Sentencia CA-187-19 — Registro 13409
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia de dictada por la Corte de Apelaciones que Reforma la sentencia bajo el criterio que de la vista y lectura de las defensas previas se aprecia que la demandante fungió como Directora General de Fomento de las MYPIME dentro de la Secretaria de Estado en el despacho de Industria y Comercio, cargo que efectivamente está excluido de la ley de Servicio Civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Es preciso que la decisión de los conflictos por el Juzgador, vaya precedida de una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue; saneando los vicios existentes, debiéndose encausar la pureza del procedimiento y su desenvolvimiento por los cauces legales adecuados.- Asimismo, este Tribunal es del criterio que, para que prevalezca el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, se debe aplicar el “principio de la trascendencia de la nulidad procesal” siendo el que procede cuando la irregularidad que sirva de antecedente, corrompe la sustancia del acto del proceso y le impide en consecuencia cumplir el fin para el que fue establecido en la ley; circunstancia que se aprecia en el procedimiento de autos, al haber el Ad-Quem, incurrido en los defectos procesales antes aludidos. Con fundamento en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil, y debido a que los actos procesales constituyen la formación del proceso, son de observancia obligatoria y la infracción o inobservancia de esta se sanciona a través de la nulidad, así las cosas, este Tribunal, para sanear y enmendar el procedimiento estima que procede decretar la nulidad de actuaciones a partir de la sentencia recurrida, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó, con el propósito de que el Ad-Quem al recibo del expediente, resuelva conforme a lo que conste en autos en relación a las pretensiones de las partes y de acuerdo a lo que en derecho proceda, o sea, en forma congruente en la sentencia y siendo varios los puntos objeto del debate, haga con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos; incluso, efectuando las declaraciones que las pretensiones de las partes exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia Contencioso Administrativo, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho
Jerarquía: Reiterativa
..."Es preciso que la decisión de los conflictos por el Juzgador, vaya precedida de una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue; saneando los vicios existentes, debiéndose encausar la pureza del procedimiento y su desenvolvimiento por los cauces legales adecuados.- Asimismo, este Tribunal es del criterio que, para que prevalezca el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, se debe aplicar el “principio de la trascendencia de la nulidad procesal” siendo el que procede cuando la irregularidad que sirva de antecedente, corrompe la sustancia del acto del proceso y le impide en consecuencia cumplir el fin para el que fue establecido en la ley; circunstancia que se aprecia en el procedimiento de autos, al haber el Ad-Quem, incurrido en los defectos procesales antes aludidos. Con fundamento en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil, y debido a que los actos procesales constituyen la formación del proceso, son de observancia obligatoria y la infracción o inobservancia de esta se sanciona a través de la nulidad, así las cosas, este Tribunal, para sanear y enmendar el procedimiento estima que procede decretar la nulidad de actuaciones a partir de la sentencia recurrida, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó, con el propósito de que el Ad-Quem al recibo del expediente, resuelva conforme a lo que conste en autos en relación a las pretensiones de las partes y de acuerdo a lo que en derecho proceda, o sea, en forma congruente en la sentencia y siendo varios los puntos objeto del debate, haga con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos; incluso, efectuando las declaraciones que las pretensiones de las partes exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia Contencioso Administrativo, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho..."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice:
“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, como Coordinadora, EDGARDO CACERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: señora MIRIAN ZULEMA OLIVA NUÑEZ, representada en juicio por el abogado, FRANCISCO C. FLORES VARELA recurrente y, recurrido: el ESTADO DE HONDURAS representada en juicio por el abogado JOSÉ HERNAN QUIROZ ZELAYA OBJETO DEL PROCESO: demanda de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir desde el momento de su cancelación hasta que concluya el juicio, beneficios, décimo cuarto y tercer mes , vacacione, ajustes de salarios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, promovido por la señora MIRIAN ZULEMA OLIVA NUÑEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su demanda que el acto administrativo cuya nulidad solicita es el acuerdo de cancelación por despido No. 099-2011 de fecha cuatro de octubre de 2011, con efectividad a partir del 12 de octubre del mismo año, del cargo de Director General de fomento de la MIPYME y del Sector Social de la Economía de la Secretaría de Estado en los despachos de Industria y Comercio, recibido en fecha 11 de octubre de 2011 y siendo que no hubo causa, motivo o justificación que se le despidiera a la demandante se violentó el Ordenamiento Jurídico. Como se puede observar dicho acuerdo no menciona ni especifica que el Presidente Porfirio Lobo Sosa, le haya delegado funciones al señor Secretario de Estado en los Despachos de industria y Comercio para que pueda nombrar y cancelar personal, tampoco se tomó en cuenta lo tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, pues no hubo causa para cancelar a la demandante, se le entregó el respectivo acuerdo de cancelación casi por sorpresa en fecha 04 de octubre de 2011. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que aceptó que la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio Determinó cancelar el Acuerdo 1082-2010 de fecha 31 de Agosto del 2010, mediante el cual se nombró a la demandante en el puesto excluido de Director General de Fomento de la MIPYME y del Sector Social de la Economía, cancelación efectuada mediante acuerdo 099-2011 de fecha 4 de Octubre del 2011, rechazó que se haya violentado el ordenamiento jurídico al no invocarse para su cancelación causa motivo y justificación, pues dicho puesto es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la Republica, por otro manifestó que la cancelación del nombramiento del demandante se hizo en aplicación a lo establecido en los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de la Republica y el Decreto Ejecutivo número 02-2006 de fecha 3 de Marzo del 2006, que establece que de conformidad con la Ley General de la Administración Publica el Presidente de la Republica delegó y facultó a los Secretarios de Estado la facultad de Firmar acuerdos y demás actos administrativos relacionados con los movimientos de personal de la administración pública contratados bajo las diversas modalidades. Al demandante no se le invoco causal alguna para su cancelación, por considerar que su puesto de trabajo según la Ley, es de libre nombramiento y remoción del Presidente de la Republica, por otro lado, el relacionado puesto de trabajo, en base a la Ley del Servicio Civil y su Reglamento es excluido del ámbito de aplicación de dicha Ley, por tanto según la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 109 ya establece: "Solamente podrán impugnarse en vía contencioso Administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una Ley Especial" por tanto, en el caso de la demandante, no se encuentra protegida, ni amparada por la Ley del Servicio Civil; por lo que la pretensión del demandante es inadmisible. 3. Que en fecha veintiocho de enero del dos mil diecinueve, compareció la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, interponiendo escrito de defensas previas, basándose la primera causa de inadmisibilidad la que consiste en: 1. ACTOS SUCEPTIBLES DE IMPUGNACION MEDIANTE LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, POR SER UN ACTO QUE SE DICTE EN VIRTUD DE UNA LEY QUE EXPRESAMENTE SE LES EXCLUYA DE LA VIA CONTENCIOSOA ADMINISTRATIVA. 2. QUE LA DEMANDA HA SIDO INTERPUESTA POR PERSONA NO LEGITIMADA. Defensas previas que baso en los artículos 228 de la Constitución de la Republica; articulo 3 literal f) de la ley de Servicios Civil; literales c), 63 literal a) 80, literal c) y 109 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre de dos mil quince, dicto auto declarando CON LUGAR LAS DEFENSA PREVIAS presentadas en la demanda promovida por el señor FRANCISCO C. FLORES VARELA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, bajo el criterio siguiente: En cuanto a la primera causa de inadmisibilidad: "que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso administrativa". que el cargo de Director General de Fomento de la MIPYME y del Sector Social de la economía de la Secretaria de Industria y Comercio que ocupaba la demandante, y, del cual fue cancelada, no se encontraba protegido por la Ley de Servicio Civil, ya que dicho cargo se encuentra excluido, al tenor del Articulo 3 literal f, de la misma; de igual manera, el Artículo 9 numeral del Reglamento de la precitada ley, nos establece los servidores públicos excluidos del Régimen de Servicio Civil, y de la cual se encuentra comprendida la parte demandante. En atención a ello se considera que el demandante no está legitimado para comparecer ante este Tribunal a fin de impugnar el acto administrativo establecido en la demanda. En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad "que se hubiera interpuesto por persona no legitimada" que en virtud de no estar protegida la parte demandante por una Ley especial, no tiene a su favor un derecho subjetivo que la legitime a comparecer ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; asimismo, se encuentra ilegitimada para pretender el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, al estar comprendida dentro de dicha causa de inadmisibilidad de demanda. Por lo que, resulta procedente el alegato de la defensa previa fundamentado en el Articulo 63 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha nueve de enero del dos mil diecinueve, dictó sentencia, REFORMANDO la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que de la vista y lectura de las defensas previas consistente en "que tuviere por objeto actos Articulo 701.1 Código procesal Civil no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente le excluya de la vía contencioso administrativo", ante esta defensa previa se aprecia que la demandante fungió como Directora General de Fomento de las MYPIME dentro de la Secretaria de Estado en el despacho de Industria y Comercio, cargo que efectivamente está excluido de la ley de Servicio Civil, por ende esta fuera de la finalidad del régimen que regula las relaciones entre los servidores públicos y el Estado como es la ley de Servicio Civil y su reglamento 3, por ende no está protegido por una Ley especial tal y como lo exige el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En cuanto a la defensa previa que cuestiona la “falta de Legitimidad” esta es la relación especial que debe existir entre la persona y una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es esa persona la que debe actuar como actora en el proceso, en otras palabras la legitimación es causa de que sean las personas que la ostentan quienes figuren como partes en el proceso como reflejo de un interés en el que todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, por ende legitimada para actuar aunque el acto no sea susceptible de impugnación. Por lo que se es del criterio que se debe confirmar el fallo y reformar el numeral segundo de los fundamentos de derecho de dicho fallo en el sentido de desestimar la segunda defensa previa. 6. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado, FRANCISCO C. FLORES VARELA, en fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha nueve de enero del dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.134-17, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.497-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 7. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado JOSÉ HERNAN QUIROZ ZELAYA, presentó en fecha veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha uno de abril del dos mil diecinueve los abogados FRANCISCO C. FLORE VARELA y el Abogado JOSE HERNAN QUIROZ ZELAYA. 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha once de abril del dos mil diecinueve, teniendo por personados al Abogado FRANCISCO C. FLORES VARELA como recurrente y el Abogado JOSE HERNAN QUIROZ ZELAYA como recurrida, en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que reforma parcialmente el auto definitivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cual hizo suyos parcialmente los argumentos y pronunciamientos de primera instancia, lo que también al igual que el A-quo, no resulta congruente por una parte, al no haber resuelto ciertas pretensiones deducidas, ya que las mismas delimitan el debate judicial y el juzgador debe decidir dentro de esos límites, consecuentemente valorando la prueba y la alegaciones esgrimidas, determinando con la revisión del acto administrativo, para el caso en particular, si en el nombramiento y cancelación de la demandante cumplieron los requisitos legales para su formación, así como como la competencia del órgano administrativo que lo emite; todo ello para el control legal del acto administrativo, motivo suficiente para que la afectada tenga un interés legítimo, en pretender la nulidad del acto administrativo, con independencia del estatus de excluida del régimen del servicio civil, lo que determinaría en su caso, no al reconocimiento de los derechos que estable la ley, en caso de despido injusto, pero si al derecho de recibir los salarios no percibido durante la secuela del proceso y a los derechos adquiridos, si no fueron cancelados. Por la incongruencia antes señalada y la carencia de una motivación suficiente procede la nulidad del fallo impugnado. VII. Que no se debe olvidar el carácter tutelar que debe primar en toda resolución judicial, entendiendo que, el derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más frecuentes derechos fundamentales que impetran ante la justicia, en construcción de garantías procesales aplicables al proceso que propicien básicamente justicia, máxime en tiempos de evolución del derecho en términos de dichos derechos fundamentales y en aplicación de reglas internacionales que contribuyen a consagrar una jurisdicción universal. En torno a ella se desarrollan un conjunto de principios en materia de vulneración a los derechos humanos que los órganos Jurisdiccionales están obligados a proteger. Sin menoscabo, que otorgada la garantía o derecho, mediante un proceso en el que se aporten los elementos de juicio respectivo pueda arribarse a un convencimiento que la acción deducida sea procedente o no, pero que efectivamente no se restringa el acceso a la justicia o a un juicio, con las formalidades, derechos y garantías establecidos en la Ley y la Constitución de la República. VIII.- El debido proceso debe ser entendido como un medio pacífico de solución de conflictos, como un remedio idóneo de los mismos a través de la erradicación de la fuerza ilegítima, y como un debate en el que participan dos partes con la intervención de un tercero independiente e imparcial que interpreta y aplica la ley a cada caso concreto, rige en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, por una serie de principios y garantías básicas que aseguren la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, y en definitiva un juicio justo para las partes. Por ello, se afirma que el debido proceso es un derecho que contiene, agrupa o engloba otros derechos, los cuales se encuentran contemplados como: "Garantías judiciales" en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) precitado. Entre esos otros derechos, encontramos el derecho que tienen las partes a un proceso judicial, sin alteraciones o deformaciones, durante el transcurso, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo. Consecuentemente, es claro que, las partes tienen derecho a un juicio donde se les garantice el desarrollo procesal debido; y además, a una decisión judicial que presente las suficientes motivaciones, fundamentos o argumentos jurídicos, que justifiquen lo acontecido en las diversas etapas de dicho proceso; y, que sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de proceso. La exigencia que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes. Artículo 193.2.c), 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- XIV.- Es preciso que la decisión de los conflictos por el Juzgador, vaya precedida de una actividad adecuada a la consecución del fin que se persigue; saneando los vicios existentes, debiéndose encausar la pureza del procedimiento y su desenvolvimiento por los cauces legales adecuados.- Asimismo, este Tribunal es del criterio que, para que prevalezca el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, se debe aplicar el “principio de la trascendencia de la nulidad procesal” siendo el que procede cuando la irregularidad que sirva de antecedente, corrompe la sustancia del acto del proceso y le impide en consecuencia cumplir el fin para el que fue establecido en la ley; circunstancia que se aprecia en el procedimiento de autos, al haber el Ad-Quem, incurrido en los defectos procesales antes aludidos. Con fundamento en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil, y debido a que los actos procesales constituyen la formación del proceso, son de observancia obligatoria y la infracción o inobservancia de esta se sanciona a través de la nulidad, así las cosas, este Tribunal, para sanear y enmendar el procedimiento estima que procede decretar la nulidad de actuaciones a partir de la sentencia recurrida, debiendo retrotraerse las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó, con el propósito de que el Ad-Quem al recibo del expediente, resuelva conforme a lo que conste en autos en relación a las pretensiones de las partes y de acuerdo a lo que en derecho proceda, o sea, en forma congruente en la sentencia y siendo varios los puntos objeto del debate, haga con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos; incluso, efectuando las declaraciones que las pretensiones de las partes exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia Contencioso Administrativo, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207.1, 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: I. Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 9 de enero de 2019, visible a folios 9 al 12 de la segunda pieza. II. Contra la presente resolución no cabe recurso. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dos días del mes de junio del dos mil veintiuno; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación número CA187-19. Firma y sello.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.