Sentencia CA-236-19 — Registro 14495
Resumen
Demanda Ordinaria en Materia de Personal para que declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) Falta a la claridad y precisión al señalar únicamente que impugna la aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, según el precepto señalado del articulo 719 numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, sin mencionar si la violación ha sido por falta de aplicación o aplicación indebida, además, y no vincula al control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por el motivo alegado por él y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación.-"...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Propietarios ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, Magistrado Presidente, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA y Magistrados Integrantes GARIN ENOC URQUIA CASTRO, RUBEN RIVERA FLORES, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA Y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, en el Recurso de Casación interpuesto y venido en conocimiento del Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: CONSTITUYEN PARTES, como recurrente el señor ORLANDO ARTURO ALVAREZ RUBIO por medio de su Apoderado Legal el Abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES; como recurrido EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL MINISTERIO PUBLICO, siendo su Representante Procesal el Abogado WALTER ALEXANDER CARIAS GOZAINE.-
ANTECEDENTES: PRIMERO:
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) dictó sentencia en relación a la Demanda Ordinaria en Materia de Personal para que declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, promovida por el señor ORLANDO ARTURO ALVAREZ RUBIO contra el Estado de Honduras a través del MINISTERIO PUBLICO, ver folios seis (6) al nueve vuelto (9v.) de la pieza de casación, misma que consigna en su parte resolutiva; Fallando declarar improcedente la acción incoada por el señor ORLANDO ARTURO ALVAREZ RUBIO, representado en juicio por el Abogado EDWIN DARIO ANTUNEZ, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado. SEGUNDO: Se exime del pago de costas a la parte demandante. PRIMERO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, el que deberá interponerse ante este tribunal dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación.- Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme la presente sentencia, y para efectos de su ejecución y conocimiento se libre atenta comunicación judicial con las inserciones de estilo al MINISTERIO PUBLICO, debiéndole acompañar s la misma el expediente administrativo contentivo del acto impugnado, previo desglose y constancia de la Secretaría del Despacho.- SIN COSTAS.SEGUNDO: En fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, dicta sentencia, como consecuencia del recurso de apelación impetrado por el Abogado EDWIN DARIO ANTUNEZ, apoderado del señor ORLANDO ARTURO ALVAREZ RUBIO, contra la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. La misma fue transcrita de los folios diez (10) al dieciséis (16) de la pieza de casación y que para efectos de la presente resolución se trascribe los fundamentos de derecho de la siguiente manera: ¨FUNDAMENTOS DE DERECHO. TERCERO (3): Que a través de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pretende se respete el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública, mediante las potestades revisoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, representando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, en la cual la participación de las partes no se limita solo a la primera instancia, tienen también derecho a peticionar ante los órganos superiores, en vía de recurso la tutela efectiva de sus derechos si consideran que la resolución judicial le causa directa o indirectamente un perjuicio y siendo que efectivamente la finalidad del recurso de apelación es además de revisar los hechos dados como probados en la resolución recurrida, así como la enmienda en la interpretación y aplicación de las normas legales que rigen el proceso (art. 705 del Código Procesal Civil), en la que el afectado con la resolución expone que los agravios que le causa la resolución recurrida emitida en primera instancia, tomando en cuenta que el recurso es una prosecución del proceso y al mismo tiempo una revisión del mismo por un órgano superior, que ha de decidir conforme a lo alegado por las partes oídas contradictoriamente, en el que ha debido imperar el debido proceso y el derecho de defensa y desde donde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos, sin olvidar la diversidad de los elementos que asisten a la tutela judicial efectiva, siendo entre estos el conseguir una resolución fundada en derecho; en ese orden de ideas el Ministerio Público como ente estatal no se escapa de la obligación de realizar los actos emitidos bajo su potestad con arreglo a derecho, y siendo el caso que nos ocupa el ahora demandante trabajó para dicha institución bajo el cargo de patólogo forense mediante acuerdo de nombramiento de fecha 298-98, y cargo por el cual ha solicitado las licencias sin goce de sueldo, en el cual si bien es cierto hizo merito a ascensos y modificaciones del cargo durante el tiempo que sirvió dentro de la Institución, lo es también que el acto impugnado lo constituye su acuerdo de nombramiento en el cargo de Patólogo Forense, obteniendo varias licencias sin goce de sueldo siendo la última de fecha hasta el ocho (8) de enero del 2011, según constancia emitida por la jefe de departamento de personal de dicha institución, más el acuerdo que confirma dicha prorroga de licencia, es decir la vigencia de la misma seria de un año, la cual llegaría a su término el nueve (9) de enero del 2011 y ante abandono o inasistencia a su lugar de trabajo, tal y como lo informan según oficio emitido por el jefe de recursos humanos, manifestando que el ahora demandante ha dejado de asistir a su lugar de trabajo sin justificación alguna; situación que da origen al procedimiento disciplinario bajo las disposiciones que establece la Ley y el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en el que la División de los Recursos Humanos, basándose en la documentación remitida solicita la imposición de la sanción de despido ante el Consejo de personal de dicha Institución, citándolo a audiencia con el objetivo de presentar alegaciones respecto a la solicitud de cancelación, no haciendo uso de dicho plazo declarando caducado dicho plazo y señalando audiencia notificando por la tabla de avisos al demandante emitiendo, no compareciendo a dicha audiencia el demandante emitiendo el consejo de personal su resolución declarando procedente la solicitud de despido, sin haber hecho uso de los recursos ordinarios por parte del demandante cumpliéndose así el procedimiento disciplinario bajo la premisa del debido proceso y derecho defensa y sobre todo el principio de legalidad que debe de predominar en virtud del cumplimiento a cabalidad d los establecido en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público; en cuanto a los expresado por el apoderado legal del demandante relacionado con la prescripción esta queda sin ningún tipo de valoración ya que debió hacerlo desde la presentación de la demanda y no en los agravios ya que veda del derecho de defensa a la autoridad nominadora. CUARTO (4): Por lo expuesto anteriormente este Tribunal es del criterio de confirmar la sentencia venida en apelación de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete por no haber infracción al ordenamiento jurídico. PARTE DISPOSITIVA: POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente la señora Magistrada DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 3, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 10 y 11 en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 2, 7 inciso b), 9, 89, 129 inciso c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 190, 193, 195, 200, 204, 214, 479, 704, 705, 709, 710, 713, 715 del Código Procesal Civil; 1, 17, 64, 66, 67, 68, 69 de la Ley de Ministerio Público; 1, 7, 10, 11, 13 literal i, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 del Estatuto del Ministerio Público FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EDWIN DARIO ANTUNEZ. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre agregada a folios números doscientos cuarenta y seis (246) al folio número doscientos cuarenta y nueve vuelto (249v.) de la primera pieza de autos. Y MANDA: Que luego que se notifique en legal y debida forma esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva, a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto. SIN COSTAS: Porque a juicio del Tribunal existen motivos para litigar.
TERCERO: En fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) el Abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES en su condición de Apoderado Legal del señor ORLANDO ARTURO ALVAREZ RUBIO interpone recurso de casación, en contra de la Sentencia de fecha cuatro (04) de febrero de dos mil diecinueve (2019) emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; mismo que obra de los folios diecisiete (17) al veintiuno (21) de la pieza de casación, y que se desarrolla de la siguiente forma: que el Recurrente fundamenta dos motivos de casación, manifestando lo siguiente: Primer motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión , causal que se encuentra comprendida en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. Se establece que se ha violentado artículo 41 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionado con el artículo 8 numeral 2 de la Ley Estatuto del Medico Empleado ya que si bien mi representado no asistió a la audiencia de descargo a la cual había sido citado; a este se le invocó e investigó una causal distinta a la utilizada como fundamento; por lo tanto y aun en el caso que la causal sea justificado, la misma es ilegal puesto que las acciones imputadas no se enmarcan en la causal imputada, siendo en todo caso la causal de despido correcta tipificada en el literal b) Estatuto de la Carrera del Ministerio Público que establece: dejar de asistir al trabajo, sin permiso y sin causa justificada, durante tres (3) días completos y consecutivos o durante cuatro (4) dia hábiles en el término de un mes. Por tanto, el Juzgado de Primera instancia como la Corte de Segunda Instancia violenta el derecho de Estabilidad Laboral que se encuentra enmarcada en las normas objetivas que se consideran violentadas; ya que la causal de despido notificada no se subsume en el comportamiento que este sanciona. Por lo tanto, lo vuelve un despido ilegal; sin embargo, al ser declarado como un legal y justificado por el tribunal de primera y segunda instancia violentando el artículo 41 de Estatuto de ña Carrera del Ministerio Público relacionado con el artículo 8 numeral 2 de la Ley Estatuto del Médico Empleado. El segundo motivo impugna la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionado con los artículos 206.2, 207.2, 208.1 del Código Procesal Civil, utilizada por el Tribunal juzgador como uno de los fundamentos de derecho en los que basó su sentencia. En la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada establece que, la sentencia dictada en fecha 30 de marzo de 2017 por el A-QUO, y la Sentencia emitida por el A-QUEN, determinan que se siguieron los supuestos procedimientos disciplinarios, que comprueban la inasistencia del Demandante al cumplimiento de sus funciones pero a la vez en la sustanciación del proceso, emite a folio 244 un auto de mejor proveer en la que requiere, Acta de la Audiencia de Descargo donde conste los hechos tratados y la Resolución al Acto de impugnación que mi representado presentó en fecha 06 de mayo de 2009, en contra del Acuerdo 249-2009, para el cual la Juez les dio un término que prescribió sin haber cumplimentado la parte demandada, dicho requerimiento, quedando evidenciado que para el A-QUO, había elementos que la parte demandada no acreditó, y que eran fundamentales para verificar si el acto administrativo Dictado por la Autoridad Demandada, era legítimo, conforme a derecho y respetando el derecho de defensa del Servidor Público, hechos que al no contestarlos, aun cuando fueron una orden emanada por el A-QUO, generan la nulidad de la sentencia dictada, por lo que el orden de la sentencia y la función interpretativa de que se vale el A-QUO, no tienen claridad ni precisión, violentando esto lo establecido en el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, que establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.
CUARTO: En fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017) el Abogado WALTER ALEXANDER CARIAS GOZAINE, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, se pronuncia sobre el recurso impetrado por su contra parte, y que obra en el folio veintidós frente y vuelto (22fv) de la pieza de casación, mismo en el que se rechazan las incidencias de los dos únicos motivos de casación argumentados por la parte recurrente, interesa por sobre todo que se declare no ha lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandante por no haber violación a la estabilidad laboral, ni infracción de Ley en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, confirmando la sentencia definitiva por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete y en definitiva resolver de conformidad a Derecho.
QUINTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), dicta sentencia en el recurso de casación interpuesto, fallo que se encuentra de los folios treinta y uno (31) al treinta y cinco (35) de la referida pieza de casación, la que para efectos de la presente sentencia se transcribe de la siguiente forma: ¨……..que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: "Este primer motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1) literal b) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: La causal de casación invocada se encuentra comprendía en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que permite impugnar una sentencia por la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución del fondo del litigio. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: La sentencia objeto del presente recurso evidentemente se ha constituido en violación del artículo 41 de Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico relacionado con el articulo 8 numeral 2 de la Ley Estatuto del Medico Empleado; ya que estas normas de derecho objeto establecen que los empleados del Ministerio Publico, así como los Médicos Contratados a los cuales les es aplicable la Ley Estatuto del Medico Empleado; gozan del derecho a la Estabilidad Laboral que en síntesis prohíbe que estos sean objeto de despido ilegales e injustificados; siendo los ilegales los que padece de vicios de legalidad y los injustificados los que carecen de una causa legal previamente establecida en la ley. Dicho lo anterior, y de la apreciación de la prueba documental publica que obra a folio .5 y 6 de la primera pieza de autos, que contiene la certificación del acuerdo No. 282013 en el que se toma la determinación de cancelar a demándate, observamos que la causal utilizada por la autoridad administrativa es la siguiente: "incumplimiento reiterado o violación grave de alguna de las obligaciones y prohibiciones establecida en la Ley, El Estatuto y Reglamento ", causal está establecida en el artículo 60 literal a) del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico. Dicho, se establece que se ha violentado artículo 41 de Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico relacionado con el articulo 8 numeral 2 de la Ley Estatuto del Medico Empleado ya que si bien mi representado no asistió a la audiencia de descargo a la cual había sido citado; a este se le invoco e investigo una causal distinta a la utilizada como fundamento, por lo tanto y aun en el caso que la casual sea justificado, la misma es ilegal puesto las acciones imputadas no se enmarcan en la causal imputada, siendo en todo caso la causal de despido correcta la tipificada en el literal b) Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico Dejar; que establece: dejar de asistir al trabajo, sin permiso y sin causa justificada, durante en el de tres (3) días completos y consecutivos o durante cuatro (4) días hábiles en el término de un mes ". Esto en virtud de que mi representado, Por lo tanto, es que identificamos de la valoración de la prueba, que tanto el Juzgado de Primera instancia como la Corte de Segunda Instancia violenta el derecho de Estabilidad Laboral que se encuentra enmarcada en las normas objetivas que se consideran violentadas; ya que la causal de despido notificada no se subsume en el comportamiento que este sanciona. Por lo tanto, lo vuele un despido ilegal, sin embargo, al ser declarado como un legal y justificado por el tribunal de primera y segunda instancia violentado artículo 41 de Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico relacionado con el articulo 8 numeral 2 de la Ley Estatuto del Medico Empleado". Para la Sala el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la violación ha sido por aplicación indebida o interpretación errónea; y. b) Insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: "Este segundo motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se impugna la aplicación e interpretación de la norma procesal contenida en el Artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, relacionado con los artículos 206.2, 20 7.2, 208.1 del Código Procesal Civil, utilizada por el Tribunal juzgador como uno de los fundamentos de derecho en los que basó su sentencia. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: Que la Sentencia dictada en fecha 30 de marzo de 2017 por el A QUO, y la Sentencia emitida por el A QUEN, determinan que se siguieron los supuestos procedimiento disciplinarios, que comprueban la inasistencia del Demandante al cumplimiento de sus funciones pero a la vez en la sustanciación del proceso, emite a Folio 244 un auto de mejor proveer en la que requiere, Acta de la Audiencia de Descargo donde conste los hechos tratados y la Resolución al Acto de impugnación que mi representado presento en fecha 06 de mayo de 2009, en contra del Acuerdo 249-2009, para el cual la Juez les dio un término que prescribió sin haber cumplimentado la parte demandada, dicho requerimiento, quedando evidenciado que para el A-QUO, había elementos que la parte demandada no acredito, y que eran fundamentales para verificar si el acto administrativo Dictado por la Autoridad Demandada, era legítimo, conforme a derecho y respetando el derecho defensa del Servidor Público, hechos que al no constarlos, aun cuando fueron una orden emanada por el A-QUO, generan la nulidad de la sentencia dictada, por lo que el orden de la sentencia y la función interpretativa de que se vale el A-QUO, no tienen claridad ni precisión, violentando esto lo establecido en el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, que establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas ". Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) Falta a la claridad y precisión al señalar únicamente que impugna la aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, según el precepto señalado del articulo 719 numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, sin mencionar si la violación ha sido por falta de aplicación o aplicación indebida, además, y no vincula al control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por el motivo alegado por él y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado: todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. La Sala por mayoría de votos, siendo disidente el Magistrado PINEDA VALLE resuelve inadmitir el recurso de casación en sus dos motivos y declara firme la sentencia impugnada, sin costas.SEXTO: En la misma fecha y año, el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, emite voto particular, el cual y que para efectos de la presente resolución se trascribe de la siguiente forma… ¨
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. - Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente ".- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 1 plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que confirma el auto definitivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual hizo suyos los argumentos y pronunciamientos de primera instancia, lo que también al igual que el A-quo, no resulta congruente por una parte, al no haber resuelto ciertas pretensiones deducidas, ya que las mismas delimitan el debate judicial y el juzgador debe decidir dentro de esos límites, consecuentemente valorando la prueba y la alegaciones esgrimidas, determinando con la revisión del acto administrativo, para el caso en particular, si en el nombramiento y cancelación de la demandante cumplieron los requisitos legales para su formación, así como como la competencia del órgano administrativo que lo emite; todo ello para el control legal del acto administrativo, motivo suficiente para que el afectado tenga un interés legítimo, en pretender la nulidad del acto administrativo, lo que determinaría en su caso, la restitución al cargo con el pago de salarios dejados de percibir. Por la incongruencia antes señalada y la carencia de una motivación suficiente procede la nulidad del fallo impugnado. VII. Que no se debe olvidar el carácter tutelar que debe primar en toda resolución judicial, entendiendo que, el derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más frecuentes derechos fundamentales que impetran ante la justicia, en construcción de garantías procesales aplicables al proceso que propicien básicamente justicia, máxime en tiempos de evolución del derecho en términos de dichos derechos fundamentales y en aplicación de reglas internacionales que contribuyen a consagrar una jurisdicción universal. En torno a ella se desarrollan un conjunto de principios en materia de vulneración a los derechos humanos que los órganos Jurisdiccionales están obligados a proteger. Sin menoscabo, que, otorgada la garantía o derecho, mediante un proceso en el que se aporten los elementos de juicio respectivo pueda arribarse a un convencimiento que la acción deducida sea procedente o no, pero que efectivamente no se restringa el acceso a la justicia o a un juicio, con las formalidades, derechos y garantías establecidos en la Ley y la Constitución de la República. VIII.- El debido proceso debe ser entendido como un medio pacífico de solución de conflictos, como un remedio idóneo de los mismos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e imparcial que interpreta y aplica la ley a cada caso concreto, rige en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, por una serie de principios y garantías básicas que aseguren la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva un juicio justo para las partes. Por ello, se afirma que el debido proceso es un derecho que contiene, agrupa o engloba otros derechos, los cuales se encuentran contemplados como: "Garantías judiciales" en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) precitado. Entre esos otros derechos, encontramos el derecho que tienen las partes a un proceso judicial. sin alteraciones o deformaciones, durante el transcurso, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo. Consecuentemente, es claro que, las partes tienen derecho a un juicio donde se les garantice el desarrollo procesal debido; y además, a una decisión judicial que presente las suficientes motivaciones, fundamentos o argumentos jurídicos, que justifiquen lo acontecido en las diversas etapas de dicho proceso; y, que sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de proceso. La exigencia que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes. Artículo 193.2.c), 200, 206. 207 y 208 del Código Procesal Civil.- XIV.- Es preciso que la decisión de los conflictos por el Juzgador, vaya precedida de una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue; saneando los vicios existentes, debiéndose encausar la pureza del procedimiento y su desenvolvimiento por los cauces legales adecuados.- Asimismo, este Tribunal es del criterio que, para que prevalezca el Derecho a 1(1 Tutela Judicial Efectiva, se debe aplicar el "principio de la trascendencia de la ,nulidad procesal" siendo el que procede cuando la irregularidad que sirva de antecedente, corrompe la sustancia del acto del proceso y le impide en consecuencia cumplir el fin para el que fue establecido en la ley; circunstancia que se aprecia en el procedimiento de autos, al haber el Ad-Quem, incurrido en los defectos procesales antes aludidos. Con fundamento en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil, y debido a que los actos procesales constituyen la formación del proceso, son de observancia obligatoria y la infracción o inobservancia de esta se sanciona a través de la nulidad, así las cosas, este Tribunal, para sanear y enmendar el procedimiento estima que procede decretar la nulidad de actuaciones a partir de la sentencia recurrida, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó, con el propósito de que el Ad-Quem al recibo del expediente, resuelva conforme a lo que conste en autos en relación a las pretensiones de las partes y de acuerdo a lo que en derecho proceda, o sea, en forma congruente en la sentencia y siendo varios los puntos objeto del debate, haga con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos; incluso, efectuando las declaraciones que las pretensiones de las partes exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia Contencioso Administrativo, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras. por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776. 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207.1. 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18. 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional.”- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO: El artículo 316 de la Constitución de la República, establece entre otros argumentos que cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirían en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas y que cuando no haya unanimidad en la toma de decisión del asunto, los magistrados que hayan participado en la Sala, no deben integrar el Pleno; de lo cual se deduce o infiere que las sentencias que se pronuncien en las distintas salas, por mayoría de votos, deberán someterse al Pleno de la Corte Suprema de Justicia; en el caso subjudice el conocimiento de las diligencias relacionadas, surge como consecuencia de un pronunciamiento derivado por mayoría de votos de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, por lo que el Honorable Pleno de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento irrestricto de la norma constitucional precitada, verifica las valoraciones tanto fácticas y normativas del caso concreto.- SEGUNDO: Honduras es un Estado de Derecho, sujeto a la Constitución de la República, como norma suprema, norma básica del ordenamiento jurídico que obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la primacía de la ley como expresión de voluntad popular, y de otro someterse al estado al ordenamiento jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos que forman parte de él. Las leyes como actos unilaterales del poder público interno y los Tratados Internacionales como un acto emanado de un acuerdo de voluntades entre los estados que una vez ratificados son normas directamente aplicables en el derecho interno. Al aprobar los tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien común, asumen varas obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Al citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estados de Honduras, entre los deberes generales asumidos por los Estados Partes de la Convención, para cada uno de los derechos consagrados en la misma, el deber de respeta los derechos y libertades reconocidas en ella, garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, (artículo 1.1 de la Convención) y por otro extremo adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derecho y libertades (artículo 2 párrafo segundo de dicha Convención). TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional, sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República.- CUARTO: El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculad por los motivos alegados por el recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil.- QUINTO: En el caso concreto y siendo que el Pleno de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS, corrobora y hace suyo el criterio esbozado por el voto de la mayoría de los miembros de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, y que para los efectos de la presente sentencia se consignan los siguientes argumentos; que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: La sentencia objeto del presente recurso evidentemente se ha constituido en violación del artículo 41 de Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico relacionado con el articulo 8 numeral 2 de la Ley Estatuto del Medico Empleado; ya que estas normas de derecho objeto establecen que los empleados del Ministerio Publico, así como los Médicos Contratados a los cuales les es aplicable la Ley Estatuto del Medico Empleado; gozan del derecho a la Estabilidad Laboral que en síntesis prohíbe que estos sean objeto de despido ilegales e injustificados; siendo los ilegales los que padece de vicios de legalidad y los injustificados los que carecen de una causa legal previamente establecida en la ley.- SEXTO: Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la violación ha sido por aplicación indebida o interpretación errónea; y. b) Insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- SÉPTIMO: Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: "Este segundo motivo impugna la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción produjera indefensión. Sirve de fundamento autorizante el Artículo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil. Para el presente caso, quedando evidenciado ante el A-QUO, que había elementos que la parte demandada no acredito, y que eran fundamentales para verificar si el acto administrativo Dictado por la Autoridad Demandada, era legítimo, conforme a derecho y respetando el derecho defensa del Servidor Público, hechos que al no constarlos, aun cuando fueron una orden emanada por el A-QUO, generan la nulidad de la sentencia dictada, por lo que el orden de la sentencia y la función interpretativa de que se vale el A-QUO, no tienen claridad ni precisión, violentando esto lo establecido en el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, que establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas ".- OCTAVO: Que el cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) Falta a la claridad y precisión al señalar únicamente que impugna la aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, según el precepto señalado del articulo 719 numeral 1, literal c) del Código Procesal Civil, sin mencionar si la violación ha sido por falta de aplicación o aplicación indebida, además, y no vincula al control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por el motivo alegado por él y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación.-
POR TANTO: El Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, sobre la base de los fundamentos legales citados en la fundamentación jurídica, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 de la Constitución de la República, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, referentes a la igualdad ante la ley y al derecho de un recurso efectivo, artículos 8 numerales 1 y 2 literal h, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial, artículos 690, 691, 692,693, 700, 701, 716, 717, 718, 721, 722, 723 y demás aplicables del Código Procesal Civil, artículos 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, artículos 16, 18 y 23 literal c del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; POR MAYORIA DE VOTOS, siendo disidentes los Magistrados JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ Y JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- RESUELVE: PRIMERO: NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN formalizado por el Abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES en sus dos motivos. SEGUNDO: DECLARAR FIRME la sentencia recurrida de fecha cuatro de febrero del dos mil diecinueve dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. TERCERO: SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. CUARTO: Que, con la certificación de este fallo, se remitan las presentes diligencias al tribunal de su procedencia, para los efectos legales correspondientes. - Redacto Magistrado Integrante ARGUETA BOURDETT. NOTIFIQUESE.
Expediente S.L 236-2019