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Sentencia CA-228-21 — Registro 13403

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como el acto presunto en sentido negativo por el silencio administrativo de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, se confirma en segunda instanica

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se omite el pronunciamiento que se impugna; b) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) Formula alegatos de instancia.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ COREA, y, Recurrido: la señora WUENDY MARICELA MARADIAGA ÁVILA, representada en juicio por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en un acto presunto por silencio negativo, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; reconocimiento de la situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento, que se realice el reajuste salarial correspondiente y se pague el reajuste salarial de manera retroactiva y demás, derechos laborales desde el 01 de marzo del 2011, hasta que se ejecute la sentencia y como pretensión accesoria que se reconozca el pago del interés legal del 6% sobre la cantidad reclamada, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, en su condición de representante procesal de la señora WUENDY MARICELA MARADIAGA ÁVILA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que ingresó a laborar en la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización, desde el 01 de septiembre de 2002, mediante acuerdo No. 1076-2002 de fecha 29 de agosto de 2002 y acción No. 458-2002, como Oficinista III; luego en fecha 02 de marzo del 2009, mediante memorándum No. 43-2009 de fecha 26 de febrero de 2009, fue trasladada a la Unidad de Personalidad Jurídica adscrita a la Unidad de Servicio Legales de la Secretaría General, para desempeñar funciones como Oficial Jurídico; en fecha 01 de febrero de 2011, la demandante solicitó la reclasificación de la plaza, que luego de los trámites respectivos fue reclasificada por la Dirección de Servicio Civil, mediante Oficio No. DCPS-021-2011, de fecha 08 de febrero de 2011, siendo efectivo a partir del 01 de marzo de 2011; manifestó que por negligencia de las autoridades, no le fue elaborado el Acuerdo de nombramiento de la reclasificación a la demandante, provocándole un grave perjuicio en su carrera administrativa dentro de la institución, así como en lo económico, porque desde 2009, se desempeñó en el cargo con un salario que no le correspondía con la función que realizaba y que el 24 de febrero del 2014, la demandante solicitó continuar con el procedimiento, para que le elaboraran el Acuerdo que por derecho le correspondía hacer desde el 01 de marzo de 2011; sin embargo, resultó que después de cuatro años sin respuesta por parte de la Administración, mediante memorándum No. 98-2015-SGRH de fecha 10 de marzo de 2015, se le notificó a la demandante que había sido ascendida del cargo de Oficinista III al cargo de Oficial Jurídico I, según Acuerdo No. 134-2015 y acción No. 03-2015, ambos de fecha 23 de enero del 2015, estableciendo un salario de L.12,339.00; si bien es cierto, a la demandante se le otorgó el derecho al ascenso pero que lo procedente era que el Acuerdo No. 134-2015 y acción No. 03-2015, reconociera su antigüedad en el cargo de Oficial Jurídico I, desde la fecha en que ya estaba reconocido por Servicio Civil en la reclasificación, es decir, desde el 01 de marzo de 2011, fecha en que la demandante empezó a ocupar el cargo y no a partir del 02 de enero del 2015; a lo que el 27 de marzo del 2015, presentó reclamo administrativo, donde solicitaba que se le reconociera la antigüedad y nivelación salarial que por derecho le correspondía y a la vez se le pagaran de forma retroactiva el reajuste salarial y demás derechos laborales desde y hasta que se diera cumplimiento a lo solicitado; así mismo, solicitó como pretensión accesoria que se reconociera el pago del interés legal del 6% sobre la cantidad reclamada, mismo que fue admitido mediante auto de fecha 05 de mayo del 2015 y aunque existieron ciertas diligencias propias del Reclamo administrativo para que resolviera lo peticionado, la Secretaría de Estado ha fallado en cumplir con lo referente a la obligatoriedad del cumplimiento de los plazos que se menciona en el artículo 43 y 84 letra b) de la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 85 de la misma ley, relacionado con el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y considerando que el auto de admisión tiene fecha 05 de mayo del 2015 y al ver la falta de respuesta a lo peticionado por parte de la administración pública, en fecha 01 de diciembre del 2015, se presentó escrito solicitando la pronta resolución del reclamo administrativo; dando por agotada la vía administrativa y quedando como única opción la vía judicial.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda alegando que la demandante comenzó a laborar para la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, a partir del 01 de septiembre del 2002, mediante Acuerdo No. 1076-2002, de fecha 29 de agosto del 2002 y acción No. 458-2002, nombrada en el puesto de Oficinista III; más sin embargo, en cuanto a lo manifestado que la demandante mediante memorándum No. 43-2009, de fecha 26 de febrero del 2009, fue trasladada a la Unidad de Personalidad Jurídica para desempeñar funciones como Oficial Jurídico, lo que verdaderamente menciona dicho Memorandum No. 43-2009, es que la demandante fue trasladada a la unidad de Personalidad Jurídica y se le informó que desempeñaría sus funciones y las que le asignara la Abogada Argueta y que en ningún momento se le designaron funciones como Oficial Jurídico I; rechazó lo expresado en relación a que en fecha 08 de febrero del 2011, fue emitido un Oficio No. DCPS-021-2011, que, si bien es cierto, contiene respuesta al Oficio No. 050-2011, en el que se solicitó estudio de Reasignación y Clasificación de cargo, pero contrario a lo que expuso la demandante, en el mismo, la Dirección General de Servicio Civil, procedió a autorizar la reasignación del puesto de conformidad con el formulario SC-14, en el cual se autorizaba cambiar de clasificación de puesto de Oficinista III a Oficial Jurídico I, pero en ninguna parte de dicho documento se autorizó o se refirió al nuevo sueldo que devengaría la afectada, puesto que en las casillas de clasificación autorizada de total y de efecto presupuestario, no se deja establecido ningún cambio y ya que es de amplio conocimiento, que para ampliar la estructura presupuestaria de una Secretaría de Estado, es necesario cumplimentar el procedimiento correspondiente, a fin de obtener los recursos económicos necesarios para otorgarle un nuevo sueldo a la demandante, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización mediante Oficio No. 94 DSM de fecha 03 de marzo del 2011, solicitó aprobación de la estructura presupuestaria a incrementar, objeto del gasto y la estructura del puesto a modificar, mismo que fue recibido por la Secretaría de Finanzas, en fecha 01 de abril del 2011, sin haber obtenido respuesta alguna, por lo que con ello se acreditó que en ningún momento hubo negligencia por parte de la demandada, tal como lo pretendió hacer ver la demandante, al decir que la parte demandada no realizó gestiones para la recalificación de la demandante, ya que consta que si se evacuaron todas las diligencias administrativas correspondientes; alegó que no hubo silencio administrativo, por el contrario, se realizaron las diligencias correspondientes, mismas que fueron fallidas al no obtener una respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas, ya que para poder hacerle un acuerdo de nombramiento a otro cargo era necesario la autorización de esa Secretaría de Estado, puesto que la Dirección General de Servicio Civil únicamente analizó el estudio de una reasignación de puesto y en caso de ser procedente autorizaría el mismo; que la parte demandada no podía actuar de manera irresponsable al realizar supuesto procedimiento de ascenso, sin contar con los recursos económicos, por lo tanto que en base a lo expuesto por la parte demandante, efectivamente en fecha 23 de enero del 2015, según Acuerdo No. 134-2015 y acción No. 3-2015, se emitió Acuerdo de Nombramiento, en el cual se acordó ascender a la demandante del cargo de Oficinista III, al Cargo de Oficial Jurídico I, conservando el salario que devengaba la demandante, siendo efectivo a partir del 02 de enero del 2015; presentando la demandante el 27 de marzo del 2015, reclamo administrativo; sin embargo, en el mismo no solicitó la antigüedad a la que hace referencia en dicho hecho, únicamente solicitó la nivelación salarial y el reajuste de manera retroactiva y demás derechos laborales desde el 02 de enero del 2015, hasta que se diera cumplimiento el mismo y en fecha 05 de mayo del 2015, la Secretaría de Estado dictó providencia, en la cual admitió a trámite dicho reclamo; y, en cuanto a lo manifestado de que el expediente fue archivado, en fecha 06 de julio de 2015-SGRH, se recibió de la Sub Gerencia de Recursos Humanos contestación que es la Secretaría de Finanzas quien podía verificar si la Secretaría contaba o no con disponibilidad presupuestaria, providencia que en su parte resolutiva se pronunció que conforme a la solicitud de aumento salarial, era la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas quien debía verificar si la institución cuenta o no con disponibilidad financiera y presupuestaria para otorgar ese beneficio, en base al estudio económico financiero que acreditara la sostenibilidad, la cual se tuvo cumplimentada en fecha 14 de agosto de 2015, al mismo tiempo libró atenta comunicación a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas para verificar si la institución demandada contaba o no con disponibilidad financiera y presupuestaria para otorgar ese beneficio, en base al estudio económico financiero que acredite la sostenibilidad de dicha nivelación salarial y una vez que se cumplimentó fue remitido a la Unidad de Servicios Legales para el estudio y emisión del dictamen correspondiente; es por ello que la parte demandada siguió el procedimiento indicado en base a ley y que no se emitió una resolución definitiva en vista de que se pretendía obtener una respuesta, agotando todas las instancias, incluyendo la comunicación de providencia a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, a lo que la demandante se presentó ante la instancia correspondiente, solicitando la pronta resolución del Reclamo Administrativo, mismo que fue recibido en fecha 01 de diciembre del 2015, situación ésta que se estima improcedente, en virtud que, no es aplicable para el caso en cuestión, ya que este es un trámite meramente administrativo y del cual ya en reiteradas ocasiones la demandante había evacuado en el que siempre obtuvo respuesta desfavorable por no contar la demandada con los recursos económicos suficientes; igualmente alegó, que no se entiende a que se refiere la parte demandante al pedir antigüedad, mucho menos la nivelación salarial, ya que ni siquiera presentó planillas o documentos que acreditara cual era el salario devengado por otros empleados públicos de la misma Secretaría, que como mencionaba ejercían la misma función que la demandante; por lo que en ningún momento se le violentó derecho alguno, ya que desde la fecha que la demandante solicitó cambio de nombramiento, se le manifestó que no existían los recursos suficientes por parte de la Secretaría y que el 02 de enero del 2015, fue ascendida mediante Acuerdo en el Cargo de Oficial Jurídico I; de igual manera, en la acción 03-2015, extendida por la Dirección General de Servicio Civil, ratificándole el sueldo que devengaba de L. 12,339.00; además manifestó, que en todo momento se le respetó los derechos y garantías que la Constitución de la República y Tratados Internacionales establecen.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de junio del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PARTE RESOLUTIVA. PRIMERO (1): Declarar PROCEDENTE la acción incoada por la señora WUENDY MARICELA MARADIAGA ÁVILA, por NO encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como el acto presunto en sentido negativo por el silencio administrativo de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, en consecuencia se anula totalmente. SEGUNDO (2): Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento, se reconoce la antigüedad en el cargo, mismo que opera desde el uno (01) de marzo del 2011.- TERCERO (3): Condenar a la Secretaria de Estado en los DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, a que se pague en forma retroactiva el reajuste salarial, conforme al salario que mas devenga el personal del mismo cargo y antigüedad que la demandante, desde el uno (01) de marzo del 2011, hasta la ejecución de sentencia; quedando diferida dicha liquidación al momento de ejecutarse la presente sentencia definitiva, en virtud de no contar con la información suficiente para hacer la liquidación correspondiente. CUARTO (4): En cuanto al pago de interés legal del 6% solicitado como pretensión accesoria, sin lugar el mismo por improcedente y por no haberlos acreditado en juicio…”, sin costas; bajo el criterio que en el caso de mérito, si bien es cierto, la Secretaría de Estado reconoció el derecho a la demandante, mediante Acuerdo No. 134-2015, por el cual asciende a la ciudadana de Wuendy Maricela Maradiaga Ávila, del cargo de Oficinista III a Oficial Jurídico I, no es menos cierto que dicho derecho fue reconocido con anterioridad por la Dirección General de Servicio Civil, mediante Oficio No. DCPS-021-2011, procediendo a autorizar la reasignación del puesto con efectividad a partir del 01 de marzo del 2011; asimismo, mediante Memorandum No. 1162-2016-SGRH y auto para mejor proveer solicitado por esta Judicatura, que fue contestado mediante oficio No. 20-2018-SGRH, quedó probado el salario y antigüedad de los demás servidores públicos que ostentan el mismo cargo y antigüedad de la hoy demandante y analizado el mismo, no resulta posible la equiparación indiscriminada de remuneración entre los miembros de dicha Secretaría, pues al existir un tratamiento de desigualdad, se quebrantaría en general, el principio de igualdad y específicamente en materia de salarios y condiciones de trabajo, en efecto, dicho principio de igualdad ante la ley no es de carácter absoluto, pues no concede un derecho a ser equiparado a cualquier individuo, sino más bien a exigir que la Ley no haga diferencias entre dos o más personas que se encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, o sea que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales; en base a lo anterior, se debe reajustar el salario de la demandante, en vista de que el salario que devenga en la actualidad es inferior al que devenga el personal que ostenta igual cargo, criterio este que va de la mano con disposiciones constitucionales que no solo prevén la igualdad de las personas ante la Ley, sino que de acuerdo al artículo 128.3 Constitucional, le señala que a trabajo igual, corresponde salario igual sin discriminación alguna y no de manera inferior como ocurre en el presente caso.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 18 de febrero del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que observa que se debe reajustar el salario de la demandante, en vista que el salario que devenga en la actualidad es inferior al que devenga el personal que ostenta igual cargo y antigüedad, en base a las disposiciones Constitucionales que no solo proveen la igualdad de las personas ante la ley, sino que de acuerdo al artículo 128.3 Constitucional señala que el trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna y no de manera inferior como el presente caso. Referidos actos presuntos en sentido negativo que no están conforme a lo que contempla los artículos 44 del Reglamento de Servicio Civil. Que la parte demandada estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de resoluciones y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como interpuesta por la demandante, consecuencia que la acción resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado. Que la Ley de Procedimientos Administrativo establece que los actos administrativos dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico y que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder. Que por lo expuesto en los numerales que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia definitiva venida en apelación por estar dictada conforme a Derecho.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ COREA, en fecha 08 de marzo del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 18 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 077-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 025-2016, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 08 de abril del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, presentó en fecha 30 de abril del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 05 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 12 de mayo del 2021, a los Abogados NADYA LILIANA HERNANDEZ COREA y CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 31 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados NADYA LILIANA HERNANDEZ COREA, como recurrente y CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción de ley por violación o falta de aplicación de norma establecida en el artículo 321 y 323 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación por infracción de ley se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil (Decreto Legislativo No. 211-2006). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La norma legal sustantiva que se invoca en este numeral 2) de motivo de casación por violación o falta de aplicación a la norma legal relacionada, literalmente dispone: Artículo 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Artículo 323. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito. Del estudio y análisis de los artículos anteriores, se evidencia que con relación al presente caso, es claro que existen muchos elementos en juicio que acreditan que la ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, actuó legalmente en cuanto a la reclasificación del puesto y ascenso a la señora demandante del cargo del Oficinista III a Oficial Jurídico I, como se pudo constatar a través del acuerdo No. 134-2015 y acción No. 03-2015 ambos de fecha 23 de enero del 2015, pues el Secretario de Estado en el ámbito de sus atribuciones y en observancia al procedimiento establecido, procedió a ascender a la ahora demandante. Consta en las diligencias de mérito que presentado el Reclamo administrativo de reclasificación y ascenso de la demandante, planteado ante mi representada la ahora Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, fue admitido dándose el trámite de ley remitiendo las diligencias correspondientes a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a fin de solicitar la autorización de la reclasificación de puesto como la estructura presupuestaria del mismo que no fue autorizada, por no contar con el presupuesto necesario, lo que imposibilita a mi representado el Estado de Honduras a modificar dicha estructura presupuestaria, constatándose de esta manera que, se realizaron las actuaciones administrativas, a fin de cumplir con lo peticionado en el relacionado Reclamo Administrativo, y proceder a efectuar la reclasificación y ascenso del acuerdo de nombramiento de la ahora demandante en vista que, la señora Wuendy Maricela Maradiaga, desde su ingreso a la Secretaria de Estado en os Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización se desempeñó en el cargo de Oficinista III, a partir del 01 de septiembre de 2002, posteriormente mediante memorándum No. 43-2009 de fecha 26 de febrero del ario 2009 fue trasladada a la Unidad de Personalidad Jurídica para desempeñar sus funciones, y las que le asignara la Abogada Argueta, con lo que se demuestra que no, se le asignaron funciones de Oficial Jurídico, Sin embargo con la documentación agregada a las diligencias de mérito se constata que mi representada la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante Acuerdo 134-2015 de fecha 23 de enero de 2015, y efectivo desde el 2 de enero de 2015, procedió a ascender a la ciudadana Wuendy Maricela Maradiaga, en tal sentido se puede constatar que fue hasta el año 2015, y no el año 2011, como se ordena en la sentencia de dictada, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Mediante el Acuerdo 134-2015 de fecha 23 de enero de 2015, y efectivo desde el 2 de enero de 2015, mi representado el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, procedió a ascender a la ciudadana Wuendy Maricela Maradiaga, como podrían constatar Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tiempo no ha sido apreciado de manera correcta ya que, mi representado el Estado de Honduras efectuó, el procedimiento de ascenso en observancia a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, a favor de la demandante. Extremo que se acreditó y que consta en las diligencias de mérito. No existe la nulidad e ilegalidad argumentada, debido a que mi representado procedió a efectuar el procedimiento de reclasificación establecido en la Ley de Servicio Civil y Su Reglamento, sin violentar los derechos de la demandante. Mediante el Oficio No.DCPS-021-2011, que contiene respuesta al Oficio No.50-2011, en el que se solicitó Resignación y Clasificación en el cargo, en el cual la Dirección de Servicio Civil procedió a autorizar la resignación del puesto de Oficinista III a Oficial Jurídico I, de conformidad al formulario SC-14, así mismo mediante Oficio 94 DSM de fecha 3 de marzo del ario 2011, se solicitó aprobación de la estructura presupuestaria a incrementar, objeto de gasto, y la estructura del puesto a modificar, mismo que fue recibido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha 01 de abril del año 2011 y del cual no se obtuvo respuesta. Procediendo en tal razón el año 2015, la entonces Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización ahora Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización a emitir el Acuerdo 134-2015 de fecha 23 de enero de 2015, y efectivo desde el 2 de enero de 2015, a ascender de la plaza de Oficinista III a la plaza de Oficial Jurídico I a la ciudadana Wuendy Maricela Maradiaga, en tal sentido, se puede constatar que fue hasta el año 2015, que mi representado el Estado de Honduras, efectuó, el procedimiento de ascenso en observancia a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, a favor de la demandante, debiendo tomarse en cuenta para efectos jurídicos, que fue hasta el año 2015, en que se realizó el procedimiento ya relacionado. De lo antes expuesto se colige que la sentencia objeto del presente Recurso de Casación debe casarse, por ajustarse el motivo de casación a la técnica que exige este recurso extraordinario, al estar debidamente desarrollado y acreditado, conforme a los términos a que se contrae el mismo”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Se omite el pronunciamiento que se impugna; b) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) Formula alegatos de instancia.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 228-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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