Sentencia CA-226-21 — Registro 13190
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por los demandantes por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que el beneficio de cesantía que pidieron los demandantes, como servidores públicos del Gobierno Central, bajo la modalidad de contrato en el tiempo y espacio, quedó debidamente acreditado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida ointerpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna; c) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; d) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA; y, Recurridos: los señores RIGOBERTO RODRIGUEZ HENRIQUEZ, CARLOS HUMBERTO PEREZ ANDINO, RICARDO MADRID CRUZ y LUIS MANUEL ALVAREZ PONCE, representados en juicio por el Abogado EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo consistente en la resolución número A.L.396/2014, emitida por la Secretaría de Finanzas, por no estar conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, que se adopten las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de un derecho consistente en el pago del beneficio de cesantía en base a lo establecido Decreto Legislativo N°264-2010, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por los señores RIGOBERTO RODRIGUEZ HENRIQUEZ, CARLOS HUMBERTO PEREZ ANDINO, RICARDO MADRID CRUZ y LUIS MANUEL ALVAREZ PONCE, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en la modalidad de Contrato, trabajaron para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, consecutivamente en los periodos presupuestarios siguientes: Rigoberto Rodríguez Henríquez: desde el 1 de febrero del 2000 al 28 de febrero del 2011: 12 Periodos Presupuestarios; Luis Manuel Álvarez Ponce: desde el 02 de agosto de 1999 hasta el 28 de febrero del 2011: 12 Periodos Presupuestarios; Ricardo Madrid Cruz: desde el 4 de mayo 1998 hasta el 28 de febrero del 2011: 14 Periodos Presupuestarios; Carlos Humberto Pérez Andino: desde el 12 de noviembre del 2002 hasta el 28 de febrero del 2011: 10 Periodos Presupuestarios, basados en lo establecido en el Decreto Legislativo N° 264-2010, específicamente en el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año 2011, ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas solicitaron el pago del Beneficio de Cesantía al que hace referencia el precitado Decreto, inicialmente y ante la solicitud presentada por Ricardo Madrid Cruz, en fecha 16 de marzo 2011, el Abogado Carlos Pinel, en su condición de Director de la Asesoría Legal de la Secretaría de Finanzas, mediante Memorándum AL-195-2011, emitió opinión favorable para el pago del beneficio de cesantía, pero, sorpresivamente y posteriormente, cuatro meses después, les remiten copia de un nuevo Memorándum, en el cual, el mismo Abogado Carlos E. Pinel (Director Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas), se contradice al emitir el Memorándum N° AL-521-2011, de fecha 2 de agosto 2011, mediante el cual emitió opinión desfavorable respecto a la solicitud de pago de cesantía, la que con anterioridad ya había dictaminado de manera favorable, que ante la negativa de pago del beneficio que habían solicitado, posteriormente, en fecha 29 de noviembre 2013, nuevamente y vía Reclamo Administrativo solicitaron el pago del Beneficio de Cesantía al que hace referencia el artículo 87 del Decreto Legislativo N° 264-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 28 de diciembre del 2010. Ante ese Reclamo Administrativo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha 1 de abril del 2014, emitió la Resolución N° A.L. 135-2014, declarando Sin Lugar el Reclamo Administrativo presentado, argumentando en la parte resolutiva los siguientes aspectos: a) la prescripción, invocando el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil y 98 del Reglamento y por no haber solicitado la cesantía antes del vencimiento de sus contratos. b) que no consta en autos el requisito de haber solicitado voluntariamente el beneficio de Cesantía. c) que el artículo 87 se remite a la Ley de Servicio Civil, para efectos del cálculo de la indemnización concedida y que de esa misma manera al aplicarse la prescripción debe hacerse invocando también la ley que rige las relaciones entre el Estado y los Servidores Públicos, como es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. d) Que, dentro de los sesenta días posteriores al vencimiento de los contratos, los reclamantes no interpusieron ningún reclamo administrativo. e) Que los peticionarios pasaron de la modalidad de Contrato a nombramiento por Acuerdo. f) Que la Cesantía es la separación de un empleado de su cargo debido a reducción forzosa de servicios o de personal. g) Que la cesantía es una indemnización que se le otorga al empleado que cese en su cargo y los peticionarios pasaron inmediatamente de la modalidad de Contrato a Acuerdo Permanente. Esos argumentos emitidos por la Secretaría de Finanzas para declarar sin lugar el reclamo administrativo no son válidos, están alejados del espíritu del artículo 87 del Decreto 264-2010, precisamente porque el artículo 87 del referido Decreto establece: “Los Servidores Públicos del Gobierno Central bajo la modalidad de contrato que voluntariamente soliciten el beneficio de Cesantía; el Estado les concederá el pago de ese beneficio conforme la indemnización establecida en la Ley de Servicio Civil. Para acceder a este beneficio el Servidor Público bajo esa modalidad debe reunir los siguientes requisitos: 1) Que el beneficiario no sea participante de ninguno de los sistemas de Previsión Social del Estado. 2) Tener Contratos suscritos por lo menos en diez (10) periodos presupuestarios consecutivos. 3) En caso de enfermedad terminal o incapacidad permanente este beneficio procederá sin requisito alguno. El otorgamiento y la aplicación de este beneficio se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de estas disposiciones. Este beneficio también aplicara para aquellos servidores…”, como se puede apreciar de la simple lectura del contenido del artículo 87, en lo que se refiere al pago del beneficio de cesantía, en el texto del referido artículo no hay más requisitos que los ya establecidos en los numerales 1, 2 y 3. Por esa razón, los argumentos de la Secretaría de Finanzas no tienen valor jurídico, porque: a) No es aplicable la Ley del Servicio Civil, porque no estábamos sujetos a ese Régimen. b) El artículo 87 no establece como requisito solicitar la cesantía antes del vencimiento de los contratos, ni restringe el pago de ese beneficio por el hecho de ser nombrados posteriormente por Acuerdo permanente. c) De igual manera, el artículo 87 no establece como requisito haber solicitado voluntariamente el beneficio de Cesantía; pero consta en el expediente administrativo SG-475-2013, la documentación que está relacionada a la solicitud que presentaron para el pago del beneficio de cesantía. d) El artículo 87, antes relacionado se remite a la Ley de Servicio Civil únicamente para efectos de hacer el pago del beneficio conforme a la indemnización establecida en dicha ley, en ningún párrafo se reitere a la prescripción. e) El término de 60 días, a los que se refiere la Ley, es para que el servidor público reclame contra actos que lo afecten y desde todo punto de vista el acto de emisión publicación y concesión de un beneficio plasmado en el artículo 87 del Decreto N° 264-210, no les afecta.- Sin perjuicio que el referido Decreto no establece plazo para que voluntariamente el servidor público bajo la modalidad de contrato solicite ese beneficio. f) en el caso de los demandantes no aplica la separación forzosa de un empleado en lo que se refiere al texto de cesantía plasmado en la Ley de Servicio Civil, ni lo referente a la indemnización para un empleado que cese en su cargo porque no estaban sujetos al régimen del servicio civil. g) La acción voluntaria de reclamar el beneficio de cesantía se convierte en una acción personal, las cuales según el Código Civil prescriben en 10 años y no en 60 días. h) La concesión dada por el Estado, mediante el Decreto 264-2010 (artículo 87) pasa a formar parte del patrimonio personal, pues se reitera que, siendo una acción voluntaria, es una acción personal que prescribe a los diez años, tal como lo establece el artículo 2292 del Código Civil relacionado con el artículo 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Contra el Recurso de Reposición presentado, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha 26 de agosto del 2014, emitió la Resolución N° A.L. 396/2014, la cual fue notificada al apoderado legal de la parte demandante el 14 de noviembre del 2014 y con dicha resolución declara Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución N° A.L. 135/2014, argumentando otra vez la prescripción y plasmando como requisito fundamental que los contratos tenían que ser suscritos por lo menos 10 periodos presupuestarios consecutivos. En la Resolución N° A.L. 396/2014, en el Noveno Considerando, numeral 8 en la parte concluyente la Secretaría de Finanzas reconoce que los demandantes cumplieron con el requisito que establece el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2011, al laborar por diez años para la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, bajo la modalidad de Contrato, pero en forma equivocada en ese mismo párrafo argumenta que no cumplimos con el requisito fundamental que los contratos hayan sido suscritos por lo menos diez años consecutivamente, el artículo 87 se refiere a tener contratos suscritos por lo menos en diez periodos presupuestarios consecutivos, lo cual si cumplen, tanto por los contratos suscritos en periodos presupuestarios consecutivos por las constancias emitidas por la subgerente de recursos humanos de la Secretaría de Finanzas. El Decreto Legislativo N° 264-2010, específicamente en el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2011, que les concede a los demandantes el derecho a recibir el beneficio de Cesantía, únicamente lo que establece que a los Servidores Públicos del Gobierno Central bajo la modalidad de Contrato que voluntariamente soliciten el beneficio de cesantía; el Estado le concederá el pago de ese beneficio conforme a la indemnización establecida en la Ley de Servicio Civil y para los servidores públicos que tienen contratos suscritos por lo menos en 10 periodos presupuestarios consecutivos, además de ese requisito, establece que el beneficiario no sea participante de ninguno de los Sistemas de Previsión Social del Estado.- El artículo 87 en referencia no establece como requisito fundamental que los contratos sean suscritos por lo menos diez años consecutivos, el relacionado artículo se refiere a contratos suscritos por lo menos en diez periodos presupuestarios, lo cual se cumple por la aceptación expresa por parte de la Secretaría de Finanzas. Encontrándose alejadas del espíritu del artículo, cualquier otra interpretación que la Secretaría de Finanzas argumentó para negarles a los demandantes el derecho que por ley les fue concedido, el derecho concedido en el Decreto Legislativo No. 264-2010, específicamente en el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2010, no estableciere término para solicitar el beneficio que lo convierte en una acción personal (pero no de despido), en consecuencia, como en aplicación del artículo 2292 del Código Civil, es una acción personal que prescribe a los diez años, pues nuevamente la Secretaría de Finanzas de manera equivocada, sostiene que dicho beneficio debieron haberlo solicitado dentro de los 60 días hábiles posteriores a la fecha de terminación del último Contrato de Trabajo (28 de febrero de 2011), lo cual es improcedente, pues por una parte, no es aplicable la Ley del Servicio Civil y su Reglamento; y por otra, porque el Decreto Legislativo, es sumamente claro al referirse a la Ley de Servicio Civil únicamente para efectos de hacer el cálculo del pago de la cesantía, sin mencionar término o plazo y sin sujetar dicha solicitud a otros artículos o condiciones de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda oponiéndose a las pretensiones de los demandantes, en virtud de alegar, entre otras cosas lo siguiente: que los ahora demandantes trabajaron bajo la modalidad de contrato en la Secretaría de Finanzas pero no de forma constante e ininterrumpida, como erróneamente lo señalan en su demanda, ya que trabajaron en periodos interrumpidos muchas veces entre un contrato y otro, tal como aparece en el reporte de resumen de cada uno de ellos como a continuación se establece: 1) Rigoberto Rodríguez Henríquez, trabajó desde el 01 de febrero del 2000 al 28 de febrero del 2011, pero de manera interrumpida o de manera no continua. 2.-Ricardo Madrid Cruz, laboró bajo la modalidad de contrato, desde el 14 de mayo de 1998, hasta el 28 de febrero del 2011, pero no en forma continua. 3. Carlos Humberto Pérez Andino, laboró bajo diferentes contratos de manera alterna, es decir, en forma no consecutiva, desde el 12 de noviembre del 2002, hasta el 28 de febrero del 2011, teniendo periodos cortos que no fue contratado y que interrumpe el término consecutivos. 4. Luis Manuel Álvarez Ponce, fue contratado bajo la modalidad de contrato por determinados periodos de tiempo de manera ininterrumpida, desde el 02 de agosto de 1999 al 28 de febrero del 2011, que dichos contratos no fueron renovados de manera continua, en virtud de lo cual se puede apreciar que este requisito contemplado en el artículo 87 numeral segundo de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente en ese año 2011, publicado bajo el Decreto Legislativo No. 2642010 del ingreso fiscal 2011, el cual establece: "2) Tener contratos suscritos por lo menos en diez (10) periodos presupuestarios consecutivos". No se cumple, por lo cual los ahora demandantes no pueden acogerse a este beneficio, que en un inicio y en el último párrafo del memorando A. L. 195-2011, de fecha 16 de marzo del 2011, se emitió una opinión, en la cual se le reconocía al ciudadano Ricardo Madrid Cruz, que tenía derecho al pago del beneficio de cesantía, por un error involuntario se opinó de esa forma, sin embargo, en el Memorando A.L. 521-2011, de fecha 2 de agosto del 2011, se emitió una opinión estudiada, ya que se analizaron y revisaron todos los contratos de los ahora demandantes y se llegó a la conclusión de que los demandantes no cumplían con todos los requerimientos establecidos por el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente en ese año 2011, publicado bajo el Decreto Legislativo No. 264-2010, que los demandantes indican que: "Ante la negativa de pago del beneficio que habíamos solicitado, posteriormente, en fecha 29 de Noviembre 2013, nuevamente y vía Reclamo Administrativo solicitamos el pago del Beneficio de Cesantía al que hace referencia el artículo 87 del Decreto Legislativo N° 264-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de diciembre del 2010.- Ante ese Reclamo Administrativo la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en fecha 1 de abril del 2014, emitió la Resolución N° AL 135-2014 Declarando Sin Lugar el Reclamo Administrativo presentado, argumentando en la parte resolutiva los siguientes aspectos, a) La prescripción, invocando el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil y 98 del Reglamento y por no haber solicitado la cesantía antes del vencimiento de sus contratos, b) Que no consta en autos el requisito de haber solicitado voluntariamente el beneficio de Cesantía. c) Que el artículo 87 se remite a la Ley de Servicio Civil para efectos del cálculo de la indemnización concedida y que de esa misma manera al aplicarse la prescripción debe hacerse invocando también la ley que rige las relaciones entre el Estado y los Servidores Públicos, como es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. d) Que, dentro de los sesenta días posteriores al vencimiento de los contratos, los reclamantes no interpusieron ningún reclamo administrativo, e) Que los peticionarios pasaron de la modalidad de Contrato a nombramiento por Acuerdo. j) Que la Cesantía es la separación de un empleado de su cargo debido a reducción forzosa de servidos o de persona ... g) Que la cesantía es una indemnización que se le otorga al empleado que cese en su cargo y los peticionarios pasaron inmediatamente de la modalidad de Contrato a Acuerdo Permanente". No se está de acuerdo y se rechaza categóricamente lo que indica el Apoderado Legal de los ahora demandantes, en que los argumentos emitidos en la resolución 135-2014, no son válidos y que están alejados del espíritu del artículo 87 del Decreto 264 -2010, lo cual es una opinión muy personal de los ahora demandantes como de su Apoderado. Como se puede observar se desvirtuará categóricamente que se cumplieron los requisitos del artículo 87 del Decreto No. 264-2010 y que además al momento de la presentación de la solicitud bajo el expediente SG-475-2013, el Decreto se encontraba ya caducado o prescrito o extinguido por el transcurso del tiempo, recalcando que dicho reclamo fue interpuesto hasta el año 2013.- 3. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 7 de mayo del 2015, interpuso escrito de defensas previas, alegando 3 causales de inadmisibilidad de la demanda: 1) que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa; 2) que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivo; y, 3) que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; las cuales fueron resueltas en fecha 10 de junio del 2015, habiendo sido declaradas sin lugar las mismas.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de septiembre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por los señores RIGOBERTO RODRIGUEZ HENRIQUEZ, LUIS MANUEL ALVAREZ PONCE, RICARDO MADRID CRUZ, por no estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en A.L.396/2014 de fecha 26 de Agosto de 2014 emitida por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, Notificada el 14 de Noviembre de 2014, en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante, y para el pleno restablecimiento de la misma, se adoptan las siguiente medida: el pago del beneficio de Cesantía, contenido en el Decreto Legislativo N° 264-2010, específicamente en el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2011., pago a favor de los demandantes, RIGOBERTO RODRIGUEZ HENRIQUEZ, LUIS MANUEL ALVAREZ PONCE, RICARDO MADRID CRUZ, hasta la fecha en que el presente fallo adquiera el carácter de firme; así como el pago de los demás derechos laborales que por ley le correspondan; quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía. TERCERO: Asimismo se decreta la nulidad del acto administrativo por medio del cual se nombró al sustituto de la demandante si así fuere el caso… SIN COSTAS”; bajo el criterio que el Decreto Legislativo N° 264-2010, específicamente en el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2011, que concede el derecho a recibir el beneficio de Cesantía, únicamente establece que a los Servidores Públicos del Gobierno Central, bajo la modalidad de Contrato, que voluntariamente soliciten el beneficio de cesantía, el Estado le concederá el pago de ese beneficio conforme a la indemnización establecida en la Ley de Servicio Civil y para los servidores públicos que tienen contratos suscritos por lo menos en 10 periodos presupuestarios consecutivos, además de ese requisito, establece que el beneficiario no sea participante de ninguno de los Sistemas de Previsión Social del Estado; asimismo, el artículo 87 en referencia no establece como requisito fundamental que los contratos sean suscritos por lo menos 10 años consecutivos, el relacionado artículo se refiere a contratos suscritos por lo menos en 10 periodos presupuestarios constando en autos que los demandantes si cumplen con ese requisito, folio 80 al 87 de autos, por tal razón se debe declarar procedente la presente demanda, para acceder a este beneficio el Servidor Público bajo esa modalidad debe reunir los siguientes requisitos: 1) Que el beneficiario no sea participante de ninguno de los sistemas de Previsión Social del Estado. 2) Tener Contratos suscritos por lo menos en diez (10) periodos presupuestarios consecutivos. 3) En caso de enfermedad terminal o incapacidad permanente este beneficio procederá sin requisito alguno. El otorgamiento y la aplicación de este beneficio se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de estas disposiciones; y en el presente caso de autos, está acreditado que la parte demandada no aplicó a favor de los demandantes el Decreto Legislativo N° 264-2010, específicamente en el artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2011, que les concede el derecho a recibir el beneficio de Cesantía, el cual si es aplicable a favor de los demandantes, lo que hace que se decrete la procedencia de la presente acción por constar en autos la infracción del ordenamiento jurídico bajo las razones ya indicadas.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 29 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el beneficio de cesantía que pidieron los señores Rigoberto Rodríguez Henríquez, Carlos Humberto Pérez Andino, Ricardo Madrid Cruz y Luis Manuel Alvares Ponce, como servidores públicos del Gobierno Central, bajo la modalidad de contrato en el tiempo y espacio, quedó debidamente acreditado y se cumple los requisitos del artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2011, por lo que concluye que el Acto Administrativo impugnado (resolución que se deniega el beneficio por cesantía) fue emitido prescindiendo total absolutamente Decreto Legislativo 264-2010, artículo 87 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2011, por lo que atendiendo lo estipulado en el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Resolución No. A.L.396/2014, es nula en vista de haberse dictado prescindiendo total y absolutamente lo establecido, es decir, que la acción al denegar el derecho al pago de indemnización en concepto de cesantía solicitado por los demandantes, se ha determinado que hubo quebrantamiento al haber omitido emitir la resolución bajo lo establecido conforme a derecho.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, en fecha 10 de febrero 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 29 de septiembre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 094-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 029-2015, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 22 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, presentó en fecha 03 de mayo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 04 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 11 de mayo del 2021, los Abogados EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA y EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 31 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, como recurrente y EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO. Partiendo de la realidad de los hechos, en el presente Recurso se fundamenta la infracción e interpretación de las normas de derecho que regulan los siguientes preceptos: UNICO MOTIVO. - Por el presente estamos impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho por violación del Artículo 87 contemplado en el Decreto 264-2010 que contiene el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, en relación con los artículos 2292 del Código civil, relacionado con el artículo 150 de la ley de procedimiento administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente motivo se basa en la Violación del Artículo 87 del Decreto 264 -2010 en relación con los artículos 2292 del Código civil, relacionado con el artículo 150 de la ley de procedimiento administrativo. El precepto de orden sustantivo que se considera violado textualmente dice: "ARTÍCULO 87 del Decreto 264 -2010 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2011, el cual establece "Los Servidores Públicos del Gobierno Central bajo modalidad de contrato que voluntariamente soliciten el beneficio de Cesantía el Estado les concederá el pago de este beneficio conforme la indemnización establecida en Ja Ley de Servicio Civil. Para acceder a este beneficio el Servidor Público bajo esa modalidad debe reunir los requisitos siguientes: 1) Que el beneficiario no sea participante de ninguno de los sistemas de Previsión Social del Estado. 2) Tener contratos suscritos por lo menos en diez (10) períodos presupuestarios consecutivos; y 3) En caso de enfermedad terminal o incapacidad permanente, este beneficio procederá sin requisito alguno. El otorgamiento y la aplicación de este beneficio se regirán por lo dispuesto en el reglamento de estas disposiciones. Este beneficio también aplicará para aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido siempre que hayan laborado en forma consecutiva por un periodo no menor de tres (3) años. Aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados en puestos excluidos no tipificados en et Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y que tengan de laborar cinco (5) años o más, gozarán de este beneficio. Queda prohibido nombrar por acuerdo en calidad de puesto excluido que no sea conforme a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil. Los cargos nombrados hasta el 31 de Diciembre del 2010 bajo esta modalidad. Deberán ser clasificados por la Dirección General de Servicio Civil asignándole el cargo que corresponde por ley." El Artículo previamente citado es claro y concluyente, en tal sentido la Administración siguió estrictamente el procedimiento señalado, los demandantes debieron solicitar en su momento esta solicitud y no fuera de los plazos respectivos cuando ya el acto administrativo se encontraba firme y consentido ya que no fueron recurridos en tiempo y forma y dejaron transcurrir más de dos (2) años y seis (6) meses, ya cuando dicho decreto se encontraba extinguido por el transcurso del tiempo. La Constitución de la República es clara y en el artículo 96 establece: "La ley"' no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", por lo que queda claro que dicha solicitud fue presentada fuera de los plazos establecidos. La Resolución A. L. 396/2014 de fecha veintisiete (27) de agosto del dos mil catorce (2014), fue notificada al Apoderado Legal de los demandantes el 14 de Noviembre del 2014, y que en dicha Resolución Declara Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto contra la RESOLUCION A. L. 135-2014, de fecha primero de abril del 2014, argumentando otra vez la prescripción y plasmando como requisito fundamental que los contratos tenían que ser suscritos por lo menos diez (10) períodos presupuestarios consecutivos y ambas se encuentran en base a ley. La Corte Sentenciadora al emitir el fallo recurrido, es evidente que interpretó en forma indebida la norma consistente en el Artículo 87 del Decreto 264-2010 previamente citado. SUBSANACION En aplicación del Artículo 20 del Código Procesal Civil, por este acto manifiesto la voluntad de subsanar y de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, en el presente Recurso”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna; c) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; d) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA 226-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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