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Sentencia CA-225-21 — Registro 16223

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado, se reconoce la situación jurídica individualizada a favor de la parte actora, y se ordena la activación inmediata del pago de jubilación por parte del INJUPEMP a favor de la parte actora y la devolución de las pensiones retenidas a la parte actora desde el mes de mayo del 2014 hasta el momento en que se active nuevamente el pago de jubilación a favor de éste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE; y, Recurrido: El señor MARCELINO EDUARDO ABADIE GUILLEN, representado en juicio por la Abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo presunto en sentido negativo que opera por el silencio de la administración con respecto a la solicitud de la activación inmediata del beneficio de jubilación, se reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento que se ordene la activación inmediata del beneficio suspendido y se reembolse el pago de las pensiones retenidas ilegalmente, más las que se vayan generando, se reconozca pretensión accesoria, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor MARCELINO EDUARDO ABADIE GUILLEN contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que desde el mes de mayo del año 2014, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos y Funcionarios del Poder Ejecutivo en lo sucesivo referido para todos los efectos de esta demanda solo como el "INJUPEMP", sin previo aviso, notificación o adopción de acto administrativo alguno, le suspendió el beneficio de Jubilación o Pensión por Vejez al demandante; lo anterior sin existir ninguna resolución ni ningún otro acto administrativo que explique el motivo o las razones de la suspensión más que las explicaciones de pasillo que no son oficiales ni mucho menos legales; que en fecha 4 de junio del 2014, el demandante se presentó en las oficinas del INJUPEMP de San Pedro Sula, para indagar el porqué de la suspensión de su beneficio de jubilación, sin embargo tanto el personal del Departamento de Beneficio, así como los Abogados del Departamento Legal, desconocían los motivos de suspensión, por lo que llamaron al Departamento Legal de Tegucigalpa y les dijeron que el motivo era porque estaba trabajando en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, a lo que inmediatamente les aclaró que no tenía ninguna relación laboral con el IHSS; Si bien es cierto, el demandante trabajó en el IHSS con nombramiento de Cardiólogo desde el 1 de junio de 1979 al 30 de noviembre de 2005, período por el que posteriormente tuvo derecho a jubilarse; seguidamente en el año 2006, las autoridades del IHSS, le pidieron hiciera estudios especiales debido a que no contaban con el personal capacitado para que realizara dicho trabajo; sin embargo cabe aclarar, que fue contratado para prestar sus servicios profesionales pero en la modalidad de servicios privados, desde su clínica, en ningún momento su estatus fue el de empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en vista que no era empleado, su horario de prestación de servicio era variable. La suspensión no procede, en primer lugar, porque se hizo violentando el debido proceso y aunado a eso porque después de que se jubiló no ha sido ni es empleado del IHSS, lo que hizo fue prestar servicios privados desde su clínica, en ningún momento fue empleado, por tanto no se cumple lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley de INJUPEMP, que posteriormente y para demostrarle a la autoridades del INJUPEMP que estaban en un error, en fecha 6 de junio del 2014, solicitó constancia al IHSS, la que fue extendida en fecha 24 de junio del 2014, estableciéndose con claridad en dicha Constancia, que su periodo laboral en el IHSS estuvo comprendido entre el 1 de junio de 1979 y finalizó el 30 de noviembre del 2005; igualmente, en fechas posteriores acreditó dos constancias más, de fecha 11 de septiembre y 5 de diciembre, ambas del 2014, dónde igualmente el IHSS reconoce que los servicios que prestó fueron de carácter privado; estos documentos también están agregados en el expediente administrativo del INJUPEMP, por lo que esa Institución no puede ignorar su contenido. Alega asimismo, que no obstante y a pesar de presentar esas constancias ante el INJUPEMP, hicieron caso omiso del contenido de las mismas, transcurriendo el tiempo sin que su estatus haya variado, pese a que quedó acreditado que no es empleado del IHSS desde el 30 de noviembre de 2005, por lo tanto, no existe la figura de incompatibilidad del disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados, que su economía se ha debilitado en gran medida, ya que actualmente su beneficio de jubilación sigue suspendido, sumado a eso, tampoco ha recibido el bono correspondiente al decimocuarto mes del año 2014, ni el bono del aguinaldo del año 2013; consecuentemente, tampoco recibió el bono del decimocuarto mes del año 2015, lo cual expone, lo tiene en una situación precaria; a pesar de haber presentado ante el INJUPEMP con la documentación que acredita que no es empleado del IHSS, nunca hubo respuesta alguna ante su petición, violentándose su derecho a percibir la pensión que conforme a la ley ha tenido derecho a gozar, que se puede constatar que el INJUPEMP no siguió el procedimiento establecido para suspender su beneficio de jubilación, que se enteró en el mes de mayo del 2014, cuando como siempre fue al banco a revisar si le habían acreditado su pensión y se encontró con la sorpresa que no fue así, las autoridades del INJUPEMP no le notificaron absolutamente nada; cuando llamó para preguntar el motivo del porqué no se le acreditó su pensión de jubilación, se limitaron a decir verbalmente que la suspensión la hicieron de oficio; sin embargo, el INJUPEMP no emitió ninguna resolución que establezca cual es el fundamento de su suspensión, expone que queda evidenciado que además de negarle el derecho a percibir su jubilación, le niegan otros derechos, ya que se le suspende el derecho de acudir ante el IHSS, como derechohabiente que es, por lo tanto como daño colateral se le niega el acceso a gozar de servicios médicos, que por derecho le corresponden, es evidente que no existe certeza del tiempo y las condiciones bajo las cuales se le sancionó, ya que la suspensión de sus derechos se ha hecho de plano sin ningún acto que le sustente, causando con ello arbitrariedad. Los artículos 258 y 321 de la Constitución de la República disponen por su orden: Artículo 258: "Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizadas del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez 2 o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.... "; como podrá apreciarse, además de violentarse el debido proceso, también el INJUPEMP hace caso omiso a la excepción que claramente dispone la Carta Magna. Artículo 321: "Los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad". Los artículos 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública, por su orden establecen: Artículo 7. "Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, la presente Ley, Las Leyes Administrativas Especiales, las Leyes Especiales y Generales vigentes en la República, los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las Leyes, los demás Reglamentos Generales o Especiales, la Jurisprudencia Administrativa y los Principios Generales del Derecho Público”. - Artículo 8. “Los órganos y entidades de la Administración Pública, no podrán: 1…, 2…, 3… 4. Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República”. Los artículos 19, 20, 23 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por su orden disponen: Artículo 19. "Los órganos administrativos desarrollaran su actividad sujetándose a la jerarquía normativa establecida en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública y con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general En caso que la Ley atribuya a los órganos potestades discrecionales, se procederá dentro de los límites de las mismas y en función del fin para el que hubieren sido atribuidas". Artículo 20. "Ninguna actuación material que limite derechos de los particulares podrá iniciarse sin que previamente haya sido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento jurídico”. Artículo 23. "Los actos se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite y su fecha, salvo que la Ley, las circunstancias o la naturaleza del acto exijan o permitan una forma distinta”. Artículo 26. "La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente”, que el artículo 12 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados establece: "Toda persona en su vida activa tiene el derecho y el deber de incorporarse a los sistemas de seguridad social de carácter público, privado o mixto, a efecto de garantizarse un respaldo económico que le permita satisfacer las necesidades de su vejez de una forma digna. El Estado dictara las medidas necesarias para el cumplimiento del presente artículo”. Sin embargo, en éste caso particular, alega que es el mismo Estado el que le está limitando el derecho de percibir su pensión de jubilación, por lo que es evidente que no ha sido tratado con el respeto y con la dignidad que merece por su mera condición de persona de la tercera edad, tal como manda el artículo 5 numeral 5 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, que tampoco ha gozado de un trato justo ni de la atención preferente que por su condición de persona de tercera edad y jubilado tiene derecho, por lo tanto ha existido abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como se establece en el artículo 349 numeral 3) del Código Penal "Sera castigado con reclusión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena 1)..., 2).... 3) El funcionario que, fuera de los casos previstos en el número anterior omitiere, rehusare o retardare algún acto de su oficio, con infracción del deber de su cargo." Queda evidenciado que como persona de la tercera edad y jubilado, se le han violentado los siguientes derechos: 1) Derecho a la Seguridad Social; 2) Derecho a la satisfacción de los derechos económicos, indispensables para su dignidad y su libre desarrollo como persona; 3) Como persona jubilada, tiene derecho a una remuneración equitativa a los años que cotizó al INJUPEMP, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana; 4) Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 5) Derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad; derechos que han sido violentados, que pese a que en reiteradas ocasiones han ido al INJUPEMP para buscar una solución al problema, sin haber tenido respuesta favorable alguna, que las autoridades del INJUPEMP le han suspendido el beneficio de jubilación sin seguir el debido proceso establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que aunque la Administración Pública posee la facultad de actuar oficiosamente en la toma de decisiones, esto no es sinónimo de arbitrariedad, puesto que ya hay procedimientos establecidos para que una acción oficiosa de la Administración Pública sea eficaz, así lo manda entre otros el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no existe un expediente que se haya iniciado de oficio, que por ende se encuentre debidamente motivada y fundamentada la decisión de suspender su beneficio de jubilación, mucho menos existe de parte del Directorio el respectivo dictamen de incompatibilidad que sirva de fundamento jurídico para la suspensión del beneficio, por ende no existe una resolución motivada que regule dicha suspensión. Señaló que la nueva Ley del INJUPEMP fue publicada en el diario Oficial La Gaceta, el 5 de abril del 2014, en los artículos 83 y 84 de la misma, dispone lo siguiente: Artículo 83: INCOMPATIBILIDAD DEL DISFRUTE DE UNA PENSION CON EL DESEMPEÑO DE CARGOS REMUNERADOS.- "Todas las prestaciones otorgadas por esta Ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibilidades con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los Jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro Instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía de la pensión percibido". Artículo 84: RESOLUCION DE INCOMPATIBILIDAD DEL DISFRUTE DE UNA PENSION POR DESEMPEÑO DE CARGOS REMUNERADOS. “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda.- Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea debe reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de Jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo" y que pese a que la Ley del INJUPEMP lo dispone, en el caso que nos ocupa, el Directorio del INJUPEMP no dictaminó la supuesta existencia de incompatibilidad, muchos menos se emitió resolución al respecto, no consta nada por escrito que fundamente la arbitraria suspensión de su beneficio de jubilación, este hecho es fácilmente constatable mediante el Acta Notarial protocolizada mediante instrumento público número 6 de fecha 5 de diciembre del 2014, autorizado por el Notario Yamir Lisandro Reyes Alvarado, de la que se acompaña copia debidamente autenticada; que jamás el demandante fue informado, ni siquiera fue requerido para desvirtuar los hechos invocados en una supuesta nota mandada por la Junta Interventora del IHSS, se dice "supuesta" porque jamás la tuvo a la vista el demandante.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que fiel a sus principios y a la razón de ser, una vez completados todos los requisitos exigidos por la ley, otorgó al demandante el beneficio de pensión por vejez, al cual tenía derecho, según punto de acta de la sesión ordinaria, celebrada por la junta Directiva. Otorgándole dicho beneficio de conformidad a Ley desde esa fecha, que en fecha 22 de abril del año 2014, la Comisión Interventora del IHSS, en fecha 22 de abril del año 2014, mediante Oficio CI IHSS No. 185/2014, remitió al INJUPEMP, un listado de los empleados que estaban en esa fecha laborando en el IHSS y a la vez recibiendo una Jubilación del INJUPEMP; así mismo, de los empleados del IHSS que se encontraban en su condición de retirados y que se detectó que continuaron laborando por algún periodo de tiempo posterior a la fecha de su jubilación constituyendo dichos hallazgos una clara y evidente irregularidad que debía ser enmendada a la brevedad posible para evitar más daños patrimoniales a las arcas del Instituto. Extremo que quedará debidamente probado. El INJUPEMP, habiendo recibido el informe aludido en el hecho anterior, procedió a constatar en su sistema que efectivamente las personas enlistadas por el IHSS, como empleados de dicha institución percibiendo salarios de cualquier naturaleza, recibían indebidamente por tal circunstancia jubilación en el INJUPEMP, por lo que de conformidad a la Ley el Instituto procedió a la brevedad a suspender dichos pagos irregulares a partir del 6 de mayo del año 2014, a fin de evitar más daño patrimonial a las arcas del Instituto, de conformidad a lo que establece el artículo 83, 84 de la Ley del INJUPEMP. Que el demandante presentó reclamo administrativo, en fecha 21 de enero del año 2015, 8 meses después de haberle sido suspendido el pago indebido para que se le reactive dicho pago y se le reconocieran los pagos suspendidos hasta la fecha. Como en todo procedimiento Administrativo y se le admitió dicho reclamo, para verificar el alcance legal de lo peticionado, ya que en la mayoría de los casos la suspensión se produjo en el marco de vigencia de la Ley anterior del INJUPEMP, por lo cual la Dirección Interina del INJUPEMP, emitió Resolución Dl N. 032-2014, en uso de las facultades legales, a efecto de instruir las dependencias relacionadas al Instituto, que con carácter urgente se realice propuesta al procedimiento a seguir para la suspensión y reactivación oportuna de las jubilaciones de acuerdo a los artículos 83, 84 de la nueva Ley del INJUPEMP, que en su aplicabilidad entró en vigencia en fecha 13 de mayo del año 2014, en la cual se define en el artículo 127, que en un plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigencia deben emitirse los Reglamentos que sean requeridos para la correcta aplicación de dicha Ley, previo visto bueno de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dicha Resolución está orientada además bajo qué condiciones deben ser reintegrados al Instituto, los valores cobrados por concepto de jubilación improcedente, más los intereses que correspondan, a aquellos participantes que hubieren percibido pensión de jubilación y salario en forma simultánea; de igual forma, la Dirección Interina en uso de sus facultades legales, mediante resolución número 101-055-2014, de fecha 17 de noviembre del año 2014, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la Ley, situación que de hecho el demandante no ha acreditado al Instituto, que en casos similares al presente, la pretensión de reactivación del beneficio de jubilación voluntaria se ha fundamentado la misma en lo que dispone el artículo 258 de la Constitución de la República que establece: "Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios de asistenciales de salud y en la docencia". Del texto literal del artículo Constitucional 258 antes señalado se colige, la licitud de desempeñar a la vez dos cargos remunerados en los servicios asistenciales de salud y en la docencia, en el caso particular del demandante no le es aplicable dicha disposición, ya que la cantidad de dinero que percibe en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado ni trabajador, ni como retribución de la labor que desarrolla en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria que no es más que un derecho que se adquiere por razón de la edad y los años de servicio en un periodo calificado en atención a las aportaciones personales y patronales aportadas al sistema de Previsión Social, en este caso el INJUPEMP, que es sabido el derecho a una prestación por vejez, parte del principio de proporcionalidad, igualdad, equidad, protección social, concibiéndose las prestaciones como rentas de sustitución destinadas a compensar la pérdida de rentas salariales. La pretensión del demandante de percibir una jubilación del INJUPEMP por un lado y una retribución económica por servicios prestados al Estado por el otrom, lamentablemente para sus intereses adolece de una causa de incompatibilidad de acuerdo al artículo 60 la Ley anterior del INJUPEMP, ya que su jubilación fue suspendida estando vigente la ley anterior del INJUPEMP, la contravención de este artículo dará lugar A LA SUSPENSION DEL PAGO, sin perjuicio de que el Instituto deba exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades o indebidamente percibidas. " Lo que dio lugar, no solo a suspender a la brevedad posible aun oficiosamente los pagos diferidos indebidamente, sino también a exigir la inmediata devolución de las cantidades indebidamente percibidas, derecho que el Instituto se reservó ejercitar en el presente caso en el momento oportuno y en la jurisdicción procesal competente; de igual manera, la actual Ley del INJUPEMP, en vigencia desde el 13 de mayo del 2015, en su artículo 84, establece y dispone la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole al Directorio determinar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte y como consecuencia ejercitar las acciones legales a fin de que dichos valores recibidos indebidamente por el participante en contra del cual dicha incompatibilidad opera, le sean restituidos íntegramente con sus intereses legales. A afecto de hacer cumplir la ley del INJUPEMP, previa constatación de los antecedentes y de la causa de incompatibilidad aludida, cumpliendo con la normativa contenida en el artículo 82 del INJUPEMP, que determina que las pensiones podrán ser afectadas, para exigir el pago de préstamos u otras obligaciones que el pensionado tenga con el propio Instituto, con motivo de la aplicación de esta ley o sus reglamentos, siendo esta norma o disposición legal el nexo generador que vincula el cumplimiento de la obligación pendiente de pago, y siendo que el beneficio a otorgar consiste también en prestación de pago institucional, es comprensible y compensable que la deuda pendiente con el Instituto por parte del demandante, se amortice con la suspensión de dicho beneficio que es de carácter vitalicio, sin que se demente la suscripción de un convenio de pago que regule la reactivación del beneficio que le fue otorgado y con la deducción de común acuerdo por pertenecer al sistema previsional del INJUPEMP, que al contar con la información de la investigación correspondiente efectuada por parte de la Comisión Interventora del IHSS y la petición de ellos de corregir la anomalía encontrada, así mismo constatar en sus sistemas la incompatibilidad denunciada por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño del Seguro Social, en consonancia al principio legal general de que nadie puede alegar o aducir ignorancia de la ley y en aplicación y uso de las facultades de que esta investida a fin de llevar a cabo el fin principal del quehacer institucional y salvaguardando las arcas de la institución de previsión social, a fin de evitar más daño patrimonial a sus arcas, procedió conforme a derecho a suspender la jubilación del demandante por incompatibilidad de la misma de conformidad con la ley, que el demandante en el mismo libelo de su demanda acepta clara y llanamente que posterior a su jubilación continuó trabajando o prestando sus servicios para el IHSS, reconociendo así que percibió remuneración del Estado de Honduras, estando simultáneamente recibiendo un beneficio de jubilación por vejez de parte del mismo estado a través del INJUPEMP, lo cual constituye confesión de parte que releva de prueba la misma, conforme al principio jurídico universal: a confesión de parte relevo de pruebas. Por lo cual el Instituto en el presente caso, actuó en el marco de la ley al suspender de oficio la jubilación por la causa de incompatibilidad que le fue acreditada y debidamente constatada a lo interno de su sistema, suspensión que deberá en base a la ley durar el tiempo que dure la incompatibilidad, debiendo más bien los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea reintegrar a el Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, que no solo estaba facultada con la Ley anterior según lo que dispone el artículo 60 de dicha Ley texto literal que reza: "Artículo 60. Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semiautónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado". "La contravención de este artículo dará lugar a la suspensión del pago, sin perjuicio de que el Instituto deba exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades indebidamente percibidas", sino también le ampara la Ley vigente del INJUPEMP en su artículo 83 y 84, como ha sido argumentado en la presente contestación, pero también sus actuaciones están amparadas en normativa de carácter internacional como lo es el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 26, el cual reza en su parte conducente que nos ocupa Art. 26 de Prestaciones de Vejez. Numeral 3. 3 "La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito; asimismo, existen otras normas que regulan las actuaciones como el artículo 6 de la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales entre institutos públicos de previsión social, así mismo la Normativa de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en su artículo 122. Todas las normas legales nacionales e internacionales facultan, amparan y apoyan para suspender de manera automática el beneficio a petición de parte o aun de oficio cuando se dé causa de incompatibilidad que las mismas prescriben y solicitar del beneficiario la devolución de las cantidades percibidas por el de firma indebida como ocurre en el presente caso.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de mayo del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción promovida por el Señor MARCELINO EDUARDO ABADIE GUILLEN, representada en juicio por la Abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ.-por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo tácito, que originó el reclamo administrativo en la vía judicial, como se desarrolló en los fundamentos de Derecho de la presente sentencia. SEGUNDO: Sin costas a la parte vencida por tener motivos para litigar…”; bajo el criterio que si bien es cierto, en el presente caso existe una violación al el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por la ausencia de un procedimiento para la suspensión de la jubilación otorgada por el INJUPEMP, al Doctor Marcelino Eduardo Abadie Guillén, no es menos cierto y consta acreditado en el expediente que el demandante INCUMPLIO con la prohibición establecida en el artículo 60 de la Ley anterior del INJUPEMP, al ser recontratado por el IHSS del periodo de enero del 2006 a abril del 2008, en el cargo de MEDICO CARDIOLOGO 6HRS, lo cual da lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación, sin perjuicio que el Instituto deba exigir la inmediata cancelación y en su caso la devolución de las cantidades indebidamente percibidas; por lo cual NO ES PROCEDENTE acceder a la petición de la parte actora, encaminada a la activación inmediata del beneficio de jubilación o pensión por vejez suspendido, sin perjuicio que el mismo sea reactivado por el INJUPEMP después de haber llegado a una arreglo de pago, como lo establece la Ley.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de octubre del 2020, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ, en su condición de representante procesal del señor MARCELINO EDUARDO ABADIE GUILLEN. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folio número doscientos ochenta y cuatro (F-284) al folio número trescientos uno (F-301) de la primera pieza de autos; en consecuencia: a) Anular totalmente el acto presunto en sentido negativo impugnado, por infracción del ordenamiento jurídico, el artículo 19 y 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 82 de la Constitución de la República; b) Reconocer la situación jurídica individualizada a favor de la parte actora, y para su pleno restablecimiento se ordena: 1) la activación inmediata del pago de jubilación por parte del INJUPEM a favor de la parte actora señor MARCELINO EDUARDO ABADIE GUILLEN; 2) la devolución de las pensiones retenidas a la parte actora desde el mes de mayo del 2014 hasta el momento en que se active nuevamente el pago de jubilación a favor de éste. 3) quedando diferido a la etapa de liquidación y ejecución de sentencia, el cálculo de este derecho. TERCERO: SIN COSTAS”, bajo el criterio de estar emitido el acto impugnado con infracción del ordenamiento jurídico, reconociendo la situación jurídica individualizada de la parte actora y para el restablecimiento de su derecho quebrantado se ordena la activación inmediata del pago de su jubilación y la devolución de las pensiones retenidas desde el mes de mayo del 2014, hasta el momento en que se active nuevamente el pago de la jubilación a favor del demandante.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en fecha 26 de marzo del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.057-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.258-2015, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 07 de abril del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ, presentó en fecha 28 de abril del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 30 de abril del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 6 y 7 de mayo del 2021, las Abogadas EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ y JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 28 de mayo del 2021, teniendo por personadas a las Abogadas JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, como recurrente y EVA FABIOLA CASTRO MARQUEZ, como recurrida; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMERO: Honorables señores Magistrados de manera de antecedente en fecha 22 de abril del año 2014, la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mediante oficio CI-IHSS N°. 185/2014, remitió al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), un listado de los empleados que estaban en esa fecha en el IHSS, y a la vez gozando del benéfico de Jubilación a través del INJUPEMP, Así mismo de los empleados del IHSS que se encontraban en su condición de retirados y que se detectó que continuaban laborando por algún periodo de tiempo posterior a la fecha de su jubilación constituyendo dichos hallazgos una clara y evidente irregularidad que debía ser enmendada a la brevedad posible para evitar más daños patrimoniales a mi representado y habiendo recibido el informe aludido e el hecho anterior, se procedió a constatar en el sistema que efectivamente las personas en listadas por el IHSS, como empleados de dicha Institución percibiendo salarios de cualquier naturaleza, recibían indebidamente por tal circunstancia Jubilación en el INJUPEMP, por lo que de conformidad a la Ley del Instituto procedió a la brevedad a suspender dichos pagos irregulares a partir del 6 de mayo del año 2014,a fin de evitar más daño, patrimonial al Instituto, de conformidad a lo que establece el artículo 60 de la derogada Ley de INJUPEMP. SEGUNDO: Que EL ADQUEM, inobservó que en la mayoría de los casos la suspensión se produjo en el marco de la vigencia de la Ley anterior del INJUPEMP, por lo cual la Dirección Interina del Instituto, emitió resolución DI No.032-2014, en uso de las facultades legales a efecto de instruir las dependencias relacionadas al Instituto, que con carácter urgente se realice propuesta al procedimiento a seguir para la suspensión y reactivación oportuna de la jubilaciones de acuerdo a los artículos 83, 84 de la nueva Ley del INJUPEMP, que en su aplicabilidad entro en vigencia el 13 de mayo del año 2014, en la cual se define en el artículo 127, que en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia deben emitirse los Reglamentos que sean requeridos para la correcta aplicación de la Ley, previo visto bueno de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dicha resolución está encaminada además bajo qué condiciones deben ser reintegrados al Instituto, los valores cobrados por concepto de jubilación improcedente más los intereses que corresponden, a aquellos participantes que hubieren percibido pensión de jubilación y salario en forma simultánea, de igual manera la Dirección Interina de mi representado, en uso de sus facultades legales emitió resolución DI-055-2014 de fecha 17 de noviembre del año 2014, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de la jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a favor del Instituto, los valores cobrados por concepto de jubilación, más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el Reglamento respectivo. TERCERO: Considero que la sentencia ahora recurrida debe ser revocada en su totalidad en vista que El ADQUEM no valoro que el demandante señor MARCELINO EDUARDO ABADIE GUILLEN, no notifico al Instituto el cese de la incompatibilidad establecida en la Ley, resulta señores Magistrados que en casos similares al presente, la pretensión de reactivación del beneficio de jubilación voluntaria se ha fundamentada la misma en lo que dispone el artículo 258 de la Constitución de la Republica que establece " Tanto en el Gobierno Central, como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos renumerados, excepto quienes presten servicios de asistenciales de salud y en la docencia", extremo que quedo debidamente acreditado. CUARTO: Basado en el texto literal del artículo constitucional 258, se concluye que la licitud de desempeñar a la vez dos cargos renumerados en los servicios asistenciales de salud y en la docencia, en el caso particular del demandante no le es aplicable dicha disposición ya que la cantidad de dinero que percibe en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado ni trabajador, ni como retribución de la labor que desarrolla en una institución del Estado, si no que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria que no es más que un derecho que se adquiere por razón de la edad y los años de servicio en un periodo calificado en atención a las aportaciones personales y patronales aportadas al sistema de Previsión Social del INJUPEMP. QUINTO: Honorables Magistrados, con todo lo anteriormente descrito, queda evidenciado el agravio ocasionado a mi representada, por parte del Juzgador de instancia, es un fundamento legal señor Juez que derivado de esa estructuración, en el mismo orden de ideas es meritorio señalar que en su regulación la ley vigente Institucional en el artículo 83 establece la incompatibilidad del disfrute de una pensión con el desempeño de cargos remunerados indicando a tal efecto que todas las prestaciones otorgadas por la referida ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibilidades con sus disfrute, son el ejercicio profesional de los jubilados y pensionados en cargos del sector público, "de esto último se exceptúan aquellos casos en que el jubilado desempeñen cargos de elección popular"; en este contexto se reglamenta que en los casos de incompatibilidad la jubilación debe ser suspendida por el Instituto de oficio o a petición de parte por el tiempo que dure la incompatibilidad, por cuanto, entenderemos que la incompatibilidad en la percepción de recursos económicos en el desempeño de cargos remunerados, sin causa de excepción, es una infracción legal respecto al otorgamiento del beneficio, lo que conlleva la obligación de restituir los valores indebidamente percibidos; a lo que se reitera que la anterior Ley de INJUPEMP en su artículo 60 relacionaba "Ninguna persona que ha sido jubilada o pensionada por el Sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y semiautónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. Cabe aclarar que estas disposiciones que vinculan la suspensión del beneficio de jubilación se sustentan bajo la orientación de la normativa supranacional suscrita por el Estado de Honduras y establecida en el artículo 26 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 102, así como la Ley de Reconocimiento de Cotizaciones Individuales y Aportaciones Patronales entre Institutos de Previsión Social y las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica. CONCLUSIÓN: Manifiesto que la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS establece en su artículo 8: De garantías judiciales que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independientemente o imparcial, establecido con anterioridad por la Ley”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 255-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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