Sentencia CA-190-21 — Registro 13184
Resumen
La Corte de Apelaciones reforma la sentencia, anulando el acto administrativo impugnado, consistente en la Resolución emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social por no ajustarse a derecho el mismo, ya que limita el derecho a la libertad sindical del demandante al exigirle documentos para acreditar su legitimación siendo directivo sindical que estando protegido por fuero sindical ha sido despedido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación, lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR; y, Recurrida: el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, representado en juicio por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, indemnización de daños y perjuicios, abuso y desviación de poder, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 16 de febrero de 2010, presentó reclamo administrativo ante el Secretario de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, dicho reclamo fue resuelto mediante providencia de fecha 8 de febrero de 2010 y notificada el 24 de febrero de 2010, se emitió un previo administrativo, expresando que era necesario que: “Acredite mediante la presentación de una constancia actualizada la afiliación al sindicato”. El 24 de febrero de 2010, el Notario Público Elías Herrera Álvarez, hizo constar que, en el libro de afiliados del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, se encuentra registrado al folio 96 y 97, No. 1371, el señor Nelson Antonio Zavala Zavala, con fecha de ingreso al Sindicato 23-01-97, con esta acta notarial refleja la afiliación del demandante. Es importante señalar, que como el Banco Central de Honduras despidió al demandante por actividades sindicales y la Secretaría del Trabajo, conociendo de esta situación, pidió se acreditara su afiliación del sindicato, creyendo ellos que por haber sido despedido ya no es miembro del Sindicato. Cuando el artículo 31 de la Ley del Procedimiento Administrativo señala que: “Los actos de la Administración de carácter particular, adquieren eficacia al ser firmes…”, por lo que el despido del demandante no está firme, ya se interpuso demanda ordinaria de reintegro ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, con número de ingreso 2243-09, por haber sido despedido a pesar de estar protegido por el fuero sindical; asimismo, la misma organización sindical procedió a demandar al Banco Central de Honduras, para que le pagaren el fuero sindical por haberse despedido a un directivo sindical, demanda con número de ingreso No. 2364-09, en la misma Judicatura. También, corre agregado en autos del Expediente 004/OPOS/OS/10, en la resolución de primera instancia de fecha 22 de enero de 2010, la Dirección General del Trabajo acredita la condición del demandante como afiliado al SITRABANTRAL, ya que el demandante ejerciendo sus derechos sindicales había interpuesto un escrito de oposición a la inscripción de una junta directiva paralela, ya que ordenan los Estatutos del SITRABANTRAL en su Articulado No. 12 inciso e) lo siguiente: "Exigir la derogación de todo acuerdo tomado en contra de las disposiciones de estos Estatutos, y que restrinja, menoscaben o dañen los Intereses del Sindicato o de cualquier afiliado en particular". Artículo No. 13 inciso a): "Cumplir y exigir el cumplimiento de los presentes Estatutos y las disposiciones de las asambleas, y denunciar las violaciones de que tuviere conocimiento". La Ley del Procedimiento Administrativo prescribe en su artículo No.55 que: "Se consideraran parte interesada en el procedimiento, los titulares de derecho subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan y aquéllos a quienes pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse y se personen procedimiento administrativo espontáneamente, o por citación del órgano competente para resolver cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del procedimiento”. Por lo que se entiende que existe un interés legítimo del actor, de igual manera, cabe destacar que la Ley del Procedimiento Administrativo en su artículo No.31 establece que: "Los actos de la Administración de carácter particular, adquieren eficacia al ser firmes." Por lo que el actor tiene un derecho válido al presentar su pretensión. En fecha 09 de marzo de 2010, se presentó escrito de: "SE DESVANECE PREVIO ADMINISTRATIVO.- SE PRESENTA FOTOCOPIA DE ACTA NOTARIAL LA QUE DEBERÁ COTEJARSE CON SU ORIGINAL.- SE ACREDITA INTERES LEGITIMO” de este, se emitió una providencia de fecha 15 de marzo de 2010, donde se admite el mismo junto con la fotocopia debidamente cotejada con su acta notarial de fecha 24 de febrero de 2010; pero establece que no se le dio cumplimiento con lo ordenado por providencia de fecha 18 de febrero de 2010 y que por eso se ordena el archivo de las presentes diligencias, lo cual es totalmente antijurídico, ya que el Libro de Actas autorizado por la Dirección General del Trabajo, basta para demostrar la afiliación sindical del señor Nelson Zavala. De conformidad a lo expresado por la providencia de fecha 15 de marzo de 2010, no se entiende que es lo que quiere el señor Ministro del Trabajo, pues no se sabe de dónde dedujo que el demandante deviene en la obligación de obtener una constancia actualizada firmada por un secretario del SITRABANTRAL, si el propio Ministerio del Trabajo dejó acéfalo el sindicato y no reconoció la afirmativa ficta que operó para la junta del 2008; y, es curioso que la Secretaría del Trabajo pretenda que el actor solicite las paralelas del Banco Central y protegidas por la Secretaría del Trabajo, que le extienda una constancia de afiliación, cuando de conformidad al artículo 519 del Código del Trabajo, el sindicato debe llevar entre otros libros, el Libro de Afiliados y autorizado por la Dirección General del Trabajo y es para tales efectos que existe el libro de Afiliados al SITRABANTRAL, autorizado por el Director General del Trabajo en el año 1962. En fecha 29 de abril de 2010, se interpuso Recurso de Reposición, notificándose por medio de tabla de avisos de la Secretaría General, la providencia de fecha 7 de mayo de 2010, precisamente el 26 de mayo del mismo año donde declara sin lugar el recurso de reposición y con esto el Ministerio del Trabajo dio por finalizado el procedimiento administrativo, ya que la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, lo que quería es que el señor Nelson Zavala reconociera 2 juntas paralelas que tiene en proceso de reconocimiento, de las cuales en una, 4 supuestos directivos no son afiliados al SITRABANTRAL, tal como consta en el expediente 003/JD/OS/09; y, con respecto a la segunda supuesta Junta Directiva, a la misma le operó en contra una afirmativa ficta, tal como consta en el expediente 090/JD/OS/09, pero para la Secretaría del Trabajo, la Afirmativa Ficta no es Ley de la República y por eso no la reconoce. Finalmente, el demandante estableció que el proceso de oposición a la inscripción de junta directiva es un trámite administrativo sujeto al derecho administrativo, a pesar, que para la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de la República no lo creen así, vulnerando de esta manera los Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Derechos Sindicales del demandante.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que si bien, el demandante presentó un reclamo ante a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, por considerar éste, que hubo abuso por parte de la Dirección General del Trabajo, al desconocer el estamento legal que rige y somete a la administración pública y conculcar derechos y garantías protegidas por la Carta Magna de la República, indemnización de daños y perjuicios; y, no aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo, como lo pretende hacer ver el actor de la presente demanda, reclamo que la Autoridad Administrativa no le dio el curso del procedimiento establecido en la Ley, por considerar que en el escrito presentado por el actor, este no acreditó la constancia actualizada que certificara que estaba Afiliado al Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, más sin embargo, este se notificó en fecha 24 de febrero del 2010, sin que éste presentara dicha constancia de afiliación y en su defecto presentó un escrito que lo denominó "SE DESVANECE PREVIO ADMINISTRATIVO”, requerimiento ordenado mediante auto de fecha 18 de febrero del 2010, exigido por la autoridad nominadora conforme lo que dispone los artículos 55, 62 y 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que se concluye, que el Estado de Honduras, observó en el reclamo administrativo presentado por el demandante, la aplicación de todas las garantías procesales y Constitucionales, para dictar el auto hoy impugnado, por tanto no existe ninguna violación al derecho de defensa. En otro orden de ideas, quienes deben observar las disposiciones del procedimiento y de los estatutos que rigen la elección de la Junta Directiva que representen a los trabajadores del Banco Central de Honduras, son sus propios directivos y afiliados, esto de conformidad a lo que establece los artículos 28 y 39 literal “a” de los Estatutos del SITRABANTRAL y el hecho que dentro de esta organización sindical existan conflictos, estos deben encontrar la solución en cuanto a una Junta Directiva cuestionada en su legitimidad, mediante una Asamblea General ordinaria o extraordinaria, por lo tanto las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal, razón por la cual no consta que en la providencia impugnada se haya violentado "el debido proceso", que no es más que la observancia de todas las formalidades establecidas en la Ley, esto es deducible en el reclamo administrativo que se registró bajo el número 004-2010. Después de un análisis del Reclamo Administrativo, presentado por el apoderado legal del demandante, se dictó providencia ordenando el previo a la admisión del reclamo administrativo, se requiriera al peticionario de la misma para que en el plazo de diez días, acreditara mediante la presentación de una constancia actualizada la afiliación al Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, esto al tenor de lo que dispone el Artículo 55 en relación a los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que determina la legitimidad del interesado para presentar el Reclamo Administrativo sometido al examen de aquella Secretaría de Estado. Por otra parte, si bien a requerimiento del demandante el Notario Elías Herrera Álvarez, levantó acta notarial en el libro de afiliados del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, la cual en una de sus partes dice que el libro de control de inscripción de Afiliados del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL) figura el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, con fecha de ingreso al Sindicato el 23 de enero de 1997, acta notarial, que para la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, el peticionario no da estricto cumplimiento a lo ordenado en la providencia de fecha 18 de febrero del 2010, por lo que en base al evidente incumplimiento por parte del actor del Reclamo Administrativo, la Secretaría General emitió auto de fecha 9 de marzo del 2010, en la que determina, no tener por cumplimentado lo que se le solicitó en el auto de fecha 18 de febrero de 2010, relacionado anteriormente, en virtud de que de la lectura de dicho proveído, se le solicitó al reclamante que presentara una constancia actualizada de afiliación del demandante, por lo tanto, el hecho de haber presentado una acta notarial, ésta no es suficiente, para que el actor de la demanda, acreditare lo requerido en dicha providencia exigida por la demandada al reclamante, esto de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en atención al artículo 49 y en relación al artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dictó providencia de fecha 15 de marzo del 2010, donde caduca el término de 10 días concedido al Abogado Fabrizzio Valle Ventura, en su condición de apoderado legal del demandante para que presentara la constancia actualizada de afiliación al Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, al tiempo determina dar por perdido el trámite ordenado, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto que motivó esta demanda y consecuentemente se ordenó archivar las diligencias de mérito. En el Reclamo Administrativo realizado por el Apoderado legal del actor, interpuso recurso de reposición, contra la providencia de fecha 15 de abril del 2010, donde supuestamente se tiene por caducado y perdido el término dejado de utilizar por el demandante; sin embargo, del estudio del expediente administrativo, se colige que el hoy demandante personalmente se ha dado por enterado de las resoluciones emanadas por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en su Reclamo Administrativo, existiendo incongruencia en las fechas en que se suscitaron o se produjeron las actuaciones de procedimiento a que hace alusión; sin embargo, la demandada resolvió en fecha 7 de mayo del 2010, dicho Recurso de Reposición, declarándolo sin lugar por improcedente, en virtud de que no consta en el reclamo administrativo ninguna providencia de fecha 15 de abril del 2010. Asimismo, en relación a la afirmativa ficta a que adujo el demandante ésta opera tal como lo indica el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 reformado de la Ley General de la Administración Pública, no faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, a ejecutar u ordenar que se ejecuten resoluciones emanadas de otras entidades de la administración pública, que no dependa de esa Secretaría de Estado. Es oportuno establecer, que del expediente que contiene el Reclamo Administrativo que se contrae a pedir que se le respeten los derechos sindicales supuestamente lesionados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, se desprende que el conflicto jurídico tiene su origen directamente del fuero sindical, por tanto la jurisdicción para resolver dichos conflictos, no es la de lo Contencioso Administrativo, si no que su conocimiento es propio de la Jurisdicción del Trabajo, esto al tenor de lo que dispone el artículo 665 del Código de Trabajo. Por lo que se colige que el actor equivocó el camino para resolver su pretensión e incursionó en una de las causas de inadmisibilidad que este Tribunal debió apreciar de oficio y que es objeto de las Defensas previas que se ventilan ante este Tribunal en pieza separada.- 3. Que en fecha treinta de noviembre del dos mil diez, compareció la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la causa de inadmisibilidad de la demanda, ya que nos encontramos ante un acto que: “No Corresponde al Conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser materia propia de los Tribunales de la Jurisdicción Laboral”; que en fecha ocho de marzo del dos mil once, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución desestimando las defensas previas interpuestas por la parte demandada por inexistentes.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre del dos mil quince, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA.- Declarar INADMISIBLE, la Acción incoada por el señor PERDOMO GRANADOS representado en juicio por el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ, por ser la resolución, siendo un Acto No Susceptible de Impugnación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo… SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que: “La acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa. En el caso de los actos de trámite, la acción será admisible cuando éstos no sean susceptibles de ulterior recurso administrativo y decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que ponga término a la vía administrativa o hagan imposible o suspendan su continuación”. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 numeral c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la cual establece lo siguiente: “a) .., b) .., c) Si la acción debe incoarse sobre la base de una denegación presunta, el plazo se contará a partir del día hábil siguiente a aquel en que se entiende desestimada la petición, salvo si con posterioridad dentro de dicho plazo, recayere resolución expresa, en cuyo caso se comenzará a contar en la forma indicada en el inciso a) de este artículo”. Por los fundamentos antes mencionados y tomado en cuenta que la presente acción nace a consecuencia de un reclamo presentado ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social por parte del ahora demandante, mediante el cual presentan oposición al registro de una junta Directiva del Banco Central de Honduras, constando en autos que la referida constancia mediante auto de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diez, le otorgó el plazo de diez días al ahora demandante, a efecto de que acreditara la afiliación al sindicato de trabajadores del Banco Central de Honduras, quien hizo uso de dicho plazo, sin haber desvanecido la causa de inadmisibilidad y por tanto la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ha ordenado el archivo de las presentes diligencias sin más trámite, interponiendo el apoderado legal demandante el respectivo recurso de reposición, siendo declarado sin lugar por improcedente, agotando con ello la vía administrativa. Que en la línea de lo antes referido es evidente que el demandante esta impugnando un Acto que no es definitivo y por tanto de acuerdo al artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esa acción no puede ser conocida ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en vista que al declarar procedente la presente demanda en sentencia definitiva, lo único que se anularía es la providencia de fecha siete de mayo del año dos mil diez, que declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto en contra de un auto que tiene por subsanada una causa de inadmisibilidad, ya que el demandante no está legitimado para realizar la presente acción en contra de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, actuando en su condición de Representante Procesal del Señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA. SEGUNDO: REFORMAR la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil quince (2015) que corre a folios del Numero cuatrocientos veintinueve (429) al folio cuatrocientos treinta y siete (437) en la pieza principal de autos. TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROCEDENTE LA ACCIÓN, en consecuencia, ANULAR el acto administrativo impugnado, consistente en la Resolución de fecha 26 de mayo de 2010 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social por no ajustarse a derecho el mismo, ya que limita el derecho a la libertad sindical del demandante al exigirle documentos para acreditar su legitimación siendo directivo sindical que estando protegido por fuero sindical ha sido despedido, cuando basta con probar que fungió como directivo sindical para demostrar al menos su interés legítimo en su pretensión lo que constituye una desviación de poder, ya que las potestades administrativas se utilizaron para fines distintos de los fijados por la ley, limitando el derecho del peticionario. CUARTO: Declarar INADMISIBLE la acción respecto al Reconocimiento de una situación jurídica individualizada y las medidas para su pleno restablecimiento por no estar legitimado el demandante pues únicamente el titular de un derecho subjetivo protegido por el ordenamiento jurídico puede pretender reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pero el demandante carece de este derecho subjetivo ya que no puede exigirle a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que emita resolución determinando cuál debe ser la autoridad interna de un sindicato cuando existen luchas internas dentro del mismo, cuando por mandato del Convenio 87 de la OIT, las autoridades deben abstenerse de ejercer actos de injerencia en las organizaciones sindicales y tomar esa decisión constituye un acto de injerencia que violentaría el derecho de las organizaciones sindicales de determinar por sí mismas sus autoridades… SIN COSTAS”. Bajo el criterio que es claro que cuando la Resolución dictada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en fecha 26 de mayo de 2010, declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto contra la providencia del 15 de marzo de 2010, que ordena el archivo de las actuaciones, está impidiendo la continuación del procedimiento administrativo, es decir, aunque no decidió el fondo del asunto, pues no se refirió a la impugnación de la inscripción de la Junta Directiva del SITRABANTRAL, la resolución que se impugna en vía Contencioso Administrativo sí hizo imposible la continuación del procedimiento; en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo antes transcrito, la resolución de fecha 26 de mayo de 2010, emitida por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, sí es un acto administrativo susceptible de impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En general, cuando un acto administrativo de trámite que, aunque no resuelva el fondo del asunto, impida, haga imposible o suspenda de manera definitiva la continuación del procedimiento administrativo y se demuestre que este acto administrativo es nulo por cualquiera de las razones que la ley establece, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está facultada para anularlo conforme lo establece el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, conforme lo señalado en el artículo 34 de la misma ley, si se dan los presupuestos de una situación jurídica individualizada que ha sido violada, esta Jurisdicción también puede reconocer la situación jurídica individualizada y decretar la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma; en caso de que no se den los presupuestos de una situación jurídica individualizada que ha sido violada, esta jurisdicción también puede conocer la situación jurídica individualizada y decretar la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma; en caso de que no se den los presupuestos de una situación jurídica individualizada violada, no se podrá reconocer la misma y se denegará esta pretensión. En consecuencia, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los casos de autos de trámite que ponen fin a la vía administrativa o que hagan imposible su continuación, sí puede resolver el fondo del asunto del procedimiento iniciado por el administrado, sin estar limitada a la sola anulación del acto administrativo de trámite que puso fin a la vía administrativa. Por lo anterior, la sentencia apelada que declara inadmisible la acción fundándose en que el acto administrativo impugnado (Resolución del 26 de mayo de 2010), no puede ser conocida por esta jurisdicción debido a que no es un acto definitivo y la anulación sólo daría lugar a la anulación del acto sin poder resolver el fondo del asunto, es un argumento que no está arreglado conforme a derecho. Revisado el expediente Administrativo, se denota que el señor Nelson Antonio Zavala Zavala, inició un procedimiento administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social oponiéndose a la inscripción del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL), alegando que de una junta directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL), alegando que estando protegido por un fuero sindical debido a que formaba parte de la Junta Directiva del SITRABANTRAL, fue objeto de un despido a causa de sus actividades sindicales lícitas; es decir, el señor Zavala Zavala, afirma que existe una injerencia patronal en el sindicato; argumentando también, que existen juntas directivas paralelas en dicha organización sindical y fundamentando sus pretensiones en actuaciones sindicales de más de un grupo de trabajadores que vulneran las normas internas y estatutos del mencionado sindicato; es decir, estamos frente a una argumentación de luchas dentro de la organización sindical e injerencia patronal. La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, al recibir la solicitud del señor Zavala Zavala, le requirió para que presente una constancia que certifique su pertenencia al Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras; requerimiento cuyo propósito ni siquiera fue establecido en el requerimiento, pero que por deducción entenderíamos que la finalidad fue que acreditara su legitimación para ejercer el acto sindical de impugnación de la inscripción de la Junta Directiva de dicha organización sindical; sin embargo, la legitimación en vía administrativa está regulada en el artículo 55 de la ley de Procedimiento Administrativo que señala: “Se considerarán parte interesada en el procedimiento, los titulares de derecho subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan y aquéllos quienes pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse se personen en el procedimiento administrativo espontáneamente, o por citación del órgano competente para resolver cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del procedimiento”; es decir, la legitimación de un peticionario se acredita con la prueba de la existencia de un derecho subjetivo o, al menos, un interés legítimo en la pretensión deducida, entendido el interés legítimo como: "Un interés protegido por la ley, reconociéndole a su titular la facultad de exigir a la Administración Pública la legalidad en su comportamiento porque solamente de esa manera el particular podrá obtener un beneficio concreto al que aspira o lograr que se elimine un perjuicio que le afecta o que puede afectarle. Se trata, como dejamos indicado, de una expectativa de derecho, cuyo titular pretende que se concrete a través de su reconocimiento por la autoridad competente, actuando en el marco de la legalidad”. Es claro que, para determinar la legitimación del peticionario, bastaba con acreditar los alegatos de haber formado parte de la Junta Directiva del SITRABANTRAL, que estando protegido por el fuero sindical fue objeto de un despido por parte de su patrono, habiendo solicitado el reintegro a su puesto de trabajo a través de la jurisdicción laboral competente. Ello basta para acreditar que existe, al menos un interés legítimo en la pretensión formulada de oposición inscripción de una Junta Directiva del SITRABANTRAL. El exigir un documento específico para pretender acreditar la legitimación a una determinada pretensión sin siquiera aclarar la razón del requerimiento, sin tomar en cuenta las argumentaciones u otros documentos, constituyó un acto de abuso de poder por parte de la Administración. Además, no hay duda que este requerimiento, este acto administrativo, limita el derecho a la libertad sindical del demandante, conclusión que podemos deducir del hecho de que si un trabajador y más concretamente un directivo sindical protegido por un fuero sindical, no puede ser despedido o perjudicado en cualquier forma a causa de participación en actividades sindicales lícitas por considerarse una limitación a su libertad sindical, de igual forma, también debe considerarse una limitación a la libertad sindical del trabajador cuando la Secretaría del Trabajo, que debe velar por la protección al fuero sindical, exige documentos para acreditar legitimación del trabajador que estando protegido por fuero sindical ha sido despedido; bastaría con probar que fungió como directivo sindical para demostrar al menos su interés legítimo en su pretensión. De otra forma, no tendría sentido que las leyes protejan a los miembros de las Juntas Directivas de los sindicatos con el fuero sindical. Sin embargo, es evidente que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, como autoridad pública, no puede intervenir en la disputa interna del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL) determinando cuál de las dos juntas directivas debe ser inscrita o determinando la cancelación de una inscripción de junta directiva registrada con anterioridad. Pues la prohibición contenida en el artículo 3 del Convenio 87 de la OIT claramente establece que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o a entorpecer el ejercicio legal de los derechos de las organizaciones sindicales para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el derecho de elegir libremente sus representantes, el derecho de organizar su administración y sus actividades y el derecho de formular su programa de acción, debiendo ser el sindicato mismo a través de los mecanismos que sus normativas internas establezcan el que deberá decidir lo relativo a las autoridades indicadas. De modo que en el caso de la inscripción de las juntas directivas de los sindicatos, la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social se debe limitar a tramitar su inscripción, no teniendo facultades para conocer o resolver disputas en el interior de los sindicatos, entre ellas la oposición a la inscripción de juntas directivas, como era la pretensión del señor Zavala Zavala, en la solicitud que dio origen al expediente administrativo, que se revisa en el presente juicio; es decir, la Secretaría del Trabajo debe abstenerse de conocer el fondo de dicha pretensión, pues al existir un conflicto interno dentro del SITRABANTRAL, cualquier resolución inscribiendo o denegando la inscripción de cualquier fracción en pugna dentro de dicho sindicato, infringe la obligación de las autoridades de abstenerse de intervenir en las elecciones de las autoridades de los sindicatos. Y, si la administración no puede decidir sobre la inscripción de autoridades (juntas directivas) de las organizaciones sindicales porque el citado convenio internacional se lo prohíbe, podemos concluir que el demandante no es titular de un derecho subjetivo protegido por el ordenamiento; entendido el Derecho Subjetivo como derecho "que faculta a su titular para exigir de la Administración el cumplimiento de una obligación correlativa de dar, hacer, no hacer o dejar de hacer”. Lo que el demandante pudo haber obtenido es una resolución en la que la Secretaría del Trabajo se abstiene para decidir sobre su pretensión por las razones antes apuntadas; es decir, el demandante no tenía el derecho a que la Administración le resolviera su pretensión de declarar con lugar su oposición a la inscripción de la Junta Directiva de la organización sindical mencionada. En el caso de autos, el señor Zavala Zavala, señaló que formaba parte de la Junta Directiva del SITRABANTRAL, estando protegido por el fuero sindical, que fue objeto de un despido de parte de su patrono, además que existen dos juntas directivas dentro de la mencionada organización sindical debido a injerencias del patrono y que presentó una demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo solicitando su reintegro, con lo que está demostrando ser titular de una expectativa de derecho, es decir, demuestra al menos la existencia de un "interés legítimo", que le legitima para actuar en relación con el conflicto dentro del SITRABANTRAL. Así, aunque se encuentra demostrado que la resolución administrativa dictada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, que declara sin lugar el Recurso de Reposición contra la resolución que tiene por no subsanada la solicitud presentada por el señor Zavala Zavala y ordena el archivo de las actuaciones claramente fue dictada con desviación de poder, ya que las potestades administrativas se utilizaron para fines distintos de los fijados por la ley, pues si bien, el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo, autoriza a la Administración para que proceda a completar los requisitos del escrito de iniciación del procedimiento administrativo contenidos en el artículo 61 de la misma ley, esta norma no le faculta para exigir la presentación de documentos cuando estos documentos ya constan en los archivos de la institución o se desprenden de los argumentos del peticionario. Al pretender que se presente una constancia actualizada de que el señor Zavala Zavala, forma parte del SITRABANTRAL, para tenerlo como legitimado en el procedimiento administrativo la Secretaría del Trabajo, ejerció potestades administrativas para fines distintos a los fijados por la ley, lo que da lugar a que se anule el acto administrativo impugnado. Sin embargo, al carecer el señor Zavala Zavala, de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento, no puede pretender que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le reconozca una situación jurídica individualizada.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en fecha cinco de febrero del dos mil veintiuno, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.113-2017, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.335-2010, del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha quince de febrero del dos mil veintiuno, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, presentó en fecha doce de abril del dos mil veintiuno, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinte de abril del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, a los Abogados ZOILA ROSA FLORES AMADOR y FABRIZZIO VALLE VENTURA, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, teniendo por personados a los Abogados ZOILA ROSA FLORES AMADOR, como recurrente, y FABRIZZIO VALLE VENTURA, como recurrido, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta, que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha 24 de agosto del año dos mil veinte (2020) de ser violatoria de la Ley de La Jurisdicción Contencioso Administrativo, "Que se establecen los plazos para que la Administración notifique la Resolución correspondiente y ese plazo según el Artículo 84 inciso a) de la Ley de Procedimiento Administrativo es de diez (10) días. Asimismo Señores Magistrados si se observa la presentación de la Demanda en el Hecho Primero lo que pide el Demandante que en Sentencia Definitiva la Ilegalidad y Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular dictado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, plasmado en una Providencia de fecha quince (15) de marzo del año 2010; Y en la Sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo FALLA: TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE PROCEDENTE LA ACCIÓN, en consecuencia ANULAR la Resolución de fecha 26 de Mayo de 2010. Según la Ley Judicial, ningún Autoridad Judicial podrá resolver a favor de ninguna de las partes, algo que no se encuentra solicitado en la Presentación de la Demanda. Por lo que esa Resolución no está peticionada en el Expediente de la Demanda. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual dice "Causales del Recurso, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.- INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. De conformidad a lo establecido en los Artículos 719 numeral 1) inciso c) numeral 2) del Código Procesal Civil, establece en su párrafo 1) "Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: inciso c) La forma contenido de la Sentencia: 2) Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio"; Asimismo Señores Magistrados respetando el debido proceso”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) No indica con claridad y precisión, si la violación ha sido por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, expresa aplicación e interpretación, lo que constituye un defecto al invocar dos formas distintas de violar la Ley en un mismo motivo; b) Se omite formular una proposición jurídica completa, señalándose varias disposiciones, pero sin establecer con claridad cuáles son las infringidas o en su caso relacionadas; d) Las normas indicada en el precepto autorizante resultan inadecuadas para sustentar el motivo; e) En todo lo expuesto se insta a la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República, a la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda al Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación, lo cual se enmarca en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 numeral 1) del Código Procesal Civil, dejando establecido que la disposición citada preceptúa que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número 190-21.- Firma y Sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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