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Sentencia CA-336-21 — Registro 13779

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por el demandante por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se impugna la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, resultando inapropiado debiéndose formular si es, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Las disposiciones que se indican como infringidas, los artículos 64, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, aún y cuando determinan declaraciones, derechos fundamentales de las personas ( debido proceso), responsabilidad del Estado y sus servidores no tiene incidencia en la solución del fondo del asunto; c) La norma indicada en el precepto autorizante resulta inadecuada para sustentar el motivo: y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS Y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El señor JOSÉ ANTONIO MANZANARES MATAMOROS, representado en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial contencioso administrativo para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se condene al Estado de Honduras a que se le reintegre o restituya en su cargo y se decrete también la nulidad del acto por el cual se hubiere designado el sustituto, más el pago de los sueldos dejados de percibir que le correspondían a partir de la fecha de la cancelación injusta hasta la fecha que sea reintegrado al cargo, más el pago de los derechos adquiridos, como decimotercer y decimocuarto mes de salario y vacaciones que le correspondían y se le reconozca también los aumentos que autorizó la DEI durante la sustanciación del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JOSE ANTONIO MANZANARES MATAMOROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de servicio en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante acuerdo de nombramiento DEI-RRHH-N°842/2011, de fecha 09 de septiembre del 2011, como Técnico en Software, devengaba un salario mensual de L.20,129.00; que mediante acuerdo de cancelación DEI-N°299/2014, de fecha 24 de noviembre del 2014 y notificado en fecha 27 de noviembre del 2014, fue despedido el demandante sin ninguna responsabilidad para la institución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera; por la causal de inasistencia los días 01, 13 y 17 de octubre del 2014 y por reincidencia por acumulación de once llegadas tardes en un mes, los días 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, del mes de octubre del 2014, sumando dos horas con once minutos computados; manifestó, que la Gerente General de la DEI Angela Maria Madrid López, cargo que no existe dentro de la estructura orgánica de la Institución, fue quien firmó el Acuerdo de Cancelación por despido del cargo y quien tampoco puede ostentar la representación legal de dicha Institución, porque según la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público en su artículo 72, establece que quien la representa es el Director ejecutivo; argumentando que se aplicó arbitrariamente normas legales que no rigen el acto impugnado al quererle aplicar ese Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; y complementó y aclaró que la potestad debe de ejercerse dentro de los límites de la Ley que se desarrolla o ejecuta, no se puede ir mas allá de sus previsiones ni tampoco restringir su verdadero alcance y que esas disposiciones no pueden estatuir contra los Principios Generales del Derecho, la irretroactividad de la Ley. Además, manifestó que, si inició la relación de trabajo con la DEI, el 09 de septiembre del 2011 y el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, fue aprobado mediante acuerdo de fecha 01 de marzo del 2012 y su vigencia entro el 07 de marzo del 2012; por lo tanto, el acuerdo de cancelación por despido es susceptible de nulidad y no está ajustado a derecho y que el procedimiento que debió seguirse era lo establecido en el Capitulo IV, artículo 10 de la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, la cual establece que todo el personal de la DEI quedará sujeto a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y sus Reglamentos; asimismo alegó, que el acuerdo de cancelación fue dictado con exceso de poder, sin respetar los procedimientos permitidos en el ordenamiento jurídico y por esa razón es nulo de pleno derecho, porque no se podrán ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías constitucionales; que como Servidor Público y titular de un Derecho Subjetivo protegido por el ordenamiento jurídico como ser: La Constitución de la República, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y que esos derechos le fueron lesionados por el acto impugnado, eso significa que el derecho subjetivo debe existir con anterioridad a la emisión del acto administrativo impugnado que contiene la cancelación de despido del cargo que ostentaba el demandante, el cual está protegido por la Ley de Servicio Civil y que previo a la imposición de sanciones disciplinarias debe seguirse un procedimiento y que al no seguirse tal procedimiento violaron la Ley de Servicio Civil.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta que el demandante ingresó a la DEI el 09 de septiembre del 2011, mediante acuerdo de nombramiento DEI-RRHH-N°842/2011, en el cargo de Técnico en Software y que fue cancelado mediante acuerdo de cancelación DEI-N°299/2014, de fecha 24 de noviembre del 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, por las causales que el mismo demandante alegó, siendo probadas tales faltas; alegó también, que si bien es cierto que el Artículo 72 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público Decreto No. 17-2010, ya establece que la representación legal está a cargo de un Director Ejecutivo, también es cierto que el mismo representante de la DEI puede legalmente delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos y que es el presente caso, al delegar mediante Acuerdo No. DEISG-185-2014, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, a la funcionaria Angela Maria Madrid López; por lo que lo alegado por la demandante, está fuera del contexto legal y que en ningún momento se aplicaron normas arbitrarias que no rijan el acto motivo de impugnación, en vista de que el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, regula la relación de servicio entre la DEI y sus funcionarios y empleados según el artículo 1 de dicha ley; y que además, se aplicó el artículo 96 de la Constitución de la República y que en consecuencia las leyes nuevas se aplican a hechos futuros no anteriores, sobre la base de la seguridad jurídica y que en el caso del demandante, la ley se aplicó a hechos futuros, hechos consistentes en faltas graves imputadas, que se dieron después de entrada en vigencia del Acuerdo No. 1184 contentivo del Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, el cual rige la relación de servicio entre la DEI y sus funcionarios y empleados; argumentó, que el demandante erróneamente manifestó que se debió de seguir el procedimiento en base al Capítulo IV, Artículo 10 de la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, en total desconocimiento de que dicha norma legal fue derogada en el Artículo 86 numeral 3 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público; por lo que la norma aplicable, como se reiteró, es el Acuerdo No. 1184 contentivo del Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera y que el demandante hace es relacionar la aplicación de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, normas legales que no tiene validez legal al momento de emitir el Acuerdo DEI-No.299/2014, de Cancelación por Despido al demandante del cargo de Técnico en Software, en vista que se le aplicó la norma aplicable al momento de la comisión de las faltas graves cometidas por el demandante, indicándole que se le reconoce los derechos sin responsabilidad alguna para el demandado y que conforme a derecho, no le corresponden; todo en virtud de no haber desvirtuado los cargos en la Audiencia de Descargos celebrada en fecha 14 de noviembre del 2014, para lo cual fue citado en legal y debida forma el 11 de noviembre del 2014 y en el cual no logró desvirtuar las faltas cometidas; seguidamente, emitieron DICTAMEN DEI-DL-RRHH-050-2014, de fecha 20 de noviembre de 2014, declarando en el mismo procedente la aplicación de los artículos 91 y 99 del Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera al empleado Manzanares Matamoros, culminando con el Acuerdo de Cancelación por Despido mencionado por las siguientes causas: a) Por inasistencia injustificada durante dos días consecutivos o tres días alternos en un mes específicamente los días 01, 13 y 17 de octubre de 2014, incurriendo en la causal establecida en el Artículo 91 numeral 1 del Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera. b) Por la reincidencia en la comisión de faltas graves debido a la acumulación de once llegadas tarde en un mes, los días 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 del mes de octubre del 2014, sumando un total de dos (2) horas con once (11) minutos computados; incurriendo en la causal establecida en el artículo 91 numeral 3 del Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera; alegó que el demandante quiere hacer valer un derecho que no le corresponde y que la parte demandada si actuó conforme a derecho siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto y que se harán valer en el expediente administrativo de mérito, en el momento procesal oportuno, que señala categóricamente el procedimiento que se siguió al cancelar sin responsabilidad para la parte demandada.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de mayo del 2018, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Acción incoada por el ciudadano JOSÉ ANTONIO MANZANARES MATAMOROS, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el ACUERDO DE CANCELACIÓN No. 299/2014 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce emitido por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, mediante el cual se cancela al ciudadano JOSÉ ANTONIO MANZANARES MATAMOROS del cargo de TÉCNICO EN SOFTWARE. SEGUNDO: Absolver a la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, del pago por los conceptos reclamados por el Demandante. TERCERO: Se exime del pago de Costas, a la parte Demandante vencida en juicio, por tener motivos suficientes para litigar…”; bajo el criterio que el demandante alega que su acuerdo de cancelación por despido, fue emitido por una persona no autorizada legalmente para ello, aunado a que el proceso disciplinario que se le aplicó, se hizo infringiendo el principio de irretroactividad de las leyes consignado en el artículo 96 de la Constitución de la República. No obstante, tras realizar una valoración sobre los medios de prueba aportados al proceso se concluye que conforme al Acuerdo Número DEI-SG-185-2014 (ver folio 72 al 73 del Expediente Judicial que contiene el Expediente Administrativo), la ciudadana Angela Maria Madrid López, sí tenía facultades para suscribir el Acuerdo de Cancelación por Despido objeto del presente juicio. Lo anterior, de conformidad a la facultad atribuida a los órganos superiores, en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Continuando con la revisión de las alegaciones y los medios de prueba aportados al proceso, se concluye que el demandante pretende invocar el principio de irretroactividad basado en la fecha en que fue nombrado en el cargo de Técnico en Software. No obstante, como todo principio, la irretroactividad también tiene sus límites, siendo una de estas su aplicación a partir de los hechos que se generen luego de la vigencia de la ley positiva, en este caso el Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, el cual adquirió su vigencia en fecha siete de marzo de dos mil doce. Siendo que los hechos sucedieron en octubre de dos mil catorce, aproximadamente dos años luego de la entrada en vigencia de la Ley aludida, el procedimiento seguido por la Autoridad Nominadora en cuanto la Ley aplicable, es el correcto (el Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera). Ello debido a que como antes se dijo, el principio irretroactividad de la ley consiste en no aplicar disposiciones a hechos sucedidos con anterioridad a la vigencia de una Ley. En el caso particular, el Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera es aplicable a todos los hechos sucedidos y relacionados con esta Ley, a partir del siete de marzo de dos mil doce. En cuanto a las faltas atribuidas en el acto impugnado, dichas ausencias y llegadas tardías se encuentran debidamente acreditadas a folios 43 al 50 y 53 al 57 del Expediente Principal que contiene el Expediente Administrativo. De ahí que las causales establecidas por la autoridad nominadora para emitir el acto impugnado se encuentran conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Que la Ley de Procedimiento Administrativo señala que se "presume la legitimidad de los actos administrativos", por lo tanto, es la parte que alega su nulidad e ilegalidad la que tiene la obligación de quebrantar tal presunción de legitimidad. Con los medios de prueba aportados por la parte demandante, la Suscrita concluye que no se quebrantó tal principio, ya que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, al emitir el acto administrativo impugnado, lo hizo apegado a derecho.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 11 de marzo del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que este Tribunal hace suyos los argumentos utilizados por la A-quo, en cuanto a que el acto administrativo impugnado fue emitido por autoridad incompetente, en el sentido que en materia de Derecho Administrativo existe la figura de la delegacion, ya que consta a folios 72 y 73 de la pieza principal de autos el acuerdo de delegación de la Ministra Directora Miriam Guzmán Bonilla, quien ostenta las atribuciones de remover al personal de la DEI (artículo 79 numeral 8 del régimen especial laboral de la carrera administrativa, tributaria y aduanera), a la Gerente General de la DEI ciudadana Angela Maria Madrid, delegación que está contemplada para un periodo específico, del 22 al 30 de noviembre del 2014, habiendo sido cancelado el demandante en fecha 24 de noviembre del 2014 y fue la señora Angela Maria Madrid, quien firma el acuerdo de cancelación, es decir, el acto impugnado está emitido por autoridad competente. Que por los antecedentes de hecho y de derecho que anteceden, es procedente CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación por estar emitida conforme a derecho.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha 27 de abril del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 11 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 019-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.010-2015, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 28 de abril del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, presentó en fecha 11 de junio del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 14 de junio del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 22 de junio del 2021, los Abogados ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 13 de septiembre del 2021, teniendo por personados a los Abogados OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, como recurrente y ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, como recurrida; en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.2, letra b) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Los Magistrados emisores de la sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso y específicamente el de legalidad con que deben actuar los Funcionarios Judiciales, tutelados por los Artículos 64, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Ya que la Sentencia de Segunda Instancia, resulta ser incongruente, como sucedió con la de primera instancia al sustentar su criterio en el Régimen Especial Laboral, de la carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, creada mediante Decreto Ejecutivo, suplantando así y véase por un reglamento la jerarquía de la ley, no importando llevarse de encuentro nuestra Carta Magna. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Al haber indebida aplicación por parte de la Corte de Apelaciones Sentenciadora a Normas de naturaleza procesal que regulan el contenido formal de las sentencias preceptuado por el Articulo 200 numeral 2, letra c) del Código Procesal Civil, se emite un fallo incongruente con lo pretendido en el fondo por la parte demandante, apelante en el juicio a que dicho fallo pone fin, pues se resuelve sobre una actuación judicial basado únicamente en un REGIMEN ESPECIAL LABORAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y ADUANERA, sin tener en consideración las actividades que desempeñaba el demandante, además no debió desconocer la Corte de Apelaciones sentenciadora que dicho régimen es dictado por el Poder Ejecutivo, quien nunca y previamente desarrolló los preceptos contenido en ley alguna para su aclaración y complementación, por lo cual no se puede ir mas allá de sus previsiones ni restringir su verdadero alcance. Los Señores Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo fallan declarando sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante, es decir parte apelante y como consecuencia confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con fecha treinta y uno (31) de mayo del dos mil dieciocho (2018), bajo el único y exclusivo argumento que al demandante no le es aplicable el principio jurídico de la irretroactividad, apreciado a su manera en el fallo recurrido.- Que el decreto N°17-2010 del 28 de marzo del 2010, contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y en dicha ley se creó la DEI (artículo 74), como una entidad desconcentrada bajo un régimen especial con autonomía funcional, Técnica Financiera y Administrativa, adscrita a la Secretaria de Estado en el Despachos de Finanzas. En la referida Ley, se le confirió al Director Ejecutivo la atribución de emitir el Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera con aprobación del presidente de la Republica. Como consecuencia de ello mediante acuerdo N° 1184, el Presidente de la Republica emitió el Reglamento del Regimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera como instrumento de la regularización de la relación de servicios entre la DEI y sus empleados, se señala lo anterior puesto que si bien, el Juzgado conoce y acepta la existencia y el contenido del Reglamento del Regimen Especial Laboral de la Carrera, Administrativa, Tributaria y Aduanera, no es menos cierto que dada la relación de subordinación que debe de existir entre dicho reglamento y la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico, dicho reglamento al tener la condición de ejecutivo o Secundum Legem, puesto que desarrolla la prorrogativa conferida por la ley de fortalecimiento, no puede ni debe de ir mas allá de los limites propios que le ha fijado la ley, y fijar de manera autónoma ese régimen especial al cual están sometidos los empleados dela DEI, se apunta lo anterior pues de ser así, dicho Reglamento tendría vicios de nulidad al estar por encima de los límites de la potestad reglamentaria establecidas en los artículos 34 e) y 40 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y aunque tenga vigencia y se encuentre dotado de legalidad, trasmite dichos vicios de nulidad a los actos de carácter particular como el que hoy se revisa, se dicten en su aplicación y que tiendan a cancelar a un servidor público bajo los argumentos establecidos en el acto administrativo impugnado el que acarrea vicios de nulidad tal como lo prevé el articulo 30 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Es importante señalar que, en casos similares, sobre todo de reglamentos que ha ido mas allá de las disposiciones del Ley de Servicio Civil, los órganos de esa jurisdicción, en reiterada línea jurisprudencial, ya ha dejado plasmado que un reglamento no puede ir mas allá a lo establecido en la Ley. Es más el referido reglamento en su artículo 116 se avoca de manera supletoria a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para llenar aspectos que el reglamento no dirima. Que en ese sentido mi representado al desempeñar un cargo opuesto que se encuentra bajo el Regimen del Servicio Civil goza de la estabilidad de su cargo no pudiendo ser removido sin antes haberse evacuado los procedimientos legalmente establecidos. Lo que de conformidad con el articulo 34 c) de la Ley del Procedimiento Administrativo señala que el acto es nulo cuando haya sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, es decir, el procedimiento para cancelar por despido o cesantía a un servidor público el cual no se ha observado por la parte demandada para emitir el acto que hoy se impugna. PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL RECURSO, POR HABER VIOLACIÓN A LAS REGLAS PROCESALES DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO. La sentencia recurrida nos se encuentra dictada de conformidad a derecho porque al dictar dicha sentencia no juzgaron dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición sin tomar en consideración los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que respectivamente cada parte apoyó sus pretensiones.- Ya que con el fin de no dejar al libre albedrio o capricho de los rectores de las entidades públicas centralizadas, y aplicando el concepto jurídico doctrinario "pro induvio operati, pro induvio laborati", en el sentido de que cuando haya conflicto de normas o no exista claridad, se aplicara lo que más favorezca al trabajador”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se impugna la aplicación e interpretación de las normas que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, resultando inapropiado debiéndose formular si es, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Las disposiciones que se indican como infringidas, los artículos 64, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, aún y cuando determinan declaraciones, derechos fundamentales de las personas ( debido proceso), responsabilidad del Estado y sus servidores no tiene incidencia en la solución del fondo del asunto; c) La norma indicada en el precepto autorizante resulta inadecuada para sustentar el motivo: y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- III. Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “1).- Que la solicitud de Nulidad Absoluta de Actuaciones de la sentencia impugnada consistente en la sentencia de fecha once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel Nacional, se fundamenta con lo siguiente: 1).- Porque los Reglamentos no pueden derogar, suspender, ni modificar las leyes o Reglamentos dictados por una autoridad superior tal como es la Ley de Servicio Civil que fue aprobada por el Congreso Nacional que en ningún momento han sido reformados por el mismo Congreso Nacional, por lo tanto las normas de dicha Ley son vigentes; 2).- Un reglamento no puede estatuir contra los principios generales del derecho por ejemplo: La irretroactividad de la ley 3).- El reglamento de ejecución no puede alterar el espíritu de la Ley, variando su sentido y alcance esencial; por ejemplo: Las normas de la Ley de Servicio Civil no se puede alterar el espíritu de las mismas, variando su sentido y alcance esencial por un reglamento ejecutivo como el que le quiere aplicar a mi representada en la sentencia dictada por ese Juzgado. 4).- Los reglamentos no deben contrariar las disposiciones expresas o virtuales de la Constitución, ni regular las posiciones subjetivas de la administración o de los particulares finalmente con todo lo expuesto los servidores públicos que rectoran la administración pública o las autoridades que dirigen los órganos jurisdiccionales, al aplicar la ley a casos concretos empezaran fundamentándose primero con la Constitución de la Republica, después con las leyes y finalmente con los Reglamentos siempre y cuando estos no alteren el espíritu de la Ley ni variar su sentido y alcance esencial de la Ley que se está reglamentando. Quedando evidenciado que la sustentación jurídica de la sentencia que ahora estamos recurriendo primero se toma en consideración un Regimen Especial Laboral, de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, que jerárquicamente está por debajo de la Constitución de la Republica y la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. El artículo 314 de la Constitución de la Republica establece que: Es facultad privativa de los Tribunales de Justicia Juzgar y ejecutar lo juzgado. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos. Así mismo el artículo 315 de la misma la Constitución de la Republica también dice que: "En caso de incompatibilidad de una norma constitucional y una legal ordinaria el Juez aplicara la primera". Con este precepto constitucional se establece la supremacía constitucional o jerarquía de las leyes lo que quiere decir que se deben prevalecer las normas constitucionales sobre las normas secundarias y faculta al Juez para aplicar directamente la norma constitucional, para crear derechos al llenar lagunas legales en casos concretos al impartir justicia. Igualmente aplicaran la norma legal sobre toda otra norma subalterna. Lo que da a entender que los Reglamentos que desarrollan las normas secundarias en detalle no pueden contradecir las leyes, pues deben emitirse según Ley y no decir más ni regular lo contrario a la Ley. Por ejemplo, en el presente caso, la Honorable Corte de Apelaciones, debió aplicar la ley secundaria como es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento porque estas prevalecen sobre el Regimen antes relacionado, que fue creado mediante Acuerdo Ejecutivo el que se extralimita al espíritu y sentido de las normas contenidas en la ley de Servicio Civil que jerárquicamente está por encima de dicho Regimen. Por lo tanto, se concluye que el acuerdo de cancelación de mi representado es totalmente ilegal y está viciado de nulidad porque el hecho de que en el uso de las facultades delegadas si en su caso existieran lo que no está acreditado en autos, no quiere decir que es absoluto para no respetar las leyes, si la Señora Ministra Cuando fue nombrado en el Cargo de Directora con categoría de Ministro en la Dirección de Egresos e ingresos (DEI) cuando presto su Promesa de Ley manifestó: "PROMETO SER FIEL A LA REPUBLICA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES" .- Pero en el Acuerdo de Cancelación ha hecho lo contrario al no respetar La Constitución, ni las leyes. Como ser la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. - Ya que en aplicación Aun del artículo 34 inciso c) relacionado con el artículo 40, inciso a) de la Ley de Procedimiento Administrativo a calificado este tipo de actos como nulos. Porque se infringe lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la república por cuanto no se deben aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden que regula el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República si los disminuyen, restringen o tergiversan los derechos de los particulares. 2.- No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. (Artículo 64 de la Constitución de la Republica.). 3.- Que nadie puede ser juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. (Artículo 90 de la Constitución de la Republica.). 4.- Que los Servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo auto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. (Artículo 321 de la constitución de la Republica.). 5.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda personal para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la Tutela Jurídica de sus intereses a través de una resolución, pronta, completa e imparcial. 6.- Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública, sujetos al derecho administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes, y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición. 7.- que los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión. 8.- Que de conformidad con el principio dispositivo ese Tribunal de Casación podrá decidir en relación con los pronunciamientos que ha sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad a la Ley puede entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación en interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Que por las razones y consideraciones jurídicas antes relacionada, es procedente que ese Tribunal de casación proceda anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda a dictar otra sentencia de conformidad a derecho”.- IV. Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por la representante procesal recurrida. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA 336-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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