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Sentencia CA-216-21 — Registro 13188

Resumen

En primera instancia declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como resolución dictada por SOPTRAVI

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por clarecer claridad y precisión: a) se omite el pronunciamiento que se impugna; b) se indica el concepto de la falta de aplicación de “…las normas procesales que regulan las actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión…”. Sin embargo, dicha causal tiene su fundamento en la infracción de normas procesales que regulan los actos y garantías en el inter procesal, ósea antes de la emisión de la sentencia definitiva, a razón de actos procesales no consentidos y recurridos en su oportunidad, lo que no acontece. Por otro lado las normas señaladas como infringidas regulan el contenido formal de los fallos emitidos, que son apropiadas, para invocar otra causal de casación (719 numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil) lo que evidentemente no concuerda con la formulada; c) el artículo 207 del Código Procesal Civil, señalado como infringido contiene numerales que se deben precisar; y, d) no se demuestra la incidencia de la infracción alegada en el fallo impugnado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada SULI ERCILIA MATUTE MATUTE; y, Recurrido: el señor JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ, representado en juicio por el Abogado JOSUE EFRAIN BRICEÑO AGUILAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento, que se adopten las medidas necesarias, que se condene al Estado de Honduras al pago de reembolsos adeudados de supervisiones ejecutadas y no pagadas reconocidas mediante documentos públicos, que son consentidos y de obligatorio cumplimiento a satisfacción del demandante en cumplimiento al contrato de supervisión de emergencia, construcción de puente Taltizate ubicado en el municipio de Gualaco, Departamento de Olancho y contrato de supervisión de proyecto de construcción de puente sobre el rio Juticalpa, más el pago de los intereses comerciales a la tasa promedio para operaciones activas del sistema bancario nacional autorizados por el Banco Central de Honduras los que deben ser calculados desde la fecha que se originó la obligación hasta la fecha que se haga efectivo el pago correspondiente todo en aplicación del artículo 28 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la controversia de pago, se originó porque en fecha 09 de julio del 2009, se suscribió el contrato para la supervisión del proyecto de construcción de puente Taltizate ubicado en el municipio de Gualaco, Olancho, por el valor de L.1,101,693.56, y un plazo de 5 meses, y en fecha 03 de agosto del 2010, se le hizo la modificación No.1 al contrato antes citado, ampliando el plazo de 9 meses más, para hacer un nuevo plazo de 14 meses y se amplió el monto del contrato en L.1,138,104.00, para un total de L.2,239.797.75. En fecha 26 de marzo del 2009, el demandante firmó el contrato para la supervisión del proyecto de construcción puente sobre el rio Juticalpa en la carretera a Juticalpa en el Ojustal, San Francisco de la Paz, Olancho, por el valor de L.1,581,811.00 y un plazo de 5 meses. Y en fecha 13 de abril del 2009 se suscribió la modificación No.1 el contrato de supervisión antes citado, para un nuevo plazo contractual total de 8 meses, ampliando el monto del contrato en L.392,349.30, para un total de L.1,974,160.30 y por último en fecha 30 de agosto del 2010 se suscribió la modificación No.2 al contrato de supervisión, en vista que se amplió el plazo del contrato de supervisión del monto del contrato original en L.1,974,160.30, ampliando el monto del contrato en L.1,122,772.00, para un total de L.3,096,932.30. Que Han transcurrido más de 7 años en el incumplimiento contractual de pagos por servicios de supervisión ya prestados, con gestiones permanentes de cobro sin respuesta administrativa, motivo por el cual el demandante ha sido afectado su situación económica, ya que tuvo que solventar los gastos que acarrearon la supervisión de los proyectos antes citados, aun existiendo documentos de SEFIN como ser ejecución de gastos F-01, elaborado en fecha 18 de febrero del 2016 y ejecución de gastos F-01 elaborado en fecha 28 de febrero del 2016. Resulta que mediante nota de fecha 15 de abril del 2016, para el gerente administrativo de la INSEP, en respuesta a sus oficios GA-159 y 160-2016 de fecha 07 de abril del 2017, se devuelve la documentación proporcionada para análisis en la secretaria de finanzas, acerca de si proceden o no los pagos de los desembolsos en concepto de supervisión de los proyectos, se procedió a la revisión de la documentación recibida en control y seguimiento del gasto. Es importante indicar que en las modificaciones de los contratos de supervisión No.1 y No.2 que modificaron la vigencia y el monto del contrato, no podrá ser cuestionable el hecho de no haberlo remitido al Congreso Nacional para su aprobación, en todo caso se pone en evidencia que esta obligación corresponde y es imputable a la administración del INSEP y no al contratista, por lo tanto, los contratos originales y sus modificaciones han generado derechos y obligaciones entre ambas partes. En aplicación al artículo 1360 y 1362 del Código Procesal Civil y 324 de la Constitución de la República, que, en aplicación a las normas antes señaladas, la autoridad nominadora por medio de la gerencia administrativa de INSEP está en la obligación de hacer cumplir las mismas a este caso concreto por ser jurídicamente y lógicamente inaceptable que la administración pública del Estado como ente serio, responsable y máximo garante de los derechos y garantías individuales, respetuosos y sometidos al derecho interno del país, en toda la estructura jerárquica de las leyes, inicien relaciones con los particulares sean personas naturales o jurídicas bajo su responsabilidad y que posteriormente niegue el cumplimiento de sus obligaciones, por razones imputables a sus mismos servidores públicos. Lo que solo puede ser producto de la falta de aplicación de las disposiciones sustantivas señaladas, en los pasajes de que sus textos han quedado señalados por ausencia de razonamiento objetivo, crítico y justo respecto a los hechos aceptados y probados en el desarrollo y vigencia de los contratos y soslayar que esas disposiciones imponen no solo a los ciudadanos comunes, en todos los actos de la vida jurídica, sino por extensión en los titulares de la administración en el ejercicio de su cargo, una conducta respetuosa de la ley y consecuente con el responsable desempeño de sus cargos, siendo este caso tan claro la negligencia por omisión por parte de la demandada, ya que en situaciones como esta, cualquier persona de poca prudencia, en su negocio propio hubiese dado cumplimiento al pago de lo adeudado por la cantidad señalada. Se dio por agotada la vía administrativa.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se hace la observación que el primer contrato suscrito en fecha 09 de julio del 2009 cuyo plazo era de 5 meses que vencían en el mes de diciembre de dicho año, no obstante en fecha 03 de agosto del 2010, es decir cuando ya había perdido su vigencia se realizó la modificación No.1 por un nuevo plazo de 14 meses y una ampliación que superaba el 100% del contrato original, por lo que ante dicha ampliación debe ser turnada su aprobación al congreso nacional como lo señala el artículo 123 de la ley de contratación del Estado, por lo que se concluye que por una parte los contratos suscritos de forma original no debieron haber sufrido modificación por imposibilidad jurídica por ser imposible la extensión del plazo cuando este ya había expirado y por otra parte en cumplimiento de la ley de contratación las modificaciones sufridas en los contratos originales que superaron el 25% del monto debieron ser aprobadas los nuevos montos por el congreso nacional. De lo anterior se instituye que no existe ilegalidad del acto impugnado. La administración dio curso al reclamo, emitiendo la correspondiente resolución y habiendo el interesado interpuesto los recursos disponibles como lo hemos señalado al detalle los antecedentes. La ley de contratación del Estado establece en su artículo 13 que los valores de las modificaciones acumuladas no pueden exceder del 24% del monto inicial del contrato, y si excediera ese porcentaje, requeriría aprobación del congreso nacional, para su aprobación, por lo que como parte del procedimiento de modificación de los contratos suscritos con el demandante, debieron ser aprobados por el congreso nacional, y en este caso no aprobó dichas modificaciones, por lo que el procedimiento administrativo por parte de la demandada no siendo imputable, la falta de aprobación requerida, disposiciones que el demandante pretende desconocer a su conveniencia. En cuanto a los relativos a si procedían los pagos de los desembolsos de concepto del proyecto de construcción de puente Taltizate, a favor del demandante, cuyos contratos originales fueron suscritos en el 2009 y 2010, a favor de los cuales se hicieron 18 reembolsos de pago; no obstante, el actor de la demanda no puede obviar que con las modificaciones de dichos contratos se superó un porcentaje mayor al 50% del monto original, por lo que no se puede soslayar el hecho de que dichas modificaciones tenían que ser aprobadas por el congreso nacional, para lograr su eficacia. El demandante trató de justificar la responsabilidad de la administración señalando que únicamente dicha responsabilidad es atribuible al estado y no al administrado, olvidando que esta parte procesal no pretende desconocer los contratos suscritos, no obstante, las modificaciones del primer y segundo contrato se suscribieron ya cuando los contratos originales ya habían perdido su vigencia, por lo que se deberá valorar esa circunstancia en lo relativo a la existencia jurídica de los mismos.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de junio del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción promovida por el ciudadano JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como la Resolucion de fecha 16 de agosto del año 2017, dictada por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (SOPTRAVI) ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP). En consecuencia, se anula totalmente. SEGUNDO: Reconocer a favor de JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ, la situación jurídica individualizada reclamada y para su Pleno Restablecimiento se toman las siguientes medidas: 1) Condenar Al Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), y por no haber sido un hecho controvertido la ejecución de los proyectos, al pago a favor del demandante JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ, de los reembolsos pendientes los que corresponden a: Modificación N°1 al Contrato de Supervisión de Emergencia del Proyecto: "Construcción del Puente Taltizate, ubicado en el Municipio de Gualaco en el Departamento de Olancho" siendo los rembolsos siguientes: 1) Rembolso N°6 por la Cantidad de L. 100,675.74 Periodo de cobro del 10 de diciembre del 2009 al 09 de enero del 2010. 2) Rembolso N°7 Por la Cantidad de L. 100,675.74 Periodo de cobro del 10 de enero al 09 de febrero del 2010. 3) Rembolso N°8 Por la Cantidad de L.100,675.74 Periodo de cobro del 10 de febrero al 09 de marzo del 2010. 4) Rembolso N°9 Por la Cantidad de L. 100,675.74 Periodo de cobro del 10 de marzo al 09 de abril del 2010. 5) Rembolso N°10 Por la Cantidad de L.100,675.74 Periodo de cobro del 10 de abril al 09 de mayo del 2010. 6) Rembolso N°11 Por la Cantidad de L. 100,675.74 Periodo de cobro del 10 de mayo al 09 de junio del 2010. 7) Rembolso N°12 Por la Cantidad de L. 100,675.74 Periodo de cobro del 10 de junio al 09 de Julio del 2010. 8) Rembolso N°13 Par la Cantidad de L. 100,675.74 Periodo de cobra del 10 de Julio al 09 de Agosto del 2010 y, 9) Rembolso N°14 Por la Cantidad de L. 226,650.49 Periodo de cobro del 10 de agosto al 09 de Septiembre del 2010, los que suman un total de Un Millón Treinta Y Dos Mil Cincuenta Y Seis Lempiras Con Cuarenta Y Un Centavos (L.1,032.056.41); Modificación N°2 al Contrato de Supervisión Proyecto: Construcción Puente sobre el Rio Juticalpa en la carretera a Juticalpa en el Ojustal San Francisco de la Paz en el Departamento de Olancho con una longitud de 50 M.L., los rembolsos adeudados son los siguientes: 1) Rembolso N°8 por la Cantidad de L. 189,092.08 comprendido del 08 de enero al 07 de febrero del 2010, 2) rembolso N°9 Por la Cantidad de L.111,470.00 comprendido del 03 de febrero al 02 de marzo de! 2010, 3) rembolso N°10 Por la Cantidad de L.111,470.00 comprendido del 03 de marzo al 02 de abril del 2010, 4) rembolso N°11 Por la Cantidad de L.111,470.00 comprendido del 03 de abril al 02 de Mayo del 2010, 5) rembolso N°12 Por la Cantidad de L.111,470.00 comprendido del 03 de Mayo al 02 de junio del 2010, 6) rembolso N°13 Por la Cantidad de L.111,470.00 comprendido del 03 de junio al 02 de julio del 2010, 7) rembolso N°14 Por la Cantidad de L.111,470.00 comprendido del 03 de julio al 02 de agosto del 2010, 8) rembolso N°15 Por la Cantidad de L.111,470.00 comprendido del 03 de agosto al 02 de septiembre del 2010, y 9) rembolso N°16 Por la Cantidad de L.184,904.58 comprendido del 03 de septiembre al 02 de octubre del 2010. los que suman un total de Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras, con Sesenta y Seis Centavos (L.1,154,286.66) por lo que hace un gran Total de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.2,186,343.07). TERCERO: Condenar al Estado de Honduras a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), a reconocer, ejecutar y pagar al demandante JUAN ANGEL MOLINA CHAVEZ, los conceptos señalados en el numeral anterior que suman la cantidad total de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.2,186,343.07).- Mas el pago de los intereses comerciales a la tasa promedio para las operaciones activas del Sistema Bancario Nacional autorizado por el Banco Central de Honduras (BCH) calculados desde la fecha en que se generó la obligación hasta la firmeza de la presente sentencia; quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos. CUARTO: Se exime del pago de costas a la parte demandada, vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar… SIN COSTAS.” bajo el criterio que las modificaciones fueron cumplidas por el demandante, y que por la causal que alega la parte demandada de que se debió observar el cumplimiento a los requisitos que determina la Ley especial como lo es la Ley de Contratación del Estado, ya que las modificaciones de los contratos excedieron a un 25% del monto inicial de las mismos ya que la Ley de Contratación del Estado en su artículo 123 es claro que las modificaciones acumuladas no pueden exceder del 25% del monto inicial del contrato, si excediera de este porcentaje requerirá la aprobación del Congreso Nacional dichas modificaciones de ambos contratos, número uno contrato de supervisión de emergencia construcción de puente Taltizate ubicado en el municipio de Gualaco departamento de Olancho, y contrato de supervisión proyecto construcción puente sobre el rio Juticalpa en la carretera a Juticalpa en el Ojustal, San Francisco de la Paz en el departamento de Olancho, con una longitud de 50 metros de largo, si bien es cierto en fechas 29 de noviembre del 2010 y 13 de diciembre del 2010 cuatro y cinco meses después de haber suscrito las Modificaciones de las Contratos fueron enviadas a la Secretaria del Congreso Nacional, esta omisión no podrá ser imputada al contratista quien actuó de buena fe concluyendo las obras, asimismo la parte demandada solo argumenta que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional dichas modificaciones sin haber probado en autos tal actuación, y que par lo tanto no procede realizarse el pago a la parte demandante quien alega que se le deben cantidades adeudadas. El artículo 1576 del Código Civil establece que los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará en el sentido literal de sus cláusulas, tal coma lo establece las clausulas séptima de ambas ampliaciones.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 22 de octubre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el expediente administrativo, los hechos surgidos y los elementos de pruebas del proceso, en aplicación al Derecho Positivo Vigente, que el contrato existió, con sus modificaciones así no se haya perfeccionado por el no pago, ese acuerdo de voluntades como convenio jurídico celebrado, puede derivar responsabilidad de la administración por la vía de la acción de controversias contractuales, la cual deriva la existencia de la nulidad del acto impugnado por ende el incumplimiento al contrato, las declaraciones, condenas, y el pago del perjuicio de todo orden derivado de la ejecución del contrato estatal y su modificación y con esto se demuestra la ilegalidad de dicho trámite, por lo que debe ser declarado con lugar la presente demanda en vista que el Estado de Honduras no puede afectar materialmente al incumplir y reconocer un derecho que fue voluntad de ambas partes. Debe observarse que el Recurso de Apelación tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique una resolución dictada en primera instancia, ello con base en la revisión y el análisis de los agravios que exprese quien lo promueve, de forma tal que el Tribunal de Alzada, cuya función es eminentemente revisora, debe circunscribirse a examinar sobre los errores o las omisiones en que el juzgador hubiere incurrido en dicha resolución, lo cual excluye el estudio de aquellos cometidos fuera de la misma como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio, y otras situaciones totalmente ajenas. En otras palabras, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 701 y 704 del Código Procesal Civil, como norma supletoria a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este tribunal de Apelación solo debe examinar y resolver con plenitud de jurisdicción respecto de vicios y errores cometidos en la resolución que se recurra. Por las consideraciones de hecho y de derecho que antecede, este Tribunal es de la opinión de confirmar la resolución que se conoce en apelación.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada SULI ERCILIA MATUTE MATUTE, en fecha 18 de febrero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de octubre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 079-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.018-2018 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 25 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JOSUE EFRAIN BRICEÑO AGUILAR, presentó en fecha 25 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 26 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 27 de abril y 06 de mayo del 2021, los Abogados JOSUE EFRAIN BRICEÑO AGUILAR y SULI ERCILIA MATUTE MATUTE, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 31 de mayo del 2021, teniendo por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por la Abogada SULI ERCILIA MATUTE MATUTE, como recurrente, y por presentado en tiempo y forma el personamiento del Abogado JOSUE EFRAIN BRICEÑO AGUILAR, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna par faltas de aplicación de las normas procesales que regulan las actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, propiamente de los artículos 90 de la Constitución de la Republica; 200 numeral 1 y 2 literales b, c y d y 207 en relación a los artículos 22 931ndel Código Procesal Civil y 134 de la ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTIRIZANTE: Este motivo se halla comprendido en el artículo 719 numeral 1 letra b del Código Procesal Civil la parte b las actos y garantías cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. EXPLICACION DEL MOTIVO: Que en el fundamento de derecho de la sentencia recurrida manifiesta que a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pretende se respete el principio de legalidad en cada decisión que emitan los órganos de la administración pública, mediante las potestades revisadoras y sancionadoras de la jurisdicción contenciosa administrativa, respetando las decisiones concretas que las partes formulen ante esta jurisdicción, también a peticionar ante los Órganos superiores, en vía de recurso la tutela efectiva de sus derechos si consideran que la resolución judicial le cause directa o indirectamente un perjuicio en una resolución; en el que analizadas las pretensiones de las partes es precise indicar que el procedimiento administrativo, es el cause formal por el cual se manifieste la función administrativa, el cual consiste en una sucesión ordenandos de actos que culmina en un cato final, en el cual se manifiesta la voluntad administrativa publica, declarando reconociendo limitando u omitiendo derechos o interés legítimos de los particulares por el cual el principio de legalidad la administración pública tiene la obligación de instar las actuaciones que sean necesarias para llegar a la decisión final e impulsar por sí mismo el procedimiento hasta dictar el acto final por el cual se decida si lo solicitado i impugnado por el interesado es o no procedente con la obligación de resolver expresamente y dentro d ellos plazo legal, para todas las peticiones que representan los particulares. En eso consiste precisamente el derecho de petición. No obstante, es una realidad que, en ocasiones la administración publica no dicta las resoluciones dentro del plazo legal, siendo este un hecho prolongado en el tiempo, tendrá valor de declaración de voluntad presunta cuando la ley le atribuya efectos jurídicos en sentido positivo o negativo; esto a manera de preámbulo sobre la actuación administrativa; por otro lado analizando lo anterior, es necesario hacer mención que para poder tener como válidos los agravios del apelante como límite del pronunciamiento sobre la resolución impugnada en segunda instancia, estos resultan inoperantes e ineficaces estos son los agravios que se esgrimen en un recurso cuando valla dirigido a combatir aspectos. El artículo 200 del Código procesal Civil d aplicación supletoria conforme a lo establecidos en los artículos 22 y 931 del mismo código y 134 de la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo, determine en su parte conducente: articulo 200 Contenido Formal de la Sentencia. 1. Las sentencias siempre serán motivadas y contendrán, en párrafos separados y enumerados los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o falla. 2. En particular la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal b) en los antecedentes de hecho se consignaron, con la claridad y la condici6n posible y en párrafo separados y numerados, las pretensiones de los partes interesados, los hechos en que funde que hayan sido alegados oportunamente y tengan relaci6n con las cuestiones que deban de resolverse las pruebas que se hubieran propuesto y practicado y los hechos probados en su caso. C) En los fundamentos de Derecho se expresan en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas dando razones”.- 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por clarecer claridad y precisión: a) se omite el pronunciamiento que se impugna; b) se indica el concepto de la falta de aplicación de “…las normas procesales que regulan las actos y garantías procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión…”. Sin embargo, dicha causal tiene su fundamento en la infracción de normas procesales que regulan los actos y garantías en el inter procesal, ósea antes de la emisión de la sentencia definitiva, a razón de actos procesales no consentidos y recurridos en su oportunidad, lo que no acontece. Por otro lado las normas señaladas como infringidas regulan el contenido formal de los fallos emitidos, que son apropiadas, para invocar otra causal de casación (719 numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil) lo que evidentemente no concuerda con la formulada; c) el artículo 207 del Código Procesal Civil, señalado como infringido contiene numerales que se deben precisar; y, d) no se demuestra la incidencia de la infracción alegada en el fallo impugnado.- 3.- Que se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Siendo notorio el fallo recurrido afecta el derecho de mi representada como el debido proceso, solicito de formas subsidiaria que proceda anular el mismo, a efecto de que se emita nueva sentencia en donde se valore los medios de prueba aportados en juicios; para además este tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo el fallo corresponda conforme los extremos del debate. FUNDAMENTACION JURIDICA, PRECEPTOS JURIDICOS QUE SE CONSIDERAN DE APLICACION AL RECURSO DE CASACION El presente escrito sobre la interposición y formalización del Recurso de Casación se fundamenta en los siguientes artículos: 64, 80, 82,90, 303, 304, 305 de la Constitución de la Republica; 35 párrafo 1, 89, 134 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 1, 80 párrafo primero de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; numeral 1) 3,4 10, 11, 12, 22, 200 numeral 1 y 2 literal b y c, 206 numeral 1, 207, 208 numeral 1, 211, 212, numeral 4) y 5),215 numeral 1 y 2,701 numeral 1 y3,716, 717, 718, 719 numeral 1) letras a, b, y c numeral 2), 720, numeral 2, 721 numeral 1 y 2,722, 723, 914, 931 del Código Procesal Civil.”.- 4.- Que se solicita nulidad subsidiaria de la sentencia impugnada, esgrimiendo que este Tribunal valore prueba y proceda de conformidad a derecho y se observe los deberes de congruencia y motivación argumentaciones propios de las instancias. Sin embargo la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y que efectivamente se ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar, situación que no acontece en el fallo impugnado, por ello se estima, que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, realizando el ad-quem los pronunciamientos correspondientes resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 5.- Que los servidores del Estado, no tienen más facultades que los que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa y dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se produzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- 6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 7.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrido. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia y remitir certificación al Tribunal Superior de Cuentas para los efectos legales consiguientes. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. –NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 216-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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