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Sentencia CA-49-21 — Registro 12852

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado, por no estar dictada conforme a Derecho; en consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que también el cargo que antecede resulta inestimable, dado que el Censor del fallo invoca la falta de aplicación del artículo 200 numeral 2) incisos b) y d) del Código Procesal Civil, luego en su explicación adiciona el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin haberlo incluido como norma infringida o relacionada en su formulación. Además, al igual que en el primer motivo, se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan alegatos propios de instancia.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."También resulta inadmisible este tercer cargo, ya que se alude la falta de motivación fáctica del fallo recurrido, señalando como infringido el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual si bien es una norma adjetiva, pero no es atinente al tema de la forma y contenido de la sentencia, porque corresponde a un ordenamiento jurídico que regula los actos y el procedimiento administrativo que es objeto de revisión en esta jurisdicción; además, nuevamente se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan alegatos propios de instancia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de abril del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN; y, Recurrido: la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO), representado en juicio por el Abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular por no ser conforme a derecho, ya que, en abierta vulneración al debido proceso se procedieron a emitir resoluciones administrativas viciadas de nulidad y se incumplió el contrato de servicios aduaneros para la operación de tiendas libres, que se declare la nulidad de pleno derecho del Acuerdo No. DEI-001-2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO), contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), ahora SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 02 de marzo del 2010 la DEI emitió resolución No. DEI-DL-02450-B-2010, mediante la cual resuelve: “PRIMERO: La suspensión inmediata a partir de la notificación de la resolución, de prestación de servicio Aduanero de Vigilancia y control Fiscal establecido en el contrato de Servicios Aduaneros para la operación de Tiendas Libres, suscrito entre laDirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad mercantil Importadora Comercial, S.A. (IMCO), el 01 de marzo del 2003 y sus correspondientes adendums para las demás tiendas a nivel nacional, inclusive de la bodega autorizada a favor de dicha empresa en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; las cuales totalizan ocho (8) tiendas a nivel nacional….SEGUNDO: La suspensión decretada surtirá sus efectos mientras la Dirección Ejecutiva de Ingresos realiza los inventarios de mercadería y bienes existentes en los establecimientos comerciales de la sociedad mercantil referida en el numeral anterior como en sus bodegas y demás sitios de almacenamiento, mientras se concluyen las auditorías de punto a nivel nacional y sin perjuicio de llevar a cabo una (1) auditoría integral que determine con presión la existencia de saldos pendientes a favor del fisco la ejecución de las garantías existentes, así como la imposición de las multas formales o materiales aplicables y las sanciones principales o accesorios, que procedan…”. Dicha resolución se emitió con el propósito de confundir o simular una situación, ya que fue emitida en el mes de marzo del año 2010, pero en realidad desde el mes de febrero del mismo año tenían cerradas las tiendas libres de la sociedad demandante, prueba de este hecho se acompañan las copias de las actas notariales debidamente autenticadas, mediante las cuales se dejó constancia cuando los propios funcionarios de la demandada ordenaron verbalmente el cierre de las tiendas, quitando las llaves a los delegados fiscales. La demandante interpuso recurso de reposición, solicitando la nulidad absoluta de actuación, se procedieran a nombrar los delegados fiscales en virtud del incumplimiento del contrato de servicios aduaneros suscrito por la demandada y la demandante. En la resolución se mencionan dos facturas del hotel Marriot donde se colocó el mismo número de pasaporte, sin embargo, se comprobó con el reporte de línea aérea Continental, ambas personas que aparecen en las facturas son pasajeros que abandonaron el País. Afirma la demandada que la demandante no reportó a la aduana las ventas que superan los $500.00 no obstante el 30 de octubre del 2009, la Directora Adjunta de Rentas Aduaneras de la DEI notificó a las tiendas libres que si la venta realizada al viajero supera el equivalente a $500.00 establecidos en el artículo 114 del CAUCA o las cantidades establecidas en el artículo 578 del RECAUCA, el delegado fiscal está en la obligación de informar a la administración de aduanas de la jurisdicción, para que cuando el viajero entre o salga del país, se verifique el cumplimiento de la obligación de presentar declaración de importación o exportación según sea el caso. La DEI aduce que existen anulaciones de facturas, ventas de cajas de cervezas. Todos saben que la factura se puede anular, y no existe una norma que prohíba vender una caja de cerveza. En cuanto a lo que aduce la DEI, de que la demandante no se registró como empleado auxiliar de la función pública aduanera, la demandada manifiesta que esta solicitud se presentó en agosto de 2008 y después en enero de 2010 y que a la fecha la DEI no resolvió el asunto. Este hecho no es una condición para tener cerrada una tienda, inclusive, es el servicio aduanero que requiere la información para el registro y no obligación de la tienda presentar una solicitud, esto establece el artículo 130 del CAUCA. Respecto a los incumplimientos que manifiesta la DEI está el que supuestamente la mercadería no llega consignando el nombre de operador de la tienda libre, no obstante, la DEI no presentó prueba de este hecho y en todo caso basta con inspeccionar las Declaraciones únicas Aduaneras para comprobar, que efectivamente las DUAS vienen consignadas a Importadora Comercial, S.A. (IMCO), esto se prueba comprueba con una inspección en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH).La demandada manifiesta en la resolución DEI-DL-2450-B-2010, que la sociedad demandante incumplió con la obligación de implementar los sistemas automatizados, esto tampoco es cierto, la empresa recibió las capacitaciones para implementar el sistema SARAH y ya para finales del 2009 las tiendas libres junto con el personal de la DEI, automatizó todas sus operaciones aduaneras de ingreso y venta de mercancías cumpliendo de esta forma con la obligación de desarrollar el Sistema Especial de Control Automatizado a disposición del Servicio Aduanero. La DEI en la resolución DEI-DL-2450-B-2010, decretó medidas cautelares sobre las mercancías que se encontraban en las tiendas libres, equipo de cómputo, libros, archivos, se fundamentó para tan atroz acto en el artículo 43 del RECAUCA; dicho artículo permite la implementación de medidas cautelares de acuerdo a la legislación interna y el Código Tributario en su artículo 95, que regula el procedimiento para establecer medidas cautelares o precautorias. También esta resolución No.DEI-DL-02450-B-2010, dice que procede el Recurso de Reposición en contra de la misma, sin embargo, pese a ello, sin ser un acto firme y exigible, la DEI ejecutó la resolución y procedió a establecer las tales medidas cautelares que posteriormente suspendió sin emitir resolución y permitiendo que la mercadería saliera del país. En todo caso no existe norma alguna y tampoco en el Contrato de Servicios Aduaneros que permita la suspensión de dicho contrato mientras durara el levantamiento de inventario. Se interpuso recurso de apelación contra la resolución DEI-3108-2010 ante la Secretaría de finanzas, por el cual se resolvió mediante la emisión de la resolución No. A.L.053/2011; En el Considerando 31 de la Secretaría de Finanzas afirma, que: ``en la misma resolución DEI-3108-2010, señala que la Dirección Ejecutiva, no ha ordenado ningún cierre, simplemente se ha suspendido el servicio aduanero´´. Que las actuaciones de la DEI son nulas de pleno derecho porque dicho ente omitió totalmente el procedimiento establecido, pues no cuenta con ninguna norma que le permita suspender el servicio de aduanas a fin de levantar inventario de mercancías y de bienes, o porque va a realizar una auditoría de punto fijo, incumpliendo de esta manera el Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Tiendas Libres, suscrito entre la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) y la Administración Tributaria, más bien, dicho contrato claramente establece en la Cláusula Primera, que la Dirección se responsabiliza para que en el ejercicio de sus facultades de vigilancia y supervisión fiscal no se entorpezcan los procesos de importación y comercialización. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no es cierto que la resolución No. DEI-DL-02450-B-2010 que emitió la DEI, es ilegal y arbitraria, en vista que, en el considerando sexto de la referida resolución, se consigna que según información proporcionada por la Sección de Agentes Aduaneros y Navieros de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la Empresa IMCO, tenía vigente hasta el 20 de junio de 2010 la garantía bancaria No. 201939 por valor de $ 150,00.00, cumpliendo de esta forma lo establecido en el literal h) del artículo 21 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y el inciso a) del artículo 131 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); en lo que se refiere a las facturas 21883 y 21884 en cuanto a la colocación del mismo número de pasaporte con diferente nombre, se rechaza totalmente tal extremo, en virtud que la resolución no considera dichas facturas como ilegales; en lo concerniente a que se encontraron facturas sin registrar los días 19, 20 y 22 haciendo alusión que el delegado fiscal asignado a la empresa se encontraba gozando de vacaciones, cabe mencionar que en el Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Tiendas Libres, suscrito entre la DEI y la empresa IMCO, en su cláusula Cuarta, inciso 6), ya regula qué procedimiento debió haber seguido la empresa, por lo que, la empresa mercantil debió haber notificado oportunamente a la DEI tal ausencia, de lo que se deduce que es irregular haber realizado operaciones aduaneras o transacciones sin haber estado presente dicho delegado fiscal que es el único designado a realizar esas tareas, por parte de la autoridad aduanera.El delegado fiscal tiene responsabilidad de autorizar las ventas respectivas, la tienda libre no debe de desconocer su obligación en relación a las ventas a nacionales en tránsito, que regula el artículo 131 literal c) del RECAUCA, que regulan las obligaciones de las tiendas libres. Se rechaza que la demandante desconoce que el SARAH se implementó para regular todas las operaciones aduaneras por los contribuyentes y en el caso específico de las tiendas libres, en relación con el Sistema SARAH, a través del mismo se pueden verificar las importaciones, tránsitos y reexportaciones realizadas por la empresa, no así las ventas de mercancías que realizan a los nacionales en tránsito o los extranjeros, según su caso, y cuando habla del incumplimiento del artículo 131 inciso d), se refiere a un sistema que está en disposición de la Aduana, no así un Sistema creado por la autoridad aduanera como el caso que nos ocupa que es el SARAH. En relación a la suspensión de la medida cautelar sin emitir Resolución que aduce la parte demandante, la DEI entre una de sus facultades, posee la de autorizar la nacionalización o reexportación de las mercancías bajo el régimen de tiendas libres, en tal sentido emitió el oficio No. DTA-316-2010 con el fin de salvaguardar los intereses del fisco, por haber finalizado la fiscalización donde se detectó las irregularidades. Que la Secretaría de Finanzas emitió la resolución No.AL.053/2011 de fecha 29 de marzo 2011, en la que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LILIAN ROSARIO LÓPEZ GARCIA y confirma la resolución No. DEI-3108-2010 emitida por la DEI en fecha 22 de junio de 2010, la que deniega el recurso de reposición contra la resolución No.DEI-DL-02450-B-2010 de fecha 1 de marzo de 2010, dichas resoluciones fueron emitidas conforme a ley, sin violentar ninguna Garantía Constitucional a la empresa demandante. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de septiembre del 2018, dictó sentencia declarando: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción promovida por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, quien actúa en su condición de apoderado legal de LA SOCIEDAD IMPORTADORA COMERCIAL S.A., por estar ajustado a Derecho el acto administrativo impugnado, como se relacionó en los fundamentos de derecho relacionados en la parte de la fundamentación legal, del presente fallo, SEGUNDO: Sin costas a la parte vencida por tener motivos para litigar. TERCERO: contra la presente sentencia procede el recurso de apelación el que deber sin interponerse ante este tribunal dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la notificación; SIN COSTAS”, bajo el criterio que en el presente caso el acto administrativo impugnado es la resolución A.L.053/2011 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas y la resolución 3108/2010 emitida por la DEI la cual resuelve el recurso de reposición contra la resolución DEI-DL-02450-B-2010, la cual analizada la resolución se declara sin lugar dicho recurso, concluyendo que fue dictada conforme a derecho, resolución contra la cual se interpuso recurso de apelación ante la secretaria de estado en los despachos de finanzas, la cual fue resuelto a través de la resolución No.A.L053-2011 de fecha 29 de marzo del 2011, confirmando la resolución apelada emitida por la DEI, que resuelve el recurso de reposición, por considerarse estar dictado conforme a Derecho, poniendo fin de esta manera a la vía administrativa. Los operadores de las tiendas libres son auxiliares de la función pública aduanera, los cuales son responsables con el fisco por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran personalmente o sus empleados acreditados ante el servicio aduanero, sin perjuicios de las demás responsabilidades a que dichos empleados queden legalmente sujetos. Los actos administrativos hoy impugnados fueron dictados por el órgano correspondiente, conforme a competencia que tenía la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), de administración, control, fiscalización y cobro de todos los tributos, incluidos los aduaneros, siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes especiales de la materia, encontrándose en consecuencia revestidos de legalidad; que en cuanto al medio de prueba denominado peritaje privado aportado por la parte demandante, con el escrito de demanda y que corre agregado a folio 48 al 77 de autos, el cual fue elaborado por el Licenciado Carlos Sánchez, quien no se identifica plenamente en su dictamen, para ser determinado con certeza por este juzgado los conocimientos técnicos o científicos que lo habilitaren para emitir dicho dictamen, mucho menos, manifiesta bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible y que conoce de las sanciones penales en las que podría incurrir sí incumpliera su deber como Perito (art.328.1, 332 CPC); por lo cual analizado el mismo, así como la prueba aportada en su conjunto y siendo que el perito que elaboró el dictamen privado es el mismo que elaboró con anterioridad el dictamen DEI-23-2010-R.E., firmado como Jefe de la Sección de Regímenes Especiales de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en el cual recomienda la suspensión del contrato de prestación aduanera de vigilancia y control fiscal suscrito entre la DEI y la empresa Importadora Comercial S.A. (IMCO) por las irregularidades encontradas; ahora habiendo terminado su relación laboral con la DEI, emite un dictamen privado posterior, totalmente contrario al que emitió en fecha 23 de febrero del 2010 (DEI-23-2010), por lo cual este juzgado considera que el mismo no es veraz ya que existe un conflicto de intereses, (Art.335 del CPC). 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 11 de diciembre del 2019, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, por no estar dictada conforme a Derecho; en consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la Abogada Lilian Rosario López García, en su condición apoderada de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO), por no ser conforme a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y A.L. 053/2011, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados; en vista de que la parte demandante no solicita de forma puntual el reconocimiento de alguna situación jurídica individualizada, ni mucho menos la adopción de alguna medida necesaria para su pleno restablecimiento, este Tribunal no se pronuncia al respecto, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la Dirección Ejecutiva de Ingresos ostenta la competencia y por ello las facultades legales de investigar, determinar y sancionar las acciones u omisiones en que incurran los obligados tributarios, no es menos cierto que para tales propósitos debe ceñirse estrictamente al ordenamiento jurídico regulados de todas estas actividades, así como a los convenios que en uso de sus facultades legales haya celebrado con los particulares y en ese sentido, del resultado del análisis de los agravios expuestos por el recurrente se desprende que en efecto la parte demandante ha descargado las imputaciones o hallazgos encontrados por la fuerza de tarea conjunta integrada por los departamentos de inteligencia fiscal, fiscalización tributaria y aduanera, y demás dependencias relacionadas; y que determinó la emisión del acto administrativo número DEI-DL-02450-B2010, mediante la cual se resuelve la suspensión inmediata de los servicios aduaneros de vigilancia y control fiscal establecido en el contrato de servicios aduaneros para las operaciones de tiendas libres suscrito entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO); y por tal descargo se determina que los hechos que sirvieron de antecedentes o sustento legal de la decisión tomada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, así como de los actos administrativos emitidos por la misma DEI que resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de aquella, y el recurso de apelación resuelto por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, son inexistentes, por haberse descargado debidamente, y por ello dichos actos administrativos se encuentran emitidos en contra del ordenamiento jurídico, ya que además de no existir tales imputaciones, de conformidad con el contrato de servicios aduaneros para la operación de tiendas libres suscrito entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO), el cual es ley entre las partes, por derivar del basamento legal marco, como es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, la administración tributaria no se encontraba en la facultad de suspender dicho contrato, pues tal figura jurídica no está contemplada en el mismo, siendo la pactada la rescisión del contrato por causales establecidas en la cláusula décima, de las cuales ninguna de ellas se subsume en los supuestos hallazgos o violaciones cometidas por la parte demandante y en caso de existir, ninguno de ellos tenía la calificación de ser graves, condicionamiento que indica la causal invocada por la DEI para decretar la suspensión. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN en fecha 07 de febrero del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 11 de diciembre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.007-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.333-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 13 de febrero del 2020 tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, presentó en fecha 12 de marzo del 2020, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 13 de marzo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 15 y 20 de enero del 2021, los Abogados MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA y ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 11 de marzo del 2021, teniendo por personados a los Abogados ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, como recurrente, y MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo fundamentado por INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES QUE REGULAN EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley adjetiva por la infracción por violación o falta de aplicación de los artículos 245 numeral 2; 273 numerales 1 y 3; y, 479 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, en cuanto a la forma de valoración de una prueba en la sentencia impugnada según el valor tasado que corresponde a un documento público consistente en un fallo proferido por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 29 de noviembre de 2011. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del articulo 719 numeral 1 y literal c), del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL PRIMER MOTIVO. 1)CONCEPTO DE LA INFRACCION: Los preceptos de orden adjetivo que se invocan como infringidos para efectos del presente motivo de casación, es decir los artículos 245 numeral 2, 273 numerales 1 y 3; y, 479 numerales 3 del C6digo Procesal Civil literalmente prescriben lo siguiente: "Articulo 245.- VALORACION DE LA PRUEBA.- 1... ; 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.'' "Articulo 273.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS. - Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivo su otorgamiento, del lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en él. 2 ... 3. La fuerza probatoria de los documentos administrativos no definidos expresamente como documentos públicos por este Código a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les reconozcan tal carácter. En defecto de disposición expresa, los hechos, actos o estado de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.... 4...''Articulo 479.- VALORACION DE LA PRUEBA. - 1...; 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de parte y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas declaraciones y documentos tenga atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual, determinando si conduce o no a probar la existencia de un hecho y el modo en que se produjo. Cuando más de una prueba se haya dirigido a determinar la existencia de un mismo hecho, o el modo en que se produjo, se deberán poner en común, con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se llegue.'' El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Del texto de los preceptos legales adjetivos recién citados, reguladores sobre la forma en que debe ser fundamentada y valorada la prueba, y en especial de un documento púbico, en una sentencia definitiva, y así ser susceptible de ser invocada como norma infringida a través de un recurso de casación como el que ahora nos ocupa, de forma inequívoca establece la obligación que tiene el tribunal sentenciador debe explicar claramente cuál es el valor o merito que le asigna a cada uno de los medios probatorios aportado por las partes durante el proceso, y aún más importante todavía que, cuando se hayan producido varios medios de prueba sobre un mismo hecho, deberá hacer incluir un razonamiento y motivación especial para explicar cuál es la conclusión o resultado que de los mismos se desprenden. Es precisamente esta obligación legal de fundamentar de manera suficiente y lógica a la sentencia, comprendido en el precepto invocado como infringido, que se estima ha sido violentado por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicci6n a nivel nacional, motivando así la presente impugnación. Se afirma lo anterior en virtud de que el Ad-Quem relaciona en su sentencia los medios de prueba propuestos y evacuados por las partes resultando los siguientes: En relación con la PARTE DEMANDADA establece como prueba documental los documentos públicos, identificados con los números siguientes: 1) Acuerdo DEI-001-2010 del 22 de febrero de 2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en uso de sus facultades establecidas en el artículo 2 del Decreto 216-2004, en el cual se autorizaba que en caso de encontrarse anomalías o irregularidades por el equipo de auditoria por punto fijo, se procediere a dicho cierre temporal; 2) Se emite la Resolución DEI-DL-02450-B-2010 de fecha 01 de marzo de 2010, en la cual se suspende la prestación de servicio aduanero de vigilancia y control fiscal, establecido en el contrato de fecha 01 de marzo de 2003, por lo cual no existió el cierre verbal alegado por la parte demandante; 3) Se emite la Resolución DEI-3108/2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que conoce sobre la reposición presentada por la empresa mercantil Importadora Comercial (IMCO), donde se deniega la reposición; 4) Resolución administrativa A.L. 053/2011 emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, en donde confirma que el acto administrativo de suspensión de los servicios aduaneros de vigilancia y control fiscal establecidos en el contrato de servicios aduaneros para las operaciones de tiendas libres suscrito entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad mercantil Importadora Comercial (IMCO), se encuentra conforme a derecho y que por lo tanto se confirma; 5) Sentencia dictada por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, la cual sobre sello la Acción de Amparo interpuesto por la empresa mercantil Importadora Comercial S.A. (IMCO), en contra de los anteriores y citados actos administrativos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaria de Finanzas, objeto de litigio; quedo claro que NUNCA SE EMITIERON ORDENES VERBALES, NI TAMPOCO ORDENES ESCRITAS CONTRARIAS O EN EXCESO DE LA LEY, PARA EL CIERRE DE TIENDAS LIBRES. Dicha sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011 emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obra incorporada en la presente pieza de autos entre los folios 679 y 683 vuelto, quedó concluido el debate y saldada cualquier duda respecto a que la supuesta emisión de órdenes verbales para el cierre de tiendas libres, que no se han vulneraron garantías constitucionales invocadas primeramente por la parte demandante y ahora recurrente ante el tribunal de alzada; y que el Acuerdo DEI-001-2010 del 22 de febrero de 2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la Resolución DEI­DL-02450-B-2010 de fecha 01 de marzo de 2010, en la cual se suspende la prestación de servicio aduanero de vigilancia y control fiscal y la Resolución DEI-3108/2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que conoce sobre la reposición presentada por la empresa mercantil Importadora Comercial (IMCO), donde se deniega dicha reposición, todas fueron dictadas dentro del marco de las atribuciones y competencias de que estaba investida la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) (Véase el último Considerando de la Resolución de Amparo). A estos medios de prueba que constituyen actos administrativos, la Juez A-quo les atribuyó una valoración de tasación correcta, tanto de manera individual como en su conjunto, que contribuyeron a probar la existencia de que no hubo ninguna irregularidad o abuso de facultades legales de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en cuanto investigar, determinar y sancionar las acciones u omisiones en que incurrió el obligado tributario; y, más bien, por el contrario, dicha institución fiscalizadora se enmarco estrictamente al ordenamiento jurídico regulados de todas estas actividades, así como a los convenios que, en uso de sus facultades legales allá celebrado con los particulares, en este caso la relación contractual entre la DEI y la empresa mercantil IMCO. Que la infracción por falta de aplicación de estas normas adjetivas consiste en que el Tribunal Ad-Quem no realizo la actividad que ordena dicha disposición, ya que desde el numeral primero al numeral undécimo, solamente transcribió los medios de prueba propuestos por las partes y la prueba complementaria, todas admitidas y evacuadas; y, además, transcribió la declaración de hechos probados pronunciada por el A-Quo; pero en ningún momento y en ninguna parte de su motivación el Tribunal de Alzada cumplió con atribuir un valor de manera individual por cada una de las pruebas relacionadas, ni puso en común todas las diversas pruebas dirigidas a determinar la existencia del mismo hecho, o en el modo en el que se produjo, consistente en la falta o incumplimiento del requisito o formalidad exigido por la ley, como ser el no haber tomado en cuenta la sentencia (documento público) dictada por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 29 de noviembre de 2011, en el Recurso de Amparo interpuesto por la parte recurrente, y donde dicha Sala de lo Constitucional denegó el recurso de amparo luego de llegar al convencimiento que el caso en litigio no se vulneraron garantías constitucionales invocadas por el recurrente en relación a los actos administrativos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y por la Secretaria de Finanzas. Hago hincapié que las sentencias declaran derechos y no crean los mismos; quien constituye el derecho es la norma sustantiva; quedando demostrado de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que todas las argumentaciones en contra de los actos administrativos no fueron dictados al margen de la Ley, sino por el contrario fueron dictados conforme a la normativa jurídica para el caso concreto; y que el Tribunal Ad-Quem debió y estaba obligado a acatar lo resuelto por la SENTENCIA DE AMPARO, y no para desencajar los actos administrativos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y por la Secretaria de Finanzas. Que el fallo proferido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia califico la naturaleza del asunto planteado, y lo decidido implica cuestiones fundamentales de los principios del Debido Proceso por los actos administrativos de la Administración Publica, en el caso específico de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y de la Secretaria de Finanzas; y que el Tribunal Ad-Quem debió cumplir y cernirse para mantener la seguridad jurídica y el respeto a la sentencia dictada por un Tribunal Superior. Con el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia queda evidenciado que solamente los Juzgados puede constituirse en verdad legal. Una decisión judicial obliga jurídicamente a las partes resolviendo lo que conforme a derecho corresponda. Es conocido que los ordenamientos jurídicos pueden presentar algún tipo de imprecisiones o insuficiencias; pero en la sentencia de amparo quedo claramente establecido que se denegó dicho recurso interpuesto por la parte recurrente, la sociedad mercantil Importadora Comercial (IMCO), a quien no se le vulneraron garantías constitucionales, ni del debido proceso y de esta manera queda custodiado el principio juridicidad que ha sido emitido para que se cumpla y no para que tergiverse. La sentencia de Amparo, en todo su contenido, razonó las resoluciones emitidas por la DEI y que la honorable Corte de Apelaciones anulo en la sentencia impugnada; con lo cual quedo claro que la Corte de Apelaciones no valoro apropiadamente el contenido y los efectos de la sentencia de amparo y soslayó el control legal que la misma Sala Constitucional realizó sobre los actos administrativos objeto del debate. Esta valoración, de haberse hecho correctamente en el contenido de la sentencia impugnada, hubiera dado lugar a conclusión tal que la propia sentencia de Amparo es documento público suficiente y valido para desestimar las pretensiones de la parte demanda/apelante; sin embargo, como lo hemos dejado establecido, el fallo impugnado hizo caso omiso a la valoración de la prueba consistente en los documentos administrativos emitidos, así como al documento público de la sentencia de la Acción de Amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El no acatar la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estaríamos inobservando el precepto constitucional y convencional de prohibición de doble juzgamiento cuyo vocablo en latín es "NE BIS IN IDEN", máxima exigida en el artículo 95 de la Constitución de la República, el cual dispuso que los actos administrativos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaria de Finanzas fueron realizados conforme a derecho; y que el Tribunal Ad-Quem debió respetar dicha sentencia como un medio de prueba (documento público) propuesto por la parte demandada y ahora recurrida ante dicho Tribunal de Alzada. Por todo lo anterior, se concluye que al haber inobservado las reglas procesales relativas a la forma y contenido de la sentencia, específicamente la obligación legal de motivar y explicar la valoración de la prueba aportada y admitida sobre un hecho que innegablemente resulta determinante para el sentido del fallo; se tiene entonces que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional ha infringido por falta de aplicación los artículos 245 numeral 2; 273 numerales 1 y 3; y, 479 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil de la forma expuesta; dando cabida entonces al presente motivo de casación, para solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) se sirva en casar la sentencia recurrida por este motivo. 2) FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motivo se encuentra contenido en el artículo 719 .1.c) del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la infracción en la aplicación de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia. 3) DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: EI perjuicio ocasionado a la parte demandada es que la Resolución impugnada viene a dejar sin valor e inexistentes lo actos administrativos emitidos por la dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaria de Finanzas sin haber valorado apropiadamente en la sentencia impugnada las medias de prueba aportados enjuicio; y, en particular, la sentencia de Amparo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya había proferido desde el 29 de noviembre de 2011, verificando el control de legalidad de los actos administrativos siguientes: Acuerdo DEI-001-2010 del 22 de febrero de 2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la resolución DEI-DL-02450-B-2010 de fecha 01 de marzo de 2010, en la cual se suspende la prestación de servicio aduanero de vigilancia y control fiscal y la Resolución DEI-3108/2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que conoce sobre la reposición presentada por la empresa mercantil Importadora Comercial (IMCO), lo que constituye una infracción a la forma de la sentencia impugnada, provocada por la omisa motivación fáctica o lo que es lo mismo, ausencia de fijación del medio de prueba probado y que no fue correctamente valorado, acarreando por ello necesariamente la sanción de nulidad de la sentencia, y la consecuente aplicación de lo dispuesto en el artículo 727.4 del Código Procesal Civil, dictando nueva sentencia. 4) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA: El vicio que causa la infracción es la inobservancia en la redacción y valoración del medio de prueba que no fue debidamente valorado en la sentencia recurrida, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 200.2.b), articulo 245 numeral 2, articulo 273 numerales 1 y 3, y el articulo 479 numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil que se dejó de aplicar, en cuanto a la obligada y correcta fijación de los hechos probados, es decir, motivándola con expresión de los razonamientos facticos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así coma a la aplicación e interpretación del derecho, debiendo incidir en los distintos elementos ficticios y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. 5) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenido en la sentencia impugnada; así: “…PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia pronunciada en fecha 05 de septiembre de 2018 por el Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial por no estar dictada conforme a Derecho. TERCERO: En consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S .A. (IMCO) , por no ser conforme a Derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Direcci6n Ejecutiva de Ingresos (DBI) y AL. 053/2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados ...”.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza extensos alegatos propios de instancia. III.- En el segundo motivo de casación, el Impetrante expone: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley adjetiva por la infracción por violación o falta de aplicación del artículo 200 numeral 2 incisos b) y d) del Código Procesal Civil que regula la congruencia como requisito interno de contenido de la sentencia, en cuanto a la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones de una de las partes así como de los elementos objeto del debate generando una evidente contradicción y conflicto en su eventual ejecución, elemento incidental en la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del articulo 719 numeral 1 y literal c), del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL SEGUNDO MOTIVO 1) CONCEPTO DE LA INFRACCION: Los preceptos de orden adjetivo que se invocan como infringidos para efectos del presente motivo de casación, es decir los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el articulo 200 numeral 2 incisos b) y d) del Código Procesal Civil, literalmente prescriben lo siguiente: Artículo 35. La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo juzgara dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición ..." "Articulo 200.- CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. - 1... 2 ... a) ... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y Los hechos probados, en su caso. c)... d) El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinara, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. 3. …” El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Del texto del precepto legal adjetivo recién citado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así como del Código Procesal Civil, reguladores sobre la forma en que debe ser fundamentada una sentencia definitiva, y así ser susceptible de ser invocada como normas infringidas a través de un recurso de casación como el que ahora nos ocupa, de forma inequívoca establecen la obligación que tiene el tribunal sentenciador de realizar un pronunciamiento sobre todas las pretensiones de las partes así como de los elementos jurídicos y facticos que son propios de la demanda original. Es precisamente esta obligación legal de fundamentar de manera suficiente y lógica a la sentencia, comprendido en los preceptos invocados como infringidos, que se estima ha sido violentado por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, motivando así la presente impugnación. La honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en su fallo declaro que las Resoluciones DEI-DL-02450-B-2010, DEI- 3108/2010, ambas emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos; y, la Resolucion DEI- 3108/2010 emitida por la Secretaria de Finanzas no son conforme a derecho, por lo tanto, procede a anularlas y como consecuencia declara el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados. Sin embargo, la Corte de Apelaciones obvió considerar que parte del objeto del debate del juicio, al entrar a discutir sobre la legalidad o no de las actuaciones de la DEI, eran todos los actos administrativos emitidos por esta y que directamente afectaban a la sociedad demandante IMCO; o sea que comprendía el Acuerdo DEI-001¬2010 del 22 de febrero de 2010. Este Acuerdo Ejecutivo fue inclusive aportado, admitido y evacuado como medio de prueba y el cual consta en la pieza de autos. Este Acuerdo se enmarca dentro de los actos administrativos que se comprenden en el artículo 119.4 de la Ley General de la Administración Publica. Incluso, se afirma lo anterior en virtud de que el Ad-Quem relaciona en su sentencia los medios de prueba de documentos públicos propuestos y evacuados por la parte demandada resultando, entre otros, los siguientes: 1) Acuerdo DEI-001-2010 del 22 de febrero de 2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en uso de sus facultades establecidas en el artículo 2 del Decreto 216-2004, en el cual se autorizaba que en caso de encontrarse anomalías o irregularidades por el equipo de auditoria por punto fijo, se procediere a dicho cierre temporal; 2) Se emite la Resolución DEI-DL-02450-B-2010 de fecha 01 de marzo de 2010, en la cual se suspende la prestación de servicio aduanero de vigilancia y control fiscal, establecido en el contrato de fecha 01 de marzo de 2003, por lo cual no existi6 el cierre verbal alegado por la parte demandante; 3) Se emite la Resolucion DEI-3108/2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que conoce sobre la reposición presentada por la empresa mercantil Importadora Comercial (IMCO), donde se deniega la reposición; 4) Resolución administrativa A.L. 053/2011 emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, en donde confirma que el acto administrativo de suspensión de los servicios aduaneros de vigilancia y control fiscal establecidos en el contrato de servicios aduaneros para las operaciones de tiendas libres suscrito entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad mercantil Importadora Comercial (IMCO), se encuentra conforme a derecho y que por lo tanto se confirma; A estos medios de prueba que constituyen actos administrativos, uno de carácter general y los demás de carácter particular, la Juez A-quo hizo el debido y oportuno pronunciamiento sobre los mismos como elementos relacionados con las pretensiones de las partes y, además, les atribuyó una valoración correcta, tanto de manera individual como en su conjunto, que contribuyeron a probar la existencia de que no hubo ninguna irregularidad o abuso de facultades legales de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en cuanto investigar, determinar y sancionar las acciones u omisiones en que incurrió el obligado tributario; y, más bien, por el contrario, dicha institución fiscalizadora se enmarca estrictamente al ordenamiento jurídico regulados de todas estas actividades, así como a los convenios que, en uso de sus facultades legales allá celebrado con los particulares, en este caso la relación contractual entre la DEI y la empresa mercantil IMCO. La correcta apreciación del Tribunal A-Quo lo vemos en el preámbulo de la sentencia que fue objeto del recurso de apelación, en la cual la juzgadora hizo expresa mención a la nulidad del Acuerdo DEI-001-2010 del 22 de febrero de 2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), fue aportado y relacionado como medio de prueba documental público en el juicio. Por todo lo anterior, se concluye que al haber inobservado las reglas procesales relativas a la forma y contenido de la sentencia, específicamente la obligación legal de consignar y juzgar sobre las pretensiones de las partes y que tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, situación que debe verse reflejada en el contenido del fallo en el pronunciamiento conforme a las mismas pretensiones de las partes; se tiene entonces que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional ha infringido por falta de aplicación los articulo 35 primer párrafo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el articulo 200 numeral 2 incisos b) yd) del Código Procesal Civil de la forma expuesta; dando cabida entonces al presente motivo de casación, para solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) se sirva en casar la sentencia recurrida por este motivo. FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motive se encuentra contenido en el artículo 719 .1.c) del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la infracción en la aplicación de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia. DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: EI perjuicio ocasionado a la parte demandada es que la resolución impugnada viene a dejar sin valor e inexistentes lo actos administrativos emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaria de Finanzas sin haberse pronunciado sobre un acto administrativo de carácter general emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el cual fue pretensión de las partes, objeto del debate y además aportado como medio de prueba, consistente en el Acuerdo DEI-001-2010 del 22 de febrero de 2010, con lo cual los efectos y alcances de la sentencia se vuelven contradictorios y limitados, lo que constituye una infracción a la forma de la sentencia impugnada, provocada por la omisa motivación fáctica o lo que es lo mismo, ausencia de fijación del medio de prueba probado y que no fue correctamente valorado y sujeto al pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, acarreando por ello necesariamente la sanción de nulidad de la sentencia, y la consecuente aplicación de lo dispuesto en el artículo 727.4 del Código Procesal Civil, dictando nueva sentencia. 4) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA: El vicio que causa la infracción es la inobservancia en la congruencia de los requisitos internos de contenido de la sentencia en la redacción y pronunciamiento sobre una de las pretensiones de las partes y que también fue identificada como medio de prueba que no fue debidamente valorado en la sentencia recurrida, transgrediendo lo dispuesto por el articulo 35 primer párrafo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el articulo 200 numeral 2, literales b) y c) del Código Procesal Civil que se dejaron de aplicar, en cuanto al obligado pronunciamiento en la sentencia impugnada sobre todas las pretensiones de las partes y correcta fijación de los hechos probados, es decir, motivándola con expresión de los razonamientos facticos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, debiendo incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. 5)PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenido en la sentencia impugnada; así: "... PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia pronunciada en fecha 05 de septiembre de 2018 por el Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial por no estar dictada conforme a Derecho. TERCERO: En consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S .A. (JMCO) , por no ser conforme a Derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y AL. 053/2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados ...".” IV.- Que también el cargo que antecede resulta inestimable, dado que el Censor del fallo invoca la falta de aplicación del artículo 200 numeral 2) incisos b) y d) del Código Procesal Civil, luego en su explicación adiciona el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin haberlo incluido como norma infringida o relacionada en su formulación. Además, al igual que en el primer motivo, se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan alegatos propios de instancia. V.- En el tercer motivo de casación, se sostiene: “Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de normas procesales por la forma y contenido de la sentencia, por la falta de motivación fáctica esto relación a lo que establece el Artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del articulo 719 numeral 1 y literal c), del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL TERCER MOTIVO. 1)CONCEPTO _DE LA INFRACCIÓN: El precepto de orden adjetivo que se invoca como infringido para efectos del presente motivo de casación, es decir el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, literalmente prescribe lo siguiente: “Artículo 23. Los actos se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite y su fecha, salvo que la Ley, las circunstancias o la naturaleza del acto exijan o permitan una forma distinta.” El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La Corte de Apelaciones sentenciadora al emitir su fallo lo hizo careciendo de motivación fáctica, ya que no hay existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, porque hace una relación en sus considerandos. Estar de acuerdo en que la Dirección Ejecutiva de Ingresos ostenta la competencia y por ello las facultades legales de investigar, determinar y sancionar las acciones u omisiones en que incurran los obligados tributarios y, dicha Corte de Apelaciones, se contradice cuando argumenta que no es menos cierto que para tales propósitos debe ceñirse estrictamente al ordenamiento jurídico regulados de todas estas actividades, así como a los convenios que en uso de sus facultades legales haya celebrado con los particulares. Y en ese sentido discierne que del análisis de los agravios expuestos por el recurrente se desprende que, en efecto, la parte demandante ha descargado las imputaciones o hallazgos encontrados por la fuerza de tarea conjunta integrada por los departamento de inteligencia fiscal, fiscalización tributaria y aduanera y demás dependencias relacionadas; y que determino la emisión del acto administrativo número DEI-DL-02450-B-2010, mediante la cual se resuelve la SUSPENSION INMEDIATA DE LOS SERVICIOS ADUANEROS DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ESTABLECIDO EN El, CONTRATO DE SERVICIOS ADUANEROS PARA IA OPERACIONES DE TIENDAS LIBRES SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y SOCIEDAD MERCANTIL IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO); y por tal descargo determino que los hechos que sirvieron de antecedentes o sustento legal de la decisión tomada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, así como de los actos administrativos emitidos por la misma Dirección Ejecutiva de Ingresos que resuelve el Recurso de Reposición interpuesto en contra de aquella, y el Recurso de Apelación resuelto por la Secretaria de Estado en los despachos de Finanzas, son inexistentes, por haberse descargado debidamente, y por ello dichos actos administrativos se encuentran emitidos en contra del ordenamiento jurídico, ya que además de no existir tales imputaciones; de conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS ADUARENOS PARA LA OPERACION DE TIENDAS LIBRES suscrito entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO), el cual es ley entre las partes; olvidándose que la Dirección Ejecutiva de Ingresos estaba facultada conforme al Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) y al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). Continúa argumentando la Corte de Apelaciones erróneamente que la Administración Tributaria no se encontraba en la facultad de SUSPENDER, dicho contrato, pues tal figura jurídica según este no está contemplada en el mismo contrato. siendo la pactada la RESCISION DEL CONTRATO, olvidándose lo que establece el CAUCA Y RECAUCA, y que en el contrato no existen causales establecidas en la cláusula Decima y que la suspensión no se subsumen a las cláusulas de las cuales ninguna de ellas se subsume en los supuestos hallazgos o violaciones cometidas por la parte demandante no bastándole se introduce a decisiones propias de la dirección Ejecutiva de Ingresos al determinar y calificar que los incumplimientos en caso de existir, ninguno de ellos tenía la calificación de ser GRAVES, condicionamiento que indica la causal invocada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos para decretar la suspensión (ver numeral 2 de la cláusula Decima de dicho Contrato) Décimo Tercero (13): Por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden aquel Tribunal fue de la plena convicción que la sentencia que se conoce en recurso de apelación debe ser revocada. El Contrato jamás puede estar por encima de la Ley, ya que por jerarquía de aplicación, la Ley es primero y más cuando la ley es de orden público, como lo es en el caso de autos; de lo cual resulta que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo está aplicando al caso en particular aspectos subjetivos sin ningún valor jurídico, colisionando tal actuar con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual impone al emisor de los actos administrativos la obligación de que los mismos estén debidamente sustentados en hechos y antecedentes que le sirven de causa (motivos), así como el señalamiento del derecho aplicable; y, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es clara al expresar en su artículo 35 que se juzgara dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; mientras que el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que los actos administrativos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; caso contrario, según artículo 35 del mismo cuerpo legal, los actos serán anulables incluso aquellos que incurran en infracción al ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. De lo anterior, se puede apreciar que la DEI siguió el procedimiento legalmente establecido para la aplicación de la medida cautelar de suspensión de operaciones de la tienda libre por quedar demostrada la justa causa de la suspensión temporal y que se le dio cumplimiento a los procedimientos legales requeridos para emitir el acto administrativo. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no debió relacionar en sus considerandos aspectos subjetivos del derecho, para sustentar un fallo condenatorio que atenta contra la seguridad jurídico a y con los intereses fiscales del Estado de Honduras. Por todo lo anterior, se concluye que al haber inobservado las reglas procesales relativas a la forma y contenido de la sentencia, específicamente en realizar evaluaciones y valoraciones subjetivas fuera del marco legal aplicable; se tiene entonces que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional ha infringido por falta de aplicación los artículos 23, 24 y demás aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo de la forma expuesta; dando cabida entonces al presente motivo de casación, para solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) se sirva en casar la sentencia recurrida por este motivo. 2) FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motivo se encuentra contenido en el artículo 719 .1.c) del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la infracción en la aplicación de las normas procesales que regulan la forma de la sentencia. 3)DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: EI perjuicio ocasionado a la parte demandada es que la resolución impugnada viene a dejar sin valor e inexistentes lo actos administrativos emitidos par la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaria de Finanzas sin haber cumplido con los imperativos objetivos que deben consolidar el fallo ahora impugnado. 4) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA: El vicio que causa la infracción es la inobservancia en la congruencia de los requisitos internos de contenido de la sentencia en la redacción y pronunciamiento sobre una de las pretensiones de las partes, los hechos debatidos y las pruebas aportadas y evaluadas en el proceso, transgrediendo lo dispuesto por el artículo23 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 5) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenido en la sentencia impugnada; así: “…PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia pronunciada en fecha 05 de septiembre de 2018 por el Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial por no estar dictada conforme a Derecho. TERCERO: En consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S .A. (IMCO), por no ser conforme a Derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y AL. 053/2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados ...”.” VI.- También resulta inadmisible este tercer cargo, ya que se alude la falta de motivación fáctica del fallo recurrido, señalando como infringido el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual si bien es una norma adjetiva, pero no es atinente al tema de la forma y contenido de la sentencia, porque corresponde a un ordenamiento jurídico que regula los actos y el procedimiento administrativo que es objeto de revisión en esta jurisdicción; además, nuevamente se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan alegatos propios de instancia. VII.- El Recurrente en el primer motivo de casación por INFRACCIÓN EN LA APLICACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS APLICABLE A LA RESOLUCIÓN DE FONDO aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva por la infracción por violación o falta de aplicación del artículo 95 de la Constitución de la República, en cuanto a que la sentencia de la honorable Corte de Apelaciones constituye un doble juzgamiento al desconocer los alcances y efectos del fallo proferido por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 29 de noviembre de 2011. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del articulo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL PRIMER MOTIVO 1) CONCEPTO DE LA INFRACCION: EI precepto de orden objetivo y sustantivo que se invoca como infringidos para efectos del presente motivo de casación, es decir el artículo 95 de la Constitución de la República literalmente prescribe lo siguiente: “Articulo 95.- Ninguna persona será sancionada con penas no establecida previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punible que motivaron anteriores juzgamientos.'' El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: La Constitución de la República en la norma que se invoca como infringida, prohíbe expresamente que exista un doble juzgamiento. En ese sentido la honorable Corte de Apelaciones no valor los efectos y los alcances de la resolución dictada por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, la cual sobre sello la Acción de Amparo interpuesto por la empresa mercantil Importadora Comercial S.A. (IMCO) en fecha 29 de noviembre de 2011. En la resolución proferida en aquel momento por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, la Sala hizo un estudio sobre el contenido del Acuerdo y de las Resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos que fueron objeto del cuestionamiento por la parte demandante, estas son: Acuerdo DEI-001-2010 del 22 de febrero de 2010, Resolución DEI-DL-02450-B-2010 de fecha 01 de marzo de 2010 y Resolución DEI-3108/2010 de fecha 22 de junio de 2010. A folio 683 de la pieza de autos, la Sala de lo Constitucional expresamente precisa en el Considerando allí plasmado que: "... se estima que la Resolución No. DEI- DL-02450-B-2010, fue dictada en el marco de las atribuciones y competencias de que esta investida la referida dependencia estatal. Razones por las cuales procede denegar el Amparo de mérito..." Desprende de la lectura de esta sentencia que prácticamente se había ejercido el control del Principio de Legalidad y del Debido Proceso por la Sala de lo Constitucional, con lo cual el Tribunal Ad-Quem no podía emitir una resolución distinta a lo ya resuelto por dicha Sala. El alcance y efectos de la sentencia proferida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras vino a poner término y punto final al proceso judicial ordinario en curso, con lo cual la sentencia del Juzgado A-Quo fue conteste (Ordinal Tercero de los Fundamentos de Derecho de la Sentencia de Primera Instancia), sin embargo, la Corte de Apelaciones lo desconoció así. Ha quedado demostrado de conformidad con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que todas las argumentaciones en contra de los actos administrativos no fueron dictados al margen de la Ley, sino por el contrario fueron dictados conforme a la normativa jurídica para el caso concreto; y que el Tribunal Ad-Quem debió y estaba obligado a acatar lo resuelto por la SENTENCIA DE AMPARO, y no para desencajar los actos administrativos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y por la Secretaria de Finanzas. Que el fallo proferido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia calificó la naturaleza del asunto planteado, y lo decidido implica cuestiones fundamentales de los principios del Debido Proceso y de Legalidad por los actos administrativos de la Administración Pública, en el caso específico de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y de la Secretaria de Finanzas; y que el Tribunal Ad-Quem debió cumplir y ceñirse para mantener la seguridad jurídica y el respeto a la sentencia dictada por un Tribunal Superior. Con el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia quedó evidenciado que solamente los Juzgados puede constituirse en verdad legal. Una decisión judicial obliga jurídicamente a las partes resolviendo lo que conforme a derecho corresponda. Es conocido que los ordenamientos jurídicos pueden presentar algún tipo de imprecisiones o insuficiencias; pero en la sentencia de amparo quedó claramente establecido que se denegó dicho recurso interpuesto por la parte recurrente, la sociedad mercantil Importadora Comercial (IMCO), a quien no se le vulneraron garantías constitucionales, ni del debido proceso y de esta manera queda custodiado el principio Juridicidad y Legalidad que ha sido emitido para que se cumpla y no para que tergiverse. La sentencia de Amparo, en todo su contenido, razono las resoluciones emitidas por la DEI y que la honorable Corte de Apelaciones anulo en la sentencia impugnada; con lo cual quedo claro que la Corte de Apelaciones no valoro apropiadamente el contenido y los efectos de la sentencia de amparo y soslayo el control legal que la misma Sala Constitucional realizo sobre los actos administrativos objeto del debate. Esta valoración, de haberse hecho correctamente en el contenido de la sentencia impugnada, hubiera dado lugar a conclusión tal que la propia sentencia de Amparo es documento público suficiente y valido para desestimar las pretensiones de la parte demanda/apelante. El no acatar la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia constituye una inobservancia de la norma constitucional que prohíbe el doble juzgamiento sobre los mismos hechos que motivaron el enjuiciamiento, cuyo vocablo en latín es “NE BIS IN IDEN”, máxima contenida en el artículo 95 de la Constitución de la República, el cual dispuso que los actos administrativos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaria de Finanzas fueron realizados conforme a derecho; y que el Tribunal Ad-Quem debió respetar dicha sentencia como un medio de prueba suficiente e indubitado. Por todo lo anterior, no podemos concluir sino que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional al haber ignorado valorar en su pronunciamiento censurado los efectos y el alcance de la sentencia de Amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, infringió por falta de aplicación el artículo 95 de la Constitución de la República de la forma expuesta, lo cual vienen a constituir en un doble juzgamiento sobre los mismos hechos que motivaron el enjuiciamiento; dando cabida entonces al presente motivo de casación, para solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) aplique la norma constitucional que protege a mi representada, el Estado de Honduras, y se sirva en casar la sentencia recurrida por este motivo. 2) FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motivo se encuentra contenido en el artículo 719 .2 del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la infracción en la aplicación de las normas sustantivas para la solución de fondo del litigio, en lo concerniente a los efectos y alcances de la Sentencia de Amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 3) DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: EI perjuicio ocasionado consiste en que, a pesar de haber sido argumentado y demostrado en juicio, el Tribunal Ad-Quem no examino la dimensión de los amplios efectos y alcances de la sentencia de Amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual con su resolución hoy impugnada incurrió en un doble juzgamiento en contra del propio Estado de Honduras.4) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA: EI vicio que causa la infracción es la falta de aplicación del artículo 95 de la Constitución de la República, vicio que es relevante para el fallo atendiendo que, si se hubiera aplicado correctamente la extensión y alcances de la Sentencia de Amparo antes descrita, se hubiera evitado una sentencia contradictoria en contra del Estado de Honduras, la cual viene a constituir en un doble juzgamiento sobre los mismos hechos que provocaron el enjuiciamiento. 5) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenido en la sentencia impugnada; así: "...PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia pronunciada en fecha 05 de septiembre de 2018 por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial por no estar dictada conforme a Derecho. TERCERO: En consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A.(IMCO), por no ser conforme a Derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y AL. 053/2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados ...”.” VIII.- Que no resulta admisible el cargo que antecede, ya que se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan alegatos propios de instancia. Además, acorde a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la denegación de un amparo deja a salvo las acciones que procedan contra el autor del agravio alegado y no prejuzga sobre ninguna materia, por lo que el señalamiento de que existe un doble juzgamiento no tiene sentido lógico, al tratarse de una garantía constitucional y no propiamente del juzgamiento por los mismos hechos. IX.- Que en el segundo motivo de casación, el Impetrante sostiene: “Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva por falta de aplicación del artículo 18 de la Constitución de la República, del articulo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y del artículo 2 del Decreto Legislativo 216-2004 del 29 de diciembre de 2004 que contiene la Ley de Estructuración de la Administraci6n Tributaria, en cuanto a que la sentencia de la honorable Corte de Apelaciones obvio aplicar la disposición de un instrumento con rango de convenio o tratado intencional para solución del fondo del litigio, en cuanto a que la Dirección Ejecutiva de Ingresos si tenga facultades para suspender la autorización a un auxiliar de la función pública aduanera, en este caso a las tiendas libre operadas por IMCO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL SEGUNDO MOTIVO 1) CONCEPTO DE LA INFRACCION: Los preceptos de orden objetivo y sustantivo que se invocan como infringidos para efectos del presente motive de casación, es decir el artículo 18 de la Constitución de la República, el articulo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y articulo 2 del Decreto Legislativo 216-2004 del 29 de diciembre de 2004 que contiene la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, literalmente prescriben lo siguiente: “Artículo 18. En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley, prevalecerá el primero.” "Artículo 5: Funciones y atribuciones generales. Al Servicio Aduanero le corresponden, entre otras, las funciones y atribuciones siguientes: a) ...b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) ... h) ... i) ... j) ... k) ... l) ... m) ... n) ... o) ... p) ... q) ... r) ... s) ... t) ... u) Otorgar, suspender o cancelar, cuando corresponda, las autorizaciones de los auxiliares; v) ... w) ... " (Lo subrayado es nuestro). “Articulo 2.- La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) estará a cargo de un Director Ejecutivo de Ingresos que será nombrado por el Presidente de la República, y quien será responsable de la gestión de todos los tributos, incluyendo los aduaneros. El Director Ejecutivo cumplirá las funciones de supervisión, revisión, control, fiscalización y cobro en la aplicación de las leyes fiscales...” El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), así como el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), son ambos instrumentos jurídicos intencionales que rigen la materia aduanera y de comercio transfronterizo, los cuales tienen características supranacionales y, por ende, son categorizados como convenciones, convenios y/o tratados internacionales, aprobados y ratificados por el Estado de Honduras. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución de la República, este tipo de instrumentos jurídicos (CAUCA y RECAUCA) prevalecen sobre cualquier legislación nacional, ya sea tributaria o aduanera. Explicado lo anterior, no cabe duda que las disposiciones que la DEI aplic6 invocando el CAUCA o el RECAUCA prevalecen sobre cualquier norma de índole sustantivo y adjetivo del ordenamiento jurídico nacionales tales como: la Ley de Procedimiento Administrativo, Código Procesal Civil, Código Tributario, Código Penal, Código Procesal Penal, entre otras. La norma sustantiva del RECAUCA que se invoca como quebrantada o infringida, la cual es de naturaleza supranacional como se ha dejado establecido, regula las facultades de la DEI para otorgar, suspender y cancelar autorizaciones a los auxiliares. ¿Y cuáles son los auxiliares? De conformidad con los artículos 18 y 19 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano(CAUCA), se consideran auxiliares de la función pública aduanera, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que participan ante el Servicio Aduanero en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera. Estos son, por ejemplo, los agentes aduaneros, los depositarios aduaneros, los transportistas aduaneros y los demás que establezca el Reglamento. En virtud de la remisión que el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) hace al Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), encontramos que el artículo118 del Reglamento precisa que se consideraran como auxiliares, entre otros, los operadores de tiendas libres; y, entre los artículos 129 al 136 del mismo Reglamento, se encuentra toda la regulación normativa que es atinente a las tiendas libres. Explicado lo anterior, no cabe duda de que el artículo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) al referirse a los auxiliares, comprende dentro de esa denominación a los operadores de tiendas libres, tal y como es el caso de la demandante Importadora Comercial, S.A. (IMCO). Ahora bien, la honorable Corte de Apelaciones sentenciadora para emitir su fallo lo hace dejando a un lado la jerarquía de la ley antes explicada y contenida en el artículo 18 de la Constitución de la República y, más grave aún, asevera en el ordinal duodécimo (12) de su sentencia (folio 38 vuelto, líneas 19 a la 21) que la DEI "... no se encontraba facultada para suspender dicho contrato pues tal figura jurídica no está contemplada en el mismo..." Es evidente que la honorable Corte de Apelaciones al emitir la sentencia censurada analizo los hechos y elementos del juicio, en especial sobre la facultad de "suspensión", como si fuese un juicio entre privados o en donde el Estado de Honduras se encuentra en una situación de igualdad con la otra parte, como lo es en el caso de contratos de obra pública, de suministro de bienes o servicios, o incluso en el caso de contratos que rigen a una concesión o una alianza público-privada. El caso que nos ocupa es algo completa y totalmente distinto a cualquiera de los supuestos anteriores; ya que el auxiliar de la función pública aduanera no es una entidad que concursa o licita (conforme a la Ley de Contratación del Estado) para poder procurar servicios al Estado, el auxiliar es una entidad natural o jurídica que colabora (auxilia) al Estado prestado un servicio que le corresponde a este prestar a terceros. Para el caso, el Estado puede operar tiendas libres, sin embargo, no asume esa actividad como un negocio propio, sino que autoriza a un privado que lo haga. Sin embargo, esta autorización, que tampoco es una concesión ya que no se rige bajo la legislación especial para las alianzas público privadas ni tampoco implica exclusividad, no es indefinida y absoluta; esta autorización está sujeta a la suspensión y cancelación por parte del Estado, determinación que es unilateral y discrecional para el Estado mismo ejercitar cuando lo estime conveniente; por ejemplo: En caso que el Estado determine que las tiendas libres las operara el Estado mismo como lo hacen otros países; en caso que el Estado determine que los servicios de depósitos fiscales lo brindara el mismo; o en caso que el Estado determine que para actuaciones aduaneras ya no se requerirá de agente aduanero sino que las gestiones las podrán hacer directamente los particulares. La Honorable Corte de Apelaciones en primer lugar afirmó en la sentencia impugnada que la DEI no pudo suspender las operaciones de las tiendas libres operadas por IMCO afirmando que esa atribución no se encuentra enmarcada en el ordenamiento jurídico aplicable, cuando ha quedado evidencia en el presente motivo de casación que en efecto, en el artículo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), si existe la potestad o facultad para suspender las operaciones de las tiendas libres. En segundo lugar la Corte de Apelaciones afirmó que en el Contrato de Servicios Aduaneros Para la Operación de Tiendas Libres no existe la figura de la "suspensión" sino de la "rescisión" del contrato, por lo cual la DEI no pudo suspender la autorización de la tienda libre, obviando reconocer que en materia de derecho público, la norma jurídica pública se aplica por sobre cualquier convenio, acuerdo o estipulación contractual; y que, en el caso del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), por ser una norma supranacional y, en aplicación del artículo 18 de la Constitución de la República, lo preceptuado en el artículo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) debe aplicarse por sobre cualquier estipulación contractual, o en su defecto de forma supletoria al mismo. La Honorable Corte de Apelaciones hizo caso omiso en observar que, en el mismo contrato, específicamente en el folio 83 de la pieza de autos, consta el numeral 6) de la Cláusula Decima (Causas de Rescisión), mediante la cual la DEI se reserva el derecho de rescindir el contrato cuando lo estime conveniente; obviando el Ad-Quem que invocando en su fallo esta misma cláusula contractual, daba pie y fundamento firme a la determinación tomada por la DEI en su momento. De haber aplicado las normas que invocan fueron quebrantadas por el fallo de la honorable Corte de Apelaciones, no queda duda alguna que lo afirmado en el ordinal duodécimo (12) de su sentencia (folio 38 vuelto, líneas 19 a la 21) tuvo que redactarse de forma distinta, precisando que conforme al artículo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) la DEI si tiene las facultades para suspenderlas autorizaciones de un auxiliar como lo son las tiendas libres operadas por IMCO; y que, aun cuando el contrato de operaciones aduaneras no contempla esa figura expresamente en su contenido, en aplicación del artículo 18 de la Constitución de la República en lo que respecto a la preeminencia de las convenios, convenios y tratados internacional aprobados y ratificados por Honduras, lo preceptuado en dicho artículo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) es de obligatorio cumplimiento y aplicación supletoria en cualquier contrato suscrito con un auxiliar de la función pública aduanera. Por otro lado la resolución impugnada cuestiona la Resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI-DL-2450-B-2010, de fecha 02 de marzo del 2010, en la que resuelve acertadamente suspender bajo el estricto cumplimiento de la Ley, la prestación de servicios aduaneros de vigilancia y control fiscal establecido en el Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Tiendas Libres anteriormente relacionado, RESOLUCION QUE OPORTUNAMENTE FUE CONFIRMADA POR LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MEDIANTE SENTENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011. RECAIDO EN EL RECURSO DE AMPARO QUE SE REGISTRO BAJO EL NUMERO SCO-167-2010, INTERPUESTO POR LOS DEMANDANTES Y QUE SE ENCUENTRA AGREGADA AL EXPEDIENTE DE MERITO (ver folios 679-683); RESOLUCION DE AMPARO QUE EL DEMANDANTE NO RELACIONO EN SU PRETENSION, YA QUE PRETENDEN ESCONDERLA DEL PRESENTE PROCESO JUDICIAL ORDINARIO CON EL PROPOSITO DE PRETENDER ENGAÑAR Y SORPRENDER AL JUZGADOR LO CUAL NO SE LOGRO: SIN EMBARGO, SO LOGRARON SU COMETIDO CON LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES; resolución que aclaro más allá de cualquier duda que la Dirección Ejecutiva de Ingresos Si ostenta dentro de sus atribuciones y competencias la facultad de SUSPENDER, dicho contrato, pues tal figura jurídica si se encuentra contemplada en la Ley, citando específicamente lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 216-2004 del 29 de diciembre de 2004 que contiene la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria (ver Considerando en folio 681 y ultimo Considerando en folio 683). Por todo lo anterior, no podemos concluir sino que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional al haber ignorado valorar en su pronunciamiento censurado lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución de la República, en el artículo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), en el artículo 2 del Decreto Legislativo 216-2004 del 29 de diciembre de 2004 que contiene la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, así como los efectos y el alcance de la sentencia de Amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, infringió por falta de aplicación las normas jurídicas ya citadas en la forma expuesta, lo cual viene a constituir una incorrecta aplicación e interpretación de las normas para la solución de fondo del litigio; dando cabida entonces al presente motivo de casación, para solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) aplique la norma constitucional y legales que protegen a mi representada, el Estado de Honduras, y se sirva en casar la sentencia recurrida por este motivo. 2) FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motivo se encuentra contenido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la infracción en la aplicación de las normas sustantivas para la solución de fondo del litigio, en lo concerniente a la correcta aplicación de una normas supranacional y su efecto de aplicación y regulación supletoria y complementaria en el contrato entre IMCO y la DEI, las facultades de la DEI conforme a la norma invocada como infringida tanto en el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) como en la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria; y, finalmente, respecto de los efectos y alcances de la Sentencia de Amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la cual evidencia con claridad y contundencia que la DEI actuó dentro del marco legal de sus atribuciones y competencias legales. 3) DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: El perjuicio ocasionado consiste en que, a pesar de haber sido argumentado y demostrado en juicio, el Tribunal Ad-Quem afirmo que la DEI no podía ejercitar una determinada facultad porno encontrarse comprendida en el CAUCA y su Reglamento, como la suspender a IMCO como operador de tiendas libres, cuando ha quedado evidenciado que si existe una norma jurídica, de carácter supranacional y contenida en el artículo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), que expresamente reconoce la atribución y facultad legal que tiene la DEI para suspender las autorizaciones de un auxiliar, como lo es IMCO. De la misma manera, la Corte de Apelaciones al afirmar tal extrema, viene a contravenir la norma jurídica contenida en el artículo 2 de la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, misma que fue recogida, citada y sustentada en la sentencia de Amparo emitida por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 4) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA: El vicio que causa la infracción es la falta de aplicación del artículo I8 de la Constitución de la República en relación con el articulo 5 literal u) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y con el artículo 2 del Decreto Legislativo 216-2004 del 29 de diciembre de 2004 que contiene la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria; vicio que es relevante para el fallo atendiendo que si se hubiera aplicado correctamente la normativa antes indicada el fallo de la honorable Corte de Apelaciones hubiese concluido sin duda alguna que las facultades para suspender las autorizaciones a un auxiliar de la función pública aduanera se encontraban contenidas en el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) y que esta norma es de aplicación preeminente por sobre cualquier estipulación en un contrato, acuerdo o convenio suscrito, por ser una norma de orden público que no puede eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares, conforme al artículo 11 del Código Civil. 5) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenido en la sentencia impugnada; así: “…PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia pronunciada en fecha 05 de septiembre de 2018 por el Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial por no estar dictada conforme a Derecho. TERCERO: En consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO), por no ser conforme a Derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DBI) y AL. 053/2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados...” X.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) en su explicación insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia y alude a normas no señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 18 y 19 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y 118, 129 al 136 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). XI.- Que en el tercer motivo de casación, el mismo Recurrente expone: “Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva por falta de aplicación de los artículos 20; 21 literal a) y k) del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 131 literal c), d), e), ft) h); 132 y 134 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), en cuanto a que las operaciones de ventas de las mercancías que comercializa una tienda libre, la cual actúa como auxiliar de la función pública aduanera, son responsabilidad directa de sus propios empleados, vendedores y/o factores mercantiles; y no del delegado fiscal, de primera mano, como lo pretende hacer ver la sentencia impugnada debido a que la honorable Corte de Apelaciones interpreta equivocadamente normas jurídicas empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 719 numeral 2, del Código Procesal Civil. DESARROLLO DEL TERCER MOTIVO 1) CONCEPTO DE LA INFRACCION: Los preceptos de orden objetivo y sustantivo que se invocan como infringidos para efectos del presente motivo de casación, es decir los artículos 20; 21 literal a) y k) del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 131 literal c), d), e), f) y h); 132 y 134 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), literalmente prescriben lo siguiente: “Artículo 20. Responsabilidad solidaria de los auxiliares. Los auxiliares serán responsables solidarios ante el Fisco, por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran personalmente o sus empleados acreditados ante el Servicio Aduanero, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales, a que dichos empleados queden legalmente sujetos." (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 21. Obligaciones Generales. Los Auxiliares tendrán, entre otras, las obligaciones siguientes: a) Llevar registros de todos los actos, operaciones y regímenes aduaneros en que intervengan, en la forma y medios establecidos por el Servicio Aduanero; b) ... c) ... d) ... e) ... f) ... g) ... h) ... i) ... j) ... k) Velas por el interés fiscal l) ... m) ...”(Lo subrayado es nuestro). “Artículo 131. Obligaciones. Las entidades inscritas ante el Registro de Auxiliares como operadores de tiendas libres deberán cumplir con las obligaciones siguientes: a) ... b) ... c) Que las mercancías ingresadas a las tiendas libres, se vendan exclusivamente a pasajeros en tránsito y a los que salgan del territorio aduanero, o ingresen en su caso, previa comprobación de la calidad de pasajeros, acreditada con pasaporte u otro documento de viaje autorizado y pasajes respectivamente, debiendo consignarse en la factura que expida el número de pasaporte u otro documento autorizado y el código del vuelo indicado en el pase de abordaje o del pasaje, cuando proceda; d) Desarrollar un sistema especial de control por tipo y clase de mercancías a través de medios electrónicos a disposición de la aduana correspondiente, que permita establecer la cantidad de mercancías ingresadas a sus depósitos y las vendidas a pasajeros, que permitan su fácil descargo, según los requerimientos establecidos por el Servicio Aduanero; e) Mantener y enviar a la aduana correspondiente, registros de mercancías admitidas, depositadas y vendidas u objeto de otros movimientos, según los formatos y las condiciones que establezca el Servicio Aduanero; f) Presentar ante la aduana correspondiente, una declaración de mercancías en la forma que el Servicio Aduanero le indique, para comprobar las ventas y descargos de las mercancías llegadas a sus depósitos; g) ... h) Elaborar y presentar al Servicio Aduanero en el mes siguiente a la finalización del aro fiscal, los resultados de los inventarios debidamente certificados por contador público autorizado, los cuales incluirán un reporte de mercancías ingresadas y egresadas en dicho periodo; i)... j) ... k).” (Lo subrayado es nuestro).“Artículo 132. Del ingreso y salida de mercancías. Para el ingreso de las mercancías en las tiendas libres, se presentará la declaración de mercancías que en su caso corresponda; y la salida de dichos locales se comprobará con las facturas expedidas a las personas a quienes se vendan ...” (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 134. Responsabilidad. Son responsables de las tiendas libres las personas naturales o jurídicas autorizadas a operarlas, las que responderán de la recepción, permanencia y conservación de las mercancías, así como de los tributos correspondientes dejados de percibir, en caso de pérdida o salida de la mercancía sin la documentación de sustento.” (Lo subrayado es nuestro).El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), así como el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), son ambos instrumentos jurídicos internacionales que rigen la materia aduanera y de comercio transfronterizo, los cuales tienen características supranacionales y, por ende, son categorizados como convenciones, convenios y/o tratados internacionales, aprobados y ratificados por el Estado de Honduras. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución de la República, este tipo de instrumentos jurídicos (CAUCA y RECAUCA) prevalecen sobre cualquier legislación nacional, ya sea tributaria o aduanera. Explicado lo anterior, no cabe duda que las disposiciones que la DEI aplic6 invocando el CAUCA o el RECAUCA prevalecen sobre cualquier norma de índole sustantivo y adjetivo del ordenamiento jurídico nacionales tales como: la Ley de Procedimiento Administrativo, Código Procesal Civil, Código Tributario, Código Penal, Código Procesal Penal, entre otras. De la misma forma, lo Tribunales de Justicia deben aplicar la normativa supranacional por sobre cualquier norma o legislación nacional en la materia tributaria y aduanera. En el ordinal siete (7), folio 32 vuelto al 33 vuelto, de la resolución emitida por la honorable Corte de Apelaciones se da por bien recibido el alegato de la parte recurrente (IMCO) aduciendo sin citar normas legales sino un simple instructivo administrativo, que la responsabilidad por las inconsistencia de las ventas de la tienda libre no son responsabilidad de esta, de sus representantes o de sus empleados, sino que es responsabilidad del delegado fiscal en virtud que este representa al Estado de Honduras y porque esas son las responsabilidades que le impone el referido instructivo. La Corte de Apelaciones, como se deja claro en su exposición contenida en el folio 34 y 34 vuelto, confunde las responsabilidades de la tienda libre con las del Delegado Fiscal. La tienda libre es la que emite las facturas e identifica a sus compradores (viajeros) y el Delegado Fiscal archiva las actuaciones de aquellos actos ya perfeccionados. El Delegado Fiscal archiva y custodia ex post, por lo que no es cierto que interviene en las ventas individuales que realiza la tienda libre. El Delegado Fiscal es quien verifica que se cumplan los requisitos generales para la venta de mercancías en una tienda libre, pero no es quien realiza las ventas; los registros que el delegado debe llevar son para uso estricto de la autoridad aduanera, en ningún sentido se puede entender que los registros que el Delegado Fiscal realiza son los de la tienda libre ( como si fuera su contador o su empleado) o que estos registros sustituyen las obligaciones que tiene la tienda libre, como auxiliar de la función pública aduanera, de llevar el registro de sus operaciones, las cuales tienen un interés tributario. La resolución de la honorable Corte de Apelaciones dando por bien recibido el agravio antes descrito quebranta y violenta la normativa jurídica supranacional establecida en el artículo 20 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en vista que esta norma jurídica precisa que los auxiliares de la función pública aduaneras (ergo tiendas libres) son responsables solidariamente ante el Pisco (DEI) por las acciones y omisiones en que incurran personalmente dichos auxiliares o sus empleados, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, a que dichos empleados queden legalmente sujetos. Es notoriamente evidente que la honorable Corte de Apelaciones transgredió el Principio de Iura Nvit Curia (El Tribunal Conoce el Derecho) ya que al pretender imputar al Delegado Fiscal de la DEI las imprecisiones en la determinación de una persona (Javier Roque Gómez o Guillermo Gómez), por vía de acciones o de omisiones, es desconocer que la tienda libre IMCO es la responsable de llevar a cabo las ventas de las mercancías que el Estado de Honduras le autoriza. En la práctica los empleados o factores de la tienda libre, que en este caso depende de IMCO, son quienes realizan las ventas. Esos atienden a sus clientes, muestras sus productos, indican los precios y perfeccionan la venta. El Delegado Fiscal únicamente se encuentra presente en la tienda libre para autorizar el ingreso de mercancía o inventario a las bodegas de la tienda libre, así como procurar que los productos no egresen de la tienda libre sin documento algo, no obstante, la responsabilidad de confeccionar, llenar y configurar el documento de venta (factura), así como la responsabilidad de identificar que el comprador es un viajero o pasajero, le corresponde al vendedor de la tienda libre IMCO y no al Delegado Fiscal. Pretender lo contrario, entonces simplemente desnaturaliza el sentido de que existan vendedores responsabilidades y obligaciones para la tienda libre, ya que entonces todo sería responsabilidad del Delegado Fiscal. La honorable Corte de Apelaciones en esta misma parte de su fallo, impugnado mediante esta casación, desconoce que la tienda libre como auxiliar de la función pública aduanera tiene obligaciones. Estas obligaciones son las llevar registro de sus actos y operaciones, como lo indica el articulo 21 literal a) del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). De haberse apreciado e invocado este artículo en la sentencia recurrida, quedaría claro que los vendedores de las tiendas libres son los responsables de documentar las facturar por los actos y operaciones de ventas de mercancías. En este afán de imposición de llevar registro de actos y operaciones de venta de mercancías, la tienda libre debe observar y procurar velar por el interés fiscal, tal y como lo preceptúa el articulo 21 literal k) del mismo Código. La honorable Corte de Apelaciones al momento de dar por bien recibido el agravio objeto de este motivo de casación, obvió aplicar e infringió lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), disposición normativa supranacional que específicamente regula las obligaciones de las tiendas libres, como es el caso de IMCO. Esta disposición supranacional, la cual es de orden público, en su literal c), expresamente obliga, manda y ordena a las tiendas libres para que vendan exclusivamente a pasajeros previa comprobación de la calidad de pasajeros, acreditada con su pasaporte u otro documento de viajes y pasajes respectivamente, debiendo consignar los números de pasaporte y pasaje en la factura de venta que se expida, así como el código de vuelo o del medio de transporte. Esta disposición es clara, contundente y no admite interpretación, y claramente contraviene lo resuelto por la honorable Corte de Apelaciones, la cual no supo aplicar las normas jurídicas correctas para la solución de fondo del litigio. Nuevamente, en la revisión del literal c) de este artículo en ningún momento o circunstancia impone la obligación sobre el Delegado Fiscal, sino sobre la tienda libre. Consecuentemente, si aplicamos esta disposición, con lo preceptuado en el artículo 21 literal a) del Código, veremos que bajo el principio de solidaridad, son los empleados, representantes y factores mercantiles de la tienda libre los responsables por las acciones y omisiones que lleven a cabo en las ventas; y, mis aún, son los únicos y responsables directos de identificar con precisión que una persona es pasajera y además consignar correctamente los datos del pasaporte y del boleto de viaje, situación que no sucedió así en el caso que nos ocupa. Por otra parte, la Corte de Apelaciones al no invocar una norma legal para sustentar su parecer sino únicamente un instructivo de operaciones, infringió el orden jerárquico de aplicación de la legislación tributaria y aduanera, y en particular obvio aplicar normas de orden público y de superior jerarquía que lo dispuesto en un simple instructivo, el cual no es parte del ordenamiento jurídico del país. La honorable Corte de Apelaciones, siempre en relación con el agravio que die per bien recibido al recurrente, omitió reconocer y aplicar la disposición del literal d) del mismo artículo 131 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), sobre las obligaciones de la tienda libre; por cuanto la tienda libre es la llamada a llevar un sistema especial que lleve el control electrónico de las mercancías vendidas a pasajeros. Nuevamente, queda claro que no es responsabilidad del Delegado Fiscal llevar dicho control. Asimismo, la honorable Corte de Apelaciones hizo caso omiso en observar y aplicar lo dispuesto en el literal e) del mismo artículo 131 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), en cuanto a que la tienda libre debe mantener el registro de las mercancías vendidas para ser comunicadas al servicio aduanero. Esta disposición, como las anteriormente citadas, imponen la obligación de observar el debido cuidado y esmero en las ventas a la tienda libre y no al Delegado Fiscal. Si fuera lo contrario, entonces no tiene sentido que la tienda libre mantengan registros de mercancías vendidas ya que el Delegado Fiscal, si fuera el responsable de esto, mantendría dicho registro bajo su custodia y, por ende, en custodia del servicio aduanero. Empero, una vez más, esta norma se encuentra contenida en un artículo que desarrolla las obligaciones de la tienda libre. En el mismo orden de ideas, la honorable Corte de Apelaciones hizo case omiso en observar y aplicar lo dispuesto en el literal f) del artículo 131 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), en cuanto a que la tienda libre es la Hamada y obligada a presentar las declaraciones para comprobar las ventas de mercancías y no es responsabilidad del Delegado Fiscal, come sin sustento jurídico se ha hecho ver en la sentencia impugnada. Continuó explicando que la honorable Corte de Apelaciones hizo case omiso en observar y aplicar lo dispuesto en el literal h) del artículo 131 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), en cuanto a que la tienda libre es la obligada a presentar anualmente los resultados de sus reportes de ingresos y egresos, el cual se componen de sus ventas, informe que debe ser certificado por un contador público autorizado. Nuevamente, esta obligación de reportar ventas corresponde a la tienda libre y al contador de la misma y no al Delegado Fiscal. Lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) engloba y resume que la tienda libre es la responsable de la emisión de las facturas, así como de las mercancías que salen de sus locales, lo cual debe comunicarse vía declaraciones al servicio aduanero. Queda claro entonces que no es Delegado Fiscal quien verifica las facturas individualmente, sino la tienda libre. El Delegado Fiscal únicamente supone una revisión y supervisión de las operaciones generales de la tienda libre, sin embargo, no se inmiscuye en las operaciones de ventas ya que la tienda libre, por disposición de la ley aduanera supranacional contenida en el CAUCA y RECAUCA, le hace responsable de pleno derecho de los cumplimientos descritos en este y los párrafos anteriores. Finalmente, sobre este motivo de casación, preciso que la honorable Corte de Apelaciones no observó y violentó lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), al desconocer en su pronunciamiento que las personas naturales ( empleados, representante legal y factores mercantiles) y jurídicas (IMCO) que operan las tiendas libres son las responsables de las salida de las mercancías; y que esa responsabilidad aplica solidariamente desde la recepci6n, la permanencia, conservación, perdida y salida de las mercancías que se encuentren en los locales de las mismas. Queda prístinamente claro, y más allá de cualquier duda aclarado, que lo afirmado por la honorable Corte de Apelaciones sin sustento legal, constituye una transgresión a las normas jurídicas antes indicadas, obviando cumplir y aplicar correctamente normas legales para la solución de fondo del litigio. De haber invocado, observado y aplicados las normas que se invocan fueron quebrantadas por el fallo de la honorable Corte de Apelaciones, queda claro que el agravio que fue bien recibido y que es objeto de este motivo de casación, tuvo que haber sido totalmente desestimado. Por todo lo anterior, no podemos concluir sino que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional al haber ignorado valorar en su pronunciamiento censurado lo dispuesto en los artículos 20; 21 literal a) y k) del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 131 literal c), d), e), f) y h); 132 y 134 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), infringió por falta de aplicación las normas jurídicas ya citadas en la forma expuesta, lo cual viene a constituir una incorrecta aplicación e interpretaci6n de las normas para la solución de fondo del litigio; dando cabida entonces al presente motivo de casación, para solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) aplique la norma constitucional y legales que protegen a mi representada, el Estado de Honduras, y se sirva en casar la sentencia recurrida por este motivo. 2) FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motivo se encuentra contenido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la infracción en la aplicación de las normas sustantivas para la solución de fondo del litigio, en lo concerniente a la correcta aplicación de una normas supranacionales y su efecto de aplicación y regulación supletoria y complementaria en las relaciones operacionales entre los empleados de IMCO y el Delegado Fiscal de la DEI; por lo cual, conforme a la aplicación correcta del marco legal antes citado, queda claro que las obligaciones transgredidas quedan en responsabilidad de IMCO y sus empleados y no del Delegado Fiscal de la DEI. 3)DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: El perjuicio ocasionado consiste en que, a pesar de haber sido argumentado y demostrado en juicio, el Tribunal Ad-Quem afirmo que, sin invocar un fundamento legal determinado sino únicamente un instructivo, que el Delegado Fiscal era responsable por el correcto asentamiento de las operaciones de la tienda libre, inclusive la de identificar plena y debidamente a un pasajero (comprador de mercancías), relevando así a IMCO de toda responsabilidad legal en esta tarea; cuando ha quedado evidenciado que si existen varias disposiciones legal, de carácter supranacional y contenidas Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento, que expresamente reconocen que todas las responsabilidades que indicia el fallo de la Corte de Apelaciones corresponden a la tienda libre operada por IMCO. 4)IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA: EI vicio que causa la infracción es la falta de aplicación de los artículos 20; 21 literal a) y k) del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 131 literal c), d), e), f) y h); 132 y 134 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); vicio que es relevante para el fallo atendiendo que si se hubiera aplicado correctamente la normativa antes indicada el fallo de la honorable Corte de Apelaciones hubiese concluido sin duda alguna que las responsabilidades sobre las operaciones de venta de mercancías, así como de plena y debida identificación de un pasajero (comprador) de mercancías, correspondían al recurrente IMCO y que todo el marco de obligaciones y responsabilidades se encontraban contenidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y en el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), normativas que son de aplicación preeminente por sobre cualquier estipulación en un contrato, acuerdo o convenio suscrito, por ser una norma de orden público que no puede eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares, conforme al artículo 11 del Código Civil. 5) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenido en la sentencia impugnada; así: “...PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia pronunciada en fecha 05 de septiembre de 2018 por el Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial por no estar dictada conforme a Derecho. TERCERO: En consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S .A. (IMCO) , por no ser conforme a Derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones números DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y AL. 053/2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados ...” XII.- Tampoco resulta admisible el cargo anterior, dado que el Censor del Fallo incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) aduce que la infracción proviene de la falta de aplicación de las normas señaladas, pero a su vez señala “la honorable Corte de Apelaciones interpreta equivocadamente normas jurídicas empleadas para la solución de fondo del litigio…lo afirmado por la honorable Corte de Apelaciones sin sustento legal, constituye una transgresión a las normas jurídicas antes indicadas, obviando cumplir y aplicar correctamente normas legales para la solución de fondo del litigio…vicio que es relevante para el fallo atendiendo que si se hubiera aplicado correctamente la normativa antes indicada el fallo de la honorable Corte de Apelaciones…”, lo cual determina que se alude a otra forma de infringir la ley, que es incompatible con la falta de aplicación, dado que si una norma no fue aplicada, no pudo ser objeto de interpretación por el Juzgador; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a normas no señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 18 de la Constitución de la República y 11 del Código Civil. XIII.- Que en el cuarto y último motivo de casación, se expone el mismo de la siguiente forma: “Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva por falta de aplicación de los artículos 21 literal d), 29, 46 numeral 1), 50, 77, 78, 89, 91, 92 y 107 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 56 último párrafo, 131 literal f); 317,318,321 literal a), 357 y 581 párrafos cuarto y quinto del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), en cuanto a que la obligación de declarar al servicio aduanero corresponde al auxiliar de la función pública aduanera denominado tienda libre y no al Delegado Fiscal; y, además evidenciar que en la aplicación de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas para la solución de fondo del litigio, la honorable Corte de Apelaciones interpreto equivocadamente las normas jurídicas empleadas para tal propósito. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido dentro del artículo 719 numeral 2, del C6digo Procesal Civil. DESARROLLO DEL CUARTO MOTIVO 1) CONCEPTO DE LA INFRACCION: Los preceptos de orden objetivo y sustantivo que se invocan como infringidos para efectos del presente motivo de casaci6n, es decir los artículos 21 literal d), 29, 46 numeral 1), 50, 77, 78, 89, 91, 92 y 107 del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 56 último párrafo, 131 literal f); 317, 318, 321 literal a), 357 y 581 párrafos cuarto y quinto del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), literalmente prescriben lo siguiente: "Articulo 21. Obligaciones Generales. Los Auxiliares tendrán, entre otras, las obligaciones siguientes: a) ...; b) ... c) ... d) Transmitir electrónicamente, las declaraciones aduaneras e información complementaria relativa a los actos, operaciones o regímenes aduaneros en que participen; e) ... j) ... g) ... h) ... i) ... j) ... k) ... [) ... m) ..." (Lo subrayado es nuestro). "Articulo 29. Utilización de Tecnologías de Información y Comunicaci6n (TIC). Los auxiliares de la función pública aduanera y los demás usuarios autorizados, deberán transmitir electrónicamente al Sistema Informático del Servicio Aduanero la información relativa a los actos, operaciones o regímenes aduaneros en que participen." (Lo subrayado es nuestro). "Articulo 46. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Para efectos de su determinación, la obligación tributaria aduanera nace: 1° Al momento de la aceptación de la declaración de mercancías, en los regímenes de importación o exportación definitiva y sus modalidades; 2 ... 3 ... 4 ..."(Lo subrayado es nuestro). "Articulo 50. Personas a quienes corresponde efectuar la determinación. Como regla general, corresponderá al declarante o a su representante, bajo el sistema de autodeterminación, realizar la determinación de la obligación tributaria aduanera y cumplir con los demás requisitos y formalidades necesarios para la aplicación del régimen que corresponda, previo a la presentación de la declaración ante el Servicio Aduanero. Excepcionalmente, la Autoridad Aduanera efectuara la liquidación de los tributos con base en la información proporcionada por el declarante. Tales casos de excepción serán determinados por el Reglamento." (Lo subrayado es nuestro). "Articulo 77. Declaración de mercancías. Con la declaración de mercancías se expresa libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que este impone. La declaración de mercancías se entenderá efectuada bajo fe de juramento. " (Lo subrayado es nuestro). "Articulo 78. Procedimiento para efectuar la declaración. La declaración para destinar las mercancías deberá efectuarse mediante transmisión electrónica, conforme los procedimientos establecidos. Excepcionalmente, la declaraciónpodrá efectuarse por otros medios legalmente autorizados. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la declaración del valor en aduana, cuando esta se requiera." (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 89. Concepto de regímenes aduaneros. Se entenderá por Regímenes Aduaneros, las diferentes destinaciones a que puedan someterse las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos.” “Articulo 91. Clasificación de los regímenes aduaneros. Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros: a) Definitivos: Importación y exportación definitiva y sus modalidades; b) Temporales o Suspensivos: Transito aduanero; Importación Temporal con reexportación en el mismo estado; Admisión temporal para perfeccionamiento activo; Deposito de Aduanas o Deposito Aduanero; Exportación temporal con reimportación en el mismo estado; y Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; y, c) Liberatorios: Zonas Francas; Reimportación y Reexportación. Sin perjuicio de los regímenes antes citados, podrán establecerse otros regímenes aduaneros que cada país estime convenientes para su desarrollo económico” (Lo subrayado es nuestro). "Articulo 92. Importación definitiva. La importación definitiva, es el ingreso de mercancías procedentes del exterior para su uso o consumo definitivo en el territorio aduanero." (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 107. Reexportación. Reexportación es el régimen que permite la salida del territorio aduanero, de mercancías extranjeras llegadas al país y no importadas definitivamente. No se permitirá la reexportación de mercancías caídas en abandono o que se haya configurado respecto de ellas, presunción fundada de falta o infracción aduanera penal" (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 56. Autorización. Los auxiliares serán autorizados por la autoridad superior del Servicio Aduanero, previo cumplimiento de los requisitos generales siguientes: a) ... b) ... c) ... d) ... e) ... j) ... g) ... Los servicios aduaneros podrán requerir al solicitante que cuente con el equipo y los programas informáticos autorizados necesarios para efectuar procesos de transmisión electrónica, previo a la autorización. El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito general o especifico, no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el incumplimiento.” (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 131. Obligaciones. Las entidades inscritas ante el Registro de Auxiliares como operadores de tiendas libres deberán cumplir con las obligaciones siguientes: a) ...b) ... c) ...; d) ...; e) ...; f) Presentar ante la aduana correspondiente, una declaración de mercancías en la forma que el Servicio Aduanero le indique, para comprobar las ventas y descargos de las mercancías llegadas a sus depósitos; g) ... h) ...; i) ... j) ...k).” (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 317. Declaración de mercancías. Toda mercancía, para ser destinada a un régimen aduanero, deberá estar amparada en una declaración de mercancías. La obligación de declarar incluye también a las mercancías libres de derechos arancelarios ya las que de cualquier forma gocen de exención o franquicia. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para la aplicación de las prohibiciones o restricciones justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad pública, protección de la salud, del medio ambiente, de la vida de las personas, flora y fauna, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad intelectual." (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 318. Forma y medio de presentación de la declaración de mercancías. La declaración de mercancías se presentará mediante transmisión electrónica o en los formularios o formatos autorizados por el Servicio Aduanero, previo cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago anticipado de los derechos e impuestos por la vía electrónica, cuando corresponda. Cuando la naturaleza del régimen lo permita se podrán presentar declaraciones simplificadas en cuyo caso el Servicio Aduanero establecer los datos mínimos necesarios que las mismas contendrán. El uso de medios informáticos y de la vía electrónica para el intercambio de información, tendrá plena validez para la formulación, transmisión, registro y archivo de la declaración de mercancías, de la información relacionada con la misma y de los documentos que a esta deban adjuntarse." (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 321. Documentos que sustentan la declaración de mercancías. La declaración de mercancías deberá sustentarse, según el régimen aduanero de que se trate, entre otros, en los documentos siguientes: a) Factura comercial cuando se trate de una compra venta internacional, o documento equivalente en los demás casos; b) ...; c) ...; d).; e) …; f) ...; g) ... " (Lo subrayado es nuestro). "Articulo 357. Sometimiento a un régimen aduanero. Toda mercancía que ingrese o salga del territorio aduanero, deberá someterse a cualquiera de los regímenes indicados en el Articulo 91 del Código, debiendo cumplir los requisitos y procedimientos legalmente establecidos. " (Lo subrayado es nuestro). “Artículo 581. Clases de equipaje. El equipaje podrá ser: a) ...b) ... El equipaje ... Para el retiro de mercancías distintas al equipaje, que ingresen con el viajero y que gocen de la exención a que se refiere el Artículo 114 del Código, el funcionario aduanero, de oficio, hará efectiva la misma mediante el registro correspondiente en el sistema informático del Servicio Aduanero. En caso de que el valor de las mercancías exceda el monto establecido en el citado Artículo, el funcionario aduanero procederá a efectuar de oficio la declaración de mercancías, para el pago de los tributos que resulten. - En el caso del equipaje no acompañado, que ingrese junto con mercancías distintas del equipaje, el viajero deberá de presentar solicitud para su retiro ante la Autoridad Aduanera, adjuntando la lista de mercancías distintas del equipaje y original del documento de transporte. Si se cumplen las condiciones señaladas en este Reglamento, se hará efectiva la exención correspondiente, siempre que tenga derecho. En caso de que el valor de las mercancías exceda el monto establecido en el Articulo 114 del Código, la Autoridad Aduanera procederá a efectuar de oficio la declaración de mercancías, para el pago de los tributos que resulten."(Lo subrayado es nuestro). El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), así como el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), son ambos instrumentos jurídicos intencionales que rigen la materia aduanera y de comercio transfronterizo, los cuales tienen características supranacionales y, por ende, son categorizados como convenciones, convenios y/o tratados intencionales, aprobados y ratificados por el Estado de Honduras. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución de la República, este tipo de instrumentos jurídicos (CAUCA y RECAUCA) prevalecen sobre cualquier legislación nacional, ya sea tributaria o aduanera. Explicado lo anterior, no cabe duda que las disposiciones del CAUCA o el RECAUCA prevalecen sobre cualesquier normas de índole sustantivo y adjetivo del ordenamiento jurídico nacionales y los Tribunales de Justicia deben aplicar la normativa supranacional por sobre cualquier norma o legislación nacional en la materia tributaria y aduanera. En el ordinal siete (7), folio 34 vuelto al 35 vuelto, de la resolución emitida por la honorable Corte de Apelaciones se da por bien recibido el alegato de la parte recurrente (IMCO) indicando que conforme a lo dispuesto en un instructivo sobre operaciones de tiendas libres, y en relación con el artículo 114 del CAUCA y 578 del RECAUCA, la obligación de realizar los reportes al servicio aduanero le corresponde al Delegado Fiscal; y, además, que las tiendas libres no tienen techo en el valor de las mercancías que pueden vender, por lo cual el señalamiento de ventas por hasta US$500.00 tenía relación con la exención tributaria a los viajeros que pueden introducir bienes en su equipaje hasta por esa cantidad; por lo que la imputación hecha a la tienda libre IMCO carece de asidero legal. De la misma forma, el la Corte de Apelaciones hace relación de que se hizo una mala apreciación sobre las ventas de unidades de alcohol en exceso (más de 12 unidades) y que esa responsabilidad no es la tienda libre ya que dicha irregularidad imputada a la parte demandante no tiene asidero legal alguno. La apreciación contenida en el párrafo anterior es producto de que la honorable Corte de Apelaciones tergiversó y confundió los hechos contenidos en la sentencia proferida por el juzgador de primera instancia; pero además invoco la legislación equivocada al caso, realizando, consecuentemente, aplicaciones e interpretaciones de normas erróneas para la solución de fondo del litigio. Todos los fundamentos de derecho invocados en el presente motivo de casación fueron quebrantados por la sentencia de la Corte de Apelaciones, en virtud de que la misma obvio su aplicación. Ahora bien, para que la honorable Corte Suprema de Justicia comprenda la confusión generada por el apelante y por la propia Corte de Apelaciones, iré explicando paso a paso como la normativa que ha sido quebrantada se hilvana una con otra, habida cuenta que la materia aduanera y de comercio transfronterizo es complicada en su dinámica. Las tiendas libres, como auxiliares de la función pública aduanera potestativamente autorizadas por el Estado de Honduras para operar, exclusivamente venden mercancías libres de todo tipo impuestos y únicamente para pasajeros en tránsito o que viajan fuera del país o que vengan ingresando al mismo; dicho esto las mercancías que las tiendas libres venden a sus clientes se encuentran un régimen suspensivo de impuestos, ya que no se nacionalizaran en Honduras, ni tampoco tributaran en sus ventas al consumidor final. Las ventas de mercancías libre de impuestos que realizan estas tiendas libres se documentan mediante la correspondiente factura, la cual le es entregada al presencialmente al viajero luego de realizar la compra. Posteriormente al final de la jornada de sus operaciones diarias, la tienda libre sin necesidad de requerir que los viajeros estén presentes o intervengan en esta etapa, realiza declaraciones electrónicas al servicio aduanero para informar sobre las ventas de mercancías realizadas en un determinado periodo de tiempo, de forma tal que sus ventas se descarguen del inventario autorizado en las bodegas de la empresa y, por supuesto, que las ventas eventualmente cuadren (hagan una conciliación electrónica) con las declaraciones aduaneras que la tienda libre presenta cuando adquiere su inventario para ventas. Explicado lo anterior, cuando la tienda libre le vende una mercancía (bebidas, cigarrillos, cosméticos, perfumes, relojes, electrónicos, etc.) a un viajero en tránsito por nuestro país o un viajero que se dirige fuera del país, entonces la tienda libre presentara al servicio aduanero una declaración de reexportación, la cual evidencia que la mercancía que estuvo bajo régimen suspensivo de impuestos y que no fue nacionalizada en Honduras, ha sido vendida y ha dejado el territorio nacional. Por el contrario, cuando la tienda libre le vende una mercancía (bebidas, cigarrillos, cosméticos, perfumes, relojes, electrónicos, etc.) a un viajero que se dirige hacia o dentro del país, entonces la tienda libre presentara al servicio aduanero una declaración de importación definitiva, la cual evidencia que la mercancía que estuvo bajo régimen suspensivo de impuestos y se nacionalizara porque ingresara en el territorio de la República de Honduras. Ante este supuesto de ingreso al territorio nacional, entonces pueden darse dos supuestos más: 1) Aquellas mercancías que, unitariamente o en su conjunto, por su valor sean valoradas en una cantidad inferior a los US$500.00 pueden ingresar al territorio de Honduras exentos, o sea libre del pago de impuestos; esto en virtud que todo viajero que ingresa al territorio nacional puede perfectamente ingresar mercancías distintas a su equipaje con exención de impuestos hasta por la cantidad antes indicada. 2) Aquellas mercancías que, unitariamente o en su conjunto, por su valor sean valoradas en una cantidad superior a los US$500.00 pueden ingresar al territorio [de Honduras exentos, o sea libre del pago de impuestos hasta por esa cantidad; sin embargo, por el exceso a esta cantidad deberán pagar los impuestos correspondientes, ya que estas mercancías superan el monto que la legislación permite para ingresar exentos de impuestos al territorio nacional y al pagar los impuestos que correspondan deberá presentarse la declaración aduanera de importación definitiva con el pago pertinente. Ejemplo de ello es un reloj valorado en la cantidad US$2,000.00, por los primeros US$500.00 no pagara impuestos, sin embargo, por US$1,500.00 si pagara impuestos; igual situación aplica para cualquier mercancía que supere los US$500.00. En la realidad lo que la DEI encontró como hallazgos en sus operativos fue que las tiendas libres de IMCO vendían mercancías a valores superiores a los US$500.00, escondiendo el valor real de sus ventas en las facturas que entregaban a sus clientes declarándolos por un menor valor, a espaldas del delegado fiscal. O en ciertos casos, al momento de realizar ventas superiores a los US$500.00, simplemente no realizaban las declaraciones electrónicas al servicio aduanero declarando el pago de los impuestos correspondientes, con lo cual pretendían esconder la realidad del inventario físico de sus bodegas y de sus tiendas libres y, consecuentemente, defraudando al Fisco; acción que era orquestada no solo por los empleados sino por los mismos ejecutivos de las tiendas libres. Ahora bien, en cuanto a la declaración aduanera, la honorable Corte de Apelaciones dio por bien recibido el agravio expresado por la parte apelante aduciendo que la responsabilidad de declarar ante el servicio aduanero no era de la tienda libre sino del delegado fiscal. Dicho esto, y para entenderlo de una forma más simple, la postura de la Corte de Apelaciones es equivalente a decir que una empresa no es obligada a presentar su declaración del Impuesto Sobre la Renta anualmente, sino que la debe presentar el auditor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) encargado de supervisar a dicha empresa. Es la misma relación y la misma obligación tributaria formal, simplemente para efectos de una mejor comprensión, hemos extrapolado el caso de un asunto aduanero a un asunto de tributos internos. Queda claro que, evidentemente, la honorable Corte de Apelaciones desconocía la dinámica de las operaciones aduaneras y el derecho aplicable al caso concreto, quebrantando así todas las demás normas legales que si son aplicables al asunto que nos concierne. Como se puede apreciar de la obligada explicación para comprender la confusión que maliciosamente genero la parte apelante y que, lamentablemente la honorable Corte de Apelaciones fue sorprendida, es posible entender de la lectura de las resoluciones administrativas dictadas por la DEI y por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, así como de la resolución emitida por la Juzgadora A-Quo, que en ningún momento se imputó a la tienda libre IMCO el hecho de que existía un techo de US$500.00 para realizar ventas de mercancías o que no se podían vender mercancías arriba de los US$500.00. Tal afirmación por la parte apelante es una total falsedad; y, con el debido respeto, el convencimiento formado por la honorable Corte de Apelaciones, en ese mismo sentido, un grave error en la apreciación de los hechos y de los fundamentos de derecho invocados y aplicados en la resolución de fondo; amparando así una pérfida conducta de supuesta defraudación fiscal que se perpetro desde la tienda libre. En la evaluación del motivo de casación para realizar la identificación de las normas sustantivas o de fondo violentadas por el fallo de la honorable Corte de Apelaciones, debemos abordarlo de la manera siguiente: l) ¿A quién le corresponde declarar? La obligación de declarar al servicio aduanero, contrario a lo afirmado por la honorable Corte de Apelaciones, no corresponde al delegado fiscal sino a la tienda libre, tal y como lo indica el articulo 21 literal d) del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), al precisar que es obligación del auxiliar (tienda libre) transmitir electrónicamente las declaraciones aduaneras relativa a sus actos y operaciones. Asimismo, el articulo 29 y 50 del mismo Código, en relación con los artículos 131 literal f) y 318 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), mandan a que los auxiliares de la función pública aduanera deben transmitir electrónicamente las declaraciones sobre sus operaciones y los regímenes aduaneros en que participen, como lo son el régimen de reexportación o el de importación definitiva, mismos que ya fueron antes explicados. 2) ¿Y por qué la declaración debe realizar la tienda libre y no el delegado fiscal de la DEI? La legislación especial en materia aduanera contenida en los artículos 50, 77 y 78 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), ya determina que la declaración y reportaría al servicio aduanero le corresponde a la tienda libre, la cual debe declarar bajo el sistema de autodeterminación y su declaración se entenderá efectuada bajo fe de juramento, a fin de que dentro del periodo legal (4 años) el servicio aduanero pueda realizar su tarea de fiscalización ex post, a fin de determinar si hubo o no infracciones, faltas o perjuicio económicos al Estado de Honduras. A pesar de que la Corte de Apelaciones invoca el instructivo aduanero en su resolución, es claro legislación supranacional ya indica por que la declaración la debe realizar la tienda libre y con qué propósito. 3) Es necesario declarar las ventas realizadas por una tienda libre superiores a la cantidad de US$500.00? Contrario a lo afirmado por la honorable Corte de Apelaciones, si corresponde que la tienda libre declare las ventas arriba de esta cantidad a fin de proceder a determinar o no el nacimiento de una obligación tributaria aduanera; dicho de otra forma, no es posible determinar una obligación tributaria aduanera, si la tienda libre no declara, con lo cual se brinda el espacio para causar un perjuicio fiscal al Estado de Honduras. Esta obligación, no observada por la Corte de Apelaciones se encuentra comprendida en el artículo 46 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). 4) ¿La obligación de declarar por parte de la tienda libre ante el servicio aduanero es porque existe un techo o límite para realizar ventas de mercancías valoradas en más de US$500?00? No, no es por esa razón, tal y como equivocadamente lo hace ver la Corte de Apelaciones en la sentencia impugnada. En la legislación aduanera no existe una norma legal o precepto jurídico que limite o ponga techo a las ventas de mercancías por las tiendas libres. El verdadero motivo de exigir la declaración aduanera para las ventas arriba de US$500.00 es para determinar el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, como sobradamente se explicó antes; sin embargo, la obligación general de declarar ante el servicio aduanero se debe al hecho que la tienda libre comercializa bienes que se encuentran libres de impuestos y, por lo tanto, el Estado de Honduras tiene el derecho, la prerrogativa y la obligación de controlar y supervisar su venta, exigiendo la presentación de dichas declaraciones en cualquiera de los regímenes aplicables, como fue explicado en párrafos anteriores: importación definitiva o reexportación. Es así que la norma contenida en el 114 del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en aplicación del artículo 578 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), las cuales fueron citadas por la Corte de Apelaciones en su fallo, no deben interpretarse o aplicarse como un techo para la venta de mercancías, como erróneamente lo esbozó la honorable Corte de Apelaciones. Estos dos artículos deben interpretarse y aplicarse para determinar si la mercancía que un viajero compra se encuentra exenta o no del pago de impuestos, total o parcialmente, dependiendo si su valor es menor, igual o mayor a los US$500.00; y siendo el caso que la mercancía se encuentre exenta se debe declarar sin pago, y en el caso que la mercancía no se encuentre exenta se debe declarar y realizar el pago de los impuestos correspondientes. Es así que dichos artículos deben aplicarse e interpretarse en su conjunto con lo preceptuado en los artículos 89, 91, 92 y 107 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); y, 317, 357 y 581 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). 5) ¿Por qué las facturas valoradas con cantidades arriba de US$500?00 y no declaradas al servicio aduanero constituyen una infracción? Habiendo quedado demostrado conforme a derecho que la obligación de declarar corresponde a la tienda libre y que la misma es determinante para encontrar o no el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, ya sea de mercancías exentas (iguales o menores a US$500.00) o sujetas al pago de impuestos (mayores a US$500.00), la factura es un elemento esencial e indispensable que soporta, sustenta, confecciona y constituye parte integral de la declaración aduanera, tal y como lo preceptúa el artículo 321 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). 6) ¿Por qué procedía la suspensión de las operaciones de la tienda libre por las omisiones anteriormente explicadas? Conforme a lo estipulado en el artículo 56 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), un auxiliar como una tienda libre no puede operar como tal si ha dejado de cumplir con algún requisito general o especifica del CAUCA o del RECAUCA, hasta que se haya subsanado su incumplimiento; subsanación que nunca realizó la tienda libre IMCO. Queda prístinamente claro, y más allá de cualquier duda aclarado, que lo afirmado por la honorable Corte de Apelaciones sin sustento legal y en base a un instructivo aduanero, constituye una transgresión a las normas jurídicas antes indicadas, obviando cumplir y aplicar correctamente normas legales para la solución de fondo del litigio. De haber invocado, observado y aplicado las normas que se invocan fueron quebrantadas por el fallo de la honorable Corte de Apelaciones, queda claro que el agravio que fue bien recibido y que es objeto de este motivo de casación, tuvo que haber sido totalmente desestimado; bajo el argumento que la DEI no imponía techos o irritaciones para la venta de mercancías con un valor superior a los US$500.00, sino que exigía la correcta y debida declaración aduanera, tanto de los bienes exentos de impuestos por tener un valor menos a US$500.00 como de aquellas que si debían tributar conforme a ley por tener un valor superior a los US$500.00, precisando correctamente que la obligación de declarar, conforme a las normas ya citadas y explicadas, era de la tienda libre como auxiliar de la función pública aduanera y no del delegado fiscal como falsamente lo pretende hacer ver la parte apelante. Por todo lo anterior, no podemos concluir, sino que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional al haber ignorado valorar en su pronunciamiento censurado lo dispuesto en los artículos 21 literal d), 29, 46 numeral 1), 50, 77, 78, 89, 91, 92 y 107 del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 56 último párrafo, 131 literal f); 317, 318, 321 literal a), 357 y 581 párrafos cuarto y quinto del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), infringió por falta de aplicación las normas jurídicas ya citadas en la forma expuesta, lo cual viene a constituir una incorrecta aplicación e interpretación de las normas para la solución de fondo del litigio; dando cabida entonces al presente motivo de casación, para solicitar que la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral-Contencioso Administrativo) aplique la norma constitucional y legales que protegen a mi representada, el Estado de Honduras, y se sirva en casar la sentencia recurrida por este motivo. 2) FUNDAMENTACION DE LO PEDIDO: Este motivo se encuentra contenido en el artículo 719.2 del C6digo Procesal Civil, en lo relativo a la impugnación de sentencias dictadas en apelación por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, por la infracción en la aplicación de las normas sustantivas para la solución de fondo del litigio, en lo concerniente a la correcta aplicación de una normas supranacionales y su efecto de aplicación y regulación supletoria y complementaria en las relaciones operacionales entre los empleados de IMCO y el Delegado Fiscal de la DEI; por lo cual, conforme a la aplicación correcta del marco legal antes citado, queda claro que las obligaciones transgredidas quedan en responsabilidad de IMCO y sus empleados y no del Delegado Fiscal de la DEI. 3) DETERMINACION E IDENTIFICACION DEL PERJUICIO O AGRAVIO SUFRIDO: El perjuicio ocasionado consiste en que, a pesar de haber sido argumentado y demostrado en juicio, el Tribunal Ad-Quem afirmó que, sin invocar un fundamento legal determinado sino únicamente un instructivo, que el Delegado Fiscal era responsable por el declaraciones de las operaciones de la tienda libre, relevando así a IMCO de toda responsabilidad legal en esta tarea; cuando ha quedado evidenciado que si existen varias disposiciones legal, de carácter supranacional y contenidas Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento, que expresamente reconocen que todas las responsabilidades que indicia el fallo de la Corte de Apelaciones corresponden a la tienda libre operada por IMCO. La resolución impugnada causa un perjuicio económico a los intereses fiscales del Estado de Honduras, ya que al relevar a la empresa IMCO de sus obligaciones aduaneras formales de declarar correctamente sobre los bienes exentos de impuestos (valor igual o menor a US$500.00) como de aquellos sujetos al pago de impuestos (valor superior a US$500.00) se expone a que se dejen de percibir impuestos que corresponden al Fisco, y se legitima una supuesta actividad de defraudación fiscal. 4) IDENTIFICACION DEL VICIO QUE LO CAUSA: El vicio que causa la infracción es la falta de aplicación de los artículos 21 literal d), 29, 46 numeral 1), 50, 77, 72, 78, 89, 91, 92 y 107 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 56 último párrafo, 131 literal f); 317, 318, 321 literal a), 357 y 581 párrafos cuarto y quinto del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); vicio que es relevante para el fallo atendiendo que si se hubiera aplicado correctamente la normativa antes indicada el fallo de la honorable Corte de Apelaciones hubiese concluido sin duda alguna que el Estado de Honduras nunca pretendió imputar techos o limites a ventas por mercancías cuyo valor supera los US$500.00, habida cuenta que muchos de los bienes y artículos a la venta superaban esa cantidad, sino que la DEI, en el ejercicio de sus facultades de control y supervisión detectó irregularidades por la falta de la debida y oportuna declaraciones; asimismo, que las responsabilidades sobre las operaciones de venta de mercancías y sus correspondientes declaraciones al servicio aduanero, correspondían al recurrente IMCO; y que todo el marco de obligaciones y responsabilidades se encontraban contenidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y en el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), normas que son de aplicación preeminente por sobre cualquier estipulación en un contrato, acuerdo o convenio suscrito, por ser una norma deorden público que no puede eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares, conforme al artículo 11 del C6digo Civil. 5) PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: El pronunciamiento que se impugna es el ordinal PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del fallo o parte resolutiva contenido en la sentencia impugnada; así: “... PRIMERO: Declarar con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S.A. (IMCO) SEGUNDO: REVOCAR la sentencia pronunciada en fecha 05 de septiembre de 2018 por el Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial por no estar dictada conforme a Derecho. TERCERO: En consecuencia, se declara procedente la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de actos administrativos de carácter particular incoada por la abogada LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad mercantil IMPORTADORA COMERCIAL S .A. (IMCO) , por no ser conforme a Derecho los actos administrativos impugnados consistentes en las resoluciones niñeros DEI-DL-02450-B-2010; DEI 3108/2010 emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y AL. 053/2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; anulándose las mismas y como consecuencia el cese de los efectos de dichos actos administrativos anulados...” XIV.- Al igual que los demás cargos, el que antecede resulta inadmisible, ya que nuevamente se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) aduce que la infracción proviene de la falta de aplicación de las normas señaladas, pero a su vez señala “la honorable Corte de Apelaciones interpreta equivocadamente las normas jurídicas empleadas para tal propósito…invocó la legislación equivocada al caso, realizando, consecuentemente, aplicaciones e interpretaciones de normas erróneas para la solución de fondo del litigio…”, lo cual determina que se alude a otra forma de infringir la ley, que es incompatible con la falta de aplicación, dado que si una norma no fue aplicada, no pudo ser objeto de interpretación por el Juzgador; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a normas no señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 18 de la Constitución de la República y 56 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). XV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. XVI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres (3) motivos POR INFRACCIÓN EN LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA y los cuatro (4) motivos POR INFRACCIÓN EN LA APLICACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS APLICABLE A LA RESOLUCIÓN DE FONDO. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de mayo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA49-21. Firma y sello.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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