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Sentencia CA-195-21 — Registro 13186

Resumen

En primera instancia se declarar improcedente la acción incoada por la demandante, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, al indicarse en la formulación que “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, omitiendo establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta en la explicación que alude a una falta de aplicación; b) se indica como disposición infringido el artículo 272 del Código Procesal Civil, omitiendo precisar un numeral de los que contiene, es hasta en la explicación que alude al número 1) del citado cuerpo legal; c) la disposición señalada como infringida no tiene relación con la situación jurídica planteada; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude al artículo 1 de la Constitución de la República, que no ha sido señalado como infringido o relacionado en la formulación; y, e) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, al indicarse en la formulación que “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, omitiendo establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta en la explicación que alude a una falta de aplicación; b) la disposición señalada como infringida no tiene relación con la situación jurídica planteada; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) en el desarrollo se alude a los “…Artículos Nos.82, 89, 90 Constitucional, 3 del Código Procesal Civil, 1 clausula 5, 38 literal b), 48 de la ley de servicio civil , 174, 175, 176 del Reglamento de Servicio Civil, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo…”, que no han sido señalados como infringido o relacionados en la formulación; y, e) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN.- SON PARTES: Recurrente: señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RAMOS, representada en juicio por el Abogado CARLOS HUMBERTO ZELAYA RODRÍGUEZ; y Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZÁLEZ ROSALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por no ser conforme a derecho y por infringir el ordenamiento jurídico, se declare la ilegalidad y su nulidad, se reconozca una situación jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias para su restablecimiento como ser el reintegro de la demandante en su cargo, pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RAMOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que empezó a prestar sus servicios al Estado de Honduras en la Secretaría de Salud, Hospital del Sur el día 17 de septiembre del 2001, nombrada mediante acuerdo No.1584 de fecha 07 de enero del 2002, en el cargo de Conserje I, devengando un sueldo de L.11,310.00 al momento del despido ilegal e injusto; que durante el desempeño de sus funciones el demandante dice haber mantenido una conducta integra y responsable, pero el día 20 de noviembre de 2015, de forma sorpresiva y abrupta mediante acta de fecha 20 de noviembre del 2015, se le notificó la cancelación del cargo que venía desempeñando, mediante el Acuerdo No. 4067 de fecha 17 de noviembre de 2015, efectivo el 20 de noviembre de 2015, acción que es totalmente ilegal y arbitraria en virtud que la notificación de su cancelación se hizo en forma defectuosa, ya que el acta de notificación de fecha 20 de noviembre de 2015, hizo referencia al Oficio No. 4067-2015-SGSS de fecha 17 de noviembre del 2015, suscrito por la Secretaría General por Ley mediante el cual delega al Jefe de Personal del Hospital del Sur notificarle a la demandante el Acuerdo de Despido No.4067, lo cual no es conforme lo establecido en los artículos 4, 5 y 92 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 27 numeral 8) del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, de igual modo según la citación de fecha 14 de septiembre del año 2015, suscrita por el Asesor Legal Hospital Regional del Sur y dirigida a la demandante, en la que se le citaba para que se hiciera presente con carácter obligatorio a la oficina del Asesor Legal del Hospital Regional del Sur el día 16 de septiembre del 2015, a fin de tratar asuntos que iban relacionados con el desempeño de su trabajo, pero la citación carecía de las formalidades legales necesarias, ya que en ella no se hacía referencia a documento alguno en el que constara que el Asesor Legal del Hospital Regional del Sur estaba facultado por las autoridades Superiores del Hospital del Sur, o de la Secretaría de Salud para tal acto, tampoco se hizo alusión a disposición legal alguna que le diera facultades para obligarle asistir a la referida reunión. El día miércoles 16 de septiembre de 2015, se levantó el acta correspondiente bajo engaño a la demandante en vista que se le hizo asistir a una reunión con otros propósitos, ya que fue citada a una reunión para tratar asuntos relacionados con el desempeño de su trabajo, pero en la reunión el Asesor Legal del Hospital Regional del Sur le preguntó “puede hacerme un relato puntual del comprobante de pago mensual correspondiente al mes de julio del año 2015, que aparece a su nombre y que presenta alteraciones conforme a su original, y fue entregado en esta oficina por la Gerencia de Recursos Humanos de Regional número 6 de salud, el día 14 de septiembre de 2015”, siendo lo anterior violatorio al derecho de defensa y debido proceso establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica, artículo 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, asimismo el acta de fecha 16 de septiembre de 2015, carece de las formalidades de ley ya que no tiene título, y no se sabía si era un acta de declaración, acta de investigación, acta de reunión de trabajo, además no fue firmada por todas las partes comparecientes, en decir solo aparecía la firma de la demandante, no siendo firmada por el Asesor Legal del Hospital del Sur, ni delegado de la autoridad nominadora, por lo que el acta fue levantada bajo engaño, ya que los motivos por los que fue citada no corresponden a lo que se le preguntó en la reunión, violentando con ello el artículo 88, 89, 90, 321, 323 de la Constitución de la Republica; continuó relatando que mediante citación de fecha 16 de octubre de 2015, para la Audiencia de Descargos el Delegado de la Autoridad Nominadora le citó el día 28 de octubre del 2015, en las oficinas de Asesoría Legal del Hospital del Sur, a fin de escuchar los descargos por haber adulterado datos, falsificado el sello y la firma del Jefe de Personal del Hospital del Sur, en comprobantes de pago, observándose que conforme a la falta imputada la Secretaria de Salud sin tener facultades para ello le juzgó por delitos que indicó no haber cometido, sin contar con ningún documento extendido por autoridad competente, donde conste mediante pruebas científicas que adulteró datos, falsificó el sello y firma del Jefe de Personal del Hospital del Sur en comprobantes de pago, con la agravante además que el Delegado de la Autoridad Nominadora realizó en su totalidad el proceso, es decir que citó, investigó, levantó la Audiencia de Descargos, en evidente violación a la presunción de inocencia y debido proceso, establecidos en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Republica, artículos 174 y 175 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, aunado a lo anterior el Acta de Audiencia de Descargos levantada al efecto en fecha 28 de octubre del 2015, presentó irregularidades ya que en un acto de intimidación, participó en condición de testigo la Jefe de Recursos Humanos del Hospital del Sur, en violación del Artículo 177 del Reglamento de Ley de Servicio Civil que establece “la audiencia de descargos se celebrará ante el Jefe Superior de la Dependencia o ante el empleado en quien se delegue esta función, con la presencia del servidor y de dos (2) testigos, nominados uno por este último y otro por la dependencia”, pero en ningún caso el empleado ante quien se deba celebrar la Audiencia, podrá ser el Jefe Inmediato con el cual se originó el conflicto que dio lugar a los hechos imputados, o cualquier otro empleado que se encontrare en similares circunstancias, además en la Audiencia de Descargos en ningún momento se le dio lectura a documento alguno mediante el cual la Secretaria de Salud delegó facultades para que dicho acto fuera celebrado por el Delegado de la Autoridad Nominadora, ni se le dio lectura a documento alguno de una debida investigación, o documento expedido por autoridad competente que calificara las faltas que se le imputan, tampoco se le puso a la vista los supuestos comprobantes de pago u objetos que supuestamente adulteró y falsificó, concluyendo que la Audiencia de Descargos de fecha 28 de octubre de 2015, está viciada de nulidad al estar sustentada en supuestos y no en hechos concretos, arguyendo que como trabajadora tiene derecho a la protección contra el desempleo conforme a los artículos 59, 90, 127 y demás aplicables de la Constitución de la Republica, artículo 38 literal b) de la Ley de Servicio Civil, artículo 1, 7, 8, 23, de la Declaración Universal de Derechos.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando ser cierto que la demandante fue nombrada mediante Acuerdo No. 1584, con efectividad a partir del 17 de septiembre del año 2001, en el puesto de Conserje I, en el Hospital del Sur, misma que al momento de la cancelación por despido tenía un sueldo de L.11,310.00, tal y como consta en el Acuerdo de Despido No. 4067, rechazó que el despido fue ilegal e injusto, también rechazó que se violentaron derechos en virtud que cumplió con todos los requisitos administrativos previo al despido justificado, dicho procedimiento administrativo que culminó con la notificación del Acuerdo de Despido No. 4067, resaltando que previo al despido se realizaron las respectivas diligencias investigativas, y se siguió el procedimiento disciplinario establecido en la Ley de Servicio Civil, que es aplicable a todos los servidores públicos, por lo que en ningún momento accionó de manera ilegal y arbitraria, ya que la demandante no logró desvirtuar los cargos de haber adulterado y falsificado el sello y la firma del jefe de personal, más bien aceptó su culpa en la Audiencia de Descargo, razón por la cual la notificación de la cancelación por despido, con efectividad a partir del 20 de noviembre del 2015, fue realizada conforme a ley, de igual forma rechazó que la citación realizada en fecha 14 de septiembre del año 2015, se efectuó con el fin de realizar diligencias investigativas previas a un procedimiento disciplinario, y no por esto se violentó el derecho a la defensa, más bien se le otorgó la oportunidad de defenderse, y justificarse por la denuncia de falsificación de documento y uso de sellos, ordenada por la Jefe de Talento Humano del Hospital Regional del Sur, mediante Oficio No. 066-2015-JPHS, al Asesor Legal del Hospital Regional del Sur, razón por la cual se le citó a una reunión para tratar asuntos relacionados con el desempeño de su trabajo, debido a que eran investigaciones previas, pues no se podía realizar un procedimiento sin tener los elementos necesarios para denunciar ante las autoridades superiores la falta cometida, ya que cualquier falta que cometa un empleado público debe ser investigada, además la misma se encontraba estrechamente ligada con el desempeño del trabajo, ya que faltó a sus obligaciones como servidora pública, por otra parte señaló que la citación realizada en fecha 16 de octubre del 2015, para la Audiencia de Descargo, si cumplía con los requisitos y formalidades establecidas en la ley, pues como resultado de las diligencias investigativas y tomando en cuenta la Convención Interamericana contra la Corrupción y los preceptos establecidos en el Código de Ética del Servidor Público, procedió a levantar Acta en fecha 16 de septiembre del 2015, en cumplimiento al Oficio 66-2015-JPHS, ordenando que la demandante hiciera un relato puntual del comprobante de pago mensual correspondiente al mes de julio del año 2015, el cual aparecía a su nombre y que presentaba alteraciones conforme a su original, mismo que fue entregado en la Asesoría Legal por la Gerencia de Recursos Humanos de la Regional Numero 6 de Salud, el día 14 de septiembre de 2015, investigación necesaria para poder realizar un procedimiento disciplinario, aclarando que del procedimiento disciplinario establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento resultó el despido, ya que la demandante aceptó tanto en el Acta de Investigación, como en la Audiencia de Descargo la falta señalada, por lo que en ningún momento se le violentó el derecho a la defensa, todo lo contrario se realizaron investigaciones, se le citó en legal y debida forma, se le realizó Audiencia de Descargo, en la cual se le brindó su derecho de defensa al servidor público inculpada, misma que se plasmó previo al reporte realizado a la Secretaria General de la Secretaria de Salud, quien puso en conocimiento de dicha denuncia a la Autoridad Nominadora, razón por la cual ésta delegó al Asesor Legal del Hospital Regional del Sur, para que realizara el Procedimiento disciplinario, procedimiento en el cual la demandante expresó “cometí el error lo reconozco y pido disculpas y hasta ahora me ha pasado esto a cumplir quince años y hasta ahora que se presenta esto ya que mi situación económica es bien difícil antes ustedes de las autoridades y ante Dios prometo no volver a incurrir en estos errores, en mi condición de mi trabajo he sido bien responsable lo he cuidado, no sé en qué momento lo hice”, y al preguntarle quien adulteró el documento, ésta manifestó: “el documento no lo adultere yo creo que ya lo manifesté anteriormente a usted abogado, la persona ya usted lo tiene bien claro”, debido a lo manifestado en el Acta de investigación de fecha 16 de septiembre, la demandante también manifestó que ella le pidió a su compañero de trabajo Máximo Aguilera, que le ayudara con la elaboración de un Boucher para poder refinanciar un préstamo en la Cooperativa Sagrada Familia, señalando que su compañero lo hizo y que ella personalmente se tomó la atribución de tomar en un descuido el sello a su jefe, y se lo colocó al Boucher al igual que la elaboración de la firma, por lo que el demandado dijo únicamente haber cumplido con su obligación al realizar el procedimiento disciplinario que procede en los casos en que un servidor público incurre en una falta establecida en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo tanto al haber aplicado las Leyes de la Administración Pública, en ningún momento violentó derechos, por otra parte señaló que la Autoridad Nominadora puede delegar en cualquier empleado de la Secretaria, por lo que si tuvo a bien delegar al Asesor Legal para que realizara dicho procedimiento, y ello no implica que como el Asesor Legal realizó las investigaciones previas al proceso disciplinario, no podía ser delegado, de igual modo arguyó que en ningún momento violentó el artículo 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, ya que la misma fue celebrada por el Asesor Legal y la persona a la cual la Autoridad Nominadora delegó para tal efecto, por lo que el empleado ante quien se celebró la audiencia fue el Delegado de la Autoridad Nominadora no su Jefe quien únicamente se encontraba en dicha audiencia en condición de testigo, también la demandante firmó un acta de investigación en donde aceptó la falta cometida, y con ello a la Autoridad Nominadora Delegada. Por lo anterior considera que el despido realizado fue legal y por lo tanto procedente, ya que se observó el debido proceso durante todo el procedimiento establecido en la Ley para tal fin, no incurriendo en responsabilidad alguna al despedirla ya que se cumplieron todas las formalidades dentro del debido proceso.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de agosto del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1): Declarar Improcedente la acción incoada por la Señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RAMOS, por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado. - SEGUNDO (2): Se exime del pago de costas a la parte demandada vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que es claro y evidente que el Acto Administrativo por medio del cual se canceló a la demandante de su puesto de trabajo se emitió conforme a derecho, ya que para que la Autoridad Nominadora emita el acuerdo de cancelación de un servidor público, tiene que sujetarse al Principio de Legalidad, siguiendo el procedimiento que ordena la Ley y respetando las garantías del servidor público, mismas que se respetaron en todo momento, pues la demandante fue citada a la Audiencia de Descargos por la falta por la cual fue cancelada, en consecuencia de esto, al estar ajustado a derecho el acto impugnado, la presente acción es improcedente al estar debidamente acreditado que el demandado no infringió el ordenamiento jurídico, ni restringió garantías constitucionales, ya que fue dictado al tenor de lo ordenado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, declarando improcedente la acción interpuesta.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 8 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio de estar acreditado que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento Jurídico, puesto que respetó el Debido Proceso, Derecho a la Defensa y las Garantías Constitucionales, ya que la Sentencia Definitiva emitida mediante un estudio adecuado, valoración de la prueba en su conjunto de acuerdo a los hechos y fundamentada en Derecho, estaba debidamente motivada cumpliendo con los requisitos estipulados por la norma, además se ajusta a los hechos planteados en el debate por las partes, los cuales fueron probados en su oportunidad, asimismo indicó que la expresión de agravios no atacaron la sentencia que se recurre en apelación, simplemente transcribe los hechos del plan de la demanda, deduciéndose que de esta forma no se cumple con los requisitos de ley, lo que hace la labor de esta segunda instancia difícil de apreciación en que consiste la infracción procesal que sustenta el Recurso de Apelación. El efecto devolutivo en el ámbito del recurso de acuerdo al Código Procesal Civil en el artículo 701 refiere que el Tribunal que resuelve los recursos de apelación y casación, solo podrá decidir relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, estará vinculado por los motivos alegados y en su caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación, invocando las normas y fundamentos jurídicos que apliquen al caso, la acción de motivar el recurso interpuesto de acuerdo al artículo 701 numeral 1) del Citado Código pues se limita el conocimiento a los pronunciamientos expresamente recurridos, quedando vinculado por los motivos alegados y las cuestiones de derecho planteadas, en tal sentido el artículo 704 del citado Código exige a las partes fundamentar el recurso de apelación e identificar con total precisión el pronunciamiento o parte del que se apele, ello implica que no todo el contenido de la resolución apelada puede entenderse necesariamente apelado, por lo que el tribunal de apelación puede conocer de todas las cuestiones planteadas en primera instancia, o bien solo de parte de ellas en función de la disposición de las partes del contenido del proceso y del recurso.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS HUMBERTO ZELAYA RODRÍGUEZ, en fecha 01 de marzo del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 08 de septiembre del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.88-2018, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.378-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 10 de marzo del 2021, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada SANDRA YAMILETH GONZÁLEZ ROSALES, presentó en fecha 5 de abril del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 13 de abril del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 15 de abril del 2021, los Abogados CARLOS HUMBERTO ZELAYA RODRÍGUEZ y SANDRA YAMILETH GONZÁLEZ ROSALES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados CARLOS HUMBERTO ZELAYA RODRÍGUEZ, como recurrente, y SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Precepto Autorizante: el presente motivo se encuentra previsto en el artículo 719 (causales del recurso) numeral 2 del Código Procesal Civil.

Pronunciamiento que se impugna: Se impugna en todas y cada una de sus partes la Sentencia definitiva de fecha 8 de septiembre de 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y confirma la sentencia de fecha 22 de agosto de 2018 emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa (demanda con orden de ingreso número 378-15), que a la vez declara improcedente la acción incoada. Disposición infringida: La norma del ordenamiento jurídico infringida es el Articulo 272 PRESENTACION DE ORIGINAL O COPIA, DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. Explicación del motivo: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo omite con su fallo aplicar al caso concreto el Artículo 272 del Código Procesal Civil que establece: Articulo 272.- PRESENTACION DE ORIGINAL O COPIA 1. Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el Articulo siguiente de este Código si se aportaren al proceso en original o por testimonio, copia fotostática autenticada, certificación fehaciente o si, habiendo sido aportado por copia simple, no se hubiese impugnado su autenticidad. por tanto, existe infracción relevante y determinante para la decisión adoptada en la Sentencia recurrida, esto es falta de aplicación de Disposiciones Legales que han incidido, influido y conducido al Sentido de la Sentencia impugnada, como exponemos a continuación: La Corte de Apelaciones considera en su fallo (OCTAVO (8)) que de la revisión del expediente administrativo en su conjunto se observa que está debidamente acreditado que la autoridad nominadora no infringió el ordenamiento jurídico, que se respetó el debido proceso, el derecho de defensa y las Garantías Constitucionales, la Sentencia definitiva emitida mediante un estudio adecuado, valoración de la prueba en su conjunto de acuerdo a los hechos y fundamentada en Derecho, debidamente motivada cumpliendo con los requisitos estipulados por la norma el Juez de primera instancia. Es un hecho evidente probado en juicio que en el Expediente Administrativo NO. 674-2015 (folios 68 y 69) no existen los comprobantes de pago originales supuestamente adulterados por la imputada señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RAMOS, sino únicamente copia la cual no tiene fuerza probatoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 272 numeral 1) del Código Procesal Civil, norma que está desconociendo en su fallo la Corte de Apelaciones al no haber revisado el referido documento, en consecuencia, en ningún momento se está protegiendo la más adecuada aplicación e interpretación de las normas del ordenamiento jurídico que incidieron en el fondo del asunto, es decir que la falta de aplicación del Artículo 272 numeral 1) del Código Procesal Civil le está dando fuerza probatoria a comprobantes de pago que carecen de la misma y son el origen de todo el procedimiento, y sus originales nunca fueron acreditados por la parte demandada circunstancia que fue impugnada en el momento procesal oportuno, en relación a lo antes señalado el Articulo 1. de la Constitución de la Republica, establece que: Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como republica libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, el cual tampoco se está cumpliendo. En consecuencia, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones no es conforme a derecho, al omitir en su fallo una norma determinante para la solución del conflicto.”.- 2.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, al indicarse en la formulación que “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, omitiendo establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta en la explicación que alude a una falta de aplicación; b) se indica como disposición infringido el artículo 272 del Código Procesal Civil, omitiendo precisar un numeral de los que contiene, es hasta en la explicación que alude al número 1) del citado cuerpo legal; c) la disposición señalada como infringida no tiene relación con la situación jurídica planteada; d) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; e) en el desarrollo se alude al artículo 1 de la Constitución de la República, que no ha sido señalado como infringido o relacionado en la formulación; y, e) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 3.- Que en un segundo motivo se aduce: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Precepto Autorizante: el presente motivo se encuentra previsto en el artículo 719 (causales del recurso) numeral 2 del Código Procesal Civil. Pronunciamiento que se impugna: Se impugna en todas y cada una de sus partes la Sentencia definitiva de fecha 8 de septiembre de 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por la cual declara sin lugar el recurso de apelación o interpuesto, y confirma la sentencia de fecha 22 de agosto de 2018 emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa (demanda con orden de ingreso número 378-15), que a la vez declara improcedente la acción incoada. Disposición infringida: La norma del ordenamiento jurídico infringida es el Articulo 88 párrafo segundo de la Constitución de la Republica. Explicación del motivo: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo omite con su fallo aplicar al caso concreto el Artículo 88 párrafo segundo de la Constitución que establece: Artículo 88.- párrafo segundo nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su conyugue o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. por tanto, existe infracción relevante y determinante para la decisión adoptada en la Sentencia recurrida, esto es falta de aplicación de Disposiciones Legales que han incidido, influido y conducido al Sentido de la Sentencia impugnada, como exponemos a continuación: La Corte de Apelaciones considera en su fallo (OCTAVO (8)) la no existencia de argumentos jurídicos para rebatir, que se observa de la expresión de agravios que estos no atacan la sentencia que se recurre en apelación que simplemente se transcribe los hechos del plan de la demanda, por lo que los agravios son inútiles e inoperantes. De lo anterior se colige que la Honorable Corte de apelaciones para emitir su fallo no aprecio cada uno de los argumentos jurídicos planteados, NO OBSTANTE está omitiendo en su fallo que la señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ fue obligada a declarar contra sí misma como se observa en el ACTA DE DECLARACIÓN de fecha 16 de septiembre de 2015 acreditada por la parte demandante como Medio de Prueba No. 6 (folios nos. 21 al 23) la cual carece de las formalidades legales, además que el abogado HERNAN ANMERLI MENDOZA Asesor Legal del Hospital del Sur actuó sin delegación al tenor del Articulo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece: el acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de delegación y el órgano delegado, podrá contener instrucciones obligatorias para este, en materia procedimental. En los actos dictados por delegación, se expresará esta circunstancia y se entenderán adoptados por el órgano delegante. No obstante, la responsabilidad que se derivare de la emisión de los actos, será imputable al órgano delegado. Se señala que estas circunstancias fueron expuestas con claridad y sustentadas jurídicamente en la secuela del juicio y en el recurso de apelación respectivo. La falta de aplicación del Artículo 88 párrafo segundo de la Constitución de la Republica le está dando legalidad al ACTA DE DECLARACION de fecha 16 de septiembre de 2015 la cual se hizo al margen de la ley misma que es una causal de nulidad del acto impugnado, y se efectuó violentando además del debido proceso, el derecho de defensa y las Garantías Constituciones, al tenor de lo establecido en los Artículos Nos.82, 89, 90 Constitucional, 3 del Código Procesal Civil, 1 clausula 5, 38 literal b), 48 de la ley de servicio civil , 174, 175, 176 del Reglamento de Servicio Civil, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo; En consecuencia, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones no es conforme a derecho, al omitir en su fallo una norma determinante para la solución del conflicto”.- 4.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, al indicarse en la formulación que “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, omitiendo establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta en la explicación que alude a una falta de aplicación; b) la disposición señalada como infringida no tiene relación con la situación jurídica planteada; c) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; d) en el desarrollo se alude a los “…Artículos Nos.82, 89, 90 Constitucional, 3 del Código Procesal Civil, 1 clausula 5, 38 literal b), 48 de la ley de servicio civil , 174, 175, 176 del Reglamento de Servicio Civil, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo…”, que no han sido señalados como infringido o relacionados en la formulación; y, e) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 5.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. Precepto Autorizante: el presente motivo se encuentra previsto en el artículo 719 (causales del recurso) numeral 2 del Código Procesal Civil. Pronunciamiento que se impugna: Se impugna en todas y cada una de sus partes la Sentencia definitiva de fecha 8 de septiembre de 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y confirma la sentencia de fecha 22 de agosto de 2018 emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa ( demanda con orden de ingreso número 378-15), que a la vez declara improcedente la acción incoada. Disposición infringida: La norma del ordenamiento jurídico infringida es el Artículo 177 del Reglamento de Servicio Civil. Explicación del motivo: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo omite con su fallo aplicar al caso concreto el Artículo 177 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece: La audiencia de descargos se celebrará ante el jefe superior de la dependencia o ante el empleado en quien se delegue esta función, con la presencia del servidor y de dos (2), testigos, nominados uno por este último y otro por la dependencia. En ningún caso el empleado ante quien se deba celebrar la audiencia podrá ser el jefe inmediato con el cual se originó el conflicto que dio lugar a los hechos imputados, en el caso particular es claro que la Licenciada HELEN JERITZA OSORTO AGUILERA o cualquier otro empleado que se encontrare en similares circunstancias (lo subrayado es mío). por tanto, existe infracción relevante y determinante para la decisión adoptada en la Sentencia recurrida, esto es falta de aplicación de Disposiciones Legales que han incidido, influido y conducido al Sentido de la Sentencia impugnada; como exponemos a continuación: Se evidencia que en el ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGOS levantada al efecto a la señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RAMOS el día 28 de octubre de 2015 y presentada por la parte demandante como Medio de Prueba No. (8) (folio No. 21) que en ella participo como testigo la Licenciada HELEN JERITZA OSORTO AGUILERA con tarjeta de identidad NO. 0610-1981-01781, Jefa de Recursos Humanos del Hospital del Sur a quien de acuerdo a la falta imputada se le adultero datos y falsifico el sello y la firma en comprobantes de pago, es decir la PERSONA CON QUIEN SE GENERO EL CONFLICTO. El Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su Artículo 177 es claro al establecer que: en ningún caso el empleado ante quien se deba celebrar la audiencia podrá ser el jefe inmediato con el cual se originó el conflicto que dio lugar a los hechos imputados, en el caso particular es claro que la Licenciada HELEN JERITZA OSORTO AGUILERA con quien se generó el conflicto era la jefa de Recursos Humanos del Hospital del Sur, jefe inmediata superior de la imputada señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RAMOS de manera que no debió haber participado en la audiencia de descargos ya que ley no hace excepción si es testigo o no, la falta de aplicación del Artículo 177 del Reglamento de la Ley Servicio Civil le está dando legalidad al ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGOS de fecha 28 de octubre de 2015 tomada a la señora ISABEL DEL CARMEN GOMEZ RAMOS, la cual es causal de nulidad del acto impugnado y ser violatoria además del debido proceso, el derecho de defensa y las Garantías Constituciones, al tenor de lo establecido en los Artículos Nos.82, 89, 90 Constitucional, 3 del Código Procesal Civil, 1 clausula 5, 38 literal b), 48 de la ley de servicio civil , 174, 175, 176 del Reglamento de Servicio Civil, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo; En consecuencia, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones no es conforme a derecho, al omitir en su fallo una norma determinante para la solución del conflicto. Sustentado en que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional de fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil veinte (2020) fue dictada con infracción de las normas aplicables a la resolución del fondo del litigio, es que interpongo y formalizo el Presente Recurso de Casación a fin de que se le de vigencia al ARTICULO 716. FINES DE LA CASACION del Código Procesal Civil que establece: El recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional, y que las normas del recurso de casación deberán aplicarse e interpretarse en la forma más favorable a la finalidad de unificación de la jurisprudencia como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley , y de la seguridad y certidumbre jurídicas”.- 6.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las siguientes razones: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, al indicarse en la formulación que “Se impugna la aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”, omitiendo establecer si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, es hasta en la explicación que alude a una falta de aplicación; b) en la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) en el desarrollo se alude a los “…Artículos Nos.82, 89, 90 Constitucional, 3 del Código Procesal Civil, 1 clausula 5, 38 literal b), 48 de la ley de servicio civil , 174, 175, 176 del Reglamento de Servicio Civil, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo…” y 716 del Código Procesal Civil, que no han sido señalados como infringido o relacionados en la formulación; y, d) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la Republica, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- 8.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- 9.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. - NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 195-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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