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Sentencia CA-208-21 — Registro 13205

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado,declarar procedente la acción por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado, por existir infracción al ordenamiento jurídico al artículo 76 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...".- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no es claro y preciso en el señalamiento de la norma infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que también el cargo que antecede resulta inestimable, dado que la Censora del fallo omite indicar el precepto autorizante en que lo considera comprendido.- También al igual que en el primer motivo, no señala la norma infringida, insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y realiza alegatos propios de instancia..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA y, Recurrido: el señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ, representado en Juicio por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda especial para que se declare la nulidad de un acto administrativo en materia de personal, que se anule totalmente el mismo por haber sido adoptado con infracción del ordenamiento jurídico; que se reconozca la situación jurídica individualizada, y como medida para el restablecimiento del derecho se ordene mediante sentencia definitiva el pago de prestaciones y derechos adquiridos, más el pago de los sueldos dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios desde la fecha de la cancelación hasta que se ejecute la sentencia, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral como servidor público con el Instituto de la Propiedad, mediante contrato desde el 03 de agosto del 2009, en el puesto de Analista Legal en Materia de Recursos Humanos, posteriormente fue nombrado en el mismo puesto mediante acuerdo número 157-2009, haciendo una Carrera Administrativa; el 01 de marzo de 2010 asumió el cargo de Asistente de la Secretaría Ejecutiva en Materia de Recursos Humanos y Administración del Instituto de la Propiedad, según acuerdo 031-2010; el 09 de abril de 2010, asumió el cargo de Subgerente de Recursos Humanos, mediante oficio número SE-109-10, firmado por la Secretaria Ejecutiva, y finalmente en fecha 25 de julio de 2012, fue nombrado como Director General de Recursos Humanos, con ACUERDO N°070-2012 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, devengaba un salario a la fecha del despido de L.42,200.00; que el 25 de julio del 2014, se le notificó que a partir de esa misma fecha, quedaba cancelado del puesto como Director General de Recursos Humanos, mediante la certificación del ACUERDO IP- N° 026-2014 de fecha 24 de Julio del 2014, firmado por la Lic. Ana Cristina Zepeda, en su calidad de Secretaria del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, acuerdo de cancelación que no establecía causal de despido, solo se limitaron a establecer la acción de personal y un sin número de artículos como fundamentos de derecho, violentando de esta forma el derecho a la defensa, ya que si no se le establece causal no podría presentar prueba sobre la supuesta falta del despido, el patrono debió de establecer con claridad la causal objeto del despido, esto por mandato de ley tal y como lo establece los artículos 175 y 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, situación que en el presente caso no ocurrió, ya que fue citado a audiencia de descargo con 24 horas de anticipación violentando de esa forma el derecho a la defensa, volviendo anulable la acción de cancelación por violación del procedimiento; asimismo alegó que la citación a audiencia de descargo violentó lo dispuesto en el artículo 265 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en vista que la misma fue entregada un día antes a la celebración de la audiencia de descargo; y que existió contradicción entre el acuerdo de cancelación que es el acto administrativo impugnado y la notificación del mismo acuerdo de cancelación ya que la ley de servicio civil establece en su artículo 47 que cuando se trata de una falta grave que ha cometido el trabajador la acción que precede es el despido, entiende este que el despido consecuentemente no tiene derecho a prestaciones, asimismo el artículo 53 del mismo cuerpo legal establece la figura de cancelación consecuentemente con el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en tal sentido al establecer en el acuerdo la figura de cancelación, jurídicamente se entiende que es con el respectivo pago de prestaciones laborales, pero la fundamentación jurídica de la notificación dan entender que el despido fue supuestamente con causa justificada, razón por la cual solicitó el pago de prestaciones en vista de las contradicciones que existen en el acuerdo de cancelación lo que acarrea nulidad del acto administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante inició su relación de trabajo con el Instituto de la Propiedad mediante Contrato de Servicios Profesionales el 03 de agosto del 2009 y posteriormente ocupó diferentes cargos dentro de la Institución, siendo su último cargo el de Director General de Recursos Humanos (PUESTO EXCLUIDO), del cual se le canceló por haber incurrido en faltas graves; que cumpliendo las instrucciones del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, quienes en Sesión Ordinaria de Trabajo número 5 celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 24 de julio del 2014, en el Punto N°04 correspondiente a Puntos Varios, el Consejo Directivo mediante Acuerdo número C.D.- IP No. 026-2014, canceló de su cargo al demandante del cargo de Director General de Recursos Humanos (PUESTO EXCLUIDO), a partir del 25 de julio del 2014, siendo notificado mediante memorando SE-401-2014 de fecha 25 de julio del 2014; cancelación que se realizó en base al dictamen legal IP-No. 16 DL-2014 de fecha 23 de julio de 2014, el cual señaló que el demandante incurrió en falta grave según el artículo 69, numeral 3 y artículo 71 numeral 1 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; rechazó los hechos tercero y cuarto de la demanda, ya que el demandante enuncia preceptos legales que no le son aplicables como ser la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; y el acto administrativo dictado por el Instituto de la Propiedad, donde se determinó cancelar al ciudadano Walter Jonathan Morel Velásquez fue emitido en estricta observancia a los procedimientos establecidos, ya que el mismo fue emitido por la autoridad competente siguiendo las atribuciones que para este caso lo faculta la Ley de Propiedad en el artículo 10 numeral 1 y observando el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de los Empleados del Instituto de la Propiedad y en virtud de que el demandante cometió varias faltas graves según el reglamento anteriormente referido, por lo que en fecha 25 de Junio del 2014, se citó en legal y debida forma a una audiencia de descargo al demandante, en su condición de Director General con la finalidad que compareciera a desvanecer las faltas que se le imputaba en fecha 25 de Junio del 2014; el señor WALTER MOREL solicitó ampliación a los hechos que se le imputan en virtud de no tener claro los mismos por los cuales se le citaba a la Audiencia de Descargo, por lo que en la misma fecha la Secretaría Ejecutiva mediante memorando SE-IP-281-2014 hace remisión del detalle de los informes solicitados, a fin de evacuar la petición por el ahora demandante, en fecha 26 de junio del 2004 el demandante presentó el memorando DGRH 715-2014, a la Secretaría Ejecutiva excusándose de la obligación de comparecer a la Audiencia por encontrarse incapacitado los días 26 y 27 de junio 2014, volviendo a presentar incapacidad por 12 días a partir del 30 de junio de 2014, por lo que hasta la fecha 14 de julio del 2014 se le entregó la notificación de la Audiencia de Descargo, la cual se celebraría el día martes 15 de julio 2014, realizando la misma en la fecha y hora señalada, de conformidad al párrafo segundo del artículo 76 del Reglamento de Personal de los Empleados de Instituto de la Propiedad; audiencia en la cual el demandante no pudo desvirtuar los hechos estableciendo como alegatos propios de su defensa que las instrucciones de brindar información fueron dadas de manera verbal a personas, bajo su cargo y no a él directamente, y exigiendo se remitiera la misma de manera formal con firma y sello, situación que se contradijo en base a las memorando DGRH 625-2014 de fecha 6 de junio del 2014, DGRH 642-2014 de fecha 11 de junio del 2014, DGRH 653-2014 de fecha 12 de junio del 2014, quedando la aceptación explicita por parte del demandante, en su condición de Director General de Recursos Humanos de las instrucciones encomendadas por el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, y que el demandante eludió las obligaciones que por el cargo que ostenta son inherentes a él, así mismo con la declaración hecha el 21 de julio del 2014 de la empleada Yenny Judith Castillo Ortega y la declaración de fecha 22 de julio del 2014 de la empleada Laura Rosario Puerto Lobo solicitadas como medios probatorios en la Audiencia de Descargo, que la asignación de trabajo en los informes de vacaciones fue ordenada directamente al Director General de Recursos Humanos, el cual delegó esa función a sus subalternos y se desligó de la elaboración de los mismos siendo su obligación cumplir a cabalidad con lo ordenado es decir, que debió asegurarse que los datos plasmados en los informes fuera verdaderos, sin embargo al momento de entregar los informes firmó y sello cada uno de los documentos enviados a la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad avalando el contenido que en ellos se consigna, haciendo la aclaración el demandante en la audiencia de descargo de la imposibilidad que tuvo para subsanar las inconsistencias encontradas en el primer informe lo cual no es justificación en virtud que los informes posteriores fueron solicitados para subsanar las inconsistencias encontradas; manifestó además que desde el momento que la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento de las faltas cometidas por el demandante, se llevó a cabo el desarrollo con el debido procedimiento Legal, establecido en el Reglamento de Personal vigente del IP, respetando el derecho de defensa y demás garantías, establecidas en Ley; y que al no haber desvirtuado las faltas imputadas al demandante en la Audiencia de Descargo de fecha 15 de Julio del 2014, se procedió a la cancelación del cargo de Director General de Recursos Humanos, así mismo los empleados del Instituto de la Propiedad no están regidos por la Ley de Servicio Civil sino por el Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad, según su artículo 1, 2 y 104 de dicho Reglamento; precisó que basándose en este último artículo, observaron que el demandante se desempeñaba en el cargo de Director General, hecho este que no le permite exigir derechos que no le corresponden porque no estaba protegido por ninguna Ley especial tal como lo dispone el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, y el demandante desde el momento de su nombramiento conocía que desempeñaría un puesto excluido; el puesto desempeñado por el demandante es considerado como puesto excluido, según lo establecido en el artículo 3 inciso f) de ese mismo cuerpo legal; rechazó los hecho quinto y sexto de la demanda, ya que al demandante se le siguió el procedimiento establecido en la Ley de Propiedad y su Reglamento de Personal tal como quedó debidamente explicado en el hecho anterior y en virtud de lo cual se constó en el punto N.7 PUNTOS VARIOS Acuerdo C.D-IP No.013-2014 el Consejo Directivo aprueba delegar en el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad Julio Pavón, conforme al artículo 75 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad realice Audiencia de descargo por presuntos actos irregulares cometidas en perjuicio de la Institución por el Ciudadano Walter Jonathan Motel Velásquez, el cual ostenta el cargo de Director General de Recursos Humanos, con objeto de escuchar los descargos del mismo, en relación a la entrega de informes de fechas 6, 11, 12 y 19 de junio del 2014, los cuales contienen datos inexactos de vacaciones del Personal del Instituto de la Propiedad, realizándose ante testigos Luis Alberto Torres Calix por parte de Instituto de la Propiedad y testigo Ulises Fortín Zepeda por parte del Director General de Recursos Humano y tomando en consideración que en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad dentro de su artículo 71 establece en su numeral 1. Incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de este reglamento, siempre y cuando se haya seguido el procedimiento debidamente establecido; por lo que el demandante miente al establecer en su demanda que hubo violación al debido proceso, considerando que el Director de Recursos Humanos dentro de sus funciones que establece la Ley de Propiedad en su artículo 14 "Son funciones de los Directores Generales las siguientes: 1.)-Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, su reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo, 2)-Dirigir y organizar sus respectivas direcciones" por lo cual debe de cumplir con los mecanismos del cálculo de Vacaciones de los Empleados y funcionarios del Instituto de la Propiedad en virtud de lo establecido en el Reglamento Internos de Personal el Memorial Respetuoso, así mismo dentro de sus funciones es el encargado de avalar los actos que realizan sus empleados, como el presente caso los informes referentes a las vacaciones de los Empleados y Funcionarios del Instituto de la Propiedad lo cuales fueron firmados y sellados por el Director General de Recursos Humanos, lo cual demuestras que el avalo la información que remitió al Secretario Ejecutivo del instituto de la Propiedad; y el demandante como Director General de Recursos Humanos incumplió con las obligaciones que establece el Reglamento de Personal vigente, al enviar informes con datos inexactos en cuanto al cálculo de vacaciones que le corresponden a cada empleado del Instituto de la Propiedad y por ende afecta el pago que corresponde por las mismas; manifestó que el demandante al no haber desvirtuado las faltas imputadas en la Audiencia y mediante las declaraciones brindadas, de haber proporcionado informes de los cálculos de vacaciones de los empleados del Instituto de la Propiedad, conteniendo datos inexactos, se aplicó la sanción establecida en el artículo 69 numerales 3 y 71 numeral 1 para faltas graves del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad. 3.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, en fecha 23 de enero del 2015, interpuso en tiempo y forma defensas previas, alegando dos causas de inadmisibilidad: 1.- Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso administrativa. Señaló que el puesto en que el demandante fue nombrado como Director General de Recursos Humanos del Instituto de la propiedad, era un cargo excluido del régimen de servicio civil, tal y como lo señala el Artículo 3 literal f) de la Ley de servicio civil el cual establece: "Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a las siguientes servidores públicos" a), b), c), d), e), f) A los Directores y Sub-Directores Generales ....”, así mismo el reglamento de personal vigente del Instituto de la propiedad también señala el cargo de Director General puesto excluido en su Artículo 3A el cual señala: “No estarán sujetos a las condiciones generales del presente Reglamento 1... 2... 3.- Directores Generales y subdirectores"; por lo que el demandante no estaba protegido por una ley especial; tal y como lo señaló el Artículo 109 de la Ley de Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, a lo que el demandante promovió la acción ante un órgano jurisdiccional, el cual no le corresponde su conocimiento en razón de no estar protegida por una ley especial y al respecto el Artículo 31 inciso c)de la misma Ley señala: "No se admitirá la acción contencioso-administrativo respecto de: a) ... b)…c) Los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía Contencioso Administrativo. " En relación a lo preceptuado en el Articulo 80 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: "Se declarara la inadmisibilidad en las cases siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a)... b)... c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso- administrativo, al tenor del artículo que fue anteriormente señalado, alegó que el demandante no puede exigir el pago de prestaciones, indemnizaciones laborales y demás derechos que reclama ya que al asumir el cargo de Director General de Recursos Humanos conocía que su cargo se encontraba tipificado como puesto excluido del Régimen de Servicio Civil. 2.- Que se hubiera interpuesta por persona no legitimada. Alegó que según el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo solamente podrán impugnarse en vía contencioso-administrativo las actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviera protegido por uno Ley especial, por lo que es importante mencionar que el demandante se desempeñó en el cargo de Director General de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad puesto excluido del régimen del Servicio Civil, clasificado específicamente en el Articulo 3 reformado, inciso f) de la Ley de Servicio Civil y el reglamento de personal vigente del Instituto de la Propiedad, por lo que la causa de inadmisibilidad de la demanda opuesta es procedente declararla con lugar por considerar que la misma es aplicable al presente caso, y consecuentemente la inadmisibilidad de la demanda, por no corresponder el conocimiento del presente juicio a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; además precisó que el demandante al no tener una ley especial que lo proteja para comparecer a la vía contenciosa administrativo, no se encuentra legitimado para promover demanda contenciosa Administrativa, de conformidad al artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que mediante auto interlocutorio de fecha 12 de marzo del 2015, las defensas previas fueron DESESTIMADAS, por no existir las causas de inadmisibilidad alegadas. 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativocon sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de agosto del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la demanda promovida por el Señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ, representado en juicio por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado" Acuerdo número C.D.- IP No. 026-2014, mediante el cual se cancela de su cargo al ciudadano WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ, como Director General de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad (PUESTO EXCLUIDO) a partir del veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2014). SEGUNDO: Absolver al Instituto de la Propiedad (IP) del pago por los conceptos reclamados por el demandante. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte demandante vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar. - CUARTO: Se declara extinguida la relación de trabajo del ahora demandante con el Instituto de la Propiedad. QUINTO: Contra la presente resolución procede el Recurso de Apelación el que deberá interponerse dentro del plazo de diez (10) días hábiles después de la notificación…”,sin costas; bajo el criterio que de la apreciación de los hechos alegados, los fundamentos de derecho en que las partes apoyan sus pretensiones, las pruebas practicadas valoradas según las reglas de la sana crítica el demandante, fue cancelado de su cargo como Director General de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad cumpliendo instrucciones del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad quienes en sesión ordinaria de trabajo número cinco (5) el veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014) en el punto cuatro (4) puntos varios donde mediante Acuerdo CD-IP-N°026-2014 se cancela al hoy demandante como ya lo habíamos mencionado anteriormente que en base al dictamen legal IP-N°16-DL-2014 de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014) el cual señala que incurrió en una falta grave según el artículo 69 numeral 3) y 71 numeral l) del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, en el presente caso de autos el acto administrativo impugnado esta emitido conforme a derecho en virtud de que no se observa que se le haya violentado el procedimiento establecido en ley para la cancelación de su cargo como Director General de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad por haber incurrido en falta grave tipificada en el artículo 69 numeral 3) y 71 numeral 1) del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, al haberlo cancelado dentro de las atribuciones que para tal efecto le otorga al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad el articulo 10 numeral 1) de la Ley de Propiedad; asimismo el cargo que desempeñaba el hoy demandante según mandato de ley es un puesto excluido y no está supeditado a ningún tipo de procedimiento para su nombramiento y cancelación por lo tanto al no estar sujeto a las condiciones generales del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad en su artículo 3A numeral 3) así como lo establecido en la Ley de Servicio Civil en su artículo 3 inciso e), por tratarse de un cago excluido el acto administrativo impugnado, esta dictado conforme a derecho por lo que se debe declarar la improcedencia de la demanda. Que la representación legal de la parte demandada alega en su escrito de contestación de demanda varias causas de inadmisibilidad las cuales no se analizan en este momento, en vista que este Juzgado ya se pronunció desestimándolas mediante resolución de fecha doce (12) de marzo de dos mil quince (2015), emitida en la pieza separada de defensas previas misma que a la fecha se encuentra firme. 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 21 de mayo del 2020, dictó sentencia REVOCANDO la proferida en primera instancia, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante legal del señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contenida en la pieza principal de autos del folio número doscientos ochenta (280) al folio número doscientos ochenta y siete (287). En consecuencia, este Tribunal estima el fallo siguiente: 1) Declarar PROCEDENTE la acción porno ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado, por existir infracción al ordenamiento jurídico al artículo 76 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, ya los articulo 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 2) Se ANULA totalmente el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación de fecha 24 de julio del 2014; 3) Se reconoce la situación jurídica individualizada a favor del señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ, en consecuencia se adoptan las medidas siguientes: CONDENAR al Instituto de la Propiedad a pagar a favor del demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por ser la norma que suple lo no dispuesto en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad por disposición del articulo 104; a) indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince (15) anos, tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengado, indemnización que deberá ser pagada de una sola vez, en un término máximo de treinta (30) días, deberá agregarse, asimismo el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos (2) años; b) al pago de los salarios caídos o dejados de percibir, contados desde la fecha de su cancelación hasta que sea firme la sentencia; c)los demás derechos laborales que le pudieran corresponde en ausencia del servidor y conforme a la ley. 4) Dejar diferido para el periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos…”, sin costas, bajo el criterio que el acuerdo de cancelación de mérito no contiene la sustentación de los hechos y antecedentes que sirven de causa para la emisión del acto administrativo que hoy se impugna, únicamente acuerda cancelarlo sin establecer el motivo (cesantía o despido, y si es por despido invocar la causa y sus hechos), obviando totalmente la motivación obligatoria de todo acto administrativo. La doctrina cataloga a esta obligación, la motivación, como la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración pública, sostiene y defiende su legitimidad y oportunidad de su decisión, aclara y facilita la recta interpretación de su sentido y alcance, por constituir un elemento esencial de todo acto administrativo, ya nivel Constitucional es una garantía del Debido Proceso; este requisito de motivación del acto administrativo, tiene coma finalidad la necesidad de contar con una debida justificación de la actuación administrativa, permitiendo el control de la juridicidad de dicha actuación, así coma proporcionar al administrado la garantía (considerada por parte de la doctrina como un derecho fundamental de la persona humana) de conocer los motives de la actuación administrativa para poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa ante posibles abusos o arbitrariedades en el ejercicio del poder público, por lo que esta exigencia es exclusiva del acto administrativo impugnable en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aun y cuando exista un expediente investigativo administrativo previo. Uno de los alegatos puntuales de la parte demandada apelante consiste en que el A-Quo aprecia que el demandante se desempeñaba en un puesto excluido y así lo hace ver la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda; pero sucede que en cuanto a ese tema y conforme al artículo 3A del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, de manera expresa incluye a los Directores Generales y Subdirectores, a que formen parte, como los demás empleados, de las condiciones generales del mismo (entiéndase incluidos de dicha norma), aunque del texto pareciere que los excluye; en el segundo párrafo del mismo artículo, establece que estos servidores, entre ellos los Directores Generales y Subdirectores, le serán aplicables los artículos 61-695 del mismo reglamento, referente al incumplimiento de sus labores, las sanciones, mediante el inicio y sustanciación de un procedimiento ante el Consejo Directivo. Por lo que se puede inferir, que nunca los excluye de la aplicación del Reglamento, a los Directores y Subdirectores, de manera expresa, antes bien, los conmina a obligaciones y prohibiciones laborales, propios de un régimen laboral especial y exclusivo de regulación de empleados, y de la misma manera los somete a un procedimiento disciplinario, cuando si se trátese de puestos excluidos, estos deben de ser de libre remoción sin condición ni excepción alguna. Por lo que, ante dicha antinomia, donde la norma además de ser contradictoria, no da solución alguna, procede hacer uso de Principios Generales del Derecho del Trabajo, por tratarse de materia de Personal (cancelación de servidor público) como ser que se debe de aplicar la norma más favorable al servidor, y se debe de interpretar la norma de manera extensiva cuando se trate de aplicar (principio pro-homine); por derechos consiguiente, el demandante no ostentaba un puesto excluido, siendo errónea la interpretación del A-quo. Que por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, es evidente la apreciación errónea del A-Quo de los hechos probados y de la aplicación de la norma, por lo que procede revocar la sentencia que se conoce en apelación por no estar emitida conforme a derecho, consecuentemente procede declarar procedente la acción. 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, en fecha 27 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de mayo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.028-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 323-2014 del Juzgado de Letras de la Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 04 de febrero del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, presentó en fecha 02 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 10 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 17 de marzo y 27 de abril del 2021, las Abogadas DIANA MELISSA PINEDA SALGADO y KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, respectivamente. 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 28 de mayo del 2021, teniendo por personados a las Abogadas KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA, como recurrente, y DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que l Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “CÓDIGO PROCESAL CIVIL ARTÍCULO 719 NUMERAL 2: MALA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE DERECHO EMPLEADA PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO. PRIMERO: Como primer motivo de esta Casación nos encontramos "La mala interpretación se ve reflejada inicialmente en el acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO CUARTO que dice: "Norma jurídica aplicable al caso concreto es el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad... ". Su señoría como puede observar desde el inicio de los Fundamentos de Derecho en los cuales los honorables Magistrados basan su Sentencia, se nota la mala interpretación al caso que nos ocupa ya que solo lo enmarcan en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, cuando ya el mismo cuerpo legal en su artículo 104 establece: "En lo no previsto en este Reglamento de Personal, se estará a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Servicio Civil". Por tal razón y del estudio del caso concreto es que mi representado se vio en la obligación de cumplir con lo reglamentado en ambas legislaciones antes mencionadas ya que ambas refuerzan el actuar del IP, con respecto a la cancelación del señor Walter Jonathan Morel Velásquez como puesto excluido; Continuando con el mismo Fundamento de Derecho el numeral dos de la sentencia de segunda Instancia señala: "2) El Reglamento de Personal de! Instituto de la Propiedad contenido en el Acuerdo-CD-IP-2011, está vigente y le es aplicable al demandante porque no se encuentra excluido de las condiciones generales del mimo Reglamento". Concepto erróneo contrario totalmente a la Ley aplicable establece, su señoría se nota la mala interpretación, ya que el Reglamento de personal del Instituto de la Propiedad en su artículo 3A claramente establece: "No estarán sujetos a las condiciones generales del presente Reglamento: 1) 2)... 3).-Directores Generales y Subdirectores ...4) ... 5) ... 6) ... 7) ... y 8) "párrafo segundo: "En el caso de los primeros cinco incisos le serán aplicables los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 referentes al incumplimiento de sus labores mediante el inicio y sustentación de un procedimiento ante el Consejo Directivo... " siendo el artículo anterior sumamente claro, en virtud que el demandante estaba nombrado como Director General de Recursos Humanos (PUESTO EXCLUIDO), criterio que también se encuentra plasmado en la sentencia de primera instancia dictada por el juez A-Quo. antes descrito en que en ningún momento se ha efectuado una "grave infracción" al ordenamiento jurídico, ya que, como se ha expuesto anteriormente a lo largo de proceso, se ha cancelado/separado/removido de su cargo como Director General de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad al señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ en estricto apego a las instrucciones del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, quienes en sesión ordinaria de trabajo número cinco (5) el veinticuatro (24) de julio del año dos mil catorce (2014) señalan que incurrió en falta grave según el artículo 69 numeral 3 y 71 numeral 1 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; dicho Consejo está plenamente facultado para realizar nombramientos y remociones de cargos tal como lo estipula el artículo 10 numeral 1 de la Ley de Propiedad..”. II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no es claro y preciso en el señalamiento de la norma infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia. III.- En el segundo motivo de casación, el Impetrante expone: “Como segundo motivo del presente escrito, nos encontramos con el considerando SEXTO del acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO" de la sentencia de segunda instancia que estamos recurriendo, donde continua siendo errónea la aplicación de la norma legal aplicable al caso el cual dice: "Acusa la apelante interpretación errónea del A-Quo al entender que no existe violación al procedimiento, siendo notificado a la audiencia de descargo con 24 horas de anticipación violentando el derecho a la defensa"; Al momento de dictar sentencia parece que el juzgador no tomo en cuenta el artículo 76 párrafo segundo del Reglamento de Personal de IP que establece: "Dicha audiencia se celebrara en el Lugar donde el empleado preste sus servicios y en la fecha y hora que se hubiere indicado. Entre la notificación y la fecha de la audiencia debe mediar un plazo mínimo de veinticuatro (horas), a fin de preparar las alegaciones que correspondan". Como puede observar su señoría la misma demandante y la sentencia de segunda instancia en el considerando anterior confirman que se le dio al demandante 24 horas para la Audiencia de Descargo y que según ellos, se le negó el derecho a la defensa, cuando ya el artículo anterior avala al Instituto de la Propiedad, al haberse cumplido con el articulo 76 antes descrito, lo anterior solo denota el desconociendo de la ley de parte de la apelante y los Ad- Quem. Cabe mencionar que al demandante no solo se le hizo una Citación con la descripción de los hechos imputados, si no varias por solicitud de el mismo, hecho que consta en el Expediente Administrativo, con el demostramos la buena fe del Instituto de la Propiedad con este, por tal razón es arbitrario de parte del Ad-Quem en querer fundamentar su criterio alegando indefensión al demandante. En el mismo acápite y considerando el Ad-Quem alega que: "Visto el acto impugnado se observa, tal como lo ha denunciado la parte demandante, que solo contiene la FORMULA CANCELACIÓN, cuando el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad claramente se establece el régimen de cancelación por despido o por cesantía, por lo que desde ya se evidencia una grave infracción al ordenamiento jurídico". Su señoría el demandante fue nombrado mediante un ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, como es posible que el Ad- Quem diga que la formula correcta seria, "SE CANCELA POR DESPIDO" cuando lo que se está cancelando es un Acuerdo de Nombramiento, por ser este un cargo en la categoría de excluido. Cabe recalcar que según la doctrina la palabra CANCELAR es sinónimo de DESPIDO, ya que despido se utiliza por lo general cuando estamos hablando de empleados que tienen otra forma de contratación, por ejemplo con el Código Laboral, si bien es cierto el Reglamento de personal del Instituto de la Propiedad habla sobre el despido, es porque la Institución tiene diferentes modalidades de contracción y que según su categoría hay algunos que están excluidos de estas normas, como es el caso, como lo hemos venido alegando en la secuela del juicio el demandante no le abarca todos los artículos que forman el Reglamento del IP (Artículo 3ª del mismo). Los motivos antes expuestos dejan claro que los argumentos del Ad- Quem son erróneos y sin fundamento, asimismo este tipo de cargos pueden ser removidos o cancelados en cualquier momento por su categoría de ser puestos de confianza, siendo la misma la ley que los deja fuera de cualquiera de los derechos que ostentan los empleados con otro tipo de nombramientos, para tal es el caso, articulo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo reza: "Solamente podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación de un servidor público, cuando este estuviera protegido por una ley especial", articulo que ha sido utilizado de forma antojadiza al momento de emitir la sentencia de segunda instancia ya que como lo mencionaba anteriormente el demandante no le asiste derecho alguno porque tanto el Reglamento de Personal del IP, como la Ley de Servicio Civil entre otras los excluyen. En el mismo considerando sexto párrafo final el Ad- Quem basa su fallo alegando que:"... Habida cuenta que a la parte actora se le practico audiencia de des cargo, celebrando esta audiencia de des cargo en el mismo día en que fue citado, situación que enerva frontalmente su derecho de Defensa y el procedimiento establecido en la Ley....". Como ya lo expresamos anteriormente, no se tomó en cuenta los medios de prueba aportados por la defensa ya que consta a folios que al señor demandante se le notifico de los hechos con la anticipación debida, con el objeto que pudiera preparar sus descargos, se desconoce el criterio de que se le dio memos de 24 horas para la audiencia, cabe mencionar su señoría que la primera notificación para que desvaneciera los hechos el 25 de junio del 2014, audiencia que no se celebró porque el demandante solicito se postergara, accediendo la administración, desde esta fecha ya el demandante es conocedor de los hechos, seguidamente la se le trato de citar nuevamente para la Audiencia de Descargo a lo cual siempre ponía una excusa, hasta que el 15 de julio del 2014 se celebró Audiencia, el cual también se le notifico con la anticipación debida, dichas Cedulas de Citación corren agregadas en autos las cuales pueden ser corroboradas, medios probatorios que no fueron considerados por el Ad-Quem, violentando el Artículo 705 del Código Procesal Civil numeral 2 que establece: “Finalidad del Recurso de Apelación: ... 2. Igualmente tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como la valoración de la prueba".”. IV.- Que también el cargo que antecede resulta inestimable, dado que la Censora del fallo omite indicar el precepto autorizante en que lo considera comprendido.- También al igual que en el primer motivo, no señala la norma infringida, insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y realiza alegatos propios de instancia. V.- En el tercer motivo de casación, se sostiene: “En el considerando séptimo (7) parte final del "ACÁPITE FUNDAMENTOS DE DERECHO", ese Tribunal manifiesta que: "Este Tribunal ya ha dejado establecido en otros fallos, que es el acto impugnado el que debe de contener los elementos de todo acto administrativo, por ende, es el acuerdo de cancelación que debe de establecer con sumo detalle y precisión los hechos y antecedentes que le sirven de causa para la emisión de dicho acto, también debe de contener la motivación de aquellos hechos y antecedentes, de lo contrario, al realizar los órganos judiciales la revisión de la legitimidad de los actos administrativos (los antecedentes en el expediente administrativo) y no estar conformes con el acto final, que es el que se impugna, existe una evidente violación al ordenamiento jurídico, lo que deriva en la nulidad del acto.". Su señoría tomando en cuenta el argumento del juzgador en el acápite anterior podemos notar que no se apega a los hechos ya que el acto administrativo impugnado si cuenta con los requisitos establecidos en los artículos 23 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la misma manera, se ha mencionado reiteradas veces los hechos y antecedentes que conllevaron a la emisión de dicho acto, como ser: la entrega de informes de fechas seis (6), once (11), doce (12) y diecinueve (19) de junio del año dos mil catorce (2014), los cuales contienen datos inexactos de vacaciones del Personal del Instituto de la Propiedad, así mismo, se debe tomar en consideración que el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad en su artículo 71 numeral 1 establece: "Incumplimiento o violación grave de algunas de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 68 y 69 de este reglamento, siempre y cuando se haya seguido el procedimiento debidamente establecido"; cabe resaltar que el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad en el artículo 3 párrafo segundo establece que le serán aplicables al Director General los artículos 61 al 69 del ordenamiento mencionado, también consta en autos todo el proceso administrativo que se llevó a cabo para que la autoridad tomara la decisión de la cancelación y separación del cargo de Director General de Recursos Humanos, asimismo al Acuerdo de Cancelación se le anexo Memorandum con la debida justificación del motivo de cancelación y en la Certificación de Acuerdo de Cancelación relaciona la documentación y fundamentación el cual se base para dicha decisión; criterio que lleva igualmente a la no valoración de la prueba y la no aplicación del artículo 705 del Código Procesal Civil numeral 2 detallado en el numeral anterior. Relacionado con este último artículo, también no fue considerado al pronunciamiento del considerando octavo (8) de FUNDAMENTOS DE DERECHO, que establece: "El acuerdo de cancelación de mérito no contiene la sustentación de los hechos y antecedentes que sirven de causa para la emisión del acto administrativo que hoy se impugna, únicamente acuerda cancelarlo sin establecer el motivo (cesantía o despido, y si es por despido invocar la causa y sus hechos)". Cuando el Acuerdo de Cancelación literalmente dice: "CANCELAR DE SU CARGO... " y relacionado los motivos por los cuales se toma esta decisión, las cuales se enmarca en haber cometido falta grave.”. VI.- También resulta inadmisible este tercer cargo, ya que nuevamente omite señalar la norma y su concepto de infracción, igual el precepto autorizante e insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y realiza alegatos propios de instancia. VII.- En el cuarto motivo de casación se aduce: “En el Considerando NOVENO (9) de FUNDAMENTOS DE DERECHO establece: "Uno de las alegatos puntuales de la parte demandada apelante consiste en que el A-Quo aprecia que el demandante se desempañaba en un puesto excluido y así lo hace ver a parte demandada en su escrito de contestación de la demanda; pero sucede que en cuanto a ese tema y conforme al artículo 3ª del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, de manera expresa incluye a los Directores Generales y Subdirectores, a que formen parte, como los demás empleados, de las condiciones generales del mismo (entiéndase incluidos de dicha norma), aunque del texto pareciere que las excluye; en el segundo párrafo del mismo artículo establece que estos servidores, entre ellos los Directores Generales y Subdirectores, le serán aplicables las artículos 61-69 del mismo reglamento, referente al incumplimiento de sus labores, las sanciones, mediante el inicio y sustanciación de un procedimiento ante el Consejo Directivo. Por lo que se puede inferir, que nunca las excluye de la aplicación del Reglamento, a las Directores y Subdirectores, de manera expresa, antes bien, los conmina a obligaciones y prohibiciones laborales, propios de un régimen especial laboral y exclusivo de regulación de empleados y de la misma manera las somete a un procedimiento disciplinario, cuando si se tratase de puestos excluidos, estos deben de ser de libre remoción sin condición ni excepción alguna... ". Su señoría en respuesta al FUNDAMENTO DE DERECHO noveno (9) en la cual el honorable Tribunal hace mención de los Principios Generales del Derecho del Trabajo, aplicación de la norma más favorable al servidor, se ha actuado de dicha manera, ya que, el demandante, siendo puesto excluido o no, se le ha efectuado el procedimiento correcto para su separación y que no fue de forma antojadiza ya que aunque la Ley de Servicio Civil los excluye de todo beneficio, el Instituto de la Propiedad velando por el bienestar de estos Servidores Públicos y tomando en cuenta el derecho a la Defensa es que decide que a estos se le sean aplicables ÚNICAMENTE LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES: artículo 3A claramente establece: "No estarán sujetos a las condiciones generales del presente Reglamento: 1)..2) ...3).-Directores Generales v Subdirectores ...4) ... 5) ... 6) ... 7) ... y 8) ..." párrafo segundo: "En el caso de los primeros cinco incisos le serán aplicables los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 referentes al incumplimiento de sus labores mediante el inicio y sustentación de un procedimiento ante el Consejo Directivo...”, Otorgándole los anteriores el único derecho a ser escuchas de las los hechos que le sean imputados, pero que del resultado que derive esta investigación, el único facultado para decidir su cancelación es la autoridad competente en cualquier momento, no importa cuál sea el motivo, por esta razón es que en ningún momento se ha efectuado una "grave infracción" al ordenamiento jurídico, ya que, como se ha expuesto anteriormente a lo largo de proceso, se ha cancelado/separado/removido de su cargo como Director General de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad al señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ en estricto apego a las instrucciones del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, quienes en sesión ordinaria de trabajo número cinco (5) el veinticuatro (24) de julio del año dos mil catorce (2014) señalan que incurrió en falta grave según el artículo 69 numeral 3 y 71 numeral 1 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad; dicho Consejo está plenamente facultado para realizar nombramientos y remociones de cargos tal como lo estipula el articulo 10 numeral 1 de la Ley de Propiedad. Los artículos anteriores fueron analizados de forma antojadiza por el Ad-Quem, queriendo aplicar normas que no corresponden y que están fuera de lugar como ser el CÓDIGO DEL TRABAJO, cuando la norma aplicable al caso es clara.”. VIII.- Que tampoco resulta admisible el cargo que antecede, ya que no se ha formulado una proposición jurídica completa, dado que no se indica la norma y el concepto de su infracción, ni el precepto autorizante; además, se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y se realizan alegatos propios de instancia. IX.- Que, en el quinto motivo de casación, la Impetrante sostiene: “Como quinto motivo de casación, la sentencia de segunda instancia establece en el considerando DÉCIMO PRIMERO DEL ACÁPITE FUNDAMENTOS DE DERECHO ALEGA: "Que por las consideraciones de hechos y de derecho que anteceden, es evidente la apreciación errónea del A-Quo, de los hechos probados y de la aplicación de la norma, por lo que procede REVOCAR la sentencia que se conoce en apelación por no estar emitida conforme a derecho". Lo anterior se emitió sin considerar lo estipulado en el artículo 715 del Código Procesal Civil numeral 3: "Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados como probados o en su valoración, pero que no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocara la sentencia apelada". No podía ser revocada la sentencia emitida por el Juez de primera Instancia, ya que este si considero todos los argumentos presentados por la parte demandada por tanto no procedía la revocación de la misma, siendo aplicado de forma incorrecta el artículo anterior.”. X.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que de nuevo se ha incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) omite la norma y el concepto de su infracción; b) no indica el precepto autorizante donde se encuentra comprendido el motivo; c) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia. XI.- Que, en el sexto motivo de casación, la Recurrente expone: “Como sexto motivo de casación este honorable Tribunal en el acápite PARTE DISPOSITIVA establece: FALLA: PRIMERO: “Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO en su condición de representante legal del señor WALTER JONATHAN MOREL VELÁSQUEZ. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central. Su señoría considera mi representado que dicho fallo no está apegado a derecho ya que de la simple lectura en de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho principalmente los antes señalados en este escrito de casación, así como con el fallo, el juzgador para emitir el mismo interpreto de forma antojadiza los fundamentos legales aplicables al caso, señalando vicios que no existen, por tanto no existió quebrantamiento en el ordenamiento jurídico, a su vez las normas que el pretende hacer ver que son las aplicables al caso no son las correctas. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Fundamentan jurídicamente este Recurso, los Artículos: 80 y 321 de la Constitución de la República; 715, 719 numeral 2 del Código Procesal Civil; 4, 8, 10 de la Ley de Propiedad; artículo 3A claramente establece: "No estarán sujetos a las condiciones generales del presente Reglamento: 1) ... 2) ...3).Directores Generales y Subdirectores...4) ... 5) ... 6) ... 7) ... y 8) ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, Decreto Ejecutivo PCM 046-2014; Así como los demás leyes aplicables al caso. PRECEPTO AUTORIZANTE: ESTE MOTIVO DE CASACIÓN SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 719 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. CONCLUSIÓN: Reitero a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el espíritu de este Recurso de Casación, es impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, ya que como lo venimos haciendo referencia en los acápites anteriores el juzgador al momento de emitir su fallo se puede revisar la falta de racionalidad, carácter lógico y la mala aplicación de los fundamentos legales correctos del que carece el mismo, al no tomar en consideración que el señor WALTER JONATAHAN MOREL VELÁSQUEZ, su cargo como Director General de Recursos Humanos es catalogado como puesto excluido tanto en la Ley de Servicio Civil como el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, aplicándole únicamente a este los artículos 3A claramente establece: "No estarán sujetos a las condiciones generales del presente Reglamento: 1) ... 2) ... 3).-Directores Generales y Subdirectores ...4)... 5)... 6)... 7) ... y 8) ... " párrafo segundo: "En el caso de los primeros cinco incisos le serán aplicables los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 referentes al incumplimiento de sus labores mediante el inicio y sustentación de un procedimiento ante el Consejo Directivo...".POR TANTO EL ACUERDO DE CANCELACIÓN fue dictado siguiendo los procedimientos legales pertinentes al caso.”. XII.- Al igual que los demás cargos, el que antecede resulta inadmisible, ya que nuevamente se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) omite indicar el concepto de la infracción de las normas que cita; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual se encuentra vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previsto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos de instancia. XIII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. XIV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus seis (6) motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA208-2021. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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