación d Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.

XIII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el articulo 704 del Código Procesal Civil, Adicional se recuerda, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el articulo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación; El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a este pleno orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y se debe ordenar se remitan las actuaciones al Tribunal correspondiente.

PARTE DISPOSITIVA

POR TANTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos al disentir los Magistrados RAFAEL BUSTILLO ROMERO Y JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA; Impartiendo Justicia en nombre del estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 numerales 1) y 2), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 35, 89, 132 párrafo segundo y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 22, 211 y 214 numeral 2) Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cinco motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE.

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