Sentencia CA-359-18 — Registro 13207
Resumen
Se confirma la sentencia en sgunda instancia bajo el criterio que de acuerdo a la legislación relativa a la interrupción de la prescripción en materia tributaria, fueron derogados y con esa expresa derogación desapareció la figura de la interrupción de la prescripción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal; c) se acusa a la sentencia por defectos en su “contenido y forma”, resultando confuso ya, que no las especifica dado que la forma y el contenido en las sentencia están reguladas por distintas disposiciones del Código Procesal Civil, no obstante ser defectos formales en términos generales; y d) en el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante en que se sustenta el motivo...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inestimable, por las razones siguientes: a) se omite en el precepto autorizante (artículo 719 del Código Procesal Civil), el numeral en que se sustenta el motivo; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal; y, d); en el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante invocado, como fundamento del cargo. ..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: GAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V., representado en juicio por el Abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por los Abogados MARCO ANTONIO ELVIR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo consistente en la resolución número A.L.157/2012 dictada por la Secretaría de Finanzas en fecha 11 de diciembre del 2012, que se declare la ilegalidad y nulidad por infracción de ley y procedimientos, que se reconozca una situación jurídica individualizada, que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado DARIO H. MONTES BELOT, en su condición de apoderado legal de la sociedad GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V., contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 31 de marzo del año 2009 la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) dictó las Resoluciones Números DEI-1136-DA-ARCS-C-2009, DEI-1137-DA-ARCS-C-2009, DEI-1138-DA-ARCS-C-2009, DEI-1972-DA-ARCS-C-2009, DEI-1973-DA-ARCS-C-2009, DEI-1974-DA-ARCS-C-2009 y DEI-1975-DA-ARCS-C-2009, formulando ajustes de impuestos a mi representada por un monto de L.142,275,635.84, en contra de estas resoluciones la sociedad mercantil GAS DEL CARIBE S.A. DE CV., interpuso contra la DEI recurso de reposición y apertura a prueba en fecha 28 de abril del año 2009, dicho recurso de reposición fue resuelto por la DEI desvaneciendo parcialmente los reparos formulados mediante la Resolución DEI-SAL-5992-2010 del 14 de diciembre de 2010, la cual en su parte Resolutiva expresa lo siguiente: RESUELVE: Declarar parcialmente con lugar, el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Edgar Kinett Zacapa López, apoderado legal de la sociedad mercantil GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V; consecuentemente los ajustes efectuados se desglosan de la siguiente manera: 1) Año 2004: Impuesto Sobre la Renta: Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la línea de ingresos cuenta No. 3102-20-02-01 (venta de gas a granel) por valor de L.5,438,596.19; ...3) Confirmar parcialmente el ajuste efectuado en la línea de costo de ventas cuenta 5102-20-01 (Gas en Granel) por valor de L.13.912.662.37 a este valor se le suma el ajuste de la cuenta No.4102-2001 por descuento sobre ventas desvanecido y aplicado al costo de ventas según cuenta No.5102-20-01 Gas en Granel por valor de L.4,538,733.90 por lo que resultaría un ajuste total a la línea de costo de ventas cuenta No.5102-2001 gas en Granel por valor de L.18,451,396.27...; 5) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No.6120-07-01 Mantenimiento de Edificio y Planta por valor de L.1,002,400.00: 6) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6370-01 Sueldos y Salarios (Bonificaciones e Incentivos) por valor de L.394425.97; 7) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6370 -12-01 Alquileres y Arrendamientos (Edificios) por valor de L. 436,997.80; 8) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6580-80-02 Intereses Sobre Préstamos (Gastos Financieros) por valor de L. 2,332,15338; 9) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la Línea de ventas exentas en Zonas Libres por valor de L. 3,985,184.88; 10) Año 2005 Impuesto Sobre la Renta: Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la línea de ingresos cuenta No. 3102-20-02- 01 (por venta de gas a granel), por valor de L. 2,820,199.21; ... 14) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6120-06-04 Gastos de Seguridad por valor de L. 567581. 50: 15) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la línea de cuenta No. 6120-10-01 Energía Eléctrica por valor L.369,728.56; 16) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6220-04-03 Servicios de Instalaciones por valor de L. 91 3,657.36; 17) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6370-01 Sueldos y Salarios (Bonificaciones e Incentivos) por valor de L.187,845.40; 19) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6370-02-04 Preaviso y Cesantía (Gastos de Administración) por valor de L.186,293.73; 20) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370-03-13 Atenciones a Empleados por Valor de L.681,245.00; 21) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6370-11 Permisos de Operación y Licencias por valor de L. 566,859.00; 22) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la declaración de Impuesto Sobre la Renta, año 2005, en la cuenta 6580-80-02 Intereses Sobre Préstamos (Gastos Financieros) por valor de L.8,668,917.22; 23) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6785-85-01 Pérdida en Cambio de Moneda por valor de L.1,256,826.84; 24) Año 2006 Impuesto Sobre la Renta; Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6370-01 Sueldos y Salarios (Bonificaciones e Incentivos) por valor de L.484,993.42; 25) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta 6370-13-03 Gastos Administrativos Gerenciales por valor de L.300,000.00; 26) Confirmar totalmente el ajuste en la cuenta 6370-18-14 Relaciones Públicas Gastos Administrativos Gerenciales por valor de L.759,507.89; 27) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6580-80-02 Intereses Sobre Préstamos (Gastos Financieros) por valor de L.3,868,618.00; 28) Confirmar totalmente el ajuste efectuado en la 6580-80-01 Intereses por Sobregiros por valor de L.1140404.14; 29) Año 2004, Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial (ACVP); confirmar totalmente el ajuste en la línea de ventas exentas en Zonas Libres por valor de L.3,985,184.88; 30) Año 2005 y 2006 Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial (ACVP); Confirmar parcialmente el ajuste efectuado en la línea de ventas de gas LPG a granel por valor de L.25,271,310.34; 31) Año 2006 Retención Artículos 5, 22 y 50 confirmar totalmente los ajustes determinados por la suma de L.207,129.68.- En consideración de lo anterior, la conciliación de lo adeudado es la siguiente; … Impuesto Adicional a Pagar según Reclamos CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100 (L.44,025,085.51).- Por no estar totalmente conforme con los términos de la Resolución DEI-SAL-5992-2010, GAS DEL CARIBE SA. DE C.V. Interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), dicho Recurso se basó en los siguientes argumentos: 1) Año 2004: Impuesto Sobre la Renta; El ajuste efectuado en la línea de ingresos cuenta No. 3102-20-02-01 (venta de gas a granel) por valor de L. 5.438,596.19 fue formulado por la DEI bajo la infundada explicación de ajustes que la sociedad no declaró el total de los ingresos por la venta de gas, expresando a línea seguida que constataron en la revisión de facturas refleja una diferencia que fue registrada como crédito a la Cuenta por Cobrar No. 1110-0601 Tropigas de Honduras. Así se le argumentó a la SEFIN que no es posible un reparo sobre gastos reales rebajados en todo caso como gastos de venta directamente de la venta misma; pues se le manifestó que desde su origen, la empresa ha contabilizada directamente los créditos como reconocimiento a gastos de transportación (granelera), los cuales han sido proporcionados por la empresa Tropigas de Honduras, que de no haberse registrado como tales en Gas del Caribe S. A. de C.V., a favor de la segunda, se hubiese tenido que pagar esos gastos, por cargos mediante notas de débito, notificadas entre compañías, la cual infundadamente fue reparada en virtud de errónea apreciación de la DEI, cuando lo cierto es que esos gastos para y/o a cargo de Gas del Caribe S.A. de C. y. constituyeron Ingresos que fueron registrados y declarados como tales por la Empresa Tropigas de Honduras S.A.: por tanto, el infundado ajuste sigue siendo ilegal e improcedente de forma y de fondo, además de ocasionar una arbitraria en infundada pretendida doble tributación.- También, es importante señalar que a la SEFIN se le expresó, que la misma DEI, en el proceso de evacuación de las diligencias para resolver el Recurso de Reposición en la Resolución DEI-SAL-5992-2010 en cuanto al desvanecimiento de otro ajuste similar en la Cuenta 4102.2001 Descuentos.- En sus motivaciones, concretamente en el CONSIDERANDO sexto, para el desvanecimiento de este ajuste bajo argumentada motivación, expresó: Ajuste determinado a los descuentos sobre ventas 2004 (por ventas a granel a su cliente principal Tropigas de Honduras S,A.) según revisión efectuada a los documentos presentados por el contribuyente se determina que el ajuste es improcedente en vista que este descuento es otorgado por las compañías mexicanas a Gas del Caril S.A. de C.V. y luego esta se lo traspasa mediante una nota de crédito a Tropigas S. de C. V. por lo que contablemente modifica el costo a ambas compañías; por relacionado a los movimientos entre proveedor y cliente. Adiciona la sección técnica que al efectuar la revisión correspondiente, se verificaron las Notas de Crédito que el contribuyente realizó para efectuar los descuentos a la empresa Tropigas de Honduras S.A. de C.V. las cuales también fueran verificadas en su contabilidad (En las registros de sus libros auxiliares) que nos muestran una disminución de su costo de ventas, al igual en Gas del Caribe.., proporcionados por el contribuyente y que se anexan a este dictamen en los folios No. 683 al 695. Por lo tanto a la SEFIN se manifestó que la Sección de Reclamos de la DEI desvaneció totalmente el ajuste efectuado en la Declaración de Impuesta Sobre la Renta ante esta clara y entendible motivación para desvanecer totalmente el ajuste, es inaudito que una motivación similar no haya sido aplicada de manera consistente para desvanecer también el ajuste por L.5,438,596.19 ya que mientras para ellos fue un gasto real, para la empresa Tropigas de Honduras constituyó un ingreso.- Y que cuyos eventos también están documentados por Notas de Crédito y debidamente contabilizados; Por todo lo antes expuesto, en la forma y en el fondo, el ajuste sobre la línea de ingresas cuenta No. 3102-20-02-01 (venta de gas a granel) por valor de L.5,438,596.19 legal y técnicamente fue rechazado y se solicitó el desvanecimiento y su nulidad, por infundado, ilegal e improcedente. Además de todo lo anterior este reparo está prescrito por haber operado la prescripción legal la cual también fue expresada ante la SEFIN.-. Con relación al reparo contenido en el numeral que señala 3) Confirmar parcialmente el ajuste efectuado en la línea de costo de ventas cuenta 5102-20-01 (Gas en Granel) por valor de L.13,912,662.37 a este valor se le suma el ajuste de la cuenta No.4102-2001 por descuento sobre ventas desvanecido y aplicado al costo de ventas según cuenta No 5102-20-01 Gas en Granel por valor de L.4,538,733.90 por lo que resultaría un ajuste total a la línea de costa de ventas cuenta No.5102-20-01 gas en Granel por valor de L.18,451,396.27. En primer lugar, la DEI tergiversó datos y motivaciones para proceder a formular ajustes infundados; por tanto ilegales, y cometió un exceso de poder y de autoridad al violentar la Ley de Procedimiento Administrativo porque alteran los hechos, además de contradecirse en sus motivaciones expresas. Ya que es insólito que en un punto anterior la DEI desvanezca en un 100% el reparo por Descuentos y en el punto 3, aun cuando lo considera como parte de los costos de la empresa, lo está restituyendo al momento de integrar antojadizamente un costo total diferente al contable, señalando que el costo según la Sección o Departamento de Reclamos asciende a L.298,351,921.07, el cual no es consistente con el monto del costo reconocido por la Sección o Departamento de Auditoria el cual fue de L.297,106,811.11.- En segundo lugar, que la realidad es otra; Ya que la contabilidad y documentación física, fehaciente, indubitada en poder de la empresa; técnica y científicamente arroja o se determina, contenido en la un costo real de L.316,803,317.34, el cual está integrado en la Empresa L.316.803.317.34”.- Además de las anteriores consideraciones, se solicitó el desvanecimiento del ajuste por infundado e improcedente y por haber operado a favor del contribuyente la figura de la prescripción; en virtud del exceso y abuso cometido. En consecuencia los actos de la DEI se subsumen en aquellos actos que deben ser anulados por transgresión o infracción de ley y procedimiento, que en el caso en que nos ocupa, ya que a misma DEI en su instancia transgredió los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo; por tanto se solicitó en la apelación ante la SEFIN, que procedía la anulación de la Resolución DEI-SAL- 5992 -2010 con base en el mismo artículo 35 y el 321 de la Constitución de la República.- Acción que piden, pues los referidos preceptos legales disponen: artículo 34: Sin perjuicio de lo establecido en Leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a).,., b)…, c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Artículo 35: Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación del poder. - En el exceso del poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto. Artículo 36: El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. En relación con estas normas el ARTICULO 321 Constitucional señala: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) se pronunció sobre el Recurso de Apelación interpuesto mediante la Resolución No. A. L. 157/2012, la que en su parte resolutiva declara: Resuelve: declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado DARIO H. MONTES BELOT, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.; en consecuencia: Primero confirmar los siguientes ajustes que se desglosan de la siguiente manera: Año 2004: Impuesto Sobre La Renta: a) confirmar en la declaración del Impuesto Sobre La Renta ajuste efectuado en la línea de ingresos cuenta número 3102-20-02-01 (venta de gas a granel) por valor de L.5,438,59619; por estar realizado conforme a derecho, b) confirmar parcialmente el ajuste efectuado en la línea de costo por L.18,451,396.27 así: desvanecer ajuste al costo de venta por L.16,196,296.81 y confirmar L. 2,255,099.46 de acuerdo a la revisión de los ajustes realizados por auditoria, analizados por la unidad de reclamo y verificados de acuerdo a documentos soporte autenticados, proporcionados a esta unidad de servicios legales, lo que se encuentran archivados en el Tomo 11 del recurso de apelación, c) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6120- 07-01 mantenimiento de edificio y planta por valor de L.1,002,400.00, d) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370-01 Sueldos y Salarios (Bonificaciones e Incentivos) por valor de L.394,425.97; e) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370-12-01 Alquileres y Arrendamiento (Edificios) por valor de L. 436,997.80; f) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6580-80-02 Intereses Sobre Prestamos (Gastos Financieros) por valor de L.2332,153.38. Año 2005: Impuesto Sobre La Renta: a) confirmar en la declaración del Impuesto Sobre La Renta ajuste efectuado en la línea de ingresos cuenta No. 3102-20-02-01 (venta de gas a granel) por valor de L.2,820,19921; por estar realizado conforme a derecho, b) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6120-06-04 Gastos de Seguridad por valor de L.567,581.50 c) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6120-10-01 Energía Eléctrica por valor de L.369,728.56; d) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6220-04-03 servicios de instalaciones por valor de L.913,657.36; e) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370-01 Sueldos y Salarios (Bonificaciones e Incentivos) por valor de L.283,153.20 f) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370-12-01 Alquileres y Arrendamiento (Edificios) por valor de L.187,845.40 g) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No.6370-02-04 Preaviso y cesantía (Gastos de Administración) por valor de L186,293.73; h) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370-03-13 Atenciones a empleados por valor de L.681,245.00; i) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370- 11 permisos de operación y Licencias por valor de L 566,859.00; j) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la Declaración de Impuesto sobre la Renta, año 2005 en la cuenta No. 6580-80-02 intereses sobre préstamos (Gastos Financieros) por valor de L.8,668,917.22; k) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la línea de la cuenta No.6785-85-01 Pérdida en cambio de moneda por valor de L.1,256,826.84; Año 2006 a) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6370-01 sueldos y Salarios (Bonificaciones e Incentivos) por valor de L.484,993.42; confirmar totalmente el ajuste efectuado en a cuenta No. 6370-13-03 gastos Administrativos Gerenciales por valor de L.300,000.00; b) confirmar totalmente en la cuenta No. 6370-18-14 Relaciones públicas por valor de L 759507.89; c) confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6580-80-02 Intereses Sobre Prestamos (Gastos Financieros) por valor de L.3,868,618.00 d)confirmar totalmente el ajuste efectuado en la cuenta No. 6580-80-01 Intereses por Sobregiros por valor de L.1,140,404.14; Segundo: Desvanecer Aporte A La Conservación Del Patrimonio Vial (ACPV) Año 2005. Se desvanece el Subsidio a que tenía Derecho Tropigas de Honduras era de L.17, 347,083.38 véase Tomo (once) 11 del Recurso De Apelación y no de L.21, 368,670.05 se desvanece el ajuste de L.21, 368,670.05 y que posteriormente se confirmaron por la cantidad de L.7, 479,034.52 por la Sección de Reclamos de la DEI pues el valor verificado es menor que el ajustado y que corresponde únicamente a ventas a Tropigas de Honduras SA. Año 2006. Aporte A La Conservación Del Patrimonio Vial (ACPV) se confirma parcialmente el ajuste al subsidio a que tenía derecho por este rubro el contribuyente según se verificó en la documentación, el valor de L.47,115,449.24 y no L.50,835,073.81 como lo determino la auditoría de la DEI y de los que la Unidad de Reclamos de esa institución confirmó L.17792,275.81, que se verificó que en la cesión del crédito existen valores que no forman parte de este pues pertenecen a otras compañías por un monto de L.12,734,384.65, distribuido así: totalmente el ajuste a la línea de ventas exentas en Zonas Libres por valor de L.3,985,184.88; 30) Año 2005 y 2006 Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), confirmar parcialmente el ajuste efectuado en la línea de ventas de gas LPG a Granel por valor de L.25,271,310.34; 31) Año 2006 retención artículo No. 5to; 22 y 50, confirmar totalmente los ajustes determinados por la suma de L.207,129.68.- Quedando un Impuesto a pagar de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100, de los cuales el contribuyente realizó pago según recibo oficial de pago por un monto de (L.7,035,745.90) SIETE MILLONES TREINTA Y ONCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS.- Quedando un saldo neto a pagar de (L.16,268,942.80) DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100” La Resolución A.L 157/2012 está viciada de Nulidad, en virtud de que a Secretaria de Finanzas resolvió parcialmente el Recurso de Apelación Interpuesto, desvaneciendo parte de los reparos sin pronunciarse sobre la nulidad y la prescripción legal invocadas por GAS DEL CARIBE S.A. DE C. y., ya que si bien es cierto estos aspectos fueron enunciados en los considerandos que motivan a resolución No.AL.15712012, no hubo un pronunciamiento en la parte resolutiva, por lo que el acto administrativo no alcanza el fin que perseguía al interponer su Recurso de Reposición. El hecho de que la Secretaria de Finanzas no se haya pronunciado conforme a derecho sobre la prescripción invocada, constituye un exceso de poder y violación a los artículos 136 y 139 del Código Tributario; pues en materia tributaria no existe interrupción de la prescripción como aviesamente lo deja entrever en un considerando de motivación la resolución No. A.L.157/2012. Y al no resolver la prescripción, la SEFIN comete exceso de poder y violación a la Ley en virtud de que el artículo 148 del Código Tributario que interrumpía la prescripción fue derogado mediante el Decreto 210-2004 publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 30585 del 31 de diciembre de 2004. En lo pertinente a la prescripción, es importante señalar que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) con fecha 25 de enero de 2011 emitió el Acuerdo No. DEI-SG-008-2011 amparado en los Decretos y Leyes, 17-2010 (artículo 72), Artículo 222 del Decreto 22-97, Artículo 136 del Código Tributario contenido en Decreto 22-97 y reformado por el Decreto 210-2004; acuerdo 142- 2008; que los artículos 144, 145 y 146 (inclusive el 147 y 148) relativos a la interrupción de la prescripción en materia tributaria, fueron derogados en el Decreto 210-2004 con el que desapareció la figura de la interrupción de la prescripción, por tanto la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), al tenor del Acuerdo No. DEI-SG008-2011 ya ha prescrito deudas y reparos formulados sobre años fiscales prescritos, conforme al transcurso del tiempo por haber operado la prescripción legal, de conformidad con el artículo 136 del Código Tributario. En consecuencia se funda la Prescripción de las actuaciones ejercitadas en el marco de la función fiscalizadora de la DEI, y también la falta de resolución a la cual hizo caso omiso la Secretaria de Finanzas (SEFIN) que en este caso concreto y para los efectos de las actuaciones fiscalizadoras y las de confirmación de ajustes, fueron llevadas a cabo fuera del término legal contenido en el Artículo 1 reformado del Código Tributario, el que señala: “La responsabilidad de los contribuyentes, responsables o agentes recaudadores y las acciones y facultades del Fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, notificar ajustes, determinar y exigir el pago de las correspondientes obligaciones y para hacer efectiva las acciones previstas en este Código prescribirán en forma definitiva por el transcurso de: 1)...2)...Cinco (5) años para todos los demás contribuyentes. Al tenor del Artículo 6 del mismo Código, el cual manda hacer uso de la interpretación estricta de la ley, la reforma al Código tuvo objeto y vigencia a partir del 31 de Diciembre del 2004; en virtud de ello, el Artículo reformado, antes de esta reforma en su redacción no expresaba la prescripción definitiva por el transcurso de 5 años En virtud de esta reforma, el artículo 139 del Código Tributario contenido en el Decreto 22-97, señala que el plazo corre a partir de la presentación de la declaración y ante esta regulación expresa, el transcurso normal de los cinco (5) años comienza a contarse desde abril de 2005 hasta abril de 2010; Razón por la cual toda resolución como es el caso de la No. DEI-SAL-3992-2010 e igual la Resolución No. A.L.157/2012 emitida por la SEFIN son nulas, en aplicación de los Artículos 136 y 139 del Código Tributario vigentes, porque por el transcurso del tiempo, y a falta de interrupción de la prescripción, la que en materia tributaria no existe, operó la prescripción en cuanto a los reparos formulados contra los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006 en aplicación de los señalados artículos del Código Tributario. A manera de antecedente señalan la RESOLUCION DEI-SAL-1463-2011 del cuatro de mayo de dos mil once y la RESOLUCION DEI-998-ARCS-SAL-B-2011 del catorce de febrero de dos mil once mediante las cuales la Dirección Ejecutiva de Ingresos declaro con lugar la prescripción invocada por dos contribuyentes en idénticas condiciones a las que se encuentran los valores confirmados a Gas del Caribe SA. de CV.; En consecuencia, afirman que los actos de la DEI y las subsiguientes actuaciones de la Secretaría de Finanzas, al haberse efectuado contrario a derecho dejaron en completo estado de indefensión a mi mandante; por tanto es procedente que ese honorable tribunal declare la nulidad de actuaciones por transgresión de los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo y una vez declarada la nulidad de la resolución AL.157-2012, serán restablecidos los derechos que a la Sociedad Gas del Caribe S. A. de C. V. le asisten. Es innegable que hubo exceso de poder e infracción de Ley, tal como se puede determinar a analizar los siguientes preceptos legales: El ARTICULO 64 de la Constitución de la República, ordena que: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.- Al respecto el ARTICULO 321 de la misma Carta Magna dispone: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” De esta normativa y también de la transgresión al Artículo 5 del Código Tributario, se determina y rechaza contundentemente el hecho que la SEFIN confirme ajustes o reparos ilegales en su contra, desconociendo los derechos que le asisten, ya que La Secretaría de Finanzas no resolvió la prescripción que legalmente a operado pues se trata de ejercicios fiscales correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006 que por el transcurso del tiempo conforme a los artículos 136 y 139 del Código Tributario prescribieron en el mes de abril (30 de abril) de los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente; por ello contundentemente quedo demostrado que existe un avieso exceso de poder y tergiversación de la Ley, acciones confirmadas por la Secretaría de Finanzas en su dictada resolución No. A.L.157/2012; por lo tanto la misma es nula. En otro apartado de la Resolución objeto de la presente demanda la Secretaria de Finanzas se pronunció confirmando un ajuste efectuado en la línea de ventas de gas LPG a granel por el Impuesto de Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial (ACVP) año 2006 por un valor de L.12,734,384.65, lo cual constituye una aberración, ya que no es procedente que la DEI a través de su Departamento de Auditoria y posteriormente el Departamento de Reclamos) haya procedido a efectuar estimaciones sobre las ventas realizadas a Tropigas de Honduras S. A. de C. V. y a otros clientes tomando como base el volumen de ventas, asimismo las ventas de gas en presentaciones no mayores a 25 libras de uso doméstico y el LPG vehicular, de los cuales Tropigas de Honduras S.A. de C.V. oscila entre un 80% y un 90% en los que, manifiesta se ha constatado en los porcentajes de ventas a cualquier diferencia que resulte de futuras revisiones a Tropigas de Honduras S. A de C.V. esta será responsable de los ajustes encontrados a dicha empresa; en diferencia a petición efectuada por el mismo.- Esta es una aviesa técnica contable llevada a cabo y ejecutada por los auditores, posteriormente confirmada por el Departamento De Reclamos de la DEI y subsiguientemente por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) al no conceder el desvanecimiento total del reparo sobre el aporte, ya que confirmó la Secretaría de Finanzas la cantidad señalada de L.12,734,384.65 por reparos al Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial (ACVP); Pero sobre el cual se pide la nulidad, porque no encontramos en ningún precepto del ordenamiento jurídico tributario hondureño el proceder o actuar sobre el hecho concreto de confirmar un infundado reparo o ajuste formulado; siendo esta actuación un extremo abuso de autoridad y exceso de poder; porque la auditoria tributaria no obedece a márgenes de materialidad o importancia relativa; pues se trata de una auditoria de impuestos la cual cada centavo de Lempira deviene de cálculos aritméticos reales sobre bases imponibles ciertas y fácticas como bien lo señala y manda el Código Tributario en su Artículo 42, razón por la cual, la manera correcta para determinar el subsidio que el gobierno debió pagar a las empresas envasadoras, y en el contexto de Gas del Caribe S.A. de C.V. por la venta de gas licuado, es haciendo revisiones directas a estas empresas, las envasadoras; Por lo tanto el ajuste a ellos formulado en el ejercicio fiscal 2006 y confirmado parcialmente por la SEFIN es ilegal e improcedente. Comprendido en aquellos actos carentes de motivación y de argumentos legales y técnicos evidentes y fehacientes que tampoco la SEFIN desarrolló, dejándolo indefenso; Por tanto ocasiona la nulidad de actuaciones y la transgresión a los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, citados anteriormente; en conclusión no acepta ni comprende como vía prorrata se puede parcialmente desvanecer un reparo haciendo caso omiso para confirmar parcialmente la cantidad agraviada y confirmada por la SEFIN en la cantidad de L.12,734,384.65; estas operaciones, no las operó de manera antojadiza; ya que para llevar a cabo el proceso de acreditación del subsidio, se amparó en el Oficio UPEG171-2005 del cuatro de octubre del 2005 que señala: “Ingeniero Fernando Ceballos. Gerente General. Distribuidora de Productos de Petróleo. S. A. (DIPSA). Su Oficina. Ingeniero Ceballos: Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de referirme al Decreto 279-2005, en el que se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para que a cargo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República se absorba el diferencial de precios de los productos derivados del petróleo a nivel nacional en el período del 8 al 17 de septiembre del presente año. Al respecto esta Secretaría le manifiesta que tanto la distribuidora de productos de petróleo a Usted representa, como las demás empresas importadoras, pueden acreditar los valores que fueron financiados durante el periodo de congelamiento ya indicado, contra el pago del impuesto al Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial, Atención de Programas de Interés Social y de Turismo, sin perjuicio de las revisiones posteriores que realice la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Unidad Técnica del Petróleo (UTP).” firma Ministro.- Paradójicamente dicho oficio fue emitido por una instancia de la misma Secretaria de Finanzas. Asimismo señala que no fue al 18 de septiembre del 2005, sino hasta el 1 de agosto del 2007 cuando el Poder Legislativo emitió el Decreto 77-2007 publicado el 31 del mismo mes y año, mediante el cual se oficializó el procedimiento de absorción de los diferenciales o subsidios afectando el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República con una subsiguiente modificación mediante Decreto 138-2007.- Ante esta realidad, el Estado de Honduras por medio de la Secretaria de Finanzas no debió desconocer que también esos L.12,734,384.65 formaban parte de los subsidios y liberaciones del ACPV a que tuvieron derecho las empresas objeto de cuestionamiento. En particular de Gas del Caribe S. A. de C.V. y su relación directa con las envasadoras.- También señalaron que si legal y técnicamente fue procedente el desvanecimiento de los reparos por la cantidad L.46, 932,433.53, lo cual fue resuelto por la DEI en la Resolución No. DEISAL-5992-2010 resolviendo el Recurso de Reposición y posteriormente la Secretaría de Finanzas resolvió, en la Resolución AL157/2012 otorgó el desvanecimiento de reparos por la cantidad de L.12,536,925.64 incluyendo los años 2004, 2005 y 2006, no se concibe porque confirmaron la cifra señalada de L.12,734,384.65- También por otra parte la DEI confirmó los reparos en su resolución DEI-SAL-5992-2002 y que posteriormente la SEFIN los confirmó en su Resolución A.L 157-2012, en lo pertinente a los reparos formulados al régimen de retenciones del ejercicio fiscal del 2006 por el monto de L.207,129.68. Pedimos la nulidad de los reparos en virtud que al no existir detalles de sujetos y objetos sobre los cuales se formularon los ajustes no se puede aceptar una disposición de tal naturaleza. En tanto que los reparos carecen de motivación, de argumentos legales y técnicos que la DEI no desarrolla, y lo que es más grave aún, es que posteriormente La SEFIN los confirma. Infringiendo los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Otro motivo de nulidad que se configura es la contravención del Artículo 321 de la Constitución de la República, que literalmente manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la Ley, todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica Responsabilidad.” Tal es el caso que la SEFIN ha emitido actos viciados de ilegalidad que motivan la nulidad absoluta de la Resolución No. A.L.157/2012 por la transgresión sobre leyes; ya que El Articulo 6 del Código Tributario ordena que: “En la interpretación de las disposiciones de este Código se estará a lo que sobre la materia prescribe el Título preliminar del Código Civil en los artículos 17, 18, 19 y 20. Las leyes fiscales se interpretarán siempre en forma estricta. Por lo que para determinar su sentido y alcances no podrán utilizarse métodos de interpretación extensivos o analógicos.” Pues ya hemos demostrado que en sus actuaciones la SEFIN confirmó reparos infundados e ilegales que originalmente fueron formulados de manera ilegal e infundada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) aplicando prorrateos de porcentajes basados en supuestos y determinando un 80% y un 90% de porcentajes, para formular reparos ilegales y arbitrarios con relación al ACPV y que a Secretaría de Finanzas, parcialmente confirma, sin ajustarse a las bases imposibles que no obedecen a la trasparencia contable transgrediendo la aplicabilidad del artículo 42 del Código Tributario. En conclusión, se pide la nulidad de la Resolución No.A.L.157/2012. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, rechazando el hecho primero de la demanda, pues no aporta nada para la pretensión del demandante, por ser únicamente una extensiva relación y enumeración de las Resoluciones emitidas conforme a derecho por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), sobre la formulación de ajustes de impuestos contra la Sociedad Mercantil GAS DEL CARIBE, SA. DE CV., SIENDO UNA LISTA DE AJUSTES CONFIRMADOS TOTALMENTE CONFORME A DERECHO A FAVOR DE MI REPRESENTADA SEGÚN RESOLUCIONES N° DEI-SAL-5992-2010 del 14 de diciembre del 2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y Resolución N° AL. 157/2012, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.- Asimismo es de observar que en dicho antecedente o hecho, el demandante no impugna, ni incluyó el ajuste efectuado en la Cuenta 6370-12-01 alquileres y Arrendamientos (Edificios) por valor de LPS.187,845.40, mismo que fue confirmado por la Administración Pública, que se encuentra contenido en Resolución N° DEI-SAL-5992-2010 exactamente en su acápite Resuelve, numeral 18), siendo otro punto de incongruencia a lo que pide el demandante.- Es por ello, que lo manifestado en el antecedente Primero de la demanda, no aporta nada a favor de la demandante, por ser un largo detalle de la Resolución antes relacionada, ya que la redundancia de los Recursos interpuestos y la pretensión del ahora demandante, son una copia literal con la demanda.- Pudiendo observar la falta de pretensión y veracidad de la parte demandante, pues olvida mencionar la lista de ajustes DESVANECIDOS por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a su favor, pues al confirmar los ajustes de impuestos, también desvanece ajustes en los Actos Administrativos Resoluciones N° DEI-SAL-5992-20I0 del 14 de diciembre del 2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y Resolución N° AL. 157/2012, misma que confirma parcialmente los ajustes contenidos en Resolución DEI-SAL-5992-2010, y no habiendo más ajustes que desvanecer, por lo que exige el pago de los ajustes confirmados conforme a derecho, mismo que contienen en suma la cantidad de DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (LPS.16,268,942.80), siendo el saldo final neto firme, líquido y exigible, adeudado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) por la Sociedad Mercantil demandante GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V., el cual se encuentra reflejado en su Cuenta Corriente, que actuó conforme a derecho al emitir enteramente conforme a derecho las Resoluciones N° DEI-SAL-5992-2010 del 14 de diciembre del 2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y Resolución N° AL. 157/2012, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, rechazando el hecho alegado por el demandante en cuanto a que ha tratado de exigir doble tributación, al contrario ha sido clara y justa en sus Resoluciones apegadas a la Ley.- Que la Sociedad Mercantil demandante trata de mezclar las responsabilidades tributarias de dos Empresas diferentes EMPRESA TROPIGAS DE HONDURAS, con demandante GAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V., siendo dos empresas totalmente diferentes, con Registro Tributario Nacional distinto, e independientes entre sí, y con derechos y obligaciones con el Fisco adversas una de la otra, es decir que lo que pague en impuestos una empresa, no libera a la otra, lo cual es obvio según ley, por lo que no cabe, ni es vinculante al presente caso dicha relación que argumenta la Sociedad demandante en dicho antecedente o hecho segundo.- Lo que si es cierto, es que ahora se le demanda injustamente, al verter argumentos infundados, como ser que le corresponde el desvanecimiento de ajustes por la cantidad de L.16,268,942.80, lo cual es irrisorio, siendo un ajuste que se encuentra totalmente firme según las Resoluciones arriba mencionadas, en vista de haberse finalizado todo el procedimiento administrativo de Ley.- Lo anterior revela la jactancia en su pretensión y prácticamente incurriendo en pedir más de lo debido, solicitando más allá de lo que le corresponde según Ley.- Asimismo la parte demandante no es objetiva, demostrando su falta de pretensión a lo que demanda, trayendo a colación dictámenes de reclamos adversos al caso que nos ocupa, pues lo dictaminado por la Sección de Reclamos sobre un contribuyente, no se puede tomar como ejemplo u obligación a aplicar el mismo tratamiento con impuestos adeudados por otro contribuyente, ya que el pago de impuestos y los ajustes que se formulen a cada contribuyente son independientes entre sí en su fundamento y definición, dependiendo las circunstancias que motivan su cobro y pago. Por lo anterior expuesto, es evidente que los Ajustes a la cuenta N° 3102-20-02-01 por valor de L.5, 438,596.19, formulado, y mencionado en el presente hecho, es completamente firme y exigible a la Sociedad Mercantil demandante GAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V., estando totalmente emitido conforme a derecho, según lo hacen constar las Resoluciones N° DEI-SAL-5992-2010 emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y Resolución AL. 157/2012 emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, asimismo rechazando todo falso argumento, sobre que a la Sociedad Mercantil demandante le corresponda prescripción de los ajustes, cuando señor Juez dichos ajustes son firmes, líquidos y exigibles, tomando en cuenta que en el acto impugnado Resolución NC AL. 157/2012, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por ningún punto se le reconoce Prescripción alguna, pues no le corresponde, ni le asiste según Ley. Es mayormente falso lo argumentado por la parte demandante sobre la anulabilidad del acto administrativo por infringir la Ley, pues fue es contundente al emitir Resolución N° DEI-SAL-5992-2010, y ser expresa para ilustración en su Resuelve: SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES INCOADA, EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y PARA ILUSTRACIÓN DICE: Artículo34:Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo en los siguientes casos: a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente; b) Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; ch) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; d) Los de carácter general que infrinjan los limites señalados a la potestad reglamentaria, establecida por el articulo 40; y, e) Los que contraríen lo dispuesto en artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública”, la Ley misma es clara, lo cual demuestra no existir causa de anulación alguna contra dicha Resolución, ya que su actuar no se subsume en ninguna de las causas anteriores, simple y sencillamente porque actuó conforme a derecho agotando el procedimiento administrativo que la Ley establece, de lo cual hizo uso el demandante interponiendo Recurso de Reposición y Recurso de apelación respectivamente, siendo absurdo e improcedente manifestar que actuó con exceso de poder, lo cual es una mera falacia, pues es evidente la legalidad del actuar de mí Representada, sobre los ajustes ya desvanecidos a favor de la Sociedad Mercantil GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. Según Resoluciones impugnadas, ya que los ajustes confirmados por la Administración Pública se encuentran firmes, líquidos y exigibles conforme a derecho. En cuanto al antecedente Tercero de la demanda, se acepta el mismo, por ser la transcripción detallada de lo RESUELTO CONFORME A DERECHO POR MI REPRESENTADA SEGÚN RESOLUCIÓN N° AL.157/2012.- Por lo anterior expuesto, el presente antecedente o hecho evidencia la obligación de pagar los impuestos al Fisco por suma de DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (LPS.16,268,942.80), pero dicho hecho, no prueba nada a favor de la parte demandante. Ya que es evidente que hay una aceptación tácita por parte del demandante que debe cumplir, ya que no se pronuncia sobre el objeto que demanda debido a la redundancia e improcedencia de la pretensión del demandante con sus hechos anteriores, contestamos el presente hecho manifestando la falsedad del mismo, por haberse emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en apego a derecho la Resolución N° AL. 157/2012, tomando en cuenta la base técnica y jurídica de los Dictámenes de Sección de Reclamos y del Departamento Legal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.- Asimismo en Expresión de Agravios presentada por el demandante administrativamente, pide prescripción de los ajustes ya confirmados, de lo cual SI SE MANIFESTÓ EN DICHA RESOLUCION SOBRE LA INFUNDADA PRESCRIPCION, EN SU CONSIDERANDO N°30, expresando las causas por la cual no se le reconoce en el caso específico solicitado, que en virtud de lo establecido en artículo 136, inciso 1) y 2) del Código Tributario actualmente reformado, antes de esta reforma en su redacción no expresaba la prescripción definitiva por el transcurso de 5 años .- Señor Juez, cabe aclarar, que en la misma Resolución impugnada N° AL. 157/2012, mí Representada vuelve a pronunciarse sobre la infundada prescripción solicitada, en su Considerando N° 32 numeral 14), en el cual manifiesta: “En ningún momento en el presente caso ha existido alguna violación procedimental en el desarrollo del mismo, que se ha seguido el procedimiento administrativo en total apego a la Ley, que la autoridad tributaria (DEI) realizo notificación de ajustes a la Sociedad GAS DEL CARIBE S.A. de CV. dentro del plazo de 5 años que establece el Código Tributario, por lo tanto no existe la prescripción solicitada por el apelante”.- Lo anterior demuestra la falsedad de la parte demandante, ya que mí Representada si se pronunció sobre la prescripción, independientemente sea en sus considerandos, o en su parte resuelve.- Lo que si puede revelarse con el presente hecho alegado por la parte demandante, es la impotencia de ella misma, al no poder desvanecer los legales ajustes realizados y notificados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), los cuales se encuentran apegados a derecho, argumentado la demandante motivos de nulidad y prescripción infundadas e inexistentes en el presente caso, tomando en cuenta que la Sociedad Mercantil demandante en ningún momento alegó, ni argumentó la infundada Prescripción en su escrito de Recurso de Reposición, que es el Recurso que da inicio al Proceso de impugnación administrativa, pero claro, no argumentó prescripción, por no existir la misma, y es el caso que ahora lo incluye, al verse perdida e impotente ante la legalidad de los Actos Administrativos, que la redundancia del demandante al incluir nuevamente los mismos hechos anteriormente argumentados, redactando así una pretensión repetitiva, extensiva, sin objetividad a lo que demanda, lo cual se contrapone al Artículo 6 del Código Procesal Civil, y que para ilustración transcribo: “BUENA FE, CONDUCTA Y EJERCICIO DE LA VÍA PROCESAL ADECUADA. 1. Las partes, los profesionales del derecho que les asistan y representen procesalmente y, en general, todos los partícipes en el proceso adecuarán su conducta a la veracidad, probidad, lealtad y buena fe procesales. 2. El Órgano Jurisdiccional hará uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso. Rechazará cualquier solicitud, petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente del litigio, o cuando cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin contrario a la ley. 3. El abuso de los derechos de acción y defensa, se sancionará, además de la condena en costas, con el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera causado el infractor”. Así como ya lo expresamos en el Hecho cuarto arriba relacionado, mí Representada si se pronunció sobre la infundada prescripción solicitada, en su Resolución N° AL. 157/2012 sobre la infundada prescripción, para su constancia véase el considerando N°30, en que vuelve a pronunciarse sobre la prescripción solicitada, en su considerando N° 32 numeral 14), siendo obvio el no reconocimiento de la misma por no corresponderle conforme a derecho, ya que los ajustes confirmados fueron notificados dentro de los 5 años de Ley. Es evidente el desconocimiento por la parte demandante, que la Prescripción de las deudas con el fisco NO PRESCRIBEN POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO, ya que para que la prescripción sea real, formal y firme debe existir RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LA RECONOZCA CON LUGAR a favor del contribuyente, pero este no es el caso señor Juez, ya que no existe Resolución administrativa a su favor. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 28 de octubre del 2016, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1): Declarar IMPROCEDENTE la acción iniciada por la demandante sociedad mercantil GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. contra el acto emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas por estar ajustado a derecho el acto impugnado. SIN COSTAS”; bajo el criterio que consta que en fecha veintiocho (28) de abril del dos mil nueve, el Abogado Edgar Kinett Zacapa López, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa GAS DEL CARIBE S.A DE C.V., interpuso Recurso de Reposición contra las resoluciones en las que se hacen ajustes de pago de los impuestos sobre la renta, retención en la fuente, activo neto y aportación temporal.- Aporte para la atención a programas sociales y conservación de patrimonio vial, ante a Dirección Ejecutiva de Ingresos (f 134-138); Consta que la Sección de Reclamos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos emitió Dictamen No. 055-2010, de fecha veintiuno (21) de septiembre del 2010, en el cual manifiesta un Impuesto Adicional a pagar de cuarenta y cuatro millones veinticinco mil ochenta y cinco lempiras con cincuenta y cinco centavos ( L. 44,025,085.55) (f 156-176); Consta que en fecha ocho (98) de diciembre del 2010 la Dirección Ejecutiva de Ingresos emitió el respectivo Dictamen Legal No. DEI-SAL-124-2010, el cual dictamina Declarar Parcialmente Con Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil Gas del Caribe S.A. de C.V.(f 141-155); Consta que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en fecha catorce (14) de diciembre del dos mil diez, emitió Resolución No. 5992-2010, la cual declara parcialmente con lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. (f 173-194); Consta que en fecha treinta (30) de diciembre del dos mil diez, el Apoderado legal de la parte demandante, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución DEI-SAL-5992-2010 (f 199); Consta que en fecha once (11) de diciembre del dos mil doce la Secretaria de Finanzas emitió Resolución No. A.L 157/2012, en la cual resuelve declarar parcialmente con lugar el Recurso de Apelación, Confirmar totalmente los ajustes determinados de Impuestos Sobre la Renta, Retenciones y Aportación Solidaria Temporal, entre otros, quedando un saldo neto a pagar de diez y seis millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos lempiras con ochenta centavos (L.16,268,942.80) y da por agotada la Vía Administrativa (f 246-262); que en el caso de autos no existe infracción al ordenamiento jurídico al haberse emitido el acto mediante el cual se determinó pagar los ajustes a varios impuestos comprendidos entre los años 2004, 2005, y 2006, entre los cuales están Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Sobre Ventas e Impuesto a la Conservación del Patrimonio Vial (ACVP), los que fueron determinados a razón de una Auditoria Integral que Realizo la Dirección Ejecutiva de Ingresos a la Sociedad Mercantil Gas del Caribe S.A de CV., en donde se verifico que dichos remanentes faltaban a la Administración Tributaria, tal como consta en el Dictamen de la Sección de Reclamos, ya que está probado en autos que la parte demandante rechaza el ajuste en los descuentos sobre ventas de gas a granel, argumentando que Tropigas contabilizo dichos valores como ingreso no gravable, no constituyendo ingreso para Gas del Caribe, sin embargo, aun y cuando ambas empresas estén vinculadas económicamente, no se puede perder de vista que son empresas completamente independientes, con derechos y obligaciones para con el fisco distintas una de la otra, debiendo cumplir cada una por su parte con sus obligaciones tributarias establecidas en Ley, no existiendo por lo tanto una doble tributación, esto por un lado, y por el otro, en la renta correspondiente al año 2005 los auditores verificaron que existen ventas que no fueron registradas como ingresos, de igual forma en cuanto al Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial (ACVP), la parte demandante no presento la documentación necesaria para desvanecer la totalidad de los ajustes formulados por la parte demandada en vía administrativa; En cuanto a la Prescripción alegada por la parte demandante, está probado en autos que la Dirección Ejecutiva de Ingresos realizo acciones y practico diligencias en sede administrativa dentro de los cinco (5) años, por lo cual según la norma establecida en los artículos 136, 144, en relación con el 145 del Código Tributario, la misma no es prescrita; En virtud de lo antes expuesto el acto impugnado esta dictado conforme a derecho, lo que hace que la presente acción sea Improcedente. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 10 de abril del año 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a la legislación relativa a la interrupción de la prescripción en materia tributaria, fueron derogados y con esa expresa derogación desapareció la figura de la interrupción de la prescripción, la DEI emitió el acuerdo conforme a sus atribuciones que establece deudas de impuestos sobre la renta por el año 2004 y por el aporte a la conservación del patrimonio vial, por ser un aporte mensual, tiene prescripción legalizada con vencimiento al mes de noviembre del 2005, también dicho acuerdo contiene condiciones que conlleva la obligación que la Dirección Adjunta de Cumplimiento deberá estar actualizando dicha tabla, por lo que se infiere que la manifestación mediante la cual la sociedad Gas del Caribe S.A. de C.V., solicitó a la Secretaría de Finanzas la extinción de las obligaciones tributarias principales y accesorias en virtud de haber operado la figura de la prescripción a favor del contribuyente presentada ante la Secretaría de Finanzas por Gas del Caribe para que fuera agregada a autos, no fue resuelta en vía administrativa es totalmente procedente ya que es innegable que la prescripción sobre los ajustes formulados en contra de los impuestos sobre la renta, aporte a la conservación del patrimonio vial y retenciones del impuesto sobre la renta sobre los años 2004, 2005 y 2006 operó al cumplirse cinco años a partir de la fecha de la presentación de las declaraciones como señala el artículo 139 del Código Tributario vigente al momento en que se cumplió el plazo de la prescripción. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA, en fecha 31 de mayo del 2018, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 10 de abril del año 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.025-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.003-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 31 de mayo del 2018, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, presentó en fecha 25 de julio del 2018, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 31 de julio del 2018, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 6 y 9 de agosto del 2018, los Abogados JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA y MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 4 de septiembre del 2018, teniendo por personados a los Abogados JOSE MANUEL ALVAREZ ZELAYA como recurrente y MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “La violación por falta de aplicación de la norma procesal que regula el contenido y forma de la Sentencia: causal comprendida en el artículo 719 literal numeral 1 literal c del Código Procesal Civil. Violación del artículo 206 ordinal 1 del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera. La ley impone al Juzgador los requisitos que deberá contener la sentencia: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD, la Violación por omisión de las normas contenidas en el artículo 206 ordinal 1, del Código procesal Civil, de los requisitos internos de la Sentencia resulta en la violación del precepto señalado. El artículo citado como violado es claramente aplicable al presente caso, habida cuenta que del fallo impugnado se infiere la falta total de los requisitos aplicables a la sentencia, prescindiendo la Ad Quem del cumplimiento procesal, cuando en los fundamentos de derecho desde los acápites cuatro (4) al doce (12) del fallo impugnado, se limita a trascribir lo alegado por los apoderados legales de las partes y pierde la CLARIDAD pues no se determina cual es el análisis, argumentación o motivación propia del tribunal, donde comienza y donde termina la pretensión de las partes y donde comienza la motivación del Ad-Quem, que defina con claridad lo expuesto por las partes en el recurso y contestación del mismo.- Esta falta de Claridad conlleva a la falta de PRECISIÓN pues las sentencias de conformidad con la ley deben definir con exactitud las pretensiones de las partes en el caso específico, la A-Quem no establece de manera fáctica ni jurídica en la sentencia impugnada el principio de contradicción entre los conceptos para definir la existencia de un hecho imponible o la existencia de una manera diferente de hacer registros contables, que llevo a la administración tributaria a formular inconsistentes reparos o ajustes que ella misma fue desvaneciendo con la misma información contable, que proporcionó mi representada, por lo que consideramos que la Ad Quem, ha incurrido en error de Imprecisión y este debe enmendarse. De igual manera al definir quiénes son las partes en el recurso de apelación hace referencia a hechos ajenos al presente caso y señala corno sentencia o fallo apelado uno distinto al que nos ocupa, lo que evidencia la falta de revisión del mismo. Así mismo la sentencia recurrida, adolece del requisito de EXHAUSTIVIDAD, pues al no ser clara ni precisa, no define con la profundidad necesaria, para que los operadores de justicia entendamos con la debida propiedad, específicamente en la materia tributaria, cuales son los límites de la facultad fiscalizadora de la administración tributaria, cuales son los mecanismos de defensa frente a la arbitrariedad, o como, en el presente caso que aconteció para que bajo los mismos conceptos, la misma administración tributaria estableciera ajustes por 142 millones de lempiras y con la misma información contable existente en la contabilidad de mi representada hayan concluido que solo son 23 millones, por lo que el fallo recurrido mediante este Recurso, ha infringido la exhaustividad que requiere toda sentencia, pues en sus consideraciones se refiere únicamente a que existe la resolución emitida por la Secretaría de Finanzas, sin establecer en los fundamentos facticos y jurídicos las razones que la hicieron llegar a ese convencimiento.” 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: a) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal; c) se acusa a la sentencia por defectos en su “contenido y forma”, resultando confuso ya, que no las especifica dado que la forma y el contenido en las sentencia están reguladas por distintas disposiciones del Código Procesal Civil, no obstante ser defectos formales en términos generales; y d) en el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante en que se sustenta el motivo. 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “La violación por falta de aplicación de la norma procesal que regula el contenido y forma de la Sentencia se encuentra comprendida en el artículo 719 literal c del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Violación del artículo 206 numeral 2 del Código Procesal Civil. La ley impone al Juzgador los requisitos que deberán contener la sentencia y la violación por omisión de las normas contenidas en el artículo 206 numeral 2, del Código Procesal Civil por omisión de los requisitos internos de la sentencia, conlleva la violación del precepto señalado. Esta norma, tiene un alto contenido de lo que es justicia, de conocimiento de la ley aplicable al caso concreto, específicamente en materia tributaria o fiscal, que permite al juzgador tomar el fallo o decisión más justo, y que les permite aun cuando la norma aplicable al caso no haya sido acertadamente citada o alegada, y le impone el deber al juzgador como garante de la Constitución, del debido proceso, y del ordenamiento jurídico, resolver conforme a las normas aplicables al caso, pues la definición de que un registro contable a criterio de unos, se constituye en un hecho imponible, cual es el fundamento legal para tal determinación, en el análisis de la información contable proporcionada por mi representada frente al mismo ajuste, frente a la misma documentación, a criterio de diferentes auditores, nombrados por la misma administración tributaria, se llegan a conclusiones diferentes. - En este orden de cosas en los años 2004, 2005 y 2006 mi representada registro sus ventas y costos de venta de la misma manera, y de la investigación contable se pudo determinar que si mi representada, como distribuidora al por mayor y a granel, de gas licuado, registraba parte de sus ventas corno costo de trasporte y generaba un crédito a favor de la empresa Tropigas SA., que era la que proporcionaba el servicio de trasporte, y que se dedica a la venta al por menor y al envase de gas, dicho costo esta última lo registraba como ingreso, por tal razón donde se encuentra el hecho imponible, cual es la legislación aplicable, o cual es el fundamento jurídico que tenía la DEI para determinar un ajuste millonario en tales registros contables, en las mismas circunstancias la administración tributaria y SEFIN, cuales registros consideraron correctos y cuáles no, que tal como establece esta disposición aun cuando no hayan sido alegados por las partes, pero que en aras de la Justicia es menester definir pues tal como se alegó desde el recurso de reposición interpuesto en la vía administrativa, existe un claro abuso de poder y las resoluciones impugnadas se dictaron prescindiendo totalmente del ordenamiento jurídico, lo que se constituye en una injusticia y se vuelve un acto anulable por disposición de ley, y sobre los cuales no hubo pronunciamiento alguno en el fallo impugnado, no es posible determinar la motivación del Ad-quem, no se definió en acápites separados, que valoración existe en el fallo.- Ante tal circunstancia de la falta de determinación de las normas aplicables al presente caso, se rompe el equilibrio de la balanza de la Justicia y se terminan las posibilidades de defensa de las personas sometidas a un régimen tributario o fiscal en algunos casos arbitrario.” 4.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, por las razones siguientes: a) se omite en el precepto autorizante (artículo 719 del Código Procesal Civil), el numeral en que se sustenta el motivo; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal; y, d); en el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante invocado, como fundamento del cargo. 5.-Que en un tercer motivo se esgrime: “La violación por falta de aplicación de la norma procesal que regula el contenido y forma de la Sentencia se encuentra comprendida en el artículo 719 literal c del Código Procesal Civil. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Violación del artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. La ley impone al Juzgador los requisitos que deberán contener la sentencia y la violación por omisión de las normas contenidas en el artículo 207 numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil por omisión de los requisitos internos de la sentencia, conlleva la violación del precepto señalado. Este motivo lo invocamos pues en la sentencia impugnada en cuanto a los fundamentos de derecho de los numerales cuatro al doce la Ad-Quem se limita a relacionar lo expresado por las partes en el escrito de formulación de agravios y en la contestación y no hace la debida separación de cada uno de los puntos en que se fundamentó la pretensión de cada una de las partes, no existen los razonamientos fácticos y jurídicos que utilizó el tribunal para apreciar y valorar las pruebas, limitándose a expresar en uno de sus acápites que mi representada no probo lo alegado en cuanto a lo injusto de los ajustes, sin tomar en consideración que en la materia fiscal administrativa existe la particularidad de acompañar los expedientes administrativos, donde mi representada presentó toda la información contable de los años 2004, 2005 y 2006, y donde justifica, acredita y prueba lo injusto de los ajustes, en cambio la administración tributaria y la SEFIN se limitaron a determinar cantidades sin especificar el verdadero contenido de los ajustes, la legalidad o legitimación de los mismos y al confirmarlos en las resoluciones DE1-SAL-5992- 2010 y AL 157/2012, que es el acto impugnado, y que para la Ad-quern es suficiente, su existencia para determinar que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, sin apreciar ni valorar todas las pruebas documentales proporcionadas y señaladas por mi representada tanto en vía administrativa como en la judicial, por lo que la falta de apreciación y valoración individualmente y en su conjunto de las mismas, su definición para determinar los razonamientos fácticos y jurídicos para dictar un fallo conforme a derecho, y se limita a argumentar que no se probó lo alegado por el apelante, cuando toda la información contable ha sido debidamente presentada faltando al principio de libre valoración, a las reglass de la sana critica, del conocimiento de las leyes de la materia, que llevara a la Ad-quem a dictar un fallo motivado de manera precisa y razonada. Por tal razón consideramos que la Sentencia impugnada no ha cumplido con los requisitos de MOTIVACIÓN, fácticos, jurídicos exigidos por el artículo 207 del Código Procesal Civil.” 6.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, por claridad y precisión: a) se omite el numeral del artículo 719 del Código Procesal Civil, en que se sustenta el motivo; b) se indican los numerales 1) y 2) del artículo 719 Código Procesal Civil los cuales, contienen situaciones jurídicas distintas que se deben precisar; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal; y, e) en el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante invocado. 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. 8.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. 9.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 28 días del mes de septiembre del 2021; certificación de la resolución de fecha 14 de mayo del 2021, recaída en el Recurso de Casación número CA359-2018. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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