Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-209-19 — Registro 13398

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, se reintegra a su puesto de trabajo del cual fue cancelada la ahora demandante más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta la fecha en que se ejecute la misma con los aumentos más los intereses vigentes al momento de la interposición de la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo nuestra de la Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.-.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS representada en juicio por CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA; y, Recurrida: la señora CLEMENTINA ELIZABETH MONCADA RIVAS, representada en juicio por la Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: se declare la nulidad de un acto administrativo emitido con exceso y abuso de poder sin respetar el procedimiento y requisitos de ley, violación del derecho de defensa y el procedimiento legal estipulado para el despido, se alega notificación defectuosa, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones o a uno de igual categoría, se paguen salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta la fecha que se ejecute la sentencia de reintegro con los aumentos generales o selectivos que se produzcan deducción de responsabilidad al funcionario por la ilegalidad del acto y que produce perjuicio, promovido por la señora CLEMENTINA ELIZABETH MONCADA RIVAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que ingresó a laborar en la Dirección Ejecutiva de Ingresos en fecha 5 de Marzo del 2007, en el puesto de Jefe de Aforo y Despacho y fue ascendida el 5 de Mayo del 2009 al cargo de Sub Administradora en Aduana la Mesa, ejerciendo esta función también en la aduana de Toncontín; para ejercer dicho cargo la demandante se sometió al proceso de selección y reclutamiento que establece el servicio aduanero, especialmente la Dirección de Aduanas y la oficina de Recursos Humanos, determinándole “apta eficiente y capaz” para dicho cargo. Posteriormente, con acuerdo 251/2010, de fecha 20 de octubre del 2010, notificado en fecha 22 de octubre del 2010, emitido por el "Ministro Director Abogado Miguel A. Mena por delegación de ley" acordó despedirle de su cargo como Sub Administradora de Aduana de la Mesa; en dicho acuerdo la administración alegó como causal de despido inhabilidad manifiesta en su cargo, reconociéndole únicamente los derechos adquiridos en concepto de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional, esto en virtud de que según informe presentado por la Unidad de Antifraude Tributario y Aduanero "UATA-123-2010, y de la audiencia de descargo evacuada, de las cuales la Dirección de Ingresos le negó copia, supuestamente se comprobó que la demandante incumplía con su trabajo y no lo desempeñaba con la dedicación y eficiencia que el puesto amerita, lo cual no es cierto. Además de que la responsabilidad de la Administración de Aduana de la Mesa le corresponde al Administrador de Aduana y a esta le corresponde dicha responsabilidad solo si este hubiere estado ausente. La Dirección Ejecutiva de Ingresos en el considerando 8 del acuerdo de despido, obvia y desconoce el hecho de que los empleados de la DEI no forman parte del régimen de Servicio Civil en virtud de no fueron incorporados a la misma, aun existiendo el Decreto 216.2004, y haberse derogado su aplicación con la vigencia de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos y Racionalización de Gasto Publico. Como se puede ver el acto impugnado se dictó en abierta infracción del ordenamiento jurídico, puesto que el despido se realizó sin que exista procedimiento legal alguno por lo cual, al prescindir de procedimiento o pretender hacer uso de disposiciones de la ley de servicio civil derogadas expresamente, el acto de despido se vuelve nulo de pleno derecho, ya que existe un principio constitucional que estipula que la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal. Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Ingresos fundamentó su despido alegando el incumplimiento de procedimientos aduaneros, sin especificar exactamente cuales, ya que existe todo un manual de procedimientos aduaneros estipulados por la administración aplicables según sea el caso; se le sanciono supuestamente por inhabilidad e ineficiencia en el puesto sin considerar el tiempo laborado y que nunca existió un llamado de atención desde su ingreso ninguna falta leve, ninguna suspensión por incumplimiento de sus funciones, por lo cual si procediera la sanción como falta grave es arbitraria y no fue lo suficientemente probada. Los artículos 79, numeral 8 y 82 párrafo tercero del Decreto 17-2010, Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público que rezan ARTICULO 79 NUMERAL 8: El Director Ejecutivo (nótese que no se refiere en ninguna de sus partes a ministro director) tendrá las a atribuciones siguientes: 1,2,3,4,5,6,7,8.- Seleccionar, contratar, promover, remover y evaluar al personal de acuerdo a las normas del Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera", estatuto que no existe y que además en ninguna de sus partes le otorga al director ejecutivo la facultad de despedir al personal. ARTICULO 82 PARRAFOTERCERO: El personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), continuara desempeñando sus labores y responsabilidades, respetándoseles sus derechos adquiridos, sin perjuicio de la evaluación de méritos y revisión del cumplimiento de requisitos a que se debe someter, de conformidad al estatuto laboral de la carrera administrativa y aduanera.- PARRAFO TERCERO.-Para los efectos aquí señalados, las acciones de personal que se ejecuten durante los seis (6), meses a partir de la vigencia de presente Decreto, no necesitan complementar trámite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil cuando dicho trámite contravenga o retrase la acción tomada. Lo anterior en base al Principio Constitucional de Legalidad, debe respetarse en todo su contexto. Congruente con lo anterior, y como es del conocimiento público, al momento del despido la DEI no contaba con el referido estatuto laboral de la carrera administrativa y aduanera, ni con un reglamento de personal, que sirva de asidero legal para poder realizar despidos de personal, como se puede observar, los artículo 81 y 82 del Capítulo III del Régimen de Remuneración y del Régimen Laboral de Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, contenidos en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 17-2010), son claros cuando dicen que la Dirección Ejecutiva de Ingresos se regirá por el Reglamento que se creará para aplicar lo relacionado al Régimen Especial laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera para los funcionarios y empleados de la DEI; la demandada no aplica correctamente el artículo 82 antes citado, pues este menciona que el personal de la DEI continuará desempeñando sus labores y responsabilidades, respetándoseles sus derechos adquiridos, sin perjuicio de la evaluación de méritos y revisión del cumplimiento de requisitos a que se deban someter, de conformidad al Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera, por lo que la demandada al momento de despedir a la demandante contaba con el Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa, pero no con un manual o Perfil de Puestos. El artículo 86 del Decreto 17-2010, numeral 3 deroga el Decreto 216-2004 contentivo de la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, consecuentemente quedó sin valor ni efecto el Reglamento de la misma, contenido en el Acuerdo 0397-2005, Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que para ilustración en su artículo 33 se refiere a las funciones de la Administración de Aduanas, a cargo de un Administrador de Aduana, quien es responsable directo de las funciones de la aduana; El Decreto 216-2004, Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, (derogado), estipulaba en su artículo 10 que todo el personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos quedaba sujeto a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, esto quedo derogado con la vigencia del Decreto 17-2010, por lo tanto la aplicación del procedimiento para despido que utilizo la DEI, siguiendo el procedimiento estipulado en la Ley de Servicio Civil no es válido, en virtud de que no está bajo el régimen de servicio Civil, hecho que es imputable únicamente a la administración y no del empleado, por lo tanto la Dirección Ejecutiva de Ingresos conforme a lo determinado en la Ley para poder determinar las sanciones que proceden, debe contar con el Reglamento y Régimen Especial laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera para los funcionarios y empleados, mismos que no existen; el artículo 71 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico es clara y determina: Crease al Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como un órgano desconcentrado bajo un régimen laboral especial con autonomía funcional administrativa y de seguridad nacional, ADSCRITA a la Secretaria Estado en el Despacho de Finanzas, con personalidad jurídica propia, con autoridad y competencia a nivel nacional, cuyo domicilio es la Capital de la Republica. El artículo 81 de la ley citada, en el numeral primero establece que se crea el Régimen Especial Laboral de Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera para los funcionarios y empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, (DEI), los derechos y obligaciones que le corresponde por tal condición, incluyendo lo relativo a su seguridad social, las normas de ingreso, capacitación, ascenso, traslado, suspensión, extinción de la relación de empleo y las demás que se consideren pertinentes, se deben regir por el reglamento que al respecto emita la institución, por conducto de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; reglamento que no existe a la fecha del despido. Consecuentemente no existe procedimiento de derecho, Debiendo la demandada evitar cancelaciones o despidos mientras tanto no exista el reglamento y estatuto laboral que lo faculte ya que al derogar la misma ley en su artículo 86, párrafo tercero, el Decreto 216-2004, de fecha 29 de diciembre del 2004 contentivo de la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria deja en un limbo jurídico, no existiendo asidero legal para las acciones de personal. En el ACUERDO 251/2010, la Dirección Ejecutiva de Ingresos manifiesta que conforme al INFORME UATA-123-2010, es que se procede a despedir a la demandada y en él se encuentran varias situaciones o hallazgos, como ser: A).- incumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 33 del Reglamento de Organización y funciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Acuerdo 0397-2005 de la administración de aduana se constató que algunos depósitos temporales no remiten las declaraciones aduaneras al archivo de aduana y que no se ejerce ningún tipo de control, que es de su responsabilidad obligar a los oficinas que cumplan con sus funciones; a este respecto es necesario aclarar dos puntos fundamentales: 1. EI artículo 33 (derogado) que citan se refería a las funciones del Administrador de Aduanas las que únicamente pueden ser asumidas por el Sub Administrador en ausencia del administrador, debidamente justificada, debiendo hacerse esta delegación por escrito y del conocimiento de todos los empleados de la Aduana, por lo cual el responsable directo de la aduana es el Licenciado Marvin David López quien funge como Administrador de Aduana como se comprueba con las notas y circulares a él dirigidas por las autoridades superiores. 2. Que los depósitos temporales ubicados dentro y fuera de la zona primaria (aduana), siendo auxiliares de la función pública aduanera y extensión de la aduana, son los responsables directos por la conservación y archivo de las pólizas según se estipula en circular 1362- 2008, de fecha 23 de octubre del 2008, firmada por la Licenciada Sandra Ávila, en ese entonces Directora de Aduanas. B).-en el numeral 4, no se cita con exactitud cuál fue el incumplimiento de la demandante, no es preciso ni claro, ni se determina en que recinto fiscal se produjo el incumplimiento imputado, ya que el trámite de descarga y carga de mercancías y circulación de vehículos es responsabilidad de cada uno de los Sub Administradores asignados a cada zona, entendiéndose que recinto fiscal lo constituyen las zona autorizadas por la autoridad superior, bajo la responsabilidad y supervisión de la oficina de Regímenes Especiales y bajo la jurisdicción de la administración de aduana que corresponda y es quien realiza las funciones asignadas. C) La protección fiscal y la seguridad de los funcionarios en Aduana de la Mesa le corresponde a la empresa Inter-Airports en virtud de la concesión de aeropuertos otorgado por el Estado de Honduras a dicha empresa y es esta la que asigna la seguridad; que la encargada de proveer de material archivos y equipo necesario para la conservación de documentos y equipo de oficina es la Gerencia Administrativa. La instalación, operación y mantenimiento del equipo de cómputo es función privativa del departamento de informática ubicado en el regional centro sur de la Dirección Ejecutiva de ingresos. D). Que no ejerció los controles sobre recaudación y cobro persuasivo, esta tarea no la realiza ni el administrador ni el sub administrador ni el oficial de aforo y despacho en virtud de que el pago de impuestos en pólizas la realiza el agente aduanero en las instituciones bancarias autorizadas mediante el procedimiento de autodeterminación y pago de la póliza, ningún empleado de la DEI realiza cobro de pólizas ni cobros persuasivos en la aduana, esta función se efectúa desde las oficinas centrales en el departamento de Recaudación de impuestos, según se estipula en el manual de procedimientos aduaneros en el que se fundamenta la parte demandada y que parece desconocer . E) Otra supuesta causal de despido es, que no ejerció control para superar o mantener las metas de recaudación; si es por este hecho se despidió a la demandante, entonces también el Director Ejecutivo y todos sus funcionarios deberán ser despedidos, ya que las metas de recaudación impuestas por la Secretaria de Finanzas no se han cumplido debido a diferentes aspectos y crisis económica fuera del control de la demandante; las metas estipuladas fueron dirigidas al Licenciado Marvin David López, Administrador de Aduana en forma "preliminar" por el Abogado Miguel Mejía en Memorando DEI-DARA- 422-2010 de fecha 26 de marzo del 2010. F) En cuanto a las cuatro garantías pendientes de ejecución con números 162667, 164022, 16213, y 165890, fueron ejecutadas sin ningún problema debido a que eran depósitos en garantía de convertibilidad inmediata, el Estado de Honduras no tuvo en ningún momento perjuicio fiscal. G) En cuanto a los tránsitos pendientes de cierre 54 en total, al tomar posesión del cargo en aduana la mesa, la Licenciada Nery Carolina Avilés, indico que estaban pendientes por la doble generación de manifiesto que se había dado en el proceso de implementación SARAH, actuación esta que se puede comprobar y verificar en el control que para ese efecto lleva la Sección de tránsitos, quien debía efectuar la depuración y cierre de los mismos. Finalmente a la demandante se le violento su derecho de legítima defensa ya que en la notificación que se le hizo para audiencia de descargo se estipula los supuestos incumplimientos y al momento de personarse a la audiencia de descargo, los hechos imputados son totalmente diferentes; con este acto la demandada comete abuso de autoridad porque los cargos a desvirtuar fueron diferentes a los manifestados en la citación para audiencia, citación esta que debió hacerse por medio de la Secretaria General de la institución y no por la Jefe de Recursos Humanos.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que mediante Acuerdo 251/2010 de fecha 20 de octubre del 2010 y notificado a la demandante el 22 de octubre del 2010, se le puso fin a la relación laboral de la demandante, cumpliendo los procesos establecidos legalmente, ya que la demandada para emitir el acuerdo de despido siguió lo estipulado en la Ley de Servicio Civil, específicamente en el artículo 46 que literalmente señala: "Ninguna de las sanciones previstas en los artículos anteriores podrá aplicarse a los servidores públicos sin haber sido oídos previamente y haberse realizado las investigaciones del caso cuando procedan. Corresponderá a la autoridad nominadora la ampliación de las sanciones a que se refiere este capítulo"., durante el tiempo que la demandante se desempeñó en su puesto se constataron varios incumplimientos con los procedimientos aduaneros para el despacho de mercancías, así como incumplimiento a disposiciones legales y las funciones y obligaciones asignadas al puesto que desempeño. En razón a lo anterior la demandante fue citada en legal y debida forma, por la Jefe de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, tal y como lo señala el artículo 176, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, para comparecer a una audiencia de descargo, para que esta desvirtuara los cargos a ella imputados, que consisten en: incumplimiento con su obligación de desempeñar su cargo con la dedicación y eficiencia que requiere la naturaleza de sus funciones, ya que de acuerdo al informe que se le ha rendido a la institución se encontraron inconsistencias en la aplicación de los procedimientos aduaneros determinándose trece diferentes hallazgos; llevándose a cabo dicha audiencia el 24 de septiembre del 2010, en la cual la demandante no pudo desvanecer los cargos que se le imputaban como Sub Administradora de Aduana en la Administración de la Aduana la Mesa; y siendo que cuando los cargos formulados no se desvanecieren con a las pruebas aportadas, como acontece en el presente caso, se continuará con el procedimiento, y en tal sentido, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), procedió a enviar la correspondiente acción de personal a la Dirección General de Servicio Civil, la cual verificó el procedimiento Legal y por consiguiente la autoridad nominadora procedió a la emitir el acuerdo No. 251-2010de fecha 20 de octubre del 2010, en estricta aplicación del artículo 181 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que literalmente señala: "Cuanto los descargos formulados a las pruebas aportadas no desvanecieren la responsabilidad imputada al servidor público, se continuará con el procedimiento". Es importante señalar que la Unidad Antifraude Tributaria, y Aduanera emitió el informe del caso No. "UATA -123-2010" sobre las funciones desempeñadas por los oficiales de Aforo y despacho de la Aduana la Mesa, así como las funciones administrativas y control que empleaba la Licenciada Clementina Elizabeth Moncada Rivas en el puesto de Sub Administradora de la Aduana la Mesa arribando dicho informe a las siguientes conclusiones: 1.- De conformidad a la declaración voluntaria y lo anteriormente descrito se puede concluir que: La Licenciada Clementina Elizabeth Moncada Rivas, como Sub Administradora asignada actualmente a la Aduana la Mesa; aun conociendo las funciones inherentes a su cargo, así como los procedimientos aduaneros, ha actuado con inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo inobservado los procedimientos Aduaneros y órdenes superiores. 2.- La Licenciada Clementina Elizabeth Moncada Rivas, como Sub Administradora de la Aduana la Mesa, en relación a su conducta de omitir e inobservar los procedimientos y órdenes superiores emitidas a través de circulares, se puede traducir en pérdidas considerables al fisco, en materia de recaudación de ingreso fiscales en contra del de Honduras. El artículo 82 del Decreto No. 17-2010, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 22 de abril del 2010, señala: El personal de la actual Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) continuará desempeñando sus labores y responsabilidades, respetándoseles sus derechos adquiridos, sin perjuicio de la evaluación de méritos y revisión del cumplimiento de requisitos a que se deben someter de conformidad al Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera" y en razón que al momento de emitir el acuerdo de despido aún no existía dicho Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera, en consecuencia se aplicó lo referente al caso según las disposiciones de la Ley del Servicio Civil, ya que en el lapso de tiempo de espera a la existencia del mencionado Estatuto Laboral se tenía que aplicar un procedimiento de despido, el cual corresponde el anterior a la existencia de dicho estatuto, en el presente caso disposiciones de la Ley de Servicio Civil. Así mismo no es cierto que el acuerdo No. 251-2010 de fecha 20 de octubre del 2010 es arbitrario y que las causas no fueron probadas ya que consta en el mismo acuerdo los siguientes aspectos: 1) El incumplimiento de la labor del recurso humano bajo su cargo según lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Organizaciones y funciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. 2.-No verifico el correcto cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 3.-La Sub Administradora en referencia no realizó las acciones para obtener el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 4.- No aplicó los procedimientos aduaneros para la operación de carga y descarga. 5.- No velo por la conservación optima de los archivos temporales de la aduana. 6.- No ejerció los controles para mantener y superar las metas de producción en la Administración de la aduana la Mesa. 7.- Contravino el procedimiento aduanero en cuanto a las cuatro garantías identificadas con los números (162667, 164022, 16213 y 165890). 8.- Responsabilidad en relación a la garantía No. 165890 de fecha 7 de enero del 2010. 9. Violó en cumplir su obligación de realizar su labor con cuidado y eficiencia. Pudiéndose evidenciar en el mismo acuerdo de despido que las faltas graves cometidas por la demandante no fueron arbitrarias. En relación a lo anterior e le aclara, en relación al "Ministro Director", y referencia al artículo 79 de la citada Ley, se encuentran las funciones del Director Ejecutivo, entre ellas está en su numeral 8 "Seleccionar, contratar, promover, remover y evaluar al personal de acuerdo a las normas del Estatuto Laboral de Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera", y que al no existir en ese momento dicho Estatuto se aplicaron las disposiciones previas a la existencia del mismo, por lo cual se aplicaron disposiciones correctas al caso, las cuales son las contenidas en la Ley del Servicio Civil, respecto al Despido, asimismo se realizó el Informe de la Unidad de Antifraude Tributario y Aduanero UATA-123-2010, y la respectiva Audiencia de Descargo, el cual la misma demandante lo menciona en la demanda, lo que conllevó al despido y a la debida notificación del Acuerdo 251/2010 en fecha 22 de octubre del 2010, siguiendo el debido proceso; y si bien es cierto que el decreto vigente en el momento de realizarse el despido de la demandante era el 17-2010 en acciones de personal, por lo cual se requería el Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera, pero en vista de la no existencia del mismo, se aplica lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, ya que resulta ilógico la aplicación de un estatuto el cual nunca ha existido, además la Dirección Ejecutiva de Ingresos es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la cual se rige por la Ley del Servicio Civil, y que en vista de existir ese vacío legal se aplican dichas disposiciones por ser las anteriores a lo proyectado en relación al Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera. Aunado a lo anterior, es la demandante que concluye que no pudo defenderse y desvanecer los descargos, argumentando que se le imputaron hechos de los cuales desconocía, lo cual es totalmente falso, pues no pudo desvanecer los cargos imputados, además en ninguna Ley establece que quien debe obligatoriamente realizar la citación de dicha Audiencia de Descargo tiene que ser La Secretaria General, siendo idónea Recursos Humanos para emitir dicha citación correctamente, y por estar emitido conforme a derecho el acto administrativo impugnado.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en cuatro de septiembre del dos mil quince, dicto sentencia declarando: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por la ciudadana CLEMENTINA ELIZABETH MONCADA RIVAS, por ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación número 251/2010 de fecha 20 de del Octubre del 2010, emitido por LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS. SEGUNDO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio, bajo el criterio siguiente: que la parte demandante fue citada a una audiencia de descargo por la jefe de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a celebrarse en fecha 24 de septiembre del año 2010 por incumplimiento de sus obligaciones para desempeñar su cargo con la dedicación y eficiencia tal como lo establece el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil en su numeral 3; comprobándosele la causal de Inhabilidad e Ineficiencia en el desempeño del Cargo, estipulada en el artículo 57 del decreto 212-87 de la Ley de Aduana y señaladas en el artículo 261 Reglamento de la Ley de Servicio Civil; en virtud de ello se estima que la demandada al emitir el Acuerdo de Cancelación número 251/2010, lo hizo en el marco de la Ley o sea que en el presente caso no hubo Infracción al Ordenamiento Jurídico ya que previo a cancelar de su puesto al demandante, la autoridad nominadora siguió el procedimiento legal establecido en los artículos 45, 46, 47 numerales 1 y 3, y 48 de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento no violentándose con ello el derecho de defensa, trayendo como consecuencia que la acción incoada por el demandante resulte ser improcedente, por ajustarse a derecho el acto impugnado. Asimismo se hace relación a los medios de prueba practicados de la manera siguiente; en el presente caso se comprobó la causal del despido, que la parte demandante realizó la investigación previa a la emisión del dicho Acuerdo, emitido de forma correcta y legal, ya que, todo ello se comprueba con el informe de fecha 05 de agosto del 2010 sobre el caso No. UATA-123-2010, en donde se detallan los incumplimientos encontrados por la Comisión Supervisora en la Aduana La Mesa, en donde la ahora demandante se encontraba en el cargo de Sub Administradora de dicha Aduana, por lo cual, tiene responsabilidad solidaria con el Administrador de la misma Aduana, Cedula de Citación de fecha 13 de septiembre del 2010, Acta de Audiencia de Descargo de fecha 24 de septiembre del 2010, en la cual, Clementina Moncada no pudo desvirtuar las faltas que se le imputaban, Acuerdo No. DEI-SG-214-2010 de fecha 20 de septiembre del 2010 en donde el Director Ejecutivo de ese momento abogado José Oswaldo Guillen delega la facultad de celebrar Audiencias de Descargo en la Aduana La Mesa, en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en el licenciado Jesús Olfredo Oliva Vallecillo, todo ello previo a la emisión del Acuerdo No. 251/2010 de fecha 20 de octubre de 2010, Acta de fecha 22 de octubre del año 2010; además de lo antes mencionado, se encuentra especificado el perfil de puesto de Sub Administrador de Aduanas y sus respectivas funciones, Organigrama de Administración de Aduanas, en donde consta que la Sección de Aforo y Despacho, Sección de Guardatura y Sección Administrativa dependen de la Administración de Aduana, por lo cual, los hallazgos encontrados en la Aduana La Mesa, en donde Clementina Moncada era se encontraba en el cargo de Sub Administradora, tuvo responsabilidad solidaria con el Administrador de la misma Aduana, por todas las gestiones llevadas a cabo en la misma.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, fallo: declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora CLEMENTINA ELIZABETH MONCADA RIVAS. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), Con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del Numero doscientos ochenta y siete (287) al Numero doscientos noventa y tres (293) de la primera pieza de autos. TERCERO: REINTEGRAR a su puesto de trabajo del cual fue cancelada la ahora demandante más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta la fecha en que se ejecute la misma con los aumentos más los intereses vigentes al momento de la interposición de la demanda, sin costas, bajo el criterio: revisadas las diligencias se observa que el acto objeto de impugnación dispone cancelar a la demandante por incumplir de manera manifiesta con las funciones propias de su cargo afectando con ella la regularidad y eficiencia de los servicios convirtiendo dicha falta en manifiesta en el ejercicio de su cargo, por hallazgos encontrados por la Comisión Supervisora en la Aduana La Mesa en el incumplimiento de labor del recurso humano, específicamente de la ahora demandante como Sub Administradora de Aduana, ubicada en Puerto Cortes no obstante para calificar dicha inhabilidad, está relacionada con la dedicación y eficiencia en el desempeño de su puesto, misma que deberá ser determinada por medio de evaluaciones periódicas a los servidores, evaluaciones que medirán la calidad del servicio, evaluaciones que no obran en el expediente como hecho probado por parte de la autoridad nominadora quien fue la que califico la falta, aunado a lo anterior observando la cedula de citación de fecha trece de septiembre del 2010, para comparecer a la misma 24 de septiembre del 2010, infringiendo el plazo mínimo de siete días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, realizándose la misma al octavo día contraviniendo la normativa arriba señalada. No es desconocido la supresión o liquidación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) dejando de existir por ese nombre convirtiéndose en una nueva institución autónoma denominada Servicio de Administración de Rentas (SAR), con las mismas competencias y atribuciones del antiguo ente estatal, tal y como se establece tanto en el Decreto 17-2010 de fecha 22 de abril del 2010 en su creación y atribuciones en los artículos 71 y 73 de dicho Decreto de creación del antiguo ente estatal, como en el Decreto de creación del Servicio de Administración de Rentas de fecha 27 de febrero del 2016 artículos 1 y 3, es decir ambas teniendo el mismo objeto de creación y atribuciones, en el Decreto creación del SAR existe un vacío legal para los empleados públicos adscritos en la anterior institución DEI cancelados bajo un despido injustificado, en el que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece en el artículo 206: “Las situaciones derivadas o relacionadas con la relación de empleo no previstas de manera expresa en la ley o en el presente reglamento, se regularan por las normas de derecho administrativo y en su defecto, por las de derecho común o en su caso por los manuales, instructivos o resoluciones que dicte la Dirección General de Servicio Civil en ejercicio de su competencia”; derecho administrativo que se sustenta fundamentalmente en principios, siendo uno de los más importantes el Principio de legalidad, el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución y su artículo 129 garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos así como a la protección ante el despido injustificado y la elección entre el reintegro o el pago de sus prestaciones, y siendo su pretensión el reintegro, es factible otorgárselo, en concordancia al artículo 22 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la que "si en curso una reclamación o acción en vía administrativa o jurisdiccional , se transfiere por Ley la competencia o atribución respectiva a otro organismo con personalidad jurídica propia, la pretensión se continuara con el Órgano sustituto, al que se remitirá el expediente administrativo de oficio o a instancia de parte, y si se estuviere sustanciando en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la demanda se tendrá planteada contra la entidad a la que se hubiere transferido la competencia o atribución", siendo un fundamento toral para su reintegro ante el vacío tanto en reglamento de dicha Institución, en el sentido del reintegro de personas previo a la liquidación de la DEI, por ende es procedente el reintegro al Servicio Administrador de Rentas (SAR) en vista de estar acreditado la infracción al procedimiento disciplinario así como la aplicación incorrecta de normas.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA, en fecha veintidós de marzo del dos mil diecinueve, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, por la Corte de lo Fiscal Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra -bajo el expediente 63-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo respectivamente.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, presentó en fecha ocho de abril del dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez de abril del dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve la Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL y el Abogado, CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA,.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinte de junio del dos mil diecisiete, teniendo por personados al Abogado CARLOS MANUEL ARGUETA ZAMORA como recurrente y a la Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su recurso de casación, manifestando lo siguiente: “en fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho la Corte de Apelaciones de los Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, dicto sentencia sobre el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Aminta Beatriz Fonseca Espinal, en su condición de apoderado legal de la señora Clementina Elizabeth Moncada Rivas, notificada a ambas partes en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) donde resuelve en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos fallo: Declarar con Lugar, el recurso de Apelación interpuesto por la parte requirente, además, revocar la resolución de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete dictada por el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. SEGUNDO: Esta representación rechaza en todas sus partes la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ya que el acto que fue requerido en apelación, el juez en primera instancia había dictado sentencia sin lugar a los solicitado, por estar con forme a derecho el acuerdo de cancelación de la señora Clementina Elizabeth Moncada Rivas, por ajustarse al debido proceso señalado en la ley de servicio civil, específicamente en el artículo 46, en ese sentido es que el juez A quo emitió la sentencia desfavorable, ya que observe que existió un debido proceso en el caso sub examine, además, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones le ocasiones graves perjuicios al interés del Estado de Honduras, por un procedimiento de despido que fue bien celebrado, y que los magistrados debieron observar las normas procedimentales le la ley de servicio civil fueron cumplidas en su totalidad. TERCERO: Honorable Corte Suprema de Justicia, es precise aclarar que uno de los pilares fundamentales que rige la jurisdicción de lo contencioso es la potestad revisora y sancionadora de los actos emitidos por la administración pública, respetando las peticiones concretas que las partes formulan ante esta jurisdicción, en el cual la participación de las partes no se limita solo a la primera instancia, sino que también tienen derecho a peticionar ante instancias superiores, en vía de recurso, siendo la tutela efectiva de los derechos que se consideren lesionados. Pero esto no quiere decir que con una sentencia espuria e infundada se lesionen normas de procedimiento administrativo bien claro en este procedimiento de despido de la señora Clementina Elizabeth Moncada Rivas, a esta fecha el Estado de Honduras necesita personas eficientes y eficaces en su puesto de trabajo, y por sentencias que crean inseguridad Jurídica en materia de personal, por eso solicitamos a la Honorable corte que revise la sentencia emitida en segunda instancia. CUARTO: Esta representación del Estado es del parecer que se debe declarar con lugar el Recurso de Casación interpuesto por esta parte recurrente, ya que tal como se demostró en primera instancia que no le asiste el derecho al recurrente y ratificamos la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo y solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que estime el recurso de Casación presentado por el recurrente”.- 2.- Que la Recurrente asumió como ligereza este recurso extraordinario, ya que lo requisitos que la ley exige para la formalización del mismo, determinan su carácter extraordinario. Revisado lo expuesto este Tribunal, se ve imposibilitado de encontrar un motivo debidamente estructurado omitiéndose, la norma que se considera infringida, el concepto de la infracción, el precepto autorizante, el pronunciamiento que se impugna, la incidencia de la infracción en el fallo impugnado y una explicación; lo que determina evidentemente su inadmisibilidad. Es importante recordar, como muchas veces se ha señalado, que este Tribunal, no puede suplir las deficiencias del impetrante en la formalización del recurso.- 3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo nuestra de la Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 4.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 5.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en lo expuesto. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha catorce de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CL 209-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Página 16 de 16