Sentencia CA-450-19 — Registro 14502
Resumen
Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se anule totalmente el mismo por haber sido adoptado con infracción del ordenamiento jurídico, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se ordene el reintegro al cargo en igual o mejores condiciones, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación, hasta la fecha en que se ejecute la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica como infringido el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero es el caso, que dicha disposición contiene párrafos siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se alude a los artículos 3 y 31 literal c), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación e igualmente el numeral 2) del artículo 728 del Código Procesal Civil."...
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31, literal c (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 728, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."V. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Falta de aplicación o violación del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que ha debido emplearse para la solución de fondo del litigio. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Es un hecho indiscutible que mi representada desempeño el cargo de Gerente Administrativo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, un puesto no protegido por la Ley de Servicio Civil. El Estado de Honduras opuso la defensa previa consistente en: "cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo" con fundamento en el artículo 63 literal a) y 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esta defensa previa fue declarada con lugar por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al conocer por vía de apelación del proceso incoado por mi representada. La Corte de Apelaciones recurrida para confirmar la sentencia recurrida en apelación expreso en la motivación que "en el caso que nos ocupa la parte actora, tal como también lo afirma la parte apelante-demandante, se encuentra excluida de la aplicación del Régimen de Servicio Civil, por lo que tampoco está protegida por una ley especial, por consiguiente, el hecho de que evidentemente este excluida del régimen de servicio civil no hace al acto de cancelación inimpugnable ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme lo establece el artículo 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues para que tenga esta categoría deberá estar expresamente excluida en la ley de la materia que se trate del recurso contencioso administrativo; esta exclusión obedece a que a pesar nos encontramos en un Estado de Derecho, todavía existen materias o actos que no están sujeto al control jurisdiccional, no siendo el caso del régimen de servicio civil y mucho menos las actos de cancelación de los empleados públicos regidos por esta. Concluyendo que las defensas previas interpuestas fundadas en el artículo 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo esta incorrectamente planteada, ya que no se trata la demanda que nos ocupa de un acto administrativo inimpugnable propiamente dicho por exclusión expresa de una Ley en específico. Sin embargo, conforme el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo solo se conocer en el ámbito de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en trámite especial; por lo tanto, resultaría ineficaz cualquier intento de lograr la nulidad de un acto administrativo de carácter discrecional (cancelación de personal en puestos excluidos), ya que no tienen un sustento jurídico de protección de derechos laborales de estos funcionarios." El artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo expresa: La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado;" El articulo antes citado es claro en lo que corresponde al conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en particular en este caso, lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado, y el de mi representada se refiere a un contrato de servicios profesionales celebrado entre ella y la Secretaria de Salud, es decir el Poder Ejecutivo. No obstante, siendo tan clara dicha disposición legal, y que asegura y ampara a mi representada en sus derechos laborales, el Tribunal de Alzada la ha ignorado y con ello le niega esos derechos, además de que con absoluto desconocimiento de la Ley, le impide accesar a los tribunales de justicia en procura precisamente de justicia aplicando indebidamente el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”."...
Legislación citada
- Ley del Servicio Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento de la Ley del Servicio Civil, art. 29, numeral 5 (Reglamentos)
- Reglamento de la Ley del Servicio Civil, art. 68 (Reglamentos)
Jerarquía: Reiterativa
..."VII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación"...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes de mayo del dos mil veintiuno.
La Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, RUBEN RIVERA FLORES Y ROXANA LICETH MORALES TORO; dicta la siguiente. RESOLUCIÓN:
SON PARTES: Recurrente: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO, representada en juicio por el Abogado GERMAN ISAIAS PLANAS MEJIA; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ.
OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se anule totalmente el mismo por haber sido adoptado con infracción del ordenamiento jurídico, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se ordene el reintegro al cargo en igual o mejores condiciones, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación, hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por la señora KARLA REGINA ALFARO VALLEJO, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- La parte demandante expone en el escrito de su acción, que comenzó a prestar servicios al Estado de Honduras a partir del 2 enero del 2015, en el cargo de Sub-Gerencia Recursos, en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a Nivel Central, bajo la modalidad de Contrato de Profesionales y Técnico, que mediante acuerdo número 1335 de fecha Quince 15 de mayo del 2015, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.- ACUERDA.- Nombrar Funcionalmente a la Ciudadana KARLA REGINA ALFARO VALLEJO, con tarjeta de identidad No. 0801-1977-11063, como GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, que con el expediente administrativo que se encuentra en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y la cronología de todos lo antes expuesto de los cuales una vez que sea presentado por la parte demandada en su contestación se demostrara que está legitimada en todos y cada uno de sus Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, que mediante acuerdo No. 001 de fecha 2 de enero del 2017, la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud ACUERDA Cancelar el nombramiento funcional a la ciudadana KARLA REGINA ALFARO VALLEJO del Cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- EL PRESENTE ACUERDO SERA EFECTIVO A PARTIR DE SU NOTIFICACION.-COMUNIQUESE, recibiendo el mismo en fecha 19 de enero del dos 2017, estando en su período de vacaciones, el cual lo hizo saber en el recibido que lo aceptó bajo protesto, ya que estaba en su periodo de vacaciones tal cual informe al Subgerente de Recursos Humanos del cual adjuntó nota de vacaciones autorizadas el 29 Diciembre del 2016 el cual se le autoriza 15 días hábiles a partir del 16 de enero del 2017, debiéndose incorporar a su trabajo hasta el tres de febrero del 2017, por lo consiguiente no pueden cancelar a nadie estando en su período de vacaciones el cual hace nulo dicho acuerdo 001 de fecha 02 de enero del 2017, que el acta de notificación de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud de fecha 19 de enero del 2017 es defectuoso en vista que la ACTA DE NOTIFICACION establece el acuerdo cancelación de nombramiento funcional No. 001 de fecha 16 de enero del 2017, en primer lugar el acuerdo es 001- Tegucigalpa, M.D.C., 02 de enero de 2017 no es como lo tipifica la acta de notificación y en segundo no expresa si el acto le pone fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos por lo consiguiente es nulo de plano dicha notificación y por consiguiente es nulo dicho acuerdo 001 de fecha dos de enero del 2017.
- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante laboró para la Secretaría de Salud, que fue nombrada mediante acuerdo 1335 del 15 de mayo del 2015, funcionalmente en el cargo de Gerente Administrativo, no obstante lo desempeñó bajo la modalidad de Contrato de Servicios profesionales y Técnicos como Asistente Técnico II, habiendo dicho contrato llegado a su término, tal como se establece en la cláusula tercera, que el cargo desempeñado por la demandante era un cargo de confianza, asimismo es un puesto excluido por la Ley de Servicio Civil, según el artículo 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder ejecutivo, que remite al decreto 218-96 que establece que el cargo que ella desempeñaba era un puesto de confianza.
3.- Que en fecha 18 de enero del 2018, la parta demandada ESTADO DE HONDURAS, interpuso escrito de defensas previas, alegando lo siguiente: CAUSAS DE INADMISIBILIDAD: 1) QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGNACION MEDIANTE LA ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, POR SER UN ACTO QUE SE DICTE EN VIRTUD DE UNA LEY QUE EXPRESAMENTE LES EXCLUYA DE LA VIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Es procedente alegar la causa de inadmisibilidad establecida en el articulo 63 literal a) en relación a lo que establece el artículo 80 literal c) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el cargo de Gerente Administrativo, se encuentra dentro de los cargos excluidos que estipula la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, por lo que la pretensión de la demandante no está regulada de acuerdo con la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como acción que se pretenda en esta vía, en virtud de no estar protegida por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y por ende una Ley Especial, al estar nombrada en un puesto excluido por prestar sus servicios en virtud de un Contrato de Servicios Técnicos o especializados tal y como lo establece el artículo 3 literal 1) de la Ley de Servicio Civil de igual forma en el caso particular de Gerente Administrativo por lo tanto no corresponde a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa su conocimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el cual establece que: "Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al derecho administrativo.”, relacionado con el artículo 109 párrafo primero de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el cual establece que: "Solamente podrán impugnarse por esta vía los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando esté protegido por una Ley especial." 2) QUE SE HUBIERE PRESENTADO POR PERSONA NO LEGITIMADA: la demandante laboro para la Secretaria de Salud en el Cargo funcional de Administradora según Acuerdo No. 1335 de fecha 15 de mayo de 2015, siendo contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos como Asistente Técnico ll, dicho puesto está excluido del régimen de Servicio Civil, conforme a lo que establece: Articulo 3 de la Ley de Servicio Civil relacionado con el artículo 9 de su reglamento establece que están excluidos del Régimen de Servicio Civil, los servidores del Poder Ejecutivo comprendidos en los artículos 3 de la Ley y 35 de la Ley General de la Administración Pública, incluyendo 1.-Los Secretarios y Subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza, conforme lo dispone el artículo 11 del presente Reglamento.- Asimismo el artículo 109 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias de Poder Ejecutivo, el cual nos remite al Decreto 218-196 que establece que el puesto de Gerente Administrativo es un puesto de confianza, relacionado con el artículo 35 de la Ley General de la Administración Pública el cual establece-que el puesto de Gerencia Administrativa como un puesto de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República en consecuencia la demandante no está protegido por una Ley Especial, tal como lo exige el artículo 109 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo así que el demandante no se encuentra legitimada para comparecer ante esta vía y pretender el reclamo de un derecho que no le corresponde pues en la actualidad al haber expirado el contrato suscrito con la Administración Pública, no tiene ningún vínculo jurídico para pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, ya que de conformidad al artículo 14 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece " Si además de la declaración de legalidad o nulidad se pretendiere el reconocimiento de una situación Jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento considere infringido por el acto impugnado", por lo que resulta que la demandante al no protegida por una ley especial no tiene a su favor un derecho subjetivo que la legitime a comparecer a esta vía y mucho menos a pretender el reconocimiento de una situación jurídica y como medidas para su restablecimiento el "reintegro" y a título de daños; perjuicios el page de "sueldos" dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que se dicte sentencia.
4.- La parte demandante en fecha 9 de mayo del 2017, en audiencia de defensas previas dio contestación a los motivos de inadmisibilidad de la demanda de la siguiente manera: que el acto administrativo consistente en el acuerdo 001 de fecha 2 de enero del 2017 es nulo por incurrir en infracciones del ordenamiento jurídico, el exceso y la desviación de poder consignado en el artículo 35 de la ley de procedimiento administrativo asimismo fue dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido que lo establece el artículo 34 c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, el acta de notificación de fecha 19 de enero del 2017 es una notificación defectuosa en virtud que notifica personalmente a Karla Regina Alfaro del acuerdo de cancelación de nombramiento funcional 001 de fecha 16 de enero del 2017, siendo contradictorio al acuerdo 001 de fecha 02 de enero del 2017 el cual usted podrá analizar con el folio 49 y con el folio 50 que la misma es una notificación defectuosa con lo consiguiente a lo que establece el artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo cual el acto administrativo impugnado es susceptible de impugnación por ser dictado presidiendo total y absolutamente del procedimiento, más aun por estar la demandante gozando del periodo de vacaciones, tal como lo refleja en su expediente administrativo que corre agregado a folio numero 51, donde aparece la solicitud de vacaciones de contrato en la cual está debidamente firmado y autorizado por la Secretaria de Salud que su periodo de vacaciones era del 16 de enero del 2017 hasta el 03 de febrero del 2017 regresando a sus labores el 06 de febrero del 2017 y la misma fue cancelada absurdamente el 19 de enero del 2017, por lo consiguiente la misma estaba gozando de sus derechos de vacaciones por lo cual sorprende que el Estado venga a decir que no es un acto susceptible de impugnación si el mismo refleja y autoriza la misma a demandante para que goce de sus vacaciones y por lo consiguiente también la notificación hecha tiene defectos, ya que se le notifica de un acuerdo de cancelación que no existe por lo consiguiente también está legitimada para interponer esta demanda por las circunstancias siguientes: en virtud que el estado ha hecho ver a algo ilógico hablar de puestos excluidos y de lo demás, con la notificación defectuosa y más grave aunque el mismo Estado le concede vacaciones firmadas y autorizadas por el Jefe de Control y Registro y la cancela un 19 de enero del 2017 y si esta ya gozaba de sus vacaciones hasta el 06 de febrero del 2017, por lo cual si le demandante está legitimada y si este es un acto susceptible de impugnación.
5.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 19 de julio del 2018, dictó RESOLUCION declarando CON LUGAR las causales de inadmisión denunciadas por la parte demandada, consistente en: 1) cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con fundamento es el articulo 63 literal a) y 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción, por ser el cargo que ostentaba la demandante un puesto excluido de la Ley de Servicio Civil; y, 2) Que la demanda se hubiera interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada.- ORDENO la inadmisión de la demanda principal, sin costas; bajo el criterio que el acuerdo de nombramiento funcionalmente de la demandante, de fecha 15 de Mayo del 2015, en el cargo de GERENTE ADMINISTRATIVA de la Secretaria de Estado en el despacho de Salud, cargo que conforme a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, que establece en su artículo número 9 que están excluidos del Régimen del Servicio Civil las servidores del Poder Ejecutivo comprendidos en los artículos 3 de la Ley y 35 de la Ley General de la Administración Pública, incluyendo quienes se desempeñen en el cargo de Administrador General o Gerente Administrativo, que es el cargo que desempeñaba la hoy demandante y del cual fue cancelada mediante acuerdo 001, de fecha 16 de enero del 2017, que es el acto administrativo hoy impugnado; es por esto que el acto en el cual se sustenta la pretensión de la demandante, no es susceptible de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por lo tanto esta defensa previa es procedente. Que en cuanto a la segunda causal de inadmisión de la demanda "que se hubiera interpuesto par persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada", está siempre en relación al hecho de no estar legitimada, en vista que el derecho que reclama es en relación a un puesto excluido; en cuanto a esta causal de inadmisión, el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señala las personas que pueden demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de actos de carácter particular y general de la administración pública, estableciendo en su literal a) que están legitimadas las personas que tuvieren interés legítimo y directo en ello; sin embargo este precepto no puede estudiarse de forma aislada en relación al artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino por el contrario debemos hacer una interpretación sistemática de las mismos, ya que si bien es cierto la hoy demandante señora KARLA REGINA ALFARO VALLEJO, es titular de un derecho subjetivo, por haber sido afectada directamente con la cancelación de su puesto de trabajo como Gerente Administrativo de la Secretaria de Estado en las despacho de Salud, no es menos cierto que dicho derecho no puede ser ejercido en esta vía contencioso administrativo, por no estar protegida por una Ley especial al ser un puesto excluido, de conformidad al artículo 80 literales b) y c), en relación con el 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, considerando también el artículo 35 de la Ley General de la Administración Pública, y aunque el acuerdo de cancelación emane de un acto de la Administración Pública, el mismo no podrá ser impugnado o anulado por la vía Contencioso Administrativo, por lo cual esta defensa previa es procedente.
La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 10 de abril del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la resolución proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el primer agravio expuesto por el apelante consiste en: "que lo señalado por el A-Quo en el fundamento de derecho primero, no es aplicable al presente alegato de defensas previas en vista que los referidos artículos en ningún momento excluyen expresamente a mi representada para que pueda impugnar el acto administrativo de cancelación ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, siendo un requisito indispensable para que exista el alegato de defensas previas y que al no existir es evidente que se debió de haber desestimado y que incluso al considerarse esa exclusión de la manera señalada por el a-quo, únicamente estaría excluido de la aplicación de la Ley de Servicio Civil, pero no de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por no establecerlo de manera expresa, siendo esta ultima la requerida para ese efecto"; claramente el articulo 31 literal c) establece: "No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: c) Los actos que se dicten en virtud de una Ley que expresamente les excluya de la vía contencioso-administrativo". En el caso que nos ocupa la parte actora, tal como también lo afirma la parte apelante-demandante, se encuentra excluida de la aplicación del Régimen de Servicio Civil, por lo que tampoco está protegida por una ley especial, por consiguiente, el hecho de que evidentemente este excluida del régimen de servicio civil no hace al acto de cancelación inimpugnable ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme lo establece el artículo 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues para que tenga esta categoría deberá estar expresamente excluida en la ley de la materia que se trate del recurso contencioso administrativo; esta exclusión obedece a que a pesar nos encontramos en un Estado de Derecho, todavía existen materias o actos administrativos que no están sujetos al control jurisdiccional, no siendo el caso del régimen de Servicio Civil y mucho menos los actos de cancelación de los empleados públicos regidos por esta. Concluyendo que las defensas previas interpuestas fundadas en el artículo 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo esta incorrectamente planteada, ya que no se trata la demanda que nos ocupa de un acto administrativo inimpugnable propiamente dicho por exclusión expresa de una Ley en específico. Sin embargo, conforme al artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo solo se conocerá en el ámbito de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en trámite especial de Materia de Personal, la cancelación y separación de los servidores públicos que estén protegidos por la Ley de Servicio Civil o una Ley Especial; por lo tanto resultaría ineficaz cualquier intento de lograr la nulidad de un acto administrativo de carácter discrecional (cancelación de personal en puestos excluidos) , ya que no tienen un sustento jurídico de protección de derechos laborales de estos funcionarios. En cuanto al segundo agravio expresa: "en vista que la a-quo continúa aseverando que mi representada no tenía legitimación por no estar protegida por una ley especial y al fundamentar la misma en el artículo 31 literal c) de la LJCA, hace obvia su confusión, ya que como se dijo en el primer agravio para que se pueda enmarcar ese alegato debe ser esa exclusión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de manera expresa y al no existir de esa manera debió de haberla desestimado ... " cabe aclarar que en cuanto a esta defensa previa "falta de legitimación de la parte actora", y tomando en consideración el criterio arriba expuesto, es indiscutible que la demandante y su relación de servicio con el Estado, está excluida del régimen de servicio civil, por lo que al haber interpuesto la demanda bajo el tramite especial en materia de personal, evidentemente tampoco está legitimada para demandar ante esta jurisdicción bajo el tipo de demanda que interpuso (materia de personal); pues no existe infracción al ordenamiento jurídico invocado por la parte actora por estar excluida del Régimen de Servicio Civil y/o cualquier ley especial que regule empleados del Estado, al tenor de lo que establece el artículo 14 de la LJCA.
La representación procesal de la parte recurrente, Abogado GERMAN ISAIAS PLANAS MEJIA, en fecha 3 de junio del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 19 de abril del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.065-2017 dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.089-2017 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 5 de junio del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.
La representación procesal de la parte recurrida, Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ, presentó en fecha 7 de agosto del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 9 de agosto del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados vía telefónica de dicha resolución en fecha 14 de agosto del 2019, los Abogados CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ y GERMAN ISAIAS PLANAS MEJIA, respectivamente.
Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 25 de septiembre del 2019, teniendo por personados a los Abogados GERMAN ISAIAS PLANAS MEJIA, como recurrente, y CARLOS REYNIERI AMADOR RODRIGUEZ, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.
Que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veinte (2020) en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicta sentencia la que puede ser vista de los folios 31 al 40 de la pieza de casación, y que por mayoría de votos de sus miembros declaro LA NULIDAD de la resolución definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional, de fecha 10 de abril del 2019, siendo disidente el Magistrado Pineda Valle, quien en su voto particular resolvió: NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACION, en sus dos motivos. SIN COSTAS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.-
II.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.
III.- Que el Abogado GERMAN ISAIAS PLANAS MEJIA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos: 28, 113 párrafo segundo y literal a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el párrafo primero del artículo 129 de la constitución de la República y articulo 124-c de la Ley General de la Administración Pública. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos: 28, 113 párrafo segundo y literal a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el párrafo primero del artículo 129 de la Constitución de la República y artículo 124-C de la Ley General de la Administración Pública. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. Que la relación de trabajo, el despido de mis representados y el ofrecimiento del pago de las prestaciones laborales no son objeto de debate en el presente juicio, en virtud de estar reconocido por las partes y el juez. Sin embargo, se ha violentado el Derecho a la Estabilidad Laboral consagrado como principio del Derecho de Trabajo y derecho constitucional establecido en el artículo l29 de la Constitución de la República. La violación se materializa cuando el A-QUEM limita el ejercicio del derecho alternativo establecido en el artículo 113 inciso a) del Código del Trabajo, al no permitirles a mis representados la reinstalación a los puestos de trabajo de la nueva institución creada, tal y como reza el artículo l24-C de la Ley General de la Administración Pública. El Principio I Iure Novit Curia obliga al juez a conocer el contenido de las normas legales que sirven para resolver el conflicto de trabajo, desconociendo el A-QUEM que lo que ha existido en el presente caso es una sustitución patronal, pues la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) no es otra cosa que la extensión del Instituto Hondureño de la Niñez, Familia y Adolescencia, (IHNFA), pues según las leyes constitutivas de cada institución, su objetivo o finalidad es exactamente la misma asignada a ambas, la protección de la niñez, adolescencia y familia, cuyo nombre es el que desaparece y únicamente persigue, desvincular a los trabajadores que prestaban sus servicios para suplantarlos por otros y tercerizar el servicio prestado a través de las organizaciones no gubernamentales, constituyendo una de las formas de fraude laboral masiva. La no aplicación de los artículos 28, 113 párrafo segundo y literal a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el párrafo primero del artículo 129 de la Constitución de la República y artículo 124-C de la Ley General de la Administración Pública, impide el acceso al derecho al reintegro de mis representados, por consiguiente la violación a la norma sustantiva que regula la estabilidad de los empleos. Motivo suficiente para decretar la violación a la norma sustantiva nacional y cazar la sentencia en su totalidad en base a lo descrito en este primer motivo.”
IV.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a) en la formulación se indica como infringido el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero es el caso, que dicha disposición contiene párrafos siendo necesario precisar a cuál de ellos se dirige el ataque; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se alude a los artículos 3 y 31 literal c), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación e igualmente el numeral 2) del artículo 728 del Código Procesal Civil.
V. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Falta de aplicación o violación del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que ha debido emplearse para la solución de fondo del litigio. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Es un hecho indiscutible que mi representada desempeño el cargo de Gerente Administrativo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, un puesto no protegido por la Ley de Servicio Civil. El Estado de Honduras opuso la defensa previa consistente en: "cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo" con fundamento en el artículo 63 literal a) y 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esta defensa previa fue declarada con lugar por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al conocer por vía de apelación del proceso incoado por mi representada. La Corte de Apelaciones recurrida para confirmar la sentencia recurrida en apelación expreso en la motivación que "en el caso que nos ocupa la parte actora, tal como también lo afirma la parte apelante-demandante, se encuentra excluida de la aplicación del Régimen de Servicio Civil, por lo que tampoco está protegida por una ley especial, por consiguiente, el hecho de que evidentemente este excluida del régimen de servicio civil no hace al acto de cancelación inimpugnable ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme lo establece el artículo 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues para que tenga esta categoría deberá estar expresamente excluida en la ley de la materia que se trate del recurso contencioso administrativo; esta exclusión obedece a que a pesar nos encontramos en un Estado de Derecho, todavía existen materias o actos que no están sujeto al control jurisdiccional, no siendo el caso del régimen de servicio civil y mucho menos las actos de cancelación de los empleados públicos regidos por esta. Concluyendo que las defensas previas interpuestas fundadas en el artículo 31 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo esta incorrectamente planteada, ya que no se trata la demanda que nos ocupa de un acto administrativo inimpugnable propiamente dicho por exclusión expresa de una Ley en específico. Sin embargo, conforme el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo solo se conocer en el ámbito de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en trámite especial; por lo tanto, resultaría ineficaz cualquier intento de lograr la nulidad de un acto administrativo de carácter discrecional (cancelación de personal en puestos excluidos), ya que no tienen un sustento jurídico de protección de derechos laborales de estos funcionarios." El artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo expresa: La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado;" El articulo antes citado es claro en lo que corresponde al conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en particular en este caso, lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado, y el de mi representada se refiere a un contrato de servicios profesionales celebrado entre ella y la Secretaria de Salud, es decir el Poder Ejecutivo. No obstante, siendo tan clara dicha disposición legal, y que asegura y ampara a mi representada en sus derechos laborales, el Tribunal de Alzada la ha ignorado y con ello le niega esos derechos, además de que con absoluto desconocimiento de la Ley, le impide accesar a los tribunales de justicia en procura precisamente de justicia aplicando indebidamente el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
VI.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) se omite el precepto autorizante; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo preceptuado en el artículo 704 del Código Procesal Civil; y, c) en la explicación se alude a los artículos 31, 63 literal a) y 80 literal c) y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.
VII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación
VIII.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.
POR TANTO: El Pleno de La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución a las partes personadas, se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de estilo, para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE.
Expediente S.L 450-2019