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Sentencia CA-210-21 — Registro 13399

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía se confirma en segunda instancia bajo el criterio que siendo evidente que el demandante tenía una relación de trabajo con la Secretaría de Obras Públicas y Transporte ahora INSEP y que el mismo fue cancelado bajo la figura de cesantía

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que invoca la infracción indirecta de la ley, motivo o causal de violación que no es propia del recurso extraordinario de casación en esta materia; b) Tampoco es claro en el señalamiento de las normas de derecho infringidas, ni determina si es por su falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, dado el precepto autorizante invocado; y, c) Insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción indirecta a los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil y 188 del Reglamento de la misma Ley, por el cual no se ha tornado en cuenta la apreciación de la prueba documental e inspección en cuanto a los medios de prueba documental consistente en: a) Oficio NO. 326 de fecha 10 junio del 2010, que fue emitido por la Dirección General de Servicio Civil mediante cual la Secretaria de Estado en los despachos de INSEP solicito al Honorable Consejo de Servicio Civil, el Dictamen para proceder con la Cancelación por Cesantía en dicho oficio se consignan el nombre de CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY, b) Así mismo consta en autos que el oficio antes mencionado autoriza a que se proceda con la cesantía del demandante.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 717 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual dice: "Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.". NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el considerando número (5): "Que del estudio y análisis en conjunto de las pruebas presentadas por las partes y el expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambos se apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo observa y concluye, que la Secretaria de Estados en los Despachos de INSEP para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del cargo del señor CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY, estaba obligado a seguir el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado”. En el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, preceptúa que la Autoridad Nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más Servidores Públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General de Servicio Civil, siempre que el consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que proceda la "Cesantía" por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la Autoridad Nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que continuación se indican: a) y b) "Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa." Artículo relacionado con el 187, 188, y 189 del Reglamento de Ley de Servicio Civil el cual establece "Procede la cesantía de uno o más servidores públicos solo por las siguientes razones: a)...; y, b) Resolución de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa." El artículo 54 de la misma Ley de Servicio Civil establece que: "Para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad Nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas y enviará dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nómina del o los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso. En todo caso los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo de Servicio Civil, cuando su opinión no se configure ninguna de las causales de despido que se establecen en el artículo 53".- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que invoca la infracción indirecta de la ley, motivo o causal de violación que no es propia del recurso extraordinario de casación en esta materia; b) Tampoco es claro en el señalamiento de las normas de derecho infringidas, ni determina si es por su falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, dado el precepto autorizante invocado; y, c) Insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Cabe recordar que existe línea jurisprudencial establecida por esta Sala sobre el tema de la CESANTÍA en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes CA 516-12, 129-13, 145-13, 557-15 y 264-18).-..."

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MARILUZ MARTÍNEZ MEJÍA y, Recurrido: El señor CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY, representado en juicio por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, consistente en el Acuerdo de Cancelación por cesantía No.0496-2010, emitido por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, quebrantando las formalidades esenciales del ordenamiento jurídico establecido, que se decrete la ilegalidad y su nulidad total, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para el pleno restablecimiento de los derechos infringidos, el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las establecidas, pago de salarios y demás beneficios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido, hasta la fecha que con arreglo a derecho adquiera firmeza la sentencia condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el 03 de abril del 2006, en el puesto de Motorista, siendo nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No.00314-2007, de fecha 22 de agosto del 2007, en el puesto de Mecánico IV, en la Dirección General de Carreteras y que mediante acuerdo 0496-2010, de fecha 10 de junio del 2010 y efectivo a partir del 16 de junio del 2010, el demandante fue cancelado de su puesto de trabajo, alegó que infringió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, ya que la causal de cancelación no está comprendida en lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y 187 de su Reglamento de aplicación; además señaló, que la cancelación por cesantía se efectuó al margen de los artículos 54 y 55 de la misma ley en relación con los artículos 189, 190 y 191 del Reglamento de aplicación de la misma Ley, además sin consideración alguna de respeto a la Carrera Administrativa, con solo la acción y omisión del procedimiento establecido, resultó evidente que dicha cesantía no estaba comprendida en lo que enmarcan estos preceptos legales, ya que no invocan causal que haya dado origen a la cancelación, por no existir causa legalmente justificable para prescindir de los servicios, convirtiéndose tal decisión en injusta e ilegal, por consiguiente implicó responsabilidad.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, argumentando que, en el expediente administrativo del demandante, no consta haber sido contratado el 03 de abril del 2006, por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y que fue contratado mediante Acuerdo Ejecutivo N°01243, efectivo a partir del 01 de julio del 2007, en el cargo de Mecánico IV; alegó, que para la cancelación por cesantía del demandante se cumplió con el procedimiento administrativo de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, por lo que el Consejo de Servicio Civil autorizó la cancelación por cesantía del demandante, a través del oficio N° 0326, emitida por la Dirección de Servicio Civil en fecha 10 de junio del 2010, constándose de esta manera que la emisión del Acuerdo de Cancelación No.0476-2010, del demandante se realizó en estricto apego a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia, fue emitido conforme a Derecho.- 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 06 de noviembre del 2012, interpuso en tiempo y forma las defensas previas, alegando tres causas de inadmisibilidad: 1) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos; alegó que al demandante se le notificó el acuerdo de cancelación en fecha 10 de junio del 2010, teniendo hasta el 01 de julio del 2010, para presentar la demanda ante el Juzgado, habiéndolo realizado hasta el 02 de julio del 2010, pasados los 15 días que tenía para hacerlo; por lo que la causa de inadmisibilidad de la demanda se encuentra contemplada en el Artículo 63 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, respecto de los actos firmes; alegó que el acto administrativo impugnado adquirió el carácter de firme, según lo establecido en los artículos 63 literal a), en relación con el artículo 31 literal a); 80 letra c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 3) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; manifestó, que el demandante al no haber impugnado el acto administrativo en tiempo y forma, perdió la legitimidad para demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, desde el momento que dejó transcurrir el plazo legalmente establecido para interponer la demanda; fundamentándola en los artículos 14 y 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- Que mediante sentencia interlocutoria de fecha 07 de agosto del 2013, las defensas previas fueron DESESTIMADAS, por inexistentes.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de julio del 2016, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por el señor CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por cesantía No.0496-2010, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), de fecha 10 de junio de 2010, en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro del demandante señor CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY al cargo de Mecánico IV de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), por ser el. cargo que estaba nombrado.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de su acuerdo de cancelación 16 de junio del 2010, hasta el día en que se ejecute el presente fallo y demás derechos que le pudieran corresponder, como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario, vacaciones y demás beneficios otorgados en su ausencia.- CUARTO: Se decreta, en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante…SIN COSTAS”; bajo el criterio que del estudio del expediente y de las pruebas presentadas y evacuadas oportunamente se concluye, que no corre agregada documentación pertinente que refleje el hecho de que se le haya realizado al demandante la evaluación periódica respectiva, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento. Asimismo, se observa que al demandante no se le tomó en cuenta sus años de servicio en la Administración Pública, que después de emitido el acuerdo de cancelación no consta que la autoridad nominadora haya enviado a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que el demandante sea inscrito con derecho preferente en el registro de reingreso, es decir, no se acreditaron en el juicio elementos indispensables que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios del afectado por la cesantía, lo que hace que dicho acto infrinja el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 187, 188, 189 y 190 de su Reglamento de Aplicación.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 21 de mayo del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que siendo evidente que el demandante tenía una relación de trabajo con la Secretaría de Obras Públicas y Transporte ahora INSEP y que el mismo fue cancelado bajo la figura de cesantía dando lugar al acto administrativo que hoy se impugna consistente en el acuerdo de nombramiento No.496-2010, por ende servidor público protegido por la Ley de Servicio Civil en este caso se establece el artículo 53 inciso a) y b), 54 y 55 de la Ley de Servicio Civil y los artículos 187, 188, 190, 191, 192, 193 y el Reglamento de dicha Ley; mismo, que regula exclusivamente la cesantía; que efectivamente la Ley del Servicio Civil desarrolla dos excepciones que la autoridad nominadora debe tomar en cuenta: a) reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario y b) por reducción de servicios de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, siendo imperativo que la administración pública considere que el servidor público se encuentra comprendido en alguna de ellas y que siguiendo con la facultad revisora que tiene esta jurisdicción, tampoco se observa que la autoridad nominadora haya practicado las evaluaciones periódicas que también son imperativas al establecer que deberán tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica, infringiendo el ordenamiento jurídico, el órgano competente. Por ende, no constando en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a los requisitos para que surta efectos la figura de la cesantía que contiene la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, convierte dicho acto ahora impugnado en ilegal y por ende arbitrario, por prescindir de lo establecido en el ordenamiento jurídico; que por los motivos antes expuestos esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo es del criterio que se debe confirmar el fallo definitivo venido en Apelación por estimar que el mismo esta dictado conforme a derecho.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada MARILUZ MARTÍNEZ MEJÍA, en fecha 26 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de mayo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 096-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 377-2010, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 04 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, presentó en fecha 01 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 10 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 29 de abril del 2021, los Abogados MARILUZ MARTÍNEZ MEJÍA y JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 28 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados: MARILUZ MARTÍNEZ MEJÍA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente y JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY, como recurrido; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracción indirecta a los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil y 188 del Reglamento de la misma Ley, por el cual no se ha tornado en cuenta la apreciación de la prueba documental e inspección en cuanto a los medios de prueba documental consistente en: a) Oficio NO. 326 de fecha 10 junio del 2010, que fue emitido por la Dirección General de Servicio Civil mediante cual la Secretaria de Estado en los despachos de INSEP solicito al Honorable Consejo de Servicio Civil, el Dictamen para proceder con la Cancelación por Cesantía en dicho oficio se consignan el nombre de CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY, b) Así mismo consta en autos que el oficio antes mencionado autoriza a que se proceda con la cesantía del demandante.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 717 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual dice: "Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.". NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. Expresa la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el considerando número (5): "Que del estudio y análisis en conjunto de las pruebas presentadas por las partes y el expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambos se apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo observa y concluye, que la Secretaria de Estados en los Despachos de INSEP para dictar el acuerdo de cancelación por cesantía del cargo del señor CARLOS ROBERTO CASTELLANOS GARAY, estaba obligado a seguir el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para emitir esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado”. En el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, preceptúa que la Autoridad Nominadora podrá cancelar el nombramiento de uno o más Servidores Públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General de Servicio Civil, siempre que el consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que proceda la "Cesantía" por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas, que la Autoridad Nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que continuación se indican: a) y b) "Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa." Artículo relacionado con el 187, 188, y 189 del Reglamento de Ley de Servicio Civil el cual establece "Procede la cesantía de uno o más servidores públicos solo por las siguientes razones: a)...; y, b) Resolución de Servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa." El artículo 54 de la misma Ley de Servicio Civil establece que: "Para prescindir de los servicios de las personas afectadas a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad Nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas y enviará dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nómina del o los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso. En todo caso los servidores afectados por la cesantía podrán reclamar ante el Consejo de Servicio Civil, cuando su opinión no se configure ninguna de las causales de despido que se establecen en el artículo 53".- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) Falta a la claridad y precisión en su formulación, dado que invoca la infracción indirecta de la ley, motivo o causal de violación que no es propia del recurso extraordinario de casación en esta materia; b) Tampoco es claro en el señalamiento de las normas de derecho infringidas, ni determina si es por su falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, dado el precepto autorizante invocado; y, c) Insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este extraordinario recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- Cabe recordar que existe línea jurisprudencial establecida por esta Sala sobre el tema de la CESANTÍA en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes CA 516-12, 129-13, 145-13, 557-15 y 264-18).- IV.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y desestimar la petición de nulidad subsidiaria del fallo expuesta extemporáneamente por el representante procesal recurrido, así como la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 214 numeral 3), 700, 701 numeral 1), 716, 717, 719, 720, numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 210-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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