Sentencia CA-202-20 — Registro 13204
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción interpuesta por Sociedad Mercantil denominada Auto Lote Escoto, S de R. L., por actos de la Secretaria de Estado en Los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor, se confirma en segunda instancia Bajo el criterio que revisadas las diligencias y en virtud de su potestad revisora de actos administrativos, constató que el proceso administrativo se llevó a cabo en igualdad de partes y condiciones, encontrando que la resolución que puso fin a la vía administrativa fue notificada en legal y debida forma
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inamisible, por las razones siguientes; revisado el recurso de mérito este Tribunal, se ve imposibilitado en determinar la existencia de un motivo debidamente estructurado. En resumen el cargo o motivo debe contener: el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa (disposición infringida o relacionada, en su caso), el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, todo debidamente claro y separado, justificando la incidencia de la infracción en la resolución impugnada sin extenderse en alegatos propio de instancia, es decir, una explicación que demuestre el error cometido por el juzgador de instancia y lo que se considera correcto de conformidad a la ley una vez confrontada la misma con el fallo impugnado...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE; dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, en condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada AUTO LOTE ESCOTO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada LEONSIA ADELA BARCELONA GUITY. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de la ilegalidad de un acto de carácter particular y consecuentemente su nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha 10 de enero del 2014, que corre a folio 60 del expediente administrativo No.DRPC-425-2013 e inclusive a partir del auto de admisión de la improcedente denuncia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento Cortés, por el Abogado JUAN CARLOS MERAZ MATUTE, como apoderado legal de la sociedad mercantil denominada AUTO LOTE ESCOTO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que en fecha 11 de diciembre del 2013, el señor CARLOS ANTONIO CASTRO LÓPEZ, interpuso una denuncia en su contra ante el Departamento Regional de Protección al Consumidor, por lo que el 20 de diciembre del 2013, compareció a una audiencia de conciliación, en la cual alegó que el denunciante no se encontraba al día con el pago de las cuotas del arrendamiento de un vehículo, además que el incendio del mismo había sido provocado por el denunciante al haberle instalado repuestos de forma incorrecta y sin previa consulta, hechos que se omitieron en la denuncia, ya que a su criterio por tales circunstancias no le asistía el derecho a interponer denuncia, pero sugirió se le pagara un deducible de (L 10,000.00) para continuar con la relación mercantil, sin embargo se tuvo por fracasada la conciliación. Mediante el auto de fecha 03 de enero del 2014, se consideró la denuncia con “mérito suficiente”, procediendo a imputar al denunciado-demandante la presunta falta, concediéndole el término de (5) días hábiles para exponer descargos y proponer pruebas, lo cual fue presentado el 9 de enero del 2014, siendo resuelto al día siguiente de su presentación, es decir, el 10 de enero del 2014, teniendo por evacuada la prueba documental, incurriendo en el error procesal de abrir el juicio a pruebas por el término de (15) días hábiles, cuando por regla general la ley establece que son (10) días hábiles, también arguyó que se incurrió en el error de tener por evacuados los medios de prueba documentales sin que éstos fueran previamente propuestos, luego en el auto de fecha 17 de junio del 2015, la Coordinación del Departamento de Protección al Consumidor, incurrió en error procesal cuando dispuso que “vista la providencia de fecha 22 de abril del 2013, (la cual no existe en el expediente No.DRPC-425-2013), en virtud de lo establecido en el memorando de fecha 21 de mayo del 2015, y en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo se procede a declarar la nulidad absoluta de la misma, la cual fue remitida por esta Regional de Protección al Consumidor, ya que dicha providencia infringe manifiestamente la ley y así enmendar el error material encontrado en el Expediente Número DRPC-425-2013 iniciado por el señor CARLOS ANTONIO CASTRO PEREZ, contra la sociedad mercantil denominada AUTO LOTE ESCOTO, S. DE R.L. por tal razón la providencia en delante deberá leerse de la manera siguiente: Admítase el escrito que antecede denominado SE CONTESTA EN TIEMPO Y FORMA IMPUTACION POR HABER IRRESPETADO EL DERECHO DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN EL USO DE BIENES AL CONSUMIDOR.- SE FORMULAN ALEGATOS.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS.- TRAMITE.- PETICION presentado por la Abogada NECTY EMELINA DIAZ SANCHEZ, en su condición de .L. en el Expediente Número DRPC-425-2013 …” siendo así que el demandante señaló que en el auto citado la Dirección Regional de Protección al Consumidor, reconoció que en el auto de fecha 10 de enero del 2014, se infringió la ley y para enmendar tal error material mediante el auto recién citado de fecha 17 de junio del 2015, se declaró la nulidad absoluta del mismo, no obstante para realizar tal enmienda tomó como base una providencia que no constaba en el expediente, refiriéndose a la providencia de fecha 22 de abril del 2013, resultando imposible su validez, puesto que la denuncia fue interpuesta el 12 de diciembre del 2013, en consecuencia la nulidad que se decretó no produjo ningún efecto, y todo lo actuado a partir del auto de fecha 10 de enero del 2014, es nulo, incluyendo la Resolución No.DGPC-260-2016, de fecha 7 de julio del 2016, la cual puso fin al procedimiento administrativo. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando parcialmente el hecho primero, puesto que efectivamente la vía administrativa finalizó con la emisión de la resolución No. DGPC-260-2016, que declaró con lugar la denuncia interpuesta, con respecto al hecho segundo lo rechazó de plano, puesto que el denunciante al momento del siniestro se encontraba al día con el pago de sus cuotas, además expresó que el demandante no presentó informes técnicos ni pruebas que lograran culpar al denunciante sobre la responsabilidad del incendio. Sobre el hecho tercero lo aceptó parcialmente, exponiendo que la apoderada del demandante en la audiencia de conciliación expresó que las aseguradoras no pagaban de inmediato, y que en el caso particular del incendio del vehículo le proponía al denunciante pagar el deducible de (L 10,000.00), y procedió a presentar en el mismo acto un desglose de pago total del reclamo número 33080, póliza 1015120 por la cantidad de (L 12,370.00), con lo que contradijo la propuesta de pagar el deducible de (L 10,000.00), pues el documento presentado señalaba que el deducible era de (L 3,000.00). Asimismo, rechazó el hecho cuarto y quinto de la demanda, puesto que la apertura del juicio a prueba fue por el término de (15) días, sustentado legalmente según el artículo 80 de la Ley de Protección al Consumidor, tercer párrafo. En cuanto a que se señaló una fecha que por un lapsus calami se consignó en el auto que anulaba la admisión de los descargos, por un error se consignó al final la palabra cúmplase y notifíquese, siendo criterio de la Dirección Regional de Protección al Consumidor que el mismo solo debía contener el término notifíquese, hecho por el cual procedió anular y corregir dicho auto, no obstante tales autos fueron refrendados legalmente mediante notificación hecha personalmente a la apoderada del demandante, sin que presentara recurso de reposición o incidente de nulidad, por lo que dice que el expediente DRPC-425-2013, cumplió a cabalidad el proceso administrativo pertinente respetando el derecho a la defensa y la petición de recursos que no se utilizaron en su momento, por lo que solicitó que la demanda sea declarada sin lugar por no contener fundamentos legales. 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 20 de abril del 2018, dictó resolución que literalmente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción interpuesta por el Abogado Juan Carlos Meraz Matute su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada Auto Lote Escoto, S de R. L., contra el Estado de Honduras, por actos de la Secretaria de Estado en Los Despachos de Desarrollo Económico, Dirección General de Protección al Consumidor, en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnados. SEGUNDO: CONFIRMA la Resolución numero DGPC-260-2016 de fecha 7 de Julio del año 2016 acto administrativo mediante el cual se declara con lugar la denuncia presentada por el Señor Carlos Antonio Castro Pérez y se le impone la sanción de una Multa a la Sociedad Mercantil ya mencionada por la cantidad de tres salarios mínimos, es decir Veintitrés Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras con Noventa y Cuatro Centavos, (L. 23, 279.94) así como la devolución de la cantidad de Ciento Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Treinta Lempiras exactos (L 155,530.00). TERCERO: Se EXIME de COSTAS a la parte vencida en juicio por haber tenido motivos suficientes para litigar…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que si bien es cierto la demandada en el auto de fecha 17 de junio del 2015, al momento de colocar la fecha del auto o providencia que estaba anulando cometió un error de dedo, sin embargo tal resolución fue notificada mediante Tabla de Avisos sin que la representada del demandante se pronunciara al respecto en sede administrativa, dejando transcurrir el tiempo otorgado para la evacuación de los medios de prueba documentales propuestos, por lo que al no haber reclamado su derecho en el momento procesal oportuno se tuvo por convalidado el desarrollo del proceso. En cuanto a la carga probatoria consideró que le correspondía al demandante probar la certeza de los hechos de su demanda, a pesar de ello no lo logró, ya que el error de dedo referente a la fecha de la resolución fue un error formal y no de fondo, además no fue impugnado siendo consecuentemente consentido por la demandante, tampoco hizo uso del término de (10) días hábiles otorgados para evacuar la prueba propuesta, lo que originó su caducidad. La Ley de Protección al Consumidor en su Artículo 82 indica que concluidas las diligencias sumariales se dictará la resolución definitiva, y que en caso de comprobarse la infracción dispondrá las sanciones pertinentes, en su caso la restitución, cambio del bien ó devolución de lo pagado, por lo que la Dirección General de Protección al Consumidor, emitió una Resolución dentro del plazo que la Ley señala aplicando el ordenamiento jurídico vigente multando a la demandante al pago de tres salarios mínimos, es decir, (L. 23, 279.94) y la devolución de la cantidad de (L 155,530.00). Por lo que también amparada en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere, lo que también se encontró debidamente probado, por tanto, declaró sin lugar la demanda, sin costas por haber motivos suficientes para litigar. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de octubre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la resolución proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que revisadas las diligencias y en virtud de su potestad revisora de actos administrativos, constató que el proceso administrativo se llevó a cabo en igualdad de partes y condiciones, encontrando que la resolución que puso fin a la vía administrativa fue notificada en legal y debida forma, concediéndole al demandante la oportunidad de interponer en su momento procesal oportuno el recurso administrativo procedente, además con la mencionada notificación tuvo conocimiento sobre el vencimiento del plazo para la evacuación de la prueba sin la aportación del dictamen técnico que probaba la supuesta responsabilidad del denunciante sobre el siniestro del vehículo, por lo que al no haber manifestado su inconformidad referente a los errores formales que alega existieron en el proceso administrativo, se continuó con el procedimiento hasta que se declaró procedente la denuncia, concluyendo las diligencias sumariales mediante resolución definitiva, siendo así que los hechos constitutivos de la demanda no pudieron probarse en juicio, por consiguiente confirmó la sentencia de primera instancia. 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, en fecha 9 de enero del 2020, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de octubre del 2019, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.55-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0501-2016-00056 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 16 de enero del 2020, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada LEONSIA ADELA BARCELONA GUITY, presentó en fecha 03 de marzo del 2020, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 05 de marzo del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución el Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO, en fecha 06 de marzo del 2020, y la Abogada LEONSIA ADELA BARCELONA GUITY, en fecha 10 de marzo del 2020. 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 9 de diciembre del 2020, teniendo por personados al Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, como recurrente, y la Abogada LEONSIA ADELA BARCELONA como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “El AD QUEM al momento de dictar su Sentencia Definitiva de fecha 30 de octubre del 2019 que corre a folio 9, hoy recurrida, en su parte dispositiva, aplica normas de derecho que no guardan ninguna relación con los hechos controvertidos y fueron empleadas para la solución del fondo del litigio. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO MAL APLICADAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA: Articulo 129 de la Constitución de la República: "La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación.- Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho, a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios." En ningún momento, ni en la tramitación de la denuncia en sede administrativa ante la Dirección Regional o General de Protección al Consumidor, ni en la tramitación de la Demanda en el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, ninguna de las partes procesales tuvimos pretensiones relacionadas con la materia laboral ya que nunca existió entre ellos una relación de capital y trabajo. Por "normas de derecho" entiendo que también lo son las constitucionales y es por tal razón que fundamento la casación en la incorrecta aplicación de esta norma constitucional (Artículo 129 de la Constitución de la Republica), dado que la concepción moderna de la Constitución es que su naturaleza jurídica es una norma y, por lo tanto, sus disposiciones deben adquirir plenamente el carácter normativo, esto es, que tenga plena aplicación y vigencia, siempre y cuando una o más de sus disposiciones se hayan empleado para la solución del fondo del litigio, y en el presente caso esa norma constitucional ha sido empleada para confirmar la solución del fondo del litigio, entonces si procederá el recurso interpuesto por esta representación procesal. Artículo 10 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre: (Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia) “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia” Como en el caso anterior de la norma constitucional mal aplicada, esta disposición o norma de derecho, porque forma parte del Derecho Interno, tampoco tiene relación alguna con el asunto que nos ocupa. Artículo 82 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: “Si la sentencia declarare procedente la acción: c) Si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, la sentencia se limitará a declarar el derecho y quedará diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos, salvo lo previsto en el Articulo 76." Esta norma de derecho, tampoco debió ser aplicada en la sentencia recurrida, ya que es incongruente con la misma por haber declarado improcedente la acción en el A QUO y también en el AD QUEM, donde nunca tuvimos la pretensión de obtener resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, nuestra única pretensión fue obtener la declaratoria de ilegalidad de un acto de carácter particular, específicamente la nulidad de la Resolución No.DGPC-260-2016 de fecha 07 de Julio del año 2016, dictada en las Oficinas de Protección al Consumidor de San Pedro Sula, Cortes.” II.- Que el cargo que antecede resulta inamisible, por las razones siguientes; revisado el recurso de mérito este Tribunal, se ve imposibilitado en determinar la existencia de un motivo debidamente estructurado. En resumen el cargo o motivo debe contener: el concepto de la infracción, una proposición jurídica completa (disposición infringida o relacionada, en su caso), el pronunciamiento que se impugna, el precepto autorizante, todo debidamente claro y separado, justificando la incidencia de la infracción en la resolución impugnada sin extenderse en alegatos propio de instancia, es decir, una explicación que demuestre el error cometido por el juzgador de instancia y lo que se considera correcto de conformidad a la ley una vez confrontada la misma con el fallo impugnado. III.- En atención a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 704, 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación V.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. – NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de septiembre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA202-20. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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