Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-256-20 — Registro 14462

Resumen

En primera instancia se declara sin lugar el escrito de subsanación presentado, por improcedente en virtud de lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República que establece que ningún poder ni autoridad puede avocarse a causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que se comparte por este pleno el voto de la mayoría de la sala en cuanto que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se indica como precepto autorizante el "Artículo 719.1 letra b) y 2 del Código Procesal Civil"; sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de interpretación errónea, pero en la explicación se alude a la falta de aplicación; y, c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral l) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que se comparte por este pleno el voto de la mayoría de la sala en cuanto que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se indica como precepto autorizante el "Artículo 719.1 letra b) y 2 del Código Procesal Civil"; sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de interpretación errónea, pero en la explicación se alude a la falta de aplicación; y, c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral l) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral l) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente..."

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del dos mil veintiuno, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los Magistrados, ROLANDO EDGARDO ARGUETA PÉREZ Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA, Y como Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, RUBEN RIVERA FLORES, YIMI DANIEL CHIRINOS ORELLANA Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETH, dictan la siguiente RESOLUCIÓN:SON PARTES: Recurrente: REYNALDO NUNEZ AGUILAR, representado en Juicio por el Abogado SAMUEL ELIAS AGUILAR SAUCEDA, y, Recurrido:

OBJETO DEL PROCESO:

Demanda para que se anule un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por no estar conforme a derecho y haber transgredido el ordenamiento jurídico con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales, consecuentemente que se declare la ilegalidad o nulidad de dicho acto, que se reconozca una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas se ordene se le restituya al cargo que venía desempeñando como Policía de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad comunitaria de la Secretaría de Seguridad, se ordene el pago de salarios dejados de percibir, los derechos laborales, decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones y bonificación por concepto de vacaciones a partir de la fecha que se canceló su acuerdo de nombramiento, así como los incrementos salariales que se puedan dar en el puesto o cargo del cual fue cancelado, durante el tiempo que dure el presente juicio, costas por haber sido despedido sin justa causa, con violación a los principios de defensa y el debido proceso, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor REYNALDO NUÑEZ AGUILAR, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que mediante Acuerdo DGPP-1735-2006, del 30 de noviembre del 2006, fue nombrado al cargo de Policía de la Dirección General de Policía Preventiva, a partir del 1 de diciembre del 2006, devengando un salario de L.5,000.00 mensuales, asignado a la Jefatura Metropolitana No. 1, con sede en Tegucigalpa, que en fecha 22 de diciembre del 2017, se ordenó la cancelación de su acuerdo de nombramiento como Policía, mediante Acuerdo No,4221-2017 del 22 de diciembre del 2017, firmado por el Secretario General de la Secretaría de Seguridad, cancelación efectiva a partir del 2 de enero del 2018, en el que no se le informa de manera expresa el o las causales del despido, simplemente se limita a informar que en el marco de la situación de emergencia por seguridad nacional e interés público, se le cancela por reestructuración, mismo que considera es violatorio de sus derechos por las razones siguientes: l) fue redactado con grave violación de los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, 2) fue redactado infringiendo el ordenamiento jurídico con grave quebrantamiento de las formalidades legales, ya que fue cancelado de su cargo sin observar las normas jurídicas y procedimientos legales de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el debido proceso y derecho a la defensa.

  1. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de mayo del 2018, dictó resolución misma que dice: "PRIMERO: Al escrito de subsanación presentado en base al artículo 132 párrafo segundo declara SIN LUGAR por improcedente en virtud de lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República que establece que ningún poder ni autoridad puede avocarse a causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, asimismo lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales que establece que ningún Juzgado o Tribunal puede abrir juicios fenecidos. bajo el criterio que el término que otorgó el juzgado para subsanar la demanda fue precluído mediante auto de fecha 22 de marzo del 2018, consta a folio 18 de la primera pieza.

La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de enero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO el auto resolutivo proferido en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el escrito de manifestación presentada luego de aclarar la caducidad no fue el momento idóneo, ni en el tiempo legal para que el juez A-quo revise la posible equivocación al aclarar la caducidad, lo legal y lo correcto era presentar el recurso de reposición en el término de la ley para su enmienda.

  1. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado SAMUEL ELIAS AGUILAR SAUCEDA, en fecha 10 de marzo del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de enero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.0801-040-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0801-2018-00036, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 13 de marzo del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y mediante auto de fecha 23 de noviembre del 2020, mandó a remitir los autos a la Corte Suprema de Justicia, concediéndole el término de 5 días al recurrente para que se personara ante este Tribunal.

5.- Que la honorable Sala Laboral Contencioso Administrativo en fecha veintidós de abril del año dos Mil Veintiuno en relación al recurso de casación interpuesto y del que se ha hecho mención, dicto sentencia que puede ser vista de los folios 26 - 30 frente de la pieza de casación, por mayoría, donde resuelve no admitir el recurso de casación de que se hace merito en su único motivo y declarar firme la sentencia recurrida y dictada por la Corte de apelaciones de lo Contencioso administrativo con jurisdicción nacional y sin costas, siendo disidente El Magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, quien fallo: declarar la nulidad de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo contencioso Administrativo con fecha 30 de enero 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-La cognición del presente recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia es consecuencia de no alcanzar unanimidad en la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el artículo 316 de la Constitución de la Republica: “Cuando las sentencias de la sala se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el Carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la sala, no deben integrar el pleno; de lo cual se desprende que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos deberán imperativamente someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia.”

II.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: "Infracción de Ley por Interpretación Errónea del Artículo 132 Párrafo Segundo, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el artículo 82 de la Constitución de la República". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral l, literal b) y numeral 2, del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO DE

CASACION: El precepto que se invoca como infringido es el artículo 132 Párrafo Segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que literalmente dice "Los plazos fijados en esta Ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y una vez transcurridos, se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, dándose a los autos de oficio el curso que corresponda; sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia. Las diligencias ordenadas en esta Ley y que no tengan asignado plaza específica, se entenderá que habrá de practicarse en el plazo de cinco días hábiles.” El fallo que hoy se cuestiona honorables Magistrados, se trata del emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional en fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020) la cual contiene un vicio grave que atenta contra el principio de Supletoriedad de la Ley que establece que: La aplicación supletoria de una ley respecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Expuesto lo anterior, analizaremos cual fue el procedimiento que se realizó ante el A-quo para que emitiera arbitrariamente un auto denegando una subsanación presentada en tiempo y forma y el cual fie confirmado par mayoría de votos por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo: En fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), se presentó en legal y debida forma la demanda vía procedimiento especial en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no estar conforme a derecho y haber transgredido el ordenamiento jurídico con grave quebrantamiento de las formalidades esenciales, consecuentemente que se declare la ilegalidad o nulidad de dicho acto, que se reconozca la situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necearías para el pleno establecimiento de la misma, se le restituya en su cargo coma Policía en la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en concepto de danos y perjuicios se le reconozcan sus salarios dejados de percibir, derechos laborales que correspondan a partir de la fecha de su cancelación par despido injustificado hasta la fecha en la que sea reintegrado, más el pago de las derechos adquiridos, asimismo las aumentos salariales y condena en costas par tener fundamentos suficientes para litigar, misma que previo a ser admitida, el A-quo, mediante auto previo a la admisión de la demanda ordena la subsanación de defectos procesales otorgando el termino de cinco (5) días hábiles mismo que fuera notificado a mi persona y en fecha nueve (09) de marzo del mismo año (2018) el Secretario del despacho muy "diligentemente" levanta informe de fecha veintidós (22) de marzo del dos mil dieciocho (2018) en el que declara caducado el derecho y par perdido irrevocablemente el trámite dejado de utilizar. En fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018) fui notificado del auto en el que se declara caducado el termino para subsanar par lo que el mismo día diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018) se presentó el escrito de subsanación correspondiente atendiendo lo que ordena el párrafo segundo del artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que literalmente dice: "Los plazos fijados en esta Ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y una vez transcurridos, se tendrá por caducado el derecho y par perdido el tramite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, dándose a las autos de oficio el curso que corresponda; sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia." Analicemos cual es el sentido que tiene específicamente el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Artículo 132. Salvo que expresamente se disponga lo contrario en esta Ley, los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo instaran de oficio los tramites que les correspondan, después de interpuesta la demanda. Comentario: Los Tribunales que conozcan de la Materia Contencioso Administrativo

deberán realizar todas las diligencias de oficio una vez que se ha interpuesto la demanda, y esto incluye el análisis inicial al momento de la presentación de la demanda para determinar que ha cumplido con todos los requisitos legales y de no ser así, ordenar la subsanación de los defectos procesales correspondientes. Párrafo segundo del Artículo 132: Los plazos fijados en esta Ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y una vez transcurridos, se tendrá por caducado el derecho y por perdido el tramite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, dándose a los autos de oficio el curso que corresponda; sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia. Comentario: Los plazos como en todas las materias son perentorios; el Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales, en su quinta edición define el termino Perentorio como: "Lo último que se concede o determina en cualquier línea, como termino perentorio. Lo que concluyente, decisivo y terminante, excepción perentoria; es decir, excepción que termina y extingue el derecho del actor. Esta palabra viene de la voz latina primer, que significa extinguir, acabar, anonadar. Por lo tanto, los plazos una vez vencidos no pueden reactivarse, sin embargo, la parte final del artículo en discusión nos dice literalmente "sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia." Por lo que observamos que la norma deja una salvedad en la que Reactiva El Plazo siempre y cuando se cumpla con la CONDICTIO SINE QUANON de que el escrito se debe presentar dentro del día en que se notifique la oportuna providencia (situación que ocurrió en el caso que nos ocupa) y de ser así, producirá los efectos legales correspondientes. Párrafo tercero del artículo 132. Las diligencias ordenadas en esta Ley y que no tengan asignado plazo especifico, se entenderá que habrá de practicarse en el plazo de cinco días hábiles. Comentario: Este párrafo se refiere a que cuando en la presente ley no se establezca un plazo determinado, la diligencia ordenada se deberá realizar en el término de cinco días. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo establece en el Acápite UNDECIMO de la sentencia objeto de casación, en el apartado FUNDAMENTOS DE DERECHO que "el escrito presentado de subsanación no fue el documento idóneo ni en el tiempo para que el juez A-quo resolviera teniendo por subsanada la demanda por estar extemporáneo y haber perdido el término legal", cuál es ese documento idóneo según ese honorable tribunal ¿Acaso se referían a presentar algún tipo de recurso? De ser así, como órgano supremo juzgador debió establecerlo en lugar de solamente mencionar con la finalidad única de crear una duda para justificar la sentencia arbitraria emitida declarando sin lugar el recurso presentado y fundamentándose en normas totalmente inaplicables para el caso en concreto; el Código Procesal Civil en su artículo 22, literalmente dice: "CARACTER SUPLETORIO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso administrativo laborales, y de otra índole procesal. "Por lo que es inconcebible que la honorable Corte de Apelaciones de forma antojadiza, decida aplicar una legislación no acorde al caso en específico tomando en cuenta los verbos rectores del Articulo 22 que claramente dice que se aplicara supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos violentando el principio de IURA NOVIT CURIA. A criterio de esta parte recurrente, el análisis realizado por ese honorable tribunal se convierte más que en un fundamento de derecho, en una divagación, en virtud de que no establece con claridad en este acápite por qué motivo la subsanación presentada en base al ordenamiento jurídico especializado en esta materia no es el correcto, cuando ya la ley nos establece los procedimientos para cada diligencia a realizar, infringiendo lo que preceptúa el principio de Supletoriedad de la Ley, es inconcebible que las juzgadoras teniendo vasto conocimiento de la ley y específicamente son llamadas a conocer a profundidad la esencia del derecho Contencioso Administrativo (IURA NOVIT CURIA) hayan pasado por alto lo que ordena el artículo 132 de la norma en discusión que nos dice cuál es el procedimiento específico para la presentación de escritos cuando se ha vencido algún termino. Las Juzgadoras en su parte final acusan a esta parte demandante -de haber presentado el escrito de subsanación fuera del tiempo "observando mala fe procesal" misma que no es acreditada por este tribunal sin tener la certeza de lo que realmente ocurrió al momento de presentar el escrito que origino el conflicto que hoy se dilucida, y arremete aduciendo que esta parte demandante utiliza el articulo 132 dando una interpretación a mi favor, honorables magistrados de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, cuál sería la interpretación que se le debe dar a este artículo de no ser la de apegarse al mismo y cumplir con los requisitos que este exige? En el acápite DUODECIMO de la misma parte de la sentencia que se recurre a través de esta vía impugnativa, las juzgadoras establecen que esta parte debió haber presentado un recurso de reposición en base al artículo 694 pasando por alto la especialidad de la ley que estamos analizando queriendo imponer que se haga uso de una ley supletoria cuando ya hay un procedimiento en la ordenamiento jurídico especializado a seguir, aparentemente a las juzgadoras se les olvido que el principio de supletoriedad de la Ley y el carácter supletorio del Código Civil solamente se aplicara cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos y podemos ver que en el caso que nos ocupa ya establece el artículo 132 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice: "Los plazos fijados en esta Ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y una vez transcurridos, se tendrá por caducado el derecho y por perdido el tramite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, dándose a los autos de oficio el curso que corresponda; sin embargo se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la oportuna providencia.” ¿Y cuál es la oportuna providencia? Pues el auto que tanto cuestiona la corte de apelaciones, notificado el día 17 de abril del 2018, día que de igual forma presente la subsanación para dar cumplimiento a lo preceptuado por la norma supra referida. La Corte Sentenciadora en el presente caso ha interpretado erróneamente las normas invocadas en virtud de que fundamenta su decisión en normativa que no es aplicable al caso en concreto, ya que coma se ha venido recalcando desde el inicio de este recurso, la supletoriedad de la Ley únicamente procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes por lo que denegar un recurso de Apelación con fundamento en el Código Procesal Civil interpuesto en Materia Contencioso Administrativo teniendo la normativa específica con las disposiciones necesarias para dilucidarla, resulta una violación al debido proceso y causa indefensión a mi representado, resulta interesante y extraño que el A-quo, haya confirmado dicha resolución, confirmando la indefensión para mi representado al denegar la admisión de una demanda interpuesta en legal y debida forma y al haber subsanado de igual forma apegándome a lo que ordena la norma específica en la materia que SI cuenta con las disposiciones específicas para el caso que nos ocupa. Dentro de la sentencia recurrida contamos con un Voto Particular emitido por la Magistrada Propietaria, quien muy acertadamente hace un específico y extenso análisis de este proceso del que cabe resaltar lo siguiente: En el acápite TERCERO de su voto particular observamos que a partir de la parte final del renglón número cinco de la página 15, establece que: El Derecho Administrativo coma ciencia encuentra su fundamento y sustrato en el fin que persigue, es decir, el INTERES PUBLICO; la forma en que se concreta dicho interés general, tanto en su dimensión colectiva como individual, es mediante la Correcta aplicación de sus principios rectores, con completa independencia de su positivación, de tal forma, que el principio tiene un carácter de supra legal, y cuando el principio es incluido en una norma se trata de una regla, por tanto se convierte en un mandato de optimización para los operadores jurídico administrativos.- Lo que sucede en el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Rehabilitación de Plazos) es que al ser un beneficio especia del proceso Contencioso Administrativo, se convierte en una regla de aplicación imperativa para los operadores del derecho especializado. "Es por tal razón Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que una vez de analizada la sentencia y expuestas las razones que motivan el presente recurso, se solicita se revoque la sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), y ordene al Juzgado de Letras de lo Contencioso dos Administrativo, anular el auto de fecha (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) instruyendo a este, admitir la presente demanda en virtud de haber presentado la subsanación en tiempo y forma en base al artículo 132 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, por haber sido presentado en legal y debida forma'

III.- Que se comparte por este pleno el voto de la mayoría de la sala en cuanto que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se indica como precepto autorizante el "Artículo 719.1 letra b) y 2 del Código Procesal Civil"; sin embargo, los numerales y literales de la citada disposición contemplan, distintas causales de casación incompatibles entre sí, que se deben invocar en forma separada por la independencia de los cargos; b) Se formula el concepto de interpretación errónea, pero en la explicación se alude a la falta de aplicación; y, c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral l) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.

IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.

V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral l) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.

POR TANTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por mayoría de votos, por disentir los Magistrados, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA Y YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 1905 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos consiguientes. NOTIFIQUESE.

10