Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-212-21 — Registro 13401

Resumen

En primera instancia se declara Con Lugar la Defensa Previa alegada por la parte Incidentista (demandada), por existir la causa de Inadmisibilidad alegada, se confirma en segunda instancia bajo el criterio que efectivamente los correos electrónicos son diferentes y además no tener razón el hecho de realizar una notificación por correo electrónico posterior (6 días después) a la notificación realizada por la tabla de avisos del despacho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna; y, c) Por un lado ataca la sentencia por falta de aplicación de disposiciones legales que no tienen referencia al precepto autorizante enunciado, conforme el artículo 719 numeral 1) literal a) del Código Procesal Civil, ya que se invocan situaciones posteriores al fallo vinculadas al tema de los requisitos de notificación de las resoluciones judiciales, que no son de su forma y contenido.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional, se señala a la Censora del fallo, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS Y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: La señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO, representada en juicio por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA y, Recurrido: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada JILMARABELLA ACUÑA MARIN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia personal para la nulidad de un acto administrativo, declarar la ilegalidad del acto y su nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para el restablecimiento del derecho subjetivo violado que se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue nombrada mediante Acuerdo Número 07 de fecha 31 de marzo del 2006, como Auxiliar Interno Jefe en la Auditoría Interna de la Secretaría de Salud; posteriormente, mediante Acuerdo Número 1769 de fecha 26 de junio del 2009, fue nombrada como Auditor Interno Jefe, con un salario mensual de L.25,900.00, el que promediado con el decimotercer y decimocuarto mes asciende a L.34,533.33; argumentó, que en fecha 08 de agosto del 2013, se le notificó vía correo electrónico el Acuerdo N°1483 de fecha 01 de agosto de 2013, de la cancelación de su nombramiento de Auditor Interno Jefe, sin haber seguido el procedimiento alguno ni se le invocó causal legal alguna de despido; manifestó que el despido es ilegal, ya que al momento de la cancelación se encontraba con incapacidad y que por lo tanto no podía ser objeto de sanción alguna.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, aceptando lo referente a que la demandante fue nombrada mediante Acuerdo Número 07 de fecha 31 de marzo del 2006, como Auxiliar Interno Jefe en la Auditoría Interna de la Secretaría de Salud; posteriormente, mediante Acuerdo Número 1769 de fecha 26 de junio del 2009, fue nombrada como Auditor Interno Jefe; alegó que la demandante pretende hacerle creer que se le notificó la cancelación hasta el 08 de agosto de 2013, por medio de correo electrónico, siendo totalmente falso, ya que acompañó al escrito de demanda una notificación por correo creada por ella misma, notificación que presentó las siguientes inconsistencias: 1) El correo de jmoncadaca@yahoo.com, no es el correo oficial del Secretario General de la Secretaría de Estado Abogado Ricardo Alfredo Montes, sino que el correo que utiliza para efectos oficiales es ricardoramn@hotmail.com; 2) Que se deduce que dicha notificación por correo se originó del mismo correo de la demandante a uno de sus contactos, extremo que se puede constatar en el margen izquierdo superior donde se lee el nombre y correo del remitente y el destinatario que corresponde a jmoncadaca@yahoo.com; aspecto que vuelve dicha notificación totalmente nula, sin ninguna validez legal, teniéndose únicamente por válida y con los efectos legales correspondientes la notificación que realizó la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud por medio de la Tabla de Avisos en fecha 02 de agosto de 2013, de conformidad a lo que establece el artículo 88 segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo; por lo que la demandante debió comparecer a presentar la demanda al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la notificación, que el término se le venció el 23 de agosto de 2013 y la demanda la interpuso en forma extemporánea, hasta el 29 de agosto del 2013; asimismo, manifestó que consta en el expediente Administrativo de la demandante que se le siguió el correspondiente procedimiento contemplado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; y que a raíz de las faltas graves cometidas enumeradas en el oficio No.1283-SGRH-2013-06-28, de fecha 20 de junio de 2013, enviado por la Sub Gerente de Recursos Humanos Abogada Sandra Becker al Secretario General Abogado Ricardo Alfredo Montes Nájera, se le citó a una audiencia de descargo el día 10 de julio de 2013, a fin de escuchar los descargos respectivos, compareciendo a dicha audiencia, sin poder desvirtuar las faltas que se le imputaban, por lo que emitieron dictamen No. 244-2013-D.L., en fecha 18 de julio del 2013, en el cual se estableció que se cancelaría a la demandante del puesto de Auditor Jefe de la Secretaría de Salud, sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras, ya que no desvirtuó las faltas a ella imputadas y por existir méritos suficientes para aplicar el despido; igualmente, existe también un dictamen No.DL-DD-027-13, emitido por la Dirección General de Servicio Civil, en fecha 01 de agosto del 2013, en donde se procedió a aplicar la cancelación por despido a la servidora pública, por lo que se procedió posteriormente a emitir el Acuerdo de Cancelación de la demandante; argumentando además que el despido de la demandante está justificado; alegó que está acreditado en el expediente donde se dictó el Acto Administrativo impugnado por la parte demandante, que el día 02 de agosto del 2013, se encontraba en el ejercicio de sus funciones en la Unidad de Auditoría Interna, extremo que acreditó con la constancia que corre agregada al expediente de personal, cuando se sabía estaba en la oficina y al darse cuenta que sería notificada de la cancelación, tomó la decisión de salir de la Secretaría y argumentar con posterioridad que se encontraba incapacitada desde el 01 de agosto de 2013; por lo tanto si la parte demandante al no haber impugnado el acto administrativo en tiempo y forma, consintió el acto y por tanto no es titular de un derecho subjetivo, por lo que dejó de estar legitimada para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde el momento mismo que dejó de transcurrir el plazo legalmente establecido para interponer la demanda de mérito.- 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 02 de diciembre del 2013, interpuso en tiempo y forma las defensas previas, alegando tres causas de inadmisibilidad: 1) Que la demanda se haya presentado fuera de los plazos respectivos; que en aplicación del artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; relacionado con lo que señala el Artículo 48 del mismo cuerpo legal, el cual señala: "La demanda deberá presentarse dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, atendiendo las reglas siguientes: a) Si la acción se pretendiere contra una resolución expresa y esta fuere de aquellas que deba notificarse personalmente, el plazo empezará a contarse desde el día hábil siguiente al de su notificación”. El artículo 105 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: "Los plazos para la presentación de la demanda y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones, quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento". Es decir, como esta demanda corresponde a la materia de personal, las plazas quedan reducidos a la mitad por lo que la demandante, en virtud de que el acuerdo de cancelación por despido N° 1483, de fecha 01 de agosto de 2013, se le notificó el 02 de agosto de 2013, por medio de la Tabla de Avisos de la Secretaría en el Despacho de Salud, tenía el término de quince días contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación para comparecer al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a presentar su demanda en tiempo, pero la presentó hasta el 29 de agosto de 2013 y el plazo de 15 días hábiles venció el 23 de agosto 2013, a lo que la demandante tomó como punto de partida una notificación por correo, que desde todo punto de vista no es cierta, porque la notificación por correo que ella anexa a la demanda es totalmente falsa, por lo siguiente: 1) El correo de jmoncadacar@yahoo.com, no es el correo que utiliza el Secretario General de esta Secretaría de Estado, Abogado Ricardo Alfredo Montes, para asuntos oficiales, siendo el correo correcto ricardoramn@hotmail.com, 2) Que se deduce que la misma notificación por correo sale del mismo correo de la demandante a uno de sus contactos, extremo que se puede constatar en el margen izquierdo superior donde se lee el nombre y correo del remitente y el destinatario que corresponde a jmoncadacar@yahoo.com; aspecto que vuelve dicha notificación totalmente falsa, sin ninguna validez legal; 2) Que es un acto firme y consentido; que a consecuencia de la extemporaneidad en que fue presentada la demanda, el acto administrativo del cual se pretende su nulidad, el que consiste en el Acuerdo de Cancelación No. 1483, de fecha 01 de agosto de 2013, es de carácter firme por el hecho de no haber sido impugnado en el momento procesal oportuno, habiendo dejado pasar el término de 15 días que le confiere la Ley para comparecer al Juzgado de lo Contencioso; de tal manera, que la misma Ley les faculta para interponer la causa de inadmisibilidad contemplada en el artículo 80 literal c) y que al tenor del artículo 31". Dicho artículo en su literal a) señala que: "No se admitirá la acción Contencioso Administrativa, respecto de: a) los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente" y siendo que en el caso que nos ocupa, al no presentar la demandante, la demanda en el tiempo, permitió que el acuerdo N°1483, de fecha 01 de agosto de 2013, el cual se pretende su nulidad, adquiriera el carácter de firme y no son impugnables los actos firmes. 3) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada. Que el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece: "Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad, se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estaré legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado" y en el presente caso, la parte demandante al no haber impugnado el acto administrativo en tiempo y forma, consintió el acto y por tanto no es titular de un derecho subjetivo, por lo que dejó de estar legitimada para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde el momento mismo que dejó de transcurrir el plazo legalmente establecido para interponer la demanda de mérito; asimismo, el artículo 109 de este mismo cuerpo legal señala: "Solamente podrá impugnarse en vía Contencioso Administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviera protegido por una Ley especial…." Habiendo perdido la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO, legitimidad para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde el momento mismo que deja trascurrir el plazo legalmente establecido para interponer la demanda Contencioso Administrativo; concluyó manifestando que existen tres causas de inadmisibilidad de la demanda como son las que se funden en los motivos que con arreglo a los artículos 63 literal a) y al artículo 80 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrán determinar la inadmisibilidad de la demanda, que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la Acción Contencioso Administrativo, respecto de los actos firmes y que la demanda fuera presentada fuera de los plazos y que es procedente declarar con lugar las defensas previas consecuentemente la inadmisibilidad de la demanda.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de noviembre del 2015, dictó sentencia interlocutoria en la pieza separada de defensas previas, de la demanda promovida por la señora SANDRA SUYAPA OSORIO CERRATO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, misma que en su parte conducente dice: “FALLA. PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la Defensa Previa alegada por la parte Incidentista (demandada), por existir la causa de Inadmisibilidad alegada. SEGUNDO: En consecuencia se declara la inadmisibilidad de la presente acción…”, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a primera causa de inadmisibilidad, que la demanda que se haya presentado fuera de los plazos respectivos; manifestó que al hacer la operación matemática en la fecha en que se notificó el acuerdo de cancelación por despido número 1483 de fecha 01 de agosto del 2013, se le notificó el 02 de agosto del 2013 y a la fecha que se interpuso la demanda efectivamente habían transcurrido más de 15 días para interponer su acción ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que se debe declarar con lugar la presente defensa previa alegada. En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad, que es un acto firme y consentido, causal que de acuerdo al análisis del expediente de mérito se constató que el 02 de agosto del 2013, se notificó el acuerdo de cancelación por despido número 1483 de fecha 01 de agosto del 2013, por lo que el acto es firme y consentido y no fue recurrido en tiempo y forma, habiéndose presentado la demanda fuera del término establecido y que por tal razón, se debió declarar con lugar la presente defensa alegada. En cuanto a la tercera causa de inadmisibilidad, que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada, es oportuno indicar que en el tema de la legitimación en lo contencioso administrativo está regulado en los artículos 13 y 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, situación que va relacionada con la norma del artículo 13 que establece: “Podrán demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de las actos de carácter particular y general de la Administración Pública, los siguientes: a) Quienes tuvieren interés legítimo y directo en ello; …” por lo establecido en este artículo, está legitimado para pedir quien tuviere un interés legítimo directo en ello y del presente caso de autos se desprende y es evidente el interés que tiene la parte demandante en el presente caso, interés existe pero no se hizo uso de los términos establecidos para poder hacer uso de la acción ante los juzgados de lo contencioso administrativo, por lo tanto se debe declarar sin lugar la presente defensa previa alegada.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 19 de febrero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la resolución de fecha 23 de noviembre del 2015, proferida en primera instancia, en la pieza separada de defensas previas, sin costas; bajo el criterio que efectivamente los correos electrónicos son diferentes y además no tener razón el hecho de realizar una notificación por correo electrónico posterior (6 días después) a la notificación realizada por la tabla de avisos del despacho; por consiguiente, la notificación válida es la que se hace mediante la tabla de avisos del despacho en fecha 2 de agosto del 2013, fecha desde la cual inician a correr los plazos legales que corresponden, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de mérito, ya habían transcurrido los 15 días que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para interponer la demanda dentro del plazo legal establecido. Otro aspecto a valorar, es que tal como lo alega la parte apelante (demandante), el hecho que la demandante estaba incapacitada y por ese motivo no se pudo notificar personalmente el acuerdo de cancelación, este Tribunal considera que es importante señalar que si bien la incapacidad laboral suspende temporalmente la relación de subordinación, también es cierto que al momento de la notificación de la cancelación la autoridad nominadora no tenía conocimiento de la incapacidad laboral, ya que este certificado tiene fecha 20 de agosto del 2013 y se intentó entregar a recursos humanos de la Secretaría de Salud hasta el 27 de agosto del mismo año, mediante comparecencia personal de Notario Público; por ende la autoridad nominadora decidió notificar por la tabla de avisos del despacho al no encontrarse en su puesto de trabajo y no tener conocimiento de la incapacidad laboral. Aunado a lo anterior el artículo 27 del Reglamento para la Extensión de Certificado de Incapacidad Temporal Laboral establece: "En ningún caso podrá extenderse incapacidades que comprendan periodos anteriores a la fecha en que el o la paciente concurra a la consulta que generó la incapacidad", es decir, la incapacidad laboral extendida por médicos del IHSS se realizará en la misma fecha en que se acudió a consulta, caso contrario no será válida legalmente. De lo anterior, es fácil colegir, que en cuanto a la segunda defensa previa y al segundo agravio expuesto por el apelante, el acuerdo de cancelación por despido ha adquirido firmeza al no haber sido impugnado en los plazos legales que corresponden, por ende, este Tribunal de Alzada considera procedente confirmar la resolución que se conoce en el recurso de apelación, por estar emitida conforme a derecho.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en fecha 22 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 19 de febrero del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 064-2016, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 336-2013, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 08 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada JILMARABELLA ACUÑA MARIN, presentó en fecha 02 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 12 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 29 de abril del 2021, los Abogados JILMARABELLA ACUÑA MARIN y MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 28 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, como recurrente y JILMARABELLA ACUÑA MARIN, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 88, 90, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en relación con los artículos 1, 19, 20, 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se casación se encuentra autorizado en el artículo 719 Numeral 1) Literal a) del Código Procesal Civil. EXPRESIÓN DE LA NORMA DE DERECHO CUYA FALTA DE APLICACIÓN SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se estigma infringida la norma procesal contenida en los Artículos 88, 90 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación a que la Notificación personal se practicara mediante entrega de copia íntegra del acto de que se trate el que se relaciona con los artículos 1, 19, 24, 25, 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo que estipulan que el acto administrativo serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, el objeto de los actos debe de ser licito, cierto y físicamente posible. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La Resolución impugnada declara procedentes unas Defensas previas basándose en que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos, y que es un acto firme y consentido. Los Artículos 24, 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo establecen lo siguiente: Artículo 24: Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, el objeto de ser licito, cierto y físicamente posible. Artículo 25: Los actos deben de sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable. Artículo 28: En los casos previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración Público, que sea univoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una Resolución expresa. En el presente caso de autos Honorables Magistrados la Demanda no adolece de ningún defecto, ya que mi representada en fecha 8 de agosto de 2013 fue notificada por parte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, mediante vía correo electrónico el Acuerdo de Cancelación Numero 1483 de fecha 1 de agosto de 2013 mediante el cual se le cancelaba ilegal e injustamente del cargo de Auditor Interno Jefe. Mi representada al momento de su cancelación se encontraba INCAPACITADA del periodo comprendido del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2013, hecho que era del total conocimiento de la parte demandada/incidentista y esta era la razón por la cual la misma no se encontraba en su puesto de trabajo, por lo que la notificación de fecha 2 de agosto del 2013 tal como lo establece la Ley debió de haber sido realizada en el domicilio de mi representada y no en la Secretaria del Despacho, ya que como se dijo anteriormente se encontraba incapacitada, extremo este que se acreditó con el Acta Notarial levantada por el Notario Maria Maldonado Orellana en donde quedó constatado que la Licenciada Sandra Becker Jefe del Departamento de Recursos Humanos dio orden de que no recibieran la incapacidad de mi representada, por lo que la misma se da por notificada de su Acuerdo de Cancelación en fecha 8 de agosto del 2013 mediante vida correo electrónico, por lo que es a partir de esa fecha que empiezan a correr los Quince (15) que establece la Ley para comparecer ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a interponer la demanda correspondiente y de una simple operación aritmética en la fecha que mi representada se da por notificada de su Acuerdo de Cancelación por Despido Numero 1483 de fecha 1 de agosto de 2013 se da por notificada el 8 de agosto de 2013 a la fecha en que interpuso la demanda no habían transcurrido los Quince (15) días que establece la Ley, en consecuencia la acción interpuesta ante esta Jurisdicción, está enmarcada dentro de los Quince (15) días que establece la Ley, por lo tanto en tiempo y forma. El artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: La notificación personal se practicará mediante entrega de copia íntegra del acto de que se trate, no habiéndose podido notificar personalmente el acto dentro de los plazos establecidos en el artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución, pero en el presente caso de autos mi representada al momento de su cancelación se encontraba INCAPACITADA del periodo comprendido del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2013, hecho que era del total conocimiento de la parte demandada/incidentista y esta era la razón por la cual la misma no se encontraba en su puesto de trabajo, por lo que la notificación de fecha 2 de agosto del 2013 tal como lo establece la Ley debió de haber sido realizada en el domicilio de mi representada y no en la Secretaria del Despacho y al ser este comportamiento de la Administración Pública univoco e incompatible, produce los mismos efectos de una resolución expresa. El no haber aplicado la norma señalada como infringida vacío completamente la Resolución dictada por el Ad-Quem al haber injustamente confirmado la sentencia interlocutoria del A-Quo y declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la demandante. Por las razones expuestas, procede que se case totalmente la sentencia impugnada en este único motivo. EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA. El recurrente deja constancia que no estima necesaria la celebración de la audiencia, pues se trata de un asunto de mero derecho”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado hacerlo este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) Se omite el pronunciamiento que se impugna; y, c) Por un lado ataca la sentencia por falta de aplicación de disposiciones legales que no tienen referencia al precepto autorizante enunciado, conforme el artículo 719 numeral 1) literal a) del Código Procesal Civil, ya que se invocan situaciones posteriores al fallo vinculadas al tema de los requisitos de notificación de las resoluciones judiciales, que no son de su forma y contenido.- III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional, se señala a la Censora del fallo, la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 212-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2