Sentencia CA-215-21 — Registro 13402
Resumen
En primera instancia declara improcedente la acción incoada por el demandante, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que a través de una Ley Especial que es la Ley de Propiedad, el legislador otorgó al Instituto de la Propiedad la atribución de diseñar, definir e implementar por vía reglamentaria un completo régimen laboral especial para los empleados del Instituto de la Propiedad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; y, d) Omite indicar en el precepto autorizante.- .."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el señor JOSE MANUEL ALEJANDRO CALIX ORELLANA, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA; y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho, por infringir el ordenamiento jurídico, con quebrantamiento de las formalidades esenciales establecidas en la Ley, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento, el reintegro al cargo que desempeñaba y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva del ilegal despido hasta la fecha que se ejecute la sentencia, reconociéndole los respectivos incrementos salariales que en su caso tuviera el puesto del cual fue despedido ilegalmente, más el pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones y bonificaciones; asimismo, que se declare la cancelación de la persona que se hubiese nombrado en su sustitución, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JOSE MANUEL ALEJANDRO CALIX ORELLANA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con el Instituto de la Propiedad, el 6 de febrero de 2012, en el cargo de Calificador III, Dependencia de la Coordinación Regional de Registro, en la modalidad de contrato según comprobante de pago del mes de febrero de 2014, posteriormente, se le extendió contrato de fecha 2 de mayo de 2014, en la modalidad de contrato y en fecha 12 de mayo de 2014, mediante Acuerdo No.SE143-2014, fue nombrado en el cargo de Oficial Legal en la Secretaría General, Dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, con un salario mensual de L.21,000.00, efectivo a partir del 2 de mayo de 2014; que mediante Acuerdo No. SE.-167-2014, de fecha 3 de septiembre de 2014, amparado en el artículo 118 de la Ley General de la Administración Pública y haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley de Propiedad en el artículo 11 numerales 1, 2 y 7, argumentando que en virtud de informe presentado por la Inspectoría General sobre denuncia No.0208-2013-055-IG y de conformidad con el procedimiento seguido por el Departamento de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad, donde se establece que el demandante ha faltado a sus obligaciones como Servidor Público, al calificar la presentación número 940099, que contiene el sello de inscripción bajo matrícula 1064176 que corre bajo el asiento número 3 correspondiente a la rectificación de una donación de un inmueble y al no hacer un correcto tracto sucesivo y sin seguir los procedimientos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Propiedad y los artículos 113, 123 y 124 del Reglamento de la Ley de Propiedad,
que al no observarse el debido proceso o los pasos y requisitos que las leyes establecen para emitir este tipo de acto administrativo, consistente en el acuerdo precitado, razón por la cual, dicho acto se encuentra totalmente viciado, por lo que se pide su nulidad por estar revestido de ilegalidad, ya que la denuncia fue desistida por los interesados tal y como consta en petición presentada en fecha 28 de agosto de 2014; cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Servicio Civil que entre otros señala: "para la Autoridad Nominadora los derechos y acciones prescribirán en el término de 30 días sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley.- El término comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción"; y del acta que emite la inspectoría la denuncia de la cual fue objeto del ilegal despido consta que emitió acta de fecha 28 de noviembre de 2013; asimismo, a la fecha que emite el acuerdo de cancelación han transcurrido más de los 30 días que estípula la Ley de Servicio Civil, por tanto la emisión de la cancelación de su puesto de trabajo, está dictada injustamente violentándole así totalmente sus derechos laborales, humanos y constitucionales; que el Acuerdo de cancelación N. SE-167-2014, efectivo a partir del 3 de septiembre del año 2014, simplemente se limita a informar que en cumplimiento de los deberes señalados en los artículos 321 de la Constitución de la República; 118 de la Ley General de la Administración Pública y haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley de Propiedad en el artículo 11 numerales 1, 2 y 7, acuerda despedir sin responsabilidad alguna para el Instituto de la Propiedad, al demandante del cargo de Oficial Legal, nombrado mediante Acuerdo No.SE-143-2014, en la Secretaría Ejecutiva. Violentando lo establecido en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, donde la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, similar regulación se contempla en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia de personal; que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo en su artículo 31, establece: “que sin perjuicio de lo que las leyes dispongan, el personal de los Órganos Desconcentrados estará sujeto al Régimen de Servicio Civil; asimismo la Ley de Propiedad crea el Instituto de la Propiedad como un ente Desconcentrado de la Presidencia de la República en consecuencia, el personal del Instituto de la Propiedad. está sujeta al Régimen del Servicio Civil, por mandato de la Ley" y que en el presente caso no se llevó a cabo el procedimiento a seguir para dar por cancelada la relación laboral.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta que el demandante inició su relación laboral con el Instituto de la Propiedad en fecha 6 de febrero del 2012, en el cargo de Calificador III, bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales hasta el 2 de mayo del 2014 y después fue nombrado mediante Acuerdo No.- SE-143-2014 de fecha 2 de mayo del 2014, en el cargo de Oficial Legal en la Secretaría General dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad con una salario de L.21,000.00; que la cancelación realizada al demandante es legal por estar apegado a derecho el Acuerdo de Cancelación No. SE 167-2014, de fecha 3 de septiembre del 2014, en virtud de que el demandante incumplió las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, extremo que se puede constatar en el acta de la audiencia de descargos de fecha 22 de agosto del 2014, efectuada al demandante Cálix Orellana, de la manera siguiente: “en la Pregunta 3.- ¿Se realizó de su parte tracto sucesivo previo a que se inscribieran las presentaciones 940099 y 971214 ? Contestó: Si lo realice. En la Pregunta 4.- Verificó usted las Escrituras Públicas otorgadas por la Notaria Lidia María Torres numero 88 correspondiente a la donación de un inmueble y la número 177 correspondiente a la rectificación de donación de un inmueble y si en estas existía alguna incongruencia con respecto al instrumento de escritura pública numero 23 otorgado por el notario Donadin Fuentes Álvarez donde la señora Albertina Lagos dio en dación de pago su inmueble a la empresa Jammar Comercial S.A y si dicha transacción fue en legal y debida forma? Contesta: que se realizó un auto provisional a la presentación 940099 debido a que el instrumento contenía errores de forma pero los elementos del contrato en si estaban correctos, así como lo expresa voluntad de las partes para realizar la donación estaba clara correspondiente al instrumento numero 88 Pregunta 5 ¿Considera usted de que se actuó correctamente al no realizar el auto denegatorio cuando se presentó el instrumento numero 177 ya que en la cláusula Primera la señora Mirna Elsa Martínez Vallecillo en su condición de representante de la sociedad mercantil Jamar Comercial Industrial "determina volver por vía de la donación el inmueble recibido por parte del señor Roberto Turcios Funes como dación en pago" cuando en realidad la empresa Jamar Comercial lo recibió de doña Albertina Lagos? Contestó: La verdad no era necesario realizar un auto provisional, porque es un error de forma y no de fondo ya que no modifica el objeto del instrumento que era emendar el error que hubo en el instrumento 88...” En base a lo anterior, el ex servidor público José Manuel Alejandro Cálix Orellana, con sus actuaciones, vulneró la Ley de Propiedad, la cual en su artículo 25 establece: “El Registro tiene por objeto y finalidad garantizar a los usuarios y terceros que las inscripciones y servicios registrales se efectúen bajo los principios de organización, eficacia registral, legalidad, prioridad, rogación, obligatoriedad, publicidad, tracto sucesivo, especialidad, celeridad, universalidad y fe pública registral", esto relacionado con el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Propiedad establece: "El tracto sucesivo está formado por la serie continua, obligada, rigurosa, vinculada y cronológicamente ordenada de inscripciones registrales, partiendo de la inscripción primigenia, de incorporación de la unidad inmobiliaria a la vida registral primera de dominio, seguida de todas sus transmisiones y modificaciones, reflejando el trafico jurídico real de los derechos de propiedad. Este garantiza la seguridad jurídica del derecho del titular al no poderse llevar a cabo ninguna inscripción o anotación sin la intervención del titular del derecho inscrito o en su defecto, mediando resolución de la autoridad competente o mandato de ley." El artículo 113 del Reglamento de la Ley de Propiedad literalmente dice: "La Calificación registral es un procedimiento integral que tiene por objeto asegurar el cumplimiento del principio de legalidad y la efectiva concurrencia de los demás principios registrales, determinando la legalidad y validez formal de los actos o contratos, títulos, instrumentos públicos o documentos auténticos en cuya virtud se solicita una inscripción y estará limitada a los siguientes efectos: A). ordenar su inscripción B). - Observar los vicios, inexactitudes u omisiones de los que adolezca; o C) Denegar su inscripción." Relacionado con el Artículo 124 de la Ley de Propiedad que establece: "Son infracciones imputables a los funcionarios y empleados, las siguientes: 1)... 2).... 3) Prestarse a la inscripción de documentos que muestren irregularidades". En base a lo anterior si el ex servidor público José Manuel Alejandro Cálix Orellana, hubiera realizado un tracto sucesivo y una correcta calificación se hubiera percatado de las múltiples incongruencias que contenían las presentaciones 940099 y 971214, expone que es importante señalar que el acto que el demandante pretende su nulidad fue realizado de conformidad a derecho, ya que se siguió el procedimiento establecido en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad en el artículo 73 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad que dice: "Toda sanción de despido, descenso de cargo o suspensión de labores, no podrán ser aplicadas sin que se instruya el expediente correspondiente, escuchando las observaciones o los descargos que presente el inculpado, efectuando las investigaciones que procedan y evacuando las pruebas pertinentes", lo cual se constata con la audiencia de descargo 81-2014, de fecha 22 de agosto del 2014 y al concluir en base a la misma que el demandante incumplió las obligaciones del Personal enmarcadas en el artículo 61 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad que dice: "Sin perjuicio de las obligaciones que establezca la Ley de Propiedad y en general cualquier Ley da la Administración, los servidores y funcionarios del IP, tendrán entre otras las siguientes: 1. Cumplir fielmente con las disposiciones legales y reglamentos del IP y demás relacionadas. 2. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados observar los preceptos del presente Reglamento y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta su jefe inmediato 3. Ejecutar por sí mismo su trabajo con mayor eficiencia, cuidado y esmero en el tiempo, lugar y condiciones convenidas...”, y el Artículo 62 de las Prohibiciones del Personal según el Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad: “...17. Ejecutar actos que perjudiquen el prestigio y decoro de la institución." Por lo cual, en cumplimiento en el artículo 63 Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad que establece: "Las faltas cometidas por un servidor público en el desempeño de su cargo serán sancionadas de acuerdo con su gravedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley el presente Reglamenta". Toda sanción disciplinaria tendrá por objeto la enmienda de la conducta del servidor al constituir lo anterior faltas graves, tal como lo establece el artículo 69 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad que dice: “CONSTITUYEN FALTAS
GRAVES...3. Incumplir de manera manifiesta con las funciones propias del cargo o con las órdenes de sus superiores afectando con ello la continuidad, regularidad o eficiencia de los servicios." Por lo cual, al emitir el Acuerdo de Cancelación No. SE 167-2014, de fecha 3 de septiembre del 2014, el mismo se realizó en base al régimen de despido que establece el artículo 71 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad, dice: "Los servidores del IP podrán ser despedidos de sus cargos cuando conste acreditada de las siguientes causas: 1. Incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de este Reglamento, siempre y cuando se haya seguido el procedimiento debidamente establecido…” relacionado con el artículo 72 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad, el cual literalmente dice: "Procederá también el despido cuando fuere extrema la gravedad de cualquiera de las faltas previstas en el artículo sesenta y nueve (69) de este Reglamento, atendiendo a implicaciones penales o cuando se causaren serios perjuicios a la regularidad o continuidad de los servicios”. En cuanto a la supuesta prescripción que aduce el demandante en base al siguiente análisis: En el presente caso se presentó denuncia No. 055-2013-IG, por supuestos actos irregulares en la inscripción del asiento No. 63 del Tomo 5142 RPHYAP, por lo cual, Inspectoría realizó investigación pertinente y posteriormente rindió informe, en cual da conclusiones sobre los hallazgos en la investigación, tal como establece el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Propiedad que dice: "El Inspector General, estará encargado de la coordinación, supervisión, inspección y control de todas las denuncias o quejas que se presenten ante su dependencia y de aquellas en que se proceda de oficio en la forma dispuesta en el artículo 19 de la Ley de Propiedad, emitiendo los informes o dictámenes respectivos, con la obligación en casos especiales de alta responsabilidad investigativa y decisiva de poner en conocimiento al Consejo Directivo a la Secretaria Ejecutiva en su caso, la denuncia o investigación correspondiente." Pero la Insectoría carece de facultades para imponer medidas disciplinarias al personal al ser su única función la de dar trámite a las denuncias que se interponen dentro de la Institución. Posteriormente, remite el informe al Consejo Directivo quien mediante resolución ordena que se tomen las medidas pertinentes si se considera que existe grado de responsabilidad civil, penal o administrativa en el actuar del personal dentro de la Institución, por ende al emitir la resolución el Consejo Directivo del Instituto de Personal y en base al Procedimiento que sigue el Departamento de Recursos Humanos, informando a la autoridad nominadora (definición que nos da el artículo 5.- del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en su numeral 6 Autoridad Nominadora: Es el funcionario con facultad legal para hacer toda Acción o Transacción de Personal...) en el presente caso, es el Secretario Ejecutivo del IP, al depender el puesto Oficial Legal en la Secretaria General, el cual ocupaba el ex servidor público José Manuel Alejandro Cálix Orellana, por lo cual, el Secretario Ejecutivo tomó la decisión de emitir el Acuerdo de Cancelación No. SE 167-2014, de fecha 3 de septiembre del 2014, mediante el cual se separaba del cargo al precitado ex empleado por las faltas e incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, de lo que se desprende que la autoridad nominadora, es decir, el Secretario Ejecutivo tuvo conocimiento hasta la 3 de septiembre del 2014, cuando emite el Acuerdo de Cancelación No. SE 167-2014 y no como en forma errónea quiere hacer ver el demandante en cuanto a la fecha de presentación de la denuncia tal como quedó claramente explicado.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de diciembre del 2017, dictó sentencia que dice: “PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por el señor JOSE MANUEL ALEJANDRO CALIX ORELLANA, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo Impugnado, como se relacionó en los fundamentos de Derecho de esta sentencia. SEGUNDO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio…. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el procedimiento de despido está regido irrestrictamente por el principio de legalidad y debido proceso, al ser obligatorio seguir un procedimiento previo, notificando y escuchando a los posibles responsables de la comisión de una falta, como lo establecen los artículos 74 al 77 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, procedimiento que en el presente caso y del estudio de los documentos aportados por ambas partes, se aprecia su cumplimiento, constando a folio 29 de autos cédula de notificación al señor José Manuel Alejandro Cálix Orellana, con el fin de comparecer a audiencia de descargo, la cual se llevaría a cabo en fecha 22 de agosto del 2014 y en la cual se le informa sobre el objeto de la misma, cuya acta consta a folio 93 y 94 de autos; posteriormente, una vez escuchados los descargos y siguiendo con el procedimiento establecido, el departamento de Asesoría Legal, emite Dictamen IP-24-AL-2014, de fecha 29 de agosto del 2014, en el cual se resuelve la procedencia del despido del señor José Manuel Alejandro Cálix Orellana, por la comisión de una falta grave tipificada en el artículo 69 numeral 3 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad y de la cual en el dictamen antes mencionado se hace una explicación exhaustiva de la falta cometida, emitiéndose acuerdo de cancelación SE-N° 167-2014, por la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad, en el cual claramente en la parte resolutiva del mismo, se lee la causal de despido y concretamente la actuación que motivó su despido, por lo todo lo antes relacionado, este Juzgado no observa incumplimiento al ordenamiento jurídico. En cuanto a la prescripción aleada por la parte demandante, el artículo 104 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, establece que en lo no previsto en el mismo, se estará a la Ley del Servicio Civil, estableciendo el artículo 57 párrafo segundo de la Ley de Servicio Civil, el término de prescripción para que la autoridad nominadora pueda ejercer los derechos y acciones por las infracciones cometidas, el cual es de 30 días hábiles, contados desde la fecha en que esta (autoridad nominadora) tuvo conocimiento de la infracción, debiendo dejar claro antes de continuar, que el artículo 6 numeral 6 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, para un mayor entendimiento establece quien se entiende por autoridad nominadora "El presidente de la República por medio de los respectivos secretarios de Estado y todo funcionario que tenga competencia para nombrar servidores públicos por atribución legal o por delegación de autoridad competente", teniendo claro quién es la autoridad nominadora, continuamos dilucidando este punto; en el caso del Instituto de la Propiedad, el órgano de Dirección es el Consejo Directivo, el cual tuvo conocimiento de la falta del demandante, no desde la interposición de la denuncia 055-2013-IG, sino hasta el 24 de julio del 2014, en la sesión ordinaria de trabajo número 5, celebrada en la misma fecha, en la cual conforme a Ley después de hechas las investigaciones por la Inspectoría General sobre la denuncia 0208-2013-055-IG, se hace del conocimiento del Consejo Directivo, mediante informe, sobre los hallazgos de dicha denuncia y es el Consejo Directivo, como máximo órgano que ordena, que el Departamento de Recursos humanos, proceda a ejercer las acciones pertinentes, por lo cual el término de 30 días hábiles para la imposición de la sanción correspondiente terminaba en fecha 04 de septiembre del 2014, habiendo sido sancionado con el despido el hoy demandante, en fecha 03 de septiembre del 2014, como consta a folio 98, por lo cual la prescripción alegada por la parte demandante, no es procedente y en cuanto al escrito de desistimiento de la denuncia presentado por la parte demandante, cabe resaltar que toda denuncia presentada ante la Inspectoría General, es impulsada de oficio, conforme al artículo 33 párrafo final del Reglamento de la Ley de Propiedad.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 15 de febrero del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que a través de una Ley Especial que es la Ley de Propiedad, el legislador otorgó al Instituto de la Propiedad la atribución de diseñar, definir e implementar por vía reglamentaria un completo régimen laboral especial para los empleados del Instituto de la Propiedad; dicha atribución que es desarrollada a través del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad establece el procedimiento a seguir para ejercer la función disciplinaria dentro de dicha institución, procedimiento que es regulado por los artículos 70 al 82 de dicho Reglamento. Conforme a la Ley de Propiedad, que es una ley especial, el que regirá el régimen de los servidores públicos del Instituto de la Propiedad, es el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, no el Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Conforme al artículo 104 de dicho reglamento, la Ley de Servicio Civil sólo podrá aplicarse en lo no previsto por el mismo; es decir, esta ley solo es aplicable de manera supletoria, en cuanto a argumento de la prescripción en el cuarto agravio y después de transcribir la sentencia en relación a que el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad establece en su artículo 104 la aplicación de la Ley de Servicio Civil, en lo no previsto por dicho reglamento, por lo que se reconoce el plazo de 30 días para la prescripción de las acciones para despedir a los empleados que incurrieron en faltas de conformidad al artículo 57 de la Ley de Servicio Civil; la acción de prescripción comienza a correr desde el momento en que la autoridad nominadora tiene conocimiento dentro del Instituto de la Propiedad es el Consejo Directivo mismo, no la Inspectoría General; por lo que si el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad tuvo conocimiento mediante informe de la Inspectoría General de fecha 24 de julio 2014, el plazo de 30 días hábiles para la imposición de una sanción vencía el 4 de septiembre de 2014, siendo sancionado el demandante en fecha 3 de septiembre del 2014, dentro del plazo de 30 días que señala la ley, por lo que el argumento de la prescripción es improcedente.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, en fecha 16 de marzo del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 15 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.018-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.394-2014, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 22 de marzo del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, presentó en fecha 26 de abril del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 27 de abril del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 06 de mayo del 2021, los Abogados FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA y NORMA ISABEL SOLORZANO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 28 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados NORMA ISABEL SOLORZANO, como recurrente y FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, como recurrido; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Que el Magistrado ponente en ninguno de sus considerandos argumenta o se pronuncia sobre lo solicitado en mi expresión de agravios, en cuanto a lo argumentado por la inobservancia de la HONORABLE MAGISTRADA en sus aseveraciones ya que la denuncia en contra de mi poderdante fue en el año 2013 No.055-2013-IG, asimismo asombra más por qué antepone un reglamento ante la Ley de servicio Civil en cuanto a la prescripción que establece en su artículo 57 de la Ley de Servicio Civil que entre otros señala: "para la Autoridad Nominadora los derechos y acciones prescribirán en el término de 30 días sean estas acciones para imponer medidas disciplinarias o el despido que contempla la Ley.- El termino comenzara a contarse desde la fecha en que la autoridad nominadora tuvo conocimiento de la infracción"; y argumentando que la misma inspectoría remite en fecha 24 de julio de 2014 (folio 96 y 97) ordenando proceder a realizar las acciones pertinentes, observando la total incongruencia de la señora juez al no tomar los términos pertinentes desde el momento que la autoridad nominadora tiene conocimiento y la fecha que emiten la sanción o el ilegal despido y falta de ordenamiento jurídico al que fue objeto mi poderdante; asimismo el artículo 207 en donde establece que: "1.-Las sentencias se motivaran expresando las razonamiento facticos y jurídicos que producen la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, 2.- la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerando individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; 208 establece: 1.- las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las peticiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito"; ya que establece que no se planteó los motivos por los cuales me facultan a interponer el recurso de apelación señalando por nuestra parte de la sanción que causa despido a mi poderdante, es en total abuso de autoridad y sin realizar el debido proceso, ya que desde el momento que se tiene conocimiento a la falta al momento que se le cancela a mi poderdante el termino es extemporáneo. - PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió "la forma y contenido de la sentencia".- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos de instancia.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “La Ley de Servicio Civil establece el procedimiento a realizar para proceder a cancelar un funcionario público tal cual lo establece el artículo 181 del reglamento de servicio civil el cual establece que; "Cuando los descargos formulados o las pruebas aportadas no desvanecieren la responsabilidad imputada al servidor público se continuara con el procedimiento; A tal efecto, la acción de personal correspondiente al despido o, en su caso , a la suspensión del trabajo sin goce de sueldo hasta por ocho días o al descenso a un cargo de clase o grado inferior, deberá enviarse a la Dirección General del Servicio Civil, el respectivo tramite, debiendo agregarse copia del acta de la audiencia en la que tenga por acreditada la causa o motivo de acuerdo con la Ley y el presente reglamento; no procederá ninguna sanción si no se acredita este último requisito". Recalcando la señora Juez que se llevó acabo el debido proceso cuando es evidente la inobservancia del mismo, ya que un reglamento no está por sobre la ley, asimismo, y en el presente caso no se llevó a cabo el debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 literal c), del Código Procesal Civil que establece claramente que en la sentencia impugnada se infringió “la forma y contenido de la sentencia"- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) No indica si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna artículo 704 del Código Procesal Civil; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; y, c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal.- V. El Censor en un tercer motivo manifiesta: “Que en Virtud que el señor Juez y reiterada por la Magistrada, Sigue causando asombro, ya que la presente resolución en todos los aspectos es incongruente, ya que inspectoría emitió un acta de fecha 28 de noviembre de 2013 y a la fecha de emitir el ilegal despido ya han transcurrido más de 30 días, cabe señalar que el Código Procesal Civil en su artículo 206 establece que las sentencias deben ser Claras precisas y exhaustivas, en relación asimismo en su artículo 207, en el sentido de que ya es termino vencido para poder sancionar a mi poderdante y ratificar la actuación del Instituto de la Propiedad cuando la actuación es extemporánea”.- VI. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer claridad y precisión: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; y, d) Omite indicar en el precepto autorizante.- VII. El Recurrente en un cuarto motivo manifiesta: “Que según la parte demandada establece que desde la interposición de la denuncia 055-2013-IG, sino hasta el 24 de julio de 2014, en sesión ordinaria de trabajo número 5, celebrada en la misma fecha, en la cual conforme a Ley después de hechas las investigaciones por la inspectoría General sobre denuncia 0208-2013-055-IG, se hace del conocimiento del consejo Directivo, como máximo órgano que ordena, que el Departamento de Recursos Humanos proceda a ejercer las acciones pertinentes, por lo cual el termino de 30 días hábiles, habiendo sido sancionadas con el despido el hoy demandante en fecha 03 de septiembre de 2014" el procedimiento de despido está regido irrestrictamente por el principio de legalidad y debido proceso, al ser obligatorio seguir un procedimiento previo, notificando y escuchando a los posibles responsables de la comisión de la falta, como lo establece los artículos 74 al 77 del reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, procedimiento que en el presente caso y del estudio de los documentos aportados por ambas partes, se aprecia su complimiento, constando a folio 29 de autos la cedula de notificación al señor José Manuel Alejandro Calix Orellana, con el fin de comparecer a audiencia de descargo, la cual se llevaría a cabo en fecha 22 de agosto de 2014 y en la cual se le informa sobre el objeto de la misma, cuya acta consta a folio 93 y 94 de autos, posteriormente una vez escuchados los descargos y siguiendo con el procedimiento establecido, el departamento de asesoría Legal, emite Dictamen IP-24-AL-2014, de fecha 29 de agosto de 2014 (ver Folio 86 al 92), en el cual se resuelve la procedencia del despido del señor José Manuel Alejandro Calix Orellana, por la comisión de una falta grave tipificada en el artículo 69 numeral 3 del reglamento de personal del instituto de la propiedad y de la cual en el dictamen antes mencionado se hace una explicación exhaustiva de la falta cometida, emitiéndose acuerdo de cancelación SE-No167-2014 por la Secretaria Ejecutiva del Instituto dela Propiedad, en el cual claramente en la parte resolutiva del mismo, se lee la causal de despido y concretamente la actuación que motivo su despido, por lo todo lo antes relacionado, este Juzgado no observa incumplimiento al ordenamiento Jurídico.”.- VIII. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) Se omite el concepto de la infracción, es decir, si es falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) Se omite formular una proposición jurídica completa; c) Se omite el pronunciamiento que se impugna; d) Omite indicar en el precepto autorizante; y, e) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resultan ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- IX. Que, se solicitó nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Honorable Corte Suprema de Justicia. 1.- que la Honorable Corte de Apelaciones Violento el procedimiento según su considerando que contiene dicha sentencia por no estar ajustada a derecho por LA FORMA Y CONTENIDO de acuerdo al Artículo 719 inciso c), del Código Procesal Civil, por no ser ciertas ni congruentes sus argumentaciones. 2.- Que el Nuevo Código Procesal Civil establece en su Artículo 206 de los Requisitos internos de la sentencia deben contener: CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD en el numeral 1).- las sentencias deben ser claras precisas y exhaustivas; asimismo establece en el Artículo 207 numeral 2) la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- En el Artículo 208 del Código Procesal Civil: CONGRUENCIA: 1) Las Sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- De todo lo anterior Honorables Magistrados, se concluye que la "DEMANDA QUE SE SOLICITA QUE SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL PLENO RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA; MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CONFORME A LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA; promovida por el señor JOSE MANUEL ALEJANDRO CALIX ORELLANA , y que dictara Sentencia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el día veinticuatro siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por haber sido cancelado en total abuso de autoridad y cancelar a mi poderdante sin seguir el procedimiento legalmente establecido, aplicándole una sanción por despido de forma extemporánea; asimismo EN LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO dicto sentencia de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), debe ser declarada LA NULIDAD ABSOLUTA, ya que por su contenido esta fuera y completamente de apegarse a derecho, por parte de los Honorables Magistrados y total inobservancia del contenido de la demanda y lo que se pretende de la misma, ya que no tuvo la suficiente valoración de las diligencias.- La Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), Honorables Magistrados, tiene que ser anulada, ya que la misma carece de veracidad y adolece de contradicción en su contenido en relación a los hechos establecidos en la demanda y comprobados que constan en el expediente de mérito.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Esta nulidad está comprendida en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; Artículos 206, 207, 208, 719 literal c), del Código Procesal Civil; que establece claramente que en la Sentencia impugnada se infringió por la FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA”.- X.- Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de Apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XI.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- XII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el representante procesal recurrido. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 215-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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