Sentencia CA-261-21 — Registro 13776
Resumen
En primera instancia se declaar procedente la acción interpuesta por el demandante,se ordena el derecho al pago de sus prestaciones laborales y derechos que le pudieran corresponder, como décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones, incrementos salariales y otros beneficios, más el pago en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha que fue suspendido de su cargo, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia definitiva, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Se acusa a la sentencia por defectos en su “contenido y forma”, resultando confuso ya, que no las específica, dado que la forma y el contenido en las sentencia están reguladas por distintas disposiciones del Código Procesal Civil, no obstante ser defectos formales en términos generales; y c) En el desarrollo se alude a situaciones de fondo, lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante en que se sustenta el motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se formula el concepto de interpretación errónea, pero en la explicación se alude a la aplicación errónea, Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de normas, ya sea de naturaleza material o procesal, en su caso; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna; c) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; d) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- ..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se formula el concepto de interpretación errónea, pero en la explicación se alude a la aplicación errónea, Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de normas, ya sea de naturaleza material o procesal, en su caso; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna; c) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; d) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ; y, Recurrido: el señor GUILLERMO FELIPE BUSTILLO OSORIO, representado en juicio por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda por vía de procedimiento abreviado de anulabilidad de un acto por no estar dictado conforme a derecho, se reconozca una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se condene el reintegro al cargo, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de derechos adquiridos, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor GUILLERMO FELIPE BUSTILLO OSORIO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PODER JUDICIAL, a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó su relación laboral con el Poder Judicial mediante Acuerdo número 702 de fecha 30 de marzo de 1998 y por el cual se le nombraba como Juez de Letras Segundo de Comayagua, Departamento de Comayagua, en sustitución del Abogado Arnulfo Notier Mercado, acuerdo que era efectivo a partir del 01 de abril de 1998. Posteriormente, se nombra como Juez Supernumerario de ese mismo Tribunal al Abogado Héctor Torres, el cual no era ni fue subordinado del demandante y estaba en igualdad de condiciones, pero dos funciones no le correspondían según el acta número 24 de la sesión celebrada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 26 de abril de 1994: La Jefatura de la oficina y lo que respecta a la determinación de los asuntos que deban ser sometidos a su conocimiento, lo dispuesto en tal sesión se comunicó a través del Oficio No 1541-SCSJ-94, de fecha 06 de mayo de 1994. En fecha 19 de noviembre de 2008, mediante el Acuerdo Número 04, la Honorable Corte Suprema de Justicia, cumpliendo las estrategias, acciones establecidas en el Plan de Modernización del Poder Judicial, adoptó un nuevo modelo de gestión de los despachos judiciales, a fin de mejorar el sistema de atención a los usuarios y dar una respuesta efectiva a las personas que acuden a los Tribunales en busca de la solución a su conflicto; para ese fin entre las varias medidas que acordó, se haya la fusión de los Juzgados de Letras Primero y Segundo Seccional de Comayagua en un solo despacho judicial, denominado Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, fijando su competencia en todos aquellos asuntos contenciosos y voluntarios en materia penal, civil, laboral y de familia en todos los municipios de Comayagua, excepto los municipios que se encuentran bajo la competencia del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. Asimismo, estableció el funcionamiento interno del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua de la siguiente manera: a) 2 Jueces de Letras se dedicaran de forma exclusiva a la tramitación de los procesos penales conforme lo establece el Código Procesal Penal; b) 1 Juez de Letras se dedicara a las labores de turno extraordinaria en los procesos penales de conformidad a lo que establece el Código Procesal Penal; c) 2 Jueces de Letras se dedicaran de forma exclusiva a la tramitación y resolución de los procesos civiles, laborales y de familia; d) Cada Juez de Letras contara con un Secretario Adjunto que lo auxiliara en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua procedió en fecha 10 de agosto de 2009, a fusionar los Juzgados Primero y Segundo de Letras Seccional de Comayagua, dando origen a un nuevo despacho judicial denominado Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua y designó que la Abogada Eda Maritza Mejía Cardona, Juez Titular del Juzgado Primero de Letras de Comayagua se convirtiera en la Juez Titular del nuevo Juzgado en los asuntos de materia civil, laboral, no contencioso, familia, amparo y niñez, acompañada de la Abogada Aura Zamira Montalván como Juez Supernumeraria y además designó que el Abogado Guillermo Felipe Bustillo Osorio, Juez Titular del Juzgado Segundo de Letras de Comayagua se convirtiera en el Juez Titular del nuevo Juzgado en materia exclusivamente penal junto con los Abogados Héctor Torres y Juan Carlos Zelaya Turcios, como Jueces Supernumerarios en esa rama. Asimismo, determinó que, entre los Jueces Guillermo Felipe Bustillo Osorio, Héctor Torres y Juan Carlos Zelaya Turcios, se llevaran a cabo los turnos extraordinarios para los procesos penales en forma rotatoria para la jornada después de las 4:00 pm, de lunes a viernes, fines de semana y los feriados según el calendario que se elaborara para tal fin. La Inspectoría General de Juzgado y Tribunales procedió a investigar de oficio varias denuncias en su contra (una surgía de una denuncia anónima hecha vía teléfono y la otra surgió de la denuncia contra otro Juez) estas denuncias se identifican con los números 0801-2013-00042 y 0801-2013-00118. Existieron otras denuncias en su contra pero que fueron archivadas, siendo las anteriores los motivos que tomó el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial para sancionar al demandante. Que el demandante procedió a remitir a la Inspectoría de Tribunales la documentación pertinente a fin de desvanecer las denuncias de oficio en su contra levantadas, pero tal órgano judicial le devolvió la documentación que le había remitido, lo que constituye una franca violación al derecho de defensa. Su investigación solo se limita a sus propios actos, olvidando que conforme al último párrafo del artículo 94 Constitucional, en los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, debe oírse al afectado, lo que no se limita a darle la palabra, porque una interpretación en ese sentido es literal y restrictiva a la vez, sino que implica recibir toda prueba en descargo. Cualquier investigación que se considere seria debe recabar el mayor número de información y si bien la oficina de Inspectoría de Tribunales no iba aplicarle alguna sanción, su investigación es parte de un procedimiento disciplinario que se desemboca en posible sanción, por lo que en aras de la imparcialidad y de una investigación completa era su deber recoger toda información o prueba tanto en cargo como en descargo. La Inspectoría de Tribunales terminó "su investigación" y la remitió en febrero de 2013, a la Presidencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que esta determinara la existencia o no de responsabilidad disciplinaria en su contra. El Honorable Presidente la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Jorge Rivera Avilez, a su vez, en abril de 2013, remitió los expedientes a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, para que procediera a efectuar las audiencias de descargo que se celebraron en mayo de ese mismo año y luego los expedientes pasaron al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial para que fuera ese órgano el encargado de aplicar la sanción disciplinaria. El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial recibió los expedientes junto con las audiencias de descargo evacuadas ante la Dirección de Administración de Personal, con las que formó el expediente número 34- CJYCJ-2013-RDP y en fecha 12 de febrero de 2014, emitió la resolucion 19/2014, en la que decidió "DESTITUIR SIN RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL CARGO DE JUEZ COORDINADOR DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, al Abogado GUILLERMO FELIPE BUSTILLO”, a) Porque en la denuncia No.0801-2012-000118, se comprobó que se atribuyó facultades que no le correspondían, al designar y juramentar secretarias Adjuntas del Juzgado, las cuales eran propias de la Corte de Justicia. b) En la denuncia No.0801-2012-00042, en referencia a las hechos denunciados que tiene que ver cuando se excusó de conocer por parentesco con el defensor privado del imputado, aparece acreditado que en el período de vacaciones del mes de diciembre de 2012 y aun en el mes de enero del 2013, reasumió el conocimiento de la causa penal identificada con el No.964-1996, sin que previamente notificarle al Juez Héctor Torres, quien estaba a cargo del expediente, actitud contraria al respecto y consideración; y que estando excusado con anterioridad, no podía reasumir su conocimiento aun cuando hubiere desaparecido la causa de recusación. La resolución que motiva su cancelación como Juez Titular del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua no es conforme a derecho por las siguientes razones particulares y comunes: 1) Con respecto al cargo de que en la denuncia No.0801-2012-000118, se comprobó que se atribuyó facultades que no le correspondían al designar y juramentar secretarias Adjuntas del Juzgado, las cuales eran propias de la Corte de Justicia, esta causal de cancelación presenta como ilegalidades propias las siguientes:1.a) Esta causal de cancelación fue modificada, ya que el cargo con que se le acusó y con el cual acudió a una audiencia de descargo era por arrogarse funciones que no le corresponden, nombrando y juramentando a la señora Ana Eddy Orellana Benítez, en el cargo de Secretaria Adjunta, igual nombramiento hizo con Suyapa Yamilet Rivera Velásquez y Rubén Ismael Castro Fiallos, tal como se desprende del oficio de fecha 30 de abril del ario 2012, enviado al señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, incluso al observar el "OBJETO DEL PROCESO" que se consigna al principio de la Resolución 19/2014, que contiene su cancelación, claramente se señala que la falta que se le imputa es Arrogarse funciones que no le corresponden nombrando y juramentado a dichas funcionarias judiciales. Esta es una arbitrariedad que se comete en el transcurso del proceso disciplinario en su contra, por que la imputación durante el proceso disciplinario fue haber nombrado Secretarias Adjuntas y fue cancelado por haber "designado Secretarias Adjuntas"; este cambio entre lo imputado y lo sancionado es una violación al debido proceso, al de la legalidad y al de defensa, porque es totalmente contrario a derecho y afecta a la defensa ser procesado por una causal y sancionado por otra. Y así como robo y hurto no es lo mismo, tampoco es lo mismo nombrar y designar. Es de sobra conocido que el ingreso a la carrera judicial antes de la instalación del Consejo de la Judicatura, era una facultad potestativa de quien ejerce la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, quien lo realizaba a través del nombramiento respectivo contenido en un acuerdo. Al respecto, jamás entregó a las Escribientes Ana Eddy Orellana Benítez y Suyapa Yamilet Rivera Velásquez, un acuerdo de nombramiento; lo que sí hizo y en cumplimiento a las directrices emanadas por la propia Honorable Corte Suprema de Justicia, a razón de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es designar a las escribientes Ana Eddy Orellana Benítez y Suyapa Yamilet Rivera Velásquez, como Secretarias Adjuntas, es decir, les encargó funciones para que los trámites judiciales con respecto al proceso penal tuvieran la agilidad que exigía el nuevo ordenamiento procesal, pero jamás las nombró, pero si las juramentó y en ese acto no hay nada ilegal, ya que conforme a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales los Secretarios son juramentados por el Titular del Juzgado donde prestaran sus servicios. 1.b) Una vez designadas las Escribientes Ana Eddy Orellana Benítez y Suyapa Yamilet Rivera Velásquez, como Secretarias Adjuntas, gestionó su respectivo nombramiento ante el Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Dr. Jorge Rivera Avilez, enviando el Oficio 003-JCJLSJC-2012, de fecha 30 de abril de 2012, quien procedió a nombrar a las referidas escribientes como Secretarias Adjuntas según la designación que había hecho al respecto. Si su actuación hubiera sido ilegal, el Presidente de la Corte no habría ratificado las designaciones que se hicieron en su oportunidad. 1.c) La imputación de la falta a la que fue sometido a audiencia de descargo con respecto a este motivo, claramente también implicaba al señor Rubén Ismael Castro Fiallos, de quien también solicitó su nombramiento como Secretario Adjunto en el Oficio 003JC JLSJC-2012, de fecha 30 de abril de 2012, pero el escribiente Rubén Ismael Castro, designado como Secretario Adjunto por la Juez Titular del Juzgado de Letras Primero Seccional de Comayagua, la Abogada Eda Maritza Mejía Cardona, como consta en el libro de actas y esta circunstancia la conocía la Inspectoría de Tribunales, la Abogada Aura Samira Montalban, que conoció de esta denuncia de oficio en su contra, porque ella misma fue Juez en ese Juzgado y el Secretario Adjunto Ruben Ismael Castro Fiallos refrendó su firma cuando la Inspectora Aura Samira Montalban se desempeñó como Juez, pero no existe ninguna denuncia ni sanción contra las Abogadas Eda Maritza Mejía Cardona y Aura Samira Montalban y la razón es porque no hay ninguna ilegalidad en la designación que se hizo como Secretarios Adjuntos. Obsérvese que fue destituido como Juez Coordinador del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, pero ese carácter no se lo ha dado el Presidente de la Honorable Corte Suprema, sino que la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua, cuando fusionó los Juzgados Primero y Segundo seccional de Comayagua; en el acta de fusión, le designó como Juez Titular en materia penal y al respecto no hay ningún problema o ilegalidad. 2) Con respecto al cargo de que en la denuncia No.0801-2012-00042, en referencia a los hechos denunciados que tiene que ver cuando se excusó de conocer por parentesco con el defensor privado del imputado, aparece acreditado que en el periodo de vacaciones del mes de diciembre de 2012 y aun en el mes de enero del 2013, reasumió el conocimiento de la causa penal identificada con el No.964-1996, sin que previamente notificarle al Juez Héctor Torres, quien estaba a cargo del expediente, actitud contraria al respecto y consideración; y que estando excusado con anterioridad, no podía reasumir su conocimiento aun cuando hubiere desaparecido la causa de recusación; esta causal de cancelación presenta como ilegalidades propias las siguientes: 2.a) Cuando asumió la titularidad del Juzgado de Letras Segundo Seccional de Comayagua, existía una causa penal incoada desde el 06 de noviembre de 1996, contra el señor Darío Rivera, por el delito de Asesinato en perjuicio del señor César Orlando Zelaya Oviedo, que se registra bajo el número 964-1996. Como nuevo Titular del Juzgado, esa causa debía conocerla y si bien el Abogado Héctor Torres, fue nombrado posteriormente Juez Supernumerario, el conocimiento de tal expediente estaba a él asignado por distribución del trabajo interno. El imputado Darío Rivera, confirió poder para que representara a su hermano Carlos Edgardo Bustillo Osorio, en fecha 10 de agosto de 2000, por lo que, sin esperar ser recusado, el mismo presentó la excusa y el conocimiento de la causa pasó al Juez Supernumerario Héctor Torres, su hermano aceptó el poder conferido, pero no hizo ninguna actuación procesal fuera de aceptar el poder. El 11 de diciembre de 2005, se le libró orden de captura al señor Darío Rivera y fue puesto a la orden del Juzgado al día siguiente. El Juez Supernumerario Héctor Torres, le dictó auto de prisión en fecha 14 de diciembre de 2012 y el Poder Judicial entró en el asueto del segundo periodo de vacaciones de ese año, por lo que el Abogado Héctor Torres, según el calendario de turnos estipulado, se retiró a vacacionar y quedó él de turno. El imputado Darío Rivera, en fecha 17 de diciembre de 2012, confirió poder al Abogado Reynaldo Concepción Pacheco Osorio, por lo que obligatoriamente tenía que conocer la causa, ya que el Juez Héctor Torres estaba de vacaciones y por el derecho de defensa, el reo debía tener defensor según su elección; si le hubiera negado a conocer la causa habría violado un derecho humano del imputado Darío Rivera, por lo que en caso de conflicto entre un derecho fundamental y otro de menor categoría debe preferirse respetar el derecho fundamental. El Abogado Reynaldo Concepción Pacheco Osorio, solicitó copias del expediente y luego por razones que ignora, el imputado Darío Rivera nombró como nuevo apoderado al Abogado German Roberto Perello Doblado, por lo que de nuevo tuvo que conocer el expediente y garantizar al imputado el derecho a una defensa técnica en razón de ser un derecho humano o fundamental. Con el nombramiento de dos nuevos apoderados era más que obvio que la causa que había motivado su excusa había desaparecido por lo que consideró normal continuar con el conocimiento de la causa, además la excusa no había sido aceptada por el Tribunal Supremo según el procedimiento legal que se seguía en esa época. 2.b) En el proceso penal contra el señor Darío Rivera, no hay ninguna solicitud, trámite o resolución que admita una recusación en su contra, lo que implica que las consecuencias son distintas a una excusa. Una recusación admitida y declarada así por alguna resolución judicial produce efectos y consecuencias distintas a una excusa. La recusación admitida y declarada como tal produce que el funcionario judicial que en su memento no se excusó voluntaria y oportunamente sea sancionado disciplinariamente; y esto debe ser así en razón de que no garantizó a las partes un juzgamiento imparcial, deber inherente a todo juicio. La excusa si bien descansa en los mismos motivos de recusación su trámite y efectos son muy distintos, la recusación implica que por lo menos existió un trámite incidental que terminó con una sentencia interlocutoria, en la cual declaraba con lugar el motivo de recusación, en cambio la excusa para su validez debía ser aceptada por la Honorable Corte Suprema de Justicia y señalar este Tribunal quien debía conocer la causa de ahora en adelante y esto último jamás existió en el proceso penal, ya que si bien se excusó la Honorable Corte jamás nombró al Juez o Tribunal que debía conocer por defecto de su excusa. 2.c) Pero el cargo imputado y por el cual es cancelado estriba en haberle faltado el respeto a su compañero Héctor Torres, por haber conocido ese proceso penal que en su oportunidad le había confiado cuando se excusó. Al respecto, se procedió a levantar actas notariales, en la que se dejó constancia que el Juez Héctor Torres no se considera irrespetado por su persona, incluso el mismo Abogado Torres declaró ante la Dirección de Administración de Personal y ratificó que no se sentía irrespetado y que jamás ha recibido de su parte ningún irrespeto o presión para resolver a favor ni en contra en ninguna causa criminal e incluso hasta afirmó que el Abogado Guillermo Bustillo, nunca le ha quitado ni arrebatado la causa que hace mención (se refiere al exp. 964-1996) Si el supuesto ofendido no se siente como tal, dónde está la falta. 3) Ambos motivos tienen como defectos legales comunes los siguientes: Los cargos que se le imputan están prescriptos. En efecto, el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece, que las faltas graves prescriben en el término de 6 meses contado desde que se tenga noticia de la comisión de la falta, tanto por el Consejo de la Judicatura como inspectoría de Tribunales. Con respecto al primer cargo, la designación y juramentación de las escribientes Ana Eddy Orellana Benítez y Suyapa Yamilet Rivera Velásquez, como Secretarias Adjuntas, lo hizo respectivamente el 03 de enero y 22 de febrero de 2005. Solicitó al Honorable Magistrado Presidente su nombramiento el 30 de abril de 2012 y del que tiene conocimiento la Inspectoría de Tribunales por que le remitió copia. La resolución de Inspectoría General de Juzgados y Tribunales que establece proceder en su contra es de fecha 08 de octubre de 2012. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, recibió las diligencias y las mandó a la Dirección de Administración de Personal, según auto de fecha 09 de abril de 2013. La audiencia de descargo se practicó el 20 de mayo de 2013 y la resolución por la cual fue cancelado se emitió el 12 de febrero de 2014. Desde cualquiera de aquellas fechas de actuaciones disciplinarias a la fecha de su cancelación ha transcurrido más de 6 meses por lo que la acción para cancelarle estaba prescripta. El imputado Darío Rivera, en el proceso que se le sigue por Asesinato en perjuicio del señor César Orlando Zelaya, nombró a su hermano Carlos Edgardo Bustillo Osorio, como apoderado y se le tuvo como tal el 10 de agosto de 2000. Mediante auto de fecha 22 de agosto de 2000, como Juez que conoce de la causa se separó del conocimiento y mando oficio para que el Tribunal Supremo decida quién debe conocer la causa, ya que no había en esa época Juez Supernumerario. Con el tiempo se nombra como Juez Supernumerario al Abogado Héctor Torres, por lo que el sentido común dicta que sea él quien conozca de la causa. El Juez Torres, una vez habido el señor Darío Rivera le dicta auto de prisión el 14 de diciembre de 2012 y entra de vacaciones el Juez Torres en la segunda quincena de diciembre de 2012. El imputado nombra en ese mismo periodo de asueto dos nuevos apoderados de manera sucesiva, lo que tiene como tales según los autos de fecha 19 de diciembre de 2012 y 03 de enero de 2013. La denuncia anónima en su contra vía teléfono se practicó el 24 de enero de 2013. La resolución de Inspectoría General de Juzgados y Tribunales que establece proceder en su contra es de fecha 12 de febrero de 2013. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia recibió las diligencias y las mandó a la Dirección de Administración de Personal según auto de fecha 09 de abril de 2013. La audiencia de descargo se practicó el 20 de mayo de 2013 y la resolución por la cual fue cancelado se emitió el 12 de febrero de 2014. Desde cualquiera de aquellas fechas de actuaciones disciplinarias a la fecha de su cancelación ha transcurrido más de 6 meses por lo que la acción para cancelarle estaba prescripta. Vale decir, como último comentario, que una acción prescripta no puede reanudarse como parece sugerir el último párrafo del artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Es totalmente ilógico que un expediente paralizado por causa no imputable al Juez o Magistrado sujeto a la sanción, se reanudó por sí mismo una vez precluido. En todo caso, la normativa que rige las relaciones laborales es clara in dubio pro operario, en la duda (procesal, probatoria y normativa) favorece al trabajador. El siguiente defecto legal común en ambos cargos es que se aplica una normativa de manera retroactiva lo que está abiertamente prohibido. Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, mediante Oficio No. 216 de fecha 05 de diciembre de 2013, informó al Poder Judicial el régimen disciplinario, es decir, determinó que hechos debía considerarse faltas leves, faltas menos graves y faltas graves. Si esto es así y sin necesidad de repetir las fechas antes señaladas en los dos cargos que motivaron su cancelación, es imposible desde la perspectiva legal aplicar disposiciones o normas jurídicas a hechos nacidos con anterioridad a su vigencia, lo contrario trae como consecuencia la aplicación retroactiva de una disposición o norma jurídica, la que solo es permitida dentro de nuestra legislación en materia penal y cuando favorece al reo, que no es el caso que nos ocupa. Dentro de las relaciones jurídico laborales existe un principio que tampoco resulta ajeno a las relaciones de los servidores judiciales y es el principio de razonabilidad, el cual señala que entre la falta cometida por el empleado y la sanción impuesta debe haber una proporcionalidad.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta en lo que se refiere a la fecha en que inició sus labores dentro del Poder Judicial el Abogado Guillermo Felipe Bustillo Osorio, como Juez de Letras Segundo Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua. El Oficio No. 1541-SCSJ-94 de fecha 6 de mayo de 1994, que contiene la Circular No. 9 y en el mismo se establece como deben funcionar los Jueces Supernumerarios con relación a los titulares, así como las funciones que no les competen y que son designadas al Juez titular; que se implementó un plan de modernización del Poder Judicial, para lo cual se adoptó un modelo de gestión de los despachos judiciales consistente en la fusión de Juzgados, creando un solo despacho judicial denominados Juzgados de Letras Seccional en este caso el de Comayagua; en igual forma, se regulan las funciones a desarrollar y de esta manera mejorar el sistema de atención a los usuarios y dar una respuesta efectiva a las personas que acuden a los Tribunales; que consta el Oficio No. 1824-SCSJ-210 de fecha 17 de agosto de 2010, mediante el cual se transcribe el Acuerdo No.-582, consistente en la reasignación de la plaza y ascender al Abogado Guillermo Felipe Bustillo Osorio, Juez Segundo de Letras Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, al cargo de Juez Coordinador del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua. En cuanto a la designación de funciones a que hace referencia el demandante de los otros profesionales del derecho, así como de las funciones asignadas no se va a pronunciar la parte demandada sobre el particular y basado en el principio de que la carga de la prueba recae en quien la alega por lo que corresponde al demandante acreditar estos extremos; que en efecto la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales procedió como corresponde apegado a ley, al dar inicio a las investigaciones originadas por denuncias en contra del Abogado Guillermo Felipe Bustillo Osorio, siendo estas las registradas bajo Número 0801-2012-00118. En la cual se constató que el entonces Juez Coordinador del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, ahora demandante, se arrogó funciones que no le correspondían al haber nombrado y juramentado a las señoras Ana Eddy Orellana Benítez, Suyapa Yamileth Rivera Velásquez y Rubén Ismael Castro Fiallos; denuncia No. 0801-2013-00042, para lo cual se efectuó inspección al expediente Penal No. 964-1996, instruido en el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, contra el señor Darío Esteban Rivera, por los delitos de asesinato, se constató que el entonces Juez ahora demandante, se excusó de conocer del mismo por parentesco con el defensor privado del imputado Darío Esteban Rivera; sin embargo, en el periodo de vacaciones de diciembre del 2012 y aun en el mes de enero de 2013, reasumió el conocimiento de la causa sin previamente notificarle al Juez Héctor Torres, quien estaba a cargo del expediente, actitud esta del demandante que es contraria al respeto y consideración que debía tener con el entonces Juez que conocía la causa, tal y como lo dispone la Circular 09 de fecha 6 de mayo de 1994, Circular esta que contiene el punto número 30 del Acta número No. 24 de la sesión celebrada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de abril del mismo año y la cual obra a folio 90 del expediente administrativo; que se actuó en la forma que determina el artículo 12 del Régimen Disciplinario vigente en su momento, lo que pone de manifiesto la realización de un procedimiento disciplinario con total observancia en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 62 párrafo primero de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Consta en el expediente administrativo (disciplinario) que, si se siguió el procedimiento establecido, para lo cual se le respetó los principios que informan el debido proceso, salvaguardando los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción. Se llevaron a cabo las audiencias tanto por Inspectoría de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial, así como las audiencias de descargo por parte de la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial en las denuncias existentes en contra del ahora demandante. Como se puede apreciar en las Actas tomadas por Inspectoría de Juzgados y Tribunales al demandante en ninguna de ellas se hace referencia a que no se le admitieron medios de prueba o que por el contrario se le devolvieron los mismos como él lo pretende hacer creer al manifestarlo así en su escrito de demanda; que es cierto lo referente a que consta en el expediente disciplinario y así lo reconoce el demandante en este hecho de su escrito de demanda, que si se siguió el procedimiento establecido para lo cual se le respetó los principios que informan el debido proceso, salvaguardando los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción. Se llevaron a cabo las audiencias tanto por Inspectoría de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial, así como las audiencias de descargo por parte de la Dirección de Administración de Personal del Poder Judicial por las dos denuncias existentes en contra del ahora demandante. El Abogado Guillermo Felipe Bustillo, conoció los hechos que se le imputaban en las 2 denuncias y tuvo la oportunidad de preparar sus alegaciones en dos ocasiones, primero en la inspectoría General de Tribunales y luego en la Subdirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, pudiendo objetar en igual número de oportunidades los argumentos que se habían formulado en su contra, todo ello en la forma que determina el artículo 12 del Régimen Disciplinario vigente en su momento, lo que pone de manifiesto la realización de un procedimiento disciplinario con total observancia en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 62 párrafo primero de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que la resolución mediante la cual el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial destituye del cargo como Juez Coordinador del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua al Abogado Guillermo Felipe Bustillo, es legal y se encuentra apegada a derecho, por los hechos y fundamentos de derecho que respaldan la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura: 1) Denuncia No.- 0801-2012-000118: se encuentra plenamente acreditado en el expediente administrativo que efectivamente el demandante se atribuyó facultades que no le correspondían, al designar y juramentar Secretarias Adjuntas del Juzgado de letras Seccional de Comayagua, facultades estas que eran propias de la Corte Suprema de Justicia. Por las razones expuestas y como consecuencia de haber designado y juramentado a las señoras Ana Eddy Orellana Benítez, Suyapa Yamileth Rivera Velásquez y Rubén Ismael Castro Fiallos, tal y como consta en las actas que obran en el expediente administrativo y que sirvieron y sirven de medios de prueba, lo cual demuestra que el demandante con su actuación incurrió en responsabilidad, al abrogarse facultades que no eran de su competencia y que correspondían en ese momento a la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, el demandante trata de confundir al pretender hacerle creer que se le siguió el proceso disciplinario por una causa y se le sancionó con la destitución por otra, ya que manifiesta y juega con las palabras nombrar y designar, con solo consultar un diccionario de sinónimos y antónimos podemos darnos cuenta que ambas palabras son sinónimos, por lo que resulta irrelevante continuar con este tipo de aclaraciones que en nada hace que varíe o se vea afectada la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura. 2) Denuncia No. 0801-2012-00042: ha quedado debidamente acreditado que el entonces Juez de Letras Seccional de Comayagua ahora demandante, se excuse voluntariamente del conocimiento de la causa penal No. 964-1996, instruida en el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, contra el señor Darío Esteban Rivera, por el delito de asesinato, por considerarse comprendido en la causa legítima de recusación, pasando la causa a conocimiento del juez Héctor Torres, dictando este varias actuaciones Judiciales hasta en fecha 15 de diciembre de 2012; sin embargo, posteriormente a esa fecha y sin estar facultado para conocer nuevamente la causa el entonces Juez de Letras ahora demandante, reasume el conocimiento de la misma, no siendo justificación válida que se encontraba en turno, ya que por haberse excusado en ningún momento podía continuar conociéndola, con su agravante que al retorno de las vacaciones del Juez Héctor Torres, siguió en el conocimiento de la causa hasta elevarla a plenario, inobservando con esa actuación el incumplimiento exacto y preciso de la Ley, incurriendo por tanto en responsabilidad administrativa y en adición a lo expuesto en la consideración legal precedente, el artículo 90 Párrafo Segundo del Código Procesal Penal establece "Aprobada la excusa o declarada con lugar la recusación, la intervención de los nuevos jueces o magistrados será definitiva respecto de la causa de que se trate, aunque posteriormente desaparezcan los motives que determinaron el reemplazo" norma procesal que fue inobservada en el presente caso. Sobre el particular, el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial hace referencia a este tipo de situaciones al establecer en una de sus partes que las faltas graves prescriben en el término de seis (6) meses, pero esto se da en el caso que no se lleven a cabo actuaciones durante ese lapso de tiempo y en el presente caso hubo actuaciones que interrumpieron la prescripción, además, no consta en el expediente disciplinario que el demandante en su momento haya presentado escrito solicitando la prescripción.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de mayo del 2017, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “PRIMERO (1): Declarar PROCEDENTE la acción promovida por el Abogado GUILLERMO FELIPE BUSTILLO OSORIO, contra el Estado de Honduras, a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL, por NO ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución N° 19/2014 de fecha doce (12) de febrero del 2014 y la resolución de fecha veintiocho (28) de marzo del 2014 que declara sin lugar el Recurso de Reposición, ambas emitidas por el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. SEGUNDO (2): Anular las resoluciones descritas en el numeral 1 de la parte dispositiva de la presente sentencia. TERCERO (3): Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el derecho al pago de sus prestaciones laborales y derechos que le pudieran corresponder, como décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones, incrementos salariales y otros beneficios, más el pago en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha que fue suspendido de su cargo, hasta el día en que se ejecute la presente sentencia definitiva. CUARTO (4): Declarar extinguida la relación laboral existente entre el demandante y la Corte Suprema de Justicia.- QUINTO (5): Se exime del pago de costas a la parte vencida por tener motivos para litigar”. Bajo el criterio que a la parte demandante se le ha violentado o vulnerado el derecho de defensa y debido proceso, consagrados en nuestra Carta Magna, tomando en consideración que el fundamento para cancelar por despido al demandante han sido el artículo 4 literales a), d) y k), de la circular número 5 aprobada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el acta número 4 en sesión celebrada el 29 de octubre de 2013, vale la pena destacar lo siguiente: Que la Constitución de la Republica señala en su artículo 317: "que los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por las causas y con las garantías previstas en la Ley”.- Con este principio lo que se pretende es establecer límites a la potestad reglamentaria y por lo tanto, la Constitución de la República como cúspide de nuestro sistema jurídico, contiene este precepto en el sentido que algunas materias, como por ejemplo, las causas de separación, suspensión, traslado y descenso de los Jueces y Magistrados, solamente puede estar regulada por la Ley.- Con tal redacción, es evidente que la norma citada se encuentra dotada del principio de reserva de ley, es decir, aquella materia o conjunto de materias que de manera exclusiva el contribuyente entrega al ámbito de potestades al Legislador, excluyendo por lo tanto de su ámbito la intervención de otros poderes del Estado, inclusive el Judicial, no pudiendo por lo tanto, Poderes distintos al Legislativo, regular bajo ningún instrumento la prerrogativa contenida en el artículo 317 Constitucional; de igual manera, el artículo 53 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial recoge la misma redacción cuando señala que los Jueces no podrán ser trasladados, cesados, separados ni suspendidos del cargo para el que hayan sido nombrados, sino por las causas y mediante los procedimientos y con los recursos taxativamente establecidos en esta Ley. Lo que se quiere decir en resumen, es que para que el demandante, en este caso, un ex Juez haya sido legalmente cancelado por despido necesariamente la causal que sea utilizada para imponer tal sanción, en base al principio de reserva de Ley o de dominio legal debe de estar contenida en una Ley, en el caso de autos de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y de la revisión tanto de dicho cuerpo legal como de los antecedentes, no se desprende que dicha Ley contenga causales de despido, tanto así que el fundamento del demandado para cancelar al demandante ha sido una circular, circunstancia esta que evidentemente viola dicho principio de reserva de Ley, máxime que dentro de las fuentes del derecho administrativo, las circulares ni siquiera se encuentran como fuentes del mismo, puesto que estas son simples directivas de actuación que los superiores imponen a los subordinados en vista de su jerarquía y por lo tanto solo vinculan a los inferiormente jerárquicos del superior que las dicta sin modificar situaciones jurídicas. Por lo cual, al haber cancelado al demandante, utilizando como fundamento una circular, no solo es un acto de ilegalidad, sino que también vicia de nulidad el acto administrativo impugnado, al haberse actuado con evidente desviación de poder, puesto que se han ejercido potestades administrativas para fines distintos de los establecidos en la Ley. Que en cuanto a la Prescripción alegada del acto por el cual se sanciona a la parte demandante, es a la fecha prescrito, esto en virtud de que, es un principio general del derecho, que los derechos y acciones de la clase que sean, se extinguen por la prescripción, y en el caso específico la acción sancionadora prescribe por el mero lapso del tiempo fijado por la Ley (Artículos 2263 y 2289 del Código Civil); en este sentido, la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial establece la potestad del Consejo de la Judicatura en aplicar las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas por los empleados y funcionarios de los dos subsistemas que establece dicha Ley del Poder Judicial, estableciendo en el artículo 66, el plazo máxima para imponer las sanciones a las infracciones cometidas por los funcionarios y empleados judiciales, manifestando que: "Las infracciones cometidas por empleados y funcionarios judiciales prescriben en seis (6) meses, si se trata de infracciones graves y a los cuarenta y cinco (45) días si se trata de infracciones leves, dichos plazos se contaran desde el día siguiente a la fecha en que se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el Reglamento tanto en el Consejo de la Judicatura como en Inspectoría de Tribunales." Por tanto, la falta que se imputó al demandante se extinguió por el lapso del tiempo transcurrido, es decir, prescribió la acción para que el mismo fuera sancionado, por eso la suscrita juez estima que el acto administrativo impugnado y por medio del cual se canceló a la parte demandante, infringe el ordenamiento jurídico, por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley, por lo que se debe declarar la nulidad del acto, por no estar dictado conforme a derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 19 de febrero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la prescripción de la acción para imponer la sanción de despido caduca transcurridos seis meses contados a partir, por infracciones graves, desde el día siguiente a la fecha en que se tenga noticia de la comisión de alguna de las infracciones previstas en el respectivo Reglamento, tanto en el Consejo de la Judicatura como el Inspector General de Tribunales. En el caso que nos ocupa, las denuncias interpuestas contra el hoy demandante en las oficinas de la Inspectoría General de Tribunales, números 0801-2013-00042 y 0801-2012-0118, conociendo la Inspectoría de Tribunales en fecha 23 de enero del 2013 y 14 de marzo del 2012, respectivamente, imponiendo la sanción de despido por faltas graves hasta el 12 de septiembre de 2014, habiendo transcurrido más de los 6 meses que establece el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial para imponer válidamente la sanción de despido al servidor judicial. Por una simple operación aritmética se concluye que han transcurrido más del tiempo dado a la autoridad sancionadora, en este caso el Consejo de la Judicatura, para imponer dentro del plazo establecido la sanción de despido, es por tal motivo que la cancelación por despido de la parte actora es ilegal y en consecuencia nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, en fecha 07 de diciembre del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 19 de febrero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 130-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 149-2014, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 08 de diciembre del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, presentó en fecha 30 de abril del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 05 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 20 de mayo del 2021, los Abogados CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA y JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 10 de agosto del 2021, teniendo por personados a los Abogados JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, como recurrente y CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, como recurrido; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta, que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción por la interpretación errónea de las normas procesales de derecho empleadas, concretamente de los Artículos 200 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil vigente, en relación con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en sus Artículos 8.1, 8. 2. h) y 25. Congruencia: Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Artículo 208 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se halla comprendido en el Articulo 719.1 letra c), en la parte que dice: “c) La forma y contenido de la sentencia”, en relación con el Articulo 208 ambos del Código Procesal Civil vigente. DENUNCIA PREVIA DE LA INSTANCIA. Como el error enunciado fue cometido al estructurarse la sentencia impugnada, no existe una denuncia previa en la segunda instancia, y en cuanto al requisito de subsanación, no se aplicó porque como manifestamos la infracción de las normas procesales se dio al dictarse el fallo hoy impugnado. NORMAS INFRINGIDAS. Infracción al Código Procesal Civil en el Artículo 200 que dispone: “ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: ...c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso". "ARTICULO 207. MOTIVACIÓN. 1. Las sentencias se motivaron expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón". Se establece en este precepto el alcance, extensión y profundidad que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolucion; siendo necesario que en éstos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos alegados en apoyo de las pretensiones respectivas. Ciertamente, es un inexcusable deber de los órganos judiciales el de motivar sus resoluciones como exigencia implícita en el derecho de defensa y que determina que en un Estado de Derecho hay que expresar cuál sea la razón del Derecho judicialmente interpretado y aplicado. Esta exigencia que responde a una doble finalidad: a) De un lado, la de exteriorizar el fundamento de la decisión, hacienda explicito que ésta corresponde a una determinada aplicación de la Ley; y, b) por otro lado, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recurses. En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoge el Art 3 CPC que permite conocer las razones de la decisión que aquellas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos; tanto más cuando la exigencia de motivación se aplica de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la Constitución y la Ley. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Con el fin de realizar algún tipo de comentario cuando se ataca en casación el artículo 719.1 literal C, errores producidos en la sentencia (719.1.c) esto es, infracción de las normas procesales que regulan la forma y el contenido de la sentencia. Son aquellos que se producen en la misma sentencia, como vicios internos, que se manifiestan en su elaboración. A su amparo pueden denunciarse la falta de claridad y separación de los pronunciamientos del fallo que tengan relevancia; la falta de congruencia de la sentencia, falta de liquidez de la condena pecuniaria si se hubiera pedido la condena liquida, infracción del deber de invariabilidad de la sentencia y excesos inadmisibles en cuanto a aclaraciones y rectificaciones y, en general, cuantas infracciones invaliden la sentencia teniendo en cuenta las normas procesales y orgánicas que la regulan como la falta de motivación o la motivación insuficiente. Considerando que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada, de esa pretensión ejercida se resuelve el derecho controvertido. Puede en esta materia ser declarativa o condenatoria, por eso y en mira de una justicia bajo el principio del bien supremo de toda república, es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica, en este caso su inobservancia puede ser, en segunda instancia, anulada. En el presente caso se señalan las infracciones de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, por lo que, partiendo de esta infracción, queda evidenciado por parte del órgano jurisdiccional los vicios cometidos en la estructura de la sentencia no cumpliendo de forma imperativa con los requisitos internos con los que debe de cumplir toda sentencia emanada por órgano jurisdiccional competente. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Honorables Magistrados, se impugna la aplicación errónea de los artículos 200 en relación con el 207.2 del Código Procesal Civil, que afecta la forma de la sentencia. El artículo 200 del Código Procesal Civil, entre otros requisitos exige el numeral 1, que las sentencias serán siempre motivadas, y se determina la motivación de acuerdo al concepto y alcance que se establece en el artículo 207 de ese mismo cuerpo legal. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón ultima que sustenta este deber de motivación, en tanto que la obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolucion no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los Jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolucion, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste. En el fallo impugnado la motivación del mismo es insuficiente, porque no existen razonamientos fácticos y jurídicos sobre los presupuestos en que funda su sentencia el Tribunal requerido. Existe insuficiencia en la motivación, pues la exigua que existe en la sentencia verdaderamente no incide en los distintos elementos facticos y jurídicas del pleito, tanto considerados individualmente como en su conjunto, como lo exige el artículo 207.2 del Código Procesal Civil. Como fácilmente se puede apreciar la sentencia recurrida no desarrolla la exigencia que integra la motivación, ya que el Ad-quem no cumplió en su sentencia con los requisitos que establecen los artículos 200 y 208 del Código Procesal Civil, al no haberse llevado a cabo un razonamiento lógico en el fallo impugnado, sino que simplemente se limitó a citar las disposiciones legales que en su criterio son los que sustentan la sentencia dictada y que llevaron a confirmar por parte del Ad-quem, la sentencia de primera instancia. En el caso de autos, el Tribunal de Apelación, en una interpretación errónea de las normas que Regulan la Forma de la Sentencia y que es objeto de impugnación mediante el presente motive, no logra acertar los motivos que le llevaron al dictado de la misma, pues su sentencia se limita a interpretar artículos de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, pero sin interpretar el razonamiento, ya que solo se limita a transcribir los mismos. Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo Honorables Magistrados, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo III señala que "la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez (a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término la justicia de las resoluciones judiciales"; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente validas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en materia de derecho ya que no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe regir un caso concreto. Ahora bien, ordena el artículo 207 del Código Procesal Civil que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 200 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procediendo por insuficiente motivación, y la falta de una motivación EXPRESA se traduce en el vicio in procediendo de carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. Lo que busca el ataque a la forma y contenido de la sentencia dictada no es la nulidad de la sentencia, si no lo que establece el artículo 727.4 que refiere al contenido de la decisión en caso de estimación, y dice que “ si se apreciara la existencia de infracción de normas reguladoras de la sentencia, la Corte Suprema de Justicia dictara la nueva sentencia, es decir que lo que se busca con la presentación del recurso de casación es que la Sala emita un nuevo fallo resolviendo el fondo del asunto. En el caso particular al haber la Corte de Apelaciones Confirmado la sentencia dictada por el A-quo, sin una debida fundamentación jurídica, ya que la sentencia recurrida solo hace cita de las normas legales, sin ninguna explicación del porque estas están vinculadas al caso concreto hace incurrir al sentenciador en el motivo Procesal invocado, y por ende hace procedente la admisión del presente motivo de Casación, quedando así precisada y justificada la incidencia de esas infracciones en el sentido de la resolución impugnada que perjudica a mi representado”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se formula el concepto de interpretación errónea, pero en la explicación se alude a la aplicación errónea, Debe recordarse, en términos generales que la violación a la ley, no es más que el incumplimiento de normas, ya sea de naturaleza material o procesal, en su caso; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna; c) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; d) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Infracción por Aplicación indebida de las normas que regulan los actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente de los artículos 317 de la Constitución de la República, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 literal b) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE INFRACCIÓN: Se Impugna la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, Articulo 25, 28, 51 y 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en relación directa con los Artículos 64 y 317 reformado en su último párrafo de la Constitución de la República, normas de derecho no referidas en los fundamentos de derecho utilizadas por el Ad-quem en las que basó su sentencia, el cual se lee así; A) En el fundamento de derecho CUATRO (4) de la sentencia recurrida se hace expresión errónea, ya que se refiere a un proceso que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, en dicho fundamento de Derecho dice el Tribunal: "Está comprobado en autos que el demandante laboraba para la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en el puesto de Calculista I, devengando un último salario de L. 19,224.00, fue cancelado por cesantía en virtud reducción forzosa de personal"; nuestro proceso objeto del juicio corresponde a un Juez de Letras que fue despedido de su cargo y el cual laboraba para el Poder Judicial, por lo que este fundamento de derecho no tiene ninguna relación con el proceso objeto del recurso, lo que nos lleva a considerar que la sentencia emitida por el Ad-quem no corresponde al juicio promovido por el señor Guillermo Felipe Bustillo contra el Estado de Honduras por actuaciones del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. B) Que en el fundamento de derecho SEPTIMO (7) la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo según sentencia de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020) en dicho fundamento de Derecho expresa el Tribunal: "La prescripción en materia administrativa laboral constituye un medio legal para librarse de una obligación impuesta por la Ley, mediante el transcurso de cierto tiempo, es decir, es un instituto libertador, en virtud del cual por el pasar de un tiempo establecido se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción, y tiene factibilidad cuando la autoridad nominadora deja vencer el plazo señalado en la Ley, en este caso la Ley del Consejo de la Judicatura .... En ese sentido los presupuestos necesarios para que se configure la prescripción de la imposición de la sanción de despido, son: El transcurso del tiempo según el plazo legal creado al efecto; el no ejercicio por parte del titular del derecho o el ejercicio fuera del plazo (autoridad nominadora); y, ser alegada por la parte interesada en el momento legal que corresponda". En el fundamento de derecho OCTAVO (8) la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo expresa: "En el caso que nos ocupa, las denuncias interpuestas contra el hoy demandante en las oficinas de la Inspectoría General de Tribunales, números 0801-2013-00042 y 0801-2012-0118, conociendo la Inspectoría de Tribunales en fecha 23 de enero de 2013 y 14 de marzo de 2012 respectivamente, imponiendo la sanción de despido por faltas graves hasta el 12 de septiembre del 2014, habiendo transcurrido más de los seis meses que establece el artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial para imponer válidamente la sanción de despido al servidor judicial.. es por tal motivo que la cancelación por despido de la parte actora es ilegal, y en consecuencia NULO ... en el caso concrete la prescripción se interrumpe desde el inicio del expediente disciplinario con las diligencias e investigaciones de la Inspectoría General de Tribunales, en ese entonces, sin embargo, también desde ese inicio se debe contabilizar el plazo de los seis meses con que contaba el Consejo de la Judicatura para ejercitar la acción de despido .... ". En el fundamento de derecho NOVENO (9) la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo expresa: "En conclusión, el acto administrativo impugnado, que ha sido declarado ilegal y consecuentemente NULO se emitió en franca violación al Principio de Legalidad, por haberse impuesto la sanción fuera de las plazas establecidos, provocando la ilegalidad de todo el procedimiento y la resolucion final de despido. Por las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, precede CONFIRMAR la sentencia que se conoce en apelación, por estar emitida conforme a derecho.". La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, contenida en el Decreto 219-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 28 de diciembre de 2011, preceptúa en el Articulo 66 se rechaza en su totalidad al alegar el demandante la prescripción contenida en el Artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura, en el presente caso no es aplicable la prescripción por la simple y sencilla razón de que no consta en el expediente disciplinario que el demandante en su memento haya presentado escrito solicitando la prescripción, adicional a lo anterior está el hecho que la prescripción se interrumpe desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario y consta que el ahora demandante fue citado en legal y debida forma para que compareciera a las dos (2) audiencias de descargo ante la Dirección de Administracion de Personal de la Carrera Judicial compareciendo a las mismas y firmando conforme sin alegar en ningún momento la prescripción, dando así por válidas y consentidas las mismas. Por otro lado, se puede apreciar en este hecho coma se pretende confundir en las dos (2) denuncias al efectuar el cálculo tomando el tiempo transcurrido desde la fecha de la denuncia hasta la fecha en que se notificó la resolución de su cancelación, lo cual no es correcto porque entre cada una de las actuaciones realizadas hasta llegar a emitir la Resolución de cancelación por el Concejo de la Judicatura no transcurrieron más de seis meses y como ya lo manifestamos anteriormente la prescripción se interrumpe desde la fecha de iniciación del correspondiente expediente disciplinario tal y como lo dispone la Ley del Consejo; lo anterior solo para efectos de aclaración, por que como ya lo explicamos en la contestación de la demanda en este hecho no operó la prescripción por que la misma debe ser solicitada por el interesado y prueba de ello es que no existe en el expediente disciplinario ningún escrito solicitando la misma. Es de hacer notar que con los conocimientos legales que tiene el ahora ex Juez de Letras pretenda desconocer que se tiene que solicitar por escrito la PRESCRIPCION EN CADA UNA DE LAS DOS (2) DENUNCIAS, en el caso de haberse cumplido los términos señalados en el Artículo 66 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Por lo tanto, el acuerdo mediante el cual se le cancela como Juez de Letras de Comayagua al demandante es VALIDO y apegado a derecho. Toda lo anteriormente manifestado en la sentencia de fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil diecinueve (2020), emitida por la Juzgador Ad-Quem se rechaza ya que conforme la Constitución de la República en su Artículo 317 párrafo primero en relación con el Articulo 3 letra e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial tiene la facultad de ejercer el régimen disciplinario de las miembros de la carrera judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico, por tanto el Congreso Nacional mediante la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, se le faculta para ejercer el régimen disciplinario, dicha facultad esta estipulada en el artículo 3 literal e), además tiene las siguientes atribuciones: c) Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales. .j) Elaborar y aprobar reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como los instructivos para su implementación" k) las demás que le confieran la Constitución y leyes aplicables y cualquier otra, complementaria o análoga que se estime como necesaria para el correcto desempeño de sus obligaciones" Como lo concibe el Artículo 317 Reformado de la Constitución de la República, de cuyo texto se extrae de forma terminante que los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos ni jubilados sino por las causas y garantías previstas en la ley; norma constitucional que también es congruente con lo dispuesto en el Articulo 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que dice: "Las Infracciones que generan responsabilidad en el desempeño del cargo de los empleados y funcionarios serán sancionados con la medida disciplinaria que corresponda a la gravedad de la misma y que tenga por objeto la enmienda del servidor judicial, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda para garantizar el buen servicio y el correcto desempeño en el ejercicio de su cargo, se establecen las siguientes medidas a) amonestación privada, verbal o escrita, b) Multa c) Suspensión del cargo sin goce de sueldo d) descenso a un cargo de clase o grado inferior e) traslado y f) despido. (Lo subrayado es nuestro). Finalmente en la parte dispositiva de la sentencia recurrida manifiestan literalmente: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a Nivel Nacional, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la Magistrada CLAUDINA CECILIA CANTARERO DURON y en aplicación de las artículos 303, 304, 305 de la Constitución de la República; 1, 2, letra a), 7 letra b), 9, 89, 121, 122, 123, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 7 y 8 de la Declaración Universal de las Derechos Humanos; 8, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 22, 193, 195, 200, 273-1, 280.1, 479 numeral 1 y 713 del Código Procesal Civil; FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto par el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA CARRERA JUDICIAL. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha once (11) de mayo del dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que aparece del folio número quinientos ochenta y tres (583) al folio número quinientos noventa y tres (593). Y MANDA: Que luego que se notifique en legal y debida forma esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia par media de la certificación respectiva, a efecto que proceda de conformidad a lo resuelto.- SIN COSTAS: Por que a juicio del Tribunal existen motivos para litigar. NOTIFIQUESE". El Juzgador Ad-Quem al emitir la sentencia impugnada de fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020), CONFIRMA a su vez el fallo apelado oportunamente proferido par el A-quo, de fecha once (11) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), por lo que hace suyos todos y cada uno de sus fundamentos de derecho que sirvieron de base al juzgador de Primera instancia en su parte dispositiva. Es por eso que recurro la presente sentencia ya que el Juez A-quo, inobservó la legislación como ser la Constitución de la República, Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial de aplicación exclusiva a los empleados y funcionarios Judiciales, no tomó en consideración los alegatos planteados en la contestación de la demanda, en la audiencia preliminar y mucho menos en las conclusiones presentadas en dicho Juicio, como se puede observar en la redacción de dicha sentencia definitiva. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS: Al recaer el vicio de falta de aplicación de los artículos 317 de la Constitución de la Republica, 3 letra e) y 63 reformado de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurse constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN; La falta de aplicación e infracción de las normas aludidas ha violado la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso en el caso judicial que nos ocupa y consecuencia de ello, también ha causado indefensión a mi representado el Estado de Honduras por actuaciones del Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, todo lo cual determina la existencia de una arbitrariedad manifiesta en la emisión de la sentencia acusada, cuestión la cual es absolutamente incompatible con una buena administración de justicia y con una tutela judicial efectiva. SOBRE LA PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROCESALES IMPUGNADOS. Al recaer el vicio de falta de aplicación de Normas Procesales que regulan los requisitos internos de la sentencia, en la sentencia definitiva recurrida, no se pudo realizar la denuncia del defecto ex ante, por lo que el presente recurso constituye la única vía para enmendar la infracción impugnada. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN LA RESOLUCIÓN. La falta de exhaustividad: Considerando que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada, de esa pretensión ejercida se resuelve el derecho controvertido. Puede en esta materia ser declarativa o condenatoria, por eso y en mira de una justicia bajo el principio del bien supremo de toda república, es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica, en este caso su inobservancia puede ser, en segunda instancia, anulada por no ofrecer un pronunciamiento preciso a todo lo debatido en el Juicio ha propiciado que el fallo recurrido haya sido dictado en un sentido diferente al que debió dictarse”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Se acusa a la sentencia por defectos en su “contenido y forma”, resultando confuso ya, que no las específica, dado que la forma y el contenido en las sentencia están reguladas por distintas disposiciones del Código Procesal Civil, no obstante ser defectos formales en términos generales; y c) En el desarrollo se alude a situaciones de fondo, lo que hace que el cargo resulte confuso e impreciso, a razón del precepto autorizante en que se sustenta el motivo.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VII. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los once días del mes de enero del dos mil veintidos; certificación de la resolución de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA 261-2021.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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