Sentencia CA-204-21 — Registro 13187
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acto administrativo presunto de carácter particular expresado a través del silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto dentro del plazo establecido los reclamos administrativos interpuestos ante la Secretaria de Seguridad de acuerdo a su orden
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión ya que: a) señala como infringido el “artículo 208 del Código Procesal Civil”, cuando dicha disposición contienen dos numerales, con distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario particularizar a cuál de ellas dirigía su ataque al fallo impugnado; c) omite el pronunciamiento que se impugna; b) ataca la sentencia por varios temas, relacionados con la falta de claridad, exhaustividad, motivación y congruencia, pidiendo el control de la motivación fáctica, conforme lo que dispone el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, pero no es preciso al exponerlas en forma conjunta, sin particularizar en que basa su censura a la forma y contenido de la resolución impugnada; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a normas no señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 207 del Código Procesal Civil.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN.- SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA; y Recurrido: Los señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA, FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, ELMER ULISES VALDEZ BENITEZ y BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO, representados en juicio por el Abogado ALEJANDRO DUARTE SALGADO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para declarar la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo presunto de carácter particular expresado a través del silencio administrativo negativo por infringir el ordenamiento jurídico y quebrantar las formalidades esenciales establecidas en la ley, indemnización por daños y perjuicios cuantificados, que se reconozca la situación jurídica individualizada de los titulares del derecho subjetivo que se reclama, pago de honorarios profesionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de mayo del 2012, por los señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA, mayor de edad, soltero, Motorista y FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público; el 28 de agosto del 2012, por el señor ELMER EULICES VALDEZ BENÍTEZ, mayor de edad, soltero, Vendedor y el 05 junio del 2012, por la señora BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO, mayor de edad, viuda, Estudiante de la Carrera de Derecho, en representación de su menor hija MONICA VALERIA PALMA RIVERA, en calidad de herederas Ab-Intestato del señor JOSE GERARDO PALMA SAN MARTÍN; todos hondureños y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes señalaron en los escritos de sus demandas lo siguiente: Merlín Iván Meza Sierra, expresó que el 21 de mayo del 2012, al salir de su trabajo se encontraba en una gasolinera ubicada en El Carrizal, Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, junto al señor Gerardo Palma San Martín (Q.D.D.G), Fredy Leonel Amador Sierra y Elmer Eulises Valdez Benítez, cuando una camioneta sin placas se estacionó cerca de ellos, misma que venía siendo perseguida por la patrulla RPM-03, en ese momento la persona que conducía la camioneta se bajó por la parte del copiloto y sacó una bolsa color blanco con la que cubrió un arma de fuego y comenzó a dispararle a los 4 agentes policiales que venían en la patrulla, a lo que los policías empezaron a dispararle a ellos y al supuesto delincuente, en medio del tiroteo una bala impactó en su pierna izquierda, quebrándole en dos partes la tibia y el peroné, otra bala le rozó su brazo derecho y la ingle, alcanzando a herirle cerca de sus testículos y alojándose en su recto, cuando finalizó el tiroteo se fue rodando para protegerse y uno de los agentes policiales lo alcanzó y apuntándole a la cabeza le dijo “rendite”, a lo que le contestó: “no somos delincuentes, somos personas trabajadoras, hasta uniformados andamos porque venimos de trabajar, de qué me voy a rendir...”, contestándole el policía “que te rindas te digo”, contestando “hermano, hágame un favor, respete mi vida, y deme un chance de hacer una llamada a mi hermano José Olman Meza Sierra”, quien es Agente de la Policía asignado a la séptima estación, mismo que llegó rápidamente al lugar de los hechos y los auxilió, encontrándose el demandante inconsciente por la pérdida de sangre y dolor, también expresó que un Agente les decía a los policías que les habían disparado "ahora qué van a hacer, van a ir al mamo todos ustedes porque hay 2 muertos y montón de heridos, tienen que ver qué hacen para no ir al mamo". En la patrulla se llevaron al señor Elmer Eulises Valdez Benítez, a quien lo trataron como animal, pues estando herido, lo golpearon y maltrataron, posteriormente el hermano del demandante, es decir, el Agente Meza expresó que al señor Elmer Eulises Valdez Benítez, le habían puesto un arma para inculparlo de las acciones que habían hecho los policías y que lo iban a matar pero no lo hicieron porque llegó él y que no lo había defendido de ir detenido porque no se podía echar en contra al Oficial. Asimismo, el señor Fredy Leonel Amador Sierra, manifestó que el día 21 de mayo del 2012, se encontraba compartiendo en la misma gasolinera y personas mencionadas anteriormente, cuando de una camioneta que venía siendo perseguida por una patrulla se bajó una persona por la parte del copiloto y sacó un trapo o bolsa color blanco con la que cubrió un arma de fuego de alto calibre y empezó a dispararle a la Policía, después, la Policía les disparó a todos los mencionados, luego observó que el señor Gerardo Palma San Martín, estaba tirado en el suelo, cayendo al suelo encima de él, percatándose que por el impacto de una bala se había quebrado el fémur de su pierna y cuando se encontraba en el suelo uno de los policías le apuntó en la frente y el demandante le dijo: “porqué me pone eso si nosotros no somos delincuentes, nosotros somos hermanos del policía Meza”, a lo que le contestó “Ah! ustedes son hermanos de Meza” y retiró el arma, acto seguido los policías sacaron del vehículo al señor Elmer Eulises Valdez Benítez, lo golpearon, enchacharon, le robaron su billetera y L. 2,000.00; finalmente, le dieron un tiro en la rodilla izquierda y lo tiraron a la patrulla sin ninguna justificación, a los pocos minutos llegó su primo, el agente José Olman Meza Sierra, quien los auxilió, llevándoselo a él y al señor Merlín Iván Meza Sierra, en una ambulancia, al señor Gerardo Palma San Martín, lo llevaron en otra ambulancia y al señor Elmer Eulises Valdez Benítez, lo llevaron detenido en la patrulla, pues pretendían matarlo, pero no lo hicieron porque llegó el Agente Meza, no obstante le pusieron una chimba para inculparlo de lo que los policías habían hecho. Con el objeto de presentar un estimado de la indemnización contrataron los servicios de un Profesional de la Economía para que formulara un Análisis Económico Financiero Salarial, el cual se presentó como medio de prueba. En fecha 7 de octubre del 2011, procedieron a presentar reclamo administrativo en concepto de responsabilidad patrimonial por actos negligentes realizados por miembros activos de la Policía Nacional dependientes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, solicitando indemnización por daños y perjuicios al quedar en estado de minusvalía a causa de los daños sufridos por impactos de bala disparados irresponsablemente, a consecuencia del incidente se encuentran imposibilitados para financiar sus gastos de subsistencia, educación y otros inherentes a la vida, si bien es cierto, el artículo 58 de la Ley de Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, Decreto No. 67-2008, de fecha 30 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 31 de octubre de 2008, faculta a la Policía para trabajar en forma amplia, tampoco los faculta para que se excedan en el ejercicio de sus funciones, disparando a personas honorables y decentes para darle captura a un supuesto delincuente, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en ningún momento ha tratado de enmendar el error de sus subalternos, adoptando medidas para el resarcimiento de los daños y perjuicios irreversibles que provocaron sus agentes policiales al actuar en forma irresponsable, negligente y haciendo uso indebido de la fuerza, por lo que quedó agotada la vía administrativa. De igual modo, el señor Elmer Eulises Valdez Benítez, indicó que el día 21 de mayo del 2011, al salir de trabajar con su ex jefe, el señor Fredy Leonel Amador Sierra, con el que se dedicaban a vender golosinas de la Empresa Boquitas Fiestas Sociedad Anónima, se reunieron en el lugar y con las personas ya indicadas, expresó que el señor Fredy Leonel Amador Sierra, le dijo que le fuera a comprar un six pack de cervezas y luego él se metió al carro, al cabo de un rato llegó una camioneta sin placas y se estacionó cerca de donde ellos se encontraban, cuando llegó una patrulla y los policías ordenaron al hombre que conducía la camioneta que se bajara, el hombre no se bajó por el lado del chofer, sino que por la parte del copiloto y sacó una bolsa color blanco con la que cubrió un arma de fuego de alto calibre y comenzó a dispararle a la policía, mismos que contestaron disparándole a las personas que estaban cerca, por mientras él se estaba protegiendo dentro del carro, pero unos policías lo bajaron del vehículo y le trataron como delincuente, lo golpearon, le robaron L.2,000.00, decomisaron sus papeles y billetera, cuando les dijo que las esposas estaban muy fuertes, le gritaron que se callara y le dieron un tiro en la rodilla izquierda, lo subieron a la patrulla sin ninguna justificación y como lo seguían golpeando, se desmayó por los golpes en la cabeza, cuando despertó se encontraba en el Hospital Escuela y uno de los policías que lo estaba custodiando le dijo: “vas a pagar por el compañero que heriste te vamos a meter al mamo”, al día siguiente llegaron a hacerle la Audiencia de Declaración de Imputado porque supuestamente había cometido los delitos de privación injusta de libertad, robo agravado, portación y uso no autorizado de material de guerra, atentado y evasión, a los seis días se realizó la Audiencia Inicial, en la que su Abogado defensor no pudo convencer al juez de su inocencia, ya que los principales testigos de lo acontecido estaban confundidos y heridos, no pudiendo testificar de manera clara, por lo que se decretó auto de prisión con prisión preventiva, el día 15 de marzo del 2012, se celebró la Audiencia Preliminar y el Ministerio Público realizó las investigaciones respectivas convenciéndose de su inocencia, por lo que se decretó sobreseimiento provisional, en fecha 16 de abril del 2012, procedió a presentar reclamo administrativo en concepto de responsabilidad patrimonial, indemnización por daños y perjuicios causados por haberle agredido físicamente, impacto de bala intencional, arresto arbitrario, haberle procesado penalmente con medios probatorios falsos, haber estado privado de la libertad por diez 10 meses, sufrimiento recibido dentro del penal y la limitación que tiene para obtener un trabajo, teniendo por agotada la vía administrativa. También la señora Blanca Zulema Rivera Posso, indicó que el día 21 de mayo del 2011, su esposo Gerardo Palma San Martín (Q.D.D.G), salió a trabajar como vendedor de la ruta de la empresa Boquitas Fiestas, al terminar su jornada laboral se reunió en el lugar y con las personas ya indicadas, en lo que llegó una camioneta que venía siendo perseguida por la patrulla RPM-03, de la cual se bajó un sujeto y empezó a dispararles a los agentes policiales, quienes respondieron disparándole a todos los que ahí se encontraban, en cuenta su esposo el señor Gerardo Palma San Martín, propinándole 11 impactos de bala por la espalda cuando trataba de cubrirse y posteriormente le quitaron la vida, todos los mencionados aún vestían el uniforme de la Empresa Boquitas Fiestas donde laboraban, luego llegó una patrulla conducida por un familiar de los señores Merlin Iván Meza Sierra y Fredy Leonel Amador Sierra, quien es el Agente José Olman Meza Sierra y al saber que dos de las personas heridas eran su hermano y su primo, les dijo a los 4 agentes que les habían disparado que se calmaran porque eran sus hermanos, pero ya los tenían heridos de gravedad y su esposo se encontraba casi muerto, a las nueve de la mañana recibió una llamada desde el teléfono celular de su esposo dándole la devastadora noticia que había muerto, tal desgracia fue provocada por un acto negligente y mal uso de la fuerza realizado por miembros activos de la Policía Nacional. En fecha 1 de diciembre del 2011, fue declarada en condición personal y en condición de representante legal de su menor hija Mónica Valeria Palma Rivera, heredera Ab Intestato de los bienes, acciones, derechos y obligaciones de su difunto esposo José Gerardo Palma San Martin, concediéndole la posesión efectiva de la herencia, lo que la legitima según el artículo 13 inciso a) de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para poder interponer tal acción. Con el objeto de presentar un estimado de su indemnización contrató los servicios de un Profesional de la Economía para que formulara un Análisis Económico Financiero Salarial, el cual se presentó como medio de prueba. En fecha 9 de diciembre del 2011, procedió a presentar reclamo administrativo en concepto de responsabilidad patrimonial por actos negligentes realizados por miembros activos de la Policía Nacional, por daños y perjuicios causados por haber dado muerte a su esposo y padre de su hija, habiendo cumplido con todos los requisitos de ley; y, por agotada la vía administrativa por silencio negativo, condición que acreditó con la copia del Reclamo Administrativo, solicitud de Pronta Resolución y Recurso de Reposición.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que lo manifestado por los demandantes es una versión subjetiva de los supuestos acontecimientos que se llevaron a cabo el día 21 de mayo de 2011, pues no está probado que las balas inferidas en los cuerpos de los afectados fueron disparadas por dichos Policías, siendo que lo ocurrido fue un intercambio de balas entre delincuentes y policías repeliendo el fuego en su contra, en el que lamentablemente se vieron afectados terceros, además los Agentes Policiales únicamente se limitaron a actuar en cumplimiento de su deber, repeliendo el ataque a fuego abierto en contra de su integridad física, amparados en lo preceptuado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, que establece como obligaciones de los miembros de la Carrera Policial en su artículo 24 numeral 22) “actuar con la decisión necesaria y sin tardanza cuando de ello dependa evitar un daño, independientemente de la Dirección o cuerpo policial al que pertenezca. La actuación, en todo caso, deberá ser congruente y oportuna y los medios a emplear deben ser proporcionales al peligro que se trata de neutralizar”; asimismo, el artículo 31 de la referida Ley establece: “Solamente se considerará legítimo el uso de la fuerza cuando se emplee en la medida estrictamente necesaria para el eficaz desempeño de las funciones. El empleo de las armas será legítimo solamente cuando exista un riesgo grave, inminente o racional para la vida o integridad física del agente policial, de un detenido o de terceras personas, o cuando existan motivos racionales para suponer que está por producirse una grave alteración del orden público o sea necesario para evitar la comisión de un delito y no están disponibles otros medios eficaces y menos peligrosos, así como para repeler un ataque en las circunstancias que establece el Código Penal en materia de legítima defensa”, por lo que lo declarado por los demandantes una versión irrelevante de los hechos y no con sustento legal, así como acusaciones temerarias y sin ningún sustento probatorio, acusando a miembros activos de la Policía Nacional de hechos constitutivos de delito con responsabilidad penal que aún no han sido determinados judicialmente, ya que en el supuesto caso de que se determinara la responsabilidad penal de los involucrados mediante sentencia condenatoria, esta puede ser objeto de recursos ante los Tribunales de la República y como lo señala el artículo 2 del Código Procesal Penal, párrafos primero y segundo que dispone sobre el estado de inocencia, siendo que dichas aseveraciones también contravienen el Derecho Constitucional establecido en el artículo 89, 327 de la Constitución de la República; por otra parte arguyó, que no acreditaron ninguna sentencia condenatoria donde se declare a los miembros policiales involucrados de los hechos culpables de los delitos de los que les acusa. En cuanto al informe presentado consistente en un análisis económico financiero salarial, dijo no ser concluyente y además no llena los requisitos establecidos en la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gasto Público, por lo que dicha acción debió haber sido rechazada de oficio por la Judicatura, puesto que carece del requisito legal contenido en el Artículo 23 de ese mismo cuerpo legal, contenida en el Decreto número 113-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 8 de julio del año 2011, que establece: “REGISTRO DE RENTA En el caso de reclamos administrativos y/o jurisdiccionales contra el Estado de Honduras por concepto de intereses adeudados, daño emergente y lucro cesante, el demandante deberá presentar ante el Tribunal competente una certificación emitida por una firma auditora autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en donde se hará constar que dicho monto está registrado en la contabilidad y en la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal correspondiente.- Ningún tribunal jurisdiccional admitirá una demanda o reclamación judicial si el demandante no acredita la certificación antes mencionada”, es por tal disposición legal tal solicitud debió ser repelida de oficio; asimismo, dicho informe no constituye un documento contundente para probar dicho extremo, carente de cualquier método científico que determine el valor de los diferentes daños y perjuicios que se pretenden se le resarzan, por lo que es necesario que los mismos sean determinados por medio de un informe actuarial, realizado por un profesional especializado en la materia, por consiguiente el pretendido informe acompañado por la parte demandante con el cual intenta acreditar los daños y perjuicios ocasionados no constituye un documento decisivo para comprobar dicho extremo, recalcando que las cantidades solicitadas por los demandantes como indemnización de daños y perjuicios, se encuentran muy por encima de los montos que el Estado de Honduras ha tenido que pagar por concepto a la violación de derechos humanos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues según dicha Corte ordena la reparación de los derechos violentados mediante medidas pecuniarias y no pecuniarias, citando la sentencia de fecha 3 de abril del 2009, del caso Kawas Fernández, contra el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ordenó al Estado de Honduras pagar en equidad la cantidad de US$ 70,000.00, por concepto de daños inmateriales la cantidad de US$ 20,000, por lo que ni aún en el caso de que la violación de los derechos humanos recaiga sobre el derecho supremo a la vida, la Corte Internacional condena para la reparación del daño a montos tan gravosos para el erario público; de igual modo, el artículo 499 del Código Procesal Civil reza, que para establecer la indemnización por un daño moral determina “La existencia de perjuicio con relación a los derechos protegidos se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima en los mismos. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya difundido, fijándose proporcionalmente en la sentencia el grado de afectación. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”. En cuanto a que presentaron el Reclamo Administrativo en concepto de responsabilidad patrimonial en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por supuestos actos negligentes realizados por miembros activos de la Policía Nacional dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, se desprende que los demandantes acudieron ante la instancia jurisdiccional de manera anticipada y por ende extemporánea y en el afán de hacer valer sus pretensiones, hicieron mención al hecho de un silencio administrativo y de un recurso de pronta resolución, lo cual dijo ser falso e improcedente, puesto que si se pronunció sobre el recurso en mención, pretendiendo hacer ver que infringió el ordenamiento jurídico, con argumentos basados en presunciones erróneas y carentes de fundamento jurídico, olvidándose de manera conveniente, que el procedimiento administrativo presentado ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, no ha sido finalizado, por lo que no ha sido agotada la vía administrativa, lo que fue objeto de alegación en las Defensas Previas que fueron opuestas en tiempo y forma.- 3. Que en fecha 17 de enero del 2013, la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, interpuso escrito de defensas previas exponiendo las siguientes: 1) Falta de agotamiento de la vía administrativa; 2) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos; 3) Que tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo al tenor del artículo 31 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 4) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de enero del 2013, resolvió DESESTIMANDO las defensas previas interpuestas por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de marzo del 2016, dictó sentencia, la cual en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por los señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA Y FREDY LEONEL AMADOR; ELMER EULISES VALDEZ BENITES Y BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO quien actúa en causa propia y en representación de su menor hija MONICA VALERIA PALMA RIVERA, por ser Herederos Ab-Intestados del señor JOSE GERARDO PALMA SAN MARTIN, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acto administrativo presunto de carácter particular expresado a través del silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto dentro del plazo establecido los reclamos administrativos interpuestos ante la Secretaria de Seguridad de acuerdo a su orden, en fecha 07 de octubre del 2011; 16 de abril de 2012 y 09 de diciembre de 2011, en consecuencia se anulan totalmente. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, al pago a favor de los demandantes MERLIN IVAN MEZA SIERRA Y FREDY LEONEL AMADOR; ELMER EULISES VALDEZ BENITES Y BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO quien actúa en causa propia y en representación de su menos hija MONICA VALERIA PALMA RIVERA, por ser Herederos Ab-Intestados del señor JOSE GERARDO PALMA SAN MARTIN, de los daños y perjuicios ocasionados, para lo cual su cálculo se difiere para la fase de ejecución de Sentencia Definitiva.-TERCERO: Que en cuanto a las causas de inadmisibilidad señalados por la parte demandada en la contestación de cada una de las demandas que se han acumulado a la presente causa, este Tribunal ya se había pronunciado sobre las mismas en los incidentes de Defensas Previas alegadas por la parte demandada en cada una de las demandas acumuladas…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que revisando la documentación pertinente, concluyó que las lesiones y muerte de los demandantes cuando se encontraban departiendo en una gasolinera en fecha 21 de mayo de 2011, fueron producto de los disparos hechos por Policías, desprendiéndose de las pruebas presentadas que las víctimas no portaban armas, por lo que se deduce que en ningún momento irrespetaron la autoridad policial; sin embargo, se logró acreditar que los Policías sin mediar palabras dispararon en contra de la humanidad de los demandantes, provocando lesiones físicas, así como la muerte del señor José Gerardo Palma San Martín, por lo que existe responsabilidad patrimonial del Estado a través de la Secretaría de Seguridad, en vista que al haber disparado en contra de su humanidad incumplieron las obligaciones que tienen en el desempeño de su cargo, según el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, al no haberles respetado el derecho que tenían de reunirse en lugares públicos, evidenciando que el desempeño de sus funciones se realizó sin la eficiencia requerida, además indicó que para resolver el presente caso, poco aporta el hecho que el proceso penal instruido en contra de los supuestos Policías que participaron en el hecho criminal, señores Delmer Alfredo Torres Reyes, José Joel Castellanos, Miguel Ángel Gonzáles García y Mauro José Rodríguez Gaitán, hayan sido absueltos en Juicio Oral y Público, puesto que si bien el nexo causal tiene similitudes en ambas materias, existen marcadas diferencias entre los presupuestos que se deben observar objetivamente, por un lado, determinar la imputabilidad en la comisión de una falta o delito y por otro para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que un proceso penal se sigue contra determinada persona natural observando los elementos del delito, mientras que la responsabilidad patrimonial del Estado se persigue en contra de una determinada organización social, que tiene por finalidad garantizar a su población el ejercicio y goce de los derechos y garantías consagrado en sus leyes.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 15 de febrero del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en cuanto al argumento de la parte demandada relativo a que el asunto debió ser conocido en materia penal por ser de su competencia, se considera que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo únicamente está determinando la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras por las actuaciones de los agentes policiales y no está conociendo ni juzgando la responsabilidad civil que nace de la comisión de un delito, lo cual si es ámbito de la Jurisdicción Penal; sobre lo manifestado por la demandada en cuanto que se debieron aplicar los artículos 29-A, 84 inciso b) y 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tales artículos regulan situaciones totalmente diferentes, siendo la afirmativa ficta y la negativa ficta figuras que se producen por el incumplimiento de plazos para emitir una resolución por parte de la Administración Pública en vía administrativa, por lo que el Ad-Quem considera que la falta de claridad en ese argumento, lo convirtió en un agravio inoperante, además de los antecedentes, observó que al no emitirse la resolución en vía administrativa en el término que la ley concede a la Administración Pública, los demandantes en aplicación al artículo 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos, solicitaron pronta resolución y luego entendieron desestimada su solicitud, abriendo camino para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal como la Ley lo regula. Referente al agravio que supone que la sentencia de primera instancia no tiene por probado ni existe motivación que sustente la cuantía reclamada, siendo que la parte demandante está impugnando un acto administrativo presunto por el silencio administrativo negativo, pues la Administración Pública no resolvió dentro de los plazos que la ley establece, infringiendo el ordenamiento jurídico y quebrantando las formalidades esenciales establecidas en la ley; y, al ser un acto presunto no da lugar a que se analice su fundamentación o motivación más allá del hecho que no se cumplieron con los presupuestos que la ley establece, además en relación con la prueba de los análisis financieros presentados por la parte demandante, mismos que sustentan la cuantía de la demanda y fueron impugnados por la demandada, es preciso señalar que la condena de daños y perjuicios se fundó en la falta de diligencia de los Agentes del Estado, no habiéndose acreditado que exista mala fe o dolo de parte de los mismos, procediendo lo establecido en el párrafo primero del artículo 1366 del Código Civil, que señala que los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento, por ello en aplicación al artículo 82 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la sentencia recurrida no puede hacer un análisis de la cuantía de los daños y perjuicios, puesto que el momento en que se dictó la sentencia difiere al del período de ejecución y una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme, si la parte demandada considera que la reclamación es excesiva, es en esta etapa de ejecución cuando son liquidados los daños y perjuicios, donde podrá presentar las pruebas, dictámenes, análisis, incluso de funcionarios y empleados del Estado, no para pretender evadir la existencia de daños y perjuicios, sino para demostrar que la pretensión de la parte demandante es excesiva, siendo en ese momento procesal oportuno donde el tribunal determinará y analizará la prueba de ambas partes destinada a cuantificar los daños y perjuicios.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en fecha 25 de marzo del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 15 de febrero del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.25-2018, dimanante de los autos que conforman las piezas que se registran bajo el No.207-2012 acumulado 220-2012 y 326-2012, del Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 12 de abril del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado ALEJANDRO DUARTE SALGADO, presentó en fecha 26 de abril del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 26 de abril del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 28 de abril del 2021, los Abogados ALEJANDRO DUARTE SALGADO y DASSIA YARENY PEREZ HERRERA.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de mayo 2021, teniendo por personados a los Abogados DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, como recurrente y ALEJANDRO DUARTE SALGADO, como recurrido; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y control lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo, infringiendo con ello el artículo 208 del Código Procesal Civil PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 720.2 en relación con el literal c) del numeral 1 del artículo 719, ambos del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La corte de Apelaciones de 10 Contencioso Administrativo confirmó en sentencia definitiva la que a su vez dictó el Juzgado de Primera Instancia en la que se declaró procedente la acción incoada por los señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA, FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, ELMER ULISES VALDEZ BENITEZ y BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO quien actúa en causa propia y en representación de su menor hija MONICA VALERIA PALMA RIVERA, como heredera ab intestato del señor JOSE GERARDO PALMA SAN MARTIN, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acto administrativo presunto de carácter particular expresado a través del silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto dentro del plazo establecido los reclamos administrativos, reconoció la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resolvió condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad al pago a favor de MERLIN IVAN MEZA O SIERRA, FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, ELMER ULISES VALDEZ BENITEZ y BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO quien actúa en causa propia y en representación de su menor hija MONICA VALERIA PALMA RIVERA, como heredera ab intestato del señor JOSE GERARDO PALMA SAN MARTIN por los daños y perjuicios ocasionados para lo cual su cálculo lo difirió para la fase de ejecución de la sentencia definitiva. El Estado de Honduras fue demandado por los señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA, FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO y ELMER EULISES VALDEZ BENITEZ, alegando que sufrieron lesiones por los daños sufridos por impactos de bala disparados irresponsablemente por agentes de policía el día 21 de mayo de 2011. En el momento procesal oportuno el Estado de Honduras presentó como prueba la sentencia de fecha 6 de enero de 2014, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, que resolvió: "PARTE RESOLUTIVA. FALLA: PRIMERO: Absolver como en efecto absolvemos, a los señores MAURO JOSE RODRIGUEZ GAITAN, DELMER ALFREDO TORRES REUES, JOSE JOEL CASTELLANOS Y MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor GERARDO PALMA SAN MARTIN. SEGUNDO: Absolver como en efecto absolvemos a los señores MAURO JOSE RODRIGUEZ GAITAN, DELMER ALFREDO TORRES REYES, JOSE JOEL CASTELLANOS Y MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas del delito de LESIONES GRAVES en perjuicio de los señores FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, MERLIN IVAN MEZA SIERRA Y ELMER ULISES VALDEZ, por el cual se les ha acusado. TERCERO: Absolver como en efecto absolvemos a los señores MAURO JOSE RODRIGUEZ O GAITAN, DELMER ALFREDO TORRES RELIES, JOSE JOEL CASTELLANOS Y MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les ha acusado. CUARTO: Absolver como en efecto absolvemos a los señores MAURO JOSE RODRIGUEZ GAITAN, DELMER ALFREDO TORRES REUES, JOSE JOEL CASTELLANOS Y MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas del delito de DETENCION ILEGAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les ha acusado. QUINTO: Se ordena la inmediata libertad del señor MAURO JOSE RODRIGUEZ GAITAN, DELMER ALFREDO TORRES REYES, JOSE JOEL CASTELLANOS Y MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, a quien se les deberá entregar la respectiva Carta de Libertad definitiva una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. SEXTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. SEPTIMO: Procede decretar el comiso de Un arma de fuego tipo pistola, marca Ceska-cz-modelo CZ-G2000, calibre 9mm, serieA-2362; un Arma de fuego de fabricación artesanal, color negro y un cartucho de caucho color rojo. Por no haber sido puesta a disposición de este Tribunal de Sentencia como pieza de convicción o ejecución, las cuales están en depósito en el almacén de evidencia del Ministerio Público. OCTAVO: No procede declarar la responsabilidad civil de los señores MAURO JOSE RODRIGUEZ GAITAN, DELMER ALFREDO TORRES REYES, JOSE JOEL CASTELLANOS Y MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA. NOVENO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. (la cursiva y negrilla es mía). La sentencia dictada por el Tribunal antes mencionado y que he citado parcialmente, con el único objeto de dejar plenamente establecido que no existió ninguna responsabilidad de los policías MAURO JOSE RODRIGUEZ GAITAN, DELMER ALFREDO TORRES REYES, JOSE JOEL CASTELLANOS y MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA, en los presuntos hechos delictuosos que se les imputaron, siendo concluyente en su absolución, tanto así que no existió ninguna duda con respecto a la decisión que se tomó para ello. Ahora bien, la absolución de responsabilidad de los agentes de policía tiene como consecuencia lógica la absolución de responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras, no obstante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró procedente la acción en contra del Estado de Honduras y lo condenó a pagar una indemnización de daños y perjuicios, aunque diferida para el proceso de ejecución. Esa sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, razonando, para confirmar esa sentencia, así: "SEGUNDO AGRAVIO. La parte procesal apelante continúa con su objetivo de crear confusión en el análisis de la sentencia que sigue la dinámica del agravio primero cambiando completamente el sentido de la sentencia, copiando solamente alunas frases de la misma ya que lo que realmente expresa la sentencia en su fundamento OCTAVO es: "Que para resolver el presente caso poco aporta (no poco importa como lo manifiesta la parte actora) que el proceso penal instruido en contra de los supuestos policías que participaron en el hecho criminal, señores DELMER ALFREDO TORRES REYES, JOSE JOEL CASTELLANOS, MIGUEL ANGEL GONZALES GARCIA y MAURO JOSE RODRIGUEZ GAITAN hayan sido absueltos en juicio oral y público. "De lo antes expresado, puesto que, si bien el nexo causal tiene similitudes en ambas materias, existen marcadas diferencias entre los presupuestos que se deben observar Objetivamente hablando, por un lado, determinar la imputabilidad en la comisión de una falta o delito y por otra parte determinar la responsabilidad patrimonial del Estado. Se establece esto, puesto que un proceso penal se sigue en contra de una determinada persona natural observando los elementos del delito, mientras que la responsabilidad patrimonial del Estado se persigue contra una determinada organización social que tiene por finalidad, entre otras, garantizar a su población el ejercicio y goce de las garantías y derechos consagrados en sus leyes. Además, el apelante continúa introduciendo un juicio penal dentro de un juicio de responsabilidad patrimonial tergiversando la verdad alegando que el A quo traspasó a todas luces lo establecido en el Código Procesal Civil al omitir los requisitos internos y formales de una sentencia valorando de manera errónea la prueba." Los demandantes pretenden que el Estado de Honduras les pague una indemnización de daños y perjuicios por las lesiones que les causaron los policías que es de donde surge supuestamente la relación de causalidad, esto es, los policías como mientras de una institución del Estado y por el cual éste debe responder, pero según la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa al absolverlos de toda responsabilidad determinó de manera inequívoca que no les causaron daños a los demandantes. ni siquiera hubo discrepancia y tampoco duda acerca de la absolución de los encausados, de ahí entonces que la relación de causalidad entre el daño causado y sus autores no existe, por tanto, la demanda contra el Estado de Honduras es improcedente. Por la misma razón que al no existir el nexo de causalidad no puede haber una responsabilidad patrimonial ya que la génesis de la reclamación son los daños causados supuestamente por los policías y no se puede, en manera alguna, distinguir o deslindar entre la determinación de la imputabilidad en la comisión de un delito y por otro lado determinar la responsabilidad patrimonial del Estado pues lo primero es lo que da lugar a esa responsabilidad, de tal suerte que al no ser imputables los policías no puede existir ninguna responsabilidad del Estado de Honduras. Basta una lectura de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia para demostrar que no puede existir responsabilidad patrimonial del Estado, la lógica más elemental nos lleva a tener como conclusión la absolución para el Estado de Honduras, sin embargo, de manera absurda la Corte recurrida confirmando la sentencia de primera instancia ha llegado a establecer la responsabilidad patrimonial del Estado sin existir la prueba que así lo demuestre y menos el nexo de causalidad. Si la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ha eximido de responsabilidad a los policías es que ellos actuaron en el ejercicio legítimo de su función, que en ningún momento causaron ni pretendieron causar un daño, únicamente respondieron al ataque de que fueron objeto en ese entonces. No se encuentra, según la sentencia penal, ninguna evidencia que ellos causaron daño a los demandantes, el conjunto de las pruebas, principalmente el de balística concluye en forma contundente que ellos no causaron daño a los demandantes. ¿Cómo se puede, entonces, establecer una responsabilidad patrimonial si no existe la causa que de origen al reclamo? Y véase que la demanda se enfoca en establecer, la nulidad de los actos administrativos, la indemnización por presuntos hechos ilícitos, que como ya se dijo, no existen, y de no haberlos no puede ni siquiera insinuarse la responsabilidad sin causa pues no es en ese sentido que se ha planteado la pretensión de los actores, y establecer un sentido contrario a la misma desfiguraría tal pretensión, que vendría a confirmar lo que ya está plasmado en la sentencia recurrida, una motivación defectuosa. El artículo 720.2 del Código Procesal Civil nos permite que podamos solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, por ser determinante de un sentido diferente del fallo. El artículo 207 del Código Procesal Civil prescribe: "1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón." Como fácilmente se puede apreciar de la sentencia recurrida, la motivación fáctica existe, pero no con la suficiencia, racionalidad y carácter lógico que debe dictarse. Como ya lo he dejado expuesto, si no existe el nexo de causalidad entre el daño ocasionado y sus autores, en este caso los policías, como así lo dice la sentencia penal, la lógica y la razón nos dicen que el fallo debe ser absolutorio, pero ha ocurrido todo lo contrario contra todo raciocinio y lógica. Huelga decir que ante la falta de raciocinio y de carácter lógico de la motivación se pone de manifiesto también una falta de suficiencia ya que esta supone un estudio más exhaustivo para no llegar a resultados tan contradictorios al razonamiento y la lógica, pero no ha ocurrido así, ante esos defectos la sentencia establece una conclusión diferente a la que ha de haberse dictado de observarse el artículo 207 antes citado. Reitero que de haberse tomado en consideración la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en donde se absuelve a los policías, el fallo hubiera sido distinto, se habría absuelto al Estado de Honduras de toda responsabilidad. Y, por último, estando ante una sentencia con una motivación defectuosa, también es natural que esa misma motivación haya dado pie para que se anularán los actos administrativos impugnados. En efecto, según la sentencia de primera instancia, que es la que declara la nulidad de los actos administrativos y que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, parte de la misma motivación que hemos expuesto de manera clara como defectuosa. La sentencia de primera instancia se sustenta en varios artículos, pero principalmente en los artículos 1346 y 1360 del Código Civil y el 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo para declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados lo que se reafirma con una lectura de dicha sentencia y la sentencia de segunda instancia cita también varios artículos, aunque la motivación más que todo la dirige a refutar los agravios que se presentaron contra el fallo de primera instancia, de ahí entonces que es dable decir que toma para si los razonamientos de esa sentencia para confirmarla. Siendo la sentencia un silogismo compuesto por dos premisas, una mayor y otra menor, y ésta última errónea, la conclusión será errónea también, y eso es lo que ha ocurrido en este caso, en donde al establecer una premisa contraria a la lógica y la razón la encuadra en la norma jurídica equivocada dando como consecuencia una conclusión errónea. Por tanto, si la sentencia recurrida contiene una motivación defectuosa, se impone que se case y en consecuencia se reenvíe el expediente al Tribunal de Alzada para que emita nueva sentencia en el plazo de quince (15) días”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por carecer de claridad y precisión ya que: a) señala como infringido el “artículo 208 del Código Procesal Civil”, cuando dicha disposición contienen dos numerales, con distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario particularizar a cuál de ellas dirigía su ataque al fallo impugnado; c) omite el pronunciamiento que se impugna; b) ataca la sentencia por varios temas, relacionados con la falta de claridad, exhaustividad, motivación y congruencia, pidiendo el control de la motivación fáctica, conforme lo que dispone el artículo 720 numeral 2) del Código Procesal Civil, pero no es preciso al exponerlas en forma conjunta, sin particularizar en que basa su censura a la forma y contenido de la resolución impugnada; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a normas no señaladas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 207 del Código Procesal Civil.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. - Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 204-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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