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Sentencia CA-211-21 — Registro 13400

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado, declarando procedente la acción otorgando el pago de prestaciones laborales y como medida necesaria para el pleno restablecimiento se concede como indemnización el pago de los salarios adeudados hasta que quede firme la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) en la explicación se alude a cuestiones de competencia, que no tiene relación con el precepto autorizante; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..".- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que al igual que en el primer y segundo motivo revisado lo expuesto por el Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República.-.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

-.."En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XIV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA; y, Recurrida: la señora MARISOL CALIX ESPINAL, representada en juicio por el Abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: demanda de un acto no manifestado por escrito de carácter administrativo particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, notificación defectuosa, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, en su condición de representante procesal de la señora MARISOL CALIX ESPINAL, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que en fecha 04 de abril del 2006, fue nombrada en el cargo de Asistente Coordinadora de Eventos del Despacho Presidencial, siendo trasladada en fecha 02 de enero del 2008, como Edecán para el Departamento Ceremonial Diplomático siempre del despacho presidencial. Hasta el 09 de julio del 2009, la demandante laboró normalmente, sin embargo, el 10 de ese mismo mes, se le pidió su carne de trabajo, indicándosele que se fuera para su casa, mientras se resolvían unos asuntos internos y que la llamarían nuevamente para que se reintegrara a sus labores. En virtud de que tal llamamiento no se produjo y tampoco se le notifico en legal y debida forma la terminación de la relación de trabajo existente entre las partes, es hasta la fecha de presentación de la presente demanda (25 de septiembre de 2009), en que la demandante amparada en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se da por notificada del acto administrativo no manifestado por escrito cuya nulidad material se demanda.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la parte demandante no ha acreditado haber desempañado los cargos que dice haber desempeñado, cabe suponer que prestó sus servicios en forma permanente, pero aún y cuando se hubiese desempeñado por tiempo determinado en las funciones que menciona la demandante, debió suscribirse un contrato de servicios, especificando en el mismo su duración, tipo de actividad, horario de trabajo, sueldo devengado, lugar desempeño u otros, siendo motivos suficientes para considerar que es completamente falso lo afirmado por la demandante. Por otra parte, que a la demandante le ha prescrito el termino concedido conforme a la ley para interponer la acción (presentación de la demanda), por lo que se tomó como tal la fecha de su elaboración de la demanda, o sea el 25 de septiembre de 2009. Es de suma importancia, aclarar que la demanda adolece de una causa de inadmisibilidad de la acción, consecuentemente y en aras del Derecho de Defensa y del Debido Proceso, en virtud de lo establecido en el artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes apreciados de oficio por el Juez: a)…, b)…., c)…., d) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos”, en relación con lo parcialmente establecido en el artículo 31 literal a) de la misma ley, que dice: “No se admitirá la acción Contencioso Administrativo respecto de: a) Los actos firmes…”, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma, normas que deben ser tomadas en cuenta en el presente caso una vez se aprecie la manifestación de la demandante, en el sentido que dejó de concurrir a su lugar de trabajo en fecha 10 de julio del 2009 y presumiendo que la misma decidió interponer su acción contra la parte demandada en la misma fecha de elaboración del escrito de demanda, es decir el 25 de septiembre del 2009, incluso en ese momento, ya había prescrito el plazo concedido a la peticionaria para presentar su demanda, además no se debió admitir la misma por ese Juzgado (Juzgado de lo Contencioso).- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar DESESTIMADA POR IMPROCEDENTE la causa de inadmisibilidad alegada por la parte demandada en el escrito de contestación de demanda consistente en que "la demanda fue presentada fuera de los plazos establecidos" por los motivos expuestos en el considerando octavo. SEGUNDO: Declarar la Inadmisibilidad de la demanda promovida por la parte demandante por estimar las causales de que "no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento del mismo" y porque "la demanda adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto" por las razones expuestas en el considerando séptimo. TERCERO: Sin condena en costas a la parte vencida por existir a juicio del tribunal motivos suficientes para litigar”; en la demanda promovida por el Abogado OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, en su condición de Representante Procesal de la señora MARISOL CALIX ESPINAL, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. Bajo el criterio que se han observado dos causas de inadmisibilidad, consistente en: 1.-Que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2.- Que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, en vista que no se especifica cuál es el acto impugnado y del cual pide su nulidad. EN CUANTO A LA PRIMERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD; se considera que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce (artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) de las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, reduciendo su esfera de conocimiento (artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) cuando el mismo este protegido por una Ley especial y siendo que dentro de los hechos de la demanda se expresa que laboraba en la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, es la Ley de Servicio Civil pues su régimen comprende (artículo 2 de la Ley de Servicio Civil) a los servidores públicos que laboran en la Secretaría de Estado, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condición y requisitos que establezca dicha Ley y su Reglamento, definiéndose como nombramiento al acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural por medio de Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley, de lo antes mencionado, se deduce que si bien es cierto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no le corresponde conocer sobre las cuestiones de orden laboral pero si cuando el objeto del proceso sean actos administrativos por medio de los cuales se cancela o separa a los servidores públicos que estuvieren protegidos por una ley especial no siendo el presente caso puesto que no se tiene por acreditado en autos la condición de servidora pública nombrada a través de un Acuerdo que le concede el status requerido dentro de la integración de las normas del derecho administrativo, aun y cuando acredite la prestación personal del servicio el mismo solo es un requisito para ser servidor público, quedando pendiente la "Conditio sine qua non" del Acuerdo de Nombramiento, por tanto se declara la Inadmisibilidad de la Acción por no corresponder el conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. EN CUANTO AL SEGUNDO DEFECTO SEÑALADO: se considera que dentro del mencionado acto administrativo no manifestado por escrito administrativo y que se pide la nulidad no es más que un acto tácito pues se manifestó en el escrito de demanda que "se le pidió el carné de trabajo, indicándosele que se fuera para su casa, mientras se resolvían unos asuntos internos y que la llamarían nuevamente para que se reintegraran a sus labores”... tal llamamiento no se produjo y tampoco se le notificó en legal y debida forma la terminación de la relación de trabajo existente considerándose este comportamiento de la Administración Publico inequívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa (artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo) sin embargo tal afirmación no fue acreditada con ningún medio probatorio y no ser un mero alegato de parte para que tal comportamiento se tenga como una resolución escrito, por tanto, con base en el artículo 80 numeral e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se declara la Inadmisibilidad de la Acción por adolecer el escrito de demanda defecto formal de no acreditarse el Acto Impugnado que impide verter pronunciamiento en cuanto a la nulidad del mismo. Que si bien se ha alegado la inadmisibilidad de la demanda consistente en: “Que se ha presentado fuera del plazo legal establecido” la misma no es procedente alegarla pues no fue acreditado acto impugnado alguno del cual se pueda iniciar computo del plazo para determinar si fue presentada dentro de los plazos establecidos, de igual forma ha sido alegada notificación por considerar que el comportamiento de la administración es univoco e incompatible dando con esto un acto tácito y por ende la notificación defectuosa surta efectos a partir de la fecha que se ha presentado la demanda, por tanto es preciso desestimar la causa de inadmisibilidad alegada.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de septiembre del dos mil veinte, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la apelación parcial interpuesta por el Abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL, en su condición apoderado legal de la ciudadana MARISOL CALIX ESPINAL. SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia definitiva de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve 2019, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de la pieza principal con orden de ingreso número 0801-2009-00306, de la demanda promovida por el señor OSCAR ALEXIS PONCE SIERCKE, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA TERCERO: SE DESESTIMAN CAUSAS DE INADMISIBILIDAD CONSISTENTES EN A) QUE SU CONOCIMIENTO NO CORRESPONDE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y B) QUE DEMANDA ADOLECE DE UN DEFECTO FORMAL QUE LE IMPIDE VERTER PRONUNCIAMIENBTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO CUARTO: SE DECLARA PROCEDENTE LA ACCION otorgando el pago de prestaciones laborales y como medida necesaria para el pleno restablecimiento se concede como indemnización el pago de los salarios adeudados hasta que quede firme la sentencia QUINTO: SE DECLARAN NO HA LUGAR LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS PLANTEADAS …. SIN COSTAS”, bajo el criterio que en este caso la demandante ha manifestado un acto tácito de cancelación, al impugnar que no pudo acceder a su lugar de trabajo y que no cuenta con un acuerdo de cancelación expreso, acreditados mediante medios de prueba documentales, como ser la constancia de cotización de INJUPEMP bajo el patrono de Despacho Presidencial, la nota enviada por la jefe de recursos humanos haciendo saber a la demandante su traslado como Edecán del Departamento Ceremonial Diplomático, la nota del asistente del ministro de staff asignándole espacio en el parqueo, lo que hace suponer a este tribunal, en virtud de que no existe expediente administrativo ni prueba aportada por la Administración Publica, que sí hubo una relación de servicio en el que la ausencia de un acuerdo de nombramiento no es culpa atribuible a la demandante sino a la administración pública. Por lo que lo manifestado por el juez de primera instancia en cuanto a inadmitir la demanda por no contar con el acuerdo de nombramiento, no es una limitante para decidir que existe un defecto formal que le impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ni tampoco que la jurisdicción no es competente para conocer sobre la impugnación de actos administrativos considerados tácitos y más con hechos probados en juicio que denotan que hubo una relación de trabajo cuya finalización nunca se materializo en forma expresa, no siendo congruente con el análisis de la incompetencia que realiza el A quo, ya que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sí tiene competencia para conocer la revisión de estos actos denominados tácitos, ni tiene congruencia tampoco con la causa de inadmisibilidad que fue desestimada referente al plazo para la presentación de la misma, ya que de la misma el mismo juez manifiesta que hay una notificación defectuosa ya que nunca hubo una notificación expresa y por ende la demanda esta presentada en tiempo, es decir tiene establecido que hay un acto tácito pero al mismo tiempo lo deja fuera de contexto legal. En conclusión por ser un alegato expreso en la demanda de mérito en la cual sostiene que el acto a impugnar es un acto tácito que deviene de una notificación defectuosa alegada también desde un inicio, se considerando que la jurisdicción es competente para dilucidar las impugnaciones bajo el alegato de actos administrativos tácitos con elementos suficientes valorados en juicio que han acreditado una relación laboral de trabajo con la Secretaría de la Presidencia; por ende se REVOCA la sentencia que se conoce en apelación, declarando desestimadas las causas de inadmisibilidad y por ende se declara la procedencia de la acción.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en fecha trece de enero del dos mil veintiuno, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de septiembre del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.113-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.306-2009 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veinte de enero del dos mil veintiuno, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL, presentó en fecha cinco de marzo del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha treinta de abril del dos mil veintiuno, los Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA y JORGE LUIS CALIX ESPINAL, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, teniendo por personados a los Abogados JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, como recurrente y JORGE LUIS CALIX ESPINAL como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: Infracción de la norma procesal contenida en el párrafo primero del Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Artículo 719 numeral 1), literal b), del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Se estima que la norma contenida en el párrafo primero del Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deber ser la utilizada por el A Quo para resolver la presente contienda, puesto que ha establecido: “…que la demandante ha acreditado una relación de trabajo con la Secretaría de Estado de la Presidencia", sin embargo esta conclusión del A Quo lleva a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no pueda conocer del presente caso, ya que únicamente con la acreditación de la relación de servicio no se puede determinar si los demandantes están o no protegidos por una Ley Especial, equivocando la parte actora la vía para acudir en resguardo de su supuesto derecho lesionado. Incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Como puede apreciarse en el Considerando Décimo de los Fundamentos de Derecho, la Corte Sentenciadora es del criterio que han acreditado una relación laboral de trabajo con la Secretaría de Estado de la Presidencia, cuando antes estableció que la demandante impugna un acto tácito, para situar improcedentemente a la parte actora en una posición para poder demandar ante esta jurisdicción, sin embargo al ser reconocidos como actos tácitos, lleva a que la Corte Sentenciadora, no pueda determinar cuándo empezó y cuando finalizaba esa relación de trabajo, ya que al reconocer la existencia de un acto tácito no existió un comportamiento y voluntad expresa de la administración pública, es en consecuencia que el A Quo debió encausar la Sentencia en el párrafo primero del Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que censuramos y lleva a que esta jurisdicción sea incompetente para conocer del presente caso. Determinación del perjuicio o agravio sufrido. La Corte Sentenciadora llega a la conclusión que reconoce el comportamiento de la administración pública como acto tácito, sin embargo, encontramos que no puede determinarse que la demandante estuviere protegida por una Ley Especial para acudir a demandar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y por ende debió aplicar la norma contenida en el párrafo primero del Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para dilucidar que efectivamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es competente para conocer del presente caso que nos ocupa. Identificación del vicio o error que lo causa. En el sentido correcto debe aplicarse en la Sentencia recurrida que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de demandas de personal cuando el servidor público estuviere protegido por una Ley Especial y, siendo que el A Quo concluyó que se ha acreditado una relación laboral sin acuerdo de nombramiento, teniendo como consecuencia legal que el A Quo no pueda determinar bajo que modalidad estuviera contratada, tampoco que si está protegida la demandante por una Ley Especial, que entonces si la colocaría en una posición para que esta jurisdicción pueda conocer de la presente demanda en materia especial de personal, lo que lleva ineludiblemente a declarar improcedente la demanda. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara con lugar el recurso de apelación parcial interpuesto y revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- II.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) en la explicación se alude a cuestiones de competencia, que no tiene relación con el precepto autorizante; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- III.- Que en un segundo motivo se aduce: “Infracción por aplicación indebida de la norma procesal contenida en el párrafo primero del Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Artículo 719 numeral 1), literal b), del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Se estima que la norma contenida en el párrafo primero del Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debió ser utilizada por el A Quo para la solución del litigio, al catalogar que: "Que el A Quo considera que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para dilucidar las impugnaciones bajo el alegato de los actos tácitos con elementos suficientes valorados en juicio que han acreditado una relación laboral de trabajo con la Secretaría de Estado de la Presidencia”, sin embargo, el acto tácito es en materia de personal y en ese sentido la Ley de la Jurisdicción es clara y dice: "Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una Ley Especial", en el caso que nos ocupa la demandante no fue nombrada mediante Acuerdo Nombramiento, que es el requisito que impone la Ley de Servicio Civil, no puede adquirir dicho estatus mediante actos tácitos. Incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Como puede apreciarse en el Considerando Décimo de los Fundamentos de Derecho, la Corte Sentenciadora es del criterio y establece: "que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para dilucidar las impugnaciones bajo el alegato de los actos tácitos", sin embargo, de aplicarse el Artículo 2 y 11 de la Ley de Servicio Civil, llevará a la conclusión que la demanda deba declararse improcedente, pues el ingreso al servicio se efectúa llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento, y no una simple relación de servicio, pues los requisitos ya se encuentran establecidos para su ingreso, siendo uno de los sistemas rígidos para ingresar. Determinación del perjuicio o agravio sufrido. La Corte Sentenciadora al infringir el Artículo 109, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ha dado pie para revocar la sentencia de primera instancia y declarar procedente la demanda al reconocer el acto tácito de cancelación como impugnable ante esta jurisdicción, pero la demandante no ha reunido los elementos básicos establecidos al disponer que el ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establece el régimen especial de servicio civil, es decir al no estar protegido por una Ley Especial, no pueden demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por ende debió declarar improcedente la demanda. Identificación del vicio o error que lo causa. En el sentido correcto se debe aplicar en la Sentencia recurrida la Ley Especial de Servicio Civil, que dispone el ingreso al servicio que se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y sus reglamentos, por lo que debe cumplirse con dicha normativa expresa, no cabiendo presunción alguna, requisitos sin los cuales no se puede determinar una relación de servicio ya sea esta por oposición o servicio excluido y en referencia por oposición a la carrera administrativa, siendo la única que da protección a los servidores públicos se debe llenar los requisitos exigidos por la mencionada ley que establece claramente: Haber sido aprobado en los exámenes de competencia de conformidad con los requisitos exigidos en esta Ley, Haber obtenido el nombramiento respectivo; Principio de Legalidad rector en materia de derecho administrativo, siendo el Régimen de Servicio Civil de aquellos sistemas rígidos, en el cual el Principio de Legalidad debe cumplirse a plenitud, para que se perfeccione una relación entre el Estado como empleador y el ciudadano como empleado, de lo contrario entraríamos en lo extra legal, en consecuencia por uno o por actos tácitos de la administración no es legalmente posible que exista una vinculación de trabajo bajo el régimen de servicio civil por mandato expreso de la Ley, es así que no se encuentra protegida por el régimen de servicio civil por no estar dentro del mismo, siendo una norma imperativa por lo que, esta jurisdicción no puede conocer del presente caso. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara con lugar el recurso de apelación parcial interpuesto y revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo”.- IV.- Que el cargo anterior no resulta admisible, dado que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) en la explicación se alude a cuestiones de competencia, que no tiene relación con el precepto autorizante; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- V.- Que en un tercer motivo se esgrime: Infracción de la aplicación de la norma procesal establecida en el Artículo 109, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Artículo 719 numeral 1), literal b), del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Se estima que el A Quo ha resuelto de forma errada al declarar procedente la demanda a partir del reconocimiento de un acto tácito, situación que no permite establecer si la demandante tiene los derechos que ampara el régimen de servicio civil por lo que si no podemos determinar si está protegida por la Ley Especial, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no debe conocer de la presente contienda, pues tuvo que aplicar lo establecido en el Reglamento respectivo de la Ley de Servicio Civil que dice: "Nombramiento es el acto Administrativo de concesión del estatus del empleado o servidor público a una persona natural, por medio de un acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley y que Empleado o Servidor Público es la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo, que presta sus servicios personales a la administración pública y que está protegida por la Ley de Servicio Civil". Incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada. Como puede apreciarse en el Considerando Noveno, de los Fundamentos de Derecho, la Corte Sentenciadora es del criterio que: "Que la jurisdicción de lo contencioso administrativo si tiene competencia para conocer la revisión de estos actos denominados tácitos", se aparta de lo establecido en el Artículo 5 del Reglamento aplicable de la Ley de Servicio Civil, pues esta jurisdicción conoce sobre cuestiones laborales, únicamente en el caso de servidores públicos. Determinación del perjuicio o agravio sufrido. La Corte Sentenciadora aplica el Artículo 109, párrafo primero, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y erróneamente llega a la conclusión: "que no contar con el acuerdo de nombramiento no es una limitante para decidir que existe un defecto formal que le impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ni tampoco que la jurisdicción no es competente para conocer sobre la impugnación de los actos considerados tácitos", por lo que nos preguntamos: ¿Cómo llegó a la conclusión el A Quo para establecer que la demandante ostenta la condición de servidora pública protegida por una Ley Especial, como es la Ley de Servicio Civil y poder demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? , cuando la condición de servidor público se obtiene a través del nombramiento respectivo que le conceda dicho estatus a la demandante, ya que para obtener tal condición de servidora pública debe haber sido nombrada a través de un acuerdo, no únicamente prestar sus servicios a la administración pública. Identificación del vicio o error que lo causa. El sentido correcto del fallo debe ser que la jurisdicción de lo contencioso administrativo establece que las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos se sujetarán a lo que establece la sección segunda de dicha ley, y que dichos actos solamente podrán impugnarse en dicha vía cuando estuvieren protegidos por una ley especial, en ese sentido el Reglamento de la Ley de Servicio Civil aplicable establece: Nombramiento es el acto Administrativo de concesión del estatus del empleado o servidor público a una persona natural, por medio de un acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley y que Empleado o Servidor Público es la persona natural que ha sido nombrada a través de un Acuerdo, que presta sus servicios personales a la administración pública y que está protegida por la Ley de Servicio Civil. Que de las consideraciones legales anteriormente señaladas se concluye que esta jurisdicción conoce de cuestiones laborales únicamente en el caso de servidores públicos que estuvieren protegidos por una ley especial, por lo que se declara sin lugar el Recurso de Apelación y en consecuencia la improcedencia de la demanda. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara con lugar el recurso de apelación parcial interpuesto y revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- VI.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que al igual que en el primer y segundo motivo revisado lo expuesto por el Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República.- VII. Que en un cuarto motivo se esgrime: Infracción de las normas sobre la forma y contenido de la sentencia establecidos en los Artículos 207 del Código Procesal Civil. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Artículo 719 numeral 1), inciso c) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Que las sentencias emitidas por los Tribunales de la República deben tener la motivación al principio de congruencia, como obligación del órgano jurisdiccional de resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, no se podría obviar que ese deber incluye el emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento que conjugue hecho y derecho, pues la Sentencia pronunciada declara que tiene establecido que hay un acto tácito pero al mismo tiempo lo deja fuera de contexto legal, comportamiento catalogado como acto tácito de cancelación de la demandante, por lo cual la demanda adolece de un defecto formal que impide verter un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que si no se acredita el acto impugnado, no podrá declararse una nulidad sobre el mismo, dicho en otras palabras, sino existe acto administrativo expreso, no hay acto administrativo que impugnar, en consecuencia no hay acto administrativo material que anular, lo que produce indefensión a las partes ya que existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad de la Sentencia. Infracción en el sentido de la resolución impugnada.

Al confrontar lo establecido en cuanto a que el A Quo reconoce el acto donde la demandante no pudo ingresar a su lugar de trabajo como el acto tácito, situación que se vuelve incongruente, pues como se va anular un acto que materialmente no existió, es decir no consta por escrito, lo que se traduce en una franca infracción de la norma procesal y sustantiva que regula la sentencia, por lo que no es congruente, carencia de elementos que debe contener la sentencia; la falencia de al menos uno de ellos que transgrede el principio de legalidad y nuestro derecho a la defensa. Determinación del perjuicio. El comportamiento de la administración pública que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta, la cual produce los efectos de una resolución expresa, y que la demandante invoca como acto tácito, por lo cual la demanda adolece de un defecto formal que impide verter un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que si no se acredita el acto impugnado, no podrá declararse una nulidad sobre el mismo, dicho en otras palabras, sino existe acto administrativo expreso, no hay acto administrativo que impugnar, en consecuencia no hay acto administrativo material que anular, en consecuencia en la Sentencia no se observa que sea congruente, contradicción que debe ser enmendada a todas luces, ya que no es lógico, que se venga anular un acto tácito, que no existe materialmente, caso contrario, el acto tácito como tal puede tener consecuencias legales, por lo que se vuelve un acto prohibido por la Ley y es nula la Sentencia recurrida y no tiene ningún valor, debiendo declararse la nulidad absoluta ya que carece de los elementos esenciales para su validez. Identificación del vicio o error que lo causa. El sentido correcto del fallo debe establecer que la demandante solicita la nulidad de un acto no manifestado por escrito de carácter administrativo particular, es decir, de un acto tácito, sin embargo manifiesta en su escrito de demanda al impugnar que no pudo ingresar a su lugar de trabajo, siendo por tanto, este el comportamiento de la administración pública univoco con una voluntad distinta, la cual produce los efectos de una resolución expresa, y que los demandantes tienen como acto tácito, por lo cual la demanda adolece de un defecto formal que impide verter un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que si no se acredita el acto impugnado, no podrá declararse una nulidad sobre el mismo, dicho en otras palabras, sino existe acto administrativo expreso, no hay acto administrativo que impugnar, en consecuencia no hay acto administrativo material que anular, son elementos que pasaron inadvertidos por la Corte Sentenciadora y que dan lugar a anular la Sentencia emitida, ya que un acto tácito al ser reconocido puede tener consecuencias legales y conocerse como tal, pero nunca declarar procedente la demanda, al no existir materialmente y de forma escrito. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara con lugar el recurso de apelación parcial interpuesto y revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- VII. - Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que al igual que los motivos anteriores revisado lo expuesto por el Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República.- VIII. Que un quinto motivo aduce: “Infracción de las normas sobre la forma y contenido de la sentencia establecida en el Artículo 206 del Código Procesal Civil que dispone que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. De lo anterior me detengo en el requisito de Claridad y Exhaustividad: a) Claridad: En su virtud la resolución no debe de precisar ser objeto de una compleja labor de interpretación, por cuanto sus pronunciamientos deben ser, por sí mismos evidentes. La claridad falta totalmente cuando el fallo contiene disposiciones contradictorias, de modo que entonces se estaría constituyendo el supuesto más claro de infracción de norma procesal reguladora de la sentencia. b) Exhaustividad: Por cuanto se refiere a la necesidad de resolver todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate y, el Artículo 207 del mismo cuerpo legal que dice: 1). Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2). La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Artículo 719 numeral 1), inciso c) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Que las sentencias emitidas por los Tribunales de la República buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y exhaustivas, dilucidando las pretensiones objeto del debate que fueron fijadas por el Juzgador de la presente causa, siendo que la parte demandada manifestó el argumento del desempeño en puesto de confianza del Presidente de la República, por lo que el A Quo ha omitido esa motivación y dejó de pronunciarse sobre este punto objeto de debate, lo que produce indefensión a las partes ya que existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad de la Sentencia. Infracción en el sentido de la resolución impugnada. La Sentencia refleja que no se ha dictado siguiendo las normas de claridad y exhaustividad, al no resolver todos los puntos litigiosos, pues al entrar las partes a la contradicción el Juzgador debió ir resolviendo de forma separada y precisa aplicando las normas jurídicas que han sido invocadas por la parte demandada, pero no sucedió así, lo que se traduce en una franca infracción de la norma procesal y sustantiva que regula la sentencia, pues debió en forma separada admitir o desvirtuar los planteamientos de mi representada, carencia de los elementos que debe contener la sentencia; la falencia de al menos uno de ellos que transgrede el principio de legalidad y nuestro derecho a la defensa. Determinación del perjuicio. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, sin embargo el A Quo de forma totalitaria y arrebatada no dilucidó de forma separada los hechos alegados por la parte demandada como tenía que haberlo hecho, es decir cada petición no ha sido desvanecida como manda la norma, caso contrario y sospechosamente si evacua los puntos y hechos que convienen a la tesis de la parte demandante. Identificación del vicio o error que lo causa. Se puede observar nuevamente el carente apego a las disposiciones legales correspondientes en cuanto al contenido y requisitos internos de la sentencia, así como también queda claramente evidenciada la falta de razonamiento de cada uno de los elementos facticos y jurídicos del pleito al no pronunciarse puntualmente sobre el objeto del debate y no desglosar detalladamente la fundamentación legal correspondiente de cada uno de sus argumentos y criterios sobre los alegatos expuestos por la parte demandada que se ha hecho valer en la presente contienda, sin manifestar explicita y exhaustivamente su apreciación y valoración probatoria de todos y cada uno de ellos de forma separada y precisa, lo que cambiaría totalmente el sentido del fallo, pues son elementos que pasaron inadvertidos por la Corte Sentenciadora y que dan lugar a anular la sentencia. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara con lugar el recurso de apelación parcial interpuesto y revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- IX.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que al igual que los motivos anteriores revisado lo expuesto por el Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República.- X. Que en un sexto motivo se esgrime: Infracción de las normas sobre la forma y contenido de la sentencia establecidos en los Artículos 207 del Código Procesal Civil. Fundamentación de lo pedido: El motivo se haya comprendido en el Artículo 719 numeral 1), inciso c) y 720 numeral 2) del Código Procesal Civil de causales del recurso. Relación de las normas de derecho citadas como infringidas con la cuestión debatida. Que las sentencias emitidas por los Tribunales de la República deben tener la motivación al principio de congruencia, como obligación del órgano jurisdiccional de resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, no se podría obviar que ese deber incluye el emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento que conjugue hecho y derecho, pues la Sentencia pronunciada tiene la exigencia de ser emitida conforme a lo resuelto por la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, al declarar la nulidad de la Sentencia de primera instancia de fecha siete (7) de octubre del año dos mil catorce (2014), al encontrar una incongruencia, ya que el A Quo declaró primero improcedente la causa de inadmisibilidad alegada por la parte demandada en que ha expirado el plazo para la presentación de la demanda y, segundo declaró improcedente la demanda por estar ajustado a derecho el acto impugnado, omitiendo el A Quo pronunciarse sobre las causas de inadmisibilidad que ha observado de oficio, por lo que se puede verificar que la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, no estableció u ordenó que se deba reformar la Sentencia, es decir resuelve anular para que enmiende la incongruencia en que ha incurrido el Juzgado de primera instancia, en ese sentido el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó nueva Sentencia Definitiva en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sin embargo cuando conoce la Corte de Apelaciones y dictó nueva Sentencia hoy recurrida, no da cumplimiento a lo ordenado por el máximo tribunal, sobrepasando así en las facultades que como juzgador le competen, porque al entrar a realizar un análisis exhaustivo podemos verificar que el Juzgador cambió totalmente el sentido del fallo y declaró procedente la demanda, revocando la Sentencia de Primera Instancia, en consecuencia se debe anular en su totalidad la Sentencia de fecha de fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil veinte, lo que produce indefensión a las partes ya que existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad de la Sentencia. Infracción en el sentido de la resolución impugnada. El A Quo se sobrepasó en las facultades que como Juzgador le competen al proceder a revocar la Sentencia hoy recurrida y declarar con lugar la presente demanda, pues lo ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, es enmendar la omisión en cuanto a que no se hizo el pronunciamiento en relación a las causas de inadmisibilidad apreciadas de oficio, extremos que fueron tomados en cuenta por el Juzgado de primera instancia, pero que el A Quo en franca infracción al contenido y requisitos de la Sentencia erra en la apreciación, lo que se traduce en una franca infracción de la norma procesal y sustantiva que regula la sentencia, por lo que no es congruente, carencia de elementos que debe contener la sentencia; la falencia de al menos uno de ellos que transgrede el principio de legalidad y nuestro derecho a la defensa. Determinación del perjuicio. La Sentencia hoy recurrida debió confirmarse en todas y cada una de sus partes, pues el vicio que causaba la nulidad de la Sentencia fue enmendado por el Juzgado de primera instancia mediante la Sentencia de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), ya que no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento del mismo, reduciendo la esfera del conocimiento cuando el mismo estuviera protegido por la Ley Especial de Servicio Civil y la demanda adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, al no acreditarse el acto impugnado, causas de inadmisibilidad que tienen como consecuencia apegada a derecho declarar la inadmisibilidad de la demanda. Identificación del vicio o error que lo causa. El sentido correcto del fallo debe establecer la confirmación del fallo hoy recurrido, puesto que el A quo se sobrepasó en las facultades que como Juzgador le competen, como se puede verificar que la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, no estableció u ordenó que se deba reformar la Sentencia, es decir resuelve anular para que enmiende la incongruencia en que ha incurrido el Juzgado de primera instancia, en ese sentido el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó nueva Sentencia Definitiva en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sin embargo cuando conoce la Corte de Apelaciones y dictó la nueva Sentencia hoy recurrida, no da cumplimiento a lo ordenado por el máximo tribunal, sobrepasando así en las facultades que como juzgador le competen, porque al entrar a realizar un análisis exhaustivo podemos verificar que el Juzgador cambió totalmente el sentido del fallo y declaró procedente la demanda, revocando la Sentencia de Primera Instancia, lo que acarrea la nulidad de la Sentencia. Identificación con total precisión del pronunciamiento que se impugna. La resolución impugnada declara con lugar el recurso de apelación parcial interpuesto y revoca la sentencia definitiva de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo”.- XI.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: que al igual que los motivos anteriores revisado lo expuesto por el Recurrente, este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado, constituyendo lo realizado en un alegato inoportuno en este recurso extraordinario. Es importante recordar que los requisitos formales que la ley establece para la formalización del recurso de casación son los que le dan el carácter de extraordinario, lo contrario implica tratar de convertirlo en una instancia lo cual, es incompatible con lo establecido en el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República.- XII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- XIII.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil, siendo que dicha disposición exige que en la fundamentación de los recursos devolutivos, se debe determinar en todo caso, el perjuicio o agravio sufrido, identificando el vicio o error que lo causa. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 721 numeral 2) del referido Código, exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XIV.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 numeral 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus seis motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus representantes procesales constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 211-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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