Sentencia CA-297-21 — Registro 13777
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas y se anula la resolución que confirma el pliego de responsabilidad formulado contra la parte demandante, no así para los solidarios. Se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra b) y c) y numeral 2 del Código Procesal Civil”; sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.-.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN.- SON PARTES: Recurrente: el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), representado en juicio por el Abogado BRANDON YASSIR CASTILLO ISAULA; y, Recurrido: el señor JOSE SEGOVIA INESTROZA, representado en juicio por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular contenido en la resolución No.815/2010-SG-TSC, de fecha 7 de octubre del 2010, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, así como sus actos posteriores por no ser conforme a derecho el referido acto, ya que fue dictado por infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, a efecto de que se ordene la no aplicación de la resolución impugnada, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de representante procesal del señor JOSE SEGOVIA INESTROZA, contra el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la Junta Directiva como máxima autoridad del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), durante la sesión celebrada el 30 de noviembre del 2006, mediante la resolución JD 2006/3623, sometió a discusión y aprobación un incremento salarial a su favor y por unanimidad de votos los Directores aprobaron a partir del 1 de febrero del 2006, un incremento de L 20,000.00, pasando a devengar un sueldo de L. 73,500.00; asimismo, aprobó que los valores en concepto de gastos de representación como Presidente Ejecutivo desde el mes de febrero del 2006, quedarían saldados con el aumento; de igual modo indicó, que la Junta Directiva es un órgano colegiado y máxima autoridad, en la cual él no tenía injerencia de ningún tipo, mucho menos para definir el sueldo o salario que debía devengar, por cuanto en ningún momento incidió en la decisión tomada por la Junta Directiva, pues la justificación o soporte que tuvo el Presidente de la Junta Directiva para conceder el aumento fue la consulta que hizo a una funcionaria de apellido Azcona, quien le manifestó que el aumento de salario tenía base legal y técnico, en tal virtud al ser su salario incrementado por disposición de la máxima autoridad de la Institución no supone problema alguno, ya que los actos administrativos dictados presumen de legitimidad, conforme al artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo y no tendría razón de contravenirlos y en el supuesto que concurriera una responsabilidad civil por el aumento aprobado, la responsabilidad no acarrea para el demandante, sino para quienes lo autorizaron; el Tribunal Superior de Cuentas indicó que el aumento salarial no debió concederse, pero tal aseveración va en contravención del artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el cual un acto administrativo presume legitimidad, por lo cual tal fundamento no es legal sino arbitrario e implica un daño moral y psicológico a la parte actora, ya que tuvo que someterse a un juicio para anular la resolución impugnada, donde se le implica responsabilidad sin ser él quien aprobó el aumento, además de agravar el riesgo del detrimento de su patrimonio. El Tribunal Superior de Cuentas en la resolución No. 815/2010-SG-TSC, en la cual confirma el pliego de responsabilidad 026/2007DCSD, de fecha 16 de agosto del 2007, fundamentó la responsabilidad deducida al demandante en que no podía eximirle de responsabilidad, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la Ley; por ello, si se hubiese apegado a la Ley, le correspondía declinar al incremento salarial, no obstante los actos administrativos por ser una resolución de Junta Directiva presumen de legitimidad, por ende no podía cuestionar y decidir si era ilegal o no, de tal manera, que dicho alegato es una interpretación antojadiza que denota prejuzgamiento como si fuera una autoridad jurisdiccional, vulnerando el Principio de Inocencia, además el Tribunal Superior de Cuentas indicó que el salario con el incremento superaba los L. 60,000.00, que establece el artículo 1 numeral 2) de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas, pero tal numeral no es extensivo a las Entidades Descentralizadas, siendo aplicable el numeral 4) de la misma que dice textualmente: “Las instituciones descentralizadas en el ámbito de su competencia y por medio del órgano competente, deberán adoptar medidas que sean acordes con las políticas sobre remuneraciones fijadas en las disposiciones presupuestarias”, siendo así, que cuando señala que deberán adoptar medidas que sean acordes, hay discrecionalidad en la Junta Directiva para tomar decisiones sobre remuneraciones, a contrario del sector público que ya tiene una limitante conforme el numeral 2), dado que las Instituciones Autónomas por la naturaleza con las que fueron creadas tienen independencia funcional, administrativa y patrimonio propio; asimismo, el artículo 4 del Código del Trabajo define que es trabajador quien presta sus servicios materiales e intelectuales mediante el pago de una remuneración en virtud de una relación de trabajo; el artículo 8 de la misma norma dice que en caso de conflicto entre las leyes de trabajo con cualquiera de otra índole, debe de predominar las leyes de trabajo; el artículo 10 establece que se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra el trabajador con el propósito de impedirle parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos que le otorguen las leyes en general y el artículo 3 del mismo citado Código dice que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversen los derechos de la Constitución, Código del Trabajo, Reglamentos o demás Leyes de Trabajo o Previsión Social que se otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un Contrato u otro pacto cualquiera, es por ello que por ser un Funcionario Público era un trabajador que por el trabajo realizado obtuvo el pago de un sueldo o salario, por tanto está protegido por la Ley Laboral y los Convenios Internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Honduras es suscriptor, aunado a lo anterior, el Tribunal Superior de Cuentas aplicó una multa al demandante por haber violentado el artículo 1 numeral 2) de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas, referente a que los funcionarios que contravengan tal disposición deberán restituir al Estado el doble de los montos autorizados, pagados o recibidos en exceso del límite fijado, lo cual el demandante considera que fue una acción completamente arbitraria, ya que la responsabilidad se establece solamente cuando el funcionario actúa como órgano del Estado, es decir, en el ejercicio de sus funciones y el Decreto 903 del 24 de marzo de 1980, en el artículo 13 no se establece dentro de sus atribuciones como empleado otorgarse unilateralmente un incremento, a consecuencia de lo anterior en el resolutivo primero de la resolución impugnada se implica responsabilidad por L. 405,000.00, actuando en contravención a la norma constitucional, dándole una interpretación extensiva sobre la responsabilidad del funcionario que autoriza un incremento y el funcionario que recibe el incremento, por lo cual considera que procede la nulidad de tal acto administrativo.- 2. La parte demandada, el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), contestó dicha demanda indicando que conforme al artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública que dice: “la presente Ley establece las normas a que estará sujeta la Administración Pública”, relacionado con el artículo 2 que establece que la Administración Pública puede ser Centralizada y Descentralizada, relacionando a su vez el artículo 47 del mismo cuerpo de normas legales que estipula: “la Administración Descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: 1) Instituciones Autónomas; y 2) Municipalidades o Corporaciones Municipales”, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), debe ser concebido como un ente público descentralizado y categorizado como una institución autónoma con independencia funcional, administrativa y patrimonio propio, que devenía en la obligación infalible de adoptar las medidas de austeridad y control de los gastos corrientes en el sector público, con el propósito de racionalizar los limitados recursos de que disponía el sector público en su momento y para el cumplimiento de sus fines la regulación adoptada mediante el Decreto Legislativo No. 219-2003, contentivo de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas, dejando claro e ilustrado que la forma jurídica bajo la cual fue creado el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) hace parte integral y un componente más de la Administración Pública del Estado de Honduras, de conformidad a los artículos 1, 2 y 47 de la Ley General de la Administración Pública; también señaló, que si bien es cierto, el párrafo primero del artículo 1 de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas en el ámbito de aplicación de la misma va referido a las instituciones estatales comprendidas dentro del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo. También es cierto que el numeral 4) de la Ley de Racionalización de Finanzas Públicas estipula que “las instituciones descentralizadas en el ámbito de su competencia y por medio del órgano competente, deberán adoptar las medidas que sean acordes con las políticas sobre remuneraciones fijadas en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Central”, en ese sentido, las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para los Ejercicios Fiscales 2006 y 2007, se ejecutaron las cantidades objeto de reparo por parte del Tribunal Superior de Cuentas y establece en el artículo 71 respectivamente que “Los salarios de los empleados y funcionarios de las Instituciones Descentralizadas y órganos desconcentrados, ya sean de carácter permanente, por contrato o cualquier otra modalidad que ingresen durante la vigencia del presente Decreto, deberán guardar relación con las remuneraciones que devengan los de igual categoría en la administración central y en ningún caso éste deberá exceder de L. 60,000.00 mensuales”, y “los salarios de los empleados y funcionarios de las Instituciones Descentralizadas y órganos desconcentrados, ya sean de carácter permanente, por contrato o cualquier otra modalidad que ingresen durante la vigencia del presente Decreto, deberán guardar relación con las remuneraciones que devengan los de igual categoría en la administración central”; consecuentemente, se puede apreciar que existió infracción del artículo 1 numeral 2) de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas al recibir pagos superiores a los que le correspondía recibir por ministerio de la Ley; la discrecionalidad que la Ley refiere debe ser entendida como el mandato encaminado a que un ente estatal procederá dentro de los límites de las mismas y en función del fin para el que hubieren sido atribuidas sin que por ello implique la toma de decisiones en asuntos sometidos a su conocimiento, violando los límites que establece el mismo ordenamiento jurídico positivo, en ese contexto se tasará el nivel de incoherencia en los descargos extemporáneos planteados en el escrito de iniciación del presente proceso por la parte demandante, corroborando, verificando, ratificando y concluyendo que no existe, ni existió base legal para la aprobación del aumento salarial. Cumpliendo con la responsabilidad constitucional de control a posteriori de los bienes, recursos y servicios administrados por los funcionarios y empleados públicos, señalada en el artículo 222 de nuestra la Carta Magna, el Tribunal Superior de Cuentas, realizó investigación especial practicada en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), donde se encontraron irregularidades por las que se determinó responsabilidad civil al demandante en su gestión como Presidente Ejecutivo, razón por la cual procedió abrir el expediente administrativo, dando las oportunidades que establece la Ley para que desvaneciera la responsabilidad civil a él formulada, sin que justificara en el momento procesal oportuno el aumento de salario al margen de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas, por la cantidad de L. 405,000.00 y al no haberlos justificado con la documentación de soporte correspondiente y en los plazos que establece la Ley, se confirmó el Pliego de Responsabilidad Civil No. 01/026/2007-DCSD formulado, mediante Resolución No. 815/2010-SG-T.S.C., la cual fue recurrida por el apoderado legal del demandante en su único hecho y en la cual se confirma el mismo en la Resolución No. 1493/2012-SG-T.S.C., siendo que se pretende la Nulidad de un Acto Administrativo de carácter particular y la no conformidad a derecho de la Resolución No. 815/2010-SG-T.S.C., el procedimiento para la apertura a pruebas debe corresponder a la admisión de medios probatorios que sustenten los señalamientos y fundamenten las causas o motivos que la Ley establece para decretar la nulidad absoluta, o la no conformidad a derecho, los cuales deberían constar en el mismo expediente administrativo. La naturaleza de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es ser una instancia revisoría de la legalidad de los actos administrativos, en el caso de mérito el demandante debió justificar la responsabilidad formulada aportando alegaciones y pruebas que debió presentar en su oportunidad en el proceso administrativo, a fin de que el Juez A-quo declare circunstancias que no se circunscriben a la declaratoria de nulidad, anulabilidad de los actos proferidos, los cuales debiesen de enmarcarse en cualquiera de las causales señaladas en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo o el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para ser considerada nula o no ser conformes a derecho. En cuanto a lo solicitado por el demandante relacionado al reconocimiento de una situación jurídica individualizada, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, únicamente está legitimado para solicitar el reconocimiento de una situación jurídica individualizada el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado, el Tribunal Superior de Cuentas en ningún momento infringió un supuesto derecho, prueba de ello es que nunca se le suspendió mientras se desempeñaba como Presidente Ejecutivo, tampoco se le suspendió su sueldo, por lo que no hubo supresión de derechos con la emisión de la Resolución objeto de la presente demanda, solamente confirmó que se efectuó un aumento de salario al margen de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas al haber recibido pagos que no le correspondían. Finalmente expresó, que el acto administrativo impugnado, es decir, la Resolución emitida fue dictada con pleno cumplimiento de la Ley, conforme las valoraciones imparciales e independientes de los criterios aplicados por la comisión auditora, los argumentos y medios probatorios aportados en la instancia administrativa.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de septiembre del 2018, dictó sentencia que su parte conducente dice: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Representante Legal del Señor JOSE SEGOVIA INESTROZA, contra el Estado de Honduras a través del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución número 815/2010-SG-TSC de fecha siete (07) de octubre del dos mil diez, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, que confirman el Pliego de Responsabilidad Civil, por la cantidad de cuatrocientos cinco mil lempiras exactos (Lps. 405,000.00) SEGUNDO (2): Se ANULA la resolución que confirma el pliego de responsabilidad formulado contra la parte demandante, no así para los solidarios. TERCERO (3): Contra el presente fallo procede el Recurso de Apelación, el que deberá interponerse ante este Tribunal, con su expresión de agravios, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas aportadas en juicio constan el Pliego de Responsabilidad Civil No. 01-026-2007-DCSD sobre la denuncia No. 0801-07-055 verificada en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la cual formula la Responsabilidad Civil por la cantidad de L. 405,000.99; Resolución No. 420 mediante la cual los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), resolvieron aprobar por unanimidad de todos los Directores, un incremento salarial de L. 20,000.00 a favor del demandante en condición de Presidente Ejecutivo, a partir del 1 de febrero del 2006, pasando a devengar un sueldo mensual de L. 73,500.00; Cédula de Notificación del pliego de Responsabilidad Civil; impugnación al informe de Pliego de Responsabilidad Civil No. 026-2007-DCSD, en fecha 21 de septiembre del 2007; Dictamen de análisis de impugnaciones No. 383/2009-DAI; Dictamen No. 26/2010-DAL-TSC, de la Dirección de Asesoría Legal, de fecha 22 de enero del 2010; Resolución No. 815/2010-SGTSC, misma que confirma la totalidad de la responsabilidad deducida al demandante; Interposición del Recurso de Reposición; Dictamen No. 670/2012-DL-TSC, el cual declara sin lugar el recurso de Reposición; Resolución No. 1493/2012-SG-TSC, la cual declara no ha lugar el recurso de Reposición y se da por agotada la vía administrativa, la Suscrita concluyó que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) al ser una entidad autónoma, goza de independencia funcional y administrativa, según la norma establecida en el artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública y artículo 1 de la Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), correspondiendo la dirección general del Banco a la Junta Directiva, según el artículo 5 de la Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), por lo cual en aras de las facultades que ostenta dicha Junta al ser quien rectora la Dirección General y estar taxativamente conferida dicha atribución en el artículo 11 de la Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), al establecer que: “Las personas que desempeñen la Presidencia y la Vicepresidencia Ejecutiva, serán nombradas por el Poder Ejecutivo, para un período de cuatro años, pudiendo ser nombrados para nuevos períodos. Dedicarán todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco y no podrán aceptar otro cargo, excepto los de carácter docente y aquellos de carácter especial inherente a sus funciones. Recibirán el sueldo o asignación que la Junta Directiva determine”, en sesión No. 410 de fecha 30 de noviembre del 2007, aprobó por unanimidad de todos los Directores, un incremento salarial de L. 20,000.00, a favor del demandante en su condición de Presidente Ejecutivo, por lo cual el hecho de que se haya atribuido dicho aumento salarial, no puede ser atribuible a su persona, ya que no hubo injerencia de su parte para la decisión tomada por la Junta Directiva, teniendo en todo caso la Junta Directiva la responsabilidad, ya que por unanimidad de votos reconoció y otorgó tal aumento mediante Resolución No. JD 2006/3623, de la sesión No. 40 de fecha 30 de noviembre del 2006, en vista de todo lo expuesto, la suscrita Juez estimó que se debe decretar la procedencia de la acción y consecuente nulidad del acto impugnado, en cuanto a lo que atañe al demandante y no a los solidarios responsables.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 8 de octubre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), se creó mediante Decreto 903, con autonomía, personería y capacidad jurídica, estableciendo en su misma Ley de creación que la dirección superior del Banco corresponde a la Junta Directiva, la administración superior estaría a cargo de un Comité Ejecutivo, Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo y altos funcionarios que designe la Junta Directiva; el Presidente Ejecutivo recibiría el sueldo o asignación que la Junta Directiva determine existiendo documentación como el Dictamen 383-2009-DAI, emitido por la Dirección de Análisis de Impugnaciones, estableciendo dicha responsabilidad en virtud de que la Junta Directiva discutió y aprobó un aumento al sueldo del demandante, quien fungió como Presidente Ejecutivo de dicha institución estatal; asimismo, se encuentra el Dictamen de la Dirección de Asesoría legal, el cual no aportó ningún elemento diferente a la vertida por la Dirección de Análisis de Impugnaciones; no obstante, en la resolución de Junta Directiva JD 2006-3623, emitida en acta 420 el 30 de noviembre del 2006, se puede leer que los miembros de la Junta Directiva aprobaron por unanimidad de votos de todos los Directores un incremento de salario de L. 20,000.00, a favor del Presidente Ejecutivo a partir del 01 de febrero del 2006, pasando a devengar un sueldo mensual de L. 73,500.00, acta firmada por la Secretaria de Junta Directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), por ende dicho incremento no se hizo a iniciativa el demandante, si no que fue sometido para su aprobación por el ente encargado, siendo ellos quienes lo otorgaron, siendo así que el argumento sobre la infracción a la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas sería aplicable para cuestionar el actuar de la Junta Directiva; de igual forma, es inaplicable el Código del Trabajo, ya que lo que se está revisando es una resolución objeto de impugnación en lo contencioso en vía ordinaria sujetándose al conjunto de leyes administrativas que rigen el actuar de la administración pública y en cuanto al Reglamento también sería inaplicable, ya que la responsabilidad civil por Ley no sería para el demandante. Por lo que visto y analizadas las diligencias que contienen el pliego de responsabilidad, así como el resto de documentación que el Tribunal Superior de Cuentas, tomó como base para la emisión de la resolución impugnada, carecen de fundamentos legales para deducir responsabilidad acorde al Decreto de creación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), quien ya delimitó la función, tanto de la Junta Directiva, así como del Presidente Ejecutivo, en el cual en ningún momento tal decisión es atribuible al demandante, ya que obra en autos la certificación firmada por la Secretaria de la Junta Directiva, en la cual se observa que la resolución que contiene el incremento salarial fue realizada por los miembros que conformaron en su momento la Junta Directiva.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado BRANDON YASSIR CASTILLO ISAULA, en fecha 13 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 8 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.79-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.378-2014, del Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 21 de enero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, presentó en fecha 20 de abril del 2021, en forma extemporánea el escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual se declaró precluido el término señalado por la ley para contestar el recurso de casación, mediante providencia de fecha 22 de abril del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 18 de mayo del 2021, los Abogados BRANDON YASSIR CASTILLO ISAULA y MAX RICARDO SALGADO LAGOS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 10 de agosto del 2021, teniendo por personado al Abogado BRANDON YASSIR CASTILLO ISAULA, como recurrente; y al Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Infracción de la Ley por falta de aplicación de los artículos 1, 3, 5 numeral 4), 80 párrafo 2do de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y artículo 119 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas; asimismo el artículo 1 numeral 2) de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1) literales b) y c); y numeral 2 del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…; b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; c) La forma y contenido de la sentencia..., 2) Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio”. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: En el fallo proferido no se consideraron estos artículos, limitándose únicamente el Juez Ad-Quem a convalidar parte de la apreciación del Juez A-Quo; quien tampoco en su sentencia aplicó esos artículos y decidió ni siquiera pronunciarse sobre los argumentos de la parte Demandante, sino que esbozó que la responsabilidad no era del señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA sino de la Junta Directiva del BANADESA, siendo esto equivalente a lo que en la jurisdicción laboral conocemos como extra petita, al hacer el Juez A-Quo alusión a argumentos que no se han planteado. Agregado a lo anterior, el Juez Ad-Quem se extralimita en los planteamientos que dieron origen tanto al proceso judicial contenido en el Expediente NO 378-14 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y NO 0801-079-2018-M2 de la Corte de Apelaciones Contencioso Administrativo. Debemos recordar que existe una regla que establece que el Juez, está obligado a conocer la Leyes y Reglamentos y en general aplicar toda la normativa que verse sobre la materia en la cual emitirán sentencia; y, en el presente caso, no sucedió así. Dicho lo anterior, el Juez Ad-Quem considera que el incremento salarial no se hizo a iniciativa del señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA sino que fue sometido a aprobación del ente encargado, es decir, la Junta Directiva del BANADESA y fueron ellos quien en efecto otorgaron dicho aumento salarial según la Resolución de la Junta Directiva NO JD 2006-3623, emitida en Acta NO 420 del 30 de noviembre del 2006; por ende, el argumento en apelación de la infracción de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas sería aplicable para cuestionar el actuar de la Junta Directiva, no del señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA. Seguimos esbozando ante el Tribunal de alzada, lo que hemos venido sosteniendo desde el momento de la presentación de nuestro primer escrito, la contestación de la demanda, en el caso que nos ha venido ocupando existió infracción del numeral 2) del artículo 1 de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas por parte del señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA porque fue él quien directamente recibió pagos superiores a los que le correspondía recibir en virtud de la disposición contenida en la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas. Mi poderdante no demerita el criterio de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el sentido que la Junta Directiva del BANADESA también tiene responsabilidad civil por razón de ser dicho ente colegiado quien aprobó ilícitamente el incremento salarial; empero, dicho criterio no debe ser excluyente con el ciudadano demandante JOSÉ SEGOVIA INESTROZA y en ese fundamento fallar en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia y como consecuencia de ello desvanecer la responsabilidad civil determinada. ¿Por qué creemos firmemente que el señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA sí es responsable civilmente? El artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas recoge el principio de la responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos de su Ley, estableciendo que: "El superior jerárquico será solidariamente responsable con el servidor público reparado cuando hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por no ejecutar o implementar las disposiciones de control interno. CUANDO VARIAS PERSONAS RESULTAREN RESPONSABLES DEL USO INDEBIDO TAMBIÉN SERÁN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES. Incurrirán en responsabilidad, las personas naturales o jurídicas que, no siendo servidores públicos, si se beneficiaren indebidamente con el uso de los bienes, servicios o recursos del Estado". Lo que se ha marcado en negrita y mayúscula es el fundamento principal por el cual mi representado procedió a la determinación de responsabilidad civil al demandante, al ser él una de las personas que usó indebidamente los recursos públicos del Estado de Honduras, uso indebido que se
configuró desde el momento que recibió pagos superiores a los que debió recibir por ministerio de la Ley, dicho de otra manera, la conducta apropiada y apegada a derecho era abstenerse de recibir dichos pagos superiores o pagos que no debía recibir, cuyo detalle corre agregado a folio 7 del Pliego de Responsabilidad Civil NO 01/026/2007-DCSD. Ahondando un poco más sobre lo dispuesto renglones atrás, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas recoge uno de los supuestos que se actualizó y que por ello ameritó la determinación de responsabilidad civil al señor SEGOVIA INESTROZA estableciendo que: "SERÁN RESPONSABLES PRINCIPALES LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LOS PARTICULARES QUE POR CUALQUIER MEDIO RECIBIEREN PAGOS SUPERIORES A LOS QUE LES CORRESPONDA RECIBIR, POR PARTE DE ENTIDADES SUJETAS A JURISDICCIÓN DE ÉSTE TRIBUNAL", en ese sentido es que se le dedujo responsabilidad civil legítima al señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA, al resultar responsable del uso indebido de los recursos públicos cuyo cometido se cumplió al recibir pagos superiores a los que debió recibir por ministerio de la Ley, reiteramos, la conducta apropiada y apegada a derecho era abstenerse de recibir dichos pagos superiores o pagos que no debía recibir”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se indica como precepto autorizante el “Articulo 719.1 letra b) y c) y numeral 2 del Código Procesal Civil”; sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de falta de aplicación, pero en la explicación se alude a la interpretación errónea; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna y, d) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “La no valorización de la teoría de la defensa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil, que al tenor señala: “…1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) ..., b) Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, c) La forma y contenido de la Sentencia…” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: Los Jueces A-Quo y Ad-Quem no tomaron en cuenta el hecho que existió una ilicitud por parte de la Junta Directiva y que directamente benefició al señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA al recibir un incremento salarial prohibido por la Ley y que lo hace directamente y solidariamente responsable por el hallazgo de auditoría encontrado por la comisión de auditores. Situación que nos genera las siguientes interrogantes: 1. ¿Era correcto que el señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA recibiera un pago por encima de lo que la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas señalaba en ese momento?; 2. ¿Se encuentra facultado el Tribunal Superior de Cuentas para determinar responsabilidad civil en el caso particular con fundamento en los artículos 80 de su ley Orgánica y 119 numeral 4) de su Reglamento General de Aplicación descritos ampliamente en los párrafos precedentes?; O, 3. ¿Deberíamos comprender o pensar que es correcto que el señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA haya violado la Ley (artículos 80 párrafo 2do de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, 119 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y el artículo 1 numeral 2) de la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas) sin que el Tribunal Superior de Cuentas haya actuado en función de sus atribuciones constitucionales (artículos 1, 3, 5 numeral 4), 80 párrafo 2do de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas)?”.- IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- V. Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “DE MANERA SUBSIDIARIA SE SOLICITA SE DECRETE LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA En resumen, los actos del Tribunal Ad-Quem de los cuales me he ocupado infringen la Ley produciendo indefensión en mi Representado. Quedando explicados los supuestos exigidos por las normas que alego como infringidas; y, siendo que el Juez Ad-Quem en su sentencia de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil veinte (2020) confirma la sentencia de primera instancia; cuando en aplicación a las normas legales (que se dejaron de aplicar) y que son objeto de la infracción reclamada en el presente recurso, debió revocar el fallo de primera instancia. En resumen, la nulidad solicitada es debido a todas las infracciones cometidas a la Ley, al obviar la aplicación de varios preceptos legales, por parte del Juez que conoció en primera instancia y de la Corte de Apelaciones, que confirmó dicha sentencia; preceptos y normas que inciden directamente en el caso de autos. Basados en esas normativas, y en la facultad que la Constitución le otorga al Tribunal Superior de Cuentas, es que consideramos que la responsabilidad formulada, al señor JOSÉ SEGOVIA INESTROZA, sí tenía razonamientos y fundamentos de derecho para su confirmación; mismos que fueron obviados por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dicha sentencia debe ser declarada nula de pleno derecho”.- VI. Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrente. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA 297-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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