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Sentencia CA-298-21 — Registro 13778

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no ser conforme a derecho los actos administrativos impugnados identificados como Resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Cuentas. Se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que alude a la forma y contenido de las sentencias, pero omite precisar estos conceptos y las disposiciones de naturaleza procesal que se consideren infringidas reguladas en el Capítulo IV del Código Procesal Civil; b) indica como disposición infringida, el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que regula que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, el mismo no encuadra en el concepto de infracción alegado; c) solicita en el desarrollo o explicación, el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, resultando incompleto el precepto autorizante, ya que era necesario indicar o relacionar la disposición que regula esa situación jurídica; y, d) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en su formulación, ya que omite establecer si la infracción a la norma señalada como vulnerada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia, haciéndose mención de una situación relacionada con el mecanismo o figura de la afirmativa ficta, la cual no ha tenido ninguna vinculación con los temas debatidos en el proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN.- SON PARTES: Recurrente: el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), representado en juicio por el Abogado WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA; y, Recurrido: la señora ARALY VALLADARES CASTILLO, representada en juicio por el Abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Contencioso Administrativa para que mediante sentencia definitiva se declaren no ser conforme a derecho las resoluciones números 095-2009-SG-TSC de fecha 9 de enero del año 2009 y 547-2010-SG-TSC de fecha 5 de agosto de 2010, emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora ARALY VALLADARES CASTILLO, contra el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fungió como Regidora Municipal de la Corporación Municipal de Yoro, Departamento de Yoro, durante el periodo del 25 de enero del 2002, al 25 de enero del año 2006; en fecha 16 de marzo del 2007, a la demandante se le notificó el pliego de responsabilidad civil número 12-070/2006-DASM-CFTM, como resultado de una Auditoria Financiera y cumplimiento legal, practicada por el Tribunal Superior de Cuentas a la Municipalidad de Yoro, Departamento de Yoro, en el cual se le imputa un reparo por la cantidad de L. 213,486.71 de manera solidaria con el señor Oscar Orlando Burgos, en su condición de ex Alcalde Municipal. De conformidad con el pliego de responsabilidad referido, se les imputa reparos por las acciones y omisiones siguientes: Hecho uno: Por recibir pagos de sueldos laborando para otras instituciones del Estado, en el área de la docencia por un valor de L.167,750.00, el cual se le dedujo de manera personal; Hecho dos: Por recibir pago indebido del decimotercero y decimocuarto mes por valor de L. 45,731.71, el cual se le dedujo de manera solidaria con el señor Oscar Rolando Burgos; haciendo uso de los derechos que le concede la Constitución de la República, en fecha 8 de junio del 2007, la demandante presentó impugnación contra el pliego de responsabilidad civil referido, habiendo dictado el Tribunal Superior de Cuentas la resolución número 095/2009-SG-T.S.C, emitida en fecha 9 de enero del 2009, la cual en su parte toral declara: “De la responsabilidad civil deducida a la ciudadana ARALY VALLADARES CASTILLO, por la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA, procede CONFIRMAR el valor de CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.190,618.36) y DESVANECER el valor de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ( Lps.22,868.35”, contra dicha resolución se interpuso el Recurso de Reposición, mismo que también fue declarado Sin Lugar; que después de agotada la vía administrativa, el Tribunal Superior de Cuentas, confirmó totalmente los cargos de responsabilidad civil establecidos en el hecho primero y parcialmente desvanecidas las imputaciones contenidas en el hecho segundo recién indicados, en el cual se le declaró responsable a la demandante en solidaridad con el Alcalde Municipal; la responsabilidad civil parcial correspondiente al hecho segundo, consistió en reconocer el 50% de los valores recibidos en concepto de decimotercer y decimocuarto mes del total reparado, por tal motivo de los L.45,736.31 el pleno del Tribunal Superior de Cuentas desvaneció la cantidad de L. 22,868.35; referente al hecho primero el Tribunal Superior de Cuentas estimó que la demandante devengaba dos salarios provenientes del Estado, uno como maestra de Educación Primaria y otro como empleada a tiempo completo en la Alcaldía Municipal de Yoro, la actora aceptó que se desempeña como maestra de Educación Primaria en un horario de 7:30 a.m. – 12: 30 p.m., y laboraba medio tiempo en la Alcaldía Municipal, por ello el salario que recibía de la Municipalidad era equivalente a media jornada de trabajo, lo cual el Auditor estimó que el salario de la Alcaldía Municipal era por el equivalente a una jornada completa de trabajo, también indicó que otro factor importante a considerar es la apreciación errónea de la figura de compatibilidad por parte del Auditor, al estimar que sus dos funciones públicas como maestra y empleada a tiempo parcial en la Municipalidad, ya que en la Alcaldía recibía un salario de L. 4,000.00, y terminó devengando en los últimos seis meses la cantidad de L. 9,0000.00, pues se desempeñaba como Alcaldesa por Ley en ausencia del Alcalde y Vice Alcalde, también ostentaba el cargo de Coordinadora de la Comisión de Ecuación, además dicho salario incluía las dietas que como Regidora tenía conforme a Ley, destacando que el artículo 22 del Código del Trabajo dice que “un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, salvo que se haya pactado exclusividad de servicio a favor de uno solo”, pero alegó que no era el caso, ya que se desempeñaba como docente en la jornada de la mañana, y por la tarde en la Alcaldía hasta tiempo extraordinario los sábados y domingos, no obstante el Auditor señaló que el caso de haber: “permitido que me desempeñara en un horario especial, dicho horario debió ser discutido y aprobado por los miembros de la Corporación Municipal, constando la aprobación en punto de acta, sin embargo, a falta de un documento que muestre lo contrario deducimos que la señora Araly Valladares estaba obligada al mismo horario del trabajo que el resto del personal…”, quedando plenamente acreditado que la demandante era empleada de la Alcaldía y que el reparo se le formula es por existir una omisión consistente en determinarle un horario especial, entonces habría que aplicar la disposición del artículo 30 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), contestó dicha demanda arguyendo que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó una Auditoria Financiera y de cumplimiento Legal en la Municipalidad de Yoro, Departamento de Yoro, en la cual encontró irregularidades en la gestión de la demandante fungiendo novena Regidora, razón por la cual procedió abrir expediente administrativo dando las oportunidades que establece la ley para que la interesada desvaneciera la responsabilidad civil a ella formulada, no obstante no justificó que devengaba un sueldo de Regidora y además laboraba en otra Institución del Estado, por ende se le dedujo responsabilidad por la cantidad L.167,750.00, además por los pagos indebidos del decimotercer y decimocuarto mes de salario, se le implicó responsable por la cantidad de L.22,868.36, al no haber justificado con la documentación de soporte correspondiente, y en los plazos que establece la ley, con lo cual se confirmó la responsabilidad formulada mediante Resolución No.095/2009-SG-TSC la cual fue recurrida por la demandante, y en la cual se confirmó la misma en la Resolución No.547/2010-SG-TSC, al considerar que el procedimiento para la apertura a pruebas debe corresponder a la admisión de medios probatorios que sustenten los señalamientos y fundamenten las causas o motivos que la ley establece para decretar la nulidad absoluta o relativa según sea el caso, los cuales deberían constar en el mismo expediente administrativo, asimismo estimó ser necesario dejar señalados los medios de prueba documentales en los cuales la parte demandante funda su derecho, mismos que debieron ser presentados junto con la demanda y no en otro momento, pues el artículo 287 del Código Procesal Civil menciona la palabra “debe”, misma que imposibilita la posibilidad a la parte de presentar estos medios de prueba en otro momento procesal que no sea el señalado por el legislador, no dándole carácter discrecional a la aportación de los mismos, la no presentación de los documentos con la demanda implica preclusión de su presentación, con lo que ya no serán admisibles en la proposición de prueba, en consonancia con los Principios de Elasticidad y Preclusión, determinados en el artículo 18 del Código Procesal Civil, en el cual dispone que las partes pueden alegar lo que consideren convenientes a la causa de pedir y al petitum, pudiendo aportar las pruebas sobre ello, debiéndose recordar que las mismas deberán ser introducidas al proceso en el momento procesal oportuno, por lo que en ese caso la actividad procesal se deberá realizar dentro de los plazos establecidos legalmente, de lo contrario, el legislador ha considerado penalizar estas actuaciones que son de carácter general y las cuales aplican de manera supletoria al proceso contencioso administrativo, tal como se indica en el artículo 22 del Código Procesal Civil y el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La naturaleza de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo debe ser de instancia revisora de la legalidad de los actos administrativos, y no justificar la responsabilidad aportando alegaciones y pruebas que debió presentar en su oportunidad en el proceso administrativo a fin de que se declaren circunstancias que no se circunscriben a la declaratoria de nulidad de los actos, en el que se confirma la responsabilidad civil formulada, los cuales deben enmarcarse en cualquiera de las causales señaladas en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para ser considerados nulos, la demandante indicó que las resoluciones dictadas eran nulas, pero debió justificar en que aspectos dichas resoluciones violentan el contenido de la ley, y no justificar la responsabilidad formulada aportando las mismas alegaciones así como pruebas que debió presentar en su oportunidad en el proceso administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de diciembre del 2017, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción incoada por la ciudadana Araly Valladares Castillo, por no ser conforme a derecho los actos administrativos impugnados identificados como: la Resolución No. 095/2009-SG-T.S.C. de fecha nueve de enero de dos mil nueve y la Resolución No. 547/2010-SG-T.S.C. de fecha cinco de agosto de dos mil diez, ambas dictadas por el Tribunal Superior de Cuentas. SEGUNDO: En consecuencia, se declara la Nulidad Total de los Actos Impugnados anteriormente citados. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada por la Demandante y para su pleno restablecimiento se toman la siguiente medida: Desvanecer en su totalidad la responsabilidad civil formulada en el Pliego de Responsabilidad Civil No. 012-070-2006-DASM-CFTM. CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio, por tener motivos suficientes para litigar”. Bajo el criterio que el juicio se circunscribió a dos hechos fundamentales que derivaban la supuesta responsabilidad civil atribuida a la demandante, conforme lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de Cuentas, los cuales eran por recibir el pago de sueldos al estar laborando en la Municipalidad de Yoro, y en el área de docencia implicándole responsabilidad por el valor de L. 167,750.00, así como también por recibir el pago indebido del decimotercero y decimocuarto mes por valor de L.45,736.71, desvaneciéndose en vía administrativa el 50% de dicha cantidad por considerar que dicho porcentaje sí fue laborado; conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas sus actuaciones deben ir fundadas en la eficacia, eficiencia, economía, equidad, veracidad y legalidad, por lo anterior cada uno de los hallazgos que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realiza deben ir revestidos de dichas características, sin embargo al contrastar dichos elementos con la fundamentación establecida en los actos impugnados en la resolución No. 095/2009-SG-T.S.C., de fecha 9 de enero del 2009, confirmada por la Resolución No. 547/2010-SG-T.S.C., de fecha 5 de agosto del 2010 en su primer Considerando se logra colegir que dicha Institución procedió a establecer responsabilidad civil a la demandante en condición de Regidora Municipal, de una deducción y no sobre elementos probatorios que comprobasen que la demandante se encontraba obligada al mismo horario de trabajo que el resto del personal, y es de dicha deducción donde se determinan los hechos primero y segundo del pliego de responsabilidad civil, no obstante como Institución del Estado con capacidad y facultad de poder obtener todos los elementos probatorios necesarios, es inexcusable que haya tenido que acudir a una deducción, o presumir circunstancias que lo llevasen a establecer una responsabilidad cuantificable en dinero; aunado a lo anterior, las actas de sesiones ordinarias que constan en el expediente administrativo son documentos que señalan las diferentes horas de trabajo a las cuales los Regidores de la Municipalidad de Yoro eran convocados, siendo en su mayoría altas horas de la madrugada, por lo que conforme a este medio de prueba, y siendo el único que en el juicio se hizo referencia a la jornada laboral de los Regidores, se concluye que la Municipalidad no tenía establecido un horario fijo de trabajo para los Regidores. Por lo anterior, estimó que las resoluciones impugnadas emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no se encontraban dictadas conforme a Derecho, por haber infringido el Debido Proceso y Principio de Inocencia establecidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), al establecer una responsabilidad civil fundamentado en una presunción o deducción, y no en elementos probatorios indubitados que le permitiesen arribar a las conclusiones que estableció en los actos impugnados conforme a los artículos 3, 45 y 46 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de octubre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que al observar las resoluciones números 095-SG-T.S.C. de fecha 9 de enero del 2019, y 547-2010-SG-T.S.C. de fecha 5 de agosto del 2010, emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas, las mismas no fueron dictadas conforme a lo que contemplan los artículos 34 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación con el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al existir una causa que invalida el acto, por no ser conforme a derecho las resoluciones analizadas en vía judicial, debido a que incurren en infracción del ordenamiento jurídico incluyendo exceso de poder al emitir resoluciones donde se declaró responsabilidad civil a la demandante, conforme al artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, donde se atribuyeron a la demandante los hechos consistentes en haber recibido el pago de sueldo laborando en otras instituciones del Estado en el área de la docencia, por el valor de L. 167,750.00, y por recibir el pago indebido del decimotercero y decimocuarto mes por el valor de L. 45,736.71, desvaneciéndose en vía administrativa el 50% de dichas cantidades por considerar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que dicho porcentaje fue devengado por dos salarios del Estado de Honduras, uno como maestra de Educación Primaria y el otro como empleada a tiempo completo en la Alcaldía Municipal; de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Municipalidades la demandante fue elegida directamente para el desempeño de su cargo como Regidora, y el tiempo que realizó la función como Alcaldesa tenía derecho al pago y prerrogativas como miembro de la Corporación Municipal de Yoro, como lo establece el artículo 28 de la Ley de Municipalidades, y como maestra de Educación Primaria, la Constitución de la Republica le faculta de acuerdo al artículo 258 que “tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez (2) dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones”, de lo que se observa que la demandante desvaneció mediante documentos que obran en el expediente administrativo que en atención al precepto Constitucional podía perfectamente y le era licito devengar tanto un salario como maestra de educación primaria como devengar tanto un salario por su desempeño dentro de la Corporación Municipalidad de Yoro, aspectos que fueron revisados por la Juez de Primera Instancia por lo que la fundamentación y motivación que utilizó en su fallo observó categóricamente las causa o motivo que invalida el acto administrativo que se impugna y lo anula, conforme al artículo 33 y 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que esquematiza la pretensión legítima en el proceso; por lo anterior al analizar las facultades y límites que la Constitución de la Republica y las Leyes, se le permite y limita al Tribunal Superior de Cuentas concluir las investigaciones fiscalizadoras, del cual se individualizan los pliegos de Responsabilidad Civil que deben ser debidamente comprobados, y su actuación debe ir en fundamento a los Principios de eficacia, eficiencia, economía, equidad veracidad y legalidad, por lo que al realizar un contraste de los elementos con los establecidos en los propios actos impugnados contenidos en las resoluciones No. 095/2009-SG-T.S.C. de fecha 9 de enero del 2009, confirmada por la resolución No. 547/2010SG-T.S.C de fecha 5 de agosto del 2010 se observa que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dedujo responsabilidad civil mediante meras deducciones, y no de elementos de prueba que comprobaran con certeza que en su función como Regidora Municipal y posteriormente como Alcaldesa, estaba obligada a un horario de trabajo como el resto del personal de la Alcaldía Municipal, de esas deducciones determinó los pliegos de responsabilidad civil, de igual modo quedaron acreditados los diferentes horarios que como Regidora Municipal era convocada a reuniones hasta en horas de la madrugada. Por lo antes señalado y del análisis del expediente en su conjunto la sentencia emitida por el Juez de Primera Instancia está conforme a Derecho, debidamente motivada y fundamentada, la cual se confirma por esta Corte de Apelaciones.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA, en fecha 12 de marzo del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre del 2020 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.062-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.336-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante auto de fecha 7 de abril del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, presentó en fecha 20 de mayo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 24 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 15 de junio del 2021, los Abogados WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA y JOSE RAMON LOPEZ RODAS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 10 de agosto del 2021, teniendo por personado al Abogado WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA, como recurrente, y al Abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: Infracción de la Ley por falta de aplicación de los Artículos 1, 3, 5 numeral 4, 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, asimismo los Artículos 28 de la Ley de Municipalidades y 1 y 21 de su Reglamento General, Artículos 34 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación con el Artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) literales b) y c); y numeral 2 del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) …; b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; c) la forma y contenido de la sentencia. 2) Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera:

En el fallo proferido no se consideraron estos Artículos (34 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), limitándose únicamente el Juez Ad-Quem a convalidar parte de la apreciación del juez-A-Quo; quien tampoco en su sentencia amplió esos Artículos y se limitó a tomar como cierto lo señalado por la demandante, agregado a lo anterior, el Juez Ad-Quem se extralimita en los planteamientos que dieron origen tanto al proceso judicial contenido en el Expediente Nº 336-1 1 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y Nº 062-2018 de la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo. Debemos recordar que existe una regla que establece que el Juez, está obligado a conocer la Leyes y Reglamentos y en general aplicar toda la normativa que verse sobre la materia en la cual emitirán sentencia; y en el presente Caso no sucedió así. En ese sentido, llama la atención y para efectos ilustrativos que el Juez Ad-Quem, en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019), emite fallo en el cual declara la Nulidad Absoluta de la Sentencia de fecha doce (12) de agosto del dos mil dieciséis (2016), por considerar que las pretensiones del demandante contienen vicios nulidad (citando los artículos precitados), vicios que fueron señalados en nuestra defensa y pueden ser constatado en los expedientes Nº 0801-2017-42 de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y 0801-2015-201 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por lo que resulta sumamente contradictorio que el Juez Ad-Quem se contradiga en las actuaciones puestas en su conocimiento, es decir que por lógica debió actuar de la misma manera que en el fallo precitado y no emitir el mismo órgano colegiado una sentencia completamente diferente y contradictoria.- Dicho lo anterior, el Juez Ad-Quem considera que la Corporación Municipal (Regidores y Alcaldesa, en el caso que nos ocupa) dentro de sus deberes legales sólo se les exige asistir puntualmente a las sesiones de la corporación municipal y cumplir sus funciones con diligencia sin más especificaciones ni subordinación alguna. Criterio que no compartimos en virtud que tal y como se ha demostrado a lo largo del desarrollo del juicio, el reparo deriva del hecho que, al pagársele un sueldo por media jornada laboral a la Demandante, esta debía sujetarse a un horario de trabajo y cumplir sus funciones con diligencia. Desde la formulación del Pliego de Responsabilidad Civil de mérito se señaló que no existen informes por parte del ciudadana VALLADARES CASTILLO en su condición de Regidora Municipal y miembro de Comisiones y posteriormente como Alcaldesa Municipal, sobre las actividades realizadas como parte de su trabajo, conducta o hallazgo contrario a lo que señala la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 23 que para efectos de ilustración resumo en el sentido que los actos de la administración se producirán por escrito. Dicho lo anterior, me permito señalar que la actuación del Tribunal Superior de Cuentas en esta línea se encuentra sustentada en dicha disposición de la Ley de Municipalidades y por ello facultado mi poderdante a la determinación de responsabilidad civil en el caso particular. En esa misma línea de argumentos, el Marco Rector del Control Interno de los Recursos Públicos señala de manera clara que todo Servidor Público en los diferentes niveles de responsabilidad de la estructura organizacional de los Entes Públicos debe responder o dar cuenta de la forma y resultados de su gestión pública al tenor de lo establecido en la Norma TSC-PRICI-04: RENDICIÓN DE CUENTA del Marco Rector del Control Interno de los Recursos Públicos. De acuerdo con el Marco Rector del Control Interno de los Recursos Públicos, el ejercicio de la competencia rectora en materia de control interno se materializa mediante la emisión de normas generales de carácter técnico con los objetivos de: a) Determinar las condiciones mínimas de calidad que debe cumplir el control interno; b) Facilitar su adecuado desarrollo por el Poder Ejecutivo y, en general, por todos los entes pasivos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC); c) Garantizar que la aplicación de los controles internos se efectúe dentro de un marco uniforme en los entes públicos, ya sean Ministerios o Secretarías de Estado, Direcciones Generales, Comisiones, Oficinas, Entidades Desconcentradas, Entidades Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas, etc.; y, d) Lograr la complementariedad del control interno con el control externo. Los anteriores objetivos están dados en función de asegurar razonablemente el adecuado recaudo, manejo e inversión de los recursos públicos y el logro de los objetivos institucionales de los sujetos pasivos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Dicha Ley, que tiene preeminencia normativa sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la o misma materia, establece en el Artículo 47 la obligatoriedad de los sujetos pasivos de la misma, de aplicar controles internos bajo su responsabilidad de acuerdo con las normas generales que emita el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, de acuerdo a lo antepuesto y en aplicación de este complemento del control de los recursos públicos, el control interno, en la ejecución de la auditoría por parte de la comisión de auditores se encontraron las deficiencias en el mismo, lo que finalmente tuvo como consecuencia que se pagara indebidamente un salario completo cuando la ciudadana VALLADARES CASTILLO, según lo que se encuentra documentado, únicamente laboró media jornada. La Norma del Marco Rector del Control Interno de los Recursos Públicos TSC-NOGECI VI-06 en relación con los registros y archivos institucionales señala de manera clara y expresa que los entes públicos, sujetos pasivos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, entre los cuales se encuentra la Municipalidad de Yoro, institución donde la Señora ARALY VALLADARES CASTILLO prestó su servicio público, deberán implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que deban conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico, incluyendo los informes y registros contables, administrativos y de gestión con sus fuentes de sustento o soporte; y, permitir el acceso sin restricciones a los archivos al personal de mi poderdante y de la Unidad de Auditoría Interna, en cualquier tiempo y lugar. LO QUE SUCEDIÓ ES QUE NO EXISTIERON REGISTROS NI ARCHIVOS SOBRE LAS LABORES QUE LA CIUDADANA ARALY VALLADARES CASTILLO DESEMPEÑO COMO MIEMBRO DE LAS COMISIONES EN LAS QUE SE LE NOMBRÓ Y ESO FUE RAZÓN SUFICIENTE PARA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ACTUARA, COMO AL EFECTO LO HIZO, SUSTENTADO EN TODA LA NORMATIVA QUE SE HA VENIDO SEÑALANDO EN LA SECUELA DEL JUICIO. En tal sentido, la Declaración TSC-NOGENAEG-11 señala en una de sus partes que “…Para que el trabajo del auditor gubernamental sea efectivo, es necesario que la evidencia comprobatoria que haya acumulado sea válida, suficiente y relevante, para demostrar en forma objetiva e inequívoca. las razones que llevaron al auditor gubernamental a las conclusiones y opiniones formuladas. La evidencia es suficiente cuando por los resultados de la aplicación de una o varias pruebas, el auditor puede adquirir certeza razonable que los hechos revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados. Una evidencia suficiente debe permitir a terceras personas llegar a las mismas conclusiones que el auditor. Para determinar si la evidencia es suficiente, se requiere aplicar el criterio profesional y, por lo tanto, puede haber diversidad de criterios, para identificar hasta dónde es suficiente acumular evidencia sobre un asunto en particular”. La evidencia que la comisión de auditoría recogió al momento de ejecutar la auditoria únicamente alcanzó para comprobar que algunos de los regidores cumplían con media jornada de trabajo y por lo tanto tenía derecho a cobrar solamente medio salario, en el sentido que lo demanda la Ley de Municipalidades. Por ello, el TSC por medio de dicha comisión de auditoría procedió a la deducción de la responsabilidad civil de la señora ARALY VALLADARES CASTILLO. Resumiendo lo anterior, se comprobó por parte de la Comisión de Auditores que, la señora VALLADARES CASTILLO únicamente tenía derecho a recibir medio salario en dicha Corporación Municipal. En la forma que se encuentra redactada la disposición de la Ley de Municipalidades, existe una subordinación expedita al cumplimiento de un horario de trabajo ya sea a medio tiempo o a tiempo completo conforme al horario que rige para el resto del personal. En el caso que nos ocupa, la Corporación Municipal modificó, como ha sido probado con los documentos que corren en el expediente judicial, la forma de pago de dietas a la modalidad de jornada de trabajo, y se le estableció y pagó un salario mensual, cuando la señora ARALY VALLADARES CASTILLO ya percibía un salario por como Servidora Pública tal como se puede constatar en la Resolución Nº 095/2009-SG-TSC y la Resolución Nº 547/2010-SG-TSC. Reiteramos en primer lugar que nuestra defensa señaló que la nulidad de actuaciones, procede únicamente en el caso de violación flagrante de la Ley, siempre y cuando una norma señale que la trasgresión o incumplimiento de la misma conlleva la sanción de nulidad. Sin embargo, en este caso particular los actos dictados por mi representado el Tribunal Superior de Cuentas consistente en las Resoluciones Nº 095-2009-SG-TSC de fecha 9 de enero de dos mil nueve (2009) y 547-2010-SG-TSC de fecha cinco de agosto de (2010), no existe ninguna causal para que se decrete la nulidad; dado que la solicitud de nulidad planteada por la Señora ARALY VALLADARES CASTILLO no se basa en la violación de ningún acto prohibido por la Ley; conforme lo establece el artículo 34 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Artículo 8 del Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Artículo 212 del Código Procesal Civil. En ese orden de ideas, nos permitimos expresar, que la máxima Legal en la solicitud de Nulidades, se retrotrae a la existencia de una o más de las causales expresamente enunciadas en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo en consonancia con el Artículo 35 del mismo cuerpo legal, en el entendido que si se determina que corresponde la Nulidad de un acto, se debe de citar como causal uno de los supuestos contenidos en el referido artículo 34, ya que no basta como se puede apreciar en la demanda de la señora VALLADARES CASTILLO argumentar que la responsabilidad que se le determinó, es nula, dado que está en ningún momento pudo manifestar: a) ¿Puntualmente por qué razón, considera que el Pliego de Responsabilidad Civil imputado a la señora VALLADARES CASTILLO y notificado por este Ente Contralor, es arbitrario e ilegal?; ¿Cuál es la Ley infringida que da lugar a la Nulidad y en qué forma violenta el Ordenamiento Jurídico? pues las actuaciones hechas por este Ente Contralor son en base a un mandato Constitucional y lo emanado en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, su Reglamento y demás leyes vigentes; b) ¿Cuál es la inobservancia que se ha hecho del Procedimiento Administrativo?; c) ¿Qué Pasos y Requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo, se omitieron?; d) ¿En qué basa su criterio para argumentar que el Pliego de Responsabilidad se emitió sin cumplir los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo?; e) ¿Por qué considera que el TSC no respetó la Jerarquía Normativa del Ordenamiento Jurídico? , pues es de recordar que la Peticionaria fue notificada en legal y debida forma por el delegado de la Secretaría General del TSC, a efecto de presentar sus argumentos, así como se puede constatar que se le admitieron conforme a la Ley para la proposición y evacuación de las pruebas. En ese sentido, la señora VALLADARES CASTILLO en ningún momento ha podido señalar claramente qué parte, hecho, fundamento Legal, o situación detallada en el Pliego referido 012-070-2006-DASM-CFTM, hace que el mismo esté viciado de Nulidad, por lo tanto no es posible promover una nulidad en base a suposiciones carentes de un Argumento sólido y claro.- Cabe agregar, que para que el acto administrativo sea válido y produzca efectos jurídicos, su contenido no puede ser decidido libremente por la Administración, es decir su actuación queda sometida a lo dispuesto por el orden jurídico que lo regula (en este caso Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento), bajo la cual actuó mi representado y que en virtud del principio de tipicidad todo acto administrativo debe ser dictado en uso de una potestad y que su contenido material debe ajustarse al establecido por dicha norma, como puede observarse la responsabilidad deducida a la señora ARALY VALLADARES CASTILLO, en el pliego de mérito ha sido formulada bajo el amparo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, la cual en sus Artículos 3, 4 y 5 establece las potestades, facultades y atribuciones que tiene mi representado y bajo las cuales actuó por medio de sus auditores para la deducción de las responsabilidades que correspondan a los sujetos pasivos, sometidos también a lo establecido en el Artículo 222 de la Constitución de la República, por lo que a criterio del TSC existen causas suficientes para determinar la responsabilidad deducida a la señora VALLADARES CASTILLO, no infringiendo mi representado los limites señalados por las Leyes, por lo cual nos parece inapropiado que los Jueces Ad-Quem y Juez A-Quo hayan declarado nulas las Resoluciones supra mencionadas, cuando es obligación de mi representado velar por la fiscalización de los recursos tal como lo señala la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento.- En relación a lo anterior, el Juez Ad-Quem considera que la Corporación Municipal (Regidores, en el caso que nos ocupa) dentro de sus deberes legales sólo se les exige asistir puntualmente a las sesiones de la Corporación y cumplir sus funciones con diligencia sin más especificaciones ni subordinación alguna, menos aún cumplir con el horario de trabajo al que están obligados los miembros de corporación Municipal al formar parte de una Comisión de Trabajo, ya sea tiempo completo y/o a medio tiempo, debe constar en Acta de Corporación Municipal en la que se aprobó la jornada laborar y de esa manera poder percibir la remuneración que le corresponde por el cumplimiento de sus funciones en una Comisión, el deber Constitucional de mi representado es velar por el correcto uso de los recursos económicos de las Entidades Públicas incluyendo las municipalidades. En esa línea de ideas, no compartimos el criterio en el cual se valieron los Juzgadores en virtud que tal y como se ha demostrado a lo largo del desarrollo del juicio, el reparo deriva del hecho que al pagársele un sueldo por media jornada laboral a la señora ARALY VALLADARES CASTILLO, esta debía sujetarse a un horario de trabajo y cumplir sus funciones con diligencia y en estricto cumplimiento a Ley (lo cual no acreditó). En tal sentido existe una subordinación expedita al cumplimiento de un horario de trabajo ya sea a medio tiempo o a tiempo completo conforme al horario que rige para el resto del personal. En el caso que nos ocupa, la señora ARALY VALLADARES CASTILLO en su condición de Regidora Municipal no logró acreditar el Acta de Corporación Municipal en la que se le aprobó un horario especial para desempeñar sus funciones a medio tiempo en una Comisión de Trabajo como lo ordena el Artículo 28 de la Ley de Municipalidades y Artículo 21 de su Reglamento General, con el fin de no generar traslape o conflicto de horario y de esa manera percibir dos remuneraciones una prevenientes de su sueldo como docente y como miembro de una Comisión de Trabajo, la cual pueden desempeñar a tiempo completo o a medio tiempo, siempre y cuando conste la evidencia, lo cual no se ha demostrado.- LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO Artículo 28: Los miembros de las Corporaciones Municipales, dependiendo de la capacidad económica de las respectivas municipalidades, percibirán dietas por su asistencia a sesiones o recibirán sueldos cuando se desempeñen en comisiones de trabajo a medio tiempo o a tiempo completo… REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES. Artículo 1: El presente Reglamento tiene por objetivo desarrollar complementariamente algunas de las disposiciones de la Ley de Municipalidades a fin de que permita su aplicación justa, oportuna y eficiente por parte de las Corporaciones Municipales y demás interesados en el ejercicio de las facultades que la Ley les confiere. Artículo 21: En el caso que la Municipalidad resultare con recursos económicos limitados que solo permitan el pago de dietas, estas serán pagadas a los miembros que asistan a las sesiones y se harán efectivas con la constancia que al respecto extienda mensualmente el Secretario Municipal. Cuando la economía de la Municipalidad lo permita puede acordar pago de sueldos a sus miembros en el entendido que estos desempeñaran sus funciones a tiempo completo conforme al horario que rige para resto del personal. Los sueldos se pagarán por el desempeño de Comisiones permanentes bajo la consideración que el Regidor asignado tendrá la capacidad para el desempeño de la misma”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que alude a la forma y contenido de las sentencias, pero omite precisar estos conceptos y las disposiciones de naturaleza procesal que se consideren infringidas reguladas en el Capítulo IV del Código Procesal Civil; b) indica como disposición infringida, el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que regula que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, el mismo no encuadra en el concepto de infracción alegado; c) solicita en el desarrollo o explicación, el control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, resultando incompleto el precepto autorizante, ya que era necesario indicar o relacionar la disposición que regula esa situación jurídica; y, d) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Que en el segundo motivo se aduce: “Confusión en el criterio emitido en los numerales décimo segundo (12) y décimo tercero (13) de la Sentencia objeto de Casación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “1) se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) b) c) La forma y contenido de la Sentencia…” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: El Juez Ad-Quem señala en el numeral décimo segundo (12) "Que de acuerdo al Artículo 25 de la Ley de Municipalidades, fue elegida la Señora ARALY VALLADARES CASTILLO por elección directa para el desempeño de su cargo por el período que fue electa, como regidora y el tiempo que realizó la función como alcaldesa tiene derecho al pago y prerrogativas como miembro de la Corporación Municipal de Yoro, Yoro como lo establece el artículo 28 de la Ley de Municipalidades, y como maestra de Educación Primaria la Constitución de la República le faculta de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Municipalidades que "Tanto el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez (2) dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presenten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones…” Resulta que el citado Artículo 25 de la Ley de Municipalidades establece cuales son las funciones que tienen la Corporación Municipal, en ningún momento refieren a la elección como lo interpreta o asocia el Juez Ad-Quem, lo que demuestra el desconocimiento de dicho precepto legal; y, y el Artículo 28 de la citada Ley, claramente establece que el desempeño en Comisiones de Trabajo puede ser tiempo completo o a medio tiempo, y para ello se debe contar con la aprobación de la o misma Corporación Municipal y constar en Acta de Corporación Municipal, tal como lo señala el Artículo 35 del citado cuerpo Legal, es decir que no se puede actuar al libre albedrío y con falta discrecional como lo asume el Juez Ad-Quem, pues ese libre albedrío o falta de diligencia permite que se ocasionen perjuicios económicos tanto a las arcas Municipales como a las de Estado. En tal sentido, al no contar ni acreditar la señora VALLADARES CASTILLO con documentos que le respalde para poder cumplir con media jornada de trabajo, estaba obligada a cumplir el mismo horario que el resto del personal, debiendo aplicar lo estipulado en el Artículo 30 del Código de Trabajo.- Respecto a lo anterior, tal como fuera detallado en los dictámenes facultativos, de la Dirección de Análisis de Impugnaciones y la Dirección de Asesoría Legal respectivamente, y la Resolución No.095/2009-SG-TSC, el dictamen No. 698/2009-DAL-TSC de la Dirección de Asesoría Legal y la Resolución No.547/2010-SG-TSC, que resuelve el Recurso de Reposición. Reiteramos que el reparo se formuló derivado de la revisión efectuada al rubro de Recursos Humanos de la Corporación Municipal, en el cual se comprobó que la Regidora aun cuando laboraba en el área de docencia presentaba parcialmente incompatibilidad para el ejercicio de ambas funciones, al desempeñarse ésta en la jornada de trabajo de 7:30am a 12:30pm, tal como consta en la constancia emitida por el Director Distrital de Educación a folio 99 del expediente administrativo del TSC. Razón por la cual se le reparó la mitad del salario devengado en la Municipalidad, al no haber acreditado la señora VALLADARES CASTILLO, en su caso que no existía incompatibilidad de horario en el desempeño de ambos trabajos para poder devengar el salario completo. El Artículo 258 de la Constitución de la República establece que: "Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos (2) o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten sus servicios asistenciales de salud y en la docencia…” Norma primaria que indica que la regla general para los Servidores Públicos es el desempeño de un sólo cargo y la excepción a esta regla es únicamente para quienes presten servicios en el área de la salud y la docencia, con la salvedad que no exista traslape o conflicto de horario, excepción, que no es de aplicación discrecional sino circunscrita a una condición especial, la no incompatibilidad de horarios. Circunstancia especial que se encuentra plasmada en el Artículo 31 numeral 2 de la Ley de Municipalidades que señala que: “No podrán optar a cargos para miembros de la Corporación Municipal: ... 2) Quienes ocupen cargos en la administración pública por acuerdo o contrato del Poder Ejecutivo y los militares en servicio. Se exceptúan los cargos de docencia, del área de salud pública y asistencia social, cuando no haya incompatibilidad para el ejercicio simultaneo de ambas funciones...”. Normativa general que ratifica lo determinado en la norma Constitucional. Debiéndose entender por incompatible según el Diccionario de la Real Academia Española “Que no pueden existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo que otra cosa. Se aplica al cargo o función que no puede ser ejercido legalmente a la vez que otro”. Por lo que, en el caso de que alguno de los miembros de la Corporación Municipal se desempeñaran en cargos de salud o docencia en el mismo horario, como era el caso de la Regidora ARALY VALLADARES CASTILLO, daría lugar a una incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de ambas funciones. Lo que significaría que conforme a la norma constitucional y la norma general, no podría desempeñarse en ambos ni devengar un doble salario. Excluyéndose de esa forma el beneficio excepcional de laborar en dos (2) o más cargos públicos por el cruce de horarios. Las actividades que desarrollan los servidores públicos se encuentran determinadas a llevarse a cabo de una forma en especial. Desenvolviéndose nuestro actuar en un universo de normas, las cuales ratifican nuestras libertades, establecen obligaciones e indican prohibiciones. Es en ese orden de ideas, que se plasma en el artículo 321 Constitucional: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Principio de Legalidad en el cual se supone la sumisión de la actuación de la Administración Pública. En esa misma línea de pensamiento el artículo 28 de la Ley de Municipalidades señala que: “Los miembros de las Corporaciones Municipales, dependiendo de la capacidad económica de las respectivas municipalidades, percibirán dietas por su asistencia a sesiones, o recibirán el sueldo correspondiente, según se desempeñen en comisiones de trabajo a medio tiempo o a tiempo completo…”. Por lo que en el caso de desempeñarse a medio tiempo, tal como ha manifestado la demandante conforme al artículo 2206 del Código Civil, se encontraba la Regidora ARALY VALLADARES CASTILLO obligada a restituir los montos indebidamente entregados. Circunstancia que se encuentra en sintonía con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades que señala: “…Cuando la economía de la Municipalidad lo permita, puede acordar el pago de sueldos a sus miembros en el entendido que éstos desempeñaran sus funciones a tiempo completo conforme al horario que rige para el resto del personal. Los sueldos se pagarán por el desempeño de comisiones permanentes bajo la consideración que el Regidor asignado tendrá la capacidad para el desempeño de la misma”. El Juez Ad-Quem señala en el numeral décimo tercero (13), que mi representado “…ha deducido una Responsabilidad Civil mediante “mera deducción” y no de elementos de prueba que comprobaran con certeza que en su función como Regidora Municipal... estaba obligada a un horario de trabajo como el resto del personal de la Alcaldía...” En primer lugar manifestamos que La Individualización de los Pliegos de Responsabilidad provenientes de un mismo Informe, se hace precisamente para que cada uno de los Responsables se defienda en sus propios Términos y de conformidad a las Circunstancias inherentes y particulares, al tenor del Artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el que determina que se tendrá por concluido el Informe cuando el Tribunal apruebe el mismo y se Individualizará en Pliegos las Responsabilidades contenidas en él; asimismo que la Secretaría General pondrá el Informe en conocimiento del Órgano Fiscalizado y notificará en forma Individual a cada una de las personas que resultaren señaladas como sujetos de reparo o con responsabilidades de conformidad con el Artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- El Órgano Superior (Pleno de Magistrados), emitió las Resoluciones en base a las Reglas de la Sana Crítica, consignada en el Artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que dicho Órgano Administrativo, APRECIÓ LIBREMENTE Y EN SU CONJUNTO EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS. Vale manifestar nuevamente que las Pruebas presentadas y propuestas, una vez evacuadas son analizadas en su Conjunto y apreciadas en relación con los Argumentos, de conformidad al Principio de la Sana Crítica, tanto para la emisión de los Dictámenes respectivos como por parte del Pleno de Magistrados de este Tribunal previo a la Emisión de las Resoluciones definitivas, asegurando a la Señora VALLADARES CASTILLO el Derecho a la Defensa, tal como se puede constatar en cada uno de los Pasos del Procedimiento seguido en el Pliego de Responsabilidad Civil que se acompaña como Medio de Prueba, en tal sentido mi representado no ha actuado en mera deducción como lo señaló el Juez Ad-Quem. Es de señalar y para efectos ilustrativos el Juez Ad-Quem, en fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil veinte (2020), emite fallo en el cual declara con lugar el Recurso de apelación interpuesto por el Tribunal Superior de Cuentas a través de su representante procesal, procediendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional Revocar la sentencia de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, fallo que versa sobre el hecho denominado “GASTO INDEBIDO POR HABER PAGADO SUELDO COMPLETO A LOS REGIDORES CUANDO LABORARON SOLO MEDIA JORNADA” el cual guarda relación con el hecho por el cual mi representado le determinó responsabilidad civil a la señora VALLADARES CASTILLO, pudiéndose constatar en el expediente judicial Nº 0801-2018-010. En ese sentido, este fallo es completamente distinto al proferido por dicha Corte el veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019), donde emite un fallo declarando la Nulidad Absoluta de la Sentencia de fecha doce (12) de agosto del dos mil dieciséis (2016), por considerar que las pretensiones del Demandante contienen vicios nulidad, cuando el hecho sobre el cual dedujo responsabilidad civil mi representado versa sobre el mismo asunto precitado. Ambas sentencias emitidas por las mismas Magistradas, demuestra que estas se contradicen en fallos que versan sobre el pago indebido de sueldos a los Regidores cuando laboran sólo media jornada, pagos que son contrario a lo establecido en los Artículos 258 y 321 de la Constitución de la República, 28 de la Ley de Municipalidades y 21 de su Reglamento General. En consecuencia, consideramos que la sentencia objeto del presente Recurso debe ser declarada sin valor y efecto, es decir proceder con la nulidad de la misma pues por lógica el Juez Ad-Quem debió actuar de la misma manera que en el fallo precitado y no emitir el mismo órgano colegiado una sentencia completamente diferente y contradictorias.”.- VI.- Que tampoco procede la admisión del anterior cago, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos ya que en su formulación no indica las normas de derecho infringidas, y no precisa si se trata de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de dichas normas.- V.- En el tercer motivo expuesto por el Censor del fallo, se alega lo siguiente: “La no valorización de la teoría de la defensa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “… 1) se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…, b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, c) La forma y contenido de la Sentencia…” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: Los Jueces A-Quo y Ad-Quem no tomaron en cuenta el hecho que existió una dualidad de pagos y conflicto de horarios (argumento que señalamos a lo largo del desarrollo del juicio como parte de nuestra defensa). Situación que nos genera la siguiente interrogante, ¿Cómo es posible que la Señora VALLADARES CASTILLO laborará como Docente de 7 am a 12 pm con sueldo y además percibía un salario de jornada COMPLETA por parte de la Municipalidad? ¿Acaso no es esto una dualidad de pagos y un conflicto de horario? ¿Acaso no era lo correcto únicamente percibir medio salario por el trabajo realizado en la Comisión de Trabajo y no un sueldo completo como ocurre en el caso de la señora VALLADARES CASTILLO. Agregado a lo anterior, los Jueces A-Quo y Ad-Quem valoraron medios de pruebas presentados por el demandante (los cuales fueron rebatidos en su momento por esta defensa), que a nuestro criterio no debieron ser aceptados por enmarcarse los mismos dentro de lo establecido en el Artículo 236 numeral 3) del Código Procesal Civil; mismo que señala: “...serán inadmisibles igualmente las pruebas inútiles. Son pruebas inútiles aquellas que razonablemente nunca contribuirán a esclarecer los hechos controvertidos”. DE MANERA SUBSIDIARIA SE SOLICITA SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA En resumen los actos del Tribunal Ad-Quem de los cuales me he ocupado infringen la Ley produciendo indefensión en mi Representado.- Quedando explicados los supuestos exigidos por las normas que alego como infringidas; y, siendo que el Juez Ad-Quem en su sentencia de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020) confirma la sentencia de primera instancia; cuando en aplicación a las normas legales (que se dejaron de aplicar) y que son objeto de la infracción reclamada en el presente recurso, debió revocar el fallo de primera instancia.- En resumen, la nulidad solicitada es debido a todas las infracciones cometidas a la ley, al obviar la aplicación de varios preceptos legales, por parte del Juez que conoció en primera instancia y de la Corte de Apelaciones, que confirmó dicha sentencia; preceptos y normas que inciden directamente en el caso de autos.- Basados en esas normativas, y en la facultad que la Constitución le otorga al Tribunal Superior de Cuentas, es que consideramos que la responsabilidad formulada, a la Señora ARALY VALLADARES CASTILLO, si tenía razonamientos y fundamentos de derecho para su confirmación; mismos que fueron obviados por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dicha sentencia debe ser declarada nula de pleno derecho”.- VI.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en su formulación, ya que omite establecer si la infracción a la norma señalada como vulnerada es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia, haciéndose mención de una situación relacionada con el mecanismo o figura de la afirmativa ficta, la cual no ha tenido ninguna vinculación con los temas debatidos en el proceso.- VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República.- VIII.- A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casación para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IX.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA 298-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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