Sentencia CA-193-21 — Registro 12831
Resumen
La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado, declarando procedente la acción promovida por el demandante por no estar emitido conforme a derecho el acto administrativo impugnado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, dado que alega la interpretación errónea de varias disposiciones de distintos ordenamientos jurídicos; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice:
“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora; EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN. SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA; y, Recurrido: señor MARLON JOSE LAGOS DERAS, representado en juicio por el Abogado SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto, y como medida para el restablecimiento de sus derechos se ordene mediante sentencia definitiva el reintegro al puesto de trabajo que ocupaba al momento de ser cancelado, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y demás beneficios colaterales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID, como Apoderada Legal del señor MARLON JOSÉ LAGOS DERAS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de la Procuraduría General de la República. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 18 de noviembre del 2014 y 5 de enero del 2015, celebró con el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Contratos Individuales de Trabajo a término, para desempeñarse como Asistente de la Dirección General Administrativa; en fecha 16 de febrero del 2015, mediante Acuerdo No. DGA-004-A-2015, el demandante fue nombrado en el cargo de Sub Director General Administrativo del Instituto de la Propiedad, posteriormente en fecha 18 de junio del 2015, mediante Acuerdo SE-IP No. 017-2015, se canceló al demandante del cargo que venía desempeñando, por lo que se considera que fue un acto ilegal e injusto, ya que en dicho Acuerdo no se contempló el motivo de la cancelación y la fundamentación del mismo, es incongruente pues no tenía ninguna relación con la cancelación de la cual fue objeto el demandante, tampoco se estableció en el Acuerdo de cancelación del cual solicita nulidad conforme a los artículos 68 del Reglamento de Personal, Acuerdo No.37-2005, artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, el motivo de su cancelación, además expresó el demandante que siempre cumplió con las obligaciones contenidas en el Capítulo XIV referente a las obligaciones del personal establecidas en el Reglamento de Personal Acuerdo No.037-2005, asimismo arguyó que el acto debe ser nulo pues no establecía si la cancelación era por despido o cesantía, tal como lo establecen los artículos 47 y 53 de la Ley de Servicio Civil. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que el demandante se desempeñó en el cargo de Asistente de la Dirección General Administrativa en la modalidad de contrato individual de trabajo a término, de igual modo aceptó que el mismo fue nombrado en el cargo de Sub-Director General Administrativo, rechazó lo expresado en la demanda en cuanto a que el Acuerdo de Cancelación constituye un acto ilegal e injusto, puesto que el Acuerdo en mención se emitió de forma legal en el ejercicio de las facultades que menciona la Ley de Propiedad, siendo facultades expresas del Consejo Directivo para el Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad de conformidad al artículo 10 numeral 3) que dice: "Delegar en el Secretario Ejecutivo y en los Directores Generales atribuciones para el cumplimiento de sus funciones"; en relación con el Artículo 11 numeral 3) de la Ley de Propiedad que menciona: "Cumplir y darle cumplimiento a las resoluciones del Consejo Directivo"; además el numeral 8) de dicha Ley señala: "Las demás que le señalen la Ley o Consejo Directivo", por lo que el Acuerdo de Cancelación SE-IP No 017-2015 fue emitido por autoridad competente de conformidad a sus atribuciones, y por causa fundada en ley como ser la restructuración, la cual se estableció en el Acuerdo en mención, en base a las facultades otorgadas por el Poder Ejecutivo al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad por el Decreto PCM-046-2014 de fecha ll de Septiembre de 2014, que corresponde a la nueva estructura organizativa del Instituto de la Propiedad mismo que literalmente señala: "Autorizar al Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad para que proceda a realizar la restructuración de dicha institución, pudiendo suprimir, reunir, crear u organizar sus dependencias quedando también facultado para descentralizar desconcentrar o tercerizar los servicios que presta", además indicó que el puesto que ostentaba el demandante, era un puesto excluido según el Artículo 3A del Reglamento de Personal vigente del Instituto de la Propiedad el cual establece: "No estarán sujetos a las condiciones del presente Reglamento … 3).- Los Directores Generales y Subdirectores ..." relacionado con el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil que estipula: "Las disposiciones de la presente Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a)… b)…. c)…ch)… d)… e)A los Directores y Sub-Directores Generales..." en virtud de lo cual el demandante no estaba protegido por una ley especial, hecho que no le permite exigir derechos que no le corresponden, ya que desde el momento que aceptó el cargo era de su conocimiento que correspondía a un puesto excluido, en virtud de lo cual el artículo 109 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece: "solamente podrán impugnarse vía Contencioso Administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una ley especial...". 3. Que en fecha 30 de enero del 2017, la parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, interpuso escrito de defensas previas exponiendo las siguientes: 1) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluye de la vía contencioso administrativa; 2) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada; El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de agosto del 2017, resolvió declarar DESESTIMADAS las defensas previas interpuestas por la parte demandada, por no existir las causas de inadmisibilidad alegadas. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de febrero del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Acción incoada por el Ciudadano MARLON JOSE LAGOS DERAS, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo SE-IP No. 017-2015 de fecha 18 de junio del 2015, emitido por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. SEGUNDO: Absolver al Estado de Honduras del pago por los conceptos reclamados por el demandante. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar”.- Bajo el criterio que el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad establece que no están sujetos a las condiciones generales del mismo ciertos cargos, encontrándose dentro de dicha lista el cargo de Subdirectores Generales, el cual aplica específicamente los artículos 61 al 69 referentes al incumplimiento de sus labores mediante el inicio y substanciación de un procedimiento ante el Consejo Directivo, y los artículos 40, 41, 44, 51 y 53 referentes a vacaciones, licencias y permisos establecidos en el mismo cuerpo legal, pero no encontrándose régimen de despido, si bien es cierto dentro del artículo 3A en mención detalla que los casos de los numerales 1) y 2) quedan exentos por ser puestos de libre remoción, y no encontrándose dentro de ese puesto de libre remoción el numeral 3) como lo alega la parte demandante, sin embargo ese mismo artículo contempla en uno de sus apartados que "para los cargos enunciados en los numerales 4) y 5) por la inaplicabilidad del presente reglamento no deberá entendérseles como un puesto excluido al tenor de lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil", por tanto deja a los restantes de la lista taxativa como puestos excluido al tenor de lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil, entendiendo que no serán aplicable las disposiciones de la Ley a los Sub-Directores Generales, concluyendo que el servidor público no está protegido por una Ley especial por ser un puesto excluido
tipificado en el artículo 3 literal f) de la Ley de Servicio Civil así como en el artículo 3A numeral 3) del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, el cual por su naturaleza se determina como un cargo de libre nombramiento y remoción, en consecuencia el mismo no está supeditado a ningún tipo de procedimiento para su nombramiento y cancelación, no existiendo infracción al ordenamiento jurídico, por lo que el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo SE-IP No. 017-2015 de fecha 18 de junio del 2015, dictado por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, se encuentra revestido de legalidad. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 24 de agosto del 2020, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR , el recurso de apelación interpuesto por el Abogado SAMMY B. HERRERA MURILLO, en su condición de apoderado legal del Señor MARLON JOSE LAGOS DERAS; SEGUNDO: REVOCAR la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; En consecuencia, 1) DECLARA PROCEDENTE, la acción promovida por el ciudadano Marlon José Lagos Deras por no estar emitido conforme a derecho el acto administrativo impugnado; 2) Decreta NULIDAD TOTAL del acto impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación SE-IP-017-2015 de fecha 18 de junio del 2015; 3) SE ORDENA EL REINTEGRO al mismo cargo que ocupaba cuando fue ilegalmente cancelado 4) SE RECONOCE IA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA DEL SEÑOR MARLON JOSE LAGOS DERAS y para su pleno restablecimiento se condena al ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD a pagar a favor del demandante los salarios dejados de percibir desde la fecha de la ilegal cancelación hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme, conforme a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento , en vista de no encontrarse previstos, dichos derechos e indemnizaciones, expresamente en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, por lo que suple por disposiciones del mismo Reglamento la Ley de Servicio Civil y su Reglamento…SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad contenido en el Acuerdo-CD-IP-2011, es la regla que por ley se debe aplicar por ser el que se encuentra vigente, utilizando de manera supletoria la Ley de Servicio Civil y su respectivo Reglamento, en cuanto al hecho que el demandante era personal excluido, no obstante el Reglamento de Personal en el artículo 3A excluye a los Directores Generales y Subdirectores, es decir que no están sujetos al Reglamento, pero si se encuentran incluidos como los demás empleados y funcionarios dentro de dicha norma, ya que en el primer párrafo del mismo artículo, establece que no les es aplicable, no obstante el segundo párrafo del mismo artículo establece que a éstos servidores le serán aplicables los artículos 61, 69 del mencionado Reglamento, referente al incumplimiento de sus labores, las sanciones se impondrán mediante el inicio y sustanciación de un procedimiento ante el Consejo Directivo, por lo que nunca los excluye de la aplicación del Reglamento, y los exhorta a obligaciones y prohibiciones laborales exclusivo de regulación de empleados, de la misma manera los somete a un procedimiento disciplinario, pero cuando se trata de puestos excluidos éstos son de libre remoción sin condición ni excepción alguna, por lo que ante dicha incompatibilidad, donde la norma además de ser contradictoria, no da solución alguna procedió aplicando los Principios Generales del Derecho del Trabajo, por tratarse de materia de Personal se debe de aplicar la norma más favorable al servidor, y se debe de interpretar la norma de manera extensiva cuando se trate de aplicar derechos, según el principio pro homine, por tal motivo precisó que la norma a utilizar para el reintegro es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por no encontrarse previstos dichos derechos expresamente en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, por lo que suple por disposiciones del mismo Reglamento remitiendo a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por su jerarquía normativa como ley especial vigente, en consonancia con la Ley General de la Administración Pública, la cual da preeminencia de la Ley Especial sobre el Reglamento, por ende al existir esa contradicción dentro el mismo Reglamento Interno del Instituto de la propiedad, la Administración Pública hace que al no expresar los motivos de cancelación que el acto objeto de impugnación sea nulo. 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en fecha 21 de enero del 2021, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 24 de agosto del 2020, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.062-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.247-2015 del Juzgado de Letras Contencioso de lo Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 18 de febrero del 2021, tener por formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO, presentó en fecha 5 de marzo del 2021, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 12 de marzo del 2021, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 22 de marzo del 2021 el Abogado SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO, y en fecha 26 de abril del 2021 el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA. 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 26 de mayo del 2021, teniendo por personados a los Abogados FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, como recurrente y SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “MOTIVO DE CASACIÓN CÓDIGO PROCESAL CIVIL ARTÍCULO 719 NUMERAL 2: MALA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE DERECHO EMPLEADA PARA LA SOLUCIÓN DE FONDO DEL LITIGIO.- Esta mala interpretación se ve reflejada en el acápite fundamentos de derecho en los numerales SIETE, OCHO Y NUEVE (7, 8 y 9) que el fundamento de derecho el numeral SIETE (7) argumenta Que forma parte de los agravios así como de la contestación a los mismos el hecho de considerar al ahora demandante como personal excluido, en virtud del cargo que ostentaba cuando fue cancelado siendo este el SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, no obstante el reglamento de personal en el artículo 3ͣ, de manera expresa excluye a los Directores Generales y Subdirectores, es decir que no están sujetos al reglamento, pero sin incluidos como los demás empleados y funcionarios, dentro de dicha norma, ya que en el primer párrafo del mismo artículo establece que no le es aplicable, no obstante en el segundo párrafo del mismo párrafo establece que estos servidores, entre ellos los directores Generales y Subdirectores (que es el caso), les serán aplicables los artículos 61-69 del mismo reglamento, al incumplimiento de sus labores, las sanciones mediante el inicio y sustanciación de un procedimiento ante el Consejo Directivo. Por lo que se puede reducir, que nunca los excluye de la aplicación del Reglamento, a los Directores Generales y Sub directores, de manera expresa, es más, los exhorta a obligaciones y prohibiciones laborales, exclusivos de regularización de empleados y de la misma manera los somete a un procedimiento disciplinario, cuando se tratase de puestos excluidos, estos deberán de ser de libre remoción sin condición y excepción alguna. Por lo que, ante dicha incompatibilidad donde la norma además de ser contradictoria, no da solución alguna, procede hacer uso de Principios Generales del Derecho del Trabajo, por tratarse de materia personal como este caso la cancelación de servidor público como ser que se debe de aplicar la norma más favorable al servidor, y que se debe de interpretar la norma de manera extensiva cuando se trate de aplicar derechos (principios pro-homine). Fundamento de derecho numeral OCTAVO (8) se argumentan que en la contestación de agravios se limitan a establecer que el cargo que ocupa el demandante es de libre remoción, y que en el caso no existe forma expresa, si no un nombramiento en dicho cargo como sub director, omisión que no es atribuible al demandante, ni tampoco comentan tampoco a la contradicción que respecto de la aplicación del Reglamento y como ya se dijo el cargo que ocupa el demandante no es de libre nombramiento y remoción. Por todo lo anteriormente relacionado, procede a revocar sentencia que se conoce en apelación por no existir infracción procesal en la aplicación e interpretación de las normas. Fundamento de derecho numeral NOVENO (9) En el caso que nos ocupa es importante aclarar, que conforme al pronunciamiento revocatorio de la sentencia que conoce en apelación, y que la técnica a utilizar en esta segunda instancia es de dictar lo procedente conforme a Ley, es pertinente el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y que se adopten medidas necesarias, por tal motivo se precisa que la norma a utilizar para el reintegro es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por no encontrarse previstos, dichos derechos expresamente en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, por lo que suple por disposiciones del mismo reglamento remitiendo a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por jerarquía normativa como ley especial vigente, en consonancia a la Ley de Administración Pública, la cual da preeminencia de la Ley especial sobre el Reglamento, por ende al existir esa contradicción dentro del mismo reglamento interno del Instituto de la Propiedad, la administración pública hace que al expresar los motivos de cancelación que el acto de impugnación es nulo. NORMA MAL INTERPRETADA: artículo 3A del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad.- "No estarán sujetos a las condiciones generales del presente Reglamento: 1)… 2)… 3).- Directores Generales y Subdirectores...4)...5)...6)...7)...y 8)..." párrafo segundo: "En el caso de los primeros cinco incisos le serán aplicables los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 referentes al incumplimiento de sus labores mediante el inciso y sustentación de un procedimiento ante el Consejo Directivo... asimismo les serán aplicables aquellas disposiciones referidas a Vacaciones, Licencias y Permisos establecidas en los artículos 40, 41, 44, 51 y 53. Esto señores Magistrados en cuanto a la mala aplicación en forma errónea que ha tomado el Juez Ad quem en cuanto que existe contradicción en el Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad remitiendo a seguir las actuaciones con los parámetros establecidos en La Ley de Servicio Civil esto en consonancia con lo establecido en el Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad en su artículo 104 trasladando las actuaciones a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, exponiendo el Juez Ad quem que existe una clara contradicción argumentando que se debió de utilizar como norma por jerarquía como Ley especial vigente la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, acto de cancelación como el Juez Ad quem detalla en su noveno (9) fundamento de derecho, aplicando en forma estricta de manera adecuada como lo hace ver y saber el Juez Ad quem para el reintegro es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, señores honorables Magistrados la Ley de Servicio Civil establece en su Artículo 3. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a...), b...), c...), d...), e...), f)... A los Directores y Sub- Directores Generales", siendo claro y exhaustivo la misma Ley de servicio civil hace ver que personal está excluido de aplicación de la ley antes citada en el presente recurso; como pueden observar lo contentivo en el falló en apego con el articulo 61 mismo que claramente establece las normas a cumplir y las obligaciones a seguir tanto por el empleados público y funcionarios público siendo patrones de conducta a seguir dentro de la institución e igual forma haciendo mención errónea en la interpretación del artículo 69 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad que contiene el Capítulo VIII de las Medidas Disciplinarias y Procedimientos la constitución en haber cometido faltas graves, como es de observar a todas luces que los artículos antes citado sirvieron como fundamentos legales para emitir el fallo y que en este caso es motivo de hacer uso del correspondiente recurso, son artículos aplicados exclusivamente en el caso de haber cometido una falta en sus funciones. LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ES: El segundo párrafo es aplicable a los servidores con carrera en la administración pública que hayan sido nombrados por ascenso u otro movimiento de personal para desempeñar un puesto excluido, quienes conservaran sus derechos de antigüedad, incluyendo el derecho a percibir indemnizaciones que correspondan de conformidad con la Ley en caso de que fueren separados de dichos puestos y no fueren reintegrados al régimen de carrera, ya fuere a su anterior o nuevo cargo, que no es el caso del demandante-apelante ya que el reglamento de personal del Instituto de la Propiedad recoge por analogía lo que estipula la del Servicio Civil en cuanto al proceso disciplinario a los empleados con carrera administrativo artículo cuatro (4) de la Ley de Servicio Civil que manifiesta que: "Los Servidores Públicos sujetos al Régimen de Servicio Civil que fueren nombrados ,por ascenso u otro movimiento de personal, para desempeñar un puesto excluido, conservarán sus derechos de antigüedad, incluyendo el derecho a percibir las indemnizaciones que correspondan de conformidad con la Ley, en caso de que fueren separados de dichos puestos y no fueren reintegrados al régimen de carrera, ya fuere a su anterior o nuevo cargo." Que no es el caso del Demandante-Apelante por lo que en este caso concreto, no teniendo carrera en la Administración Pública, no le aplica y se considera un puesto excluido como bien lo había estimado el Juez de primera instancia al momento de emitir sentencia en base con lo contentivo en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el artículo 109 el cual establece: “Solo podrán impugnarse por vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una Ley especial…” esto debidamente relacionado con el Artículo 3 en su literal f)., contentivo de la Ley de Servicio Civil, siendo en este caso que no se encuentra protegido especial siendo personal excluido y que las disposiciones contenidas en la Ley de Servicio Civil no serán aplicables. En base al análisis anterior podemos concluir que el puesto que desempeñaba el Demandante-Apelante es excluido según lo establece el artículo 3A del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad en su numeral tres (3) que excluye literalmente de la aplicación del mismo a los Directores Generales y Sub Directores no dando lugar a interpretación alguna siendo más que claro al respecto. En cuanto al párrafo segundo de dicho artículo 3A establece que a en el caso de los primeros cinco incisos le serán aplicables los artículos del 61 al 69 referentes al incumplimiento de sus labores mediante el inicio y sustentación de un procedimiento ante el Consejo Directivo, es a raíz de lo expresado en este párrafo que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán considera que existe una antinomia y decide que el cargo del demandante apelante no es de libre remoción.- Debemos aclarar en este sentido que dicho párrafo se refiere a los empleados que hayan hecho carrera en la administración pública al tenor de lo dispuesto en el artículo diecinueve (19) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que manifiesta que: "Los Servidores Públicos sujetos al Régimen de Servicio Civil que fueren nombrados, por ascenso u otro movimiento de personal, para desempeñar un puesto excluido, conservarán sus derechos de antigüedad, incluyendo el derecho a percibir las indemnizaciones que correspondan de conformidad con la Ley, en caso de que fueren separados de dichos puestos y no fueren reintegrados al régimen de carrera, ya fuere a su anterior o nuevo cargo." Que no es el caso del Demandante-Apelante por lo que en este caso concreto, no teniendo carrera en la Administración Pública, no le aplica y se considera un puesto excluido como bien lo había estimado el Juez de primera instancia al momento de emitir sentencia, e igual forma como se ha venido exponiendo en el presente Recurso que al ser un personal excluido no goza de este derecho pretendiendo invocar que es de estricto conocimiento que no ostenta. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Me sirven como fundamento jurídico para este presente Recurso, los Artículos: 258 de la Constitución de la República; Artículo 3 literal f de la Ley de Servicio Civil; Artículo 19 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; 716, 719 numeral 2) del Código Procesal Civil PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCLUSION: Reitero a la Honorable Corte Suprema de Justicia que el espíritu de este Recurso de Casación es pedir una correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, en virtud de que con la sentencia recurrida se está infringiendo el espíritu de la norma aplicable al caso contemplada en el artículo 3A del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad así como el artículo diecinueve (19) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, dejando a mi representado en indefensión ante demandas futuras que se puedan presentar por Servidores Públicos que se desempeñen en puestos excluidos causando una erogación económica considerable dado los altos sueldos devengados en este tipo de puestos, por el pago de indemnizaciones laborales a las cuales no tienen derecho por estipulación de la Ley.” II.- Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) no resulta claro ni preciso en el señalamiento de las normas infringidas, dado que alega la interpretación errónea de varias disposiciones de distintos ordenamientos jurídicos; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia. III.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. IV.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA193-2021. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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