Sentencia CA-191-21 — Registro 13185
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por la demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación , se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Indican como infringidos, los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, aún y cuando determinan derechos fundamentales de las personas (defensa, petición y debido proceso), no ostentan el carácter de ser normas procesales, por lo que es inapropiado su ataque por la causal del recurso contenida en el artículo 719 numeral 1) literal c). Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resulta ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resulta ser alegatos..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veiniuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representada en juicio por la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR; y, Recurrida: la señora AIDA ARGENTINA FUNEZ ESPINOZA, representada en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo de carácter personal, por haber sido emitido con quebrantamiento de las formalidades esenciales, desviación y exceso de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, se adopten medidas para su pleno restablecimiento como ser el pago de sus prestaciones laborales a que tiene derecho y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes y demás beneficios colaterales desde la fecha en que se emite la licencia con goce de sueldo hasta la ejecución de la sentencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora AIDA ARGENTINA FUNEZ ESPINOZA contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda, que en fecha 01 de octubre del año 1997, mediante Acuerdo Número A-684-1997, la demandante fue nombrada en el cargo de Auxiliar de Archivo, hasta llegar al ascenso de Secretaria I, puesto que desempeñaba hasta el día que se le emite la “Licencia Sin Goce de Sueldo”. En fecha 07 de noviembre del año 2014, se emite el Acuerdo LSGS383-2014, de fecha 07 de noviembre del año 2014, en donde se acuerda emitir Licencia Sin Goce de Sueldo, en virtud de que fue admitida la solicitud de sanción de despido por parte del Consejo de Personal. En fecha 21 de septiembre del año 2016, se emite el Acuerdo de Cancelación FGR/OCH-383-2016, de fecha 21 de septiembre del año 2016, notificado el 24 de noviembre del 2016, en donde el Fiscal General de la República Abogado Oscar Fernando Chinchilla Banegas, emite la Cancelación del Acuerdo de Nombramiento como Secretaria I de la Dirección General de Medicina Forense, dependencia del Ministerio Público, de la demandante, emitido de manera ilegal, en virtud de que no se siguió el procedimiento establecido en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y al haber prescrito, la acción de parte de la Autoridad Nominadora para sancionar, por lo que el despido es totalmente ilegal. La cancelación de su acuerdo de nombramiento es totalmente ilegal, en virtud de no haber causa justificada para la cancelación del cargo que ostentaba, ya que no se siguió con el procedimiento establecido en el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. La cancelación es ilegal en virtud de haber prescrito el término legal para imponer la sanción de despido por la supuesta falta cometida, esto de acuerdo a lo estipulado en los artículos 91 y 92 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y Artículos 205 y 206 del Reglamento del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público; además de la prescripción que anteriormente se relacionó existe otra, ya que desde la fecha en que la Autoridad Nominadora tuvo conocimiento de las supuestas faltas cometidas, trascurrieron más de 30 días para sancionar a la demandante, por lo tanto el despido es ilegal y convierte el Acuerdo de Cancelación FGRIOCH/383- 2016, de fecha 21 de septiembre del año 2016, notificado el 24 de noviembre del año 2016, en nulo.- 2. La parte demandada, El ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante luego de haber gozado de un periodo de vacaciones, no volvió a presentarse a su trabajo, sin justificar en la forma que obliga la ley para hacerlo y con tales inasistencias injustificadas, incurrió en una causal de despido según la normativa especial del Ministerio Público. Ante tal causal de despido, se le inició un procedimiento disciplinario y como resultado de este a una sanción de despido. Las diligencias del proceso para la aplicación de una sanción de despido establecidas por la normativa especial del Ministerio Público, manda a que, una vez admitida la solicitud de sanción de despido, se procederá a separar al sancionado de su cargo a través de una licencia sin goce de sueldo. Como se estableció anteriormente, la licencia sin goce de sueldo, fue emitida por el inicio, un procedimiento disciplinario de sanción de despido en su contra, esto por haber dejado de asistir a su trabajo sin presentar justificación alguna como lo ordena la ley, pues la ahora demandante incurrió en una causal de despido y la licencia antes referida es parte del procedimiento disciplinario que establece la normativa especial del Ministerio Público. Por otra parte, el procedimiento realizado para despedir a la demandante fue legal, pues esta no participó del mismo por una mera liberalidad, pues fue notificada en legal y debida forma del mismo y a pesar de ello no se hizo presente en el desarrollo de tal procedimiento, del cual, sin justificación alguna, no realizó los descargos a su favor ni participó en el mismo. El procedimiento disciplinario para sancionar a la demandante se llevó a cabo de la siguiente manera: la demandante luego de haber finalizado del goce de unas vacaciones pendientes en fecha hasta en fecha 04 de septiembre de 2014, no se presentó a su trabajo y a la fecha en que la Directora de Medicina Forense, (Dirección a la que estaba asignada la ahora demandante) informó a la División de Recursos Humanos (15 de octubre del 2014), para que procediera a solicitar su despido ante el Consejo de Personal, no había presentado Incapacidad alguna ni otro justificante de su ausencia; en lo anteriormente expuesto se actuó conforme a lo que manda el artículo 64 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, relacionado con el artículo 177 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público. Posterior a esto, la División de Recursos Humanos, procedió a solicitar ante el Consejo de Personal, la imposición de la sanción de despido en contra de la actora, por las causales debidamente calificadas en la normativa interna, presentando su solicitud ante este Consejo de Personal dentro del término que señala el artículo 91 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público relacionado con el artículo 205 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, quien otorga el término de 30 días hábiles para solicitar el despido ante el Consejo de Personal y una vez admitido este, comienzan a correr nuevos plazos en dicho procedimiento en el Consejo de Personal. Admitido que fue por el Consejo de Personal, la solicitud antes referida, al tenor de lo que manda el artículo 66 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, relacionado con el artículo 179 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público se procedió a suspenderla del ejercicio de su cargo y a emitir la licencia sin goce de sueldo respectiva. Es preciso esclarecer, que la demandante fue citada en legal y debida forma, con el objeto de que expusiera o hiciera sus alegaciones o descargos ante el Consejo de Personal, de la solicitud de imposición de sanción de despido presentada en su contra por la División de Recursos Humanos, para que posteriormente se procediera a audiencia de proposición de pruebas. A pesar de lo antes relatado y aun cuando recibió la citación respectiva, hizo caso omiso a la misma, no compareció ni realizó los descargos a su favor, con los que desvaneciera la falta a ella imputada, era el abandono del trabajo sin causa justificada que el Ministerio Público le hacía. En cuanto a la prescripción de la acción alegada, es hasta que la autoridad nominadora tiene conocimiento de los hechos que se inicia el proceso disciplinario, por lo tanto, es con base a todo el procedimiento disciplinario que se emite la sanción disciplinaria de despido.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciocho, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO (1): DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la señora AIDA ARGENTINA FUNEZ ESPINOZA, por NO estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No. FGR/OCH/383-2016 de fecha 21 de septiembre del 2016, en consecuencia, se anula totalmente. SEGUNDO (2): Se reconoce la situación jurídica individualizada de la demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas, SE ORDENA: I) el pago de las prestaciones laborales a que tiene derecho; y 2) a título de Daños y Perjuicios, el pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de la Licencia sin goce de sueldo, que se le impuso hasta la ejecución de la sentencia. TERCERO (3): Se exime del pago de costas”. Bajo el criterio que consta en autos, nota en la cual la demandante informa al Jefe del Departamento de Personal que tomaría vacaciones del 04 de agosto al 04 de septiembre del 2014, por lo cual debió incorporarse en fecha 05 de septiembre del 2014; consta en autos la nota de fecha 07 de octubre del 2014, enviado por la Directora de Medicina Forense a la Jefa de la División de Recursos Humanos del Ministerio Público, en la cual informa que la actora asignada a dicha dependencia, no se incorporó a sus funciones después del periodo de vacaciones desde el 05 de septiembre del 2014, por lo cual solicita la imposición de la sanción de despido, nota que fue recibida por la división en fecha 15 de octubre del 2014, según consta en recibido del mismo acuerdo de cancelación de fecha 21 de septiembre del 2016. Que conforme al artículo 91 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y el 205 del Reglamento General de dicho Estatuto, establecen que la sanción de despido prescribe, transcurridos 30 días hábiles desde la fecha en que la división hubiera tenido conocimiento por escrito, de la comisión de la infracción, conocimiento por escrito que aconteció en fecha 07 de octubre del 2014, constando de igual forma que la División de Recursos Humanos, una vez teniendo conocimiento de la supuesta falta imputada a la demandante, solicita la imposición de la sanción de despido, emitiéndose el acuerdo de cancelación hasta el 21 de septiembre del 2016, el cual fue notificado en fecha 24 de noviembre del 2016, es decir, que transcurrieron casi 2 años desde la fecha en que la División tuvo conocimiento por escrito de la comisión de la supuesta infracción cometida hasta la fecha del despido, en consecuencia, de acuerdo a la normativa aplicable la sanción de despido, aun y cuando la demandante hubiese cometido las faltas imputadas y se hubiese seguido el procedimiento conforme a la Ley, ya había prescrito al momento de su despido, por lo cual, dicho acuerdo es nulo al haberse emitido cuando ya había prescrito la sanción aplicada a la demandante.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha ocho de junio del dos mil veinte, dictó sentencia, CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que el Estatuto y Reglamento de la Carrera del Ministerio Público, establecen como régimen disciplinario dos formas distintas de sanciones, como ser las medidas disciplinarias y el despido; las primeras se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta y el segundo, si se produce alguno de los supuestos indicados en el artículo 60 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, que tiene por objeto la extinción de la relación de servicio (despido, renuncia o cesantía) en el que dicha normativa (Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, Reglamento General de dicho Estatuto) establecen un procedimiento a lo interno de la Institución que se deben cumplir; asimismo, contempla la figura de la prescripción, figura que desde un inicio fue la pretensión del demandante; la cual claramente establece que la sanción de despido prescribirá transcurridos treinta días hábiles desde la fecha en que la división hubiere tenido conocimiento por escrito de la infracción cometida, pudiendo observar que dicha división tuvo conocimiento el siete de octubre del dos mil catorce, solicitando ante el consejo la imposición de sanción de despido, emitiéndose el acuerdo de cancelación el veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis y notificada el veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, es decir, transcurrieron dos años para que la supuesta falta tuviera una sanción (despido), por ende dicha sanción esta prescrita.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, en fecha quince de diciembre del dos mil veinte, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha ocho de junio del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.08-2019, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.799-2016, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha dieciocho de enero del dos mil veintiuno, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha ocho de febrero del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha once de febrero del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, al Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL y en fecha nueve de abril de 2021, a la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, teniendo por personados a la Abogada YENIFER WALESKA MATUTE ESCOBAR, como recurrente y al Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En la sentencia que se recurre se han infringido los Artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.1.b). del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone "Sin Costas". EXPLICACION DEL MOTIVO: La Constitución de la Republica, en su artículo 80 manda que "Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.", garantizando con esto la Carta Magna, el Derecho de Petición, asimismo, en el artículo 82 de la misma Constitución de la Republica, manda que "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, con lo que también garantiza el Derecho de Defensa. - De igual forma, el artículo 90 de la Carta Magna ordena que "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...", con lo que garantiza el Debido Proceso que en todos los procesos en que participen. Relacionado con lo anteriormente descrito, y de la lectura de la Sentencia Definitiva de fecha ocho (8) de junio del dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (al igual que la Sentencia Definitiva de fecha veinticinco (25) de octubre del dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo), es evidente que estos derechos y garantías constitucionales antes enunciados (Derecho de Petición, Derecho de Defensa, Garantía del Debido Proceso) han sido conculcados o violados a través de estos fallos por las razones que a continuación se expresan. Sucede Honorables Magistrados, que tal y como lo establece las normas adjetivas correspondientes, en fecha dieciséis (16) de noviembre del dos mil dieciocho (2018), esta parte procesal demandada y recurrente, interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el respectivo Recurso de Apelación en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco (25) de octubre del dos mil dieciocho (2018) dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, expresando en ese recurso de apelación interpuesto, TRES AGRAVIOS que causan a mi poderdante la sentencia recurrida, haciendo con esto uso de mi derecho al Debido Proceso de Defensa y de Petición que garantiza a mi poderdante la Carta Magna; dichos agravios fueron debidamente fundamentados en ley, conforme a lo que ordena en el caso concreto, tanto la normativa especial del Ministerio Publico (Ley del Ministerio Publico, Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, así como otras disposiciones legales aplicadas en supletoriedad).- No obstante, que el Estado de Honduras, con la interposición del recurso presentado y los agravios expresados, ha ejercido sus derechos antes referidos, y que es la misma Constitución de la Republica, la que garantiza a mi representada a recibir una respuesta coherente, razonada y. apegada a ley de todas y cada una de las defensas y peticiones expresadas (en la expresión de agravios), sin perjuicio, de que estas respuestas sean favorables o no a los intereses de mi poderdante, queda a la vista de la Honorable Sala, que en la sentencia definitiva de fecha ocho (8) de junio del dos mil veinte (2020) dictada por la segunda instancia, y que se recurre a través de este Recurso Extraordinario, específicamente en el acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO, en sus motivaciones número del CUARTO al NOVENO, que el Ad-quem, en los considerandos con que motivo o fundamento en derecho su sentencia, NO resolvió ni se pronuncia de ninguno de los TRES AGRAVIOS expresados por esta parte recurrente, limitando su motivación a razonamientos en los considerandos anteriormente referidos en donde NO explica ni da respuesta alguna, a los alegatos de defensa que hicimos, ni a las peticiones solicitadas con relación al procedimientos disciplinario legal que establece la normativa especial del Ministerio Publico, por lo que esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, conculca el Principio de Congruencia el cual manda y se refiere que la sentencia debe de ser congruente no solo consigo misma, sino también con la Litis, y también, el Principio de Exhaustividad que consiste en el examen que debe de efectuar el juzgador respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en que sustente la contestación y demás pretensiones hechas, de tal manera que condene o absuelva resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos, los cuales son principios procesales que hacen al debido proceso y a la regularidad procesal, siendo lógico concluir que ante tales infracciones de los principios anteriormente relacionados, se violenta también la garantía Constitucional del Debido Proceso así como los derechos constitucionales de Defensa y de Petición por los extremos anteriormente supra mencionados. En definitiva, Honorable Sala, la sentencia de fecha ocho (8) de junio del dos mil veinte (2020), es violatoria de actos y garantías constitucionales antes descritas por las razones ya referidas, las cuales quedan en manifiesto cuando en el fallo que se recurre, el Tribunal de Alzada NO resuelve ninguno de los agravios expuestos, tal y como es su deber hacerlo, lo cual nos motiva para invocar esta causal del recurso de casación”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Indican como infringidos, los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, aún y cuando determinan derechos fundamentales de las personas (defensa, petición y debido proceso), no ostentan el carácter de ser normas procesales, por lo que es inapropiado su ataque por la causal del recurso contenida en el artículo 719 numeral 1) literal c). Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resulta ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se impugna la sentencia recurrida por la aplicación e interpretación de normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En la sentencia que se recurre se han infringido los Artículos 206.1, 207.1, 208, 720.2 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.1.c). del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone "Sin Costas". EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia definitiva de fecha ocho (8) de junio del dos mil veinte (2020), dictada por el Ad-quem, NO cumple con lo ordenado en el artículo 206.1. del Código Procesal Civil, relacionado con los Requisitos Internos de la Sentencia; en tal sentido, esta norma procesal taxativamente ordena "ARTICULO 206.- CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben de ser claras, precisas y exhaustivas. " FALTA DE CLARIDAD En la sentencia definitiva que se viene a recurrir, se puede apreciar que en la misma NO EXISTE CLARIDAD alguna, sino que más bien, es una sentencia ambigua en los razonamientos con que el Tribunal de Alzada fundamento en derecho la misma; como ya lo hemos esgrimido anteriormente, además de que en este fallo, no se le ha dado respuesta a ninguno de los agravios expresados por esta parte procesal hoy recurrente, ésta sentencia que se recurre, al no contener en su motivación ningún razonamiento conducente a pronunciarse sobre los alegatos expresados por esta parte apelante o recurrente, en lo referente a la aplicación de las disposiciones legales del procedimiento disciplinario establecido en una normativa legal especial, es decir, cuestiones de mera legalidad, la Corte de Apelaciones ha producido una confusión en la misma, pues si los órganos jurisdiccionales (juzgado de letras y corte de apelaciones en este caso), hubiesen analizado estos alegatos que son de mera legalidad en cuanto a lo que ordena el procedimientos a seguir, se hubiese dado cuenta o concluido que, ese plazo de Prescripción aplicado al caso concreto, se refiere al plazo para interponer la acción por parte de la División de Recursos Humanos ante el Consejo de Personal, pues por la naturaleza del proceso sancionatorio administrativo en sí, el mismo no se puede aplicar en tan corto plazo de treinta (30) días.- Con respecto a lo anterior queda claro que, en la sentencia del Ad-quem, este tribunal limito su decisión solamente tomando en cuenta la Prescripción argumentada y solicitada por la parte actora, sin realizar el más mínimo análisis del procedimiento disciplinario instituido en ley, en la normativa especial del Ministerio Publico, el cual se ha expuesto y probado desde la primera instancia al juzgador, a efectos de que este pueda conocer el mismo, lo que hace que este fallo carezca de claridad necesaria en el mismo. Así, Honorables Señores Magistrados, podemos seguir encontrando en los razonamientos de este fallo que han servido para fundamentar en derecho la sentencia que se recurre, y en la cual se nos condena, una falta de Claridad, que conlleva a muchas confusiones en la misma; falencias que encontramos en todas las motivaciones realizadas por el Ad-quem (que, en ninguna de estas motivaciones se responde a los agravios presentados), ni mucho menos realiza un análisis del procedimiento disciplinario aplicado, con lo cual se hubiese enterado que por la naturaleza de las disposiciones legales existentes en el mismo, no existe tal prescripción. FALTA DE EXHAUSTIVIDAD[1]. En la sentencia definitiva que se recurre, es evidente la Falta de Exhaustividad de la misma, extremo que se verifica, cuando de su lectura, podemos observar que en las consideraciones con las que la segunda instancia fundamenta en derecho su decisión (número del Cuarto al Noveno), esta Corte de Apelaciones, no realizó ningún examen, y por ende, no resolvió ninguno de los agravios que expresó esta parte procesal demandada y hoy recurrente, siendo obvio la vulneración en que incurrió con dicho fallo. De igual forma, es oportuno denunciar a la Honorable Sala que, la falta de exhaustividad en la sentencia que se recurre queda en evidencia al observar que en la misma, aun y cuando esta parte demandada y recurrente en este proceso judicial, en su Agravio Tercero del Recurso de Apelación presentado, expreso una violación en la misma, pues en dicho fallo al condenar a mi representada al pago de sus prestaciones laborales y en concepto de daños y perjuicios al pago de sus salarios dejados de percibir desde la fecha de la emisión de la licencia sin goce de sueldo emitida en el procedimiento disciplinario practicado hasta que la sentencia sea ejecutada (¿?) (AGRAVIO QUE AD QUEM PLASMO EN EL FALLO EN EL ANTECEDENTE DE HECHO SEGUNDO), el Tribunal de Alzada al Confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia, y no pronunciarse en nada al respecto al Agravio Tercero expresado, deja en evidencia que no resolvió con la exhaustividad que la ley le exige de cada una de los puntos litigiosos expresadas por las partes, y al realizar dicha Confirmatoria de la referida sentencia, NO solo violenta los requisitos de claridad, exhaustividad y precisión que deben de contener toda sentencia, sino que viola lo establecido en la Jurisprudencia Nacional, así como en otras leyes primarias[2] y especiales[3] de aplicación para trabajadores en general y servidores públicos, estableciendo la legalidad al respecto que, cuando el patrono fuere condenado al pago de las prestaciones, deberá pagar en concepto de daños y perjuicios desde el momento en que se produjo el despido ilegal hasta la fecha en que quede firme la sentencia, pero NO hasta que la misma sea ejecutada como ha fallado la sentencia recurrida, siendo esta una pretensión y petición antojadiza y carente de fundamento legal del demandante, a la cual los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia han sucumbido sin percatarse de la ilegalidad que se encierra en dicha decisión, siempre evidenciando la falta de exhaustividad del fallo. En conclusión, la sentencia definitiva que se recurre, es carente de claridad y exhaustividad que exigen las normas procesales, por todas las razones antes expuestas, violentándose con esto, los requisitos internos de la sentencia, consignados en los artículos 206 del Código Procesal Civil. FALTA DE MOTIVACION. En la sentencia definitiva de fecha ocho (8) de junio del dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, infringe el artículo 207.1.2 del Código Procesal Civil, relacionado con la MOTIVACION de las sentencias; el cual taxativamente manda "Articulo 207.1.2. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos facticos y Jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. Aun, y cuando observando la sentencia definitiva que se viene a recurrir, encontramos que en su estructura, se encuentra debidamente compuesta por un Preámbulo, por los acápites de Antecedentes de Hecho, Fundamentos de Derecho, Parte Dispositiva, así como los considerandos en donde se fundamenta la decisión del tribunal de segunda instancia, si se observa con detenimiento, el contenido de las referidos consideraciones, se puede apreciar, que conforme a las disposiciones legales antes enunciado, esta sentencia definitiva tiene una Falta de Motivación, pues en los razonamientos que se encuentran en la misma, bajo ningún término, el tribunal resuelve lo expuesto en los agravios que esta parte procesal recurrente expreso en su momento procesal oportuno, infringiéndose con esto, lo establecido en el artículo 207.1.2. del Código Procesal Civil, aun y cuando el tribunal de segunda instancia los considero en los Antecedentes de Hecho, pero nunca los motivo razonadamente en los Fundamentos de Derecho de su sentencia, lo anterior, nos lleva a la conclusión, de que la sentencia definitiva que se está recurriendo en Casación, tiene una Falta de Motivación, pues conforme a la ley, es a través de la motivación que el Ad-quem, tiene la obligación de motivar lo resuelto de los agravios expuestos, sea en forma favorable o desfavorable a nuestros intereses, de lo cual, la segunda instancia no resolvió nada. FALTA DE CONGRUENCIA. La sentencia definitiva de fecha ocho (8) de junio del dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, infringe el artículo 208.1.2. del Código Procesal Civil, en lo relativo a la CONGRUENCIA; en tal sentido, este dispositivo legal taxativamente manda "ARTICULO 208.- CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. " Observando el contenido de la sentencia definitiva que se recurre, la misma carece de Congruencia[4], en virtud de que en la sentencia en cuestión, en las consideraciones emitidas por el Ad-quem, en donde hace sus razonamientos motivados en que fundamenta su fallo, los mismos no van en concordancia con los agravios expresados o expuestos en su momento procesal oportuno (pues la segunda instancia nunca resolvió los agravios expuestos), lo que nos lleva a deducir la Incongruencia o Falta de Congruencia existente en este fallo.- De igual forma, el considerando Noveno (9), el cual consideramos que constituye el fundamento toral de esta sentencia, es completamente carente de Congruencia, pues en el mismo, además de no tener nada de concordancia con la expresión de agravios presentada (falta de congruencia externa), lo motivado en dicho considerando es completamente confuso y contradictorio (falta de congruencia interna), pues aun y cuando en dicho fundamento de derecho reconoce dentro de la normativa especial del Ministerio Publico la existencia de un procedimiento disciplinario dentro del cual también se reconoce la existencia de la figura de la prescripción, los órganos jurisdiccionales de instancia aun y cuando esta parte procesal recurrente, explico paso por paso el procedimiento disciplinario seguido y el tema de la prescripción reclamada por la parte actora, estos solamente se limitaron a considerar (y en forma errónea), una prescripción inexistente solicitada por la parte actora, sin ni siquiera darse cuenta porque no hicieron análisis alguno que, por la naturaleza del procedimiento disciplinario debidamente contemplado en ley, no cabe LA PRESCRIPCION EN LA FORMA EN QUE ELLOS LA ESTAN CONCIBIENDO Y APLICANDO.- Todo lo anteriormente expresado, nos lleva a concluir, que la sentencia que se recurre a través de este recurso extraordinario, carece de Congruencia, siendo este un fallo viciado, siendo pertinente declarar la procedencia del recurso que se interpone”.- IV. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Las normas indicadas en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; c) En la explicación se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal. Lo realizado resulta ser alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia Contencioso-Administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida esta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VII.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de noviembre del dos mil veintiuno; certificación de la resolución de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 191-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] La Exhaustividad, está relacionada con el examen que debe de efectuar el juzgado respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos. Es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que sustente la contestación.
[2] ARTICULO 129 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
ARTICULO 113 CODIGO DEL TRABAJO
[3] ARTICULO 142 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL
[4] El principio de Congruencia que debe regir de toda sentencia estriba en que èsta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sì. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna.