Sentencia CA-458-19 — Registro 13404
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción interpuesta por la Sociedad Mercantil denominada Importadora de Vehículos, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMVESA) ,contra el Estado de Honduras, por actos de la Secretaria de Estado en Los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor, en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado y no haber podido demostrar que el mismo se dictó con exceso o desviación de poder, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la explicación se insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material del material probatorio, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; b) se realizan alegatos de instancia los cuales resultan inapropiados en ese recurso extraordinario; y, c) no se demuestra la interpretación errónea de la norma señaladas como infringidas, ya que el juzgador de instancia le ha dado el alcance apropiado a las misma al momento al fundamentar la sentencia impugnada..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente IMPORTADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V. (IMVESA), representada en juicio por el Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, y Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS representado en juicio por el Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, y en condición coadyuvante la señora VIVIANA ISABEL ZÚNIGA LAÍNEZ, representada en juicio por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular y en consecuencia se decrete la nulidad absoluta del mismo, se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, como representante procesal de la sociedad mercantil IMPORTADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V. (IMVESA), contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha 30 de junio del 2011, vendió a la señora Viviana Isabel Zuniga Laínez un vehículo nuevo marca Volkswagen, tipo turismo, modelo Jetta A6, color plata réflex, motor CCC-110690, VIN 3VW2W21K7BM039670, 2.5 cilindros, año 2011, gasolina, valorado en (L.490,974.00), y que mediante Cheque No. 9080540 de fecha 30 de junio del 2011, la señora Viviana Isabel Zuniga hizo en concepto de prima un pago por la cantidad de (L.190,274.00), emitido a favor de la demandante. Manifestó que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 y 35 de la Ley de Protección al Consumidor, en fecha 30 de junio del 2011 extendió un Certificado de Garantía del Vehículo mencionado, con una cobertura de garantía de fábrica de 24 meses libre de kilometraje, no obstante la señora Viviana Isabel Zuniga Laínez presentó una denuncia en su contra en la Coordinación Regional de Protección al Consumidor, debido a que el vehículo presentó fallas en el motor, el tablero estaba flojo y el polarizado mal puesto.- El 19 de abril del 2012 ante la Coordinación Regional de Protección al Consumidor, se llevó un acta de comparecencia a la que asistió el Apoderado Legal de la demandante y la señora Viviana Zúniga, en la cual constó que la empresa demandada manifestó que en ningún momento se había negado a reconocer la garantía del vehículo, y que el mismo debía ser ingresado lo más pronto posible para evitar nuevos daños, procediendo a repararlo tal y como se había comprometido, luego mediante una nota comunicó y puso en conocimiento de la señora Viviana Zúniga que la garantía de su vehículo expiraba el 30 de junio del 2013, haciendo una extensión de la cobertura de fábrica específicamente del sistema de control electrónico del motor, por un periodo de 87 días a partir del último día de vigencia de su garantía de fábrica, misma que fue presentada al Departamento Regional de Protección al consumidor en fecha 25 de mayo del 2012, una vez confirmada la reparación del vehículo la señora Viviana Zúniga mediante una carta de manifestación enviada el 16 de mayo del 2012, solicitó un peritaje al vehículo para verificar si se encontraba en buenas condiciones, la Dirección Regional de Protección al Consumidor mediante providencias de fecha 16 y 17 de julio del 2013, procedió a imputar la presunta falta, mediante memorando emitido por el Coordinador Regional Noroccidental de San Pedro Sula, dirigido al Director General de Protección al Consumidor para que se continuara con el proceso que en derecho correspondía, durante el procedimiento y una vez evacuados los medios de prueba propuestos por la demandante para desvanecer los cargos a ella imputados, la Dirección General de Protección al Consumidor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico emitió la Resolución Administrativa No. DGPC-016-2015, de fecha 14 de enero del 2015, en la cual declaró con lugar la denuncia promovida en su contra, no obstante en fecha 29 de noviembre del 2012 la demandante emitió una constancia en la cual se acreditaba que fueron entregadas las notificaciones a los clientes de la marca de vehículos Volkswagen haciéndoles de su conocimiento que ella ya no era la distribuidora de dicha marca, y que toda reparación y mantenimiento debía ser analizado en Repuestos y Automóviles S.A. (REASA), distribuidor exclusivo de la Volkswagen en Honduras, por lo que dice estar acreditado que el 13 de junio del 2013, fue la última vez que emitió o dictaminó respecto al estado del vehículo en mención, por lo anterior el 4 de mayo del 2015 presentó a la Coordinación Regional Nor-occidental de Protección al consumidor un escrito titulado “Manifestación.- Se solicita emisión de constancia o certificación, debido al emplazamiento para recurrir a la instancia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se solicita se extienda con carácter de urgente, exposición de motivos que sustenta la solicitud”, dando dicha Coordinación respuesta que de acuerdo al inventario digital y libros manejados, no existía desde la fecha 5 de junio del 2013 hasta el 4 de mayo del 2015, denuncia interpuesta por la señora Viviana Zúniga contra la empresa REASA, tampoco localizó movimiento alguno desde el 5 de junio del 2013 al 14 de enero del 2015, además la Coordinación Regional de Protección al consumidor contestó que la señora Viviana Isabel Zuniga no presentó manifestación por escrito si su vehículo continuaba en mal estado o si había presentado problemas de encendido, tal como lo había reportado el 18 de junio del 2012 y 17 de mayo del 2013. Siendo que según la demandante la empresa REASA, a partir del 28 de noviembre del 2012 era la distribuidora en Honduras de la marca Volkswagen, por lo que era la responsable de los mantenimientos preventivos y reparaciones necesarias del vehículo en cuestión. Señaló además que la Resolución No.DGPC-016-2015, dictada por la Dirección General de Protección al Consumidor, en fecha 14 de enero del 2015, no fue conforme a derecho puesto que los considerandos de la misma se referían a las diligencias necesarias para la evacuación del proceso administrativo, no constituyendo en ningún momento soporte legal para declarar con lugar la denuncia promovida por la señora Viviana Zúniga contra la demandante, ya que no había motivación fáctica, y únicamente relataba el trámite administrativo, amparada en el motivo que según el Dictamen de Peritaje emitido por el Jefe de Área de Mecánica Automotriz de INFOP San Pedro Sula, en fecha 26 de febrero del 2013, el vehículo al momento de la evaluación presentó la falla de fábrica leve, por la corta duración en el proceso de encendido. La demandante puntualizó ser necesario mencionar aspectos ocurridos antes que la Dirección General de Protección al Consumidor declarara con lugar la denuncia, siendo así que el 18 de junio del 2012, la señora Viviana Zúniga Laínez manifestó ante la Dirección Regional de Protección al Consumidor que el 30 de mayo del 2012 se le había entregado el vehículo con los arreglos correspondientes para su funcionamiento, pero que a partir del 13 de junio del 2012 el vehículo nuevamente presentó los mismos problemas de encendido, ante esto la Coordinación Regional de Protección al Consumidor, mediante providencia de fecha 22 de junio del 2012, admitió la carta de manifestación presentada, dicha autoridad conforme al artículo 80 párrafo 4) de la Ley de Protección al Consumidor, dispuso al nombramiento de peritos expertos en la materia para verificar el vehículo, a fin de realizar un peritaje, librando oficio al INFOP para nombrar perito experto, mismo que dictaminó que era una falla de fábrica muy leve. La señora Viviana Zúniga, mediante carta de manifestación el 17 de mayo del 2013, solicitó nuevamente un peritaje ya que el realizado según ella no concretaba la falla del vehículo, y la que presentaba en ese momento era aún mayor, en consecuencia se nombró perito nuevamente mismo que ratificó que se consideraba una falla de fábrica muy leve y con cambiar el cuerpo de aceleración se resolvía. Debido a lo anterior la legislación aplicable en este tipo de casos, establece que está obligado a cumplir o regirse al momento de proferir la resolución administrativa por la Ley de Protección al Consumidor conforme al artículo 1, 39, 40 y el Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor conforme al artículo 26, por lo que la Dirección General de Protección al Consumidor al momento de proferir resolución administrativa tuvo que confrontar lo establecido en la normativa mencionada con la petición presentada, junto con las recomendaciones del dictamen pericial, pero no limitarse a declarar con lugar la denuncia por el hecho que el perito había determinado la existencia de una falla leve de fábrica, ante tal situación podía ocurrir que se le devolviera el dinero a la denunciante y no hacer la reparación, pero para ello el perito designado tuvo que determinar que la situación de las partes pudiera comprometer la calidad, seguridad o características del producto o disminuir su valor, pero el perito determinó que el problema estaba en el cuerpo de aceleración y con cambiarlo se resolvía, además que no existían otras fallas, tampoco indicó que debido a la magnitud del defecto la sustitución de las partes podría comprometer la calidad, seguridad o característica del producto o disminuir su valor, ni recomendó la sustitución del bien por otro de idénticas características, por lo que la demandante considera que la resolución administrativa impugnada fue arbitraria e ilegal, en virtud que ordenó devolver la cantidad total pagada por la compra del vehículo, pero debió tomar en cuenta que la transacción o venta se llevó a cabo el 30 de junio del 2011 y la resolución fue proferida el 14 de enero del 2015, omitiendo que cuando se devuelve el bien debe tomarse en cuenta el estado en el que se encuentra, mismo que ya había sido utilizado por más de 3 años 5 meses estando depreciado, además se desconocía el estado del mismo, de igual modo debió tomar en cuenta el importe equivalente al precio actual en plaza del bien devuelto, además al momento de la compra el 30 de junio del 2011 existía una tasa de cambio del Lempira frente al Dólar distinta a la vigente el 14 de enero del 2015, asimismo constaba en el expediente administrativo que el vehículo fue reparado dando una extensión de cobertura básica de garantía al sistema de control eléctrico del motor, desde el 13 de junio del 2013 fecha del último peritaje, al 2 de julio del 2014 fecha del memorando mediante el cual se remitió al expediente para la emisión de la resolución administrativa, siendo que transcurrió 1 año, y durante ese tiempo la denunciante nunca presentó por escrito que después de la reparación su vehículo continuaba con problemas o que los mismos se habían agravado, ante lo anterior debió emitir un auto para mejor proveer, ya que la autoridad de aplicación antes de proferir la resolución, estaba obligada a verificar el estado actual del vehículo y ante el silencio de la denunciante, debió presumir que estaba en uso, la demandante también expresó ser gravoso el hecho que se admitió que la falla de fábrica era leve, pero tomó en cuenta que todo el vehículo estaba en perfectas condiciones tal y como estableció el peritaje, no obstante se dictaminó la devolución del dinero pactado por la compra, siendo lo legal ordenar la reparación satisfactoria prevista en el artículo 26 y 39 de la Ley de Protección al Consumidor, por ello considera que la resolución es objeto de nulidad, ya que constituye un acto investido de exceso de poder, puesto que en el mismo hay una evidente alteración de los hechos con la fundamentación de la misma, la motivación y razonamientos en que se apoyó la resolución administrativa impugnada, contiene vicios de error material, puesto que los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa, debían ser producto objetivo e imparcial de la verificación cierta, exacta y correcta de la existencia de una infracción que se derive en la aplicación de una sanción, ha sido desnaturalizada, investida de irregularidades que constituyen y que comprometen la validez de acto administrativo, siendo un vicio de la causa del acto administrativo, por lo que el error se extendió cuando los hechos y antecedentes investigados en forma superficial, parcial e incompleta, carecían de la opinión de la asesoría legal del ente administrativo sancionador.-2.- La parte demandada EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando el hecho que la señora Viviana Isabel Zuniga Laínez compró a la empresa demandante un vehículo automotor, en cuanto a la constancia extendida el 29 de noviembre del 2012 emitida por el Gerente de Mercadeo de la Empresa demandante, dice que el mismo debió ser objeto de carga probatoria de la demandante, ya que con ello se acreditaban las supuestas notificaciones realizadas a los clientes propietarios de vehículos de la marca Volkswagen, informándoles que ella ya no era la encargada de la reparación y mantenimiento de los mismos, si no que era la Empresa Repuestos y Automóviles S.A. (REASA), en cuanto al hecho decimo de la demanda expresó que también era objeto de carga probatoria de la demandante, ya que la misma pretendía unir el hecho que desde el último peritaje realizado el 13 de junio del 2013, hasta el 4 de mayo del 2015 momento en que solicitó constancia emitida por la Dirección Regional de Protección al Consumidor, la denunciante durante ese periodo de tiempo no volvió a movilizar el expediente, pero si tenían comunicación telefónica, pretendiendo la demandante hacer ver con ello que si el vehículo después del segundo peritaje aún hubiera tenido desperfectos, la denunciante hubiera solicitado otro peritaje, y que si no reportó fallas es porque no las tenía, dando por cumplida la garantía, en ese sentido el demandado pronunció que el artículo 45 párrafo final del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor establece que “el denunciante no es parte en el proceso sumarial, su intervención se agota con la instancia conciliatoria, salvo la intervención que la Autoridad de Aplicación considere pertinente a los fines de mejor proveer en cuanto a la aportación de las pruebas”, por lo que la ausencia de más denuncias se pudieron deber a que la denunciante decidió esperar la resolución de la denuncia, pero que en ningún momento presentó desistimiento, en cuanto al hecho once de la demanda lo rechazó en virtud que como consta en la denuncia, los mantenimientos preventivos y reparaciones realizados al vehículo son carga probatoria de la demandante, asimismo rechazó el hecho que la Empresa Repuestos y Automóviles (REASA), a partir del 28 de noviembre del 2012 era la responsable de responder por la garantía y daños de fábrica, ya que de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Protección al Consumidor “la responsabilidad por daños, si el daño al consumidor resulta del vicio o defecto de bien o de la prestación del servicio, serán responsables frente a este el productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, y quien haya puesto su marca en el bien o servicio, la responsabilidad frente al consumidor es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición entre proveedores que corresponda”, y tal como constó la demandante fue con quien se realizó el acto de comercio objeto de la denuncia y el hecho que REASA adquirió posteriormente la distribución de la marca Volkswagen, no exime a la demandante de su responsabilidad frente a los clientes. De igual modo rechazó el hecho doce de la demanda, siendo que la demandante manifestó haber dado cumplimiento al Certificado de Garantía de Fábrica, pero consta la denuncia y los peritajes que dejan evidenciado que fueron valorados por la autoridad de aplicación, junto con los otros medios probatorios a la hora de emitir la resolución, acreditando que el vehículo presentó defectos de fábrica, y que no se habían corregido los mismos al llevarse a cabo el segundo peritaje, incumpliendo con los derechos del consumidor regulados en el artículo 9 numeral 2) y 11) de la Ley de Protección al Consumidor, en cuanto a los hechos trece y catorce los rechazó en virtud que la demandante dijo que la resolución emitida por la Dirección General de Protección al Consumidor se fundamentó únicamente en los dictámenes periciales, siendo estos un medio de prueba técnico emitido por una persona con amplios conocimientos, experiencia y capacitación para emitir dichos dictámenes, y el cual era esencial para la investigación de la denuncia, asimismo expresó que la demandante a fin de confundir al Tribunal hizo referencia a hechos que fueron mezclados a su conveniencia, lo cual se apreció de la lectura de los hechos relacionados en los peritajes, y que constituían la prueba más importante y contundente para la resolución emitida, puesto que dice haberse hecho alusión a un dictamen que fue emitido posteriormente, cuando en realidad se estaba refiriendo al primer peritaje, sin embargo en el segundo peritaje se determinó que aun persistían las fallas. Conforme al artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor que se refiere a la reparación no satisfactoria, cabe mencionar que el problema por el cual fue denunciada la demandante inició por la compra del vehículo en fecha 11 de julio del 2011, y que el mismo comenzó a presentar fallas el 12 de julio del 2011, es decir el día siguiente de la compra, siendo informadas dichas fallas sin poder reparar el problema que presentaba en el encendido, lo cual se comprueba con las ordenes de ingreso, cartas enviadas por la denunciante, acta de conciliación, dos peritajes y sus descargos, por lo que el demandado dice estar claro que no existió una reparación satisfactoria, y que independientemente de que si era leve o grave era un defecto de fábrica que se presentaba, por lo que puntualizó que la resolución administrativa emitida por la Dirección General de Protección al Consumidor en ningún momento fue arbitraria e ilegal, ya que la misma se hizo conforme a derecho, valorando los medios probatorios, análisis y sana crítica. En cuanto al exceso de poder que la demandante declaró, expresó que en ningún momento existió, ya que la forma en que se valoraron las pruebas fue conforme a lo establecido en los artículos 80 y 82 de la Ley de Protección al Consumidor, por ser la que establece el procedimiento administrativo que se lleva a cabo frente a una denuncia y en la emisión de resoluciones, también conforme a los artículos 74 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de febrero del 2017, dictó sentencia misma que en su parte conducente: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción interpuesta por el Abogado Juan Manuel Morales Andino, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada Importadora de Vehículos, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMVESA) ,contra el Estado de Honduras, por actos de la Secretaria de Estado en Los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor, en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado y no haber podido demostrar que el mismo se dictó con exceso o desviación de poder. SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución numero DGPC-016-2015 emitida por la Dirección General de Protección al Consumidor de fecha 14 de enero del año 2015, mediante la cual se Declara Con Lugar la denuncia promovida por la Señora Viviana Isabel Zúniga Laínez contra la Sociedad Mercantil "Importadora de Vehículos S.A. de C.V.", se le impone la sanción de Cinco Salarios Mínimos por incumplimiento de la garantía de un Vehículo Marca: Volkswagen, Tipo: Turismo, Modelo: Jetta A6, Color: Plata Reflex, Motor: CCC-110690 VIN: 3VW2W21K7BM039670, Capacidad: 5 personas, Cilindros: 2.5, Año: 2011, Combustible: Gasolina, se ordena la Devolución de la cantidad de Quince Mil Ochocientos Dólares ($15,800.00) por concepto de pago de vehículo más Ciento Noventa Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras (L. 190, 274.00) que se dio en concepto de prima por la compra del vehículo ya descrito, se consigna esta información en el Registro de Infractores y se le prohíbe a la Sociedad Mercantil continuar con actos violatorios a la Ley. TERCERO: Se EXIME de COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio de la prueba aportada por ambas partes, así como del Expediente Administrativo, consideró que en el actuar de la Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor no hubo una desviación o exceso de poder, puesto que la parte demandante con ningún medio probatorio, ni con lo acontecido en el expediente administrativo logró acreditar mediante motivos concretos, que el procedimiento llevado a cabo para dictarse el acto Administrativo impugnado, se siguió un objetivo espurio tendente a satisfacer intereses ajenos al bien público, además apreció que la parte demandante se limitó a presentar meras conjeturas o sospechas como argumentos jurídicos, sin proporcionar datos fehacientes y tangibles necesarios para crear la convicción moral de la existencia de una desviación o exceso de poder, concluyendo que la prueba aportada no fue suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, todo esto pese a que en sede administrativa, se le concedió la oportunidad a la demandante para proporcionar prueba sin que hiciera uso de dicho termino.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 9 de mayo del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que atendiendo a las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano, las normas que rigen el razonamiento lógico en concordancia con la Constitución de la República, Tratados, Convenios, Ley de protección al Consumidor y su reglamento, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, analizó que a partir del considerando sexto de la sentencia de primera instancia, la Juez A-quo resolvió de acuerdo a la legislación especial, motivadamente, congruente donde enmarcó las actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor con las pruebas aportadas y el expediente administrativo, aunado a ello que la parte demandante no logró acreditar que el procedimiento llevado a cabo para dictar el acto administrativo impugnado debía ser nulo, para crear la convicción de la existencia de una desviación o exceso de poder, además no hubo certeza para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, la potestad legal emana del artículo 246 de la Constitución de la República, El Estado reconoce la protección al consumidor, que será regulado por la ley, y del análisis efectuado por los técnicos especializados del Estado mediante la ley se les ha encomendado el deber de vigilar y proteger el interés público en su conjunto, exámenes que efectuó la Secretaría de Estado en los Despachos De Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor del incumplimiento se deriva la multa y la sanciones, que dispone la Ley de protección al consumidor y su reglamento.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, en fecha 12 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 9 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.72-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.19-15 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de junio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- Las partes recurridas, señora VIVIANA ISABEL ZÚNIGA LAÍNEZ, representada procesalmente por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA presentó en fecha 29 de julio del 2019, y EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, también presentó en fecha 6 de agosto del 2019, escritos de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cuales fueron resueltos mediante providencias de fecha 30 de julio del 2019 y 9 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 14 de agosto del 2019 los Abogados MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, JUAN MANUEL MORALES ANDINO y MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 25 de septiembre del 2019, teniendo por personados al Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO como recurrente, y a los Abogados MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR y MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, como recurridos, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Infracción por interpretación errónea del artículo 207 numeral 2 del Código Procesal Civil, que regula el contenido de la sentencia en cuanto a su motivación fáctica, para revisar su carácter lógico, en relación con el numeral 1 del artículo 280 del aludido cuerpo legal, disposición que a su vez integra el contenido del numeral 1 del artículo 273 de la citada norma. FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO A) Precepto autorizante: se determina como precepto autorizante el literal c ), numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil en armonía con el numeral 2 del artículo 720 del referido cuerpo legal, todo en relación al artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. B) Este motivo en que se basa la casación es por la interpretación errónea del numeral 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil, que regula el contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica de la misma, para revisar su carácter 1ógico, en relación con el numeral 1 del artículo 280 del aludido cuerpo legal, que a su vez se integra con lo dispuesto en el artículo 273 numeral 1 del mismo cuerpo normativo; lo anterior de conformidad con el literal c), numeral 1 del artículo 719 del Código Procesal Civil, en armonía con el numeral 2 del artículo 720 del referido cuerpo legal, en relación al artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. C) Disposición cuya infracción sustenta el motivo: las normas de derecho cuya infracción sustenta este motivo es el numeral 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil, que contiene la norma procesal que expresa: "Artículo 207.- MOTIVACION. - ... 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón"; lo anterior concatenado con el numeral 1 del artículo 280 del mismo cuerpo legal, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 280.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. 1. Los documentos privados harán prueba en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien perjudique. [...]"; relacionado a su vez con el numeral 1 del artículo 273 del Código Procesal Civil, que dispone: "Artículo 273.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. - 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó otorgamiento, del lugar y de la fecha de este y de la identidad de las fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en él. [...]" D) Pronunciamiento que se impugna: se impugna la parte dispositiva de la sentencia, concretamente los pronunciamientos primero y segundo, mismos que expresan: "FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO en su condición e apoderado legal de la Sociedad Mercantil DENOMINADA IMPORTADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IMVESA). SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. [...]. En relación al segundo pronunciamiento, se impugna el mismo en cuanto a la confirmación de los pronunciamientos primero y segundo de la sentencia de primera instancia de 20 de febrero de 2017, al confirmar la parte dispositiva del fallo que expresa: "FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción interpuesta por el Abogado Juan Manuel Morales Andino, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada Importadora de Vehículos, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMVESA), contra el Estado de Honduras, por actos de la Secretaría de Estado en Los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor, en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado y no haber podido demostrar que el mismo se dictó con exceso o desviación de poder. SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución número DGPC-016-2015 emitida por la Dirección General de Protección al Consumidor de fecha 14 de enero del año 2015, mediante la cual se Declara Con Lugar la denuncia promovida por la Señora Viviana Isabel Zúniga Laínez contra la Sociedad Mercantil "Importadora de Vehículos S.A. de C.V.", se le impone la sanción de Cinco Salarios Mínimos por incumplimiento de la garantía de un vehículo Marca: Volkswagen Tipo: Turismo, Modelo: Jetta A6, Color: Plata Reflex, Motor: CCC-110690 VIN: 3VW2W2IK7BM039670, Capacidad: 5 personas, Cilindros: 2.5, Ano: 2011, Combustible: Gasolina, se ordena la devolución de la cantidad de Quince Mil Ochocientos Dólares ($ 15,800.00) por concepto de pago de vehículo más Ciento Noventa Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras (L. 190,274.00) que se dio en concepto de prima por la compra del vehículo ya descrito, se consigna esta información en el Registro de Infractores y se le prohíbe a la Sociedad Mercantil continuar con actos violatorios a la Ley. [...]. " E) Preciso y justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, de la manera siguiente: La infracción procesal del numeral 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación con el numeral 1 del artículo 280 numeral 1 del aludido cuerpo legal, disposición última cuyo contenido es integrado por el numeral 1 del artículo 273 del mismo texto normativo, incide en la sentencia impugnada ya que los elementos facticos que fueron considerados por el iudex ad quem no se ajustan a las reglas de la lógica, y, en consecuencia, lo conducen a emitir un fallo no conforme a derecho. En esa línea de razonamiento, la motivación fáctica de la sentencia debe ser expresada basándose en los hechos junto con el ordenamiento jurídico, y estos a su vez conduciendo a una correcta apreciación y valoración de la prueba, particularmente en el presente caso, nos referimos a la prueba documental privada consistente en el historial de operaciones de vehículos en taller; la ausencia de estos requisitos en la sentencia produce una infracción a la norma jurídica. Según COUTURE, la construcción lógica consiste en la adecuación de los razonamientos a las reglas del pensamiento; estas gravitan en los principios lógicos de identidad, tercero excluido, contradicción y razón suficiente. En este orden de ideas, en el caso de marras es conveniente explicar el principio razón suficiente por la importancia que revisten en el desarrollo del presente motivo. En relación, PFÄNDER expresa: "El principio de razón suficiente tiene coma sentido propio declarar, de un modo general, que es lo que necesita un juicio para que su pretensión de verdad no sea una pretensión vacía sino cumplida. Y entonces, lo que el principio expresa es: «todo juicio para ser realmente verdadero ha menester necesariamente de una razón suficiente». Por razón de un juicio debe entenderse, en este caso, aquello que es capaz de abonar o acreditar lo que se enuncia en el juicio. Esta razón es 'suficiente' cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado en el juicio; cuando por consiguiente no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero”. De este principio es posible inferir que, para que un juicio sea verdadero, debe contar con una razón que acredite lo que dicho juicio establece. En tal sentido se procede a determinar con precisión las infracciones contenidas en la sentencia objeto de impugnación: El momento donde la sentencia impugnada produce la infracción señalada es en el apartado fundamentos de derecho, numeral octavo (8), concretamente en la parte que la alzada expresa: "OCTAVO (8): Esta Corte de Apelaciones de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, a las normas que rigen el razonamiento lógico [...]; se analiza que, a partir del considerando sexto, de la sentencia de primera instancia, la Juez A-quo resuelve de acuerdo a la legislación especial, motivadamente, donde se enmarca las actuaciones de la secretaria de Estado en los Despachos De Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor con las pruebas aportadas y el expediente administrativo la parte demandante no logro acreditar que el procedimiento llevado a cabo para dictar el acto administrativo impugnado sea nulo, para crear la convicción de la existencia de una desviación o exceso de poder, no hubo certeza para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo [...]". Lo anteriormente transcrito, en relación a la parte dispositiva, pronunciamiento segundo del fallo objeto de impugnación, supra transcrito en el desarrollo del presente motivo, mediante el que el iudex ad quem confirma la sentencia de 20 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, determina que la corte sentenciadora hace suyos los pronunciamientos del iudex a quo, realizando una motivación por remisión en tomo al hecho que la parte demandante lograse acreditar la nulidad del acto administrativo. Ello viabiliza el examen del proceso intelectivo contenido en la sentencia de primera instancia de fecha 20 de febrero de 2017. Partiendo de lo anterior, y haciendo remisión expresa a la enunciación de los principios que conforman las reglas de la lógica, la infracción censurada resulta de la sentencia de primera instancia, en su fundamento de derecho séptimo literal d), cuando el a quo dispone: "d) Pese a que la Sociedad Mercantil "Importadora de Vehículos S.A. de C.V.", ha reparado en múltiples ocasiones el vehículo de la denunciante Viviana Isabel Zúniga Laínez, como acreditó con el Historial presentado, se demostró con el Peritaje realizado en dos ocasiones par el Jefe de Área de Mecánica Automotriz del INFOP, Julio Solórzano, que el vehículo persiste en las fallas, y que es imposible asegurar si el problema va a empeorar con el tiempo o desaparecerá, pero que un vehículo nuevo de agencia no debería presentar este problema y que no todos los vehículos de este modelo y marca tienen el mismo problema, por lo que no importa si la falla es muy leve, leve o grave, es una falla que impide el funcionamiento normal del vehículo, cuya reparación no ha sido satisfactoria y por la que el vendedor debe asumir responsabilidad con su comprador." Al confirmar y hacer suya la motivación fáctica antes citada, la alzada infringe el principio lógico de razón suficiente, llegando a la errada conclusión de que las reparaciones realizadas al vehículo no han sido satisfactorias. Dicho de otro modo, del análisis de los medios de prueba aportados al proceso, y particularmente del historial de operaciones de vehículos en taller, no es posible arribar a la conclusión de que las reparaciones realizadas al vehículo no fueron satisfactorias toda vez que, tal y como se acreditó por medio del referido medio de prueba, el vehículo fue en efecto reparado atendiendo a las recomendaciones del perito de INFOP. Así las cosas, conforme al artículo 280 numeral 1 en relación con el 273 numeral 1, ambos del Código Procesal Civil, el tribunal concluye INEXISTENCIAS, en tanto en cuanto el historial de operaciones de vehículos en taller hace constar las reparaciones realizadas, por lo que la no satisfacción del consumidor no deriva de un medio de prueba valido, y en sentido contrario, la prueba documental privada aludida, acredita que las distintas reparaciones que se le hicieron al vehículo, sin que se exprese en otro medio de prueba, la informidad consumidor. Una recta aplicación del principio de razón suficiente, y atendiendo a la valoración legal de la prueba documental privada, es una realidad que los historiales de operaciones de vehículos en taller reflejan que el vehículo fue, en efecto, reparado y entregado. La incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada se aprecia sobre la base de que, al arribar a una conclusión que desborda el contenido del hecho y acto que comprende la prueba documental privada señalada, al dar por acreditado que la revisión no ha sido satisfactoria, se inhibe la procedencia de la acción; en caso observarse el principio lógico denunciado como infringido, el razonamiento censurado no habría integrado la resolución, viabilizando que el tribunal estime la causal de exceso de poder, habida cuenta de que la apreciación de la falta de satisfacción del consumidor, deviene en un vicio inherente al contenido del acto. Con lo anterior queda identificado que el tribunal sentenciador concluye INEXISTENCIAS, efectuando un razonamiento que no corresponde con el contenido de la prueba documental privada aportada, habiéndose acreditado con precisión y determinación concreta las reparaciones, sin que de ellas resulte apreciable la falta de satisfacción del consumidor. Resulta, pues, evidente el hecho que la motivación fáctica proferida por la Corte de Apelaciones adolece de carácter lógico, conduciéndolo a incurrir en infracción por interpretación errónea de la norma procesal contenida en el numeral 2 del artículo 207 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 280 numeral 1 y 273 numeral 1 del mismo cuerpo normativo, otorgando un alcance a la norma distinto al contenido de la misma, inobservando las reglas de la lógica, concretamente en su principio de razón suficiente, produciendo un fallo contrario al derecho por contener una motivación defectuosa, lo produjo la desestimación del recurso de apelación y la confirmación del fallo proferido en primera instancia. Al interpretarse adecuadamente la disposición citada como infringida, se observan y aplican las reglas de la lógica, y consecuentemente se arriba a la conclusión que se acreditó el hecho que el vehículo fue efectivamente reparado, por lo cual no es procedente la devolución de US$ 15,800.00 por concepto de pago de vehículo, mas L 190,274.00, en concepto de prima por la compra, lo que se traduce en la estimación de la demanda. Todo lo expresado en este motivo indica que es necesario solicitar formalmente a esta honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, y así se solicita, que ejercite el control jurisdiccional revisando la sentencia impugnada, ya que la misma carece de carácter lógico en aras de protección a la norma procesal infringida antes citada, viabilizando que se declare la tutela judicial efectiva del derecho que tiene mi representado a que se estime el recurso de casación, y, al apreciarse la infracción de normas reguladoras de la sentencia, es procedente reenviar el expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia en el plazo de quince (15) días. F) Sobre la previa denuncia en la instancia del vicio procesal: al haberse producido el vicio en la sentencia de primera instancia, reproduciéndose el mismo por el ad quem, el mismo fue denunciado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada”.- 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la explicación se insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material del material probatorio, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad 720 numeral 1 del Código Procesal Civil; b) se realizan alegatos de instancia los cuales resultan inapropiados en ese recurso extraordinario; y, c) no se demuestra la interpretación errónea de la norma señaladas como infringidas, ya que el juzgador de instancia le ha dado el alcance apropiado a las misma al momento al fundamentar la sentencia impugnada.- 3.- Que en un segundo motivo se esgrime: “Infracción por interpretación errónea del artículo 39 en su preámbulo y numeral 2 de la Ley de Protección al Consumidor; al no ordenarse la devolución del bien, habiéndose ordenado la devolución de la cantidad de dinero por concepto de pago del mismo. FUNDAMENTACIÓN DEL MOTIVO A) Precepto autorizante: se determina como precepto autorizante el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, en relación al artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. B) El motivo en que se basa la casación es la interpretación errónea del artículo 39 en su preámbulo y numeral 2 de la Ley de Protección al Consumidor; de conformidad el numeral 2 del artículo 719 del Código Procesal Civil, en relación al artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. C) Disposición cuya infracción sustenta el motivo: la norma de derecho cuya infracción sustenta este motivo es el artículo 39 en su preámbulo y numeral 2 de la Ley de Protección al Consumidor que literalmente dice: "Artículo 39.- REPARACIÓN NO SATISFACTORIA. Cuando la reparación efectuada en los términos del artículo anterior, no resulte satisfactoria, por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede optar por cualquiera de las alternativas siguientes: 1. [...] 2) Devolver el bien en el estado en que se encuentre, a cambio de recibir el importe equivalente al precio actual en plaza del bien devuelto o la parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales; [...]". D) Pronunciamiento que se impugna: se impugna la parte dispositiva de la sentencia, concretamente los pronunciamientos primero y segundo, mismos que rezan: "FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO en su condición e apoderado legal de la Sociedad Mercantil DENOMINADA IMPORTADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (IMVESA). SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha veinte de febrero del ano dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. [...]. En relación al segundo pronunciamiento, se impugna el mismo en cuanto a la confirmación de los pronunciamientos primero y segundo de la sentencia de primera instancia de 20 de febrero de 2017, al confirmar la parte dispositiva del fallo que expresa: "FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción interpuesta por el Abogado Juan Manuel Morales Andino, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada Importadora de Vehículos, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMVESA), contra el Estado de Honduras, por actos de la Secretaría de Estado en Los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor, en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado y no haber podido demostrar que el mismo se dicto con exceso o desviación de poder. SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución número DGPC-016-2015 emitida por la Dirección General de Protección al Consumidor de fecha 14 de enero del año 2015, mediante la cual se Declara Con Lugar la denuncia promovida por la Señora Viviana Isabel Zúniga Laínez contra la Sociedad Mercantil "Importadora de Vehículos S.A. de C.V.", se le impone la sanción de Cinco Salarios Mínimos por incumplimiento de la garantía de un vehículo Marca: Volkswagen Tipo: Turismo, Modelo: Jetta A6, Color: Plata Reflex, Motor: CCC-110690 VIN: 3VW2W2IK7BM039670, Capacidad: 5 personas, Cilindros: 2.5, Ano: 2011, Combustible: Gasolina, se ordena la devolución de la cantidad de Quince Mil Ochocientos Dólares ($ 15,800.00) por concepto de pago de vehículo mas Ciento Noventa Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras (L. 190,274.00) que se dio en concepto de prima por la compra del vehículo ya descrito, se consigna esta información en el Registro de Infractores y se le prohíbe a la Sociedad Mercantil continuar con actos violatorios a la Ley. [...]. " E) Preciso y justifico la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, de la manera siguiente: La infracción procesal del artículo 39 en su preámbulo y numeral 2 de la Ley de Protección al Consumidor incide en la sentencia impugnada de forma decisiva, ya que, partiendo de la plataforma fáctica conformada en la sentencia de primera instancia, confirmada en grado de apelación por el tribunal de alzada, se otorgó a la norma un sentido y alcance distinto al que se infiere de su dicción, incurriendo el tribunal ad quem en una interpretación errónea de la misma. La disposición acusada de infringida, es del tenor literal siguiente: "Artículo 39.- REPARACIÓN NO SATISFACTORIA. Cuando la reparación efectuada en los términos del artículo anterior, no resulte satisfactoria, por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede optar por cualquiera de las alternativas siguientes: 1) [...] 2) Devolver el bien en el estado en que se encuentre, a cambio de recibir el importe equivalente al precio actual en plaza del bien devuelto o la parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales; [...]". Partiendo del hecho que existe una reparación no satisfactoria, por no reunir la cosa reparada las condiciones optimas para cumplir con el uso al que esta destinada, y optando el consumidor por recibir el importe equivalente al precio actual en plaza del bien devuelto, la alterativa contenida en la norma impone la devolución del bien en el estado en que se encuentre. El precepto, no permite una interpretación distinta, toda vez que el supuesto hace referencia a dos situaciones jurídicas que deben cumplirse en caso de optarse por esta opción. Dicho de otro modo, no es posible interpretar el acto de recibir el importe pagado del bien, en menosprecio de la otra prestación contenida en la disposición, cual se contrae a la devolución del bien. Explicado desde los términos de la sintaxis, la locución preposicional "a cambio de" contenido en el precepto, constituye una conjunción condicional dentro de las llamadas conjunciones subordinantes, mismas que expresan una subordinación respecto de alguna circunstancia o hecho, el cual se considera como condición. Entonces, la conjunción "a cambio de", hace referencia a que puede ordenarse la devolución de la cantidad pagada por el bien, con la condición, es decir, necesariamente, debiendo verificarse la devolución del bien en el estado en que se encuentre. Cualquier apreciación distinta del precepto sub examine deviene erróneo ante la claridad de su dicción. Aclarado lo anterior, el momento en el que se configura la infracción deviene evidente en el numeral noveno de los fundamentos de derecho de la sentencia objeto de impugnación, donde el tribunal sentenciador expresa: "NOVENO (9) No se materializa el enriquecimiento sin causa allegado por el apelante, ya la ley de protección al consumidor refiere en la integración normativa artículo 3"… en caso de duda se estará siempre a la interpretación mas favorable para el consumidor"; de igual manera la diferencia de vuelto artículo 26 "... la diferencia o redondeo será siempre a favor del consumidor"; la reparación no satisfactoria de acuerdo al artículo 39 donde el consumidor puede optar". Aceptando el factum a los solos efectos del presente motivo, admitiendo como hecho probado la reparación insatisfactoria del bien, de la lectura del párrafo citado es posible inferir que el tribunal de apelaciones interpreta el artículo 39 en su preámbulo y numeral 2 de la Ley de Protección al Consumidor de forma errada, variando su sentido y alcance, toda vez que la misma indiscutiblemente determina que el consumidor puede optar por cualquiera de las alternativas, y, al momento de confirmar la sentencia de primera instancia, ordena la devolución de la cantidad de US$ 15,800.00 por concepto de pago del vehículo, sin embargo, no fue ordenada la devolución del vehículo objeto del litigio, en franca infracción a la norma, interpretándola erróneamente en el sentido de atender únicamente a uno de los supuestos de hecho, sin considerar que tal prestación (devolución del precio pagado), viene precedida de la locución preposicional "a cambio de", que implica según los claros términos de la disposición citada ut supra, que necesariamente ello es consecuencia de la devolución del bien, lo que no fue ordenado. La incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, se contrae a que el tribunal de alzada no ha estimado la infracción al ordenamiento contenida en la resolución de primera instancia, que desestimó la acción promovida. Una interpretación acertada del precepto conduce indefectiblemente a apreciar la infracción contenida en la sentencia pronunciada por el a quo, y en consecuencia, a la estimación de la demanda por no ser el acto administrativo dictado conforme a derecho, siendo de derecho pedir formalmente al alto tribunal de justicia, que aprecie la infracción censurada, procediendo a dictar nueva sentencia, resolviendo el litigio, estimando el recurso de casación, casando la sentencia proferida en segunda instancia, estimando la acción promovida, y declarando no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado. II. SOBRE LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA Por estimarse necesario y procedente conforme a los principios de contradicción y oralidad, la parte recurrente respetuosamente solicita la celebración de la audiencia”.- 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) en la explicación se insta a la revisión de los hechos, interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) se realizan inoportunos alegatos de instancia. Además, el juzgador de instancia al momento de decidir le ha dado el alcance apropiado a la norma señalada como infringida, al razonar sobre el material probatorio aportado al proceso, en armonía con los principios que rigen en la Ley de Protección al Consumidor.- 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 6.- Que del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 7.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 458-19.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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