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Sentencia CA-232-21 — Registro 13775

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado, declarando la procedencia de la acción, incoada por la demandante en virtud que el Acto Administrativos impugnados consistente en el acuerdo de cancelación no esta emitido conforme a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a)se indican como infringido entre otros los artículos 62, 64, 313 de la Constitución de la República, 434 numeral 2) del Código Procesal Civil, 123 inciso b) del Código del Trabajo, 35 párrafo primero, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 140 numeral 3, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que no fueron citados ni aplicados en la sentencia impugnada, por ello no pueden haber sido interpretadas erróneamente, 82, 62, 303, 304, 313 de la Constitución de la Republica, 479 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil, 35 párrafo primero, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 24, 25,26, y 27, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que si bien fueron citados en la parte dispositiva, no inciden en el resultado final del fallo impugnado; 38, 48, 54, 55, 53, de la Ley de Servicio Civil, cuando el primero contiene literales que se deben precisar, el quinto contiene numerales que se deben precisar, 186, 187, 191, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el primero no tiene relación con la situación jurídica planteada, el segundo contiene numerales que se deben precisar y el tercero contiene párrafos que se deben precisar, en consecuencia la proposición jurídica así formulada resulta confusa e imprecisa;.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."se omite una explicación debidamente separada y fundamentada, no se justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, se limita el Recurrente en lo expuesto a señalar que se ratifique la sentencia de primer grado, lo cual se aleja de la finalidad que persigue este recurso extraordinario de conformada a lo preceptuado en el artículo 717 del Código Procesal Civil. Por otro lado, es importante recordar, que la calidad de extraordinario recurso de casación determina su carácter eminentemente técnico, marco al cual se circunscribe el Tribunal de Casación, y del que no puede salirse; en consecuencia, es deber del Recurrente ajustarse al mismo y a su vez fijar el contenido de su petición, la omisión o equivocación en la formalización del recurso da lugar a su fracaso y por ende a su desestimación, como en el caso en particular..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ; y, Recurrida: la señora SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ, representada en juicio por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES.- OBJETO DEL PROCESO: demanda en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para su pleno restablecimiento entre ellas se ordene su reincorporación al cargo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos gozados por los otros servidores en su ausencia, más los intereses en que dichas cantidades resulten, indemnización por daño y perjuicio derivado del pago de honorarios profesionales dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promovido por la señora SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que comenzó a laborar para el Estado de Honduras, en la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el 04 de agosto del 2010, mediante contrato de servicios profesionales; posteriormente una vez superado el concurso y los demás requisitos exigidos por Servicio Civil, fue nombrada mediante Acuerdo No. 383-SRH-2013 de 14 de noviembre del 2013 en el cargo de Analista de Política Bilateral I, devengado un salario mensual de L.12,000.00. Que mediante Acuerdo No. 0072-CES-SRH-2014 de fecha 12 de marzo de 2014, fue cancelada por cesantía a la demandante, con efectividad a partir del 14 de marzo de 2014, invocándole causal la "Reducción forzosa de personal por razones de orden presupuestario". Además, se le canceló sin respetar el procedimiento previsto en los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil al no tomársele en cuenta la evaluación periódica, su desempeño profesional y no notificándole la cesantía con la antelación legal.- 2. La parte demandada EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante firmó 16 contratos de Servicios Profesionales y en virtud de ello es preciso mencionar que la Ley de Servicio Civil en su artículo 3 establece que las disposiciones de la ley no serán aplicables a los servidores públicos que presten servicios técnicos o especializados en virtud de un contrato especial. Que la demandada siguió todos los procedimientos establecidos legalmente para proceder a la Cesantía, tomando en cuenta la comunicación respectiva al Consejo de Servicio Civil estimando procedente que se efectuara la Cesantía. De igual forma se tomó en cuenta la evaluación periódica de los servidores, se envió mediante acción de personal No.080-SRH-2014 la nómina de cesanteados a la Dirección General de Servicio Civil, se procedió a emitir el respectivo acuerdo de cancelación con su notificación y cancelación de la plaza en cuestión. Asimismo se rechaza la petición de la demandante en cuanto a los daños y perjuicios y demás derechos gozados por los otros servidores en ausencia de la demandante, más los intereses que dichas cantidades resulten indemnizar por daño y perjuicio derivado del pago de honorarios profesionales de los salarios dejados de percibir, ya que la demandante no puede pretender el pago de intereses de los salarios dejados de percibir, salvo lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, dicto sentencia que en su parte conducente, dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Acción incoada por la ciudadana SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como el ACUERDO DE CANCELACIÓN No. 0072-CES-SRH-2014 de fecha doce de marzo de dos mil catorce emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, mediante el cual se cancela a la ciudadana SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ del cargo de ANALISTA POLÍTICA BILATERAL I. SEGUNDO: Absolver a la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, del pago por los conceptos reclamados por el Demandante. TERCERO: Se exime del pago de Costas…”; bajo el criterio que en el presente caso el Acuerdo de Cancelación No. 0072-CES-SRH-2014 de fecha 12 marzo de 2014, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mediante el cual se cancela a la demandante del cargo de Analista Política Bilateral I., revisando el procedimiento de cancelación que aplicó la Autoridad Nominadora a la demandante, plasmado en el expediente administrativo y tras una valoración de los medios de prueba aportados al proceso, se concluye que la demandada canceló a la demandante, en atención a las facultades que le otorga la Ley de Servicio Civil así como su Reglamento. Lo anterior basado en lo siguiente: A) Conforme lo establecen los Artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil en relación a los Artículos 187, 188, 189, 190, 191, 192 y 193 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, la Autoridad Nominadora siguió todos los procedimientos legales para proceder a la cancelación por cesantía de la hoy Demandante. Es decir, que, de los medios de prueba aportados al proceso, así como del expediente Administrativo, se observa que la Institución Demandada procedió a enviar la comunicación por escrito a la Dirección General de Servicio Civil, obteniendo respuesta positiva a dicha consulta. Asimismo, la Institución Demandada tomó en cuenta la evaluación periódica, así como los años de servicio de la Demandante, quien obtuvo una nota de 76% en su evaluación y una antigüedad de seis meses según se constata a folio 119. En cuanto al requerimiento de la nómina de cesanteados, mediante Oficio No. 214-SRH-2014 se cumplió con dicho requerimiento legal, según se constata a folio 97. Con respecto a las indemnizaciones establecidas en el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil a folio 82 se comprueban el pago de todas las indemnizaciones laborales correspondientes a la Demandante. Dentro de estos pagos se incluye el preaviso, mediante el cual la Institución pudo haber notificado con un mes de antelación la cesantía o bien, pudo haber optado pagarla. En el presente caso, la Institución Demandada pagó el concepto de preaviso tal y como se constata en el folio antes citado. B) En atención a lo anterior, el acto administrativo fue emitido en cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico ordena. C) En cuanto a los conceptos reclamados en calidad de costas procesales y daños y perjuicios, realizados por ambas partes, por lo que no se realiza un pronunciamiento sobre los mismos, en virtud de ser éstos objeto de un juicio ordinario y no uno en materia de personal, como lo es el presente caso. Que la Ley de Procedimiento Administrativo señala que se "presume la legitimidad de los actos administrativos", por lo tanto, es la parte que alegue su nulidad e ilegalidad la que tiene la obligación de quebrantar tal presunción de legitimidad. Con los medios de prueba aportados por la parte demandante, se concluye que no se quebrantó tal principio, ya que la demandada al emitir el acto administrativo impugnado, lo hizo apegado a derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil veinte, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES en su condición de Apoderada Legal de la Señora SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ, contra el ESTADO DE HONDURAS TRAVÉS DE IA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de mayo del dos mil dieciocho (2018) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso Número 0801-2014-00118 consta en los folios doscientos cincuenta y ocho (258) al doscientos sesenta y uno (261). De la demanda promovida por la Señora SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE IA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. TERCERO: En consecuencia: 1) SE DECLARA IA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, incoada por la ciudadana SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ en el cargo de Analista de Política Bilateral I de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; en virtud que el Acto Administrativos impugnados consistente en el ACUERDO de No. 0072-CES-SRH-2014 de fecha doce (12) de marzo del 2014, efectivo a partir de la fecha catorce (14) de marzo del 2014, emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional esta emitido infringiendo el ordenamiento jurídico específicamente el artículo 191 del Reglamento de la Ley del Servicio, en consecuencia, SE DECRETA SU NULIDAD TOTAL. 2) SE RECONOCE a favor de la ciudadana SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ la situación jurídica individualizada por la violación de su Derecho a su estabilidad Laboral por haber sido cancelada ilegalmente de su cargo, se adoptan como medidas para el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada el reintegro a su antiguo puesto o a otro de igual categoría, pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización y demás derechos que le pudieran corresponder durante la secuela del juicio. Desde la fecha de la cancelación ilegal hasta que se reintegre. Se difiere a la etapa de Ejecución de la Sentencia la liquidación de los Derechos reconocidos cuantificables. 3) Se decreta en su caso la nulidad del acto por el cual se hubiere designado el sustituto de la demandante. SIN COSTAS…”; bajo el criterio que la pretensión de la demanda al fijar el objeto del juicio es por la violación al artículo 191 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, "La cesantía debe ser notificada al servidor público con un mes de anticipación por lo menos" se observa de la revisión y trasgrede lo dispuesto en el artículo 191, el Acuerdo No. 0072-CES-SRH-2014 de fecha doce (12) de marzo del 2014, notificado en fecha trece (13) de marzo del 2014, y efectivo a partir de la fecha catorce (14) de marzo del 2014, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores Cooperación Internacional, mediante el cual se cancela por cesantía a la ciudadana demandante, transgrediendo el artículo 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública, en vista que no se sujeta a la jerarquía normativa, puesto que desconoce los estipulado en la Constitución de la República en su artículo 205, pues le corresponde en todo caso al Congreso Nacional, la interpretación de las leyes, y al Poder Ejecutivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 245 constitucional le corresponde cumplir y hacer cumplir las leyes. Al confrontar el expediente administrativo, la cancelación por cesantía y el Principio de Legalidad postula que cualquier acto de la autoridad pública, mediante el cual se limiten las esferas jurídicas de los particulares, debe estar basado en una Ley, este principio supone la sumisión de la Administración Pública a la Ley, es por tanto que el Principio de Legalidad está en la esencia del Estado de Derecho, y que es la más importante columna sobre la cual se asienta el total del edificio del Derecho Administrativo, es la piedra angular. El Acto Administrativo impugnado (cancelada por cesantía sin notificar al servidor público con un mes de anticipado por lo menos) fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento de Servicio Civil, por lo que atendiendo lo estipulado en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Acuerdo de Cancelación es nulo en vista de haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, es decir, que la acción de cancelación por cesantía, no se llevó a cabo en legal y debida forma el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil, 191 de su Reglamento, se ha determinado que hubo quebrantamiento al omitir en el acuerdo de cancelación por cesantía de la demandante los procedimientos establecidos.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, en fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de septiembre del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 091-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.118-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha ocho de abril del dos mil veintiuno, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, presentó en fecha cinco de marzo del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de mayo del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución el trece de mayo del dos mil veintiuno, las Abogadas LIANA RODRIGUEZ VALLADARES y IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, teniendo por presentado de manera extemporánea el personamiento de la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, como recurrente, y por presentado en tiempo y forma el personamiento de la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: Se impugna la interpretación errónea el artículo 82, 62, 64, 90, 129, 303, 304, 313 de la Constitución de la Republica, 434 numeral 2) 479 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil, 123 inciso b) de la supletoriedad del Código del Trabajo, 35 párrafo primero, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 24, 25, 26, y 27, de la Ley de Procedimiento Administrativo, 38, 48, 54, 55, 53, de la Ley de Servicio Civil , 140 numeral 3, 186, 187, 191, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. DISPOSICION INFRINGIDA: Estimo como infringido el artículo 82, 62, 64, 90, 129, 303, 304, 313 de la Constitución de la Republica, 434 numeral 2) 479 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil, 123 inciso b) de la supletoriedad del Código del Trabajo, 35 párrafo primero, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 24, 25,26, y 27, de la Ley de Procedimiento Administrativo, 38, 48, 54, 55, 53, de la Ley de Servicio Civil , 140 numeral 3, 186, 187, 191, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2020. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Considero que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al dictar la sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2020 debió declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en virtud que al revocar sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la cual declara IMPROCEDENTE la acción incoada por la ciudadana, SANDRA YAMILETH SANTOS CRUZ en contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Relaciones exteriores por ajustarse a derecho el acto impugnado, identificado como el Acuerdo de Cancelación, No. 0072-CES-SRH-2014 de fecha 12 de marzo de 2014 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, y absuelve a la misma del pago de los conceptos reclamados Considero que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, debió ratificar la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en la que declara IMPROCEDENTE la acción incoada por la demandante, por consiguiente la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, debió ratificar la sentencia venida de primera instancia, ya que existe suficiente hecho sustancial, para declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el demandante. Por lo que mi representado el Estado de Honduras no es responsable por la obligación que se le ha demandado en el caso que nos ocupa, en virtud que el presente fallo no se encuentra apegado a derecho y al no ratificar la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, viola evidentemente el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente y la sentencia objeto del presente Recurso no se encuentra ajustada a derecho, la Corte Sentenciadora para confirmar la sentencia del A quo, que declaró improcedente la acción, debió ratificar la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en aplicación a los artículos anteriormente mencionados por lo que considero que la interpretación que hace el Tribunal Sentenciador es errónea por lo que procede se case la sentencia”.- 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión, a saber: a)se indican como infringido entre otros los artículos 62, 64, 313 de la Constitución de la República, 434 numeral 2) del Código Procesal Civil, 123 inciso b) del Código del Trabajo, 35 párrafo primero, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 140 numeral 3, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que no fueron citados ni aplicados en la sentencia impugnada, por ello no pueden haber sido interpretadas erróneamente, 82, 62, 303, 304, 313 de la Constitución de la Republica, 479 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil, 35 párrafo primero, 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 24, 25,26, y 27, de la Ley de Procedimiento Administrativo, que si bien fueron citados en la parte dispositiva, no inciden en el resultado final del fallo impugnado; 38, 48, 54, 55, 53, de la Ley de Servicio Civil, cuando el primero contiene literales que se deben precisar, el quinto contiene numerales que se deben precisar, 186, 187, 191, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el primero no tiene relación con la situación jurídica planteada, el segundo contiene numerales que se deben precisar y el tercero contiene párrafos que se deben precisar, en consecuencia la proposición jurídica así formulada resulta confusa e imprecisa; y, b) se omite una explicación debidamente separada y fundamentada, no se justifica la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, se limita el Recurrente en lo expuesto a señalar que se ratifique la sentencia de primer grado, lo cual se aleja de la finalidad que persigue este recurso extraordinario de conformada a lo preceptuado en el artículo 717 del Código Procesal Civil. Por otro lado, es importante recordar, que la calidad de extraordinario recurso de casación determina su carácter eminentemente técnico, marco al cual se circunscribe el Tribunal de Casación, y del que no puede salirse; en consecuencia, es deber del Recurrente ajustarse al mismo y a su vez fijar el contenido de su petición, la omisión o equivocación en la formalización del recurso da lugar a su fracaso y por ende a su desestimación, como en el caso en particular.- 3.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo nuestra de la Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciocho días del mes de enero del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 232-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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