Sentencia CA-296-19 — Registro 12192
Resumen
La Corte de apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado ,bajo el criterio que el pago de las cantidades debidas por el INPREMA no solo debe ser reconocidas hasta el 26 del mes de septiembre de 2012, sino hasta el 26 de junio de 2013, ya que fue en esa fecha en que su representada fue expulsada de los predios del Instituto y el otro elemento que reclama el demandante mediante el recurso de apelación es que se le reconozca los INTERESES MORATORIOS POR PAGO TARDIO
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal; y, c) En el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante invocado, como fundamento del cargo..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE Y REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA; dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JOSE ANTONIO TAIXES y Recurrido: La Sociedad Mercantil GEOCONSULT, S. A. DE C.V., representada en juicio por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda sobre la ilegalidad de un acto administrativo para que se tramite por la vía del procedimiento ordinario, se declare la nulidad del mismo por no estar apegada a derecho, se reconozca una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento; dejar sin valor ni efecto la resolución emitida por INPREMA; se dicte sentencia condenatoria de pago de cantidad en lempiras; se reclaman daños y perjuicios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ, quien sustituye poder en el Abogado Max Velásquez Díaz, quienes actúan como apoderados legales de la Sociedad Mercantil denominada GEOCONSULT, S.A. de C.V., contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del INSTITUTO DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA). ANTECEDENTES DE HECHO 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que el 15 de agosto del 2007, celebró con el INPREMA contrato de supervisión, ampliación de mejoras y adiciones, contrato de servicios de dirección técnica y supervisión (entre otros servicios) a prestar respecto al edificio del INPREMA, el cual era objeto de ampliación; las mejoras y adiciones tenían que hacerse al edificio aludido y que por los servicios en referencia, INPREMA pagaría mensualmente al demandante la cantidad de L.1,595,000.00, cuyo plazo de duración de dicho contrato sería de 10 meses (cláusula novena) y en la cláusula décimo cuarta se estipuló que en el caso que la duración de los servicios fuese por un tiempo diferente al estipulado en la cláusula novena, el supervisor prestaría sus servicios hasta que el proyecto esté completamente concluido; argumentó que cuando transcurrieron los primeros diez meses del contrato, el progreso de las obras alcanzaba un 40.41 % de lo programado, siendo lo convenido INPREMA-GEOCONSULT, que GEOCONSULT tenía que dirigir y supervisar hasta que el proyecto estuviera completamente concluido y que la demandante rindió los servicios pactados en el contrato por los cuales percibió la remuneración de los mismos a razón de L.1,595,000.00 mensuales, que no fueron efectivos con la regularidad convenida o sea mensualmente, no obstante esto no fue óbice para que continuara dando los servicios de dirección y supervisión de las obras de ejecución en la construcción del edificio del INPREMA; asimismo, alegó que el 19 de abril del 2013, presentó el reclamo administrativo correspondiente por la cantidad de L.19,140,000.00, deuda de doce meses de mora, emitiendo resolución Nº DE/150-11-06-2013, de fecha 11 de junio del 2013, declarando improcedente el reclamo administrativo y en el ínterin del reclamo administrativo a la resolución hicieron un pago de L.1,595,000.00, por lo que la deuda reclamada en aquel entonces quedó reducida a L. 17,545,000.00, contra dicha resolución interpuso el recurso de reposición, el cual, el 09 de agosto del 2013, fue denegado; que la demandante instaló oficinas en el edificio del INPREMA, haciendo de ellas su centro de trabajo y fue en fecha 07 de mayo del 2013, que el INPREMA dirigió nota en la que les pidió el desalojo de las oficinas antes referidas, en virtud de que el espacio sería ocupado para oficinas administrativas, no obstante se continuaba con el trabajo hasta el 26 de junio del 2013, en el que INPREMA les solicita el desalojo nuevamente, prohibiendo la entrada a INPREMA a partir del día siguiente, por lo que de esa forma terminó el contrato de dirección técnica y supervisión sin que el proyecto hubiese terminado; y, la Empresa Constructora KOSMOX, que tenía el contrato de construcción continuaba edificando, igualmente fue desalojada el 27 de agosto del 2013; igualmente manifestó, que la mora de 14 meses desde abril del 2012 hasta el 26 de junio del 2013, les ha ocasionado daños y perjuicios a GEOCONSULT, limitando con ello el desarrollo de sus actividades, reduciendo la producción e ingresos, ocasionando pérdidas por la forma abrupta e ilegal en que INPREMA puso fin unilateralmente al contrato; manifestó que los daños y perjuicios ascienden a la cantidad de L.66,815,795.38, según dictamen privado que oportunamente presentará. 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en cuanto al pago de las supuestas cantidades adeudadas predominó la autonomía de la voluntad de los contratantes no solo se encuentra restringida, sino que el nacimiento, existencia, efectos y extinción de dichos contratos se encuentran estrictamente reguladas por la Ley de Contratación del Estado y por consiguiente al momento de resolverse cualquier controversia derivada de un contrato de esa naturaleza no cabe la posibilidad jurídica de ignorar, o mejor dicho, omitir la Ley de Contratación del Estado; que el referido contrato únicamente pudo haberse terminado por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes o por resolución del contrato, ya sea por causa imputable a la administración, al contratista o por mutuo acuerdo de las partes y en este caso el demandante por el supuesto incumplimiento de los pagos debió solicitar a la administración pública contratante que acordaría la resolución del contrato por causa imputable a sí misma, o en su caso impugnar la negativa a hacerlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y una vez que quedara firme la resolución del contrato se procedería a su liquidación con la participación del Tribunal Superior de Cuentas o sea que todo contrato estará, regulado por dicha ley y cuyas pretensiones no se cumplan normalmente sino por una causa imputable a la administración pública como según lo demanda ha ocurrido en el caso que nos ocupa, antes de demandar pago alguno, primero debe ser resuelto el contrato y seguidamente liquidado con la intervención del Tribunal Superior de Cuentas, según la Ley de Contratación del Estado; argumentó además, que el contratista tiene derecho al pago de indemnización por daños y perjuicios solamente en el caso de que el contrato supuestamente incumplido haya sido resuelto por causa imputable a la administración pública contratante y dicho contrato ni ha sido liquidado con la participación del Tribunal Superior de Cuentas, resulta jurídicamente evidente que el demandante no se encuentra legitimado para pretender que se le indemnicen los supuestos daños y perjuicios; alegó que en la demanda se expresa que el INPREMA desalojó el 07 de mayo del 2013, de las instalaciones al demandante y que incumplió dando por terminado el contrato, lo cual no es cierto tal y como se puede comprobar con la nota que corre a folio 100 del expediente contentivo del reclamo administrativo, en la que no se expresa que se está dando por terminado el referido contrato, sino que se dice que el contrato para el INPREMA expiró desde abril del 2012, o sea un año antes, por lo que señaló cual es la cláusula contractual supuestamente incumplida, la cual no existe ninguna que obligue al INPREMA a proporcionarle al contratista local alguno para instalar sus oficinas, sino que más bien, en la cláusula décima del contrato se incluye una partida denominada para alquiler de oficina, la cual desdice lo aseverado por el demandante, cabe aclarar que en la resolución DE 150-11-06-2013, de fecha 11 de junio del 2013, mediante la cual se declaró improcedente el reclamo administrativo se establece que el contrato expiró en el mes de abril del 2012 y el contratista recibió a su entera satisfacción el pago correspondiente a dicho mes. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de octubre del 2015, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por el Abogado RENE VELASQUEZ DIAZ quien luego la Sociedad Mercantil GEOCONSULT le confiere poder especial al Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA par no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución numero DE 150/-11-06-2013 de fecha 13 de junio del 2013. SEGUNDO: Se resuelve declarar la nulidad de la resolución DE 150/-11-06-2013 de fecha 13 de junio del 2013. TERCERO: Se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se le concede el pago de cinco meses que es lo que autoriza la Comisión Nacional de Bancos Y Seguros como última ampliación al contrato, es decir se le pagara del 26 de mayo como primer mes, ya que el último page recibido fue en fecha 25 de abril hasta el 25 de septiembre del 2012 a razón de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 1,595,000.00) tal y como lo establece el contrato de supervisión hacienda un total de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 7,975.000.00), en cuanto a los intereses solicitados se declaran sin lugar por no haber sido pedidos en sede administrativa tal y como lo establece el artículo 147 de la ley de procedimiento Administrativo..."; sin costas, bajo el criterio que de todo lo observado mediante la documentación que obra en el expediente, esa última ampliación del contrato para GEOCONSULT, mediante resolución 240-08-05-12, en el que al no haber sido impugnada fue consentida por ambas partes y siendo que el último pago fue del 26 de marzo al 25 de abril del 2012, lo único que se le adeuda para esta suscrita son cinco meses que es lo que autoriza la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es decir, se le pagara hasta el 25 de septiembre del 2012, a razón de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 1,595,000.00) tal y como lo establece el contrato de supervisión, partiendo de lo anterior, desde el 26 de septiembre del 2012 las partes quedaron contractualmente desligadas y como lo establece el artículo 1348 del Código Civil establece "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos", por lo que al haber finalizado el contrato suscrito entre las partes finalizaron las prestaciones del contratista así como las obligaciones del contratante; que la administración ha omitido el principio PACTA SUM SERVANDA, principio jurídico universalmente aceptado el que significa que los contratos son ley entre partes y deben cumplirse al tenor de sus términos. 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de marzo del 2019, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: "FALLA: PRIMERO: PRIMERO: CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil GEO CONSULTS.A. en lo que respecta al reconocimiento de los intereses que devengara la cantidad condenada de acuerdo a lo establecido en la cláusula DECIMO SEGUNDA NUMERAL 4 DEL CONTRATO; no así en los demás concepto alegados en su escrito de apelación; dejando diferido la cuantificación de los intereses para la etapa de ejecución de la sentencia. SEGUNDO: En consecuencia, se revoca parcialmente el ordinal tercero de la parte dispositiva de la sentencia recurrida, en lo que respecta a la declaratoria de sin lugar los intereses, declarándose el reconocimiento de dicho concepto; consecuentemente condenándose a la parte demandada al pago de concepto. TERCERO: Sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO TAIXES, en su condición de Apoderado Legal del Instituto de Previsión del Magisterio INPREMA..."; sin costas, bajo el criterio que el pago de las cantidades debidas por el INPREMA no solo debe ser reconocidas hasta el 26 del mes de septiembre de 2012, sino hasta el 26 de junio de 2013, ya que fue en esa fecha en que su representada fue expulsada de los predios del Instituto y el otro elemento que reclama el demandante mediante el recurso de apelación es que se le reconozca los INTERESES MORATORIOS POR PAGO TARDIO, de acuerdo a la cláusula DECIMO SEGUNDA NUMERAL 4 DEL CONTRATO; así como el pago del interés legal del 6% que de acuerdo al Código Civil se refiere a los intereses sobre intereses vencidos; así como el reconocimiento de la devaluación acumulada del lempira y deslizamiento de la moneda nacional con respecto al dólar y cargos administrativos/legales por prestaciones laborales, derechos adquiridos adeudados y gastos por demandas laborales producto del incumplimiento del INPREMA. En lo que respecta a los meses reclamados posteriores al 26 de septiembre de 2012, no se encuentra en autos, medio de prueba alguno que demuestre que, después de esa fecha se haya manifestado una voluntad de la administración (INPREMA), ni tácita ni expresa que denote que se le adeuden al demandante en concepto de trabajos realizados y no pagados tales conceptos; por lo que se declara sin lugar el agravio referido al pago de ese periodo.- En cuanto al pago de intereses que surgen del contenido de la cláusula DECIMO SEGUNDA NUMERAL 4 DEL CONTRATO; tal aspecto es innegable su procedencia, ya que en efecto dicha cláusula del contrato así lo refiere, al establecer: "el Inprema se obliga a hacer efectivos los pagos que correspondan al alcance de este contrato descrito en la presente cláusula, en un plazo no mayor de 45 días calendario después de presentada al Inprema la factura de cobro.- transcurrido este plazo el supervisor tendrá derecho al pago de intereses equivalentes a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectué el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional". En consecuencia, se accede a este contenido del agravio expuesto por el recurrente; difiriéndose para la etapa de ejecución y mediante los trámites que al efecto establece el Código Procesal Civil, la liquidación de dichos intereses. En lo que respecta al pago del interés legal del 6% que de acuerdo al Código Civil se refiere a los intereses sobre intereses vencidos; así como el reconocimiento de la devaluación acumulada del lempira y deslizamiento de la moneda nacional con respecto al dólar y cargos administrativos/legales por prestaciones laborales, derechos adquiridos adeudados y gastos por demandas laborales producto del incumplimiento del INPREMA; estos conceptos se desestiman, ya que no fueron parte de las pretensiones expuestas en el escrito de demanda y si bien es cierto, con posterioridad la parte demandante intentó introducirlos mediante escrito de modificación de demanda, su petición fue denegada, según auto de fecha 20 de enero de 2014, por lo que no eran parte del controvertido y con razón suficiente la A-quo no tuvo por qué haberse referido a los mismos en el fallo. Por lo que se desestiman los mismos. Este Tribunal de Apelación por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, procede a declarar con lugar parcialmente el recurso interpuesto por el representante procesal de la parte demandante y declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSE ANTONIO TAIXES, en fecha 26 de abril del 2019, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de marzo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.101-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.358-2013, del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante providencia de fecha 06 de mayo del 2019, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, presentó en fecha 28 de mayo del 2019, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 30 de mayo del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 04 de junio del 2019, los Abogados JOSE ANTONIO TAIXES y CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA. 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 18 de noviembre del 2019, teniendo por personados a los Abogados JOSE ANTONIO TAIXES, como recurrente y CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, como recurrido, en consecuencia, se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Código Procesal Civil, Artículo 719.2.- En cuanto se impugna la aplicación de la norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio. DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Ley de Procedimiento Administrativo, Articulo 28 (Actos Tácitos de la Administración Pública).- En los casos previstos por la Ley el comportamiento de la Administración Pública que sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá el mismo efecto de una resolución expresa. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Mediante el análisis de la Sentencia recurrida en Casación, se comprobara que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, aunque reconoce expresamente que no consta en autos que la modificación del plazo del Contrato de Supervisión autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante la Resolución CI- No.240/08-05-2012, se haya suscrito por escrito; hay certeza de que existe la voluntad expresa del órgano competente para tal autorización por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; puesto que el hecho de no haber liquidado el proyecto la Administración constituye un verdadero ACTO TACITO de la Administración, el cual en este caso particular se configura en que al no haber una manifestación expresa de suscribir la ampliación del plazo del contrato como se lo autorizó la Junta Interventora, pero al no haber liquidado el proyecto y permitir la estadía del demandante en el plantel o predios de la demandante, por esa forma de actuar y de omisión de diligencias ( liquidar el proyecto ) de las autoridades del INPREMA, infiere este Tribunal que la manifestación de voluntad de ampliación del plazo es más que evidente". Una vez comprobado el extremo antes relacionado, la Honorable Sala de lo Laboral llegara al pleno convencimiento, que al solucionar el fondo del conflicto en consideración de que hay certeza que existe la voluntad expresa del órgano competente para tal autorización por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; puesto que el hecho de no haber liquidado el proyecto la Administración constituye una verdadero ACTO TACITO de la Administración el cual en este caso particular se configura en que al no haber una manifestación expresa de suscribir la ampliación del plazo del contrato como se lo autorizo la Junta Interventora, pero al no haber liquidado el proyecto y permitir la estadía del demandante en el plantel o predios de la demandante, por esa forma de actuar y de omisión de diligencias ( liquidar el proyecto ) de las autoridades del INPREMA, infiere este Tribunal que la manifestación de voluntad de ampliación del plazo es mas que evidente"; y en consecuencia, procede el pago de los cinco (5) meses en que (tácitamente) se modificó el Contrato; la Sentencia recurrida en Casación incurre en aplicación indebida del Articulo 28, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula los Actos Tácitos de la Administración Pública, porque el Contrato de Supervisión que nos ocupa, no puede ser modificado mediante Actos Tácitos de la Administración Pública por las razones siguientes: a) De conformidad con el Articulo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativo un Acto Tácito de la Administración Pública produzca los mismos efectos de una resolución expresa, es indispensable que en un caso previsto por la Ley, el comportamiento de la Administración Pública sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, lo cual no ocurre en el caso de la modificación del Contrato de Supervisión que nos ocupa, debido a que el Monto de dicha Modificación del Contrato de Supervisión es de Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Lempiras ( Lps. 7, 975,000.00), equivalente a más del 50% del Monto del Contrato Inicial que es de Quince Millón es de Lempiras ( Lps. 15,000,000.00); y por lo tanto, de conformidad con lo ordenado al respecto en el Artículo 123, Párrafo Ultimo, de la Ley de Contratación del Estado, dicha modificación requiere la aprobación del Congreso Nacional, porque excede el 25% del Monto del Contrato Inicial; dado lo cual es evidente, que la referida modificación del Contrato no es un caso previsto por la Ley en que el comportamiento de la Administración Pública es univoco e incompatible con una voluntad distinta, ya que requiere la aprobación del Congreso Nacional; o sea, requiere la aprobación de una voluntad distinta a la de mi representada; es decir, no dependía de la voluntad del INPREMA. (También seria jurídicamente improcedente, solicitar al Congreso Nacional la aprobación de un Acto Tácito). b) Sobre el particular también cabe considerar, que de conformidad con el Artículo 1575 Párrafo Ultimo del Código Civil, los contratos cuya cuantía exceda de doscientos pesos (La actual unidad monetaria es el Lempira), deberán hacerse constar por escrito, aunque sea en documento privado; es decir, la ley impone la formalidad de hacerse constar por escrito a los contratos cuyas prestaciones excedan de doscientos Lempiras; ahora bien, dado que la modificación del Contrato que nos ocupa, cuyo monto excede de Doscientos Lempiras la formalidad de "hacerse constar por escrito", es indispensable so pena de nulidad de conformidad con el Articulo 1586 Numeral 2, del Código Civil; y dado también que no se encuentra previsto en la Ley, que un Acto Tácito de la Administración Pública dispense la formalidad de hacer constar por escrito, la modificación de contratos cuyo monto excede de Doscientos Lempiras, resulta jurídicamente evidente que la aplicación del Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Actos Tácitos de la Administración Pública), para resolver el fondo del litigio, es indebida". II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna de conformidad a lo dispuesto en el artículo 704 del Código Procesal; y, c) En el desarrollo se alude a situaciones de fondo lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante invocado, como fundamento del cargo. III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. V.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes de mayo del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA296-19. Firma y sello. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZRECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.