Sentencia CA-308-17 — Registro 12839
Resumen
En primera instancia se declarar procedente la acción incoada por la Sociedad Servicios Materiales y Construcción, S. DE R.L. (SERVIMACO), por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistentes en la Resolución emitida por el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS),se confirma en seguda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Los recursos en la jurisdicción contencioso administrativo se regirán por la legislación procesal civil. Siendo el recurso de casación un recurso devolutivo, en las disposiciones comunes a éstos, el recurso requiere como regla general de fundamentación: a) la fundamentación de lo pedido; b) determinar el perjuicio o agravio sufrido; c) identificación del vicio o error que lo causa; d) identificación con total precisión el pronunciamiento o para de él que se impugna. IV. Otro requisito formal del recurso de casación contencioso administrativo es relacionar las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. V. Las causales del recurso de casación son: a) impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales y, b) impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. ..". Que los requisitos de forma que la ley exige para el recurso de casación contencioso administrativo deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, el impetrante no cumple con los requisitos señalados en los artículos 704 y 719 del Código Procesal Civil, ya que omite consignar: a) la fundamentación de lo pedido; b) determinar el perjuicio o agravio sufrido; c) identificación del vicio o error que lo causa; d) relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida; y, e) causal de casación contencioso administrativo. VII. Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación contencioso administrativo que nos ocupa.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y RAFAEL BUSTILLO ROMERO, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ; y, Recurrido: la Sociedad SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. (SERTVIMACO), representada en juicio por la Abogada CLARIBEL MEDINA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria de nulidad e ilegalidad de un acto administrativo por infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se condene al Estado de Honduras al pago de la cantidad adeudada, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada CLARIBEL MEDINA, en su condición de representante procesal de la sociedad SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. (SERTVIMACO), contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), anteriormente DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE (DINADERS). ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La empresa demandante manifestó en el escrito de su acción, que la parte demandada le compró varios productos, los cuales se detallan en la factura y amparadas en las órdenes de compra números 221-07, 220-07, 222-07, 117-07, 240-07, 219-07, 239-07, 178-07, 238-07, que fueron firmadas y selladas por persona autorizada en el momento en que se realizó la compra, y por cada orden de compra se emitió la correspondiente factura que a la fecha no les fue pagadas; manifestó que el 24 de mayo del 2011, presentó ante las oficinas de DINADERS, reclamo administrativo para que se le pagara la cantidad adeudada de L.1,042,500.00, declaró sin lugar dicho reclamo, quien presentó en su momento recurso de reposición el 25 de enero del 2012, que fue declarado sin lugar, por lo que solicitó se condene a la parte demandada a pagar la cantidad adeudada originado de las ventas que hicieron a DINADERS entre junio y julio de 2007. 2.- La parte demandada, el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), contestó dicha demanda señalando que no consta que haya celebrado con la empresa demandante contrato alguno, tal como lo ordena la Ley de Contratación del Estado en el artículo 1, y lo que pretende es el pago de una obligación por lo cual adquirió bienes y servicios a favor de la institución estatal es una obligación civil; y que al haberse declarado sin lugar el reclamo administrativo fue porque tuvo que haberse seguido el procedimiento de concurso privado establecido en la Ley de Contratación del Estado, por lo que la compra no genera ningún efecto jurídico ni obligaciones para PRONADERS, por no haber utilizado los procedimientos legales establecidos en la normativa jurídica; además mencionó que para exigir el cumplimiento de las obligaciones de cualquier pago que deban hacerse, éste prescribirá por el transcurso de 2 años, y en el caso de autos en el 2007, hicieron las compras y en el 2011, presentaron el reclamo administrativo cuando ya había prescrito el pago de dicha obligación; asimismo, manifestó que los contratos celebrados por el Estado deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley y el demandante no acreditó haber regulado la venta a través de un contrato de esa naturaleza; argumentó que el recurso de reposición fue declarado sin lugar, en vista de que el mismo se basó en negociaciones que no cumplieron con lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 195-2006, que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2007, además la representante procesal de la parte demandante no interpuso el recurso de apelación que ordena la ley, mismo que debió presentarlo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, quedando de esa forma firme y consentida la resolución N°DI-006-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, es por ello que no agotó la vía administrativa; asimismo, alegó que la Representante procesal demandante cuando interpuso la demanda de nulidad e ilegalidad, señaló en la suma que es infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, de la cual no es la demandante sujeta a este derecho o no está legitimado para solicitar a este Tribunal el reconocimiento de tal situación según lo establece el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que no tuvieron ningún vínculo contractual ni jurídico con la empresa demandante; asimismo, interpuso la Excepción Material de Prescripción, alegando que la acción es prescrita por haber pasado el término previsto en dicha ley, teniendo la empresa demandante el plazo de dos años para promover la acción legal. 3.- La parte demandada, el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), en fecha 31 de julio del 2012, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando que no corresponde al Juzgado de lo contencioso Administrativo el presente caso en virtud de que el demandante aparentemente vendió algunos insumos a la demandada prescindiendo de lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado, y que no existió ningún contrato que lo vincule a la Administración Pública; que no agotó la vía administrativa al no presentar reclamo administrativo ante el DINADERS, la cual se encuentra supeditada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), porque no interpuso el recurso de apelación tal como lo establece el artículo 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo; asimismo, alegó que se hubiera interpuesto la acción por persona incapaz no representada debidamente o no legitimada, que la demandante en las pretensiones solicita reconocimiento de una situación jurídica individualizada, de la cual al demandante no le asiste el derecho y no está legitimado para solicitar a este Tribunal el reconocimiento de tal situación, ya que no tuvieron ningún vínculo contractual ni jurídico con la empresa demandante; a lo que el Juzgado declaró con lugar la defensa previa alegada consistente en que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no es competente para conocer del presente asunto; desestimó las defensas previas dos y tres, en lo referente a la falta de agotamiento de la vía administrativa y la falta de legitimación. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de febrero del 2015, dictó sentencia definitiva que literalmente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la Sociedad Servicios Materiales y Construcción, S. DE R.L. (SERVIMACO), por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistentes en la Resolución N°DI-007-2011 de fecha 23 de noviembre del 2011, emitida por el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), en consecuencia se anula totalmente. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el pago a favor de la demandante Sociedad Servicios Materiales y Construcción, S. DE R.L. (SERVIMACO), de la cantidad de un millón cuarenta y dos mil quinientos lempiras exactos (L.1,042,500.00), en virtud del suministro de productos veterinarios y ventas de vacas lecheras realizadas al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). TERCERO: Contra la presente sentencia definitiva procede interponer el Recurso de Apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, debiendo a su vez expresar los respectivos agraviados…. SIN COSTAS…”; bajo el criterio que si bien es cierto para el suministro de los mencionados productos no se suscribió contrato alguno, conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado; sin embargo, los mismos han sido perfeccionados en la forma que establece la Ley, a través de facturas de venta, haciendo que las referidas facturas adquieran efectos jurídicos, ya que se ha cumplido con el objeto del mismo, lo cual era el suministro de unos productos veterinarios y la entrega de unas vacas lecheras, por lo cual se le debe de pagar de acuerdo a las facturas que acrediten lo adeudado, en vista que el hecho de que la parte demandada no haya suscrito contrato de suministro de bienes, no es imputable a la demandante, ya que quien tenía la obligación de realizarlo era el ahora demandado, por lo tanto, él tiene el derecho para reclamar esa cantidad derivada del cumplimiento de pago por dicho suministro; asimismo, la parte demandante ha acreditado mediante facturas autenticadas una deuda que oscila en la cantidad de L.1,042,500.00, en base a ello es que este Tribunal establece que se le debe de pagar a la demandante la cantidad antes mencionada en conceptos de pago por el suministro de insumos veterinarios y por la venta de vacas lecheras al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS). 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 20 de junio del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que es evidente que se trata de una obligación administrativa, por ser una de las partes del Estado de Honduras, está demostrado las órdenes de compra realizadas por la Institución del Estado y sus respectivas facturas de donde también se deriva que se hicieron las cotizaciones que exige la Ley de Contratación del Estado, ante la compra directa, de la misma manera consta la entrega del producto de forma inmediata, tal como así se deriva de las facturas y que por lo tanto al no alegar ni probar la parte demandada lo contrario, se presume el recibimiento del producto, perfeccionándose así la venta directa y la obligación por parte de la demandada; que si bien fue omitido el procedimiento legal, le es imputable únicamente a la Administración no al administrado; en cuanto a que no se agotó completamente el trámite administrativo, debiendo de haberse interpuesto el recurso de apelación ante PRONADERS, consta en autos la pieza separada de defensas previas donde dicho alegato, ya fue dirimido y desestimado, y debatido ese punto como cuestión principal en las defensas previas, siendo improcedente dicho alegato; en cuanto a la prescripción del derecho que reclama que el suministro se verificó en el año 2007 y es hasta el año 2011, que se hace el respectivo reclamo, alegato que debió de haberse tratado en instancia administrativa. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, en fecha 19 de abril del 2017, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 20 de junio del 2016, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.|252-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.158-2012, del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 20 de abril del 2017, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEÓN, presentó en fecha 12 de mayo del 2017, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 16 de mayo del 2017, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 23 de mayo del 2017, los Abogados CLARIBEL MEDINA DE LEÓN y OSCAR DOÑAS CHÁVEZ. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de julio del 2017, teniendo por personado al Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, como recurrente, y a la parte recurrida, se le tuvo por precluido el plazo concedido para personarse y en consecuencia ordenó sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que el Recurrente en su escrito de formalización del Recurso alega los siguientes motivos de casación: “PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veinte de junio del 2016, que confirma la sentencia definitiva que dictó el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo el veintitrés de febrero del dos mil quince, haciendo propio las expresiones del fallo de primera instancia, violatorio de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa, al revelarse el Tribunal de segunda instancia al no aplicar la ley conforme a lo que establecen los artículos: 1 párrafo primero, 2, 3, 15 numeral 7), 16, 34, 35, 38 numeral 2) de la Ley de Contratación del Estado comprendida en el decreto ley número 74-2001; 1, 2 literal a), 7 literal o), 33, 39, 40, 41 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo d casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil por infracción directa de las normas de derecho citadas para la solución del fondo del presente litigio. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte Suprema de Justicia tiene establecido que la violación de la Ley Sustantiva por infracción directa se produce cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con dichas normas pues la falta de aplicación de una norma a un hecho que el fallador considere existente, o la aplicación de la norma a un hecho que el sentenciador considere inexistente, constituye infracción directa porque envuelve ignorancia de la Ley o rebeldía contra ella, para lo cual puntualizo lo siguiente: 1. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso al dictar su fallo el veinte de junio del des mil dieciséis que confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el veintitrés de febrero del dos mil quince, hizo propio los argumentos del fallo de primera instancia, la empresa demandante denominada Servicios Materiales y Construcción (SERVIMACO) no está dentro del ámbito de aplicación que determina el artículo 1 de la Ley de Contratación del Estado, puesto que los productos que ofreció supuestamente fueron vacas lecheras, set veterinarios, y toros; marco legal que regula el artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado en cuanto a la actitud para contratar e inhabilidades y habilidades que en su parte introductora claramente establece que SERVIMACO no acreditó ninguna idoneidad técnica y profesional de los supuestos productos que ofreció a DINADERS-PRONADERS y no tenía que ser de otra manera ya que la empresa es, si es que existe, para construcción de edificios o actividades similares. El otro hecho importante es que la empresa Servicios Materiales y Construcción S. de RL. (SERVIMACO), en la fecha que supuestamente ofreció la venta de vacas lecheras, set veterinario y toros, uno de los socios de la familia Rosenthal Oliva se encontraba desempeñando un puesto alto y de confianza del Presidente de la República José Manuel Zelaya, tal como está reconocido en el poder general para pleitos que se le otorgara a la señora abogada Claribel Medina mediante instrumento numero 193 el diez de mayo del año dos mil once ante el Notario don Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, el cual obra a folio 10 al 12 de la primera pieza de autos. 2. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no quiere entender que la falta de presupuesto o los contratos que al suscribirse y no tengan asignación presupuestaria deberán declararse nulos, y los funcionarios serán responsables de las sanciones administrativas, civiles o penales que determine la Ley. La rebeldía de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso al no considerar el artículo 39 del decreto 195-2006 el cual contiene las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la República para el año dos mil siete, el cual indica que para los efectos de aplicación de los artículos 38, 61 y 63 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado, les organismos del sector público que deban celebrar contratos de obras públicas cuyo monto sea igual o superior al Millón Setecientos Mil Lempiras, tendrán como exigencia la licitación pública; para montos iguales a Ochocientos Cincuenta Mii Lempiras a un Millón Setecientos Mil Lempiras, se deber seguir el procedimiento de licitación privada, lo cual la empresa demandante no registró en sus pruebas el cumplimiento de esta norma en cuanto a la licitación privada. El artículo 30 de la Ley de Contratación del Estado, no está de adorno de dicha ley, al crear la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones como un órgano Técnico y Consultivo del Estado, y en su artículo 31 numeral 1) dentro de sus funciones se establece que debe mantener actualizado un registro de Proveedores y Contratistas del Estado, y consta que la demandante no tiene ningún registro de esta naturaleza según oficio contenido en los folios 374 al 377 de la primera pieza de autos. Expresamos con una claridad jurídica, que la supuesta cantidad reclamada por la parte demandante no se encontró ningún presupuesto en los años 2007-2008, esto se demostró con los documentos que obran a folios 208 en delante de la primera pieza de autos, por lo que el tribunal sentenciador demostró una rebeldía jurídica y una transgresión al no aplicar los artículos 30,31 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado, y 39, 40 y 41 del Reglamento de la ley de Contratación del Estado. El artículo 42 del Reglamento le atribuye la fiscalización del gasto a la Auditoría Interna, al estar ausente del procedimiento esta fiscalización debidamente comprobado con las asignaciones presupuestarias del 2007 y 2008, no se encuentra alguna deuda a favor de SERVIMACO, o productos que estos haya entregado a DINADERS, comprobándose con la nota de la Secretaría de Finanzas libra su oficio al Juzgado de Letras de lo Contencioso, el cual obra a folios 366 de la primera pieza de autos. CONCLUSIONES: En síntesis Honorable Corte Suprema de Justicia, para nosotros es penoso, pero para los Tribunales de primera y segunda instancia se tomaron un riesgo; el haber declarado la acción promovida por la empresa SERVIMACO que ofrece únicamente servicios materiales y de construcción, entra dentro del bagaje de las empresas de maletín, que de igual forma se dieron con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pues la empresa demandante no tiene dentro de sus actividades mercantiles ofrecer vacas lecheras, set veterinarios o toros, porque no son tecnificados en este rubro; concluyendo que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hizo caso omiso tanto a la Ley de Contratación del Estado como a su Reglamento en los artículos debidamente señalados, aportando la bandera de la corrupción, pues no existe ningún procedimiento de compra directa, licitación privada, contrato, presupuesto para dar por válido en caso de que la demandante hubiese entregado los productos que hoy está cobrándole al Estado de Honduras, por lo que se configura la violación directa de las normas jurídicas citadas; por lo cual este motivo debe casar. SEGUNDO MOTIVO: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia de fecha veinte de junio del dos mil dieciséis que confirma la del Tribunal de primera instancia, según dicho Tribunal al considerar en sus fundamentos de derecho en el numeral primero que es cierto y está demostrado en juicio que las órdenes de compra realizadas por la Institución del Estado y sus respectivas facturas, de donde también se deriva que se hicieron las cotizaciones que exige a Ley de Contratación del Estado, ante una compra directa; DE LA MISMA MANERA CONSTA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DE FORMA INMEDIATA TAL COMO ASÍ SE DERIVA EN LAS FACTURAS, las cuales el Tribunal de Primera Instancia cita las órdenes de compra 221-07, 22007, 222-07, 117-07, 240-07, 219-07, 239-07, 178-07, 238-07 que supuestamente fueron firmadas por personas autorizadas por PRONADERS en sus antecedentes de hecho, por lo que se acusa la sentencia dictada por el Tribunal de segunda instancia por error de derecho, el que se produce cuando el fa1lador dá por establecido un hecho por un medio probatorio no consagrado por la Ley, o porque se exija una determinada solemnidad para la validez el acto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 y literal b) del Código Procesal Civil que dice: Los actos y garantías procesales cuando su infracción supongan la nulidad o produjera indefensión, esto último porque la Corte de Apelaciones de lo Contencioso indica que la demandante cumplió con la Ley de Contratación del Estado ante una compra directa, dándole validez a las órdenes de compra anteriormente señaladas. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. EL Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en su sentencia de fecha veintitrés de febrero del dos mil quince, precisa y señala en sus antecedentes de hecho específicamente en el primero las órdenes de compras 221-01, 220-07, 222-07, 117-07, 240-07, 219-07, 239-07, 178-07, 238-07, sin percatarse el Tribunal de primera instancia, igualmente la Corte de Apelaciones de lo Contencioso, porque al confirmar el fallo hizo propio la tesis indebida e ilegal del Juzgado, por las razones siguientes: 1. Consta Honorables Magistrados, que en la audiencia preliminar del dieciséis de mayo del dos mil trece las pruebas propuestas por la parte demandante, entre ellas se encuentran las supuestas órdenes de compra con su valor cada una de ellas, tómese en cuenta que las fechas que precisan dichos “documentos”, son veinticinco de julio del dos mil siete, veintinueve de junio del dos mil siete, veinticinco de junio del dos mii siete, veinticinco de junio del dos mil siete, dos de julio del dos mil siete, dos de julio del dos mil siete, dos de julio del dos mil siete, dieciocho de julio del dos mil siete, dieciocho de julio del dos mil siete, dieciocho de julio del dos mil siete, dieciocho de julio del dos mil siete. Todas estas órdenes de compra que as les llama la demandante, presentan repeticiones en su fecha, por lo que presentamos una oposición formal contra dichos documentos; si bien es cierto la demandante presentó las fotocopias autenticadas, pero el Juez no se percata que el artículo 264 del Código Procesal Civil literal a) lo obliga tener a la vista los originales, razón por la cual la oposición se estableció en qué lugar se encontraban Tos originales, ya que la auténtica no las detalla; al contestar el apoderado procesal de la parte demandante sostuvo lo siguiente: PARA EFECTOS DE COTEJAR CON LOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS EN COLONIA MIRAMONTES, EDIFICIO CONTINENTAL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 28, BUFETE CENTRAL LAW HONDURAS. Con lo que expresarnos que dichos documentos originales nunca se encontraron en los archivos de mi representada, esto como primer punto; y corno segundo punto, la demandante nunca presentó un tan solo pago para que realizara el procedimiento PRONADERS, y tercer y último punto, nunca comprobaron que mi representada recibió las facturas de la demandante, mucho menos la persona que supuestamente firmara la entrega de las vacas, set veterinarios y los toros, pues se comprobó que ni el sello que utilizaron pertenece a DINADERS; razones más que suficiente para declarar con lugar este motivo. TERCER MOTIVO: Acuso la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veinte de junio del dos mil dieciséis, por error de hecho este motivo surge porque el fallador tiene un equivocado razonamiento al dar por establecido un hecho que no sucedió, y violentar de esta manera el contenido del artículo 34 de la Ley de Procedimientos Administrativos literal c) que expresa la figura de la invalidez de los actos administrativos cuando éstos hayan prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido relacionado con el artículo 35 de dicha Ley, y con el articulo 14 y 34 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que la empresa demandante no agotó totalmente el procedimiento administrativo para presentar la demanda, únicamente hizo uso del Recurso de Reposición y no el de Apelación ante el órgano superior de PRONADERS-DINADERS, que por ley según el Decreto 12-2000 es la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 34 literal c) de la ley de Procedimiento Administrativo, y los artículos 14 y 34 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte Suprema de Justicia tiene establecido que el error de hecho procede cuando el juzgador da por establecido un hecho que no sucedió por los siguientes motivos: 1. La señora Claribel Medina según la Solicitud que se encuentra en el expediente del reclamo administrativo de pago fue recibido por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) el veinticuatro de mayo de dos mil once, es decir cuatro años después que supuestamente la demandante presentó las facturas de pago en el mes de junio del año dos mii siete que se adjuntaron; los documentos que generó la demandante en fotocopias autenticadas y que no indicó el lugar donde se encuentran los originales en forma precisa como lo obliga el artículo 26 del Código Notariado para que las fotocopias tengan su grado de validez, así lo establece en su párrafo segundo que deberán relacionar sumariamente los documentos de que se trata, SEÑALANDO ADEMÁS EL LUGAR O EN PODER DE QUIEN SE HALLAN LOS RESPECTIVOS ORIGINALES; Con lo antes no estarnos dudando de la fe notarial que eso es otro concepto, lo que se pidió fue que tanto las órdenes y las facturas originales al no estar en los archivos de mi representada, se expresara el lugar, y la demandante en la audiencia preliminar, expresó únicamente que se encontraba en su Bufete, todo lo contrario del articulo antes señalado, pues estos documentos deberían estar sus originales en los archivos de DINADERS, pero tal corno lo indicara la parte procesal demandante, los tienen en su Bufete; confesión de parte, relevo de pruebas. 2. Deseo explicarle a los Señores Magistrados, que no es DINADERS la Institución representativa de conformidad con el Decreto 12-2000, sino que PRONADERS; Decreto que fue reformado por el 137-2011 y que deja únicamente a PRONADERS como la Institución desconcentrada de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), por lo que la Resolución dictada DI-007-2011 el veintitrés de noviembre del año dos mil once, se encuentra conforme a derecho y bajo la equidad que el Decreto que reformó la creación de PRONADERS como Institución que rectora; tanto DINADERS y FONADERS que fueron liquidadas por el Decreto citado, dentro de esta resolución Honorables Magistrados que no fue considerada en su contenido ni en su procedimiento, pues en su motivación se encuentra el oficio número GLD-060--2011 desplazado a las oficinas Normativas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, como asimismo su contestación ,y oficio GLD-062-2011 enviado a la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas. En el primer oficio que por disposición de Ley se solicitaba información si la demandante estaba registrada en el registro contable, en ambos documentos la empresa SERVIMACO no se encuentra registrada. 3. Que obra a folio 111 de la primera pieza de autos, que el veintiocho de junio del dos mil once, la Gerencia Legal de PRONADERS solicitó a todo el engranaje administrativo de PRONADERS, si existía alguna relación comercial con SERVIMACO, la contestación Señores Magistrados es que no existió en los archivos de los demás departamentos, e inclusive el de Auditoria una información relacionada con dicha empresa; la Secretaria de Finanzas tampoco pudo brindar información requerida para tal efecto, en igual término lo hizo Planificación, la Subgerencia General de FONADERS y las Oficinas Administrativas de Contratación y Adquisiciones del Estado, que no existían ningún dato dentro de dicha oficina con el nombre de SERVIMACO, en igual forma la Unidad de Bienes Nacionales; es decir se hizo una exhaustiva búsqueda dentro de la Institución y fuera de la Institución, por tal motivo se le declaró sin lugar la solicitud a la abogada Claribel Medina quien actuaba en su condición de apoderada legal de la empresa de Servicios Materiales y Construcción S. de R.L.(SERVIMACO), habiéndose notificado la apoderada legal de la empresa el once de enero del dos mil doce con el recibido de la copia de la resolución. 4. Contra la resolución anterior la apoderada legal de la empresa demandante interpuso Recurso de Reposición, el que mediante resolución DI-006-2011 de fecha siete de febrero del dos mii doce resolvió declarar sin lugar dicho recurso, nótese que en el resuelve todavía a la apoderada procesal demandante no se le indica que puede recurrir a las instancias judiciales, ¿por qué razón?, porque la demandante no hizo uso del Recurso de Apelación, habiéndose notificado de la resolución del Recurso de Reposición el ocho de marzo del año dos mil doce, por tal motivo la resolución fue declarada firme, porque la demandante dejó transcurrir el término de los diez días concedidos para que interpusiera el Recurso de Apelación ante la Secretaria de Agricultura y Ganadería; es así que la Corte de Apelaciones debió de revocar la sentencia de primera instancia por transgresión al ordenamiento jurídico procesal, contenido en el artículo 34 literal c) de la Ley de Procedimientos Administrativos, que obliga que todo acto administrativo deberá declararse nulo cuando estos son dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; mucho más Honorables Magistrados cuando la demanda interpuesta ante el Tribunal de primera instancia en la suma de la misma solícita el reconocimiento de una situación jurídica individualizada; nótese que este título singularizado de la suma no existe en el cuerpo de la demanda, por lo cual al no reparar la Corte de Apelaciones en este requisito sine-quanon se viola el artículo 14 al dar por establecido un hecho que no sucedió pues para tal extremo únicamente deberá estar legitimado por el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considera infringido, a través del acto impugnado que no señalo la parte demandante, por lo que el articulo 34 reformado de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo en un equivocado razonamiento del juzgador ordena la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma y señala los daños y perjuicios, ordenando se pague algo que no se debe y que no se solicitó en el libelo de la demanda: por tanto este motivo tiene todos los argumentos jurídicos para declararse con lugar en sentencia definitiva, ya que la resolución por la cual interpone la demanda la empresa SERVIMACO, quedó firme cuando se operó la acción administrativa, al no presentar el Recurso de Apelación. CUARTO MOTIVO: Acuso la sentencia definitiva dictada por la Honorable corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el veinte de junio del dos mil dieciséis, que confirma la sentencia definitiva que dictó el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el veintitrés de febrero del dos mil quince, y que al confirmarse dicho fallo hace propia las expresiones del fallo de primera instancia, violatorio de ley sustantiva de orden nacional por error de hecho, el que consiste en dar por establecido hechos que no sucedieron; el error de hecho solamente es motivo de casación laboral cuando provenga de la tal a de apreciación de un documento auténtico, en este caso los que provienen de instituciones que conforman el engranaje administrativo del Estado, y que en el desarrollo de este motivo citaremos con precisión cada documento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1) literal c), del Código Procesal Civil, en cuanto a que se podrá impugnar la aplicación de la forma y contenido de la sentencia, en este caso nos remitimos al error de hecho por falta de apreciación de documentos públicos indubitables. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La Honorable Corte Suprema de Justicia, tiene establecido que el error de hecho resulta cuando el proceso subjetivo del juzgador, tiene un equivocado razonamiento apreciativo de las pruebas que dan por establecido un hecho, el cual no sucedió, como en el presente caso al confirmar el fallo de primera instancia, en el capítulo fundamentos de derecho en su numeral primero, la Corte sostiene que está demostrado en juicio que con las órdenes de compra realizadas por la institución del Estado y sus respectivas facturas, donde se derivan que se hicieron cotizaciones que exige la Ley de Contratación del Estado ante una compra directa, como asimismo la entrega del producto en forma inmediata, según el tribunal de segunda instancia eso es lo que se deriva de las facturas, lo cual es totalmente falso. Este fenómeno se produce porque no se toma en cuenta ningún elemento jurídico, sino el convencimiento de la existencia o no existencia de un hecho, por lo tanto nos remitimos en primer lugar a la Audiencia Preliminar celebrada el 16 de mayo del año 2013; como el apoderado procesal de la parte demandante presentó documentos privados consistentes en fotocopias de unas supuestas facturas y órdenes de compra, las cuales fueron autenticadas y al señalarle que en qué lugar se encontraban los originales, éste contesto que en su Bufete ubicado en el segunde nivel local 28 “Central Law Honduras”. La razón de haberle solicitado lo antes expuesto, es porque la auténtica no indica la ubicación física de dichos documentos (ver folio 85 de la primera pieza de autos). Al proponer nuestros medios probatorios, éstos tienen el carácter de públicos frente a los de la demandante, que son privados; nótese Honorables Magistrados que en ninguno de los fallos toma en consideración los documentos públicos, si los cita el tribunal de primera instancia, pero no hay consideración o razonamiento del juzgador en tal sentido, los cuales citarnos de conformidad con el peso jurídico que debió tener en dicho fallo los documentos siguientes: 1.- El Decreto 195-2006 emitido por el Congreso Nacional de la República que contiene el Ejercicio Fiscal del 2007, precisando el artículo 39, el que establece la obligatoriedad de seguir un procedimiento en el concurso privado establecido en la Ley de Contratación del Estado, lo que no cumplió la empresa demandante. 2.- Decreto 257-2008 para el año fiscal 2008, con el cual quedó demostrado Honorables Magistrados que no existió ninguna providencia o renglón presupuestario a favor de la demandante. 3.- Balance de Comprobación correspondiente al año 2007 y 2008, con lo que se demuestra Honorables Magistrados que en los activos fijos de DINADERS, no existe ninguna provisión de artículos si así se le quiere manifestar a las vacas, toros y set veterinarios (ver folio 208 de la primera pieza de autos). 4.- Oficio de fecha 8 de julio del 2008 GLCD-064-2011 firmado por el señor Roberto Zúñiga, Director General de Presupuesto, que obra a folio 206 de la primera pieza de autos, quien no pudo brindar información por no estar en sus archivos. 5.- OFICIO No. DIR-Oficio 222-2011, firmado por el señor Héctor Martín Cerrato, Director de ONCAE. 6.- Oficio de fecha 06 de septiembre del 2013, Ci cual obra a folio 374, informándole al tribunal de primera instancia que ONCAE es un organismo técnico y consultivo en materia de contratación y adquisiciones, en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Contratación del Estado, comprobándose que no existe como Proveedor la empresa SERVIMACO. 7.- Oficio 03-2013-DFBN que obra a folio 371, procedente del Tribunal Superior de Cuentas, firmado y sellado por el señor Humberto Teruel, Departamento de Fiscalización de Bienes Nacionales, concluyendo que no existen ni evidencia documental ni electrónica en la que se haya invitado o notificado al Tribunal Superior de Cuentas, en la participación de dichas ventas, por lo que no se posee ningún expediente que se hayan registrado revisiones de ingresos y egresos que correspondan a los años 2007 y 2008. 8.- Oficio No.SE-172-2013 que obra a folio 366, originado por la Secretaría de Finanzas y dirigido al Juez titular del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en relación si dicha Secretaría de Estado participó en la venta que realizó SERVIMACO conforme a los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que habiendo consultado la Gerencia Administrativa de dicha Secretaria al sistema SIAFI, si se registró algún contrato realizado con SERVIMACO en los años 2007 y 2003, resultando que en el presupuesto de PRQNADERS lo único que se maneja es la información relacionada con el mismo durante los años 2007 y 2008. Al no aparecer SERVIMACO, se entiende que no existió ninguna relación con dicha empresa. 9.- Oficio de fecha 17 de marzo del 2011 DGP-116-2011 que obra a folio 121, firmado por Evelyn Lizzeth Bautista Guevara, Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas por Ley, dirigido al Señor Mario Pineda Valle, Ministro Director de DINADERS, notificándole que en esta Secretaria no se cuenta con la información solicitada y solamente a la sociedad mercantil Fundidora del Norte, que son el único pago solicitado por la suma de Lps.646.30000; no obstante Señores Magistrados, al revisar la documentación de las instituciones públicas del Estado, no encontramos previsión o renglón presupuestario en relación a la solicitud indebida de SERVIMACO, sí podemos ver que a folio 122 con fecha 8 de octubre del 2009 y aparece Oficio DINADRS DE-347-2009 y firmado por el señor Ramón Chacón Ferrufino Director Ejecutivo de DINADERS, un oficio librado al Señor Director General de Presupuesto don Roberto Zúñiga, solicitando la asignación de fondos adicionales para honrar deudas contraídas por el monto de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PUNTO SETENTA Y CINCO. Según dicho oficio adjunta cuadro de proyectos, lo cual no es correcto, pues al revisar estos cuadros no están firmados y sellados por el Director Ejecutivo de DINADERS, con fecha 8 de octubre del 2009, con lo cual exponernos que estas acciones son de dudosa trascendencia, porque el gobierno del Señor Zelaya ya no existía, y nadie está por encima de la ley. 10.- El Gerente de Asuntos Legales Abogado don José Alejandro Ayala, para permitirle internamente una información debidamente documentada al Juzgado, el 28 de junio del 2011, le solicitó a los señores Ingeniero José Roberto Pineda Avilés, Gerente Administrativo, Doctor Juan José Zerón, Gerente de Planificación y Políticas, Ingeniero Rubén Espinoza, Gerente Técnico, Licenciado Oscar Castillo, Contador General, Licenciada Suyapa Girón, auditor Interno, Licenciado Raúl Sabillón, FONADERS, Licenciado Gerardo Araujo, CEFAR CORTES, e Ingeniero Raymundo Inestroza, de Bienes Nacionales, si tenían documentos relacionados a lo solicitado por SERVIMACO; todos coincidieron según la contestación, que en sus archivos no existe documentación ni mucho menos en la bodega productos que la supuesta empresa SERVIMACAO hayan ofrecido en venta a DINADERS; tal como consta en el expediente administrativo que se ofreció como medio probatorio documental. Todos estos documentos no sufrieron ninguna apreciación ni por el Juzgado ni por la Corte de lo Contencioso Administrativo; torne nota Señores Magistrados, que cuando el señor Ferrufino Chacón solicita el monto de Catorce Millones el 8 de octubre del 2009, ya el Presidente don José Manuel Zelaya Rosales no se encontraba en el poder, y nos parece bastante dudoso el solicitar algo cuando ya había salido del poder el Presidente de la República; documentos que no se apreciaron por ninguna naturaleza, ni se les dió el peso jurídico de un medio probatorio indubitable, razón por la cual dá a lugar este motivo por error de hecho.”. II. El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas de ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, como instrumento de garantía de igualdad de todos ante la ley, y de la seguridad y certidumbre jurídica. Éste es un medio de impugnación especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y la aplicación e interpretación de las normas procesales y normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso. III. Los recursos en la jurisdicción contencioso administrativo se regirán por la legislación procesal civil. Siendo el recurso de casación un recurso devolutivo, en las disposiciones comunes a éstos, el recurso requiere como regla general de fundamentación: a) la fundamentación de lo pedido; b) determinar el perjuicio o agravio sufrido; c) identificación del vicio o error que lo causa; d) identificación con total precisión el pronunciamiento o para de él que se impugna. IV. Otro requisito formal del recurso de casación contencioso administrativo es relacionar las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. V. Las causales del recurso de casación son: a) impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales y, b) impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. VI. Que los requisitos de forma que la ley exige para el recurso de casación contencioso administrativo deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, el impetrante no cumple con los requisitos señalados en los artículos 704 y 719 del Código Procesal Civil, ya que omite consignar: a) la fundamentación de lo pedido; b) determinar el perjuicio o agravio sufrido; c) identificación del vicio o error que lo causa; d) relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida; y, e) causal de casación contencioso administrativo. VII. Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación contencioso administrativo que nos ocupa. POR TANTO: La Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 716, 717, 719, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y b) y, 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto contra la sentencia impugnada en sus cuatro motivos. 2. DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 3. SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA308-2017. FIRMA Y SELLO.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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